La guerra arancelaria que tiene por escenario el gran tablero mundial conlleva serios efectos para las multinacionales y los grandes conglomerados empresariales, pero se convierte sobre todo en una amenaza para el tejido más frágil y vulnerable de nuestra economía: las pequeñas y medianas empresas, que ya vienen de reducir su actividad internacional en el 2024 y cuentan con peores perspectivas para el año en curso. Sin olvidarnos del colectivo de autónomos, que puede tener una problemática similar ante la infinidad de supuestos donde sus actividades coinciden.

En el caso de las multinacionales y las grandes empresas, tienen suficiencia, tanto para lidiar con los nuevos entornos arancelarios, en términos de asistencia jurídica, logística avanzada y apoyos financieros, como para la diversificación de proveedores y capacidad de negociación. Algo que no sucede a las pymes. La asimetría de recursos aumenta las desigualdades dentro del propio sector empresarial; haciendo desplazar a las pequeñas empresas del mercado, por estar atadas a sus cadenas de suministros locales, a menudo sin margen de maniobra; y beneficiando a las grandes.

El aumento de costos para las pymes no solo afecta a las empresas que exportan directamente, sino colateralmente también a aquellas que forman parte de la llamada cadena de suministro. También repercutirá en los transportistas, los proveedores de materias primas, las empresas logísticas, etc., que verán reducir su actividad si las exportaciones lo hacen. Lo que viene a endurecer aún más las consecuencias para la propia economía de nuestro país, donde se calcula que puede haber más de 29.000 empresas afectadas, de un colectivo de cerca de tres millones, que supone el 99,8% del tejido productivo de España y genera más de once millones de empleos. Desde el mismo se denuncia lo que califican como los ´aranceles internos´ que sufren las pequeñas y medianas empresas en nuestro país: el exceso regulatorio y burocrático, junto con el constante incremento de costes laborales sin considerar la productividad, una presión fiscal excesiva y las trabas administrativas que asfixian especialmente a estas empresas. En el caso de los aranceles externos, muchas pymes dependen para subsistir de los distribuidores y clientes estadounidenses, con lo que, el incremento de los aranceles podría llevar a la cancelación de contratos, al ajuste de plantillas o a la necesidad de reducir márgenes para mantenerse activas.

¿Cuáles son los productos que pueden ser especialmente afectados por estas políticas? Los del sector del acero y del aluminio, donde hay pequeñas empresas que dependen o hacen trabajos para las grandes o nodrizas. También los del sector agroalimentario: el aceite de oliva, los quesos, los vinos y los embutidos. O los de la industria ligera, en los sectores del textil y el calzado (donde nuestras empresas se ven obligadas a competir en clara desigualdad frente a productos de otros países con prácticas poco transparentes, subsidios encubiertos o sobrecapacidad productiva); en las manufacturas, la industria farmacéutica, la automoción y los componentes industriales; y en el sector tecnológico.

Las consecuencias más ostensibles son, por un lado, la retracción de las inversiones, ya que las empresas se han visto obligadas a congelar planes de expansión debido a que el riesgo supera a las oportunidades. Por otro, el cambio de mercados objetivos, que requiere tiempo, recursos y conocimientos de un nuevo y desconocido entorno.

Habrá que optimizar las cadenas logísticas: el comercio electrónico, la utilización de zonas francas o depósitos aduaneros. Así como mantener competitividad mejorando el valor añadido, donde el cliente final puede estar dispuesto a pagar más por un plus de calidad o exclusividad.

Otro problema para estas empresas es que, si los aranceles elevan el precio de los productos importados, sus consumidores habituales pueden reducir su gasto total para el resto de productos. Esto entraña la necesidad de reducir márgenes para poder continuar con la actividad, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y la estabilidad de los sectores donde se encuadran. Con un añadido preocupante: la incertidumbre, que paraliza las inversiones y puede desembocar en un stand by en estas empresas, tan nocivo para la actividad.

