Los datos notariales: base para el análisis de la vivienda

EN ESTE PAÍS

Martínez Lacambra presentó el informe La vivienda en España 2007‐2024.

LOS DATOS NOTARIALES: BASE PARA EL ANÁLISIS DE LA VIVIENDA

ALEJANDRO MOYA BLAY

La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos españoles: en tan solo tres años ha escalado del puesto 31 al primero en el ranking que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas. Un problema de gran calado social que el Notariado ha analizado en profundidad mediante el informe La vivienda en España 2007-2024. Una aproximación desde el Índice Único Notarial, que examina la evolución del sector inmobiliario prestando especial atención a los precios, el mercado hipotecario, el esfuerzo económico de las familias, el acceso de los jóvenes y el papel de los compradores extranjeros.

EVOLUCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ESPAÑA (1991–2023)

FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO-MITMA Y MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA, WWW.EPDATA.ES

En el marco del curso Vivienda: del diagnóstico a la acción. Propuestas de solución para un problema apremiante, celebrado por Fundación Notariado el pasado mes de julio, el director general del Centro Tecnológico del Notariado (CTNotariado), Alberto Martínez Lacambra, realizó la presentación este informe, que emplea los datos extraídos de las escrituras públicas para evaluar la situación actual y plantear algunas reflexiones que permitan adoptar medidas para facilitar el acceso a la vivienda, corregir los desequilibrios del mercado y relajar las tensiones en los territorios más afectados.

 


SEGÚN LOS DATOS DEL ÍNDICE ÚNICO NOTARIAL EL PRECIO POR METRO CUADRADO PASÓ DE 2.077 EUROS EN 2007 A 1.992 EUROS EN 2024: UN 4% MENOS


 

Tomando como referencia los datos de viviendas plurifamiliares, Lacambra apuntó que “según los datos notariales el precio por metro cuadrado pasó de 2.077 euros en 2007 a 1.992 euros en 2024: un 4% menos”. Y precisó que “de 2007 a 2013 vivimos un periodo de fuerte recesión, con una caída del 37% en los precios. Desde 2014 hasta la actualidad los precios han aumentado un 61%, superando por primera vez en 2025 -en términos nominales- el precio por metro cuadrado del año 2007”.

¿Una nueva burbuja inmobiliaria?
Aún con estas cifras, algunas voces apuntan a los primeros síntomas de una nueva burbuja inmobiliaria. Al respecto, Lacambra señaló que “las burbujas se caracterizan porque el sistema crediticio desborda” -en palabras de Kindleberger-. Un buen termómetro para identificar qué situación enfrentamos es, por tanto, observar el nivel de deuda de las familias: “Según los datos que tenemos de las hipotecas, en el año 2010 la deuda de las familias equivalía a un 85% del PIB. Hoy equivale a un 43%, una reducción importantísima”, apuntó.

No dejan de ser buenas noticias: mirando al mercado hipotecario, es pronto para hablar de una nueva burbuja inmobiliaria, aunque debemos observar de cerca la evolución del sector: “En 2025 ya estamos detectando un incremento del 10 % en el precio de la vivienda, mientras que el PIB a precio de mercado está aumentando un 5%. Por tanto: cuidado”, matizó el ponente. “La mala noticia -añadió- es que hay personas que no tienen vivienda, lo cual es un verdadero problema”.

En este contexto, los síntomas apuntan a una fuerte presión de la demanda que “no responde a un posicionamiento especulativo como en el boom inmobiliario, sino a la necesidad de acceso a la vivienda. El problema radica en una oferta insuficiente que genera un déficit de unas 200.000 viviendas anuales”.

 


ENTRE 1990 Y 2000, EN ESPAÑA SE CONSTRUYERON 75.000 VIVIENDAS PROTEGIDAS AL AÑO. EN LA ACTUALIDAD APENAS SE LLEGA A LAS 12.000


 

Recuperar las cotas de construcción
Según Lacambra resulta urgente estimular la oferta de vivienda privada y de vivienda pública, también en régimen de alquiler, y recuperar las cotas de años atrás: “A finales de los 90, en España se terminaban 300.000 viviendas anuales. En 2006 fueron 658.000 viviendas y la crisis nos llevó a cotas de 44.000. Hoy, estamos cerca de las 80 o 90 mil viviendas terminadas al año”, subrayó. Cifras insuficientes para cubrir la alta demanda.

Lo mismo sucede con la vivienda protegida: “En los años 90 y primera década del 2000, en España se construyeron 1,5 millones de viviendas protegidas, a razón de 75.000 viviendas al año”, explicó Lacambra. En la actualidad apenas se llega a las 12.000 viviendas anuales: “Recuperar el impulso de la vivienda protegida permitiría ofrecer un canal más asequible de incorporación al mercado. Por ello, es necesario movilizar tanto suelo público como privado”.

En esta línea, Lacambra planteó la posibilidad de revisar las cargas fiscales y aliviar el IVA soportado por los promotores en la construcción, con el objetivo de facilitar la viabilidad financiera de las operaciones. “Hay que activar decididamente el desarrollo de vivienda protegida en régimen de alquiler sobre suelo público y, para ello, se necesita un marco regulatorio propio, estable y adaptado a esta realidad”, defendió.

 


LOS JÓVENES HAN QUEDADO PRÁCTICAMENTE
EXCLUIDOS DEL MERCADO: SOLO UNO DE CADA DIEZ COMPRADORES TIENE HOY MENOS DE 30 AÑOS, FRENTE A UNO DE CADA CUATRO EN 2007


 

FUENTE: INE Y AUTOR DEL ESTUDIO

Un balón de oxígeno para los jóvenes
En su opinión, la vivienda protegida, como palanca social, puede ser fundamental, especialmente para los jóvenes, que han quedado prácticamente excluidos del mercado: “Solo uno de cada diez compradores tiene hoy menos de 30 años, frente a uno de cada cuatro en 2007. No se debe solo al cambio demográfico, sino a la dificultad para disponer del ahorro suficiente para hacer efectiva la entrada”, explicó.

Para facilitar su acceso a la vivienda, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Ministerio de Vivienda han activado líneas de avales para menores de 35 años y familias con menores. “Estas medidas de financiación, con las que se puede llegar a cubrir el 100% del valor de la vivienda, me parecen absolutamente razonables y necesarias”, valoró Lacambra. “A lo mejor también hay que plantear medidas de carácter fiscal para dar facilidades a los jóvenes, como fraccionar el pago del ITP y que pudiera realizarse en un periodo de 15 años. Además, en zonas muy tensionadas también habría que plantear bonificaciones del IRPF para aliviar las dificultades de acceso”, puntualizó.

El transporte público: una vía de solución
Y es que el optimismo ‘va por barrios’. La situación empeora -o mejora- en función de la provincia, la ciudad o incluso el distrito en el que pretendamos adquirir una vivienda. “Si tomamos como ejemplo la ciudad de Barcelona, en 2024, el precio del metro cuadrado alcanzaba los 4.142 euros. En cambio, a 30 km de la ciudad -por ejemplo, en Mataró-, bajaba prácticamente un 50% el valor de la vivienda. Y a 60 km se reducía dos tercios”, expuso el representante del Notariado.

Ergo, ‘habemus’ una alternativa. “La solución pasa por el transporte público”, afirmó Alberto Martínez Lacambra. “Invirtamos en transporte público, mejoremos la conectividad en las áreas metropolitanas, garanticemos que el desplazamiento no supere los 45 minutos y, automáticamente, vamos a disponer de suelo mucho más barato”, añadió, e hizo hincapié en la necesidad de que las administraciones públicas agilicen las licencias y avancen en el planeamiento urbanístico.

Zonas tensionadas y presión extranjera
No obstante, hay zonas muy tensionadas donde factores adicionales como el alquiler vacacional y el peso de los compradores extranjeros hacen aún más compleja la ecuación. “El aumento de los compradores extranjeros es una de las transformaciones más notables que está viviendo el mercado en España. En 2007 representaban un 7,5% del total; en 2024, un 20,9%. Hoy, en territorios como Alicante, Baleares o Málaga superan el 40%”, detalló el ponente.

En estas zonas, la creciente incursión en el mercado de extranjeros no residentes ha añadido presión al sector. “A diferencia de los residentes, estos compradores tienden a destinar el inmueble al uso vacacional, la inversión o la revalorización a medio plazo”, concretó. Un fenómeno que se manifiesta de forma especialmente crítica en las islas y el arco mediterráneo: “En estas zonas hay que hacer algo en términos tributarios, como establecer un gravamen adicional o introducir tramos específicos en el IRPF para compradores no residentes”, concluyó.

Datos precisos y fiables: el Índice Único Notarial

“Sin datos fiables, actuales y detallados las soluciones a los retos que afronta el mercado de la vivienda pueden ser ineficaces. Hoy, en España, no existe una fuente de datos más precisa para analizar el mercado inmobiliario que el Índice Único Informatizado Notarial”, aseguró el director general del Centro Tecnológico del Notariado en su intervención.

Con más de 25.000 millones de datos procedentes de las escrituras públicas, este índice es “una herramienta esencial para formular propuestas realistas orientadas al desarrollo de políticas públicas; una base de datos única por su granularidad, alcance y actualización”, aseveró, que permite desagregar los datos por provincias, municipios o nacionalidades, aportando una visión extremadamente precisa del mercado.

Seguridad jurídica para el mercado del alquiler

En relación al mercado del alquiler, Martínez Lacambra abogó por la intervención de los notarios en los contratos de arrendamiento: “Tendría mucha utilidad, primero, para el dato, ya que sabríamos qué está ocurriendo en España. Ahora mismo no sabemos dónde hay datos fiables del alquiler. Y en segundo lugar permitiría acabar con la figura del ‘inquiokupa’”.

El director general del CTNotariado sostuvo que la formalización en escritura pública de estos contratos “aumentaría la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos y permitiría llevar a cabo un mayor control de legalidad”.

