Entrevista a Francisco David Hurtado, subdirector de la Academia de Oposiciones del Colegio Notarial de Madrid

EN ESTE PAÍS

Francisco David Hurtado es subdirector de la Academia de Oposiciones del Colegio Notarial de Madrid. Precisamente en esta sede, cerca de mil licenciados en Derecho iniciaron en septiembre los diferentes ejercicios que integran los exámenes para el título de notario. En esta entrevista, el preparador nos explica los pormenores de esta prueba.

JOSÉ M. CARRASCOSA

FRANCISCO DAVID HURTADO,

subdirector de la Academia de Oposiciones del Colegio Notarial de Madrid

“El sistema de oposiciones es riguroso, objetivo y exigente, lo que garantiza la calidad de los elegidos”

¿Qué le movió a convertirse en preparador de opositores?

En un primer momento, me animó a iniciarme en la preparación de los ejercicios orales, un compañero, Jorge Sáez-Santurtún, y en la del dictamen me dio la alternativa, casi por accidente, Pablo de la Esperanza, que había sido mi preparador. Y lo hice en cumplimiento de una obligación natural: devolver -aunque fuera parcialmente- la labor altruista desplegada por mis preparadores y compartir con los opositores los conocimientos y la experiencia adquirida en el proceso de preparación, para ayudarles a superar con éxito el reto que supone la oposición.

Con el tiempo he comprobado que, en la preparación, también hay un componente egoísta, porque para el preparador el contacto con los opositores supone un enriquecimiento humano impagable; una toma de tierra que permite desconectar de la vorágine del día a día del despacho de la notaría y, por otro lado, porque fuerza a mantenerse en permanente estado de alarma ante las novedades legislativas, jurisprudenciales y doctrinales.

 ¿Cuál es el primer consejo que daría a un joven licenciado en Derecho que quiere presentarse a la oposición?

Siento ser poco original en la respuesta. Los mejores consejos al opositor que comienza los dio hace setenta años el maestro González Palomino con gran agudeza y siguen completamente vigentes. Quizá en una fase previa recomendaría a los recién licenciados que acudan a alguna de las numerosas academias que existen en la geografía nacional para que les ayuden a comprender la exigencia de la oposición y enfocar su estudio. Y trasladarles la información, sin duda, relevante a la hora de tomar la decisión de opositar, que en los próximos años se convocarán un considerable y extraordinario número de plazas para cubrir la próxima jubilación de un gran número de notarios.

 


“AL MARGEN DEL APOYO TÉCNICO, Y TAMBIÉN
EMOCIONAL, QUE BRINDA EL PREPARADOR, EL PAPEL DE LA FAMILIA ES FUNDAMENTAL PARA AYUDAR AL OPOSITOR A MANEJAR EL ESTRÉS Y LA PRESIÓN DEL ESTUDIO”


 

Desde que usted ingresara en el Notariado en 2002 a la actualidad, ¿detecta cambios en la forma de preparar la oposición?

Sí, he notado cambios significativos tanto en la forma de estudiar como en la propia interacción del preparador/opositor. En primer lugar, el temario de estudio, que era artesanal y casi manuscrito, se ha sustituido por un repositorio de temas en soporte informático que facilitan la labor del opositor, su personalización y actualización. Antes, el acceso a las novedades legislativas se hacía por unas fotocopias de los textos legales que se facilitaban al opositor mensualmente; ahora a un golpe de clic, los opositores tienen acceso inmediato a una gran cantidad de materiales (legislación, jurisprudencia, temario de diversas fuentes) y herramientas online, como blogs jurídicos algunos de los cuales están directamente dirigidos al opositor, que suponen una ayuda inestimable a la hora de preparar los exámenes.

Por otro lado, de manera creciente (la pandemia, como en tantas cosas, supuso un punto de inflexión) la interacción preparador-opositor en la exposición de los temas se desarrolla por videoconferencia superando, en algunos casos, las dificultades y la pérdida de tiempo en desplazamientos que esta labor requería, aunque ambos procedimientos (videoconferencia y exposición personal) deben combinarse y en ningún caso abandonar totalmente la inmediatez física.

 


“EN LOS PRÓXIMOS AÑOS SE CONVOCARÁN
UN CONSIDERABLE Y EXTRAORDINARIO NÚMERO
DE PLAZAS PARA CUBRIR LA PRÓXIMA JUBILACIÓN DE NUMEROSOS NOTARIOS”


 

En los últimos exámenes, los resultados se publican ‘al minuto’ en la web y redes sociales. ¿Han cambiado las nuevas tecnologías la manera de afrontar este examen?

Absolutamente. Las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que los opositores se enfrentan al examen. Pero no tanto por la publicación al minuto de los resultados en la web y redes sociales, como por la posibilidad que tiene el tribunal de modular y ajustar el ritmo de las convocatorias, para que el opositor conozca con una antelación suficiente el día de su examen, evitando así lo que se conocía popularmente como “hacer pasillo”, es decir, la espera durante días en la puerta del tribunal aguardando su turno, que añadía un sufrimiento innecesario al opositor en el ya de por sí difícil trance de enfrentarse al ejercicio oral.

¿Considera que el sistema de oposiciones actual es idóneo o lo modificaría?

Creo que el sistema de oposiciones es riguroso, objetivo y exigente, lo que garantiza la calidad de los elegidos a la medida que requiere la prestación del servicio público notarial.

Sin embargo, puede ser mejorado en algunos aspectos nucleares. Estadísticamente, en la serie histórica de las últimas oposiciones que se vienen celebrando, el tiempo medio de preparación es de entre siete años y nueve años y durante el mismo el opositor ha tenido, no obstante, dos ventanas de oportunidad real de aprobar. Ante ello, uno de los remedios más eficaces es la convocatoria anual de las oposiciones a notarías, propuesta que se ha trasladado a la Administración y que no requeriría ningún cambio reglamentario. También se ha abogado por la unificación de los dos ejercicios orales, solución que, sin duda presenta ventajas, aunque quizá no goza de mucho predicamento entre los propios opositores, según he podido testar. Lo que sin duda es necesario es un aggiornamento del programa de la oposición, prescindiendo de contenidos periclitados que se arrastran por reminiscencias históricas y profundizando en materias más relacionadas con la práctica notarial actual, tales como nuevas tecnologías y blanqueo de capitales, y la asunción de nuevas funciones, como las de jurisdicción voluntaria y mediación y conciliación. El objetivo de la reforma debe ser, manteniendo las características ya apuntadas del sistema de selección, que conduzca a la excelencia de los opositores aprobados; agilizarlo y acomodarlo a la nueva realidad social para atraer a los estudiantes más brillantes y prometedores.

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha las becas Seré, para ayudar a opositores de distintos cuerpos (Judicatura, Fiscalía, Abogacía del Estado, Letrados de la Administración de Justicia…) ¿cree que sería oportuno extender este tipo de ayuda a los opositores a notario?

A día de hoy, la práctica totalidad de las academias de preparación de notarías que dependen de los colegios notariales, o no cobran nada por sus servicios o cobran una cuota meramente simbólica. En esa línea, desde este septiembre, la Academia Matritense ha dejado de cobrar la cuota a los opositores, que se destinaba al mantenimiento de las necesidades ordinarias de academia, coste que se ha asumido íntegramente y con generosidad por el Colegio Notarial de Madrid. Ello, no obsta a que, en aras de dar eficaz cumplimiento al principio de igualdad de oportunidades, se habilite una política de beca completa, que permita a los opositores que reúnan las cualidades para ello dedicar íntegramente su tiempo a la preparación de la oposición, que debería residenciarse en el Consejo General del Notariado para evitar desigualdades por territorios.

 


“ES NECESARIO UN ‘AGGIORNAMENTO’ DEL PROGRAMA DE LA OPOSICIÓN, PRESCINDIENDO DE CONTENIDOS PERICLITADOS QUE SE ARRASTRAN POR REMINISCENCIAS HISTÓRICAS”


 

Una vez superada la oposición, los nuevos notarios reciben una formación práctica para poder iniciar su labor. ¿Cuáles son las principales barreras con las que se pueden encontrar en los primeros días de su función?

El Notariado no cuenta con una escuela de práctica notarial para los opositores aprobados a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, para jueces y fiscales. Ello provoca que, a pesar de los esfuerzos del CGN y de los Colegios por organizar jornadas de carácter práctico, los nuevos notarios desconozcan muchos de aspectos relacionados con la faceta “empresarial” del notario en cuanto a que debe organizar los recursos materiales y humanos del despacho notarial, con cuestiones como las tecnológicas, las fiscales, o las laborales, todas de creciente complejidad y que son casi totalmente ajenas al programa de la oposición.

Los notarios en ejercicio pueden optar a presentarse a las denominadas ‘oposiciones restringidas’ para mejorar escalafón. ¿Cómo es esa prueba, menos conocido que la oposición libre?

Las oposiciones restringidas son un mecanismo de promoción interna del Notariado que, para el opositor supone profundizar en el estudio del Derecho Privado, con el premio de una mejora en el escalafón para los concursos de traslado. Repite el esquema de la oposición libre, pero se invierte el orden de los exámenes. El primero, es un dictamen práctico, y el ejercicio oral, sobre un programa específico para cada oposición, es posterior. No obstante, el sistema actual presenta síntomas de agotamiento por diversas circunstancias. Cada vez son menos los opositores firmantes, e incluso algunos de los premiados han dejado de utilizar el premio obtenido, que caduca, tras una sacrificada labor de meses de estudio y preparación. Por tanto, hay que repensar la oposición, que forma parte del acervo de la corporación notarial y que ha contribuido, indudablemente, al prestigio científico de la misma, tanto en lo que se refiere al sistema mismo de la oposición como del premio.

 


“LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LAS ACADEMIAS QUE DEPENDEN DE LOS COLEGIOS NOTARIALES, O NO COBRAN NADA POR SUS SERVICIOS O COBRAN UNA CUOTA MERAMENTE SIMBÓLICA”


 

Dictamen, ejercicio oral y escrito, redacción de una escritura pública, distintas ramas del Derecho (hipotecario, procesal…). Desde su experiencia, ¿cuál es la parte más compleja de superar para los opositores?

Depende del opositor. Los ejercicios orales comportan un ingente esfuerzo memorístico y el dictamen o caso práctico supone demostrar que, además de aprenderse los temas, se han asimilado y se sabe aplicar el Derecho Positivo a un problema concreto cuya resolución es menos importante que el razonamiento jurídico coherente y de altura. Pero, en mi experiencia, el mal llamado caso práctico (porque paradójicamente exige un vastísimo conocimiento teórico) es el más complejo para la generalidad de opositores.

Como decía mi querido maestro Alfonso Ventoso, si hay 348 (los que hay actualmente) temas en el programa del ejercicio oral, nunca te puede tocar el tema 349, pero, en el dictamen los problemas a los que se enfrenta el opositor siempre en un aspecto u otro, son novedosos o inesperados. El ejercicio oral requiere un gran esfuerzo memorístico, pero es más previsible. El dictamen demuestra que el opositor es un jurista práctico que es la esencia de nuestra función.

Además de los conocimientos jurídicos mercantiles y civiles, la preparación de una oposición de este tipo requiere de un equilibrio físico y mental adecuado. ¿De qué manera pueden los futuros notarios afrontar en óptimas condiciones un esfuerzo que requiere una dedicación media de ocho horas diarias de estudio, durante doce meses seguidos?

