Decidir con apoyos

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Decidir con apoyos

La facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza acogió el II Congreso sobre el derecho a decidir con apoyos. Este foro, organizado por LIBER (Asociación de entidades de apoyo a la toma de decisiones) contó con una estrecha colaboración de Aequitas.

Cartel del Congreso.
JOSÉ M. CARRASCOSA

Almudena Castro-Girona y Federico Cabello de Alba (directora de la fundación y director del área social y económica, respetivamente) formaron parte del comité científico de este foro, nacido «para saber más sobre el derecho a decidir y las nuevas medidas de apoyo».

Castro-Girona participó como ponente en la mesa redonda La interpretación y efectos de la reforma; junto a la delegada autonómica del Colegio Notarial de Aragón, María del Carmen Gracia del Val (quien intervino en el panel Hablando claro: La aplicación del nuevo modelo de apoyos desde distintos puntos de vista).

En el acto de inauguración tomaron parte -junto a representantes autonómicos municipales y universitarios- diversos miembros del movimiento asociativo como Luis Gonzaga, presidente de LIBER, quien señaló que “el derecho a decidir de las personas con discapacidad se erige como un faro de esperanza y progreso que permite construir sociedades más inclusivas”. También tomó parte Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión, entidad que recibió un homenaje por su sesenta aniversario, para quien «todas las parte implicadas en la discapacidad tenemos que coincidir y aunar criterios».

 


MÁS DE 250 PERSONAS ASISTIERON A ESTE FORO, QUE CONTÓ CON UN MASIVO SEGUIMIENTO EN REDES SOCIALES


 

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, destacó “la labor de la recientemente creada Alianza Apoyo y Autonomía -integrada por las Fundaciones ONCE y Aequitas; y el CERMI- para dar soluciones operativas a la nueva situación planteada tras la Ley 8/2021″. Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI aseguró que “la Alianza Apoyo y Autonomía estará vigilante en la aplicación de la Ley 8/2021, la gran reforma del Derecho Civil», mientras que Jesús Martín, director general de Derechos de Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, defendió que «no se podía mantener un estado civil restrictivo; cuando se negaba la participación de las personas con discapacidad en la Ley se negaba la participación humana».

Efectos de la reforma

«El Derecho sirve para solucionar nuestro día a día». De esta manera iniciaba Almudena Castro-Girona su intervención en el panel de debate La interpretación y efectos de la reforma, en la que profundizó en la renovación producida en la protección jurídica de la discapacidad, a tenor de la Ley 8/2021. «Antes se establecía un sistema garantista, que privaba de la posibilidad de ejercer derechos. Desde la Convención de la ONU se ha cambiado radicalmente y ya no se quita a nadie la posibilidad de actuar. La nueva regulación facilita los cauces necesarios para las personas que necesitan apoyos y salvaguardas en el ejercicio de sus derechos».

«Estos cauces -prosiguió la directora de Æquitas- son diversos y ya no se establecen únicamente en el ámbito judicial, también en el extrajudicial, ante notario. Estos sistemas de apoyo tienen trascendencia jurídica, económica y humana; no existían en el Derecho Civil anterior y requieren ser formalizados y regulados por la Ley, ya que configuran la dignidad de la que todos somos portadores». «La estrella de la Ley 8/2021 son los apoyos constituidos en escritura pública, que convierten a los notarios en ‘modistos’ de la autonomía de la voluntad”. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que «las personas con discapacidad configuren esos ´trajes a medida’ que les permitan recibir ayudas en distintos ámbitos (la administración, el sanitario…) y detectar las barreras».

Castro-Girona realizó un repaso exhaustivo de las diferentes figuras de apoyo: poderes y mandato preventivo de protección, guarda de hecho, curatela asistencial,.. y demandó al legislativo autonómico de Aragón «su inclusión en la futura normativa sobre discapacidad», actualmente en fase de desarrollo.

 


LA ALIANZA APOYO Y AUTONOMÍA –PUESTA EN MARCHA DESDE LAS FUNDACIONES ONCE Y AEQUITAS Y EL CERMI– FUE UNA DE LAS PROMOTORAS DEL ENCUENTRO


 

Para concluir, la ponente reclamó mayor implicación en algunas situaciones. «Una cosa es lo que dice el BOE y otra, muy distinta, es la problemática a la que se tienen que enfrentar las familias con la Administración y los distintos operadores, como las entidades bancarias. Hemos hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Este tipo de congresos permite reducir las barreras para que la dignidad de todo ser humano sea una realidad, no sólo una norma jurídica».

Hablando claro

Hablando claro: la aplicación del nuevo modelo de apoyos desde distintos puntos de vista fue el título de la mesa redonda en la que participó María del Carmen Gracia del Val. «La función notarial -apuntó la delegada autonómica de la Fundación Aequitas- es un cauce privilegiado para que las personas con discapacidad puedan ejercer la autonomía de la voluntad configurando sus relaciones jurídicas en un instrumento público. La Ley 8/2021 ha convertido al Notariado en un puntal para que los miembros de ese colectivo puedan expresar sus decisiones en libertad; siendo un apoyo activo para ejercitar en condiciones de igualdad su capacidad jurídica y sus derechos fundamentales vinculados a la dignidad de la persona».

«La autonomía de la voluntad es el eje de la reforma de la Ley 8/2021 -sostuvo la notaria de Alcañiz-. La ley no recoge qué son las medidas de apoyos. Me gusta definirlas como ‘personas apoyando a otras personas’, representándolas y contribuyendo a que sus deseos se cumplan».

Sobre estas medidas, Gracia del Val indicó algunas de sus disposiciones generales: «Respeto a la dignidad de la persona, proporcionalidad, estatuto de la persona de apoyo, establecimiento de salvaguardias y obligación de comunicar al Ministerio Fiscal cualquier situación de abuso». Por último, destacó la ‘junta de parientes’ como «una gran figura del Derecho aragonés, que debería aplicarse en el futuro proyecto de ley».

De izda. a dcha.: Antonio Legerén profesor titular de Derecho Civil, Universidade da Coruña; Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Æquitas; Irene Yepes, directora de la Asociación Liber e Inés de Araoz, asesora jurídica de Plena Inclusión España.
María del Carmen Gracia durante su intervención.
De izda. a dcha.: Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE; Ángeles Alcalá, vicerrectora de la Universidad de Zaragoza; Jesús Martín, director general de Derechos de Personas con Discapacidad; Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón; Luis Gonzaga, presidente de LIBER; Marian Oros, consejera de políticas sociales del Ayuntamiento de Zaragoza; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI; y Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión.

Dos años de la ley que reconoce el derecho a decidir de las personas con discapacidad

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Dos años de la ley que reconoce el derecho a decidir de las personas con discapacidad

A finales de enero tuvo lugar en la sede del Parlamento Vasco la jornada Dos años de vigencia de la Ley 8/2021: contextualización jurídica y social. El Foro Aequitas de Discapacidad de Euskadi y Eusko Legebiltzarra organizaron este encuentro, donde se analizó la aplicación práctica de la nueva normativa sobre discapacidad.

JOSÉ M. CARRASCOSA

El acto inaugural contó con las intervenciones de Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco; Diego Granados, decano del Colegio Notarial del País Vasco; Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV); María del Carmen Adán, fiscal superior del País Vasco, y Aitor Bedialauneta, presidente de la Coordinadora vasca de representantes de personas con discapacidad, (EDEKA).

Granados agradeció, en nombre del Notariado, la participación en estas jornadas de la profesión a la que representa y aseguró que «el notario es receptor de la voluntad de los ciudadanos; recibe en primera persona sus angustias y anhelos. Está abierto e inmerso en la sociedad y en contacto directo con las personas con discapacidad y sus familias. Este principio de reconocimiento de la voluntad de una persona para autodeterminarse, que realiza el notario, es lo que busca la ley: la plena igualdad del colectivo». Para el decano vasco, «la Ley 8/2021 no se trata sólo de un texto legal; debe ser la voz de todos».

Guarda de hecho y medidas de apoyo

La primera mesa redonda titulada Experiencias personales: ¿qué supone la reforma para nosotras y nosotros, estuvo moderada por María José Cano, vicepresidenta de EDEKA. Y en ella contaron su experiencia Ernesto Rivera, Lorena García de Vicuña y Jesús Isaac Ruiz.


DIEGO GRANADOS: «LA LEY 8/2021 BUSCA LA PLENA IGUALDAD DEL COLECTIVO»


El ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad: medidas de apoyo voluntarias y judiciales fue el segundo panel de debate, moderado por Diego Granados y que contó con la participación de Iñaki Subijana, presidente del TSJPV; Rafael Armesto, abogado, red de juristas de Plena Inclusión; y Aida Lozano, fiscal delegada de protección de personas con discapacidad y mayores de Álava.

La última mesa de la primera jornada –La guarda de hecho: compatibilidad con las medidas voluntarias o judiciales– fue moderada por el patrono de Aequitas y exteniente fiscal de la Comunidad Valenciana Gonzalo A. López Ebri y la directora de la Fundación Aequitas Almudena Castro-Girona; Belén González, magistrada de la Sección Civil de la Audiencia Provincial de Álava y Torcuato Recover, abogado y coordinador de la Red de Juristas de Plena Inclusión, participaron como ponentes.

Para Ebri, la idea esencial de la nueva normativa sobre discapacidad es «el cuidado y las medidas de apoyo. En una sociedad como la actual deben darse todas las medidas para que no se excluya a nadie».

