En el Colegio Notarial de Madrid se reunieron representantes de primer nivel del mundo jurídico e institucional para hablar de Europa, de seguridad jurídica y de la función de las instituciones en un contexto en el que la tecnología, la cooperación y la protección de derechos ya no pueden tratarse como materias separadas. La jornada dejó una imagen muy precisa del momento: el ELI como espacio de encuentro, el Notariado como garante de confianza y las Administraciones como actores de una agenda jurídica en movimiento.

EL ENCUENTRO TUVO MUCHO DE CONMEMORACIÓN Y BASTANTE DE ADVERTENCIA: EL DERECHO EUROPEO NECESITA PUENTES, PERO TAMBIÉN NECESITA SOSTENERSE CON FIRMEZA

El encuentro tuvo mucho de conmemoración y bastante de advertencia: el Derecho europeo necesita puentes, pero también necesita sostenerse con firmeza en un tiempo de cambios rápidos y de certezas frágiles.

Puentes entre sistemas

La presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, manifestó ante los asistentes que “el Derecho europeo necesita instituciones que tiendan puentes entre las distintas tradiciones jurídicas, entre el mundo académico y la práctica profesional, entre la innovación y la protección de los derechos”, para añadir que el European Law Institute desempeña esa labor “con rigor, excelencia y visión de futuro”.

LOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA COMPARTIERON EL MENSAJE DE REFORZAR LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS EN UNA EUROPA QUE NECESITA MÁS COORDINACIÓN Y CONFIANZA

La presidenta del CGN situó el debate en un tiempo de transformaciones jurídicas, económicas, sociales, tecnológicas y geopolíticas que exigen respuestas más sofisticadas y cohesionadas. Defendió el papel del Notariado como institución pública al servicio de la seguridad jurídica preventiva, con capacidad para verificar identidades y capacidades jurídicas también en medios digitales y recordó que “ese control preventivo debe ir unido a la lucha contra el blanqueo de capitales, un terreno en el que el Notariado aporta herramientas concretas a través de su Órgano Centralizado de Prevención y de las bases de datos de titular real y de personas con responsabilidad pública”.

Convergencia normativa

El Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, inauguró la jornada con un discurso de tono claramente europeísta, pero también reformista, defendiendo “la importancia del análisis comparado del Derecho como herramienta para modernizar los sistemas jurídicos nacionales” y llamó a aproximar el modelo español de investigación penal a los estándares mayoritarios en Europa, apostando por la convergencia normativa como vía para reforzar instituciones y mejorar la respuesta del sistema jurídico.

Bolaños señaló que era para él un honor “participar en estas jornadas que conmemoran el XV aniversario de la creación del ELI y, hacerlo en este entorno del Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Madrid, donde realmente se pone de manifiesto la importancia y la solera que tiene el Notariado en nuestro país».

FÉLIX BOLAÑOS DEFENDIÓ “LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS COMPARADO DEL DERECHO COMO HERRAMIENTA PARA MODERNIZAR LOS SISTEMAS JURÍDICOS NACIONALES”

En su opinión “ELI se ha convertido en una institución internacional referente en el estudio del Derecho europeo, desde el punto de vista normativo y jurisprudencial. No sólo aspira a un conocimiento teórico, doctrinal o académico, sino también, y más importante para las Administraciones Públicas, a mejorar el ordenamiento jurídico europeo a través de propuestas y recomendaciones a los legisladores y a los Gobiernos».

El ministro puso además en valor la convergencia de los ordenamientos jurídicos europeos sobre la base de “valores comunes como la democracia, la separación de poderes y la protección de los derechos de la ciudadanía”, añadiendo una advertencia que dio densidad política a la jornada: esos valores, dijo, no son irreversibles. Bolaños enlazó ese diagnóstico con el papel de España en iniciativas europeas sobre menores en entornos digitales, responsabilidad de plataformas y lucha contra contenidos ilícitos y manipulaciones digitales.

