Seda, pólvora y porcelana por oro y plata. El germen del intenso comercio entre España y China se remonta nada menos que a mediados del siglo XVI. Por aquel entonces, el denominado Galeón de Manila transportaba de forma regular las mercaderías del ya boyante imperio oriental desde ese puerto filipino hasta, principalmente, el de Acapulco. A posteriori, y después de atravesar por tierra el actual México, una parte de las mismas se embarcaban de nuevo en Veracruz en las naves de la Flota de Indias para alcanzar las costas españolas.

Este ingente trasiego fue en aquella época un eje vertebrador del comercio mundial gracias al desarrollo de este continuo corredor comercial, el más extenso del mundo. El epicentro de un rico y abundante intercambio en una suerte de ruta de la seda marítima que supuso la génesis de la primera globalización económica.

Reajuste a la vista. La relación de la Monarquía Hispánica con el Gran Ming llegó incluso a derivar en serios planes para invadir el vasto territorio gobernado por esta dinastía de etnia Han. Pero los tiempos cambiaron y el juego del poder sufrió un drástico vuelco. De hecho, las relaciones comerciales modernas entre España y China no se establecen, formalmente, hasta mediados del siglo XIX, mientras que las diplomáticas apenas han conmemorado su 50º aniversario en 2023.

ESPAÑA Y CHINA PACTAN ELIMINAR TRABAS EMPRESARIALES Y FOMENTAR LA INVERSIÓN

En el presente escenario, el comercio hispano-chino ha vivido un decidido impulso. Conscientes de la necesidad de reequilibrar una balanza económica fuertemente escorada hacia el Este, en junio pasado tuvo lugar un encuentro de alto nivel en Madrid entre el titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y su homólogo chino, Wang Wentao. En el mismo participó también el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, además de representantes de la CEOE, Cámara de Comercio y de empresas españolas con intereses en el país: Alsa, Cosmen, Osborne, Técnicas Reunidas, Mondragón, Gestamp, Viscofán, Meliá, BBVA o Banco Santander, entre otras.

La reunión, en el ámbito de la vigesimonovena Comisión Mixta Económica e Industrial Hispano-China, serviría, a la postre, de preparación para la celebración en septiembre en Pekín, entre otros encuentros bilaterales, del 9º Foro España-China en el marco del viaje oficial emprendido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lluvia de alianzas. La agenda de la visita incluyó una amplia variedad de actividades enfocadas a ensanchar las relaciones entre ambos estados. Como consecuencia de ello, se firmaron un total de ocho acuerdos de cooperación en diferentes ámbitos, abarcando asuntos más allá de las finanzas y la inversión, como el comercio de servicios, la economía digital, la ciencia, la cultura o la educación, rubricados tanto con entidades públicas como privadas.

CHINA ES EL CUARTO PROVEEDOR MUNDIAL DE ESPAÑA, EL PRIMERO SI SE EXCLUYEN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

La finalidad de todas estas iniciativas no es otra que facilitar la construcción de una relación económica más equilibrada. Un anhelo que, en el caso español, se torna necesidad en vista de las crudas cifras que evidencian un galopante déficit, de nada menos que 36.665 millones de euros en 2023 sólo con China, que amenaza con descontrolar el saldo de nuestra balanza comercial exterior. No en vano, el año pasado España tenía una tasa de cobertura -porcentaje de importaciones que cubren las exportaciones- del 89,98%, lo que suma un agujero de 43.500 millones de euros, un 2,9% del PIB, frente al pico de la serie que se registró en 2020 con un 94,52% y el 1,39% del PIB, respectivamente.

Déficit crónico. China es el cuarto proveedor mundial de España, el primero si se excluye a los países de la Unión Europea -que en su conjunto aglutinan el 62,7% del total de los intercambios exteriores-, el primer destino asiático de las exportaciones españolas y nuestro duodécimo cliente exterior. Para valorar su importancia, cabe recordar que, en la actualidad, España es el quinto país de la UE en términos de flujos comerciales con el país de la Gran Muralla, sin olvidar que más de 14.500 empresas españolas exportan a ese mercado.

En este contexto, y como ocurre con el resto de países de Europa, el comercio bilateral chino-español adolece del mencionado desequilibrio histórico. De hecho, en 2023 España importó bienes del gigante asiático por más de 44.000 millones de euros, frente a unas exiguas ventas que apenas superaron los 7.500, según datos del ICEX. Unas cifras que dejan nuestra tasa de cobertura con China en un pírrico porcentaje de alrededor del 17%.