Sí, de ocho a diez horas diarias, doce meses seguidos y entre siete y nueve años. La tarea es titánica. La oposición es, por tanto, una carrera de largo aliento, una maratón y el opositor debe, en la medida de lo posible, integrar la oposición en su vida, con un horario de estudio razonable, constante y sin alardes innecesarios. Debe tomar descansos regulares, hacer ejercicio físico y mantener las aficiones compatibles con el estudio para descansar la mente. Al margen del apoyo técnico, y también emocional, que brinda el preparador, el papel de la familia es fundamental para ayudar al opositor a manejar el estrés y la presión del estudio. En ocasiones, se hace preciso un apoyo más específico y la Academia de Madrid, y me consta que otras, ha activado un programa de entrenamiento mental para opositores a notarias, que volverá a realizarse, financiado y promovido desde la Fundación Notariado.

Plan Notarial de Emergencias frente a catástrofes

EN ESTE PAÍS

Plan Notarial de Emergencias frente a catástrofes

De izda. a dcha.: Luis Enrique Mayorga, Francisco José Gan, Concepción Pilar Barrio, Juan Carlos Valderrama, la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, y José Carmelo Llopis.

REDACCIÓN
El pasado 27 de octubre el Colegio Notarial de Valencia y el Consejo General del Notariado presentaron el Plan Notarial de Emergencias frente a catástrofes. Lo hicieron en la semana en la que se cumplía el primer aniversario por la Dana, que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024.

Ante las recientes catástrofes naturales sufridas en España, como la Dana, o la erupción del volcán de la isla de La Palma, el Notariado español pudo ayudar de una manera ágil y útil a la población afectada. De estas actuaciones surge la idea de elaborar un Plan Notarial Nacional de Emergencias como instrumento esencial para coordinar a los notarios de toda España, al Consejo General del Notariado, a los Colegios Notariales y al Centro Tecnológico del Notariado, y poder ayudar de forma ágil a la sociedad en momentos críticos. Así lo explicaron en la inauguración la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo y el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis.

 


JUAN CARLOS VALDERRAMA: “DESTACARÍA LA PUESTA MARCHA EN CUESTIÓN DE HORAS DE UN SERVICIO NOTARIAL GRATUITO DE ATENCIÓN A LOS DAMNIFICADOS”


 

Tal y como indicó Concepción Pilar Barrio Del Olmo, “al igual que la sociedad civil, el Notariado reaccionó de manera unitaria ante la catástrofe de la Dana, ayudando a los damnificados, como lo hizo tras la erupción del volcán de La Palma. Muchas veces esa ayuda consistió en escuchar a los vecinos afectados con empatía en las notarías, que pudieron mantenerse abiertas, lo que sirvió como medio para iniciar la reconstrucción material”. “La junta directiva del Colegio Notarial de Valencia tomó decisiones de urgencia en auxilio de los damnificados para garantizar el asesoramiento notarial gratuito, la búsqueda y expedición de copias de las escrituras desaparecidas y la autorización de actas notariales para probar los daños “, añadió la presidenta del CGN.

Atención personal y online

Concepción Pilar Barrio Del Olmo resaltó el papel de las nuevas tecnologías, que jugaron un papel muy importante en la ayuda prestada, ya que “el hecho de disponer de un protocolo electrónico permitió en la Dana evitar que desaparecieran muchos documentos públicos notariales; y de igual manera, la plataforma telemática creada por el Notariado rápidamente tras la tragedia, sirvió para que personas y empresas pudieran remitir de manera online las fotografías de los daños sufridos en inmuebles y vehículos y solicitar, sin necesidad de desplazarse, las actas notariales necesarias”.

 


CONCEPCIÓN PILAR BARRIO: “DISPONER DE UN PROTOCOLO ELECTRÓNICO PERMITIÓ EN LA DANA EVITAR QUE DESAPARECIERAN MUCHOS DOCUMENTOS PÚBLICOS NOTARIALES”


 

Por su parte, en la inauguración, el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis, recordó la tragedia que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, de la que “aprendimos todos una valiosa lección que es la de estar siempre listos, respondiendo con mayor celeridad y con más eficiencia cuando la sociedad más lo necesita ante momentos difíciles”. Para el decano del Colegio Notarial de Valencia, un año después de la actuación notarial que se hizo en la Dana, “debemos extraer lecciones comunes que poder compartir con todos por medio de un plan de actuación que permita lo más rápidamente posible poder ayudar a los ciudadanos, en coordinación con las administraciones nacionales y autonómicas y con las entidades locales que sobre el terreno son las que saben lo que se necesita en cada emergencia”. 

 


JOSÉ CARMELO LLOPIS: “DEBEMOS ESTAR SIEMPRE LISTOS, RESPONDIENDO CON MAYOR CELERIDAD Y CON MÁS EFICIENCIA CUANDO LA SOCIEDAD MÁS LO NECESITA ANTE MOMENTOS DIFÍCILES”


 

El inicio de la jornada contó también con la participación del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, que ensalzó el trabajo del Notariado frente a la Dana, subrayando “la puesta marcha en cuestión de horas de un servicio notarial gratuito de atención a los damnificados, habilitando además una plataforma telemática para documentar los daños en viviendas, negocios y vehículos, que gracias a esa labor muchas familias pudieron acreditar sus propiedades, recibir ayudas y, en definitiva, comenzar a reconstruir sus vidas con seguridad jurídica, que no es un concepto abstracto, sino una forma concreta de protección social”.

 


LUIS ENRIQUE MAYORGA: “DESDE QUE SE ROMPE LA PRIMERA PRESA, O SE INUNDA LA PRIMERA NAVE, LOS NOTARIOS TENEMOS QUE ESTAR AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS”


 

La jornada sirvió para constituir formalmente la Comisión Notarial de Emergencias del Consejo General del Notariado. Su presidente y decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Enrique Mayorga, presentó el Plan Notarial de Emergencias, creado para que “ante situaciones de emergencia difíciles, de temor e incertidumbre, desde el Notariado poder paliar, en la medida de lo posible, los perjuicios jurídicos de los efectos en una situación de emergencia”. Para Mayorga, este plan servirá para que las pautas de conducta de los notarios de toda España sean extraordinarias ante catástrofes “con el objetivo de dar seguridad jurídica, preservar la verdad y la justicia y proteger al ciudadano cuando más lo necesita”. Para el presidente de la Comisión Notarial de Emergencias, “desde que se rompe la primera presa, o se inunda la primera nave, los notarios tenemos que estar al servicio de los ciudadanos”.

 


JOSÉ SORIANO: “DESDE EL DEPARTAMENTO DE TURNO DE OFICIO SE CREÓ UN SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA”


 

Testimonios notariales

La ayuda prestada a los afectados por la Dana por el Colegio Notarial de Valencia y el Centro Tecnológico del Notariado se analizó en una mesa redonda con la participación, entre otros, del director de Desarrollo del Centro Tecnológico del Notariado, Marcos Varela, que explicó la puesta en marcha de la plataforma telemática del Notariado, que facilitó en pocos días la tramitación de las actas solicitadas por los afectados por la Dana, que les permitieron acreditar los daños de sus inmuebles, empresas y vehículos.

 


MIRYAM LACALLE: “COMO VECINA PARA MÍ LA DANA NO ES PASADO, SIGUE SIENDO PRESENTE, TODAVÍA QUEDA MUCHO POR HACER”


 

Destaca la intervención de la notaria de Requena y censora 3ª de la junta directiva del Colegio Notarial de Valencia, Miryam Lacalle, que explicó su experiencia en la Dana desde una triple vertiente: como vecina afectada, como notaria de un pueblo afectado por la catástrofe y como miembro de la junta directiva del Colegio Notarial de Valencia. “Como vecina para mí la Dana no es pasado, sigue siendo presente, todavía queda mucho por hacer, y recuerdo los primeros días con mucha angustia, ya que, ante la falta de cobertura, comunicaciones, comida y agua, o electricidad, debía no solo ayudar en las necesidades vitales que fueron las primeras, sino también como notaria, escuchando en primera línea sus demandas y traducirlas a términos jurídicos para tenderles una mano”, aseguró.

 


BEGOÑA MOLLÁ: “HICIMOS UNA RED DE SOLIDARIDAD PARA CUBRIR A COMPAÑEROS PROCURADORES QUE LO HABÍAN PERDIDO TODO PARA QUE SUS CLIENTES NO TUVIERAN NINGÚN PROBLEMA”


 

El notario jubilado del Servicio de Atención a los Afectados por la Dana, Salvador Alborch, narró lo duros, pero a la vez gratificantes, que fueron los primeros días de la atención del servicio notarial que iba más allá del mero asesoramiento, con los vecinos afectados por la catástrofe pidiendo ayuda para acreditar los daños en sus propiedades o solicitando copias de escrituras perdidas por la inundación. Como ejemplo, trasladó a los asistentes un caso que le impactó por la tragedia vivida por una mujer que había perdido a su padre de 80 años, que vivía solo, y no pudo acceder a una primera planta y falleció sin testamento. Esta mujer acudió al Colegio Notarial de Valencia para saber las ayudas a las que tenía derecho y los pasos a seguir para obtener la declaración de herederos. Tras explicarle y guiarle en el proceso “ella me pidió si podía darme un beso como muestra de agradecimiento, lo que me resultó muy emotivo en el momento de la situación de dolor en la que dicha persona se hallaba”.

 


SEBASTIÁN CUCALA: “TUVIMOS COMPAÑEROS QUE PERDIERON SUS DESPACHOS Y VIVIENDAS PORQUE TENÍAN QUE SEGUIR ATENDIENDO A SUS CLIENTES”


 

Colaboración profesional

Otros colectivos profesionales también participaron en la jornada, donde relataron la ayuda prestada durante la catástrofe y los meses posteriores a la Dana, tanto a los vecinos y empresas afectadas, como a sus colegiados. Los participantes fueron el decano del Colegio de Abogados de Valencia, José Soriano; la decana del Colegio de Procuradores Valencia, Begoña Mollá; y el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, Sebastián Cucala. 

 


SALVADOR ALBORCH NARRÓ LO DUROS, PERO A LA VEZ GRATIFICANTES, QUE FUERON LOS PRIMEROS DÍAS DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL


 

José Soriano explicó que, en el momento de la catástrofe de la Dana, “desde el departamento de turno de oficio se creó un servicio de orientación jurídica. Se habilitó, gracias a Telefónica, un servicio que podía atender 500 llamadas en una misma línea, que se desviaban a 500 letrados para la atención de los afectados”. Por su parte, Begoña Mollá señaló que “los abogados y los procuradores no queríamos bajo ningún concepto paralizar la justicia porque queríamos continuar defendiendo al ciudadano y a las empresas. Entonces hicimos una red de solidaridad para cubrir a compañeros procuradores que lo habían perdido todo para que sus clientes no tuvieran ningún problema. Si de algo nos ha servido la Dana es para darnos cuenta de que debemos tener protocolos de actuación, en casos de emergencia, para todos los operadores jurídicos”. Finalmente, Sebastián Cucala comentó que, como en el resto de colectivos “tuvimos compañeros que perdieron sus despachos y viviendas porque tenían que seguir atendiendo a sus clientes y poderes dotar en el menor tiempo posible la restitución de los servicios básicos en esos edificios”.