Las pymes se ven afectadas por perdidas de rentabilidad, enfrentándose a la cancelación de pedidos por parte de los distribuidores, viendo aumentar sus costes logísticos y con incertidumbre tanto jurídica como financiera. También encuentran dificultades para hacer previsiones en un contexto internacional tan confuso e incierto y para la necesaria planificación adecuada a medio y largo plazo. Y todo ello daña no solamente a las ventas exteriores, sino al empleo, a la innovación y a la capacidad de competir en mercados globales.

Ante esta debilidad manifiesta de un colectivo tan numeroso, no caben otras opciones que ganar en resiliencia ante retos tan inesperados, asumiendo la necesidad de diversificar geográficamente proveedores para obtener sus insumos de países no afectados por los aranceles, a la vez que se trata de ganar nuevos mercados que estén libres de estas nuevas barreras de entrada, como la propia UE, América Latina, Asia Oriental o África. Se intenta conservar a los clientes tradicionales, mejorando el valor añadido y la diferenciación, a la vez que se persigue contener costes de producción para aumentar el margen de cara a mitigar esos mayores incrementos arancelarios. Es el momento de aprovechar al máximo el comercio electrónico y los nuevos canales de ventas y las alianzas con las grandes empresas para acceder a recursos y conocimientos difíciles de forma aislada.

Es necesario, en el caso de estas empresas de forma más obligada, utilizar los programas públicos tanto estatales como regionales de apoyo a la exportación, contar con líneas de financiación blanda y de seguros específicos para la salida al exterior de sus productos en mercados más desconocidos. De hecho, El Plan ICEX de Alto Impacto en Competitividad presentado a primeros de junio, que el Ejecutivo ha diseñado en sintonía con las comunidades autónomas, ya contiene medidas especiales para las pymes.

Esperamos que entrañen sesgo positivo las negociaciones iniciadas por Europa con la administración Trump. Si no prosperasen de forma favorable deberían implementarse medidas desde la UE para apoyar a las pymes.

Aquel octubre de 1955 la Warner Bros estrenó en los Estados Unidos una película que cosecharía un extraordinario éxito de taquilla. Su título Rebelde sin causa, fue el único gran triunfo en las salas de proyección del director Nicholas Ray cuyos trabajos eran realizados de manera independiente y con escasa intención comercial. Al margen de la calidad cinematográfica, su exhibición tenía un poderoso atractivo cargado de morbo. Su principal protagonista, el joven actor James Dean, había fallecido tan solo unos días antes en accidente de tráfico cuando conducía el Porche con el que acudía para competir en una carrera automovilística, su gran pasión. Esa muerte, a la temprana edad de 24 años, causó enorme impacto en el mundo del cine y la figura de Dean paso de la vida al mito. El gancho de la tragedia, con toda la fortaleza promocional que supuso, convirtió la imagen del actor en el gran icono de la rebeldía juvenil que la película abordaba.

Rebelde sin causa trató de retratar las diferencias entre generaciones y la decadencia moral de una juventud estadounidense muy crítica con el estilo de vida de sus progenitores. Una rebeldía que encaraba los modos de la sociedad y sus instituciones pero que carecía de objetivos específicos para su desafío. Han pasado siete décadas desde el estreno de aquel mítico film y las brechas generacionales siguen hoy vigentes, aunque con matices diferenciales, según las características de cada sociedad. En la España de aquellos años 50, la causa que aún motivaba a la inmensa mayoría de nuestra gente era la de convertirse en clase media escapando de la precariedad cuando no de la miseria en que la guerra civil había sumido al país. Cuando ya superado el bloqueo internacional los años del desarrollismo le dieron algo de aire a la economía nacional, la gran causa que se fue imponiendo entre la ciudadanía española fue la de recuperar la libertad que el franquismo mantenía secuestrada desde su victoria militar. Es cierto que el dictador murió en la cama, pero aquella ansiada libertad hubo de ganarse en las calles. Si cada generación tuvo su causa no cabe imaginar una más motivadora que la de rebelarse contra una autárquica en demanda de los legítimos derechos a ser ciudadanos libres. Para quienes así lo vivimos constituyó todo un privilegio el asistir y participar en el tránsito a la democracia y la posterior incorporación a la Europa comunitaria con el fenomenal impulso que ello supuso para el desarrollo y la modernización y del país.