Entrevista a Fernando de Aragón, director general del Catastro, y Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano

EN ESTE PAÍS

Desde su ingreso en 1985 hasta alcanzar el cargo de director general en 2016, Fernando de Aragón ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el Catastro Inmobiliario del Ministerio de Hacienda. De igual manera, a Jesús Puebla le avalan más de 35 años en la institución para ejercer hoy como subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano. En el marco del curso Vivienda: del diagnóstico a la acción. Propuesta de solución para un problema apremiante, organizado por la Fundación Notariado en San Sebastián, hablamos con ambos sobre la transformación que ha vivido la entidad, la importancia de la colaboración con instituciones como el Notariado y el valor de la información catastral para la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario.

El valor de la información catastral

Fernando de Aragón, director general del Catastro, y Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano

ALEJANDRO MOYA BLAY

 

Arriba, Fernando de Aragón; abajo, Jesús Puebla.

¿Cómo ha cambiado el Catastro de lo que era en los años 80 a lo que es hoy en día?

[Fernando de Aragón] La evolución que ha tenido el Catastro en los últimos 40 años ha sido enorme. Una parte ha sido común al resto de Administraciones y propiciada por el desarrollo de la tecnología y los sistemas de gestión. Pero otra parte se ha originado por la valiosa información que hemos logrado incorporar. Hemos pasado de ofrecer un sujeto pasivo y una base imponible del IBI a proporcionar un valor con múltiples finalidades, tanto tributarias como extratributarias, a ser un pilar indiscutible de la seguridad jurídica del mercado inmobiliario y a vincularnos de manera decidida con el territorio rural.

Hemos pasado de basar nuestro sistema de mantenimiento en obligaciones tributarias de los ciudadanos a alcanzar un modelo colaborativo y de actualización inmediata que se nutre de la información que nos suministran otras Administraciones e instituciones públicas. De ser una organización con información poco accesible a ofrecer toda nuestra información en abierto y ser una de las bases de datos más consultadas del país.

¿Sobre qué líneas estratégicas trabaja actualmente la institución?

[Fernando de Aragón] Actualmente está en vigor nuestro Plan Estratégico 2024–2026. En él se describen las principales líneas de actuación de la organización, entre las que destacaría afianzar el valor de referencia como auténtico referente del valor de los bienes inmuebles a efectos fiscales; consolidar la actualización inmediata de los datos catastrales a través de fórmulas de colaboración con otras Administraciones e instituciones públicas y sin cargas para la ciudadanía; y que la cartografía catastral sea la representación gráfica única de los inmuebles para generar una mayor seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.

También, el incremento de la información y los servicios que ofrece el Catastro al territorio rural, la consolidación de una atención a la ciudadanía ejemplar y el fomento de una estrategia de proyección institucional que permita al Catastro posicionarse y mantenerse en el lugar que le corresponde.

 


FERNANDO DE ARAGÓN: “HEMOS PASADO DE SER UNA ORGANIZACIÓN CON INFORMACIÓN POCO ACCESIBLE A OFRECERLA EN ABIERTO Y SER UNA DE LAS BASES DE DATOS MÁS CONSULTADAS DEL PAÍS”


 

¿Y en el ámbito de la tecnología? ¿Cómo se han adaptado a las nuevas exigencias digitales?

[Jesús Puebla] La tecnología ocupa un papel fundamental para conseguir desarrollar todas las líneas estratégicas descritas anteriormente. El Catastro, como inventario de los bienes inmuebles del territorio, es una gran base de datos, que no se podría manejar sin un sistema de información adecuado. La tecnología es imprescindible para la gestión de esa base de datos y para las entradas y salidas de información: declaraciones, colaboración con otras instituciones, emisión de certificaciones, etc.

Ya en los años noventa del siglo pasado se estableció un sistema de intercambio y suministro de información con notarios y registradores, y con ayuntamientos con convenio. Ese sistema evolucionó en los primeros años del presente siglo a servicios web y culminó con la creación de la Oficina Virtual del Catastro (OVC), una web absolutamente pionera, en 2003. Ofrecer toda la información catastral a través de nuestra Sede Electrónica del Catastro ha sido clave para el conocimiento de nuestra organización.

Por otra parte, el Catastro realizó una apuesta temprana por la digitalización de sus bases de datos, especialmente la base cartográfica, lo que ha permitido que la cartografía catastral sea la base gráfica de los inmuebles en España.

En cuanto a la adaptación al nuevo escenario tecnológico, creo que la Dirección General del Catastro ha sido pionera en muchos ámbitos. La OVC requirió el desarrollo y aplicación de herramientas como la firma electrónica, el sello electrónico o las actuaciones administrativas automatizadas, que a su vez permitieron la obtención por los usuarios de la certificación catastral descriptiva y gráfica, o la tramitación electrónica de expedientes y las notificaciones electrónicas.

¿Qué información ofrece el Catastro y cómo se emplea?

[Jesús Puebla] Actualmente, se obtienen cada año más de 18 millones de certificaciones catastrales, se realizan más de 240 millones de consultas a la Sede Electrónica Catastral y se atienden más de 1,5 millones de llamadas y citas de los ciudadanos.

El Catastro se utiliza en figuras tributarias de los tres niveles de organización españoles. Y desde el punto de vista extratributario, ya hemos destacado la vinculación que la información catastral tiene con la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario: baste mencionar que prácticamente la mitad de las certificaciones que he citado las obtienen los notarios en el ejercicio de sus funciones.

También es muy utilizada en temas de ayudas y subvenciones públicas, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Recientemente se ha podido comprobar esta utilidad en catástrofes naturales como la erupción del volcán de La Palma, los incendios forestales o la dana de la Comunidad Valenciana.

¿Cómo trabajan para mantener actualizado el gran volumen de información que manejan?

[Jesús Puebla] El secreto para mantener operativa y actualizada esta información es sin duda la colaboración. Tenemos suscritos casi 800 convenios de colaboración con diferentes entidades públicas y privadas. Estos mecanismos nos permiten gestionar los más de siete millones de alteraciones anuales de bienes inmuebles que se producen y ofrecer la información catastral con un excelente grado de actualización.

De izda. a dcha.: Jesús Puebla y Fernando de Aragón.

El Notariado es una de las entidades con las que el Catastro mantiene una estrecha relación.

[Fernando de Aragón] La colaboración entre el Notariado y el Catastro es estrecha y antigua. Son dos instituciones que se complementan de manera natural. Cada una de ellas genera y gestiona información fundamental para la otra y entre ambas se crean importantes sinergias que benefician -sobre todo- a la ciudadanía.

El Catastro posee información sustancial sobre el inmueble, lo describe con precisión y lo valora. Además, ofrece su configuración gráfica dentro de un parcelario catastral continuo y completo, donde aparecen perfectamente reflejadas las relaciones topológicas entre inmuebles colindantes. Esta información resulta esencial para los notarios en el ejercicio de sus funciones. Poder contar con esta descripción detallada, tanto a nivel gráfico como alfanumérico, genera un plus de seguridad jurídica en todas las operaciones por ellos autorizadas.

Por otra parte, los notarios intervienen en el origen de numerosos negocios que originan alteraciones catastrales. Poder comunicar directamente desde una notaría un cambio de dominio de un bien inmueble tiene un doble efecto muy positivo: para el ciudadano, pues se le exime de la obligación de declarar; y para el Catastro, pues obtiene la información desde el mismo nacimiento de la alteración catastral. Anualmente se tramitan más de un millón y medio de cambios de dominio por esta vía: el ciudadano otorga una escritura en una notaría y a los pocos días recibe una notificación del Catastro con la alteración realizada.

 


JESÚS PUEBLA: “LA INFORMACIÓN SOBRE
LOS PRECIOS Y VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSIGNADOS EN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE”


 

¿Ha evolucionado esta colaboración en los últimos años?

[Fernando de Aragón] Desde el año 2011, y sobre todo desde 2015, la colaboración se ha extendido a otro tipo de operaciones inmobiliarias como las agrupaciones, agregaciones, segregaciones y divisiones. Actualmente las notarías transmiten de manera sencilla información al Catastro sobre este tipo de alteraciones. Quiero destacar también la colaboración de los notarios en la corrección de errores en la delimitación de los inmuebles a través de los procedimientos de subsanaciones de discrepancias, que cada vez se tramitan en mayor número.

Pero esta colaboración tiene todavía recorrido. Los notarios aportan un elemento al tráfico jurídico de gran relevancia. Son los únicos que reciben personalmente, en todas las ocasiones, a los ciudadanos involucrados en un negocio inmobiliario. Tenemos que conseguir aprovechar ese momento para asegurar que en la escritura se describe la realidad física y que esta realidad se incorpora al Catastro. Esto, sin duda, será una gran aportación conjunta a la seguridad jurídico-inmobiliaria de nuestro país.

Finalmente, ¿cómo funcionan las comunicaciones entre los notarios y el Catastro?

[Jesús Puebla] Todos los notarios tienen acceso a la Sede Electrónica del Catastro. Pueden consultar los datos catastrales de una parcela o bien inmueble, pero sobre todo pueden obtener una Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica que contiene los datos esenciales, desde su ubicación y delimitación cartográfica, a su valoración, pasando por la titularidad y otros datos jurídicos, físicos y económicos.

Por otro lado, los notarios han ido ofreciendo cada vez más información a Catastro. Conviene destacar dos conjuntos de datos especialmente relevantes: las comunicaciones notariales de los cambios de titularidad y la información sobre los precios y valoración de bienes inmuebles consignados en las escrituras públicas, absolutamente imprescindible en el cálculo y aplicación del valor de referencia.

HUELLA DIGITAL

La Dirección General del Catastro cuenta con un portal institucional (catastro.hacienda.gob.es) dentro de la web del Ministerio de Hacienda. Asimismo, la Sede Electrónica del Catastro contiene una amplia información de interés para instituciones, profesionales y ciudadanos, que se puede consultar en: sedecatastro.gob.es.

Más allá del desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda

ENTRE MAGNITUDES
De izda. a dcha.: Enrique Vinagrero, Xavier Vilajoana, José Ramón Fernández Torres y Valentina Montero.