«La piedra angular de esta gran reforma consiste en que las personas con discapacidad puedan ejercer los derechos en condiciones de igualdad. Antes sólo existía el procedimiento de incapacitación, que atentaba a la dignidad del ser humano; hoy los mecanismos del ordenamiento jurídico son muy diferentes. Ahora existe una pluralidad de herramientas para afrontar la diversidad de la discapacidad; tenemos que trabajar mucho más para construir soluciones que no son iguales para todos y superar todas las barreras», manifestó Castro-Girona.

La ley en la práctica

La primera mesa redonda del segundo día tuvo como epígrafe Aspectos prácticos de la Ley 8/2021 desde la perspectiva de las entidades de apoyo. Este panel contó con José Ángel Gutiérrez, director de Fundación Ondoan; Izaskun Astegieta, directora de Usoa Fundazioa; Mikel Barrón, director de Fundación Futubide; Óscar Carcedo, director de Gertuan Fundazioa; Susana Montesino, directora de medidas de apoyo de Fundación Hurkoa; Elena Vélez de Mendizábal, responsable del Área Jurídica de la Fundación Beroa. Moderaron: Oier Zuberogoitia, director del Instituto Tutelar de Bizkaia y Álvaro Martín-Moreno, director de la Fundación Kyrios de Apoyo Personal.

El Derecho Civil Vasco: su implicación y respuesta a las situaciones de vulnerabilidad. El Plan de Acceso a la Justicia del Gobierno Vasco, fue el tema elegido para la última mesa. En ella participaron Andrés Urrutia, notario y presidente de la Academia Vasca de Derecho (AVD-ZEA); Eugenio Artetxe, director de Justicia del Gobierno Vasco; María Aragón, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa; y Manuel Rueda, director del Área Jurídica de la Fundación Aequitas, que fue el moderador.

Urrutia realizó un repaso histórico por la legislación vasca sobre la materia «inspirada por el respeto y la consideración de la persona», resaltando que «los notarios en nuestros despachos nos encontramos con el desconocimiento de la Ley 8/2021 por parte de la sociedad; a muchas familias aún no les ha llegado su mensaje».

Clausura

En la clausura tomaron parte Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco, Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco; y Emilio Olabarría, patrono de la Fundación Aequitas.

Como colofón, Olabarría señaló que la aplicación de «una ley revolucionaria como la Ley 8/2021 no iba a ser un camino fácil. En esta jornada hemos comprobado que son muchos los problemas que se plantean -como los retrasos producidos por las sentencias de incapacitación-, no en vano se trata de una renovación profunda».

Foro Aequitas de Discapacidad de Euskadi

El pasado año tuvo lugar la constitución de esta plataforma; una iniciativa nacida como un lugar de encuentro donde tengan cabida diferentes profesionales y entidades -Notariado, Judicatura, Fiscalía, Abogacía, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno vasco y otras Administraciones, universidades o el propio movimiento asociativo- para estudiar y analizar la situación actual de la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores vulnerables, así como para avanzar en su protección mediante la colaboración de todas las partes.

Inauguración. De izda. a dcha.: Diego Granados, Iñaki Subijana, Bakartxo Tejeria, María del Carmen Adán y Aitor Bedialauneta.
De izda. a dcha.: Almudena Castro-Girona, Gonzalo López Ebri, Belén González y Torcuato Recover.
De izda. a dcha.: Andrés Urrutia, María Aragón, Manuel Rueda y Eugenio Artetxe.

Entrevista a Pascual Ortuño, patrono de Æquitas

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Pascual Ortuño,

premio del Centro Español de Mediación

El magistrado emérito -y activo patrono de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado- Pascual Ortuño, fue galardonado el pasado octubre con el premio «A una trayectoria profesional» del Centro Español de Mediación por su labor de impulso a las figuras extrajudiciales de resolución de conflictos. En la siguiente entrevista revive su prolífica carrera.
JOSÉ M. CARRASCOSA

"Nuestro entorno tiene muy asentada la cultura de la litigación"

¿Qué supone para un jurista con su experiencia recibir un galardón de este tipo?

Con toda sinceridad, recibir este premio ha sido para mí algo así como constatar que, aun cuando pienses que estás predicando en el desierto, puedes llevarte la sorpresa de que alguien te ha escuchado. Estoy muy agradecido; ya valoré en su día que una institución como la Cámara de Comercio de España decidiera crear un centro de mediación a disposición de las empresas de nuestro país. Estoy convencido de que en poco tiempo se convertirá en un faro imprescindible para la resolución de conflictos a nivel internacional. Hasta ahora siempre se centraba el interés en el arbitraje, pero la mediación ofrece un espacio para el diálogo mucho más dinámico, práctico, cercano y eficaz que el sometimiento a la decisión rígida de un tercero, bien sea un juez o un tribunal arbitral.

 


«EN EL GRADO DE DERECHO DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS NO SE ESTUDIAN TÉCNICAS DE MEDIACIÓN NI NEGOCIACIÓN. LA FORMACIÓN DEL JURISTA SE ORIENTA HACIA LA CONFRONTACIÓN»


 

En su discurso de agradecimiento se identificó como «miembro de una generación pionera en la práctica de la mediación». ¿Considera que este mecanismo legal está, a día de hoy, lo suficientemente extendido en nuestro país?

Es muy difícil introducir nuevos métodos de trabajo, como es la mediación y los otros medios adecuados de resolver conflictos que se pretenden con el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, en un entorno social que tiene muy asentada la cultura de la litigación. Por una inercia histórica y cultural se tiende a afrontar los problemas con la mentalidad de que los culpables son los otros, y a esos otros hay que doblegarlos con una sentencia solemne que reconozca a una de las partes como vencedor y a la otra como perdedor. En el grado de Derecho de las universidades españolas no se estudian técnicas de mediación ni negociación. La formación del jurista se orienta hacia la confrontación. El positivismo exacerbado es propio de sociedades que han crecido en sistemas autoritarios y se ha menospreciado el pacto como signo de debilidad. En todo el arco euro mediterráneo está siendo difícil introducir los métodos alternativos al de la administración de justicia burocrática, aun cuando en la tradición romanística el principio de autonomía de la voluntad de las partes siempre ha sido preferente en las relaciones jurídico privadas. El sentido práctico y utilitarista del área anglosajona ha sido mucho más permeable a la introducción de la mediación. En España está costando, pero soy optimista y creo que, si sale adelante el proyecto legal en ciernes, en pocos años veremos un cambio significativo.

Con la aprobación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV), operadores jurídicos -como los notarios- han asumido algunas competencias atribuidas hasta ese momento a los juzgados. ¿Ha aliviado esta medida la congestión de algunos tribunales?

El origen histórico del Notariado español hunde sus raíces en la sociedad española como elemento esencial del sistema de justicia. No únicamente por detentar el privilegio de la fe pública, sino porque los escribanos han sido siempre agentes activos y próximos a la ciudadanía en la realización del Derecho, fundamentalmente en todo lo que se refiere a las relaciones personales básicas de carácter familiar y económico. En el siglo XIX se escindió, en parte, este papel de los tradicionales escribanos para integrarlo en un modelo de justicia en el que ha predominado el principio de la escrituridad. El desarrollo de los procedimientos judiciales tenía que reflejarse en legajos por razones de seguridad jurídica. Recordemos el lema “lo que no está en los autos no está en el mundo”. De esta forma se garantizaba el derecho a los recursos y a la revisión del trabajo de los jueces del primer nivel por los tribunales superiores. Pero cuando se conformó el derecho procesal en la segunda mitad del siglo XIX se atribuyeron a los jueces funciones que eran y son más propias del Notariado. Con la LJV, así como con la que ha reformado la gestión de la discapacidad, o con materias tan importantes como la prevención del blanqueo de capitales, el urbanismo, la protección del derecho de propiedad, la ejecución de los derechos de garantía, y otras muchas más, la función notarial ha de absorber una gran parte de los temas que van a los tribunales. Los jueces deben intervenir únicamente cuando hay discrepancias en el relato de los hechos, o cuando existe controversia en la aplicación de la ley. De esta forma se podría descargar a los tribunales de un gran número de funciones que no les corresponden.

 


«LA MEDIACIÓN OFRECE UN ESPACIO PARA EL
DIÁLOGO MÁS DINÁMICO, PRÁCTICO, CERCANO Y
EFICAZ QUE EL SOMETIMIENTO A LA DECISIÓN RÍGIDA DE UN TERCERO, SEA UN JUEZ O UN TRIBUNAL ARBITRAL»


 

A raíz del Covid, desde diversos colegios notariales -que cuentan con centros propios especializados- se ha impulsado la mediación telemática. ¿Cree que las nuevas tecnologías pueden contribuir a generalizar el uso de este mecanismo?

Sin duda alguna las nuevas herramientas que aportan las nuevas tecnologías nos están haciendo cambiar los métodos de trabajo. Sin embargo, respecto a la mediación, siempre será necesario como método el diálogo presencial entre las partes. Determinadas reclamaciones de consumo, prestaciones de servicios, suministros o discrepancias puntuales pueden resolverse por aplicaciones telemáticas o por medios que empleen la inteligencia artificial, pero la mediación en conflictos de una cierta entidad se caracteriza porque un profesional, con amplia experiencia y preparación, ayuda a las partes a reflexionar y a racionalizar los conflictos, a superar los prejuicios y a propiciar que las partes visualicen el abanico de las alternativas que pueden ser de mayor utilidad a las dos para superar los problemas que se presentan en las relaciones personales y económicas.