Los padres siempre tratan de proporcionar a sus hijos lo que a ellos les faltó cuando eran niños o jóvenes; todo aquello que echaron de menos en su formación, su calidad de vida o su divertimento. En términos generales los chavales de ahora han disfrutado y disfrutan de ventajas que fueron inimaginables para la mayoría de sus progenitores, lo que no siempre es un factor positivo en su desarrollo. El criarse entre algodones tiende a adormecer el ánimo y la fortaleza para afrontar las vicisitudes que con el tiempo habrán de superar. La ilusión es el motor de la vida y el haber tenido todo sin mayor esfuerzo opaca el anhelo por conseguir aquello que se desea.

En el afán de proporcionar el mayor bienestar a la prole, dimos siempre por supuesto que nuestros hijos tendrían una existencia adulta más confortable que la nuestra. No imaginamos que los salarios irían a la baja, que se eternizarían como becarios y que la independencia del hogar familiar superaría los 30 años de media. Es difícil desengancharse de la tutela paterna y las circunstancias muchas veces tampoco lo hacen demasiado apetecible. Vivir con los padres es gratis y aún ganando poco se le saca mucho brillo al dinero para viajar, salir de marcha o darse caprichos si no has de afrontar los gastos corrientes de una casa y comes a mesa puesta. Este bajo estímulo para montarse una vida por su cuenta cae bajo mínimos al explorar el mercado inmobiliario y advertir que el alquiler de un apartamento minúsculo se llevará como poco la mitad del sueldo y la compra de un piso, por modesto que fuere, exige un prologando sacrificio de ahorro antes de hipotecarse casi de por vida. Así, montar una familia se presenta como una tarea ciclópea para aquellos jóvenes que no cuenten con el empujón económico inicial de sus padres. La consecuencia de todo ello es el mencionado alargamiento de la adolescencia y una caída en la tasa de natalidad que invierte peligrosamente la pirámide demográfica.

Que la renta media de los mayores de 65 años en España sea un 6,4% superior a la del conjunto de la UE no es una mala noticia, como algunos pretenden hacernos creer; nuestros jubilados se han ganado su pensión a golpe de cotización durante décadas y lo justo es que la disfruten. Sí es negativo, en cambio, que los ingresos de la población en edad de trabajar sean un 7,3% más bajos que los de la media europea. Hay vectores adversos para la gente joven como los ya apuntados que requieren correcciones estructurales urgentes. Tal exigencia debería desatar la reacción reivindicativa de una juventud que parece condenada a una vida adulta peor de la que gozaron sus padres. La causa justificaría una actitud de rebeldía airada que sin embargo apenas se advierte. En lugar de ´rebeldes sin causa´ lo que hay es una causa sin rebeldes.

“Es difícil hacer predicciones, sobre todo respecto al futuro”. Esta vieja broma entre economistas refleja con bastante exactitud la enorme complejidad de evaluar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones de reparto. No obstante, en España los datos actuales son claros. El gasto total de pensiones en España fue de 13.455,61 millones de euros en febrero de 2025, lo que supone un aumento del 6,22% anual. El déficit contributivo, la forma más adecuada de calcular el déficit que generan las pensiones en las cuentas públicas, se sitúa en casi 30.000 millones de euros impulsado por el crecimiento de los gastos por el reciente brote de inflación y la indexación de las pensiones a la inflación.