Trabas fuera. Para corregir o, al menos, mitigar este voluminoso agujero financiero, las autoridades comunitarias y españolas tratan de conseguir una cierta reciprocidad en el trato que reciben las empresas occidentales en el país asiático a la hora de acceder a su inmenso mercado doméstico, integrado por más de 1.400 millones de personas.

LA AGROALIMENTACIÓN, EL TURISMO O LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL SON SECTORES CLAVE PARA TRATAR DE REEQUILIBRAR EL COMERCIO CON CHINA

Pero la implantación en el territorio del primer exportador mundial, coloquialmente conocido como la ‘fábrica del mundo’, no es un asunto baladí. Fruto de lo anterior, las autoridades de los dos países se han comprometido a crear un Mecanismo permanente de Cooperación y Diálogo de cara a facilitar el derribo de barreras y eliminar escollos burocráticos proteccionistas. Además, está previsto que se facilite la identificación de nuevas oportunidades de negocio al objeto de incrementar la base de empresas españolas exportadoras con destino a China.

Gigante comercial. El esfuerzo exportador va a ir de la mano también del incremento de las inversiones recíprocas. El interés radica aquí en trasladar la experiencia acumulada por las empresas españolas en sectores donde ejercen un cierto liderazgo internacional como, por ejemplo, la industria agroalimentaria, la farmaquímica, la tecnología industrial o el turismo. La idea es permitir que nuestras compañías puedan participar en la cadena de valor de sus contrapartes chinas.

Pese a la pujanza comercial, más de un lado que del otro, el asunto de las inversiones bilaterales sigue siendo una asignatura pendiente común para ambas naciones. Así, la inversión de España en China apenas sumó en 2023 un total de 91 millones de euros, mientras que China sólo invirtió 131 millones de euros en España, según DataInvex. En cualquier caso, la inversión directa española acumulada en las últimas décadas asciende a más de 4.700 millones de euros.

El inminente aterrizaje de grandes inversiones industriales implicará el relanzamiento de la inversión directa china en nuestro país. Un desembarco empresarial que incluiría proyectos relacionados con la expansión internacional de las marcas de automóviles eléctricos, y que tiene como protagonistas a la anunciada alianza de Chery (fabricante de los vehículos Omoda) con la catalana Ebro para ocupar las antiguas instalaciones de Nissan en la Zona Franca de Barcelona; o Desay, Coronet y HCR en Linares (Jaén) para hacer lo propio en la antigua fábrica de Santana Motor. Y todo ello sin omitir las previstas en otros sectores, como la de Envision, con una planta de baterías de litio en Cáceres; Gotion que, junto a Coxabengoa, prevé producir baterías en Sevilla o Hygreen, para construir en Málaga una planta de electrolizadores para hidrógeno verde.

Es evidente que los lazos que unen desde hace siglos las relaciones de España y China se han visto reforzados en las últimas décadas por la inusitada intensificación del comercio entre ambas naciones. El milagro económico del gigante asiático hasta convertir al ‘dragón dormido’, en feliz expresión de Napoleón Bonaparte, en la segunda potencia del mundo, amenazando la tradicional supremacía estadounidense, es una oportunidad para que España acometa una revisión en profundidad de sus relaciones en pos de alcanzar un reequilibrio que deje de lastrar nuestra balanza exterior.

Las obligaciones con las que cargan los consistorios no han hecho más que crecer en las últimas décadas. Y todo ello sin olvidar la pérdida de ingresos que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el impuesto de plusvalías y los ‘atracones’ de turistas y retornados que cada verano catapultan los censos de cientos de municipios a lo largo y ancho del litoral.

En los últimos cuatro años un tercio de los ayuntamientos españoles han conseguido rebajar su deuda; los municipios con más de 100.000 habitantes suelen ser los más hipotecados. Entre ellos destacan los de Jaén, Jerez y Marbella, en Andalucía; Parla, en la Comunidad de Madrid; así como la capital de Cataluña. Tanto Barcelona como el resto de ciudades mencionadas arrastran problemas para honrar sus compromisos financieros desde hace lustros.

Por su parte, entre las que mejoran se encuentran ejemplos como Madrid, que acumulaba un déficit de 588 millones de euros a 31 de diciembre de 2023, cifra cercana a los 573 millones de euros de Murcia, y superada por los 719 millones de euros de Granada o los 883 millones de euros de Zaragoza.

LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES AFRONTAN LA GESTIÓN DE MÚLTIPLES SERVICIOS CON INGRESOS AJUSTADOS, LO QUE ENTRAÑA UN GIGANTESCO RETO

Reformas a la vista

La razón que explica en parte estos abultados endeudamientos, al igual que ocurre con otros más magros repartidos entre miles de municipios situados por toda España, sería la creciente asunción de un mayor número de competencias sin que ello conlleve un aumento de la correspondiente dotación presupuestaria.

De hecho, para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) abordar el reajuste de la financiación local es una reivindicación histórica. Un aspecto que consideran urgente plantear al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local, órgano permanente de colaboración entre el Estado y los ayuntamientos, de cara a abordar la reforma de la ley de bases de régimen local y como paso previo de los trámites para elaborar los presupuestos generales del Estado de 2025. Un proceso que se producirá en paralelo a la revisión de la financiación autonómica -que se antoja inminente tras el reciente pacto de gobierno PSC-ERC en Cataluña-.

En este sentido, la clave estaría en reinterpretar el techo de gasto para aliviar la presión sobre los municipios, derivada, también, de la merma de ingresos relativa al cercenado impuesto de plusvalías, una de las principales fuentes de recursos de la que se nutrían las arcas de los consistorios, junto con el de circulación, el famoso ‘numerito’, o el de bienes inmuebles (IBI).

El asunto no es baladí, dado que la prórroga de los presupuestos para 2024 lastra acometer la reforma de la financiación por la que claman las entidades locales desde hace tiempo. Una vieja reivindicación, ajena a la disputa política partidista, que aglutina el consenso de ayuntamientos de distinto signo político y a la que se une la solicitud de una mayor transparencia sobre las reglas fiscales a aplicar o la revisión de las condiciones de los préstamos a los consistorios con problemas de liquidez, entre otros asuntos.

Agujero económico

Desde Hacienda están de acuerdo en la necesidad de reformar el sistema de financiación local, máxime desde que en octubre de 2021 el Tribunal Constitucional tumbase algunos aspectos del denominado impuesto de plusvalía municipal, al declarar inconstitucional el sistema de cálculo de su base imponible que establecía que siempre había habido un incremento patrimonial del valor de los terrenos urbanos, independientemente de que hubiese sido así y de su cuantía real, con su evidente reflejo en su valor catastral y en el pago de los impuestos relacionados. No en vano, a posteriori se determinó que era posible reclamar la devolución de la plusvalía si la venta se había producido a pérdida.

El varapalo judicial, sin efectos retroactivos, aunque con afectación en litigios aún vivos, tuvo un claro reflejo en las cuentas municipales, cifrado en su día en un porcentaje de entre el 2,5% y el 15% del presupuesto, en función de la actividad inmobiliaria de cada municipio en cuestión.

Los consistorios denunciaron en su día inseguridad jurídica y la puesta en marcha de un fondo de compensación hasta que se aclarase la situación jurídica para compensar los ingresos esperados que se quedaron en el limbo.
Sin embargo, el Gobierno aseguraba a finales del pasado año que las entidades locales nunca habían estado mejor dotadas para cumplir con sus obligaciones, puesto que sus recursos habrían crecido de forma sostenida en los últimos años, hasta recibir en 2024 alrededor de 28.500 millones de euros, un 22,6% más en comparación con 2023, mientras que las entregas a cuenta está previsto que sumen 23.774 millones de euros, un 5,1% más que en el pasado ejercicio.

BARCELONA, JAÉN, JEREZ, MARBELLA Y PARLA SON LOS AYUNTAMIENTOS MÁS ENDEUDADOS DE ESPAÑA

Urbi et orbi

El incumplimiento reiterado de las obligaciones financieras municipales no parece responder a un patrón geográfico claro. Así, a lo largo y ancho del país encontramos por doquier municipios tiznados tanto del rojo del déficit como del ansiado azul del superávit. Y esto se produce tanto al norte como al sur de la imaginaria línea horizontal que traza la capital del España en el centro de la llamada ‘piel de toro’.

A pesar de que, por regla general, el sur suele ser el hogar de los ayuntamientos más deudores, como en las provincias de Cádiz y Jaén al contar con una media per cápita por habitante superior a los 1.000 euros, también es cierto que el carácter meridional de otras como Huelva y Murcia no evita que brillen con niveles de pasivo por habitante inferiores a los 100 euros, al menos entre los municipios con entre 500 y 1.000 vecinos.