CONCEPCIÓN BARRIO SEÑALÓ QUE “EL DERECHO EUROPEO NECESITA INSTITUCIONES QUE TIENDAN PUENTES ENTRE LAS DISTINTAS TRADICIONES JURÍDICAS”

Lugar de cooperación

Por su parte. la presidenta del ELI, la profesora de la universidad Carlos III de Madrid, Teresa Rodríguez de las Heras, definió la razón de ser del instituto: actuar como lugar de cooperación entre academia, práctica profesional e instituciones en un terreno: el Derecho europeo, donde la comparación y la coordinación son ya parte del trabajo cotidiano, y situó el programa como  “un encuentro concebido para reflexionar sobre el papel del ELI en la articulación de respuestas comunes ante los nuevos desafíos jurídicos”.

De su mano descubrimos la actividad y el impacto que ha tenido en el ámbito jurídico europeo en estos 15 años, en una mesa redonda en la que participó junto con los vicepresidentes del ELI Geoffrey Vos y Pietro Sirena. 
El primero señaló que “ELI reúne a las instituciones educativas, al sector tecnológico, al mundo académico y a expertos internacionales que trabajan para abordar los grandes desafíos jurídicos de nuestro tiempo». Se refirió particularmente a los retos tecnológicos y la irrupción de la inteligencia artificial: «Cuando trabajamos sobre el ámbito tecnológico, la colaboración entre operadores jurídicos y académicos de toda Europa resulta fundamental para proteger el Estado de Derecho y preservar nuestras democracias. Por ello, espero con ilusión los próximos cincuenta años de esta organización y la labor que seguirá desarrollando».  Por su parte, Pietro Sirena, señaló que «la evolución a futuro del Derecho europeo no depende tanto de la producción de nuevos instrumentos o reglamentos, como del desarrollo de una cultura, educación y práctica jurídica comunes». Además, hizo hincapié en que «un Derecho genuinamente europeo solo puede surgir si los juristas de Europa desarrollan un sentido compartido de comunidad; una comunidad en la que los distintos estilos, lenguas y sistemas jurídicos sigan siendo diversos, pero sean entendidos como expresiones de una historia compartida y una cultura jurídica común”.

Bajo la moderación de Teresa Rodríguez de las Heras conocimos las perspectivas de cuatro miembros fundadores del ELI sobre el desarrollo, evolución y proyección de la institución: Marc Schmitz, presidente de la Unión Internacional de Agentes Judiciales (UIHJ); Leo Netten, presidente honorario de la UIHJ; Noemí Alarcón, vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) y Annerie Ploumen, vicepresidenta del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE).

TERESA RODRÍGUEZ DE LAS HERAS DEFINIÓ LA JORNADA COMO “UN ENCUENTRO PARA REFLEXIONAR SOBRE LA ARTICULACIÓN DE RESPUESTAS COMUNES ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS JURÍDICOS”

En sus intervenciones hicieron un repaso de los logros alcanzados por el Instituto y destacaron el importante papel de ELI en la construcción del Derecho europeo, así como la necesidad de seguir colaborando entre instituciones para fortalecer el Estado de Derecho en la Unión Europea y la importancia de la cooperación profesional para afrontar los retos que trae consigo la digitalización.

El Notariado en la era digital

En su intervención final Concepción Pilar Barrio Del Olmo insistió en que “la función notarial está preparada para seguir desempeñando un control preventivo eficaz en un entorno digital, donde la verificación de la identidad y de la capacidad jurídica resulta cada vez más delicada”. La idea no es menor: en un ecosistema jurídico cada vez más automatizado, el valor de la intervención notarial se mide precisamente por su capacidad para dar seguridad antes de que surja el conflicto.