La Fundación Aequitas ha jugado una importante labor en el desarrollo y difusión de la Ley 8/2021 sobre discapacidad. Usted, experto en Derecho de familia, ¿cómo valora la revisión que ha hecho esta norma de figuras como la patria potestad, la tutela o la incapacitación judicial?

Sin lugar a dudas, desde el patronato de la fundación se ha jugado un papel protagónico en una reforma legal que era necesaria y que no terminaba de ser tomada en cuenta por los legisladores. El Convenio de Nueva York en esta materia data de 2006. Desde que entró en vigor la nueva norma se ha propiciado una nueva mirada hacia estas instituciones jurídicas clásicas. Pese a la resistencia al cambio de los operadores jurídicos, que es normal en todo lo que significa un esfuerzo para adaptar el sistema de la discapacidad a los principios introducidos por la ley, y pese a las imprevisiones del legislador, fundamentalmente en lo que se refiere a la escasez de medios personales y materiales, el panorama está cambiando positivamente. En este punto se ha de reconocer que Aequitas ha realizado una gran aportación al integrar en este hermoso proyecto, junto al núcleo notarial, a profesionales de los diversos campos implicados: personas que proceden de la universidad, abogados, jueces, expertos en el tercer sector, etc., con una política ejemplar de convenios y acuerdos de colaboración.

 


«CUANDO SE CONFORMÓ EL DERECHO PROCESAL EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX SE ATRIBUYERON A LOS JUECES FUNCIONES QUE ERAN Y SON MÁS PROPIAS DEL NOTARIADO»


 

Otro de los puestos que ha ocupado en el ámbito jurídico fue el de director general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña. ¿Qué recuerda de esa etapa más institucional y ‘política’?

Mi nombramiento fue un regalo que agradezco puesto que me permitió, en muy pocos meses, hacer un auténtico doctorado en administración pública. Además, la experiencia de trabajar en el ámbito de las instituciones de Cataluña me ha aportado comprender mejor la idiosincrasia del pueblo catalán, su seriedad, el rigor en el funcionamiento de una consejería como la de Justicia, el respeto a los procedimientos reglados para la toma de decisiones y el trabajo de un gran equipo de funcionarios (me gusta más llamarles servidores públicos) para sacar adelante las responsabilidades que había que atender. En esta etapa tuve la oportunidad de gestionar importantes iniciativas legislativas, como las del Código Civil de Cataluña y, en particular, los Libros de Derecho de Familia, el de Sucesiones y el de Asociaciones y Fundaciones. Tuve a mi cargo la coordinación de estos proyectos legales y la responsabilidad de seguir el día a día de su tramitación parlamentaria. Por eso me duele tanto ahora la negra sombra de los intereses políticos que está dando al traste con el prestigio que la administración pública catalana había conseguido.

«Una idea generosa»

Patrono desde hace años de la Fundación Aequitas, que celebra en 2024 sus bodas de plata… ¿Qué papel ha jugado la ‘ONG del Notariado’ en la protección jurídica de la discapacidad?

La Fundación Aequitas no surgió de la nada. Fue una idea generosa y brillante del Notariado, con nombres y apellidos, que hace veinticinco años entendieron el importante papel que esta profesión desempeña en la protección de personas vulnerables y la inmensa tarea de superar los viejos estereotipos que cultural y legalmente han existido hacia las personas con discapacidad. Con una labor muy rigurosa, Aequitas ha jugado un papel muy importante en el estudio de las instituciones jurídicas en este ámbito y ha ofrecido una ayuda inestimable a muchas personas y a sus familias, con sus publicaciones, su página web y las múltiples actividades de formación que ha realizado.

Entrevista a Mar Galcerán, diputada de las Cortes Valencianas

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MAR GALCERÁN,

DIPUTADA DE LAS CORTES VALENCIANAS

A sus 45 años, Mar Galcerán lleva más de dos décadas dedicada a la política en su Valencia natal, ocupando puestos en diferentes consellerías como las de Presidencia, Bienestar Social, Sanidad y Salud Pública o Igualdad y Políticas Inclusivas. En las últimas elecciones autonómicas figuró en las listas del Partido Popular y resultó elegida como diputada de las Cortes derribando una importante barrera: ser la primera mujer con Síndrome de Down que ocupa un escaño en este parlamento.
JOSÉ M. CARRASCOSA
Mar Galcerán, diputada de las Cortes valenciana.

«No hay que luchar por nuestros derechos; ya los tenemos. Lo que nos faltan son oportunidades»

¿Qué le movió a elegir la vida pública?

Empecé en las Nuevas Generaciones del Partido Popular con apenas 18 años. Colaboraba en diversas cosas y organizaba actos. Mi trayectoria profesional me llevó por diferentes departamentos de la Generalitat Valenciana, en la que entonces gobernaba Zaplana. Seguí avanzando, me hice militante, y después me dieron la oportunidad de ser la secretaria del área de Personas con Capacidades Diferentes en el comité ejecutivo autonómico. A continuación, me incluyeron en las listas autonómicas de las pasadas elecciones del 28 de mayo. Yo iba en el número 20, y conseguí ser diputada.

 


“SI YO HE PODIDO ALCANZAR MUCHAS COSAS A LO LARGO DE MI VIDA, ¿POR QUÉ NO VA A PODER CONSEGUIRLO EL COLECTIVO AL QUE REPRESENTO?”


 

Una de sus primeras intervenciones en el Pleno fue una pregunta sobre la situación de las personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana. ¿Qué supone para usted representar como parlamentaria a dicho colectivo?

Para mí ser la voz que representa a las personas con capacidades diferentes es muy importante. Estoy lanzando el mensaje de que si yo he podido alcanzar muchas cosas a lo largo de mi vida, ¿por qué no va a poder conseguirlo el colectivo al que pertenezco? Estar ahí es un modo de que las familias tengan un chute de energía increíble y apoyen a sus hijos para que den lo mejor de ellos mismos.

¿Cómo es su día a día en el hemiciclo?

Llevo sólo un mes. Estoy conociendo a mis compañeros y aprendiendo cuál va ser mi trabajo. Además de ser un cargo representativo, participamos en las comisiones de las Cortes, yo soy miembro de dos -Derechos Humanos y la permanente de Reglamento- y a las otras puedo ir de oyente. Cabe la posibilidad de crear una Comisión de Discapacidad, en la que yo entraría; y, probablemente, sería la portavoz. Ahora me están invitando a muchos sitios; acabo de estar en Elda (Alicante) donde la asociación Sense Barreres me propuso participar en una jornada socio sanitaria sobre discapacidad y enfermedades raras. También he intervenido en un acto de la Fundación Lejeune, que es francesa.

También ha dedicado su tiempo al movimiento asociativo, presidiendo Asindown. ¿Qué papel juegan asociaciones de ese tipo en la integración de los más vulnerables?

Las instituciones como Asindown son muy importantes para reivindicar las oportunidades que tenemos. No hay que luchar por nuestros derechos, ya los tenemos; lo que nos hace falta son más oportunidades. Las asociaciones hacen una labor muy importante con las familias, que son el gran apoyo para las personas con capacidades diferentes.

 


“SE NECESITA PROFESORADO PREPARADO PARA ATENDER A PERSONAS CON CUALQUIER TIPO DE DISCAPACIDAD”


 

Prefiere usar «personas con capacidades diferentes». ¿Cree que es importante el lenguaje a la hora de abordar aspectos relacionados con la diversidad?

Es que si yo digo discapacidad, estoy negando nuestras capacidades y sí que las tenemos.

Su formación académica es de técnica de jardines de infancia. ¿Cómo se puede, desde la enseñanza, integrar a las personas diferentes en el aprendizaje?

Para tener una educación de calidad, hace falta que los colegios tengan los recursos necesarios para los niños que empiezan, como logopedas, pedagogos terapéuticos o fisioterapeutas. Se necesita profesorado preparado para atender a una persona con patología dual, como síndrome de Down y autismo, u otro tipo de discapacidad. Desde Asindown, por ejemplo, hacíamos mucha formación de ese tipo con el profesorado.

 


«HABRÁ PERSONAS QUE PIENSEN QUE NO SERÉ CAPAZ DE TRABAJAR COMO DIPUTADA, PORQUE NO ME CONOCEN Y NO SABEN CÓMO SOY»


 

Aunque queda un largo camino hacia la plena inclusión, ya son numerosas las personas con síndrome de Down que terminan sus estudios universitarios, superan una oposición pública, ganan premios como actores o figuran en las listas electorales. ¿Qué mensaje daría a los chicos más jóvenes?

Que no se rindan, sobre todo al principio. Deben continuar luchando, así pueden conseguir cualquier meta u objetivo que tengan. Y que hagan muchas cosas.

Tiene un largo recorrido profesional por delante. ¿Cuáles son sus planes de futuro?

De momento, hacer bien mi trabajo en las Cortes y servir a los valencianos. Ese es el papel fundamental que tenemos todos los diputados.

¿Considera que la sociedad y los medios de comunicación mantienen aún algunos tópicos sobre la discapacidad?