De izda. a dcha.: Concepción Pilar Barrio, Francisco José Gan, José Carmelo Llopis y Luis Enrique Mayorga.
Francisco José Gan.
Confianza y seguridad jurídica

El acto de presentación del Plan Notarial de Emergencias, celebrado en el Colegio Notarial de Valencia, contó con la conferencia de clausura impartida por el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan, que trasladó a los asistentes que el plan del Notariado “asegura la prestación del servicio notarial en circunstancias extremas, garantiza la viabilidad de las notarías y la atención a los ciudadanos”.  Para cerrar su intervención Gan trasladó el siguiente mensaje: “Cuando pienso en la labor de los notarios pienso en la confianza y en la seguridad jurídica, que permiten proteger a las personas con su esfuerzo y trabajo para que no se pierdan ante una catástrofe”.

Vocación de servicio público

Si algo caracteriza al Notariado es la vocación de servicio público y la de ayuda a los ciudadanos y las empresas. “Desgraciadamente en los últimos años hemos sufrido algunas catástrofes naturales como la del volcán de La Palma o la de la Dana, en Valencia, en las que el Notariado estuvo muy activamente implicado en ayudar a los ciudadanos y a las empresas, dependiendo de la situación en la que se desarrolló cada una de las emergencias”, señala el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis en este video resumen del acto.

Francisco Cantos.
Los “tiempos” de las catástrofes
La intervención del notario Francisco Cantos sirvió para acercar a los presentes, como exdecano del Colegio Notarial de Valencia, las acciones del Notariado llevadas a cabo durante la tragedia del volcán de La Palma, en el incendio del edificio de Campanar y tras los efectos de la Dana. “Las catástrofes tienen un antes que se mueve en el plano de la previsión, un durante de supervivencia y un después que es donde el Notariado debe actuar para ayudar a los ciudadanos”, enfatizó un discurso donde también habló como notario archivero del distrito de Valencia del esfuerzo que en la actualidad se sigue realizando para la reconstrucción de los tomos notariales afectados por las inundaciones.
De izda. a dcha.: Salvador Alborch, Francisco Cantos, Marcos Varela y Miryam Lacalle.
De izda. a dcha.: Begoña Mollá, José Carmelo Llopis, José Soriano, Sebastián Cucala y Francisco José Gan.

Escudo anti-OPAS extranjeras

ENTRE MAGNITUDES
La Comisión Europea ha animado a los Estados miembros a reforzar sus mecanismos de control de inversiones.

Escudo anti-OPAS extranjeras

La llegada del COVID-19 no sólo supuso una crisis sanitaria sin precedentes, sino también el hundimiento de la economía mundial. Para proteger al debilitado tejido productivo, en España se decidió poner en marcha en 2020 un mecanismo específico para controlar la compra de empresas estratégicas por inversores extranjeros. Una normativa excepcional que, lejos de desaparecer, se está consolidando como uno de los pilares de la política económica. El desafío consiste ahora en mantener un adecuado control sin perder el atractivo inversor foráneo.

FERNANDO GEIJO

Todo indica que el denominado escudo anti-OPAS no será algo pasajero. Este mecanismo de supervisión de las inversiones extranjeras en empresas españolas pertenecientes a sectores considerados como sensibles se instituyó tras la pandemia de 2020.

El mencionado dispositivo, en principio extraordinario, aunque habitual en el mundo y sobre todo entre otros países de la Unión Europa (UE), nació de forma puntual como un blindaje protector con fecha de caducidad, operativo sólo hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, el tiempo parece haber demostrado su utilidad y, a finales del año pasado, el Consejo de Ministros lo prorrogó por dos ejercicios más, hasta 2026.

 


EL ESCUDO ANTI-OPAS ES UN MECANISMO DE SUPERVISIÓN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN EMPRESAS ESPAÑOLAS PERTENECIENTES A SECTORES CONSIDERADOS COMO SENSIBLES


 

Control amplio y compartido

La Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX), donde se dirimen las operaciones que requieren supervisión en el marco de lo contemplado en el Real Decreto-ley 34/2020 que lo regula, es un órgano interministerial colegiado en el que, además del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, participan otros departamentos relevantes como es el caso de Defensa e incluso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Una palanca defensiva que acumula un amplio historial de activaciones cifrado en un total de 338 operaciones desde su puesta de largo y que, sólo en 2024, batió todos los récords al analizar nada menos que 147 operaciones de compra, un 50% más que en el ejercicio anterior. El balance final del año fue positivo al registrar un saldo de 96 aprobaciones, 42 casos archivados, 8 aprobaciones condicionadas y un único veto: el obtenido por el grupo semipúblico húngaro Ganz-Mavag por el fabricante de trenes Talgo, alegando cuestiones de seguridad nacional.

El pasado ejercicio, el foco estuvo puesto especialmente en sectores como telecomunicaciones y transporte aéreo, con dos operaciones de alto perfil: la participación de Turkish Airlines en el capital de Air Europa, recientemente firmada por la aerolínea y a la espera aún de obtener las correspondientes aprobaciones regulatorias y de competencia. Ambas fueron autorizadas, con distintos matices, tras un largo proceso de negociación con el Ejecutivo. El mensaje fue claro: España no renuncia a recibir inversión directa desde el exterior, pero con condiciones.

Otros casos relevantes fueron la exitosa OPA presentada por el fondo galo Antin sobre Opdenergy; la autorización de la lanzada por la italiana Esseco sobre el grupo químico Ercros (a la que desistió después por las condiciones solicitadas por la CNMC); el intento de adquisición del 29,9% de Prisa por Vivendi (que finalmente se tuvo que conformar con un porcentaje menor), y las frustradas compras tanto de la farmacéutica Grifols por el fondo canadiense Brookfield o de Naturgy por la emiratí Taqa, respectivamente. Mención especial merecen la entrada indirecta de BlackRock en Naturgy o la adquisición de Vodafone España por parte de Zegona.

Sectores bajo la lupa

Entre los activos objeto de supervisión no sólo se contemplan aquellos más obvios, como los integrados en el sector de la defensa (incluyendo la tecnología de uso dual), la energía, las infraestructuras críticas o las telecomunicaciones, por citar algunos, sino que amplía su espectro de actuación hacia otros que van desde la banca hasta la sanidad, sin olvidar los medios de comunicación ni las empresas alimentarias, entre otros.

Por tanto, cualquier inversor de fuera de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE) que pretenda comprar una empresa integrada en alguno de esos rubros debe pedir permiso previo al Gobierno. En el caso de compañías registradas en cualquier otro Estado comunitario, siempre que no sean filiales de empresas extracomunitarias, sólo necesitarían autorización previa en los casos en que adquieran un porcentaje superior al 10% de una cotizada española o que pretendan invertir más de 500 millones de euros en un grupo no listado en el parqué.

España ha sido históricamente uno de los destinos preferidos para el capital internacional en Europa. En 2023, por ejemplo, recibió más de 23.000 millones de euros en inversión extranjera directa (IED) neta, una vez descontadas las desinversiones, mientras que en 2024 estas descendieron hasta los 16.762 millones de euros, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio.

En este sentido, los analistas señalan que el endurecimiento de los controles podría desviar proyectos hacia países vecinos. No en vano, el inversor internacional siempre busca seguridad jurídica y, si percibiese trabas excesivas, podría decantarse por otras opciones. Pese a ello, la inversión bruta en nuestro país se mantiene estable: 30.960 millones de euros en 2023 frente a 30.818 millones el pasado año, lo que demostraría que la certidumbre regulatoria también es un atractivo.

 


LA JUNTA DE INVERSIONES EXTERIORES (JINVEX) ES DONDE SE DIRIMEN LAS OPERACIONES QUE REQUIEREN SUPERVISIÓN


 

Delicada proporción

El efecto disuasorio que conlleva este tipo de blindaje entre los inversores internacionales puede suponer que, en múltiples ocasiones, estos se lo piensen dos veces antes de lanzar una oferta.

Prueba de este temor es que, de las 147 operaciones que llegaron a la JINVEX en 2024, nada menos que casi un tercio de las mismas, un total de 42, fueron archivadas al comprobarse que no afectaban a activos estratégicos y, por consiguiente, no necesitaban de autorización. Es decir, los inversores prefirieron curarse en salud y presentar, de todos modos, la solicitud de autorización a pesar de que se trataba de adquisiciones poco sensibles.

En plena era de la digitalización y la transición energética, el número de operaciones sujetas al escudo anti-OPAS probablemente seguirá en aumento. Además, la Comisión Europea ha animado a los Estados miembros a reforzar sus mecanismos de control de inversiones para prevenir riesgos geopolíticos. Una tarea compleja en un mundo donde el capital no entiende de fronteras.

La pregunta que queda en el aire es si nuestro país logrará mantener la proporción adecuada entre un razonable blindaje estratégico interno y el necesario atractivo inversor exterior. Un equilibrio del que, en buena medida, depende nuestra posición en el exigente y competitivo escaparate financiero europeo.

Paso a paso

Las gestiones en el procedimiento para obtener autorización de compra de empresas estratégicas por inversores extranjeros implican:

  1. Verificar si la operación está sujeta a control.
  2. Reunir información y documentos.
  3. Registrarse en el portal de la JINVEX.
  4. Presentar solicitud y obtener número de expediente.
  5. Atender requerimientos de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
  6. Esperar la decisión del Consejo de Ministros que, normalmente: autoriza con o sin condiciones o deniega la operación.
  7. Recibir por vía electrónica la notificación de la JINVEX.
  8. Ejecutar la inversión. Si se realiza sin la autorización (cuando fuese obligatoria) se considera infracción grave, con posibles sanciones económicas y nulidad del acto.

El plazo legal máximo de todo el proceso abarca 6 meses, aunque en la práctica y salvo casos complejos, muchas operaciones se resuelven entre 2 y 4 meses, con una media de 72 días. Como recomendación, muchas empresas presentan una prenotificación voluntaria para que el Ministerio confirme si es necesario pedir autorización formal.

Auge regulatorio
  • 2020-2021: fase inicial con un número limitado de casos vinculados a sectores críticos durante la pandemia.
  • 2022: el aumento de tensiones geopolíticas y la guerra en Ucrania ampliaron el alcance del control, con más de 70 operaciones revisadas.
  • 2023: consolidación del mecanismo, con un repunte de intervenciones en el sector energético, coincidiendo con la crisis de precios del gas y la electricidad.
  • 2024: récord absoluto, con 94 operaciones bajo lupa, muchas relacionadas con la transición digital y la movilidad aérea.
Energía, telecomunicaciones y defensa concentran la mayoría de las 338 operaciones revisadas por la JINVEX desde 2020.
Ojo al dato

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. Boletín Oficial del Estado (BOE), 19 de noviembre de 2020.

Boletín de Flujos de Inversiones Extranjeras Directas (IED) en España, 2024. Secretaría de Estado de Comercio. Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.

Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión.

El discreto encanto de la acción de oro”, por Carlos Sánchez

ENTRE MAGNITUDES
CARLOS SÁNCHEZ,

director adjunto de El Confidencial

“Nada menos que 41 países han aprobado algún mecanismo de control de las inversiones, de los cuales 26 son europeos”

El discreto encanto de la acción de oro

Manda la geopolítica, y es, en este contexto, en el que hay que situar un fenómeno impensable no hace demasiado tiempo. Los gobiernos, también el español, se han dotado de nuevos instrumentos jurídicos para evitar la entrada de capital extranjero en empresas consideradas estratégicas por razones de interés general.