A eso se sumó la referencia al Anteproyecto de Ley de Integridad Pública, sobre el que la presidenta del Consejo General del Notariado expresó “preocupación por la falta de claridad en torno al papel de la escritura notarial”, recordando “que no toda reforma mejora por sí sola la arquitectura institucional”. Barrio Del Olmo cerró su intervención con una apelación a la colaboración del Ministerio de Justicia, especialmente en lo relativo a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En conclusión: el control preventivo no puede rebajarse en nombre de la modernización.

Control preventivo

En la última mesa redonda de la jornada, moderada por el notario Gonzalo Cano, participaron José Carmelo Llopis, decano del Colegio Notarial de Valencia y delegado del CGN para Europa; Juan Gómez-Riesco, notario miembro de la Sección Internacional del CGN, y Marcos Ruiz, director de Negocio y Operaciones del Centro Tecnológico del Notariado.

José Carmelo Llopis señaló que la Unión Europea camina hacia un modelo en el que “la confianza se deposita en el origen primario del dato o atributo”, y si queremos atributos fiables “debemos mantener la autenticidad en el origen del dato”. En este sentido, remarcó que “el Notariado no sólo cumple con los requisitos del Derecho europeo para ser considerado fuente auténtica, sino que, además, por su propia configuración institucional y normativa, es el paradigma de dicha definición. Prescindir del Notariado como fuente auténtica implicaría debilitar la fiabilidad del sistema”.

Juan Gómez-Riesco abordó las novedades normativas que plantea el Régimen 28 de la UE, que propone la creación de un nuevo tipo societario El notario puso de relieve cuestiones y dudas que suscita, entre otras, la base jurídica empleada, así como «la necesidad de reforzar e incluir medidas de control preventivo adicionales que garanticen la máxima seguridad jurídica y una eficaz prevención del blanqueo de capitales, desde la constitución de la sociedad, a sus modificaciones, transmisión de participaciones sociales, disolución y liquidación».

Marcos Ruiz explicó el marco regulatorio y el funcionamiento de los wallet digitales de identidad que prepara la UE para ciudadanos y empresas.  «En el ámbito empresarial no basta con identificar a la persona o a la sociedad: hay que acreditar representación, facultades, vigencia y efectos jurídicos. La Business Wallet no sustituye a las fuentes auténticas: las necesita para que el atributo tenga valor jurídico», señaló. En ese mismo sentido, explicó que estas tecnologías «canalizan la actuación, pero realmente son las fuentes auténticas de información las que aportan validez jurídica a las operaciones. Automatizar no debe significar perder controles que aportan trazabilidad, análisis de riesgo y prevención, como la intervención notarial”.

Los participantes en la jornada compartieron el mensaje de reforzar las instituciones jurídicas en una Europa que necesita más coordinación, más confianza y más capacidad de respuesta. El ministro habló de convergencia; el Notariado, de puentes y control preventivo; el ELI, de cooperación y mejora del Derecho. No fue una suma de discursos paralelos, sino una convergencia de diagnósticos sobre el momento presente.

El ELI celebró su XV aniversario con una idea nítida: el Derecho europeo solo será fuerte si sigue siendo capaz de tender puentes entre tradición e innovación, entre práctica y teoría, entre seguridad y cambio, en definitiva, una llamada a seguir construyendo confianza.

En el foro, organizado por la Academy of European Law (ERA), se debatió sobre un fenómeno cada vez menos excepcional: una persona vive en un país, tiene bienes en otro, herederos en un tercero y ha otorgado testamento conforme a una ley de un país diferente; poniendo el foco, especialmente, en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Certificado Sucesorio Europeo y la función notarial. También se abordó la repercusión de la creciente digitalización en las cuestiones sucesorias y la futura revisión del Reglamento Europeo de Sucesiones.