Siempre ha habido tópicos y los habrá. Por ponerte un ejemplo: a veces mucha gente tiene la tendencia de hablar con nosotros con infantilismos, como si fuéramos niños eternos. Es una cuestión, sobre todo, de mentalidad.

La Ley 8/2021 ha supuesto un gran paso normativo en la igualdad jurídica de la discapacidad. ¿Qué barreras quedan aún por superar en España?

Las barreras mentales. Habrá personas que piensen que no seré capaz de trabajar como diputada, porque no me conocen y no saben cómo soy. No puedes opinar sobre lo que no sabes. Debes conocer más a alguien antes de pensar algo negativo sobre él. La sociedad está cambiando, pero nuestra visión debe acercarse más a la persona, no a la discapacidad que padece.

Huella digital

La diputada es muy activa en su cuenta de Instagram (@margalceran) donde publica imágenes de su vida pública y personal (sus apariciones con traje de fallera mayor son las que cosechan más ‘likes’). También tiene perfil en X (@mar_galceran) y en su ficha como diputada de las Corts Valencianes se recoge su biografía y su actividad parlamentaria.

Entrevista a Álvaro Martín-Moreno, director general de la Fundación Kyrios

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Álvaro Martín-Moreno,

director general de la Fundación Kyrios

«La inteligencia límite es una discapacidad que tiene que ver más con lo social que con lo intelectual»

La inteligencia límite es una discapacidad que se define por una alteración del cociente intelectual (entre 70 y 85) y de algunas habilidades cotidianas. Desde 2009 la Fundación Kyrios de Apoyo Personal favorece la socialización de personas con este trastorno. Su director general, Álvaro Martín-Moreno, explica las principales líneas de trabajo de esta fundación.
JOSÉ M. CARRASCOSA

–¿En qué consiste el trabajo de las actuales fundaciones de apoyo (antes denominadas tutelares)?

–Fundamentalmente lo que ha cambiado es el apoyo a la toma de decisiones: antes era el tutor el que decidía en lugar de la persona; ahora las entidades tenemos que apoyar a las personas en su decisión. Es una reconversión del modelo, generada por la Ley 8/2021, pero que no ha sido traumática para Kyrios. Llevábamos años realizando un conocimiento profundo de las personas, amparados en la Convención de la ONU, por lo que el sistema de trabajo no ha variado. Otro aspecto que se ha transformado es que hoy las medidas voluntarias de apoyo, plasmadas en escritura pública, pasan a formar parte del tráfico jurídico, mientras que antes eran poco menos que papel mojado.

 


“LAS MEDIDAS VOLUNTARIAS DE APOYO QUE PREVÉ LA NUEVA LEY 8/2021 CUENTAN CON UN NIVEL DE PROTECCIÓN Y FLEXIBILIDAD MUY ALTO AL ESTABLECERSE EN ESCRITURAS NOTARIALES”


 

–La figura de la tutela fue revisada tras la aprobación de la citada Ley 8/2021. ¿Se ha visto afectada la actuación de Kyrios por esta nueva normativa?

En absoluto. La única modificación radica en que ahora dotamos de herramientas a las personas y familias para que no tengan que acudir al juez a solicitar la incapacitación. Me gustaría decir que, aunque el balance de la ley es positivo, queda mucho por hacer. Por ejemplo, debe hacerse llegar a las familias el mensaje de que es una norma que no desprotege, sino que ampara. El nivel de protección y de flexibilidad es muy alto al establecerse en escrituras notariales los sistemas de medidas voluntarias de apoyo que detecten las necesidades y prevean que los deseos pueden variar. Si el derecho regula la relación entre las personas, no tenía sentido que no estuvieran en igualdad de condiciones para ejercer sus derechos, como ocurría con la legislación antigua.

–En colaboración con la Fundación Æquitas, los profesionales de Kyrios impartieron el pasado julio unas jornadas formativas sobre dicha ley dirigidas a notarios y empleados de notaría. ¿Qué papel están jugando estos profesionales?

–Es esencial. Uno de los cambios más sustanciales de la Ley 8/2021 se centra en la responsabilidad y fuerza que otorga al Notariado. Ahora su formación e implicación gozan de mayor trascendencia. En nuestro trabajo diario con diversos notarios detectamos dedicación, actitud comprensiva, sensibilidad y voluntad de ayudar. Mucha gente desconoce esa faceta como servidor público que ofrece asesoría gratuita. En definitiva, son gente accesible que aporta todo tipo de facilidades con el rigor propio de su profesión.

La discapacidad es una gran desconocida, por lo que las sesiones de formación que ofrecimos el pasado verano contribuyeron hacer entender diferentes casos a los que se pueden enfrentar en el día a día de los despachos notariales.

–¿Cómo valora la cooperación entre instituciones del tercer sector?

–Los convenios acercan a agentes sociales y jurídicos, algo que exige la nueva ley. El agente jurídico tiene que orquestar el ajuste a derecho; da forma a una voluntad para que se transforme. El agente social es el que conoce a la persona y claramente diferencia necesidades de apoyo y voluntad real, deseos y preferencias.

Las entidades de apoyo vinculan a la persona con su entorno natural, conocemos a la familia y a la gente de su alrededor para buscar apoyos en la zona de confort; no vamos a extraerlo de ahí para ‘institucionalizarlo’.

–La actividad de Kyrios se centra mayoritariamente en las personas con inteligencia límite… ¿Cuáles son las principales necesidades de esa discapacidad ‘invisible’?

–En la mayoría de los casos son personas que no presentan visibilidad física de su situación; ‘la procesión va por dentro’. Es una discapacidad que tiene que ver más con lo social que con lo intelectual. En la etapa escolar se empieza a sentir un bajo rendimiento, que genera acoso y una posterior extracción de la socialización. Ese desplazamiento provoca desajustes al querer hacer lo que sea por integrarse, algo que acarrea situaciones complejas. La legislación anterior no ayudaba; existía la sensación de que con una sentencia de incapacitación estaba todo solucionado al meter a esas personas en una burbuja de cristal.

Hay informes que señalan que hasta el 1% de la población puede tener inteligencia límite. Mucha gente tiene este perfil, pero están sin detectar; pasan inadvertidos hasta que se meten en problemas. Lo ideal es realizar una detección temprana, en el paso de la educación primaria a la secundaria, aunque hay desarrollos madurativos más tardíos. Hemos realizado charlas en centros educativos para anticipar soluciones.

–¿Queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la empleabilidad de las personas con discapacidad?

–La situación de desempleo global es grave, pero en el ámbito de la discapacidad se puede definir como terrible. No hay igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral. La dificultad no radica tanto en acceder, como en mantener el puesto de trabajo. La movilización del tercer sector para favorecer la normativa laboral ha sido muy importante; se han conseguido ayudas para contratar gente en el ámbito privado y público, pero falta recorrido en las adaptaciones; que los trabajos se adapten a los perfiles.

 


“LOS AGENTES JURÍDICOS TIENEN QUE HACER UN ESFUERZO POR ENTENDER QUE SU LENGUAJE ES DIFÍCILMENTE COMPRENSIBLE PARA TODOS”


 

–¿Son conocidas las discapacidades cognitivas, como la inteligencia límite, o siguen siendo necesarias acciones de difusión?

–La trascendencia de la discapacidad en la sociedad aún es mínima. La sensibilidad de los que trabajamos en esto -casi siempre por vocación- es diferente, pero la mayoría de la gente no es así. Socialmente hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, en terminología y lenguaje inclusivo. El sector va evolucionando, cada vez está más profesionalizado. Debemos ir abriendo camino y pelear para conseguir que se visibilice la realidad de estas personas que necesitan ayuda y que cada vez son más.

Entrevista a María José Segarra,, fiscal coordinadora de discapacidad

ESPACIO AEQUITAS

Mª JOSÉ SEGARRA,

FISCAL COORDINADORA DE DISCAPACIDAD

«Precisamos cambios para que la sociedad sea cada vez más inclusiva»

Con más de tres décadas de carrera en el Ministerio Fiscal, Mª José Segarra ha desempeñado diversas funciones -desde Fiscal General del Estado a la protección de menores-. A finales de 2020 se incorporó como coordinadora de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores. Medio año después, se aprobó la esperada Ley 8/2021 que adecúa nuestro ordenamiento en materia de discapacidad a la Convención de la ONU.
JOSÉ M. CARRASCOSA

¿Qué ha supuesto la llegada de esta norma para el sector?

Aun cuando la suscripción de la Convención de Derechos de las Personas con discapacidad por parte de España, en el lejano año 2007, vinculaba a todos los operadores jurídicos y obligaba a adaptar los instrumentos jurídicos y judiciales a las exigencias de la Convención, lo cierto es que era preciso un cambio absoluto de mentalidad, al que la normativa del año 2021 vino a dar el impulso definitivo instando la implicación de toda la sociedad. La nueva ley dispone los instrumentos y el impulso a ese cambio de paradigma: pasando del criterio de decisión en virtud del interés de la persona interpretado por su representante, al pleno respeto de las decisiones de la persona con discapacidad, dotada de todos los apoyos que precise. Cuando ello no sea posible, las decisiones deberán adoptarse buscando lo que pudiera haber sido su voluntad, deseos y preferencias atendiendo, para llegar a esa conclusión, a su trayectoria vital, sus creencias, valores y hechos que hubiera tenido en cuenta la persona. Ese cambio de mentalidad debe contribuir a romper inercias y sesgos y para ello los operadores jurídicos estamos plenamente implicados en la formación de nuestras plantillas, pero precisamos que se produzcan otros cambios para que la sociedad sea cada vez más inclusiva.