No es, desde luego, un fenómeno nuevo. Margaret Thatcher utilizó en los años 80 un instrumento similar —en aquellos años se llamaba acción de oro— para evitar la entrada de capital foráneo en las empresas privatizadas. Otros gobiernos siguieron la estela de la premier británico, y fue entonces cuando la propia Unión Europea tuvo que poner un cierto orden para permitir los derechos de veto siempre que fueran coherentes con el interés general.

Algo, sin embargo, ha cambiado en los últimos años. En particular, desde la pandemia, que rescató viejos hábitos. La nueva tendencia se ha acelerado, hasta el punto de que nada menos que 41 países han aprobado algún mecanismo de control de las inversiones, de los cuales 26 son europeos. En 2010, apenas seis países habían aprobado alguna legislación.

Incluso Irlanda, un territorio poco hostil a la inversión extranjera, ya que ha encontrado su razón de ser en el capital foráneo y el comercio internacional, cuenta desde primeros de este año con un instrumento de control.

En el caso español, estará vigente, en principio, y tras una prórroga de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2026. El objetivo es mantener la protección de sectores estratégicos y de interés nacional que afecten a la seguridad, la salud y el orden público.

¿Qué es lo que ha cambiado para explicar este giro de guion impensable hasta hace poco? Obviamente, las incertidumbres geopolíticas y la consolidación de un nuevo orden internacional en el que ya no prima la eficiencia, sino la seguridad. Si hasta el primer mandato de Trump seguía avanzando la globalización, hoy los Estados tienden a protegerse de la amenaza exterior, aunque sea económicamente menos eficiente. Algo que explica que las medidas de control ya no se apliquen sólo a sectores considerados estratégicos, sino que el abanico se ha ampliado a actividades como la industria farmacéutica, el automóvil, los semiconductores y en general la industria electrónica o los metales o minerales críticos.

Como no podía ser de otra manera, y ante el aumento de las incertidumbres, el resultado es que la inversión extranjera directa mundial cayó un 11% en 2024, lo que significa que es el segundo año consecutivo de descensos, algo que confirma, en palabras de la UNCTAD, la profundización de la desaceleración de los flujos de capital productivo.

Incluso la UE ha tenido que ceder. Aunque la libertad de movimientos de capitales sigue siendo un pilar básico de su funcionamiento, el Reglamento Europeo de Control de Inversiones de 2019 amparó las políticas restrictivas que los gobiernos han desplegado. Hay un problema, y no es pequeño. La UE, y sobre todo los gobiernos, saben que están obligados a garantizar un equilibrio entre el control de las inversiones y la entrada de capital de terceros países. De lo contrario, Europa corre el riesgo de perder atractivo como destino de las inversiones extranjeras. Es decir, puede provocar un frenazo en los flujos de inversión exterior. Ese es el margen estrecho en el que se mueven las legislaciones. Sí, pero no; no, pero sí.

No es poca cosa lo que se juega España, que en 2024 fue el decimotercer país en el mundo en captación de inversión extranjera. Y si se analizan los proyectos greenfield, es decir aquellos que suponen una inversión desde cero, completamente nueva, sería el quinto país del planeta.

La legislación, conscientemente, hace descansar en un organismo técnico, la Junta de Inversiones Exteriores, la concesión de las autorizaciones, y hay que decir que hasta el momento los vetos han sido mínimos. De las 136 solicitudes presentadas el año pasado, 42 fueron archivadas por no afectar a un sector crítico, mientras que el 85% de las 94 restantes (el 90%) fueron autorizadas sin condiciones al no haberse encontrado riesgo significativos. En ocho casos se concedió la autorización con la aplicación de alguna restricción y sólo en un caso se denegó la solicitud de autorización debido a la existencia de riesgos no resolubles.

¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que el principio de libertad de movimiento de capitales ha sido matizado, aunque todavía de forma muy modesta. O corregido, como se prefiera, por un bien que hoy, no antes, se considera superior: la seguridad. O expresado de otra manera: manda la geopolítica, que no es otra cosa que una corrección de la globalización en favor de nuevos bloques.

¿Cuál es el problema? Las incertidumbres que genera la aplicación de las distintas regulaciones que, necesariamente, incorporan un cierto subjetivismo político en su aplicación práctica.  Conceptos como ‘razón de Estado’ siempre son vaporosos y en ocasiones, incluso, escapan del control jurisdiccional. Incluso la valoración sobre el impacto de la inversión extranjera en determinados sectores o empresas se mueve en el terreno del “riesgo potencial”, como proclama el real decreto aprobado en 2023.

A ello hay que añadir que la propia legislación europea da un margen —en ocasiones elevado— a los gobiernos para actuar. Es decir, tanto los requisitos como los umbrales para presentar una notificación de inversión dependen en última instancia de cada Estado. Y aquí, una vez más, hay que tener en cuenta la correlación de fuerzas entre los Estados y la propia Comisión Europea.

Los datos notariales: base para el análisis de la vivienda

EN ESTE PAÍS

Martínez Lacambra presentó el informe La vivienda en España 2007‐2024.

LOS DATOS NOTARIALES: BASE PARA EL ANÁLISIS DE LA VIVIENDA

ALEJANDRO MOYA BLAY

La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos españoles: en tan solo tres años ha escalado del puesto 31 al primero en el ranking que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas. Un problema de gran calado social que el Notariado ha analizado en profundidad mediante el informe La vivienda en España 2007-2024. Una aproximación desde el Índice Único Notarial, que examina la evolución del sector inmobiliario prestando especial atención a los precios, el mercado hipotecario, el esfuerzo económico de las familias, el acceso de los jóvenes y el papel de los compradores extranjeros.

EVOLUCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ESPAÑA (1991–2023)

FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO-MITMA Y MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA, WWW.EPDATA.ES

En el marco del curso Vivienda: del diagnóstico a la acción. Propuestas de solución para un problema apremiante, celebrado por Fundación Notariado el pasado mes de julio, el director general del Centro Tecnológico del Notariado (CTNotariado), Alberto Martínez Lacambra, realizó la presentación este informe, que emplea los datos extraídos de las escrituras públicas para evaluar la situación actual y plantear algunas reflexiones que permitan adoptar medidas para facilitar el acceso a la vivienda, corregir los desequilibrios del mercado y relajar las tensiones en los territorios más afectados.

 


SEGÚN LOS DATOS DEL ÍNDICE ÚNICO NOTARIAL EL PRECIO POR METRO CUADRADO PASÓ DE 2.077 EUROS EN 2007 A 1.992 EUROS EN 2024: UN 4% MENOS


 

Tomando como referencia los datos de viviendas plurifamiliares, Lacambra apuntó que “según los datos notariales el precio por metro cuadrado pasó de 2.077 euros en 2007 a 1.992 euros en 2024: un 4% menos”. Y precisó que “de 2007 a 2013 vivimos un periodo de fuerte recesión, con una caída del 37% en los precios. Desde 2014 hasta la actualidad los precios han aumentado un 61%, superando por primera vez en 2025 -en términos nominales- el precio por metro cuadrado del año 2007”.

¿Una nueva burbuja inmobiliaria?
Aún con estas cifras, algunas voces apuntan a los primeros síntomas de una nueva burbuja inmobiliaria. Al respecto, Lacambra señaló que “las burbujas se caracterizan porque el sistema crediticio desborda” -en palabras de Kindleberger-. Un buen termómetro para identificar qué situación enfrentamos es, por tanto, observar el nivel de deuda de las familias: “Según los datos que tenemos de las hipotecas, en el año 2010 la deuda de las familias equivalía a un 85% del PIB. Hoy equivale a un 43%, una reducción importantísima”, apuntó.

No dejan de ser buenas noticias: mirando al mercado hipotecario, es pronto para hablar de una nueva burbuja inmobiliaria, aunque debemos observar de cerca la evolución del sector: “En 2025 ya estamos detectando un incremento del 10 % en el precio de la vivienda, mientras que el PIB a precio de mercado está aumentando un 5%. Por tanto: cuidado”, matizó el ponente. “La mala noticia -añadió- es que hay personas que no tienen vivienda, lo cual es un verdadero problema”.

En este contexto, los síntomas apuntan a una fuerte presión de la demanda que “no responde a un posicionamiento especulativo como en el boom inmobiliario, sino a la necesidad de acceso a la vivienda. El problema radica en una oferta insuficiente que genera un déficit de unas 200.000 viviendas anuales”.

 


ENTRE 1990 Y 2000, EN ESPAÑA SE CONSTRUYERON 75.000 VIVIENDAS PROTEGIDAS AL AÑO. EN LA ACTUALIDAD APENAS SE LLEGA A LAS 12.000


 

Recuperar las cotas de construcción
Según Lacambra resulta urgente estimular la oferta de vivienda privada y de vivienda pública, también en régimen de alquiler, y recuperar las cotas de años atrás: “A finales de los 90, en España se terminaban 300.000 viviendas anuales. En 2006 fueron 658.000 viviendas y la crisis nos llevó a cotas de 44.000. Hoy, estamos cerca de las 80 o 90 mil viviendas terminadas al año”, subrayó. Cifras insuficientes para cubrir la alta demanda.

Lo mismo sucede con la vivienda protegida: “En los años 90 y primera década del 2000, en España se construyeron 1,5 millones de viviendas protegidas, a razón de 75.000 viviendas al año”, explicó Lacambra. En la actualidad apenas se llega a las 12.000 viviendas anuales: “Recuperar el impulso de la vivienda protegida permitiría ofrecer un canal más asequible de incorporación al mercado. Por ello, es necesario movilizar tanto suelo público como privado”.

En esta línea, Lacambra planteó la posibilidad de revisar las cargas fiscales y aliviar el IVA soportado por los promotores en la construcción, con el objetivo de facilitar la viabilidad financiera de las operaciones. “Hay que activar decididamente el desarrollo de vivienda protegida en régimen de alquiler sobre suelo público y, para ello, se necesita un marco regulatorio propio, estable y adaptado a esta realidad”, defendió.

 


LOS JÓVENES HAN QUEDADO PRÁCTICAMENTE
EXCLUIDOS DEL MERCADO: SOLO UNO DE CADA DIEZ COMPRADORES TIENE HOY MENOS DE 30 AÑOS, FRENTE A UNO DE CADA CUATRO EN 2007


 

FUENTE: INE Y AUTOR DEL ESTUDIO

Un balón de oxígeno para los jóvenes
En su opinión, la vivienda protegida, como palanca social, puede ser fundamental, especialmente para los jóvenes, que han quedado prácticamente excluidos del mercado: “Solo uno de cada diez compradores tiene hoy menos de 30 años, frente a uno de cada cuatro en 2007. No se debe solo al cambio demográfico, sino a la dificultad para disponer del ahorro suficiente para hacer efectiva la entrada”, explicó.

Para facilitar su acceso a la vivienda, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Ministerio de Vivienda han activado líneas de avales para menores de 35 años y familias con menores. “Estas medidas de financiación, con las que se puede llegar a cubrir el 100% del valor de la vivienda, me parecen absolutamente razonables y necesarias”, valoró Lacambra. “A lo mejor también hay que plantear medidas de carácter fiscal para dar facilidades a los jóvenes, como fraccionar el pago del ITP y que pudiera realizarse en un periodo de 15 años. Además, en zonas muy tensionadas también habría que plantear bonificaciones del IRPF para aliviar las dificultades de acceso”, puntualizó.