MÁS ALLÁ DEL DESEQUILIBRIO ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE VIVIENDA

El mercado de la vivienda afronta una compleja situación acentuada por la escasez de oferta y una elevada demanda: faltan casas y los núcleos de convivencia crecen a un ritmo mayor que la edificación de obra nueva. Como posibilidades de actuación, los expertos abogan por acelerar la transformación del sector inmobiliario hacia la “construcción industrializada” e implementar nuevas herramientas financieras, regulatorias y formativas.
ALEJANDRO MOYA BLAY

Así lo expresaron los profesionales que participaron en el panel de debate dedicado a analizar el desequilibrio entre oferta y demanda en el curso Vivienda: del diagnóstico a la acción. Propuestas de solución para un problema apremiante, organizado por Fundación Notariado el pasado mes de julio en San Sebastián.

“El problema no es solo de oferta. Falta suelo desarrollado, hay escasez de mano de obra especializada y los instrumentos financieros tradicionales no se adaptan a los nuevos modelos constructivos», expuso el arquitecto Enrique Vinagrero en su intervención. Para el director adjunto de ST Consultores Inmobiliarios, el sector adolece de amplias demoras para la consecución de suelo finalista, la “materia prima de la industria de la construcción”. “Con la legislación que tenemos se nos van entre 5 y 10 años en conseguir ese suelo desarrollado con el que trabajar”, denunció.

“En España, el plazo medio para disponer de suelo ya urbanizado y listo para construir es de 16 años”, apuntaba en este sentido Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España. “Llevamos algunos años con desregulaciones que permiten agilizar los procesos administrativos. La aparición de la declaración responsable en sustitución de la licencia o la eliminación de la obligatoriedad de arrancar una promoción con una licencia de obra, permitiendo que se haga con un expediente administrativo, han sido requerimientos también del sector promotor para tratar de recortar esos tiempos”.

Colaboración, legislación e inversión
Valentina Montero, vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco y moderadora de la mesa, también abogó por agilizar la generación de suelo finalista, así como por activar la colaboración público-privada, armonizar la actuación entre Administraciones y mejorar la financiación: “Solo mediante un Pacto de Estado por la Vivienda, con vocación de permanencia y seguridad jurídica, podremos garantizar el ejercicio real del derecho a la vivienda, proteger a todas las partes implicadas y avanzar hacia un modelo que refuerce el bienestar social”, señaló.

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo, Juan Ramón Fernández Torres, animó a repensar cómo queremos que sean las ciudades: “Venimos siendo tributarios de un modelo urbanístico que tiene más de 80 años y estamos en un atolladero. Debemos plantearnos que ese modelo se ha agotado e instaurar uno nuevo”. Y pidió a los organismos públicos “cumplir y hacer cumplir la legislación, en su espíritu y finalidad. Muchas veces la Administración no está dispuesta a atenerse a las leyes urbanísticas que ella misma ha aprobado, no respeta su propio planteamiento y deja a los promotores en callejones sin salida. Si se aplicaran las leyes en vigor, ya avanzaríamos mucho”.

De igual manera, Vilajoana, pidió una mayor flexibilidad en los modelos de cooperación para que nuestro urbanismo se adapte con mayor rapidez a las nuevas necesidades sociales: “La solución pasa por dejar trabajar a los profesionales del sector. Nosotros pensamos en el medio y largo plazo, mientras que los que regentan las Administraciones Públicas piensan tan solo a corto plazo. La vivienda tiene que ser una infraestructura social, como la sanidad o la educación, pero para eso hay que invertir. La realidad es que en sanidad se invierte aproximadamente el 20% del PIB, en educación el 12% y en vivienda no llegamos al 1,5%”.

Exigencias y mano de obra
Los principales actores del mercado inmobiliario también se topan con las altas exigencias y estándares de calidad impuestos por las normativas comunitarias: “Durante muchos años, cuando desarrollabas un proyecto, valorabas un coste de producción de unos 600 euros el metro cuadrado. En el último trimestre hemos alcanzado los 1.300 euros de coste promedio. La regulación, los estándares técnicos y de calidad que nos están imponiendo, junto a otras muchas cosas hace que la vivienda cueste lo que cuesta”, apuntó Vinagrero. En su opinión, a futuro, “no va a bajar el precio de la vivienda, pero no porque alguien se esté enriqueciendo, sino porque cada vez el nivel de exigencia es más alto. La calidad de la vivienda asequible está prácticamente en la misma línea que la vivienda libre. La pregunta es: ¿podemos permitirnos como sociedad estos altos estándares de calidad?”.

La falta de mano de obra es otro de los principales problemas del sector y las proyecciones no son alentadoras: “En los próximos 15 años el 40% de la mano de obra va a tener edad de jubilación. Ahora tenemos carencia, pero en el futuro va a ser todavía peor”, subrayó Xavier Vilajoana. Como solución a este problema plantearon dos vías de actuación. En primera instancia, fomentar la incorporación de los jóvenes al sector y “mejorar la formación dual en nuestro país”, añadía Vilajoana.

La industrialización del sector
Como segundo punto, incidieron en acelerar el proceso de fabricación de las viviendas y avanzar en la industrialización de la construcción. “Estamos ahora mismo en una fase muy incipiente de industrialización del sector, precisamente para cubrir la falta de capacidad que tiene. Es necesario que suframos ese proceso de transformación, igual que lo han sufrido otras industrias”, expuso Vinagrero.

Desde la Administración Pública se trabaja en esta línea a través del PERTE de Industrialización de la Vivienda, un plan dotado con 1.300 millones de euros de inversión, como señaló la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Llanos Castellanos, en la inauguración del curso. En relación a este plan estratégico del Gobierno, Vilajoana apuntó que “el objetivo del PERTE es que la construcción industrializada suponga el 10% de la producción en los próximos 5-10 años. No se puede plantear como la solución a todo cuando sólo abarcará un porcentaje de lo que vamos a construir, va a ser una solución complementaria”.

Finalmente, desde el punto de vista del Derecho, Fernández Torres matizó que este tipo de ‘viviendas industriales’ no tiene un régimen jurídico diferenciado y privilegiado, de manera que el acceso, instalación y uso sea más fácil que en los demás casos. “Mientras no se establezca un régimen que facilite la implantación de este tipo de viviendas, el ciudadano preferirá seguir el régimen tradicional”, planteó el catedrático.

Xavier Vilajoana (izda.) y José Ramón Fernández Torres (dcha.).
Enrique Vinagrero.
José Ramón Fernández Torres y Valentina Montero.

VALENTINA MONTERO:

“SOLO MEDIANTE UN PACTO DE ESTADO, CON VOCACIÓN DE PERMANENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, PODREMOS GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA”

ENRIQUE VINAGRERO:

“FALTA SUELO DESARROLLADO, HAY ESCASEZ DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS TRADICIONALES NO SE ADAPTAN”

XAVIER VILAJOANA:

“EN LOS PRÓXIMOS 15 AÑOS EL 40% DE LA MANO DE OBRA VA A TENER EDAD DE JUBILACIÓN. AHORA TENEMOS CARENCIA, PERO EN EL FUTURO SERÁ PEOR”

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ TORRES:

“DEBEMOS REPENSAR CÓMO QUEREMOS QUE SEAN LAS CIUDADES. SOMOS TRIBUTARIOS DE UN MODELO URBANÍSTICO DE MÁS DE 80 AÑOS”

Ojo al dato

´Plan Alto Impacto en Competitividad, 2025´. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

´Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, 2025´. Gobierno de España.

´Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial´. Boletín Oficial del Estado (BOE).

“Más oferta y menos regulación en vivienda”, por Xavier Vilajoana Eduardo

ENTRE MAGNITUDES
XAVIER VILAJOANA EDUARDO,

Presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña)

“Debemos volver a poner en marcha el engranaje de la producción para triplicar el actual ritmo de construcción”

Más oferta y menos regulación en vivienda

Tenemos un reto mayúsculo en materia de vivienda en España, y no es otro que el de incrementar la oferta, desarrollando políticas que la promuevan en vez de legislar solo desde el punto de vista de la demanda. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), se prevé la creación de 330.000 nuevos hogares anuales en los próximos cuatro años. Si tenemos en cuenta que los visados de obra de vivienda nueva alcanzaron cerca de 128.000 unidades a cierre de 2024 (según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana), el ritmo de construcción es claramente insuficiente. Según los cálculos realizados por APCEspaña y Colliers sobre el déficit de vivienda, de no incrementarse sustancialmente la producción en nuestro país, este podría situarse en casi tres millones de viviendas en 2039.

¿A qué se debe este bajo nivel de producción? Pues a la suma de varios factores: problemas en la gestión de suelo y de falta de suelo finalista; los altos costes de construcción; infrafinanciación; embriaguez legislativa -con la consecuente inseguridad jurídica-, falta de mano de obra cualificada y una escasa inversión pública en políticas de vivienda.

Es importante que tengamos clara la magnitud del desequilibrio existente entre oferta y demanda, que no se soluciona únicamente con la construcción de vivienda pública mediante la colaboración público-privada. La vivienda pública anunciada -que no construida- por las distintas Administraciones no llega al 1% de lo que realmente se necesita. Debemos volver a poner en marcha el engranaje de la producción para triplicar el actual ritmo de construcción de viviendas -de toda tipología-, y para ello es imprescindible atraer inversión y ganar en productividad. Desafortunadamente, las medidas que se están tomando en estos últimos años son diametralmente opuestas a la consecución de estos objetivos: se está ahuyentando a la inversión privada y no se están realizando los cambios normativos de calado en el urbanismo, tan necesarios para impulsar ese incremento de producción de vivienda, tanto libre como asequible y protegida.

Tal desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado de la vivienda también tiene un impacto directo en los precios, aumentando así el esfuerzo a realizar por parte de las familias para la compra o el alquiler. Como destacaba el Banco de España en su informe sobre el mercado del alquiler, somos el país donde los hogares que viven de alquiler soportan la mayor tasa de sobresfuerzo para el pago de la renta de toda la Unión Europea: casi el 40% de los inquilinos en España se encuentra en situación de sobreesfuerzo para pagar el alquiler, muy por encima del 20% de media de la zona euro o del 13,8% de Alemania. Y ya hemos visto que la producción de obra nueva actual, tanto en venta como en alquiler, es insuficiente para reducir este desequilibro.