Uno de los puntos a los que tuvo que hacer frente en un primer momento fue la situación de desamparo de los ancianos durante el Covid. ¿Qué papel juega el Ministerio Fiscal en la protección de los mayores?

Disponemos de una amplia fórmula de intervención previa a cualquier procedimiento judicial, supervisando cualquier situación de vulnerabilidad e instando su resolución por las Administraciones con competencias en la materia, analizando situaciones de posible necesidad de adoptar medidas de apoyo a la capacidad jurídica de la persona o de índole asistencial a través de nuestras diligencias preprocesales. El año pasado se dictó por la Fiscalía General del Estado la instrucción 1/2022 sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores y/o con discapacidad, con la clara pretensión de caminar hacia un sistema de cuidados respetuoso con la dignidad, encomendando a los fiscales intensificar la inspección de los centros con esta finalidad. También tenemos puesta la atención en desarrollar las actuaciones que prevengan situaciones de abuso económico o de cualquier índole sobre las personas mayores, vivan o no en contextos residenciales. Diversos convenios con instituciones públicas, privadas y ONG son herramientas de detección de estos casos.

Gonzalo López Ebri -teniente fiscal de Valencia y patrono de Aequitas, como usted- fue galardonado recientemente con el premio del Foro Justicia y Discapacidad por, entre otras actuaciones, su «desempeño en el control de residencias y pisos tutelados de mayores». Con una población cada vez más envejecida, ¿son adecuados los recursos para los cuidados en esa etapa de la vida?

Nos compete a todos abordar una reflexión sobre nuestro modelo residencial. Es evidente el envejecimiento demográfico de nuestro país, así como que se están produciendo cambios en el perfil de las personas que viven en entornos residenciales. Cualquier debate ha de partir de una mayor concienciación social sobre la importancia de ese colectivo, sus necesidades, derechos y preferencias, así como sobre el carácter heterogéneo de este grupo social, que incluye personas mayores autónomas, en situación de dependencia, y con discapacidad. Cada individuo tiene su particular contexto (social, económico, cultural) que lo hace único. Por ello, debe diseñarse una diversidad de recursos que pueda adaptarse a las distintas realidades y necesidades personales que, además, son dinámicas. Esto pasa, por supuesto, por potenciar, en los casos en que sea posible, la atención integrada sanitaria y social en el propio domicilio, pero también por multiplicar y diversificar los modelos residenciales. De esta forma, se podrán cubrir las distintas necesidades con que se van encontrando las personas en la fase final de su vida. Y desde luego se necesita avanzar decididamente hacia la atención sanitaria y social integradas. La atención prestada en las residencias debe incrementar su componente sanitaria, vinculándose mejor los recursos residenciales con la atención primaria y comunitaria de salud e invirtiendo en el soporte sanitario a las residencias, con personas formadas en geriatría en los puestos de decisión.

 


“LA LEY 8/2021 DISPONE UN CAMBIO DE PARADIGMA: PASANDO DEL CRITERIO INTERPRETADO POR EL REPRESENTANTE AL RESPETO DE LAS DECISIONES DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD”


 

Recientemente se ha puesto en marcha, desde el Foro Justicia y Discapacidad, un seminario conjunto dirigido a jueces, notarios y fiscales. ¿Cree que la colaboración entre operadores jurídicos es la adecuada?

Ese seminario se ha organizado y codirigido desde el convencimiento de las tres instituciones (Consejo General del Poder Judicial, Consejo General del Notariado y Fiscalía General del Estado) de la importancia de este trabajo conjunto, consecuencia del reto que suponen los cambios que nos exige el nuevo modelo diseñado por la Ley 8/21, que trasciende de los procesos civiles e implica a más operadores. También se corresponde esa iniciativa con la dinámica de trabajo colegiado que he podido comprobar a mi incorporación al Foro Justicia y Discapacidad, un foro plural institucional y civil-asociativo, rodeado de expertos en torno a la destrucción de las barreras que hacen difícil la igualdad e integración de las personas con discapacidad. No hay otro camino para la eficacia en las metas propuestas que la alianza de cuantos podemos aportar algo a su consecución.

Los notarios están contribuyendo a la configuración del sistema de apoyos para las que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. ¿En qué medida?

En la medida en que el sistema de apoyos a la capacidad jurídica de la persona pasa por la prioridad del diseño que realice la propia persona (artículos 249 o 255 Código Civil), hasta el punto de no perder vigencia las previsiones voluntarias por el hecho de haberse acordado medidas judiciales o voluntarias de apoyo (artículo 258 Código Civil). Parece evidente que el notario tiene un importante papel que jugar ofreciendo la información adecuada a cada situación personal y de manera adaptada a su comprensión, para que la persona pueda desplegar o prever el sistema de apoyos, garantías y salvaguardas que le parezca más oportuno. No puedo sino señalar lo adecuado que fue el dictado de las circulares informativas de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado, que interpretan esta trascedente función de garantía en el ámbito notarial, subrayando la responsabilidad del notario en hacer accesibles aquellos actos jurídicos que precisan su intervención. La garantía de la accesibilidad de todas las personas abre enormes posibilidades para organizar nuestra vida tanto en el presente como de cara al futuro, si queremos diseñar cómo deseamos ser atendidos y apoyados en nuestra capacidad jurídica para cuando no podamos realizar algunas cosas por nosotros mismos.

Durante el mandato de su predecesora, Consuelo Madrigal, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Notariado suscribieron un convenio de colaboración. ¿Puede comentarnos las próximas líneas de actuación al respecto?

El convenio del año 2016 estuvo orientado a facilitar el intercambio de información ágil entre ambos colectivos para facilitar la protección jurídica de colectivos vulnerables como los menores y personas con discapacidad. Los frutos de la colaboración entre fiscales y notarios han ido mucho más allá, generando un foro de debate continuo, dinámico y ágil en la solución de problemas, teniendo siempre por norte la Convención. La publicación de la Ley 8/21, en la que el impulso de ambos colectivos ha sido evidente, ha potenciado este panorama de colaboración. La potenciación de la autonomía de la persona con discapacidad o la desjudicialización efectiva, que lleva consigo la prioridad de las medidas de apoyo voluntarias, o la estabilidad otorgada a las guardas de hecho, nos debe llevar a incrementar nuestra eficacia en la detección de los casos de desprotección, abuso o influencia indebida, o cualquier circunstancia que pueda provocar situaciones de desigualdad de las personas por razón de su discapacidad. De ahí la necesidad de profundizar en la intercomunicación de ambas instituciones.

 


“A LA HORA DE PREVER EL SISTEMA DE APOYOS ANTE LA DISCAPACIDAD, EL NOTARIO TIENE UN IMPORTANTE PAPEL QUE JUGAR OFRECIENDO LA INFORMACIÓN ADECUADA A CADA SITUACIÓN PERSONAL”


 

La insuficiencia de las medidas de apoyo existentes debe llevar al notario a comunicar dicha situación al fiscal, conforme a la Ley de Jurisdicción Voluntaria en una dinámica que se ha incorporado a la Ley del Notariado y que debe naturalizarse como una salvaguarda social de ese reconocimiento de la autonomía de todas las personas. La cualidad del notario, prestando su apoyo a la toma de decisiones de la persona con discapacidad, puede solventar cualquier riesgo de desequilibrio en el acto jurídico concreto que autorice, pero simultáneamente esa intervención puede ser compatible con una comunicación al fiscal, por si fuera necesario estudiar una medida de apoyo o una salvaguarda judicial que proyecte hacia otros espacios esa cobertura de protección a la autonomía de la persona concernida. Se hace evidente una reelaboración del convenio que recoja las mejores prácticas y potencie un intercambio de información más seguro.

«LA COLABORACIÓN ENTRE FISCALES Y NOTARIOS HA IDO MUCHO MÁS ALLÁ, GENERANDO UN FORO DE DEBATE CONTINUO, DINÁMICO Y ÁGIL»

Huella digital

Segarra no cuenta con perfiles propios en las redes sociales, aunque dispone de una cuidada biografía en wikipedia. La actualidad de la fiscalía se puede seguir en IG: @fge.fortuny4, Twitter: @fiscal_es, y Youtube 

Entrevista a Gonzalo A. López Ebri, premio Foro Justicia y Discapacidad

ESPACIO AEQUITAS

GONZALO A. LÓPEZ EBRI,

PREMIO FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD

Gonzalo A. López Ebri acaba de ser premiado por el Foro Justicia y Discapacidad en la categoría A una trayectoria personal. El teniente fiscal de la Comunitat Valenciana y patrono de Aequitas repasa en esta entrevista sus cuatro décadas de carrera profesional.
JOSÉ M. CARRASCOSA

¿Qué supone este reconocimiento?

Me ha dejado sobrecogido. Ni conocía cómo se tramitaba la concesión, ni que yo estaba entre los propuestos. La satisfacción es evidente; tras más de 25 años dedicado al ámbito de la discapacidad, la concesión de este premio representa un grandísimo honor para mí. Lo recibo con la humildad de quien recibe un regalo.

La entrega de estos premios coincidirá con el segundo aniversario de la entrada en vigor de la Ley 8/2021. ¿Qué balance realiza de esta etapa?