El transporte público: una vía de solución
Y es que el optimismo ‘va por barrios’. La situación empeora -o mejora- en función de la provincia, la ciudad o incluso el distrito en el que pretendamos adquirir una vivienda. “Si tomamos como ejemplo la ciudad de Barcelona, en 2024, el precio del metro cuadrado alcanzaba los 4.142 euros. En cambio, a 30 km de la ciudad -por ejemplo, en Mataró-, bajaba prácticamente un 50% el valor de la vivienda. Y a 60 km se reducía dos tercios”, expuso el representante del Notariado.

Ergo, ‘habemus’ una alternativa. “La solución pasa por el transporte público”, afirmó Alberto Martínez Lacambra. “Invirtamos en transporte público, mejoremos la conectividad en las áreas metropolitanas, garanticemos que el desplazamiento no supere los 45 minutos y, automáticamente, vamos a disponer de suelo mucho más barato”, añadió, e hizo hincapié en la necesidad de que las administraciones públicas agilicen las licencias y avancen en el planeamiento urbanístico.

Zonas tensionadas y presión extranjera
No obstante, hay zonas muy tensionadas donde factores adicionales como el alquiler vacacional y el peso de los compradores extranjeros hacen aún más compleja la ecuación. “El aumento de los compradores extranjeros es una de las transformaciones más notables que está viviendo el mercado en España. En 2007 representaban un 7,5% del total; en 2024, un 20,9%. Hoy, en territorios como Alicante, Baleares o Málaga superan el 40%”, detalló el ponente.

En estas zonas, la creciente incursión en el mercado de extranjeros no residentes ha añadido presión al sector. “A diferencia de los residentes, estos compradores tienden a destinar el inmueble al uso vacacional, la inversión o la revalorización a medio plazo”, concretó. Un fenómeno que se manifiesta de forma especialmente crítica en las islas y el arco mediterráneo: “En estas zonas hay que hacer algo en términos tributarios, como establecer un gravamen adicional o introducir tramos específicos en el IRPF para compradores no residentes”, concluyó.

Datos precisos y fiables: el Índice Único Notarial

“Sin datos fiables, actuales y detallados las soluciones a los retos que afronta el mercado de la vivienda pueden ser ineficaces. Hoy, en España, no existe una fuente de datos más precisa para analizar el mercado inmobiliario que el Índice Único Informatizado Notarial”, aseguró el director general del Centro Tecnológico del Notariado en su intervención.

Con más de 25.000 millones de datos procedentes de las escrituras públicas, este índice es “una herramienta esencial para formular propuestas realistas orientadas al desarrollo de políticas públicas; una base de datos única por su granularidad, alcance y actualización”, aseveró, que permite desagregar los datos por provincias, municipios o nacionalidades, aportando una visión extremadamente precisa del mercado.

Seguridad jurídica para el mercado del alquiler

En relación al mercado del alquiler, Martínez Lacambra abogó por la intervención de los notarios en los contratos de arrendamiento: “Tendría mucha utilidad, primero, para el dato, ya que sabríamos qué está ocurriendo en España. Ahora mismo no sabemos dónde hay datos fiables del alquiler. Y en segundo lugar permitiría acabar con la figura del ‘inquiokupa’”.

El director general del CTNotariado sostuvo que la formalización en escritura pública de estos contratos “aumentaría la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos y permitiría llevar a cabo un mayor control de legalidad”.

Entrevista a Fernando de Aragón, director general del Catastro, y Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano

EN ESTE PAÍS

Desde su ingreso en 1985 hasta alcanzar el cargo de director general en 2016, Fernando de Aragón ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el Catastro Inmobiliario del Ministerio de Hacienda. De igual manera, a Jesús Puebla le avalan más de 35 años en la institución para ejercer hoy como subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano. En el marco del curso Vivienda: del diagnóstico a la acción. Propuesta de solución para un problema apremiante, organizado por la Fundación Notariado en San Sebastián, hablamos con ambos sobre la transformación que ha vivido la entidad, la importancia de la colaboración con instituciones como el Notariado y el valor de la información catastral para la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario.

El valor de la información catastral

Fernando de Aragón, director general del Catastro, y Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano

ALEJANDRO MOYA BLAY

 

Arriba, Fernando de Aragón; abajo, Jesús Puebla.

¿Cómo ha cambiado el Catastro de lo que era en los años 80 a lo que es hoy en día?

[Fernando de Aragón] La evolución que ha tenido el Catastro en los últimos 40 años ha sido enorme. Una parte ha sido común al resto de Administraciones y propiciada por el desarrollo de la tecnología y los sistemas de gestión. Pero otra parte se ha originado por la valiosa información que hemos logrado incorporar. Hemos pasado de ofrecer un sujeto pasivo y una base imponible del IBI a proporcionar un valor con múltiples finalidades, tanto tributarias como extratributarias, a ser un pilar indiscutible de la seguridad jurídica del mercado inmobiliario y a vincularnos de manera decidida con el territorio rural.

Hemos pasado de basar nuestro sistema de mantenimiento en obligaciones tributarias de los ciudadanos a alcanzar un modelo colaborativo y de actualización inmediata que se nutre de la información que nos suministran otras Administraciones e instituciones públicas. De ser una organización con información poco accesible a ofrecer toda nuestra información en abierto y ser una de las bases de datos más consultadas del país.

¿Sobre qué líneas estratégicas trabaja actualmente la institución?

[Fernando de Aragón] Actualmente está en vigor nuestro Plan Estratégico 2024–2026. En él se describen las principales líneas de actuación de la organización, entre las que destacaría afianzar el valor de referencia como auténtico referente del valor de los bienes inmuebles a efectos fiscales; consolidar la actualización inmediata de los datos catastrales a través de fórmulas de colaboración con otras Administraciones e instituciones públicas y sin cargas para la ciudadanía; y que la cartografía catastral sea la representación gráfica única de los inmuebles para generar una mayor seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.

También, el incremento de la información y los servicios que ofrece el Catastro al territorio rural, la consolidación de una atención a la ciudadanía ejemplar y el fomento de una estrategia de proyección institucional que permita al Catastro posicionarse y mantenerse en el lugar que le corresponde.

 


FERNANDO DE ARAGÓN: “HEMOS PASADO DE SER UNA ORGANIZACIÓN CON INFORMACIÓN POCO ACCESIBLE A OFRECERLA EN ABIERTO Y SER UNA DE LAS BASES DE DATOS MÁS CONSULTADAS DEL PAÍS”


 

¿Y en el ámbito de la tecnología? ¿Cómo se han adaptado a las nuevas exigencias digitales?

[Jesús Puebla] La tecnología ocupa un papel fundamental para conseguir desarrollar todas las líneas estratégicas descritas anteriormente. El Catastro, como inventario de los bienes inmuebles del territorio, es una gran base de datos, que no se podría manejar sin un sistema de información adecuado. La tecnología es imprescindible para la gestión de esa base de datos y para las entradas y salidas de información: declaraciones, colaboración con otras instituciones, emisión de certificaciones, etc.

Ya en los años noventa del siglo pasado se estableció un sistema de intercambio y suministro de información con notarios y registradores, y con ayuntamientos con convenio. Ese sistema evolucionó en los primeros años del presente siglo a servicios web y culminó con la creación de la Oficina Virtual del Catastro (OVC), una web absolutamente pionera, en 2003. Ofrecer toda la información catastral a través de nuestra Sede Electrónica del Catastro ha sido clave para el conocimiento de nuestra organización.

Por otra parte, el Catastro realizó una apuesta temprana por la digitalización de sus bases de datos, especialmente la base cartográfica, lo que ha permitido que la cartografía catastral sea la base gráfica de los inmuebles en España.

En cuanto a la adaptación al nuevo escenario tecnológico, creo que la Dirección General del Catastro ha sido pionera en muchos ámbitos. La OVC requirió el desarrollo y aplicación de herramientas como la firma electrónica, el sello electrónico o las actuaciones administrativas automatizadas, que a su vez permitieron la obtención por los usuarios de la certificación catastral descriptiva y gráfica, o la tramitación electrónica de expedientes y las notificaciones electrónicas.

¿Qué información ofrece el Catastro y cómo se emplea?

[Jesús Puebla] Actualmente, se obtienen cada año más de 18 millones de certificaciones catastrales, se realizan más de 240 millones de consultas a la Sede Electrónica Catastral y se atienden más de 1,5 millones de llamadas y citas de los ciudadanos.

El Catastro se utiliza en figuras tributarias de los tres niveles de organización españoles. Y desde el punto de vista extratributario, ya hemos destacado la vinculación que la información catastral tiene con la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario: baste mencionar que prácticamente la mitad de las certificaciones que he citado las obtienen los notarios en el ejercicio de sus funciones.

También es muy utilizada en temas de ayudas y subvenciones públicas, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Recientemente se ha podido comprobar esta utilidad en catástrofes naturales como la erupción del volcán de La Palma, los incendios forestales o la dana de la Comunidad Valenciana.

¿Cómo trabajan para mantener actualizado el gran volumen de información que manejan?

[Jesús Puebla] El secreto para mantener operativa y actualizada esta información es sin duda la colaboración. Tenemos suscritos casi 800 convenios de colaboración con diferentes entidades públicas y privadas. Estos mecanismos nos permiten gestionar los más de siete millones de alteraciones anuales de bienes inmuebles que se producen y ofrecer la información catastral con un excelente grado de actualización.

De izda. a dcha.: Jesús Puebla y Fernando de Aragón.

El Notariado es una de las entidades con las que el Catastro mantiene una estrecha relación.

[Fernando de Aragón] La colaboración entre el Notariado y el Catastro es estrecha y antigua. Son dos instituciones que se complementan de manera natural. Cada una de ellas genera y gestiona información fundamental para la otra y entre ambas se crean importantes sinergias que benefician -sobre todo- a la ciudadanía.

El Catastro posee información sustancial sobre el inmueble, lo describe con precisión y lo valora. Además, ofrece su configuración gráfica dentro de un parcelario catastral continuo y completo, donde aparecen perfectamente reflejadas las relaciones topológicas entre inmuebles colindantes. Esta información resulta esencial para los notarios en el ejercicio de sus funciones. Poder contar con esta descripción detallada, tanto a nivel gráfico como alfanumérico, genera un plus de seguridad jurídica en todas las operaciones por ellos autorizadas.

Por otra parte, los notarios intervienen en el origen de numerosos negocios que originan alteraciones catastrales. Poder comunicar directamente desde una notaría un cambio de dominio de un bien inmueble tiene un doble efecto muy positivo: para el ciudadano, pues se le exime de la obligación de declarar; y para el Catastro, pues obtiene la información desde el mismo nacimiento de la alteración catastral. Anualmente se tramitan más de un millón y medio de cambios de dominio por esta vía: el ciudadano otorga una escritura en una notaría y a los pocos días recibe una notificación del Catastro con la alteración realizada.

 


JESÚS PUEBLA: “LA INFORMACIÓN SOBRE
LOS PRECIOS Y VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSIGNADOS EN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE”


 

¿Ha evolucionado esta colaboración en los últimos años?