El sector promotor constructor privado es el que tiene la maquinaria para poder llevar a cabo la tarea de construir las viviendas necesarias, ya que la estructura productiva de la
Administración por sí sola no podrá asumir este reto. Un hecho que requiere de un trabajo conjunto y de consenso entre sector público y sector privado, y desde la APCE reiteramos nuestra disposición a colaborar para alcanzar un objetivo común: mejorar el acceso a la vivienda en nuestro país y que los ciudadanos puedan elegir en qué régimen de tenencia quieren disfrutar de su hogar, ya sea siendo propietarios o bien arrendatarios.

Pero para ello, necesitamos voluntad política. Voluntad para alcanzar un Pacto de Estado en materia de vivienda, para aprobar la reforma de la Ley de Suelo que permita desencallar los numerosos planeamientos urbanísticos paralizados por defectos menores totalmente subsanables, y voluntad para regular de manera justa y eficiente. Cuando se legisla buscando únicamente un rédito electoral y sin verter recursos públicos ha quedado demostrado que es una dinámica que no funciona: sólo hay que ver los efectos que está teniendo la Ley Vivienda, o los escasos resultados de la medida del 30% de reserva de VPO para nueva construcción y gran rehabilitación en Barcelona, por poner solo un par de ejemplos. Si sólo se incide en aspectos referentes a la demanda, sin hacerlo también en la oferta; si no se garantiza la seguridad jurídica; si los trámites administrativos se eternizan; si no se agiliza la gestión urbanística de los planeamientos, etc., la situación continuará igual o empeorará.

Y otro factor clave para ampliar el parque de vivienda, especialmente de vivienda asequible: que toda política vaya acompañada de una dotación presupuestaria suficiente que garantice su viabilidad y que se mantenga en el futuro para poder dar respuesta a las necesidades de hogares de los próximos años. La construcción de viviendas es intensiva en capital y actualmente en España no disponemos de la financiación suficiente para asumir el reto que tenemos por delante, así que es imprescindible atraer la inversión privada, a la vez que promover más líneas de financiación pública para desarrollar vivienda asequible en alquiler y en venta.

Es hora de pasar de las palabras a los hechos, de pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Afortunadamente, los promotores constructores siempre estaremos aquí, y me siento orgulloso de poder representar a un sector que, a pesar de algunas críticas interesadas, sigue resistiendo, sigue trabajando, sigue evolucionando y sigue generando valor, mucho valor.

Entrevista a Juan Ramón Flames Omarrementaría, ceo de Bolsas y Mercados Españoles

EN ESTE PAÍS

JUAN RAMÓN FLAMES OMARREMENTARÍA

CEO DE BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

“Es vital contribuir a reforzar los mercados de capitales como pieza clave para el crecimiento económico y el bienestar social”

FERNANDO GEIJO
Licenciado en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y con una vasta trayectoria en los mercados internacionales de capitales y una amplia experiencia en el campo de la banca de inversión, Juan Flames es desde mediados de noviembre de 2024 el nuevo consejero delegado y responsable de Mercados de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Una doble función que le afianza como una de las indiscutibles voces de referencia en nuestro país a la hora de analizar el presente y futuro de la Bolsa en España.

Desde su nombramiento como consejero delegado, ¿cuáles han sido las prioridades estratégicas para BME y qué avances destacaría?

Mi absoluta prioridad es hacer crecer el negocio, en el marco del plan Scale Up 2027 del Grupo SIX -empresa suiza de infraestructura de mercado financiero-, que busca reforzar el crecimiento de los ingresos y mejorar los márgenes en los tres próximos años. Queremos estar cerca de nuestros clientes y ofrecerles los mejores servicios y esa es nuestra guía diaria.

También es vital contribuir a reforzar los mercados de capitales como pieza clave para el crecimiento económico y el bienestar social. Cuando lanzamos en enero del año pasado el libro blanco sobre el impulso de la competitividad de los mercados de capitales en España, que incluía 56 medidas concretas, dimos un paso adelante para impulsar este necesario debate junto al resto del sector. Tras ese informe llegaron otros, como los realizados por Draghi, Letta o el de la OCDE, y todos coinciden en lo esencial: el fortalecimiento de los mercados de capitales es imprescindible para reforzar la posición competitiva de Europa en el mundo y para financiar la transición hacia una economía sostenible.

Sin duda, otra de mis prioridades, en línea con lo anterior, es impulsar las salidas a Bolsa. La Bolsa es el mejor lugar para que las empresas accedan a financiación recurrente y obtengan visibilidad y reputación. Para ello hemos llevado a cabo distintas medidas como el refuerzo de nuestro Entorno Pre Mercado, que prepara a las compañías que quieren dar el salto a la Bolsa; la incesante llegada de nuevas empresas a los mercados de crecimiento de BME (BME Growth y BME Scaleup); nuestra reciente alianza con EsTech para atraer a los mercados de capitales a los unicornios del futuro y, la más reciente, el lanzamiento, fruto de un trabajo conjunto con la CNMV, de BME Easy Access, una nueva modalidad de salidas a Bolsa que aporta flexibilidad a las compañías y que ha sido muy bien recibida por el sector.

¿Cómo está afrontando BME los desafíos que plantea la creciente digitalización de los mercados financieros, especialmente frente al auge de plataformas alternativas y criptomonedas?

En primer lugar, creemos que la competencia es siempre positiva, porque nos hace mejores. Así que no es algo que nos preocupa, sino que nos ocupa.

Respecto a la digitalización, es uno de nuestros principios rectores. Nosotros pensamos que las infraestructuras de los mercados de capitales, y SIX es la tercera mayor de Europa, están en una posición excelente para liderar la transformación digital del sector. Si algo dejan claro empresas e inversores es que quieren que avancemos en materia de innovación y en la oferta de nuevos activos, pero siempre manteniendo la seguridad y confianza que ofrecemos los mercados. Y ese es nuestro objetivo, siempre atendiendo las necesidades de nuestros clientes.

Son numerosos los proyectos innovadores a través de los que canalizamos nuestro compromiso con la digitalización. Por poner sólo dos de los ejemplos más recientes, mencionaré nuestra inversión en OpenBrick, una plataforma digital pionera en España de valores inmobiliarios tokenizados, y nuestra participación en el programa de experimentación del Banco Central Europeo (BCE) para la liquidación de operaciones de pago utilizando tokens digitales, en la que reunimos a parte de la comunidad financiera española. Desde nuestra posición, nos gusta aglutinar los esfuerzos del sector y aunar fuerzas en el campo de la digitalización. Tenemos mucho que decir desde España.

 


“LA BOLSA ES EL MEJOR LUGAR PARA QUE LAS EMPRESAS ACCEDAN A FINANCIACIÓN RECURRENTE Y OBTENGAN VISIBILIDAD Y REPUTACIÓN”


 

En España está creciendo el interés por la inversión minorista. ¿Qué está haciendo BME para acercar el mercado de valores a los pequeños inversores?

Traer de vuelta a la Bolsa a los inversores minoristas es una de nuestras prioridades. Las familias llegaron a controlar a finales de 1998 el 35,1% de la Bolsa española, en pleno proceso de privatizaciones, y a cierre de 2023 ese porcentaje estaba en el 16,4%.

Evidentemente, debe existir una protección para los inversores minoristas, pero existe un consenso en el sector en relación con la existencia en los últimos años de una sobrerregulación que ha alejado a los minoristas de la Bolsa. En un momento, además, en el que se acerca a activos de mucho más riesgo y menos garantías.

En BME vemos con muy buenos ojos el proyecto de crear una cuenta de ahorro e inversión europea, al estilo de la cuenta sueca, que tiene una fiscalidad muy ventajosa. Es fundamental que los ahorradores pasen a ser inversores, y en ese objetivo la Bolsa debe situarse en el centro.

 


“EXISTE UN CONSENSO EN EL SECTOR EN RELACIÓN CON LA EXISTENCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE UNA SOBRERREGULACIÓN QUE HA ALEJADO A LOS MINORISTAS DE LA BOLSA”


 

En un contexto de incertidumbre económica global, ¿cuáles son los sectores en España que más potencial tienen desde la óptica del mercado de capitales?

No nos corresponde a nosotros como gestores de los mercados de capitales señalar a determinados sectores por encima de otros. Con carácter general, el tejido empresarial español es muy innovador. De hecho, contamos con compañías punteras y líderes mundiales en distintas áreas de actividad. Para nosotros es importante que la Bolsa sea el reflejo de la economía, en este caso, la española. Por eso es tan positiva, por ejemplo, la fuerte presencia de compañías con perfiles digitales e innovadores en los mercados de crecimiento de BME. Sin olvidar la llegada al mercado principal de empresas que abren nuevos sectores como es el caso de Puig, que debutó el año pasado, u otras de sectores bandera de la economía española como el turismo, representado por HBX, el gran estreno bursátil de lo que llevamos de año.

¿Qué papel juega BME en la promoción de la sostenibilidad y la inversión ESG (ambiental, social y de gobernanza)?

Es fundamental para nosotros y forma parte de nuestra estrategia. Tenemos un compromiso firme con la sostenibilidad desde nuestro doble rol, como gestores de los mercados de capitales y como compañía. Como empresa, trabajamos para reducir nuestro impacto en el medio ambiente, contribuir a la mejora de la sociedad y garantizar un entorno de trabajo igualitario. Estamos comprometidos con ello y entendemos que la sostenibilidad no es una moda, sino algo que forma parte de nuestra cultura corporativa.

Como gestores de los mercados de capitales, promovemos las finanzas sostenibles con medidas como la creación de índices de sostenibilidad como el IBEX ESG o el IBEX Gender Equality, además de acoger en nuestros mercados de renta fija emisiones sostenibles. Sólo el año pasado, en nuestros mercados y plataformas de renta fija se admitieron a negociación 65 emisiones de renta fija verdes, sociales y sostenibles por un importe total de 89.386 millones de euros, de los que casi 9.300 millones de euros correspondieron a emisores españoles. También aquí, los mercados de capitales están en una posición central.