Una reforma de gran calado e hito fundamental en la adaptación de nuestro ordenamiento a la Convención de Nueva York. Reconocer que todas las personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones exige un cambio del entorno y, especialmente, una transformación de la mentalidad social de aquellos profesionales del Derecho –jueces y magistrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, notarios, registradores…– que han de prestar sus respectivas funciones a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy resultan periclitadas. Como balance, por lo que a las profesiones jurídicas respecta, ese cambio se ha producido. Ya se puede decir, con carácter general, que el cambio de paradigma ha impregnado a los operadores. El esfuerzo por conseguir esa igualdad es una meta generalizada que exige convencimiento, implicación y dedicación. En todo caso, ya estamos en un camino sin retorno que no permite dar un paso atrás que cuestione la igualdad de las personas con discapacidad.

Los juzgados tienen que revisar las incapacitaciones adoptadas con anterioridad a esta ley. ¿Cuál es la situación actual?

En lo que concierne a la revisión de las medidas ya acordadas, deberá realizarse en un plazo máximo de tres años. No existen estadísticas fiables de cuántas han sido las revisiones realizadas en el ámbito nacional; ahora bien, a mi entender, estimo que ese plazo será de imposible cumplimiento, situación ésta que es preferible a que se actúe con celeridad y no con la rigurosa y detallada dedicación que exige la determinación de cuál sea el apoyo mejor para garantizar esa igualdad en el ámbito de la capacidad jurídica. Es decir, prefiero que la decisión judicial sea ponderada, reflexionada y con la asistencia de los informes y datos adecuados a que, producto de un plazo, la rapidez merme aquella manera correcta de tomar una decisión de enorme trascendencia para las personas con discapacidad como es la de determinar qué apoyos son los óptimos para el ejercicio de su capacidad jurídica en iguales condiciones que los demás.

 


EL NOTARIADO HA SIDO PIONERO EN EL ÁMBITO DE LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


 

El Covid nos mostró la situación precaria en algunas residencias. Usted puso en marcha hace años un plan de inspecciones en Valencia. ¿Cuál fue el resultado?

Aquella iniciativa de inspecciones comenzó en el año 2001, es decir hace 22 años. Habría que pensar en la España de aquella época y lo que significaron esas iniciativas. Se empezó a tener conciencia social del “cuidado”, de la dimensión social de todas aquellas situaciones de riesgo personal y patrimonial derivadas de la vulnerabilidad por razón de la enfermedad mental en el ámbito del internamiento psiquiátrico. Se desarrolló un programa de averiguación de quiénes eran los guardadores de hecho que estaban a cargo de la administración del patrimonio de cada una de las personas ingresadas en residencias con la finalidad de evitar y/o detectar posibles expolios, que en unos casos se detectaron y evitaron, y en otros, no obstante detectarse, no se evitaron gracias a la detestable excusa absolutoria de las apropiaciones patrimoniales no violentas entre parientes del antiguo Código Penal, hoy dichosamente desterrada. No obstante, la Fiscalía fue vanguardia tanto en la exigencia del control judicial del internamiento como en la exigencia de las periódicas visitas por los fiscales. En la actualidad, la creación de la fiscalía de sala coordinadora de los servicios especializados de atención a personas con discapacidad y mayores ha significado una apuesta decidida en favor del colectivo.

Otra de sus acciones fue una campaña dirigida a la banca para incrementar la protección del patrimonio de las personas con discapacidad. ¿Qué consejo práctico daría hoy a este colectivo?

Es evidente que la entrada en vigor de la Ley 8/2021 ha generado disfunciones importantes en cuanto a su aplicación en el ámbito bancario; especialmente en lo concerniente a la acreditación de la guarda de hecho, situación ésta que ha impedido que, en no pocos casos, las personas con discapacidad asistidas de sus guardadores de hecho pudieran extraer las cantidades que precisaban para cubrir sus necesidades. Es de justicia reconocer que las entidades financieras han reaccionado y mostrado su implicación en la aplicación de la ley para evitar disfunciones como la descrita. A la banca le agradezco su disposición con la esperanza de que ésta se plasme en una eficaz protección de las personas con discapacidad; y a los familiares, me gustaría indicarles que no duden en instar la intervención de la Fiscalía ante cualquier abuso, ilícito uso o indicio de que se produzca, sobre el patrimonio de una persona vulnerable.

Asimismo, contribuyó a eliminar en la reforma del Código Penal la conocida como «excusa absolutoria del parentesco» que exoneraba a familiares en los casos en que se aprovechaban de la discapacidad de la víctima para beneficiarse económicamente. ¿Cree que se ha superado la comisión de ese tipo de delito?

Superarse la comisión de los delitos contra el patrimonio sobre las personas con discapacidad sería lo deseable, pero no sería una perspectiva real. Actualmente, aquellos desaprensivos que con su vileza intenten aprovecharse del patrimonio de este colectivo lo tienen mucho más difícil, y si lo hacen ya no tienen excusa alguna que los salve.

Entre sus cargos figura el de vicepresidente del Indisva (Instituto Notarial para la Atención Jurídica a las Personas con Discapacidad de Valencia). Desde su cercanía con esta profesión, ¿cómo valora el papel que realizan los notarios?

Desde hace ya muchos años los notarios vienen mostrando una especial sensibilidad hacia las personas con discapacidad. El Consejo General del Notariado (CGN) adoptó en el año 1999 (24 años antes de la Ley 8/2021) el acuerdo de constituir la Fundación Aequitas, que canalizara las aportaciones que puede realizar el Notariado en su conjunto, y los notarios y otros profesionales individualmente, en relación con la discapacidad y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran numerosas personas. Indudablemente, no se puede negar que el Notariado ha sido pionero en el ámbito de inclusión de las personas con discapacidad.

 


LA DISCAPACIDAD ES UNA MATERIA QUE APENAS TIENE PRESENCIA EN LOS PLANES DE ESTUDIO, PARTICULARMENTE EN LA CARRERA DE DERECHO, LO CUAL ES ESPECIALMENTE PREOCUPANTE


 

Ahora con la reforma, no solo se les reconoce el trabajo que ya venían desempeñando, sino que cobran el máximo protagonismo al convertirse en un verdadero apoyo institucional para estas personas. Las medidas de apoyo voluntarias se priorizan por encima de todas las demás en el nuevo modelo y tales medidas deben quedar plasmadas en documento público; de ahí que los notarios jueguen ese papel estelar y decisivo en la vida de las personas con discapacidad, pues de su asesoramiento y asistencia en el otorgamiento del documento público que determine los apoyos dependerá la gestión de las vidas de muchas de ellas. Un buen documento de medidas voluntarias evitará la litigiosidad y la necesidad de recurrir a los juzgados para resolver cuestiones que pueden quedar perfectamente zanjadas en el documento notarial. La sensibilidad del notariado ante esta nueva realidad quedó igualmente plasmada en las circulares del CGN emitidas inmediatamente después de la entrada en vigor de la Ley 8/2021; la primera de ellas dando cuenta del nuevo paradigma; y la segunda, marcando una serie de directrices orientativas para facilitar la averiguación de la voluntad de las personas con discapacidad al otorgar las citadas medidas voluntarias. En el ámbito de formación y promoción de la nueva ley, el Notariado también en esto ha sido pionero; se ha adelantado a otros colectivos del ámbito jurídico, del tercer sector y a familiares de las personas con discapacidad, lo que de nuevo evidencia su compromiso.

Ha sido profesor de Derecho Civil y Penal en la Universidad de Valencia. ¿Considera que el ‘Derecho sobre la Discapacidad’ está suficientemente presente en nuestros planes de estudio universitarios?

En absoluto; actualmente es una materia que apenas tiene presencia en los planes de estudio, particularmente en la carrera de Derecho, lo cual es especialmente preocupante ahora que se van a cumplir dos años desde la publicación de la Ley 8/2021. Vista la exigencia de que, a la luz de la nueva normativa, las personas con discapacidad pueden intervenir en el tráfico jurídico en igualdad de condiciones con los demás, la consecuencia será que todo el ordenamiento jurídico debe estudiarse traspasado de ese nuevo paradigma, lo que comporta que el nuevo sistema de provisión de apoyos debe ser estudiado y conocido en profundidad. Ello exige que, efectivamente, se apueste por la implementación del Derecho sobre la discapacidad en los planes de estudios. Así lo demandan los propios representantes de las personas con discapacidad, entre ellos el CERMI.

¿Qué le diría a un recién licenciado que desea iniciarse en el campo jurídico de la defensa de los más vulnerables?

Durante 39 años he compaginado la labor de fiscal con la de profesor de Derecho Civil en la Universidad de Valencia, dedicándome a impartir las materias en las que intervenía el ministerio fiscal cuando estaba comprometido el interés social o cuando podían afectar a menores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. A finales de los años 80 ver a un fiscal que se empeñara en estas labores no era lo más frecuente, se nos relacionaba más con el ámbito penal. Hoy, felizmente, nadie comprende las funciones del ministerio fiscal sin que entre ellas esté, como consustancial a la institución, la de proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente.