CADA VEZ ES MÁS COMÚN QUE UNA PERSONA VIVA EN UN PAÍS, TENGA BIENES EN OTRO Y HEREDEROS EN UN TERCERO

Una Europa sin fronteras

La conferencia fue inaugurada por José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña, y Angelika Fuchs, jefa de la Sección de Derecho privado europeo de ERA. Marín subrayó en su intervención “el papel del Reglamento Europeo de Sucesiones en la creación de una Europa real y sin fronteras, que está permitiendo formalizar las herencias de una manera mucho más fácil y eficiente para el ciudadano.” Fuchs, por su parte, destacó la importancia de los temas tratados, que “reflejan las realidades complejas de planificar y liquidar herencias en un contexto plenamente transfronterizo”.

El primer bloque del foro abordó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la mano de Gottfried Musger, presidente de Sala del Tribunal Supremo de Austria, quien presentó varios casos recientes.

EL REGLAMENTO EUROPEO DE SUCESIONES PARTE DE DOS PRINCIPIOS: UNIDAD Y UNIVERSALIDAD, QUE PERMITEN APLICAR UNA SOLA LEY A TODA LA HERENCIA

Por otro lado, Cristina González Beilfuss, catedrática de Derecho internacional privado de la Universitat de Barcelona, se centró en la ley aplicable. Subrayó que “el Reglamento Europeo de Sucesiones parte de dos principios, unidad y universalidad, que permiten aplicar una sola ley a toda la herencia, con independencia de dónde estén los bienes. Esa regla facilita la libre circulación de resoluciones y documentos, pero no elimina todos los problemas”. El más evidente es la residencia habitual, ya que no se identifica automáticamente con el empadronamiento ni con la residencia fiscal y exige una valoración global de la vida del causante. “Los jubilados europeos que pasan gran parte del año en España, pero mantienen vínculos familiares, económicos o administrativos con su país de origen, muestran la dificultad” apuntó. También lo hacen los ciudadanos globales, con varias nacionalidades y patrimonios dispersos, o las personas mayores dependientes cuya residencia cambia por decisión de sus familiares.

A ello se suma la professio iuris, es decir, la posibilidad de elegir la ley nacional para regir la sucesión. Se trata de una herramienta útil, pero no debería usarse de forma automática. Elegir la ley de la nacionalidad no solo afecta a la legítima; también condiciona la ejecución de la herencia, la responsabilidad por deudas, los poderes de los administradores y la coordinación con otros sistemas. Además, en España la cuestión se complica por la existencia de diversos derechos civiles.

EL CERTIFICADO SUCESORIO EUROPEO (CSE) POSIBILITA ACREDITAR EN OTRO ESTADO MIEMBRO LA CONDICIÓN DE HEREDERO, LEGATARIO, ADMINISTRADOR O EJECUTOR

Certificado Sucesorio Europeo

El Certificado Sucesorio Europeo (CSE) fue uno de los grandes ejes del congreso. Concebido como una especie de pasaporte sucesorio, permite acreditar en otro Estado miembro la condición de heredero, legatario, administrador o ejecutor. Su balance, sin embargo, es desigual. “En algunos países se usa con normalidad, mientras que en otros, en cambio, los certificados nacionales siguen desplazándolo”, aseguró Patrick Wautelet, catedrático de la Universidad de Lieja.

Ioana Olaru, formadora del Instituto Notarial Rumano, y Jens Kleinschmidt, catedrático de la Universidad de Tréveris, pusieron el acento en los problemas de contenido del CSE: qué bienes deben identificarse, qué ocurre cuando hay impugnaciones y hasta dónde puede llegar la autoridad emisora. Por su parte, la autoridad emisora debe verificar información, valorar pruebas, identificar beneficiarios y, en su caso, describir bienes o facultades. El problema aparece cuando hay impugnaciones. El TJUE ha señalado que, si los elementos a certificar están discutidos, la autoridad emisora no puede resolver el litigio dentro del procedimiento de expedición. Aunque la objeción parezca infundada, debe acudir al cauce judicial o al recurso correspondiente.