Otro pilar de nuestro compromiso con la sostenibilidad es nuestra promoción de la educación financiera, que canalizamos a través de Instituto BME y de Braindex. Estamos convencidos de que una sociedad con una buena cultura financiera es una sociedad mejor preparada y que toma mejores decisiones de ahorro e inversión.

¿Considera que el actual marco regulatorio en España es favorable para atraer a más empresas a Bolsa? ¿Qué reformas serían necesarias?

Como defendemos en nuestro libro blanco sobre el impulso de la competitividad de los mercados de capitales en España, es importante que todos los actores implicados tomemos conciencia de la importancia estratégica de la Bolsa como un asunto de Estado. En este sentido, todas las medidas regulatorias o fiscales que incentiven la llegada de nuevas empresas a la Bolsa serán siempre bienvenidas. Fortalecer los mercados de capitales es algo que pasa, en gran medida, por hacer crecer el número de cotizadas, y ese es un empeño colectivo por el bien de todos.

En este campo, me gustaría destacar BME Easy Access, la nueva modalidad de salida a Bolsa, que hemos desarrollado junto a la CNMV y tras escuchar al conjunto del sector. En esencia, la principal novedad que aporta este nuevo procedimiento es que permitirá la admisión directa de las acciones en los mercados regulados sin la exigencia de obtener una distribución mínima, o free float, con carácter previo a la admisión. De esta forma se favorece la planificación de las empresas y se evita el riesgo de que circunstancias ajenas a la compañía frustren la operación.

 


“VEMOS CON MUY BUENOS OJOS EL PROYECTO DE CREAR UNA CUENTA DE AHORRO E INVERSIÓN EUROPEA”


 

¿Cómo imagina el futuro de BME en los próximos cinco años y qué legado le gustaría dejar como consejero delegado?

Creo que es importante volver a poner a los mercados financieros en el centro de la economía del país; que la Bolsa vuelva a estar de moda. Estoy muy contento con el equipo profesional de BME y con nuestra posición. Pienso que podemos seguir contribuyendo de manera decidida a reforzar la financiación empresarial, ofrecer alternativas a los inversores y, en conjunto, impulsar la economía. A cinco años vista quiero una Bolsa con más empresas cotizadas de todos los tamaños y sectores, con más presencia de inversores minoristas y pionera en la digitalización del sector.

En su amplia trayectoria profesional ha estado fuertemente vinculado al sector financiero. ¿Qué lecciones ha aprendido de esa experiencia y cómo las aplica en su rol como consejero delegado?

Creo que es enriquecedor haber pasado por distintas posiciones y áreas dentro del sector financiero, porque contribuye a tener una visión global. La gran constante a lo largo de mi trayectoria, que sin duda aplico también a mi labor como consejero delegado de BME y como responsable de Mercados Primarios de SIX, es mantener siempre el foco puesto en los clientes. Debemos escuchar y atender sus necesidades, estar siempre muy cerca de ellos. Es uno de los pilares de la estrategia del grupo SIX Scale Up 2027, con el que buscamos impulsar nuestra ambición comercial, reforzar el crecimiento de los ingresos y mejorar los márgenes.

 


“LOS NOTARIOS JUEGAN TAMBIÉN UN PAPEL PROTAGONISTA EN EL SISTEMA FINANCIERO EN SU CONJUNTO”


 

La intervención del notario proporciona seguridad jurídica y mejora la confianza del sistema financiero. ¿Podrían de algún otro modo contribuir los notarios a la estabilidad de estos mercados?

 Por supuesto. Los mercados de capitales son como una orquesta; no es un solista. Es decir, necesitamos al conjunto de la comunidad: empresas, inversores, despachos de abogados, asesores, bancos, gestoras de activos… Para que el mercado funcione bien es clave contar con todo tipo de instrumentos convenientemente afinados y, por supuesto, los notarios juegan también un papel protagonista en el sistema financiero en su conjunto.

HUELLA DIGITAL

JUAN Flames es un directivo con un perfil muy activo en Linkedin, la red social profesional por excelencia.

El equipo de la Dirección de Comunicación de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ofrece, además, en el portal de la institución información relevante sobre la actividad del consejero delegado, así como de su perfil profesional.

Presión fiscal sobre las ganancias de capital

EN ESTE PAÍS

PRESIÓN FISCAL SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL

Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo.

ELVIRA ARROYO
España está entre los países europeos que más gravan las ganancias de capital en los tramos más altos. Frente a quienes defienden que esta presión fiscal debería reforzarse para las personas que ganan más, se abre el debate de si una tributación muy elevada puede desincentivar la venta de activos o la inversión en un momento en el que la Unión Europea apuesta por financiar proyectos estratégicos con el ahorro de sus habitantes.

El dinero ganado con la venta de acciones, un fondo de inversión o una vivienda; los dividendos que reparten las empresas a sus accionistas; o los intereses que el banco paga por un depósito o una cuenta de ahorro, son ejemplos de ganancias de capital que tributan en el IRPF.

 


DESDE 2019, EL IMPUESTO MÁXIMO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL EN ESPAÑA HA SUBIDO 7 PUNTOS


 

En España, se aplica por estos conceptos un tipo impositivo progresivo, con diferentes porcentajes según la cantidad de renta obtenida. En los últimos años, el incremento ha sido significativo, sobre todo en los tramos más altos, pasando de un tipo máximo del 23% en 2019 al 30% vigente en 2025 para las ganancias de capital superiores a 300.000 euros. Según Tax Foundation Europe, España es el séptimo país europeo con el tipo impositivo más alto para las rentas de capital.

Novedades. La Ley 7/2024, de 20 de diciembre, introdujo modificaciones que afectan a la escala del ahorro desde el 1 de enero de 2025. Concretamente, se eleva del 28% al 30% el tipo del último tramo de la escala del ahorro (ganancias que exceden los 300.000 euros) para los contribuyentes que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que estén acogidos al régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español.

También, desde el 1 de enero de 2025, se ha modificado la escala que se aplica a la parte de la base liquidable del ahorro para determinar la cuota íntegra estatal, elevándose el tipo del último tramo del 14% al 15%.

Este tipo de medidas aumentan los impuestos para quienes más ganancias obtienen de su capital, algo que han reivindicado formaciones políticas como Sumar, que defiende equiparar la tributación de las rentas del capital con las del trabajo subiendo los tipos impositivos en las franjas más altas del IRPF.

 


EUROPA PRESENTA UN SISTEMA IMPOSITIVO MUY DIVERSO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL QUE VIENE DETERMINADO POR LA CONCEPCIÓN FISCAL DE CADA PAÍS


 

Otros países. La mayoría de los países desarrollados gravan las ganancias de capital, pero el tipo impositivo y las reglas exactas (porcentajes progresivos, la posibilidad de desgravación por tenencia prolongada o exenciones) dependen de la legislación local.

España está en un nivel relativamente alto de tributación sobre los beneficios obtenidos por la venta de activos o por la inversión del dinero, aunque está muy por debajo de Dinamarca, que aplica un tipo máximo del 42% o Noruega, con un 37,8%. En el lado opuesto, Rumanía aplica el tipo más bajo, del 1%, seguida de Moldavia con el 6% y Bulgaria con el 10%.

Además, Tax Foundation Europe destaca que varios países europeos, entre los que se encuentran Bélgica, República Checa, Suiza, Eslovenia o Luxemburgo, no gravan las ganancias de capital por la venta de acciones mantenidas a largo plazo.

Se trata, por tanto, de un sistema impositivo muy diverso determinado por la concepción fiscal de cada país. Queda claro que los beneficios obtenidos por la venta de un activo a un precio mayor que el precio de compra o los réditos que aportan el dinero ahorrado o invertido deben tributar, aunque el criterio para definir la carga impositiva no es uniforme.

Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo en detrimento de la inversión. Del mismo modo, si la venta de activos conlleva pagar muchos impuestos, la opción más cómoda es no vender.

En España las rentas del capital mobiliario mantienen una tendencia creciente, a pesar de que en el primer trimestre de 2025 se ha frenado el ritmo, tras registrar una subida del 8,3%. Este dato dista bastante de los ascensos de dos dígitos observados los últimos tres años (26,5% en 2022, 15,9% en 2023 y 45,3% en 2024), según señala la Agencia Tributaria.

 


LA UNIÓN EUROPEA NECESITA PARA 2030 ENTRE 750.000 Y 800.000 MILLONES DE EUROS ADICIONALES PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS


 

Proyectos europeos. Sin embargo, las autoridades europeas consideran que el ahorro puede ser una importante fuente de financiación para determinados proyectos. De hecho, en marzo de 2025 la Comisión Europea presentó la Unión de Ahorros e Inversiones (SIU, por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca generar oportunidades financieras para los ciudadanos de la UE, mejorando la capacidad para conectar el ahorro con inversiones productivas.

El objetivo es crear un ecosistema de financiación que beneficie la inversión en objetivos estratégicos de la UE, como el cambio climático, los avances tecnológicos y las nuevas dinámicas geopolíticas. Se calcula que para sacar adelante estos retos se necesitarán entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales al año para 2030, cifra que se ve aún más afectada por la ampliación de las necesidades de defensa. Gran parte de estas están relacionadas con las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las empresas innovadoras, que no pueden depender únicamente de la financiación bancaria. Mediante el desarrollo de mercados de capital integrados, SIU puede conectar eficazmente ahorro e inversión.

De este modo, habrá nuevas alternativas para los ahorradores que deseen potenciar su patrimonio y se fomentará el crecimiento de las empresas europeas.

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta específica para recabar información sobre los obstáculos que puede haber para la integración de los mercados de capitales en la UE. Al mismo tiempo, se ha establecido un calendario de actuaciones para implantar la SIU. Como primer paso, en el tercer trimestre de 2025 se definirán las cuentas de ahorro e inversión de la UE y una estrategia de alfabetización financiera.