A un joven licenciado le diría que con su actitud puede hacer que este mundo sea más solidario; que con su atención puede evitar, cuanto menos, que no aumente la miseria, y que, con su dedicación, puede impedir que la desigualdad derivada de la vulnerabilidad tenga soporte alguno que la justifique. Que sea consciente de cuánta fortaleza se necesita para vivir en la fragilidad. Y terminaría contándole aquel relato africano que tan bien describe las consecuencias de la insolidaridad: ‘El último camello de la fila camina como todos los demás. Lo que nos pase a alguno de nosotros le pasará a los demás’.

La reforma de la discapacidad

ESPACIO AEQUITAS

LA REFORMA DE LA DISCAPACIDAD

De izda. a dcha.: Rafael de Lorenzo, Juan José González Rivas, José Ángel Martínez Sanchiz, María Jesús Moro y Federico Cabello de Alba.

A finales de enero, la sede del Consejo General del Notariado (CGN) acogió la presentación de la obra La reforma de la discapacidad, editada por Fundación Notariado. El acto estuvo encabezado por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN y de las fundaciones Aequitas y Notariado, así como autor del prólogo. Le acompañaron los tres notarios coordinadores de la obra: Almudena Castro-Girona, (directora de la Fundación Aequitas y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado. UINL); Federico Cabello de Alba (director de la sección social y económica de la Fundación Aequitas), y Carlos Pérez Ramos (coordinador de la Revista Jurídica del Notariado).

JOSÉ M. CARRASCOSA,

En representación de los 45 autores intervinieron Rafael de Lorenzo, secretario general de la ONCE; Juan José González Rivas, presidente emérito del Tribunal Constitucional, y María Jesús Moro, diputada y profesora titular de Derecho Civil.

Para Martínez Sanchiz «en esta obra se recogen una serie de trabajos realizados por personas del máximo conocimiento de la materia; todos ellos juristas de gran nivel de ámbitos como el judicial, notarial, fiscal, la abogacía o las entidades sociales. Debemos felicitarnos por la obra y, sobre todo, por la existencia de esta Ley 8/2021 por la que tanto ha trabajado la Fundación Aequitas»

«Aequitas ha sabido defender -junto con CERMI, ONCE y otras entidades sociales- la aplicación del artículo 12 de la Convención de la ONU que afirma que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. La ley es un éxito por la colaboración de todos los grupos parlamentarios y por ser un referente mundial, ya que es la transposición de la Convención con desarrollo legislativo más intenso», resaltó.

Para Martínez Sanchiz, la nueva Ley sobre discapacidad, «realza la importancia del Derecho Civil, que se caracteriza porque está vinculado ineludiblemente a la persona mediante la inserción de una serie de principios como la idea de libertad e igualdad. El Derecho Civil tiende siempre a proteger a los que necesitan mayor apoyo. Asimismo, tiene un valor ético impagable porque exige un compromiso en materia de Derechos Humanos».

También demandó un papel más activo en la aplicación de esta legislación. «Es comprensible que un cambio de paradigma como este provoque miedo a un mayor grado de libertad, incluso por parte de las personas con discapacidad y sus familias. Debemos incentivar ese enriquecimiento de la personalidad. La confianza en las familias es uno de los pilares en los que se sustenta la protección jurídica de la discapacidad. Se reconoce la autonomía personal, pero en compañía de los suyos».

El papel de los notarios

Sobre el papel que desempeñan los notarios a raíz de la nueva normativa, Martínez Sanchiz declaró que «nos obliga a abordar una nueva situación. Los notarios nos encontramos con una responsabilidad altísima ya que debemos ofrecer soluciones e introducir medidas de salvaguarda».

«Esta obra aporta a los juristas información y formación. Aunque no debemos reducirnos a estudiar, sino que también debemos escuchar para construir soluciones conjuntas que sirvan mejor a la sociedad. Los notarios tenemos la ventaja de poder dialogar con los ciudadanos, para -al igual que otros profesionales como jueces y fiscales- tratar de desarrollar un objetivo tan elevado como es el respeto de la dignidad humana», concluyó.

 


PARA JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO: «LA LEY 8/2021 ES UN REFERENTE MUNDIAL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD»


 

Juan José González Rivas mostró su optimismo en la “superación del artículo 49 de la Constitución, en la que debería sustituirse el término ‘disminuido’ por ‘persona con discapacidad’. Supondría un aldabonazo en el ámbito legislativo y judicial haciendo efectivos los principios básicos de nuestro Estado de Derecho».

La diputada María Jesús Moro resaltó el consenso político en la puesta en marcha de una ley que se inició durante un gobierno y concluyó con otro de sesgo contrario. «Su tramitación fue ejemplar porque una serie de personas fueron conscientes de su importancia, y a pesar de la variedad del arco parlamentario se logró un máximo consenso. Entidades como CERMI, ONCE o Plena Inclusión fueron también un motor de impulso fundamental. Ha supuesto la primera gran transformación del Derecho Privado, aunque pueda tener algunas lagunas. Debemos proteger esta norma e irla adaptando a la realidad, defendiendo la autonomía privada con todas las garantías posibles y reduciendo el intervencionismo de los poderes públicos».

Por su parte, Rafael de Lorenzo abundó en la dificultad de aprobar «una reforma de tal extensión en el Código Civil y otras siete u ocho leyes. Es un fenómeno parlamentario inusual. En un período muy corto se modificaron más de 250 artículos de Derecho Privado. Supuso un ejemplo de voluntad política que hizo prevalecer el interés social para un colectivo de cuatro millones y medio de personas con discapacidad que, con sus familias, se convierten en la cuarta parte de la población española. Esta obra realiza aportaciones relevantes ante el reto que supone la aplicación práctica de una reforma de tan gran calado, que nos dota de herramientas para incrementar la dignidad humana del sector a través del desarrollo de una plena capacidad jurídica».

Por lo que se refiere a los coordinadores de la obra, Federico Cabello de Alba apuntó que «hay que avanzar más en la aplicación de la ley. Es un trabajo que aún no ha finalizado; hay legislaciones conexas que aún no se han abordado. Los operadores jurídicos, como la judicatura o el Notariado, debemos superar inercias para avanzar en el acceso a otras prácticas como es el caso del ámbito bancario». Castro-Girona coincidía en ese mensaje: «Tenemos mucho por hacer, pero ahí vamos a estar todos trabajando unidos. Desde Aequitas tenemos disposición para trabajar juntos, como demuestra este libro». Por su parte, Pérez Ramos, señaló que el objetivo planteado en la génesis de la obra, «realizar un libro de referencia sobre la discapacidad», se había cumplido.

La reforma de la discapacidad

En la obra, 45 expertos analizan la normativa española sobre discapacidad y especialmente su evolución hasta culminar en la aprobación de la Ley 8/2021. En sus páginas se analizan figuras jurídicas como los poderes preventivos, la curatela, la guarda de hecho, el patrimonio protegido, el consentimiento informado, y las medidas voluntarias y judiciales de apoyo, entre otras.

Æquitas y Fedace ponen en marcha el proyecto Rumbo

ESPACIO AEQUITAS

Aequitas y FEDACE ponen en marcha el proyecto Rumbo

Mar Barbero.

La Fundación Aequitas y la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace) -junto a otras entidades- han puesto en marcha el proyecto Rumbo. Hacia un modelo de autonomía personal conectada e inclusiva. Esta iniciativa nace con el objetivo de ofrecer formación online sobre la autonomía personal y la vida independiente a las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA), familiares y profesionales. Estos cursos son abiertos y gratuitos y se desarrollarán a lo largo de sesiones periódicas durante los dos próximos años. La directora de Fedace, Mar Barbero, explica para Escritura Pública la acogida y expectativas de Rumbo.

JOSÉ M. CARRASCOSA

¿Cómo surge la iniciativa de Rumbo?

El proyecto nace de la agrupación de cinco grandes asociaciones representativas de la discapacidad -Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), Confederación Autismo España, Fedace, Predif (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física) y Aspace (Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral)- con el objetivo de plantear e implementar un nuevo modelo de apoyo a la autonomía personal y al cuidado de las personas con discapacidad, especialmente aquellas con mayores necesidades de apoyo, para impulsar la vida independiente y facilitar formas de vida inclusivas. Surge de la necesidad de apostar por la prevención de la institucionalización de las personas con discapacidad y fomentar la vida en comunidad, desde las distintas miradas de los colectivos.

Nace de una convocatoria que subvenciona el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, a través de los Fondos Next Generation de la UE. Una de las políticas de ese proyecto hace referencia al Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión que pretende reforzar las políticas de atención a la dependencia y apoyos a la autonomía personal impulsando un cambio en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración hacia una atención centrada en la persona e impulsando el derecho a decidir cómo y con quién quieren vivir, y a acceder a los apoyos que les faciliten la igualdad de oportunidades y la inclusión en la comunidad.

¿Qué acogida han tenido las primeras sesiones?

Dentro del proyecto se contemplan diferentes actividades, realizadas desde las cinco confederaciones nacionales, y también desde diecisiete entidades ejecutantes en diferentes territorios de España. Desde Fedace hemos iniciado unos ciclos formativos que se llevarán a cabo hasta el año 2024, centrados en temas específicos que impactan en la autonomía y la vida independiente de las personas con DCA. El objetivo es generar conocimiento para profesionales, personas con DCA, familiares, cuidadores y la sociedad en general sobre las vías, mecanismos y servicios que apoyan la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad, en este caso de personas con DCA. Ya hemos realizado varias sesiones formativas en noviembre que han tenido una amplia acogida dentro y fuera de nuestro movimiento asociativo. Estamos muy satisfechos por la asistencia y por las valoraciones e interés percibido.