[Fernando de Aragón] Desde el año 2011, y sobre todo desde 2015, la colaboración se ha extendido a otro tipo de operaciones inmobiliarias como las agrupaciones, agregaciones, segregaciones y divisiones. Actualmente las notarías transmiten de manera sencilla información al Catastro sobre este tipo de alteraciones. Quiero destacar también la colaboración de los notarios en la corrección de errores en la delimitación de los inmuebles a través de los procedimientos de subsanaciones de discrepancias, que cada vez se tramitan en mayor número.

Pero esta colaboración tiene todavía recorrido. Los notarios aportan un elemento al tráfico jurídico de gran relevancia. Son los únicos que reciben personalmente, en todas las ocasiones, a los ciudadanos involucrados en un negocio inmobiliario. Tenemos que conseguir aprovechar ese momento para asegurar que en la escritura se describe la realidad física y que esta realidad se incorpora al Catastro. Esto, sin duda, será una gran aportación conjunta a la seguridad jurídico-inmobiliaria de nuestro país.

Finalmente, ¿cómo funcionan las comunicaciones entre los notarios y el Catastro?

[Jesús Puebla] Todos los notarios tienen acceso a la Sede Electrónica del Catastro. Pueden consultar los datos catastrales de una parcela o bien inmueble, pero sobre todo pueden obtener una Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica que contiene los datos esenciales, desde su ubicación y delimitación cartográfica, a su valoración, pasando por la titularidad y otros datos jurídicos, físicos y económicos.

Por otro lado, los notarios han ido ofreciendo cada vez más información a Catastro. Conviene destacar dos conjuntos de datos especialmente relevantes: las comunicaciones notariales de los cambios de titularidad y la información sobre los precios y valoración de bienes inmuebles consignados en las escrituras públicas, absolutamente imprescindible en el cálculo y aplicación del valor de referencia.

HUELLA DIGITAL

La Dirección General del Catastro cuenta con un portal institucional (catastro.hacienda.gob.es) dentro de la web del Ministerio de Hacienda. Asimismo, la Sede Electrónica del Catastro contiene una amplia información de interés para instituciones, profesionales y ciudadanos, que se puede consultar en: sedecatastro.gob.es.

Más allá del desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda

ENTRE MAGNITUDES
De izda. a dcha.: Enrique Vinagrero, Xavier Vilajoana, José Ramón Fernández Torres y Valentina Montero.

MÁS ALLÁ DEL DESEQUILIBRIO ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE VIVIENDA

El mercado de la vivienda afronta una compleja situación acentuada por la escasez de oferta y una elevada demanda: faltan casas y los núcleos de convivencia crecen a un ritmo mayor que la edificación de obra nueva. Como posibilidades de actuación, los expertos abogan por acelerar la transformación del sector inmobiliario hacia la “construcción industrializada” e implementar nuevas herramientas financieras, regulatorias y formativas.
ALEJANDRO MOYA BLAY

Así lo expresaron los profesionales que participaron en el panel de debate dedicado a analizar el desequilibrio entre oferta y demanda en el curso Vivienda: del diagnóstico a la acción. Propuestas de solución para un problema apremiante, organizado por Fundación Notariado el pasado mes de julio en San Sebastián.

“El problema no es solo de oferta. Falta suelo desarrollado, hay escasez de mano de obra especializada y los instrumentos financieros tradicionales no se adaptan a los nuevos modelos constructivos», expuso el arquitecto Enrique Vinagrero en su intervención. Para el director adjunto de ST Consultores Inmobiliarios, el sector adolece de amplias demoras para la consecución de suelo finalista, la “materia prima de la industria de la construcción”. “Con la legislación que tenemos se nos van entre 5 y 10 años en conseguir ese suelo desarrollado con el que trabajar”, denunció.

“En España, el plazo medio para disponer de suelo ya urbanizado y listo para construir es de 16 años”, apuntaba en este sentido Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España. “Llevamos algunos años con desregulaciones que permiten agilizar los procesos administrativos. La aparición de la declaración responsable en sustitución de la licencia o la eliminación de la obligatoriedad de arrancar una promoción con una licencia de obra, permitiendo que se haga con un expediente administrativo, han sido requerimientos también del sector promotor para tratar de recortar esos tiempos”.

Colaboración, legislación e inversión
Valentina Montero, vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco y moderadora de la mesa, también abogó por agilizar la generación de suelo finalista, así como por activar la colaboración público-privada, armonizar la actuación entre Administraciones y mejorar la financiación: “Solo mediante un Pacto de Estado por la Vivienda, con vocación de permanencia y seguridad jurídica, podremos garantizar el ejercicio real del derecho a la vivienda, proteger a todas las partes implicadas y avanzar hacia un modelo que refuerce el bienestar social”, señaló.

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo, Juan Ramón Fernández Torres, animó a repensar cómo queremos que sean las ciudades: “Venimos siendo tributarios de un modelo urbanístico que tiene más de 80 años y estamos en un atolladero. Debemos plantearnos que ese modelo se ha agotado e instaurar uno nuevo”. Y pidió a los organismos públicos “cumplir y hacer cumplir la legislación, en su espíritu y finalidad. Muchas veces la Administración no está dispuesta a atenerse a las leyes urbanísticas que ella misma ha aprobado, no respeta su propio planteamiento y deja a los promotores en callejones sin salida. Si se aplicaran las leyes en vigor, ya avanzaríamos mucho”.

De igual manera, Vilajoana, pidió una mayor flexibilidad en los modelos de cooperación para que nuestro urbanismo se adapte con mayor rapidez a las nuevas necesidades sociales: “La solución pasa por dejar trabajar a los profesionales del sector. Nosotros pensamos en el medio y largo plazo, mientras que los que regentan las Administraciones Públicas piensan tan solo a corto plazo. La vivienda tiene que ser una infraestructura social, como la sanidad o la educación, pero para eso hay que invertir. La realidad es que en sanidad se invierte aproximadamente el 20% del PIB, en educación el 12% y en vivienda no llegamos al 1,5%”.

Exigencias y mano de obra
Los principales actores del mercado inmobiliario también se topan con las altas exigencias y estándares de calidad impuestos por las normativas comunitarias: “Durante muchos años, cuando desarrollabas un proyecto, valorabas un coste de producción de unos 600 euros el metro cuadrado. En el último trimestre hemos alcanzado los 1.300 euros de coste promedio. La regulación, los estándares técnicos y de calidad que nos están imponiendo, junto a otras muchas cosas hace que la vivienda cueste lo que cuesta”, apuntó Vinagrero. En su opinión, a futuro, “no va a bajar el precio de la vivienda, pero no porque alguien se esté enriqueciendo, sino porque cada vez el nivel de exigencia es más alto. La calidad de la vivienda asequible está prácticamente en la misma línea que la vivienda libre. La pregunta es: ¿podemos permitirnos como sociedad estos altos estándares de calidad?”.

La falta de mano de obra es otro de los principales problemas del sector y las proyecciones no son alentadoras: “En los próximos 15 años el 40% de la mano de obra va a tener edad de jubilación. Ahora tenemos carencia, pero en el futuro va a ser todavía peor”, subrayó Xavier Vilajoana. Como solución a este problema plantearon dos vías de actuación. En primera instancia, fomentar la incorporación de los jóvenes al sector y “mejorar la formación dual en nuestro país”, añadía Vilajoana.

La industrialización del sector
Como segundo punto, incidieron en acelerar el proceso de fabricación de las viviendas y avanzar en la industrialización de la construcción. “Estamos ahora mismo en una fase muy incipiente de industrialización del sector, precisamente para cubrir la falta de capacidad que tiene. Es necesario que suframos ese proceso de transformación, igual que lo han sufrido otras industrias”, expuso Vinagrero.

Desde la Administración Pública se trabaja en esta línea a través del PERTE de Industrialización de la Vivienda, un plan dotado con 1.300 millones de euros de inversión, como señaló la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Llanos Castellanos, en la inauguración del curso. En relación a este plan estratégico del Gobierno, Vilajoana apuntó que “el objetivo del PERTE es que la construcción industrializada suponga el 10% de la producción en los próximos 5-10 años. No se puede plantear como la solución a todo cuando sólo abarcará un porcentaje de lo que vamos a construir, va a ser una solución complementaria”.

Finalmente, desde el punto de vista del Derecho, Fernández Torres matizó que este tipo de ‘viviendas industriales’ no tiene un régimen jurídico diferenciado y privilegiado, de manera que el acceso, instalación y uso sea más fácil que en los demás casos. “Mientras no se establezca un régimen que facilite la implantación de este tipo de viviendas, el ciudadano preferirá seguir el régimen tradicional”, planteó el catedrático.

Xavier Vilajoana (izda.) y José Ramón Fernández Torres (dcha.).
Enrique Vinagrero.
José Ramón Fernández Torres y Valentina Montero.

VALENTINA MONTERO:

“SOLO MEDIANTE UN PACTO DE ESTADO, CON VOCACIÓN DE PERMANENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, PODREMOS GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA”

ENRIQUE VINAGRERO:

“FALTA SUELO DESARROLLADO, HAY ESCASEZ DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS TRADICIONALES NO SE ADAPTAN”

XAVIER VILAJOANA:

“EN LOS PRÓXIMOS 15 AÑOS EL 40% DE LA MANO DE OBRA VA A TENER EDAD DE JUBILACIÓN. AHORA TENEMOS CARENCIA, PERO EN EL FUTURO SERÁ PEOR”

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ TORRES:

“DEBEMOS REPENSAR CÓMO QUEREMOS QUE SEAN LAS CIUDADES. SOMOS TRIBUTARIOS DE UN MODELO URBANÍSTICO DE MÁS DE 80 AÑOS”

Ojo al dato

´Plan Alto Impacto en Competitividad, 2025´. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

´Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, 2025´. Gobierno de España.

´Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial´. Boletín Oficial del Estado (BOE).

“Más oferta y menos regulación en vivienda”, por Xavier Vilajoana Eduardo

ENTRE MAGNITUDES
XAVIER VILAJOANA EDUARDO,

Presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña)

“Debemos volver a poner en marcha el engranaje de la producción para triplicar el actual ritmo de construcción”

Más oferta y menos regulación en vivienda

Tenemos un reto mayúsculo en materia de vivienda en España, y no es otro que el de incrementar la oferta, desarrollando políticas que la promuevan en vez de legislar solo desde el punto de vista de la demanda. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), se prevé la creación de 330.000 nuevos hogares anuales en los próximos cuatro años. Si tenemos en cuenta que los visados de obra de vivienda nueva alcanzaron cerca de 128.000 unidades a cierre de 2024 (según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana), el ritmo de construcción es claramente insuficiente. Según los cálculos realizados por APCEspaña y Colliers sobre el déficit de vivienda, de no incrementarse sustancialmente la producción en nuestro país, este podría situarse en casi tres millones de viviendas en 2039.

¿A qué se debe este bajo nivel de producción? Pues a la suma de varios factores: problemas en la gestión de suelo y de falta de suelo finalista; los altos costes de construcción; infrafinanciación; embriaguez legislativa -con la consecuente inseguridad jurídica-, falta de mano de obra cualificada y una escasa inversión pública en políticas de vivienda.