Más recaudación de IRPF por ganancias patrimoniales

Los ingresos totales por el IRPF en España alcanzaron los 129.408 millones en 2024, un 7,6% más que el año anterior. La mayor parte de este impuesto procede de los rendimientos del trabajo, pero en 2024 las ganancias patrimoniales registraron un avance superior al 22%, según la Agencia Tributaria. Este crecimiento se atribuye, por un lado, a las ganancias procedentes de los fondos de inversión, que, tras dos años de caídas, crecieron un 79,3% en 2024 hasta alcanzar los 3.550 millones.

Por otro lado, en las ganancias no sujetas a retención, ligadas fundamentalmente a las ventas de inmuebles y a la evolución de la cotización de las acciones, se prevé un incremento del 17% en 2024.

Tasas sobre las ganancias de capital en Europa
País

Tasa máxima de impuesto sobre las ganancias de capital para personas físicas

Austria 27,5%
Bulgaria 10%
Dinamarca 42%
Finlandia 34%
Francia 34%
Alemania 26,4%
Irlanda 33%
Italia 26%
Países Bajos 36%
Noruega 37,8%
Polonia 19%
España 30%
Suecia 30%
Reino Unido 24%
PARA SABER MÁS

Impuesto sobre las ganancias de capital en Europa. Incluye mapa interactivo con evolución 2019-2025. Tax Foundation Europe.

Informe mensual de recaudación tributaria. Abril de 2025. Agencia Tributaria.

Iniciativa europea Unión de Ahorros e Inversiones (Savings and Investments Union, SIU). Conectando ahorros e inversiones productivas. Comisión Europea.

“La fiscalidad de las rentas del capital”, porDavid Cano Martínez

EN ESTE PAÍS

DAVID CANO MARTÍNEZ,

socio de Analistas Financieros Internacionales

“Si queremos que una parte importante de la sociedad se convierta en inversor, como única vía para financiar de forma estable proyectos de riesgo, debemos incentivarlo fiscalmente”

La fiscalidad de las rentas del capital

De forma simplificada, podemos afirmar que hay dos grandes factores productivos: el trabajo (“L”) y el capital (“K”). El primero hace referencia a las horas dedicadas para desarrollar una determinada tarea, mientras que el segundo engloba el suministro de recursos para que se pueda materializar ese trabajo. Y un agente puede aportar capital tanto de forma directa (es decir, “poniendo” dinero) como de forma indirecta (“pone” una máquina o una nave industrial, por ejemplo).

Tanto L como K exigen una contraprestación económica (tienen un precio), que estará en función de muchas variables. Igual que es obvio (y justo) que no todos los trabajadores reciban la misma remuneración por hora, tampoco un mismo euro invertido debe obtener la misma rentabilidad. Cuanto más riesgo asuma un capital, más rendimiento debe recibir.

A partir de aquí, como sucede con los rendimientos del trabajo, entra en juego el sistema tributario. Este impone un pago vía impuestos justificado por el uso de la infraestructura, de funcionarios y, en general, de todos aquellos recursos por los que no se ha pagado de forma explícita para obtener el rendimiento. Este se somete a tributación por dos conceptos adicionales: financiar otros gastos del Estado y redistribución generalizada. Sí, todo rendimiento de cualquiera de los dos factores debe pagar impuestos.

Se inicia el debate, clave para determinar cuál debería ser la cuantía del tipo de gravamen de las rentas: ¿cómo se estiman los precios de esos recursos que se han utilizado?, ¿Qué parte del rendimiento se debe destinar a pagar otros conceptos que no son capaces de financiarse por sí solos dado que son deficitarios? y, ¿qué parte del rendimiento debe redistribuirse?

Como economista gestor de carteras y fondos de inversión, rechazo la afirmación de que “las rentas del capital deben grabarse más que las rentas del trabajo dado que el inversor no ha hecho ningún esfuerzo por conseguirlo”. Discrepo porque el “esfuerzo” no debe medirse por la intensidad física o las horas dedicadas sino, en el caso del capital, por el riesgo asumido en la inversión. Estamos en una economía en la que cada vez se necesita más factor capital (dinero) que esté dispuesto a invertir a más largo plazo y asumiendo más riesgo. Es generalizada la reivindicación de la creación de más empresas, de más startups tecnológicas, de más industria… Y no puedo estar más de acuerdo. Pero ¿quién está dispuesto a asumir el riesgo que implica invertir en el capital de esas empresas y proyectos? Ahí es cuando las voces se callan o bajan su volumen. Adaptando lo que dijo Unamuno: ¡Que arriesguen ellos!

Es muy fácil exigir que sean los demás los que asuman el riesgo con su capital (y, además, que paguen muchos impuestos por las rentas que generan). Pero es mucho más difícil hacerlo. Por ello, el riesgo, igual que el esfuerzo, se debe remunerar de forma extra. Y es eso lo que suele suceder, según nos enseñan tanto la teoría financiera como la evidencia. A más riesgo, más rentabilidad. Creo que es muy importante dejar claro este principio que pretende defender que obtener rentas del capital no es tarea fácil ni de corto plazo y que, a la hora debatir su tributación, se debería distinguir entre quien asume riesgo y quien no, entre quien invierte a corto plazo y quien lo hace a largo plazo.

Porque igual que soy un claro defensor de que un capital que asume riesgo obtenga una elevada rentabilidad (y tenga un tratamiento fiscal ventajoso, sobre todo si está invertido a largo plazo) considero que el ahorro (es decir, aquel que no asume riesgo porque está materializado en un depósito bancario o en una Letra del Tesoro) debe tener un reducido rendimiento. A ello contribuye, por cierto, la política monetaria del BCE, imponiendo tipos de interés nominales por debajo de la inflación. Insisto mucho en esta frase: si el ahorrador quiere obtener una rentabilidad real positiva (es decir, una rentabilidad nominal por encima de la inflación), es imprescindible que asuma riesgo. Si no lo hace, el precio que tendrá que pagar por ello es perder poder adquisitivo.

Si queremos que una parte importante de la sociedad se convierta en inversor, como única vía para financiar de forma estable proyectos de riesgo, debemos incentivarlo fiscalmente. Podemos debatir sobre si existe falta de oferta disponible del factor trabajo para determinados puestos y momentos a un determinado salario. Pero es un hecho que hay déficit de oferta de capital dispuesto a asumir riesgo (más aún sometidos como están los bancos a una normativa de solvencia que les impiden asumir riesgos). Es una realidad que se está incrementando la demanda de capital para financiar proyectos con mayores incertidumbres sobre su rendimiento (inteligencia artificial, computación quántica, baterías, impresión 3D, biotecnología, etc.). Más demanda que no encuentra correspondencia en la oferta, al menos en Europa.

Por ello, resulta imprescindible mantener un debate sobre cuál debe ser la fiscalidad de las rentas de capital, basado en los elementos que he tratado de exponer. Defiendo, como ya he manifestado, una fiscalidad ventajosa para aquel capital que asume riesgo a largo plazo y que lo hace en proyectos que incrementen la productividad y el crecimiento de la economía. Además, defiendo la fiscalidad ventajosa de los vehículos de inversión porque de esa forma se incentivará otro de los principios en los que más creo: la diversificación. Si queremos conseguir una sociedad más inversora debemos incentivar el mejor tratamiento fiscal de las rentas del capital si se consiguen a través de vehículos de inversión diversificados y, más aún, si estas rentas se alcanzan en períodos prolongados del tiempo (por encima de los 5 y, especialmente, 10 años).

La incertidumbre de las Pymes españolas

ENTRE MAGNITUDES
Las pequeñas y medianas empresas suponen el 99,8% del total del tejido productivo español.

LA INCERTIDUMBRE DE LAS PYMES ESPAÑOLAS

El retorno de Trump en 2025 ha desatado una renovada disputa comercial internacional. Un conflicto multilateral, más virulento aún que el iniciado en su primer mandato, tras la imposición indiscriminada de aranceles a casi todos los países del mundo. Los vaivenes judiciales y constantes volantazos de opinión del inquilino de la Casa Blanca están generando una alta volatilidad en los mercados financieros y, en definitiva, remodelando las reglas de juego del tablero geopolítico mundial. Ante este panorama las empresas españolas, especialmente las pymes, deben afrontar un escenario de creciente incertidumbre ante un incierto futuro.
FERNANDO GEIJO

El caos generado por el autodenominado ‘día de la liberación’ parece haber llegado para quedarse. Al menos en términos de intercambios económicos y mientras dure el mandato del 47º presidente de los Estados Unidos. De hecho, las promesas que lanzó en ese sentido durante su campaña electoral se están cumpliendo al pie de la letra. Con ello, el mandatario republicano ha desatado un auténtico tsunami de inseguridad entre gobiernos y gestores empresariales de medio mundo. El resultado está siendo nada menos que la reconfiguración de las normas comerciales, aún por reescribirse, con tres grandes protagonistas: unos Estados Unidos que tratan de salir de su aparente ocaso, una China en ascenso imparable y una Unión Europea inmersa en su dinámica interna.

Un entorno con inciertas consecuencias que está impactando entre todas las compañías, pero, especialmente, entre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Un colectivo que es el auténtico motor económico de España, dado que supone nada menos que el 99,8% del total de nuestro tejido productivo, con alrededor de tres millones de empresas, de las que 1,1 millones serían micropymes (con menos de 10 empleados y una facturación por debajo de los dos millones de euros anuales).

 


EL GOBIERNO HA PUESTO EN MARCHA UN PAQUETE DE AYUDAS A LAS EMPRESAS POR IMPORTE DE 14.100 MILLONES DE EUROS


 

Línea proteccionista. El retorno de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. ha reactivado su agenda proteccionista con un anuncio que inquietó a empresas exportadoras de todo el mundo: imponer aranceles generales de entre el 10% y el 20% a los productos importados.

Aunque estas medidas no están plenamente en vigor, por las idas y venidas de la Casa Blanca y las restricciones impuestas por sus propios tribunales de justicia, la posibilidad de su aplicación efectiva como arma negociadora para obtener ventajas competitivas en posteriores acuerdos comerciales ha encendido las alarmas entre las compañías españolas, sobre todo aquellas con fuerte presencia en el mercado estadounidense. La memoria reciente de la guerra comercial durante su anterior mandato, entre 2017 y 2021, no deja lugar a dudas sobre ese posible impacto.