Las soluciones adoptadas en los últimos años para intentar reducir este déficit se han basado en incrementar los ingresos mientras se sigue expandiendo el gasto. Vayamos por partes. En primer lugar, esta aproximación no parece la más adecuada teniendo en cuenta que la previsión de gastos es más sencilla que la previsión de ingresos, lo que genera un riesgo significativo de insuficiencia. Los gastos, asociada con la jubilación masiva de los “baby boomers” y la evolución de sus salarios, son más previsibles que los ingresos contributivos, que dependen de la evolución de la economía fundamentalmente asociada a la evolución futura de la productividad y la variación en la tasa de afiliación, ligada en gran parte a la inmigración. Baste recordar que el 42,3% de los 501.551 nuevos afiliados a la Seguridad Social en 2024 eran extranjeros. Las previsiones de variaciones vegetativas, basadas en tasas de fecundidad y mortalidad, son mucho más sencillas que las previsiones de migrantes o evolución futura de la productividad. De hecho, los jubilados de aquí a 30 años ya han nacido mientras que es muy difícil prever cuantos inmigrantes nuevos habrá en 30 años. Un ejemplo de esta dificultad se puede encontrar en las estimaciones de la AIReF, sin duda los cálculos más fundamentados sobre la sostenibilidad de las pensiones en España. La AIReF calcula una entrada de 235.000 inmigrantes cada año entre 2020 y 2050 y unos 339.000 entre 2051 y 2070. Sin embargo, en 2022 llegaron a España 727.005 inmigrantes, mientras en 2023 sumaron 642.296 persona.

Un segundo elemento que define el énfasis en los ingresos en lugar de los gastos es el mecanismo de garantía de la sostenibilidad. Mientras el factor de sostenibilidad, que debía entrar en vigor en 2023 y fue derogado, proponía disminuir la cuantía de la pensión de jubilación a medida que aumentaba la expectativa de vida de cada jubilado, el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional intenta que los jóvenes no vean reducidas sus pensiones a partir de “repartir de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones” con una cotización adicional finalista que se destinaría a cubrir las desviaciones del nivel de gasto.

¿Funcionará la reciente reforma para garantizar la sostenibilidad de las pensiones? Según la AIReF el impacto de las reformas del sistema público de pensiones aprobadas desde 2021 a 2023 supondrá un incremento del gasto en 2050 de 2,4 puntos porcentuales del PIB (por revaloración de las pensiones con el PIB, eliminación del factor de sostenibilidad, jubilación anticipada, incentivos a la jubilación tardía, cómputo de años de cálculo de la pensión inicial y evolución de pensión máxima frente a las bases máximas de cotización), mientras los ingresos (por el Mecanismo de Equidad Generacional, reforma de cotizaciones de autónomos, evolución bases máximas de cotización y tasa de solidaridad) solo incrementarán 1,3 puntos del PIB. Por tanto, la estimación de déficit generado por estas medidas es de un incremento de 1,1 puntos del PIB. A partir de un escenario base macroeconómico y demográfico, la AIREF calcula que el gasto en pensiones alcanzará un máximo del 14,8% del PIB en 2049 para las pensiones del Sistema de Seguridad Social y del 16,3% incluyendo las pensiones no contributivas y las clases pasivas.

Esta situación es particularmente preocupante teniendo en cuenta los niveles de deuda alcanzados por el sector público español y la aprobación del nuevo marco fiscal europeo que pretende garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Sin tener en cuenta la aplicación de las reglas fiscales, la AIREF estima un déficit público creciente desde 2026 hasta un máximo del 8,1% en 2055, y una deuda en 2070 que alcanzaría el 186% del PIB en el escenario base.