Es importante que tengamos clara la magnitud del desequilibrio existente entre oferta y demanda, que no se soluciona únicamente con la construcción de vivienda pública mediante la colaboración público-privada. La vivienda pública anunciada -que no construida- por las distintas Administraciones no llega al 1% de lo que realmente se necesita. Debemos volver a poner en marcha el engranaje de la producción para triplicar el actual ritmo de construcción de viviendas -de toda tipología-, y para ello es imprescindible atraer inversión y ganar en productividad. Desafortunadamente, las medidas que se están tomando en estos últimos años son diametralmente opuestas a la consecución de estos objetivos: se está ahuyentando a la inversión privada y no se están realizando los cambios normativos de calado en el urbanismo, tan necesarios para impulsar ese incremento de producción de vivienda, tanto libre como asequible y protegida.

Tal desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado de la vivienda también tiene un impacto directo en los precios, aumentando así el esfuerzo a realizar por parte de las familias para la compra o el alquiler. Como destacaba el Banco de España en su informe sobre el mercado del alquiler, somos el país donde los hogares que viven de alquiler soportan la mayor tasa de sobresfuerzo para el pago de la renta de toda la Unión Europea: casi el 40% de los inquilinos en España se encuentra en situación de sobreesfuerzo para pagar el alquiler, muy por encima del 20% de media de la zona euro o del 13,8% de Alemania. Y ya hemos visto que la producción de obra nueva actual, tanto en venta como en alquiler, es insuficiente para reducir este desequilibro.

El sector promotor constructor privado es el que tiene la maquinaria para poder llevar a cabo la tarea de construir las viviendas necesarias, ya que la estructura productiva de la
Administración por sí sola no podrá asumir este reto. Un hecho que requiere de un trabajo conjunto y de consenso entre sector público y sector privado, y desde la APCE reiteramos nuestra disposición a colaborar para alcanzar un objetivo común: mejorar el acceso a la vivienda en nuestro país y que los ciudadanos puedan elegir en qué régimen de tenencia quieren disfrutar de su hogar, ya sea siendo propietarios o bien arrendatarios.

Pero para ello, necesitamos voluntad política. Voluntad para alcanzar un Pacto de Estado en materia de vivienda, para aprobar la reforma de la Ley de Suelo que permita desencallar los numerosos planeamientos urbanísticos paralizados por defectos menores totalmente subsanables, y voluntad para regular de manera justa y eficiente. Cuando se legisla buscando únicamente un rédito electoral y sin verter recursos públicos ha quedado demostrado que es una dinámica que no funciona: sólo hay que ver los efectos que está teniendo la Ley Vivienda, o los escasos resultados de la medida del 30% de reserva de VPO para nueva construcción y gran rehabilitación en Barcelona, por poner solo un par de ejemplos. Si sólo se incide en aspectos referentes a la demanda, sin hacerlo también en la oferta; si no se garantiza la seguridad jurídica; si los trámites administrativos se eternizan; si no se agiliza la gestión urbanística de los planeamientos, etc., la situación continuará igual o empeorará.

Y otro factor clave para ampliar el parque de vivienda, especialmente de vivienda asequible: que toda política vaya acompañada de una dotación presupuestaria suficiente que garantice su viabilidad y que se mantenga en el futuro para poder dar respuesta a las necesidades de hogares de los próximos años. La construcción de viviendas es intensiva en capital y actualmente en España no disponemos de la financiación suficiente para asumir el reto que tenemos por delante, así que es imprescindible atraer la inversión privada, a la vez que promover más líneas de financiación pública para desarrollar vivienda asequible en alquiler y en venta.

Es hora de pasar de las palabras a los hechos, de pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Afortunadamente, los promotores constructores siempre estaremos aquí, y me siento orgulloso de poder representar a un sector que, a pesar de algunas críticas interesadas, sigue resistiendo, sigue trabajando, sigue evolucionando y sigue generando valor, mucho valor.

Entrevista a Juan Ramón Flames Omarrementaría, ceo de Bolsas y Mercados Españoles

EN ESTE PAÍS

JUAN RAMÓN FLAMES OMARREMENTARÍA

CEO DE BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

“Es vital contribuir a reforzar los mercados de capitales como pieza clave para el crecimiento económico y el bienestar social”

FERNANDO GEIJO
Licenciado en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y con una vasta trayectoria en los mercados internacionales de capitales y una amplia experiencia en el campo de la banca de inversión, Juan Flames es desde mediados de noviembre de 2024 el nuevo consejero delegado y responsable de Mercados de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Una doble función que le afianza como una de las indiscutibles voces de referencia en nuestro país a la hora de analizar el presente y futuro de la Bolsa en España.

Desde su nombramiento como consejero delegado, ¿cuáles han sido las prioridades estratégicas para BME y qué avances destacaría?

Mi absoluta prioridad es hacer crecer el negocio, en el marco del plan Scale Up 2027 del Grupo SIX -empresa suiza de infraestructura de mercado financiero-, que busca reforzar el crecimiento de los ingresos y mejorar los márgenes en los tres próximos años. Queremos estar cerca de nuestros clientes y ofrecerles los mejores servicios y esa es nuestra guía diaria.

También es vital contribuir a reforzar los mercados de capitales como pieza clave para el crecimiento económico y el bienestar social. Cuando lanzamos en enero del año pasado el libro blanco sobre el impulso de la competitividad de los mercados de capitales en España, que incluía 56 medidas concretas, dimos un paso adelante para impulsar este necesario debate junto al resto del sector. Tras ese informe llegaron otros, como los realizados por Draghi, Letta o el de la OCDE, y todos coinciden en lo esencial: el fortalecimiento de los mercados de capitales es imprescindible para reforzar la posición competitiva de Europa en el mundo y para financiar la transición hacia una economía sostenible.

Sin duda, otra de mis prioridades, en línea con lo anterior, es impulsar las salidas a Bolsa. La Bolsa es el mejor lugar para que las empresas accedan a financiación recurrente y obtengan visibilidad y reputación. Para ello hemos llevado a cabo distintas medidas como el refuerzo de nuestro Entorno Pre Mercado, que prepara a las compañías que quieren dar el salto a la Bolsa; la incesante llegada de nuevas empresas a los mercados de crecimiento de BME (BME Growth y BME Scaleup); nuestra reciente alianza con EsTech para atraer a los mercados de capitales a los unicornios del futuro y, la más reciente, el lanzamiento, fruto de un trabajo conjunto con la CNMV, de BME Easy Access, una nueva modalidad de salidas a Bolsa que aporta flexibilidad a las compañías y que ha sido muy bien recibida por el sector.

¿Cómo está afrontando BME los desafíos que plantea la creciente digitalización de los mercados financieros, especialmente frente al auge de plataformas alternativas y criptomonedas?

En primer lugar, creemos que la competencia es siempre positiva, porque nos hace mejores. Así que no es algo que nos preocupa, sino que nos ocupa.

Respecto a la digitalización, es uno de nuestros principios rectores. Nosotros pensamos que las infraestructuras de los mercados de capitales, y SIX es la tercera mayor de Europa, están en una posición excelente para liderar la transformación digital del sector. Si algo dejan claro empresas e inversores es que quieren que avancemos en materia de innovación y en la oferta de nuevos activos, pero siempre manteniendo la seguridad y confianza que ofrecemos los mercados. Y ese es nuestro objetivo, siempre atendiendo las necesidades de nuestros clientes.

Son numerosos los proyectos innovadores a través de los que canalizamos nuestro compromiso con la digitalización. Por poner sólo dos de los ejemplos más recientes, mencionaré nuestra inversión en OpenBrick, una plataforma digital pionera en España de valores inmobiliarios tokenizados, y nuestra participación en el programa de experimentación del Banco Central Europeo (BCE) para la liquidación de operaciones de pago utilizando tokens digitales, en la que reunimos a parte de la comunidad financiera española. Desde nuestra posición, nos gusta aglutinar los esfuerzos del sector y aunar fuerzas en el campo de la digitalización. Tenemos mucho que decir desde España.

 


“LA BOLSA ES EL MEJOR LUGAR PARA QUE LAS EMPRESAS ACCEDAN A FINANCIACIÓN RECURRENTE Y OBTENGAN VISIBILIDAD Y REPUTACIÓN”


 

En España está creciendo el interés por la inversión minorista. ¿Qué está haciendo BME para acercar el mercado de valores a los pequeños inversores?

Traer de vuelta a la Bolsa a los inversores minoristas es una de nuestras prioridades. Las familias llegaron a controlar a finales de 1998 el 35,1% de la Bolsa española, en pleno proceso de privatizaciones, y a cierre de 2023 ese porcentaje estaba en el 16,4%.

Evidentemente, debe existir una protección para los inversores minoristas, pero existe un consenso en el sector en relación con la existencia en los últimos años de una sobrerregulación que ha alejado a los minoristas de la Bolsa. En un momento, además, en el que se acerca a activos de mucho más riesgo y menos garantías.

En BME vemos con muy buenos ojos el proyecto de crear una cuenta de ahorro e inversión europea, al estilo de la cuenta sueca, que tiene una fiscalidad muy ventajosa. Es fundamental que los ahorradores pasen a ser inversores, y en ese objetivo la Bolsa debe situarse en el centro.

 


“EXISTE UN CONSENSO EN EL SECTOR EN RELACIÓN CON LA EXISTENCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE UNA SOBRERREGULACIÓN QUE HA ALEJADO A LOS MINORISTAS DE LA BOLSA”


 

En un contexto de incertidumbre económica global, ¿cuáles son los sectores en España que más potencial tienen desde la óptica del mercado de capitales?

No nos corresponde a nosotros como gestores de los mercados de capitales señalar a determinados sectores por encima de otros. Con carácter general, el tejido empresarial español es muy innovador. De hecho, contamos con compañías punteras y líderes mundiales en distintas áreas de actividad. Para nosotros es importante que la Bolsa sea el reflejo de la economía, en este caso, la española. Por eso es tan positiva, por ejemplo, la fuerte presencia de compañías con perfiles digitales e innovadores en los mercados de crecimiento de BME. Sin olvidar la llegada al mercado principal de empresas que abren nuevos sectores como es el caso de Puig, que debutó el año pasado, u otras de sectores bandera de la economía española como el turismo, representado por HBX, el gran estreno bursátil de lo que llevamos de año.

¿Qué papel juega BME en la promoción de la sostenibilidad y la inversión ESG (ambiental, social y de gobernanza)?

Es fundamental para nosotros y forma parte de nuestra estrategia. Tenemos un compromiso firme con la sostenibilidad desde nuestro doble rol, como gestores de los mercados de capitales y como compañía. Como empresa, trabajamos para reducir nuestro impacto en el medio ambiente, contribuir a la mejora de la sociedad y garantizar un entorno de trabajo igualitario. Estamos comprometidos con ello y entendemos que la sostenibilidad no es una moda, sino algo que forma parte de nuestra cultura corporativa.

Como gestores de los mercados de capitales, promovemos las finanzas sostenibles con medidas como la creación de índices de sostenibilidad como el IBEX ESG o el IBEX Gender Equality, además de acoger en nuestros mercados de renta fija emisiones sostenibles. Sólo el año pasado, en nuestros mercados y plataformas de renta fija se admitieron a negociación 65 emisiones de renta fija verdes, sociales y sostenibles por un importe total de 89.386 millones de euros, de los que casi 9.300 millones de euros correspondieron a emisores españoles. También aquí, los mercados de capitales están en una posición central.