Tenemos un plan. Frente a la amenaza comercial procedente de Washington, el Gobierno español ha puesto en marcha una batería de medidas destinadas a proteger al tejido empresarial nacional. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presentó recientemente el nuevo Plan ICEX de Alto Impacto en Competitividad, una iniciativa incluida en el paquete económico de 14.100 millones de euros aprobado por el Ejecutivo.

El documento se dirige especialmente a las pequeñas y medianas empresas, las más vulnerables ante escenarios de tensión comercial internacional. Entre sus acciones más destacadas figuran programas como el ICEX 500, centrado en las 500 compañías responsables del 77% de las exportaciones a EE.UU., y el ICEX-Invest in Spain, orientado a facilitar la conexión entre pymes y un destacado número de inversores internacionales, 100 en concreto, con el objetivo de reforzar sus cadenas de valor.

En paralelo, se implementarán tres líneas de apoyo sectorial: un programa de innovación abierta para 200 empresas medianas; asesoramiento en intangibles y estrategia para 700 pymes, y una plataforma de mentorías y financiación para apoyar el crecimiento de 200 startups. Para agilizar la atención empresarial, el ICEX ofrecerá también respuestas a consultas en menos de 24 horas e impartirá jornadas informativas semanales.

Una de las novedades clave de esta ofensiva al apoyo empresarial es la creación de un portal digital basado en la inteligencia artificial, destinado a reducir la burocracia, una de las principales demandas empresariales, y a facilitar el acceso a las ayudas. Asimismo, se establecerá un observatorio conjunto con las comunidades autónomas de cara a realizar un seguimiento mensual del impacto arancelario y a ajustar las medidas conforme evolucione la situación internacional.

Asimismo, el Ejecutivo activará una nueva línea de avales a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un valor inicial de 1.000 millones de euros, ampliables hasta 5.000 millones de euros, para proporcionar liquidez a las empresas afectadas por los aranceles. Aunque no se contemplan, por ahora, la concesión de ayudas directas, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de reforzar su apoyo si se intensifica la escalada comercial. Máxime a tenor de las renovadas amenazas expresadas por Trump a resultas de la negativa del Gobierno español para, en el marco de la OTAN, dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa para 2035.

 


EL ICO ABRIRÁ A LAS EMPRESAS UNA LÍNEA DE AVALES POR 1.000 MILLONES, AMPLIABLES HASTA 5.000 MILLONES DE EUROS


 

La tormenta arancelaria. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha sido una de las primeras voces en pronunciarse sobre la situación generada por los anuncios de Trump. En un comunicado emitido tras la reunión de su Comité Ejecutivo, la patronal calificó de devastador el posible impacto de los nuevos aranceles para las pymes españolas, puesto que ya habían sufrido las consecuencias de la guerra comercial anterior y la crisis inflacionaria posterior.

Según CEPYME, muchas pequeñas empresas lograron diversificar sus actividades hacia el exterior tras la última crisis financiera, pero carecen ahora de la capacidad financiera y operativa para absorber un nuevo golpe de este calibre. La patronal considera que las medidas anunciadas por el Gobierno, aunque bien orientadas, resultan insuficientes y estarían demasiado condicionadas, especialmente en lo referente a los avales o programas como los ERTE, cuya tramitación burocrática podría desincentivar su uso en un entorno tan incierto.

Desde la organización empresarial se pide una reorientación de las ayudas hacia instrumentos ágiles y adaptativos, que permitan redirigir ventas y adaptar producciones. Entre sus propuestas figura el refuerzo de la cobertura crediticia pública, gestionada a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), y una revisión de la presión fiscal y regulatoria que, según la patronal, ha seguido en aumento y limita la maniobrabilidad de muchas pymes. Y todo ello sin olvidar las consecuencias del efecto dominó que se puede producir en una economía global hiperconectada, vía reexportación de piezas de un país a otro.

Por la seguridad jurídica. Los delicados engranajes que mueven las entrelazadas ruedas de las cadenas internacionales de suministro conforman un tablero comercial donde el objetivo de las empresas ya no es la búsqueda de la eficiencia, produciendo donde sea más barato, sino la obtención de seguridad jurídica.

El nuevo mandato de Donald Trump representa una amenaza real para la internacionalización de las empresas españolas, pero también una oportunidad para consolidar estrategias de resiliencia. La respuesta del Gobierno muestra voluntad de actuar con rapidez y coordinación. Las patronales, por su parte, solicitan ambición y ajustes realistas.

 Independientemente de los acuerdos comerciales que se puedan alcanzar, lo cierto es que el daño ya parece estar hecho y la disposición de un nuevo orden mundial parece estar en marcha de forma inexorable. La sensación de certidumbre en que estaba instalada la economía mundial en las últimas décadas ha saltado por los aires y ha hecho abrir los ojos a muchos gestores empresariales.

El comercio internacional se mueve hoy en un terreno incierto y volátil. Las compañías que mejor se adapten, diversifiquen y apuesten por la innovación podrán no solo sobrevivir sino salir fortalecidas. Mientras tanto, el tejido empresarial español espera con cautela la concreción de las medidas desde Washington. El tiempo apremia y las decisiones que se tomen en los próximos meses marcarán el rumbo de la economía exterior española en los años venideros.

Nuevas fórmulas
Las medidas desplegadas por las empresas españolas durante el anterior mandato de Trump consistieron en diversificar hacia otros mercados, como Asia, América Latina u Oriente Medio; en renegociar condiciones para distribuir el sobrecoste con los importadores; en reubicar parte de la producción en terceros países; utilizar herramientas para digitalizar procesos, y en explorar el comercio electrónico como impulso comercial.
Cepyme calificó de devastador el posible impacto de los nuevos aranceles para las pymes españolas.
¿Qué exporta España a EE.UU.?

En 2024 se exportaron bienes por valor de unos 18.000 millones de euros, más del 1% del PIB, lo que convierte a EE.UU. en el principal mercado extracomunitario de España.

Las principales exportaciones españolas fueron bienes de equipo, como motores de propulsión, hidráulicos, mecánicos y eléctricos; semimanufacturas como químicos, plásticos y materiales de construcción; combustibles y aceites minerales; productos agroalimentarios; medicamentos y perfumería.

El porcentaje de exportaciones a EE.UU. de las principales economías de la eurozona ronda, en el caso de Alemania e Italia, el 10% de su PIB, y en el de Francia el 7%.

Ojo al dato

´Plan Alto Impacto en Competitividad, 2025´. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

´Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, 2025´. Gobierno de España.

´Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial´. Boletín Oficial del Estado (BOE).

“Las pymes, verdaderas damnificadas de los aranceles”, por Antonio Pedraza

ENTRE MAGNITUDES
ANTONIO PEDRAZA,

presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas

“La incertidumbre paraliza las inversiones y puede desembocar en un ‘stand by’ en las empresas nocivo para la actividad”

Las pymes, verdaderas damnificadas de los aranceles

La guerra arancelaria que tiene por escenario el gran tablero mundial conlleva serios efectos para las multinacionales y los grandes conglomerados empresariales, pero se convierte sobre todo en una amenaza para el tejido más frágil y vulnerable de nuestra economía: las pequeñas y medianas empresas, que ya vienen de reducir su actividad internacional en el 2024 y cuentan con peores perspectivas para el año en curso. Sin olvidarnos del colectivo de autónomos, que puede tener una problemática similar ante la infinidad de supuestos donde sus actividades coinciden.

En el caso de las multinacionales y las grandes empresas, tienen suficiencia, tanto para lidiar con los nuevos entornos arancelarios, en términos de asistencia jurídica, logística avanzada y apoyos financieros, como para la diversificación de proveedores y capacidad de negociación. Algo que no sucede a las pymes. La asimetría de recursos aumenta las desigualdades dentro del propio sector empresarial; haciendo desplazar a las pequeñas empresas del mercado, por estar atadas a sus cadenas de suministros locales, a menudo sin margen de maniobra; y beneficiando a las grandes.

El aumento de costos para las pymes no solo afecta a las empresas que exportan directamente, sino colateralmente también a aquellas que forman parte de la llamada cadena de suministro. También repercutirá en los transportistas, los proveedores de materias primas, las empresas logísticas, etc., que verán reducir su actividad si las exportaciones lo hacen. Lo que viene a endurecer aún más las consecuencias para la propia economía de nuestro país, donde se calcula que puede haber más de 29.000 empresas afectadas, de un colectivo de cerca de tres millones, que supone el 99,8% del tejido productivo de España y genera más de once millones de empleos. Desde el mismo se denuncia lo que califican como los ´aranceles internos´ que sufren las pequeñas y medianas empresas en nuestro país: el exceso regulatorio y burocrático, junto con el constante incremento de costes laborales sin considerar la productividad, una presión fiscal excesiva y las trabas administrativas que asfixian especialmente a estas empresas. En el caso de los aranceles externos, muchas pymes dependen para subsistir de los distribuidores y clientes estadounidenses, con lo que, el incremento de los aranceles podría llevar a la cancelación de contratos, al ajuste de plantillas o a la necesidad de reducir márgenes para mantenerse activas.

¿Cuáles son los productos que pueden ser especialmente afectados por estas políticas? Los del sector del acero y del aluminio, donde hay pequeñas empresas que dependen o hacen trabajos para las grandes o nodrizas. También los del sector agroalimentario: el aceite de oliva, los quesos, los vinos y los embutidos. O los de la industria ligera, en los sectores del textil y el calzado (donde nuestras empresas se ven obligadas a competir en clara desigualdad frente a productos de otros países con prácticas poco transparentes, subsidios encubiertos o sobrecapacidad productiva); en las manufacturas, la industria farmacéutica, la automoción y los componentes industriales; y en el sector tecnológico.

Las consecuencias más ostensibles son, por un lado, la retracción de las inversiones, ya que las empresas se han visto obligadas a congelar planes de expansión debido a que el riesgo supera a las oportunidades. Por otro, el cambio de mercados objetivos, que requiere tiempo, recursos y conocimientos de un nuevo y desconocido entorno.