La gestión de cada municipio tiene su propio intríngulis, plagado de singularidades y vicisitudes, aunque parece que se suele cumplir la norma de lo pequeño como sinónimo de eficiente. En este caleidoscopio de más de 8.000 municipios que tejen la realidad local española encontramos, según los datos de Hacienda, desde casas consistoriales que han logrado reducir de forma significativa la deuda neta por habitante, un 33% del total, hasta otras que la han empeorado de forma manifiesta o moderada, un 14,5% del censo, mientras que el resto, que suman 4.245, o lo que es lo mismo el 52%, se han mantenido más o menos igual que en 2019.

En cualquier caso, el análisis de las cifras del fisco muestra una serie de tendencias recurrentes: los municipios más pequeños, con menos de 500 habitantes, suelen ser los más saneados, los que ya tenían la deuda más alta han incrementado su agujero fiscal y, entre ellos, los más poblados, con 100.000 ciudadanos para arriba, cumplen con la estadística de mayor endeudamiento y aumento del mismo.

Si trasladamos el foco a las mayores urbes del país, a pesar de contar con un destacado nivel de déficit fiscal en función de la masa poblacional a la que prestan servicios, la verdad es que solo A Coruña y Bilbao, con un menor montante negativo, y Córdoba, Gijón y Valladolid, han aumentado sus respectivos déficits fiscales. Mención aparte merece la Ciudad Condal, ya que aumentó en el período de referencia su volumen de fondos en rojo nada menos que en un 70%, hasta superar los 800 millones de euros.

De la necesidad, virtud

Las competencias municipales en España tienen un amplio espectro y varían, léase se amplían, en función de la población residente. Esto ha supuesto a menudo la transferencia de una serie de servicios a la población si contar con la correspondiente dotación presupuestaria pero que, aún así, han sido aceptadas por un cierto sentido altruista.

Para tratar de paliar esta situación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a finales de 2023 la decisión del Gobierno de flexibilizar la senda de estabilidad para este subsector. De esta manera, en 2024 las entidades locales pasarían a tener un objetivo de equilibrio presupuestario, frente al anterior que preveía en el Programa de Estabilidad un superávit del 0,2%, y que ahora asumirá la Administración General del Estado.

Como ocurre con los hombres orquesta, acostumbrados a tocar varios instrumentos a la vez utilizando para ello en ocasiones manos y pies, los ayuntamientos españoles afrontan la gestión de múltiples servicios con ingresos ajustados, lo que entraña un gigantesco reto a la hora de armonizar generosas expectativas con limitados recursos en el marco del auténtico sudoku que supone la gestión municipal moderna.

Resolver el sudoku de las pensiones. El evidente descuadre entre ingresos y gastos ha aumentado de forma alarmante en España en las últimas décadas. Una delicada coyuntura derivada de la pertinaz caída del índice de natalidad, con la inmigración incapaz de compensar el envejecimiento poblacional, el alargamiento de la esperanza de vida, más de 84 años de media (la mayor de la Unión Europea), y el incremento en la cuantía de las prestaciones, cercana al 65% del salario mínimo interprofesional, sin olvidar su generosidad, la más elevada de la OCDE -junto a Grecia- dentro de este selecto club económico mundial.

Fruto de este rompecabezas, el Gobierno se puso manos a la obra para realizar, con el beneplácito de Europa, una reforma del sistema en profundidad, más allá de la adopción de medidas de mero maquillaje. En definitiva, una hoja de ruta para convencer a Bruselas de que era posible garantizar a largo plazo la sostenibilidad de las pensiones gracias al incremento de los ingresos por cotizaciones sociales, léase gravar más a empresas y trabajadores, sin recortar la cuantía de las prestaciones.

EL GOBIERNO PODRÁ EMPEZAR A UTILIZAR EN 2033 EL FONDO DE RESERVA PARA PAGAR LAS PENSIONES

Que vienen los boomers.

Tanto avisar de la llegada del lobo y finalmente se encuentra a las puertas de su ansiado descanso laboral. Pero para calibrar su impacto en las cuentas de la Seguridad Social, conviene recordar que en 2023 se registraron casi 327.000 altas de pensionistas frente a 265.000 bajas, un diferencial por encima del 23%.

Un vistazo más en detalle a los datos que maneja el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) advierte de que ese dato es el tercero más alto de la serie histórica, después de los de 2018 y 2022, con cifras muy similares, lo que entraña un retorno a la tendencia registrada antes de la pandemia sanitaria.

Parafraseando la estrofa de la conocida canción de Amaral en Moriría por vos: soy el invierno contra tu primavera, lo cierto es que la explosión poblacional registrada tras la II Guerra Mundial en toda Europa se enfrenta ahora a su némesis generacional en una suerte de ‘invierno demográfico’.