Es evidente la influencia de la economía política de este problema. La Seguridad Social abona pensiones a 9,3 millones de votantes, lo que convierte a este grupo en un colectivo de especial interés para los partidos políticos. Esto significa que las reformas normalmente consisten en pegar una patada adelante para no ahuyentar al electorado. Esta situación genera un claro agravio intergeneracional. Mientras se sigue acumulando deuda para pagar las pensiones actuales, que tendrán que pagar los jóvenes, los cálculos del Banco de España indican que un pensionista actual recibe un 74% más de lo que ha contribuido y FEDEA estima que los pensionistas actuales cobran durante una media de 21 años cuando las aportaciones permiten financiar solo 16 años. Mientras se realizan transferencias de recursos públicos para cubrir el pago de las pensiones no se invierten suficientes recursos públicos para políticas de innovación y aumento de la productividad que podrían aumentar los salarios de los jóvenes, o ayudas sociales para un colectivo que tiene enormes problemas para pagar una vivienda en alquiler. En estas circunstancias no extraña que la tasa de riesgo de pobreza de los mayores de 65 años haya caído 8,6 puntos porcentuales entre 2008 y 2024 mientras que la tasa entre los jóvenes de 16 a 29 años ha aumentado en 3,6 puntos, y ya está 3,8 puntos por encima de la tasa de riesgo de pobreza de los mayores de 65 años. España no es país para jóvenes.

Creo que existe consenso a la hora de defender que queremos un crecimiento de la economía, entendido este como un avance del PIB que genere riqueza. A partir de ahí, el debate se centra en cómo repartir entre clases sociales y edades ese mayor PIB y cómo debe actuar la política fiscal en consecuencia, tanto en la tributación de las rentas del capital y del trabajo, como en la del patrimonio y en eventos como donaciones y herencias. Otro debate adicional es el papel que debe jugar el Estado, bien como dinamizador de la economía, bien como un agente más que invierte y consume, bien como el encargado de regular y vigilar al resto de agentes. Podemos completar este análisis simplificado del sistema económico con otra pieza: la política monetaria. Responsabilidad del banco central, juega un rol relevante mediante la modificación del tipo de interés a corto plazo y de la base monetaria. Pero no solo; su papel como regulador y supervisor del sistema crediticio es también central a la hora dinamizar el crecimiento del PIB y, lo que puede ser más importante, conseguir que este sea sostenible. Porque de nada sirve tratar de maximizar el avance del PIB a corto plazo si la forma de lograrlo genera desequilibrios (inflación, déficit en la balanza de pagos, exceso de endeudamiento, burbujas de valoración en activos inmobiliarios, financieros y digitales, etc.) que tarde o temprano provocarán una crisis, con efectos dispares entre los agentes. ¡Claro que necesitamos un sistema crediticio solvente, rentable y prudente! Solo así se puede garantizar que los ahorradores tengan un “puerto seguro” en el que contratar depósitos y “dormir tranquilos” (aunque ello implique pérdidas de poder adquisitivo derivado de un tipo de remuneración menor que la inflación). Solo así se puede garantizar que un agente que tenga necesidades de financiación para acometer un proyecto de inversión o un gasto pueda satisfacerlas mediante un crédito bancario. Si queremos que el PIB crezca necesitamos un sistema crediticio rentable y solvente.

Pero quiero avanzar y reivindicar el papel de otro agente en el desarrollo de una economía. Me refiero a los fondos de pensiones. Permítame que los homologue al sistema crediticio: usted tiene un ahorro que puede materializar, en lugar de en un depósito bancario, en un fondo de pensiones. A efectos de lo que quiero defender en este artículo, me es indiferente que sea un fondo de pensiones de empleo o un fondo de pensiones individual y, en este caso, me es indiferente que esté gestionado por una gestora de un banco, de una aseguradora o una independiente. Lo que quiero defender es que necesitamos ahorradores a largo plazo, es decir, aquellos cuyo horizonte de inversión es superior a los 5 años (como es lógico, en un plan de pensiones algunos partícipes pueden llegar a tener un horizonte de 30 años). Porque un plazo largo de inversión permite asumir riesgo de mercado, de crédito y de liquidez. Porque para financiar esa expansión de la economía con la que he empezado el artículo, hace falta mucho más que crédito bancario, cuya característica diferencial debe ser que tenga poco riesgo (si no, es muy difícil garantizar la solvencia del sistema crediticio, condición necesaria para garantizar la devolución de los depósitos bancarios). Necesitamos agentes que estén dispuestos a financiar proyectos que tienen riesgo y cuyo plazo de maduración es largo. Necesitamos inversores (y no solo ahorradores). Esta es una de las características diferenciales del PIB actual respecto al de hace una, dos o cinco décadas: cada vez pesan más los intangibles, cada vez hay que financiar más innovaciones tecnológicas sobre las que, a priori, es difícil hacer estimaciones de su rentabilidad futura. Hacen falta agentes que estén dispuestos a asumir esos riesgos, de manera diversificada y por una parte de su cartera. Hace falta desarrollar los fondos de pensiones.