Planificación patrimonial

La planificación patrimonial abrió otro frente. Frans Sonneveldt, catedrático de la Universidad de Leiden, abordó la fiscalidad de las herencias ante el TJUE y recordó que la doble imposición sucesoria sigue siendo una de las grandes frustraciones de los ciudadanos europeos. “Un mismo patrimonio puede quedar gravado por la residencia del causante, la residencia de los herederos, la nacionalidad o la ubicación de los bienes. El TJUE ha corregido tratamientos discriminatorios, por ejemplo, en deducciones de deudas, reducciones personales o valoración de activos situados en otro Estado, pero no puede resolver por sí solo la doble imposición cuando los Estados ejercen soberanamente sus competencias fiscales.” La solución ideal planteada es tan sencilla como difícil: una herencia: un impuesto de sucesiones. Mientras no exista un convenio multilateral europeo, la planificación seguirá combinando testamentos, pactos sucesorios, regímenes matrimoniales, sociedades, trusts, fundaciones y otras entidades patrimoniales.

En el bloque dedicada a la planificación patrimonial, Guillermo Palao Moreno, catedrático de la Universitat de València y presidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, habló sobre la interacción entre Derecho de sociedades y sucesiones, mientras que Troels Rovsing Koch, por su parte, trató la protección de activos y sus límites frente al Derecho imperativo. El mensaje fue común: planificar no es esconder el patrimonio, sino ordenar su transmisión respetando las normas de protección de herederos, acreedores y terceros.

EL NOTARIO DEBE AUTORIZAR HERENCIAS APLICANDO NORMAS ESTATALES, AUTONÓMICAS, EUROPEAS Y EXTRANJERAS

El papel del Notariado

La segunda jornada del congreso se centró en el papel del Notariado en las sucesiones internacionales y el futuro de estas. Antonio Ripoll Soler, notario de Alicante, explicó la función del notario en España como pieza de seguridad jurídica preventiva, en un contexto de coexistencia de diversas legislaciones civiles autonómicas y de convenios de doble nacionalidad. “Estas legislaciones están en un plano horizontal. El Código Civil no está por encima de ellas, y eso ha generado abundante jurisprudencia y resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Todo ello sitúa al notario en el centro del problema, porque debemos autorizar herencias aplicando normas estatales, autonómicas, europeas y extranjeras.”

Por otro lado, Anna Wysocka-Bar, profesora adjunta de la Universidad Jaguelónica de Cracovia, repasó la evolución de la digitalización en el ámbito de la Justicia, que ha dado origen a herramientas digitales como el Portal Europeo de e-Justice o el Reglamento de Justicia Digital, que incorpora la comunicación electrónica, las videoconferencias, las firmas y los sellos electrónicos y el pago electrónico de tasas a las sucesiones transfronterizas. “Este reglamento pretende modernizar el marco legislativo de los procedimientos transfronterizos sobre la base del principio de “digital por defecto”. Esto es, las administraciones públicas ofrecen sus servicios primordialmente en formato digital, como opción preferente, pero manteniendo el uso de los canales tradicionales con el objetivo de no excluir a quienes no tienen acceso o competencias digitales.”

Para finalizar, Maria Vilar Badia, miembro de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, hizo balance sobre los diez años de aplicación del Reglamento Europeo de Sucesiones y aseguró que “aunque el informe de aplicación aún no está en marcha, la Comisión está trabajando en la digitalización del Reglamento de Sucesiones y en algunas mejoras técnicas, detectadas gracias a cartas de ciudadanos, comunicaciones de profesionales y aportaciones de los Estados miembros.” Entre sus prioridades figuran simplificar el formulario del CSE, su expedición bilingüe obligatoria, crear vías no legislativas para reducir la reticencia de los bancos a aceptar el CSE, crear mensajes electrónicos predefinidos para dar respuesta a las solicitudes de información y explorar registros interconectados de certificados.