Habrá que optimizar las cadenas logísticas: el comercio electrónico, la utilización de zonas francas o depósitos aduaneros. Así como mantener competitividad mejorando el valor añadido, donde el cliente final puede estar dispuesto a pagar más por un plus de calidad o exclusividad.

Otro problema para estas empresas es que, si los aranceles elevan el precio de los productos importados, sus consumidores habituales pueden reducir su gasto total para el resto de productos. Esto entraña la necesidad de reducir márgenes para poder continuar con la actividad, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y la estabilidad de los sectores donde se encuadran. Con un añadido preocupante: la incertidumbre, que paraliza las inversiones y puede desembocar en un stand by en estas empresas, tan nocivo para la actividad.

Las pymes se ven afectadas por perdidas de rentabilidad, enfrentándose a la cancelación de pedidos por parte de los distribuidores, viendo aumentar sus costes logísticos y con incertidumbre tanto jurídica como financiera. También encuentran dificultades para hacer previsiones en un contexto internacional tan confuso e incierto y para la necesaria planificación adecuada a medio y largo plazo. Y todo ello daña no solamente a las ventas exteriores, sino al empleo, a la innovación y a la capacidad de competir en mercados globales.

Ante esta debilidad manifiesta de un colectivo tan numeroso, no caben otras opciones que ganar en resiliencia ante retos tan inesperados, asumiendo la necesidad de diversificar geográficamente proveedores para obtener sus insumos de países no afectados por los aranceles, a la vez que se trata de ganar nuevos mercados que estén libres de estas nuevas barreras de entrada, como la propia UE, América Latina, Asia Oriental o África. Se intenta conservar a los clientes tradicionales, mejorando el valor añadido y la diferenciación, a la vez que se persigue contener costes de producción para aumentar el margen de cara a mitigar esos mayores incrementos arancelarios. Es el momento de aprovechar al máximo el comercio electrónico y los nuevos canales de ventas y las alianzas con las grandes empresas para acceder a recursos y conocimientos difíciles de forma aislada.

Es necesario, en el caso de estas empresas de forma más obligada, utilizar los programas públicos tanto estatales como regionales de apoyo a la exportación, contar con líneas de financiación blanda y de seguros específicos para la salida al exterior de sus productos en mercados más desconocidos. De hecho, El Plan ICEX de Alto Impacto en Competitividad presentado a primeros de junio, que el Ejecutivo ha diseñado en sintonía con las comunidades autónomas, ya contiene medidas especiales para las pymes.

Esperamos que entrañen sesgo positivo las negociaciones iniciadas por Europa con la administración Trump. Si no prosperasen de forma favorable deberían implementarse medidas desde la UE para apoyar a las pymes.

El Notariado: un servicio esencial en momentos de crisis

EN ESTE PAÍS

EL NOTARIADO: UN SERVICIO ESENCIAL EN MOMENTOS DE CRISIS

Los notarios prestan un servicio esencial, como ya se puso de manifiesto durante la pandemia por el coronavirus, cuando permanecieron abiertas todas las notarías. Por las oficinas notariales pasan a diario miles de personas para la elevación a público de acuerdos, contratos o actos de gran importancia para sus vidas. Esta realidad volvió a ser evidente durante y tras el reciente apagón eléctrico. Los notarios y los profesionales de sus despachos y de su Centro Tecnológico continuaron trabajando el 28 y el 29 de abril gracias a que fue posible mantener activos los servicios centrales de la corporación y retomar la normalidad en la mayoría de las notarías nada más recuperarse el suministro. Como ejemplo de lo ocurrido esos días hemos entrevistado a una notaria y a un profesional del Centro Tecnológico del Notariado.
REDACCIÓN
Carmen Boulet, notaria de Madrid

“Incluso pudimos enviar copias electrónicas autorizadas de las escrituras públicas a otros compañeros a través de nuestro Centro Tecnológico”

Carmen Boulet.

El pasado 28 de abril, ¿estaba en la notaría cuando se produjo el apagón?

Si estaba en la notaría, y precisamente estaba terminando de redactar una escritura, con lo cual lo percibí al instante.

¿Pudo seguir atendiendo a los clientes? ¿Cómo se organizaron?

Sí, pude seguir atendiendo a la mayoría de los clientes, ya que procuro tener impresas las escrituras antes de que estos lleguen. Autoricé varias declaraciones de herederos, poderes, compraventas sin financiación bancaria, permisos de viaje, etc.

 


“SOLO EN ALGUNOS CASOS, LOS BANCOS, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A LOS REGISTROS, NO QUISIERON FIRMAR”


 

Solo en algunos casos, los bancos, ante la imposibilidad de acceder a los registros, no quisieron firmar y lo tuvimos que posponer, dado que no recibíamos las notas registrales actualizadas. Los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles estuvieron cerrados tanto el 28 como el 29 de abril, incluso a pesar de que la ley dice que en caso de problemas tecnológicos se puede enviar la información por fax; todo lo relacionado con los registros fue bastante caótico.

Tengo entendido que nada más volver la luz les fue posible trabajar con normalidad dado que los sistemas centrales del Notariado estuvieron prestando servicio en todo momento. ¿Es así?

Sí, así fue. Los servicios funcionaron incluso antes de abrir la notaría. Yo llego muy temprano. A las 8.15 horas ya estaba en el despacho y solo quedaban pendientes algunos detalles de ámbito local que quedaron resueltos rápidamente tras una llamada.

Incluso pudimos enviar copias electrónicas autorizadas de las escrituras públicas a otros compañeros a través de nuestro Centro Tecnológico.

Ustedes custodian actualmente los protocolos notariales tanto en versión papel como digital. ¿Fue útil seguir disponiendo de los protocolos en papel?

Claro que fue útil tener el protocolo en papel, pues es el soporte que nunca falla. Cualquier consulta que hubiera que hacer de protocolos anteriores se pudo seguir haciendo, lo que facilitó nuestro trabajo en esos momentos. Creo que es fundamental e imprescindible tenerlo, no solo por los posibles apagones, sino porque es el soporte más seguro e inalterable que hay con el paso del tiempo.

¿Cree que el Centro Tecnológico estuvo a la altura de las circunstancias?

Sí. Creo que el Centro Tecnológico estuvo funcionando a la altura de las circunstancias, incluso más que a la altura de las circunstancias. Y desde luego, si comparamos con otros organismos similares, la respuesta ha sido más que buena. Aunque también tengo que resaltar la labor de la presidenta del Consejo General del Notariado, que nos ha tenido bien informados en todo momento.

Me han comentado que el 28 incluso se desplazó fuera de la notaría para prestar un servicio. ¿En qué consistió?

Sí. Tenía que ir a un hospital a atender a una persona que estaba grave, para firmar unos documentos; fui al hospital y pudimos fírmarlos.

David Sánchez, director de Explotación y Sistemas del CTNotariado

“En los dos Centros de Proceso de Datos del Consejo General del Notariado se garantizó la continuidad de suministro eléctrico”

David Sánchez

¿Cuáles fueron las prioridades de actuación del Centro Tecnológico del Notariado ante el apagón?

Hubo dos líneas de trabajo que se activaron en cuanto se tuvo conocimiento de que el apagón tenía alcance en toda la península. Por un lado, garantizar la puesta en marcha de los sistemas de continuidad en el Centro de Proceso de Datos (CPD), y por otro, el soporte a las notarías que sufrieron problemas derivados del apagón.

¿Cómo aseguraron que los servicios centrales de la corporación notarial siguieran funcionando durante el apagón?

En los dos Centros de Proceso de Datos del Consejo General del Notariado se garantizó la continuidad de suministro eléctrico mediante dos mecanismos. En primer lugar, gracias a los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida, que, apoyados en baterías, regularon y mantuvieron los niveles de tensión eléctrica para los servidores que ejecutan los servicios utilizados por la corporación notarial. En segundo lugar, activamos los generadores eléctricos que, alimentados por motores diesel, suministraron la energía que las compañías eléctricas no pudieron proporcionar debido al apagón.

 


“LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS DESDE LOS CENTROS DE PROCESO DE DATOS DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO FUE DEL 100%”


 

¿Qué papel desempeñó el equipo de Sistemas durante esa jornada crítica?

El equipo de sistemas desempeñó un papel clave gracias a su labor de prevención, basada en revisiones y pruebas periódicas, que garantizó la efectividad de los planes de contingencia. Durante el apagón, se ajustó la configuración de los CPD para reducir el consumo eléctrico sin interrumpir el servicio, y se gestionó con varios proveedores la obtención de suministros adicionales ante la posibilidad de que la situación se prolongara.

El trabajo se organizó en dos grupos: uno de cinco personas, encargado de verificar el estado de los equipos técnicos instalados en las casi 3.000 notarías conforme se restablecía el suministro, y de prestar soporte ante posibles incidencias; y otro de cuatro personas, centrado en asegurar el funcionamiento continuo de los CPD. La jornada del día 28 concluyó pasada la una de la madrugada, y el día 29 se reanudó a las 5:30 de la mañana para revisar el estado de las notarías y facilitar su operatividad desde primera hora.

Gracias a estas medidas, ¿qué grado de operatividad tuvieron las notarías al día siguiente del apagón?

La disponibilidad de los servicios proporcionados desde los Centros de Proceso de Datos del Consejo General del Notariado fue del 100%. Las incidencias detectadas se debieron a problemas en sistemas de terceros organismos con los que mantenemos integraciones.

El día 29 se registró un volumen inicial de unas 230 notarías con incidencias relacionadas con problemas en la red de comunicaciones y con el apagado abrupto de sistemas informáticos. A mediodía, el número había descendido hasta aproximadamente 110, finalizando la jornada con tan sólo 35 notarías pendientes de resolución.

En contraste con otras organizaciones a las cuales el apagón afectó de forma importante, el trabajo preventivo y constante que realiza el Centro Tecnológico del Notariado permitió asegurar las prestaciones tecnológicas para que las notarías pudieran tener la tranquilidad de dedicarse a prestar su servicio a los ciudadanos con garantías.