LAS SESIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS DESDE RUMBO SON ABIERTAS Y GRATUITAS Y SE DESARROLLARÁN EN SESIONES PERIÓDICAS A LO LARGO DE LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS


¿Cuáles son las principales dudas que plantean vuestros asociados y/o familiares?

Las personas con DCA y sus familias quieren tener certidumbre sobre cambios legislativos y recursos de atención al DCA que apoyen su autonomía y vida independiente y participativa en su entorno. Quieren tener una calidad de vida adecuada y poder elegir cómo llevar a cabo su proyecto de vida.

¿Qué pueden aportar los notarios y la Fundación Aequitas a Fedace y a proyectos como Rumbo?

La mayor aportación que precisan las personas con DCA de personas expertas en normativa y legalidad es la orientación jurídica sobre temas que tienen que ver con una discapacidad sobrevenida como la suya. Es muy necesaria y bien valorada la formación en la nueva Ley 8/2021. También se necesita en aspectos relativos a las diferentes leyes de dependencia y discapacidad existentes en nuestro país.

Primeras sesiones de Rumbo

En noviembre tuvieron lugar las primeras sesiones del ciclo formativo Tratamiento de la discapacidad en el Derecho Civil. El notario Manuel Rueda impartió las conferencias Sistema de ayudas a las personas con discapacidad en la vida en sociedad y Otras figuras de apoyo de las personas con discapacidad. El director del área jurídica de Aequitas dialogó con los asistentes virtuales, atendiendo sus consultas e informando de los beneficios de algunas figuras jurídicas: guarda de hecho, curatela, patrimonio protegido de las personas con discapacidad, etc.

La práctica jurídica de la discapacidad

El auditorio de la Universidad de Deusto acogía en noviembre la sesión inaugural del ciclo La práctica jurídica de la discapacidad. Estudiantes de primer curso del grado en Derecho (y otros dobles grados) asistieron a este primer panel de debate que versó sobre La práctica notarial y la actuación institucional en la discapacidad. El contenido de estas ponencias forma parte del plan de estudios de la asignatura Introducción al Derecho. Fundamentos de Derecho Privado de la citada institución académica. Las notarias Almudena Castro-Girona y Carmen Velasco -directora de la Fundación Aequitas y vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, respectivamente- aportaron el punto de vista de su profesión, junto a Oier Zuberogoitia, director gerente del instituto Tutelar de Bizkaia.
De izquierda a derecha: Almudena Castro-Girona, Oier Zuberogoitia, Gema Tomás (decana de la facultad de Derecho), Carmen Velasco y Emilio Olabarría (patrono de Æquitas).

Página de Fedace, con información sobre los próximos cursos de Rumbo.

Imagen del cartel

Intervención de Manuel Rueda en el canal de Youtube de Fedace

Documentos notariales en lectura fácil

ESPACIO AEQUITAS

DOCUMENTOS NOTARIALES EN LECTURA FÁCIL

Las fundaciones ONCE y Æquitas junto al movimiento asociativo Plena Inclusión han suscrito un convenio para poner en marcha el proyecto piloto Documentos notariales en lectura fácil. El notario Manuel Rueda, director de la sección jurídica de la Fundación Æquitas, explica en detalle el estado de esta iniciativa, surgida para adaptar la legislación española a la Convención de la ONU sobre discapacidad.
JOSÉ M. CARRASCOSA
Manuel Rueda.

-¿Qué supondrá este proyecto para las personas con discapacidad intelectual o con dificultad de comprensión?

-El proyecto inicial consiste en que los usuarios con discapacidad del servicio notarial, junto con las copias ordinarias de un documento que hayan realizado, puedan disponer de una versión de ese documento escrito en lectura fácil para su conservación en un formato más accesible. Esta versión no tendrá la consideración de copia del documento con sus efectos jurídicos, sino que será meramente informativa. El cliente con discapacidad dispondrá de un documento explicativo, en lectura fácil, para su recuerdo y comprensión en el futuro.

A lo largo del desarrollo del proyecto hemos añadido otra posibilidad: que en las notarías estén disponibles modelos explicativos, en lectura fácil, de documentos notariales, a utilizar por personas con discapacidad antes de firmar una escritura. No sustituye a las explicaciones que se le puedan dar acerca del documento que tienen previsto realizar, sino como un apoyo para poder evaluarlo en casa y recordar las explicaciones que haya recibido. En realidad, es similar al borrador que se suministra a cualquier persona con carácter previo a la firma del documento, pero referido a un modelo tipo del mismo.
Estamos en una fase piloto para establecer los procesos en los que participarán las notarías, los traductores y las entidades del tercer sector puesto que todos son necesarios para alcanzar la finalidad prevista.

-¿Cómo se lleva a la práctica el desarrollo del convenio?

-Plena Inclusión se encarga de la traducción a lectura fácil de los documentos elaborados por los notarios. Posteriormente, esta traducción es revisada en la propia notaría o en la Fundación Aequitas. A continuación, se procede a una segunda validación por personas con discapacidad, para ver si alcanza el nivel de comprensión requerido. LIBER, antigua Federación de Entidades Tutelares, a través de las fundaciones asociadas en cada localidad, es la encargada de encontrar y relacionarse con las personas con las que se elaboran los documentos. La Fundación Aequitas se encarga de coordinar a las notarías que se han prestado a intervenir en el proyecto, coordinación que se extiende a las relaciones con las otras dos entidades. Asimismo, estamos interviniendo en la preparación de los modelos explicativos de documentos. Por su parte, la Fundación ONCE ha sido un apoyo económico imprescindible para el proyecto.


EN UNA PRIMERA FASE SE ADAPTARÁN UN NÚMERO LIMITADO DE DOCUMENTOS NOTARIALES. SI CONCLUYE CON ÉXITO, EL PROYECTO PODRÍA EXTENDERSE A CUALQUIER OTRO


-¿Qué tipo de documentos se adaptarán?

-Se han seleccionado algunos documentos que suelen realizar las personas con discapacidad, desde un testamento a aceptaciones de herencias. Si concluye con éxito, podría extenderse prácticamente a cualquier documento.

-Está previsto que el proyecto piloto se inicie en los colegios notariales de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias. ¿Cuándo se hará extensivo a toda España?

-Al ser un proyecto que implica reuniones frecuentes entre los tres agentes, se ha limitado el número de colegios notariales y notarios en cada uno. Hay que tener en cuenta que cada paso requiere cinco reuniones en las que intervenimos los representantes de Plena Inclusión y Aequitas, más las fundaciones locales de LIBER y los notarios de cada región que se han ofrecido voluntarios. Una vez terminado el proyecto, la idea es que su desarrollo se pueda extender a toda España.

-Este otoño se presentará un informe de conclusiones. ¿Podría adelantarnos algunos de los principales puntos de interés?

-La siguiente tanda de reuniones esperamos que permita presentar resultados ya concretos (modelos de documentos traducidos y documentos otorgados y ya disponibles por los usuarios), que nos permitan empezar a elaborar el informe de conclusiones. Será interesante contrastar la disposición de los traductores a través de Plena Inclusión para una actuación mucho más amplia que la actual. Igualmente, deberemos coordinar los plazos en que puede trabajar cada uno; conocemos los de las notarías a la hora de elaborar un documento, pero hay que encajarlos con los que manejan los traductores para su trabajo.

Nuevo patronato de la Fundación Aequitas

En septiembre, la Fundación Aequitas renovó su Patronato. Tras la salida del magistrado Benigno Varela y los notarios Adolfo Príes y Rafael Leña, a los que la Fundación Aequitas y el Consejo General del Notariado han agradecido su labor, se nombró nuevos patronos a los notarios Rosario Algora y José Marqueño de Llano.

Los patronos actuales son:

Rosario Algora, notaria; José Luis Blázquez, presidente de la Comisión Nacional de Finanzas de Cruz Roja Española; Juan Bolás, notario honorario; Miguel Ángel Cabra de Luna, director Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE; Álvaro Cuesta, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Blanca Entrena, notaria; Cristóbal Fábrega, fiscal; Juan Francisco Herrera, notario; Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, consejero permanente de Estado; Gonzalo López Ebri, teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia; Consuelo Madrigal, ex fiscal del Tribunal Supremo; Antonio López-Istúriz, diputado en el Parlamento Europeo; José Marqueño de Llano, notario honorario; Vicente Martínez-Pujalte, ex diputado; Ignacio Moreno, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; José Ignacio Navas, notario honorario; Emilio Olabarría, ex diputado; Ángeles Parra, magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo; Pascual Ortuño, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona; Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; Miguel Rodríguez-Piñero, consejero permanente y presidente de la sección segunda del Consejo de Estado; Luis Sampietro, notario; Yolanda San Pastor, magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Madrid; María José Segarra, fiscal de sala de Discapacidad; José Luis Seoane, magistrado del Tribunal Supremo; Fernando Santos Urbaneja, fiscal; Francisco Vañó, ex diputado; e Inmaculada Vivas, catedrática de Derecho Civil.

José Ángel Martínez Sanchiz, Raimundo Fortuñy y Manuel Tarrío -presidente, vicepresidente y secretario del Consejo General del Notariado, respectivamente- desempeñan el mismo cargo en el patronato de la Fundación Aequitas.

Patronato de Æquitas.