Para combatir este escenario y partiendo del acuerdo entre diferentes fuerzas políticas en el marco del Pacto de Toledo, el Gobierno de Aznar creó en el año 2000 la comúnmente llamada hucha de las pensiones. Un Fondo de Reserva que funciona a modo de fondo soberano de inversión de estabilización y reserva destinado a atender y compensar las desviaciones entre ingresos y gastos de la Seguridad Social.

La idea que subyacía en su funcionamiento es que estuviese dotado con el exceso de fondos procedentes de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes, gestionados por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS EL NÚMERO DE PENSIONISTAS PODRÍA PASAR DE LOS 9,2 A LOS 16 MILLONES

Y llegó el ‘destope’

La reforma de las pensiones, aprobada en marzo de 2023 previo pacto con la Comisión Europea, por el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, supuso también la subida paulatina de la base máxima de cotización, que en 2024 alcanzará a los salarios por encima de los 56.600 euros brutos al año, gracias al aumento del 5% de la base máxima de cotización.

Esta decisión, que afecta sobre todo a las grandes empresas y a los empleados de mediana edad con alta cualificación, supone que el límite superior de cálculo de la pensión crecerá 1,2 puntos adicionales a la variación media que registre el Índice de Precios al Consumo (IPC), que los expertos prevén que cierre este curso en la horquilla en torno al 3,6% y el 3,9%.

La elevación de la base máxima, que arranca este año y proseguirá hasta mitad de siglo, y la cuota de solidaridad, establecida para los que excedan del límite al imponer tramos que varían entre el 0,92% y el 1,17% el próximo 2025, aumentando cada año hasta alcanzar en 2045 unos tipos mínimo y máximo del 5,5% y del 7%, respectivamente, impactará sobre todo en los trabajadores de mediana edad, de entre 44 y 63 años.

Dentro del paquete de medidas propuesto en su día por el ministro Escrivá se incluyeron iniciativas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), gracias al cual la caja de las pensiones lleva acumulada una recaudación de más de 7.000 millones de euros a fecha de 31 de mayo, su nivel más alto desde 2018, de los que 1.373 millones de euros han sido ingresados en lo que va de año.

Para tratar de embridar el desfase de la contabilidad de las pensiones, especialmente una vez acordada su revalorización anual ligada al IPC, el arsenal de medidas incluyó, además, la creación a partir de 2025 de una cuota de solidaridad por tramos para las rentas más altas, así como el impulso al retardo en la jubilación.

El uso que se dará a esta ‘hucha’, que sólo podrá ser utilizada a partir de 2033, apunta a un trasvase de entre 120.000 y 130.000 millones de euros para nutrir al Fondo de Reserva de cara a afrontar el elevado gasto que se avecina a tenor del masivo retiro ‘boomer’. En el hipotético caso de que la Seguridad Social generase más superávit, también iría destinado a la caja común, aunque, de aquí a mitad de siglo, el Gobierno sólo podrá disponer de un máximo de hasta el 0,91% del PIB para afrontar la tensión en el sistema, cuyo pico se prevé alcanzar en 2040.

DESDE OCTUBRE DE 2023 SE PRODUJERON 333.000 ALTAS DE JUBILACIÓN, EL DATO MÁS ELEVADO DESDE QUE HAY REGISTROS

Coste creciente

En España nacieron más de 650.000 personas en 1958, un hito demográfico que supuso el doble de lo registrado en 2022. En los últimos doce meses desde octubre de 2023 se produjeron 333.000 altas de jubilación, el dato más elevado de la serie desde que hay registros. Una realidad que, sin duda, impacta en las cuentas públicas, lo que podría derivar en la pérdida de hasta un 20% del PIB en las próximas tres décadas, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que entre 2023 y 2050 la población española en edad de trabajar se reducirá en más de 800.000 personas, al tiempo que la mayor de 65 años aumentará por encima de los 6 millones de habitantes. En paralelo, se espera que en las próximas décadas el número de pensionistas escale desde los 9,2 millones actuales hasta un total de 16 millones, pero con un grueso de cotizantes similar al presente.

Asimismo, hay que constatar que las jubilaciones boomer ya cuestan a las arcas públicas 590 millones de euros más al mes, al abonar en mayo pasado alrededor de 12,7 millones de euros adicionales en pensiones contributivas, 757 millones de euros por encima de lo satisfecho en el mismo mes de 2023, un porcentaje del 6,3% superior. El tiempo dirá si las medidas adoptadas hasta ahora han sido suficientes.