Otro pilar de nuestro compromiso con la sostenibilidad es nuestra promoción de la educación financiera, que canalizamos a través de Instituto BME y de Braindex. Estamos convencidos de que una sociedad con una buena cultura financiera es una sociedad mejor preparada y que toma mejores decisiones de ahorro e inversión.

¿Considera que el actual marco regulatorio en España es favorable para atraer a más empresas a Bolsa? ¿Qué reformas serían necesarias?

Como defendemos en nuestro libro blanco sobre el impulso de la competitividad de los mercados de capitales en España, es importante que todos los actores implicados tomemos conciencia de la importancia estratégica de la Bolsa como un asunto de Estado. En este sentido, todas las medidas regulatorias o fiscales que incentiven la llegada de nuevas empresas a la Bolsa serán siempre bienvenidas. Fortalecer los mercados de capitales es algo que pasa, en gran medida, por hacer crecer el número de cotizadas, y ese es un empeño colectivo por el bien de todos.

En este campo, me gustaría destacar BME Easy Access, la nueva modalidad de salida a Bolsa, que hemos desarrollado junto a la CNMV y tras escuchar al conjunto del sector. En esencia, la principal novedad que aporta este nuevo procedimiento es que permitirá la admisión directa de las acciones en los mercados regulados sin la exigencia de obtener una distribución mínima, o free float, con carácter previo a la admisión. De esta forma se favorece la planificación de las empresas y se evita el riesgo de que circunstancias ajenas a la compañía frustren la operación.

 


“VEMOS CON MUY BUENOS OJOS EL PROYECTO DE CREAR UNA CUENTA DE AHORRO E INVERSIÓN EUROPEA”


 

¿Cómo imagina el futuro de BME en los próximos cinco años y qué legado le gustaría dejar como consejero delegado?

Creo que es importante volver a poner a los mercados financieros en el centro de la economía del país; que la Bolsa vuelva a estar de moda. Estoy muy contento con el equipo profesional de BME y con nuestra posición. Pienso que podemos seguir contribuyendo de manera decidida a reforzar la financiación empresarial, ofrecer alternativas a los inversores y, en conjunto, impulsar la economía. A cinco años vista quiero una Bolsa con más empresas cotizadas de todos los tamaños y sectores, con más presencia de inversores minoristas y pionera en la digitalización del sector.

En su amplia trayectoria profesional ha estado fuertemente vinculado al sector financiero. ¿Qué lecciones ha aprendido de esa experiencia y cómo las aplica en su rol como consejero delegado?

Creo que es enriquecedor haber pasado por distintas posiciones y áreas dentro del sector financiero, porque contribuye a tener una visión global. La gran constante a lo largo de mi trayectoria, que sin duda aplico también a mi labor como consejero delegado de BME y como responsable de Mercados Primarios de SIX, es mantener siempre el foco puesto en los clientes. Debemos escuchar y atender sus necesidades, estar siempre muy cerca de ellos. Es uno de los pilares de la estrategia del grupo SIX Scale Up 2027, con el que buscamos impulsar nuestra ambición comercial, reforzar el crecimiento de los ingresos y mejorar los márgenes.

 


“LOS NOTARIOS JUEGAN TAMBIÉN UN PAPEL PROTAGONISTA EN EL SISTEMA FINANCIERO EN SU CONJUNTO”


 

La intervención del notario proporciona seguridad jurídica y mejora la confianza del sistema financiero. ¿Podrían de algún otro modo contribuir los notarios a la estabilidad de estos mercados?

 Por supuesto. Los mercados de capitales son como una orquesta; no es un solista. Es decir, necesitamos al conjunto de la comunidad: empresas, inversores, despachos de abogados, asesores, bancos, gestoras de activos… Para que el mercado funcione bien es clave contar con todo tipo de instrumentos convenientemente afinados y, por supuesto, los notarios juegan también un papel protagonista en el sistema financiero en su conjunto.

HUELLA DIGITAL

JUAN Flames es un directivo con un perfil muy activo en Linkedin, la red social profesional por excelencia.

El equipo de la Dirección de Comunicación de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ofrece, además, en el portal de la institución información relevante sobre la actividad del consejero delegado, así como de su perfil profesional.

Presión fiscal sobre las ganancias de capital

EN ESTE PAÍS

PRESIÓN FISCAL SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL

Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo.

ELVIRA ARROYO
España está entre los países europeos que más gravan las ganancias de capital en los tramos más altos. Frente a quienes defienden que esta presión fiscal debería reforzarse para las personas que ganan más, se abre el debate de si una tributación muy elevada puede desincentivar la venta de activos o la inversión en un momento en el que la Unión Europea apuesta por financiar proyectos estratégicos con el ahorro de sus habitantes.

El dinero ganado con la venta de acciones, un fondo de inversión o una vivienda; los dividendos que reparten las empresas a sus accionistas; o los intereses que el banco paga por un depósito o una cuenta de ahorro, son ejemplos de ganancias de capital que tributan en el IRPF.

 


DESDE 2019, EL IMPUESTO MÁXIMO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL EN ESPAÑA HA SUBIDO 7 PUNTOS


 

En España, se aplica por estos conceptos un tipo impositivo progresivo, con diferentes porcentajes según la cantidad de renta obtenida. En los últimos años, el incremento ha sido significativo, sobre todo en los tramos más altos, pasando de un tipo máximo del 23% en 2019 al 30% vigente en 2025 para las ganancias de capital superiores a 300.000 euros. Según Tax Foundation Europe, España es el séptimo país europeo con el tipo impositivo más alto para las rentas de capital.

Novedades. La Ley 7/2024, de 20 de diciembre, introdujo modificaciones que afectan a la escala del ahorro desde el 1 de enero de 2025. Concretamente, se eleva del 28% al 30% el tipo del último tramo de la escala del ahorro (ganancias que exceden los 300.000 euros) para los contribuyentes que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que estén acogidos al régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español.

También, desde el 1 de enero de 2025, se ha modificado la escala que se aplica a la parte de la base liquidable del ahorro para determinar la cuota íntegra estatal, elevándose el tipo del último tramo del 14% al 15%.

Este tipo de medidas aumentan los impuestos para quienes más ganancias obtienen de su capital, algo que han reivindicado formaciones políticas como Sumar, que defiende equiparar la tributación de las rentas del capital con las del trabajo subiendo los tipos impositivos en las franjas más altas del IRPF.

 


EUROPA PRESENTA UN SISTEMA IMPOSITIVO MUY DIVERSO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL QUE VIENE DETERMINADO POR LA CONCEPCIÓN FISCAL DE CADA PAÍS


 

Otros países. La mayoría de los países desarrollados gravan las ganancias de capital, pero el tipo impositivo y las reglas exactas (porcentajes progresivos, la posibilidad de desgravación por tenencia prolongada o exenciones) dependen de la legislación local.

España está en un nivel relativamente alto de tributación sobre los beneficios obtenidos por la venta de activos o por la inversión del dinero, aunque está muy por debajo de Dinamarca, que aplica un tipo máximo del 42% o Noruega, con un 37,8%. En el lado opuesto, Rumanía aplica el tipo más bajo, del 1%, seguida de Moldavia con el 6% y Bulgaria con el 10%.

Además, Tax Foundation Europe destaca que varios países europeos, entre los que se encuentran Bélgica, República Checa, Suiza, Eslovenia o Luxemburgo, no gravan las ganancias de capital por la venta de acciones mantenidas a largo plazo.

Se trata, por tanto, de un sistema impositivo muy diverso determinado por la concepción fiscal de cada país. Queda claro que los beneficios obtenidos por la venta de un activo a un precio mayor que el precio de compra o los réditos que aportan el dinero ahorrado o invertido deben tributar, aunque el criterio para definir la carga impositiva no es uniforme.

Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo en detrimento de la inversión. Del mismo modo, si la venta de activos conlleva pagar muchos impuestos, la opción más cómoda es no vender.

En España las rentas del capital mobiliario mantienen una tendencia creciente, a pesar de que en el primer trimestre de 2025 se ha frenado el ritmo, tras registrar una subida del 8,3%. Este dato dista bastante de los ascensos de dos dígitos observados los últimos tres años (26,5% en 2022, 15,9% en 2023 y 45,3% en 2024), según señala la Agencia Tributaria.

 


LA UNIÓN EUROPEA NECESITA PARA 2030 ENTRE 750.000 Y 800.000 MILLONES DE EUROS ADICIONALES PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS


 

Proyectos europeos. Sin embargo, las autoridades europeas consideran que el ahorro puede ser una importante fuente de financiación para determinados proyectos. De hecho, en marzo de 2025 la Comisión Europea presentó la Unión de Ahorros e Inversiones (SIU, por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca generar oportunidades financieras para los ciudadanos de la UE, mejorando la capacidad para conectar el ahorro con inversiones productivas.

El objetivo es crear un ecosistema de financiación que beneficie la inversión en objetivos estratégicos de la UE, como el cambio climático, los avances tecnológicos y las nuevas dinámicas geopolíticas. Se calcula que para sacar adelante estos retos se necesitarán entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales al año para 2030, cifra que se ve aún más afectada por la ampliación de las necesidades de defensa. Gran parte de estas están relacionadas con las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las empresas innovadoras, que no pueden depender únicamente de la financiación bancaria. Mediante el desarrollo de mercados de capital integrados, SIU puede conectar eficazmente ahorro e inversión.

De este modo, habrá nuevas alternativas para los ahorradores que deseen potenciar su patrimonio y se fomentará el crecimiento de las empresas europeas.

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta específica para recabar información sobre los obstáculos que puede haber para la integración de los mercados de capitales en la UE. Al mismo tiempo, se ha establecido un calendario de actuaciones para implantar la SIU. Como primer paso, en el tercer trimestre de 2025 se definirán las cuentas de ahorro e inversión de la UE y una estrategia de alfabetización financiera.

Más recaudación de IRPF por ganancias patrimoniales

Los ingresos totales por el IRPF en España alcanzaron los 129.408 millones en 2024, un 7,6% más que el año anterior. La mayor parte de este impuesto procede de los rendimientos del trabajo, pero en 2024 las ganancias patrimoniales registraron un avance superior al 22%, según la Agencia Tributaria. Este crecimiento se atribuye, por un lado, a las ganancias procedentes de los fondos de inversión, que, tras dos años de caídas, crecieron un 79,3% en 2024 hasta alcanzar los 3.550 millones.

Por otro lado, en las ganancias no sujetas a retención, ligadas fundamentalmente a las ventas de inmuebles y a la evolución de la cotización de las acciones, se prevé un incremento del 17% en 2024.

Tasas sobre las ganancias de capital en Europa
País

Tasa máxima de impuesto sobre las ganancias de capital para personas físicas

Austria 27,5%
Bulgaria 10%
Dinamarca 42%
Finlandia 34%
Francia 34%
Alemania 26,4%
Irlanda 33%
Italia 26%
Países Bajos 36%
Noruega 37,8%
Polonia 19%
España 30%
Suecia 30%
Reino Unido 24%
PARA SABER MÁS

Impuesto sobre las ganancias de capital en Europa. Incluye mapa interactivo con evolución 2019-2025. Tax Foundation Europe.

Informe mensual de recaudación tributaria. Abril de 2025. Agencia Tributaria.

Iniciativa europea Unión de Ahorros e Inversiones (Savings and Investments Union, SIU). Conectando ahorros e inversiones productivas. Comisión Europea.