En diferentes foros y de forma reiterada he defendido la necesidad de dinamizar el mercado de capitales como fuente de financiación complementaria (que no necesariamente alternativa) al canal bancario para fomentar una economía más competitiva. La ratio entre parámetros como la capitalización bursátil o el saldo vivo de bonos dividido entre el PIB está correlacionada de forma positiva con la capacidad de crecimiento de una economía (EE.UU. es aquí el paradigma).

Pues ahora quiero reivindicar a los fondos de pensiones, que son el vehículo idóneo para impulsar desde el lado de la demanda este necesario cambio estructural de la economía europea, precisamente por su horizonte de inversión a largo plazo que permite la asunción de riesgos. Efectivamente, la ratio entre el valor de mercado de estos vehículos de inversión colectiva y el PIB es otro indicador de la capacidad competitiva y del potencial de crecimiento de una economía. Debería incentivarse y favorecer su operativa si queremos conseguir una economía con mayor y más sostenible potencial de crecimiento.

Pero porque, además, su desarrollo consigue dos efectos colaterales. Por un lado, garantizar la existencia de un patrimonio en el momento de la jubilación que se habrá revalorizado a una mayor tasa que la inflación, precisamente por la mayor asunción de riesgo que habrá hecho. Solo con un mayor patrimonio rentabilizado se puede aligerar la pesada carga que para los Estados supone la creciente longevidad y envejecimiento.

El otro efecto colateral es que la transformación de ahorrador en inversor mediante el uso de fondos de pensiones implica un aumento de la cultura financiera de los habitantes de un país que también redundará en un mayor crecimiento futuro del PIB.

En la crónica de tribunales de cualquier medio nacional o internacional todos los días alguien es imputado o condenado por blanqueo de capitales. Esas noticias se acompañan casi siempre de gráficos que muestran cómo se ha intentado disimular el origen ilícito de los bienes utilizando sociedades nacionales u off shore, criptoactivos, dinero en efectivo, licencias de VTC, etc. Pocas veces aparece algún artículo que aborda el complejo problema de la financiación del terrorismo y aún menos de las consecuencias de la exportación de material de doble uso a países sancionados. También la guerra en Ucrania nos ha recordado que existen personas físicas y jurídicas con sanciones financieras internacionales cuyos activos deben ser inmovilizados o ‘congelados’.

Casi todas las actividades descritas tienen patrones similares. Siempre existe una organización criminal que genera activos en la que no solo se integra quien materialmente comete el delito precedente, sea tráfico de drogas, de personas, armas o cualesquiera otras actividades ilegales, sino que también encontramos en organizaciones criminales estructuras jurídicas y económicas diseñadas a través de las que se blanquean ingentes sumas de dinero. No solo lava dinero quien comete el delito precedente o subyacente, sino quien desde un despacho colabora en que ese dinero vuelva a la actividad económica disimulando su oscuro origen. Si de financiación del terrorismo se trata, la actividad es parcialmente distinta ya que, a diferencia del blanqueo de capitales, donde se lava lo que es sucio en origen, en financiación se oscurece lo que suele tener un origen legal, por ejemplo, una donación a una fundación de ayuda a viudas de guerra en Oriente Medio.

En estas actividades ilícitas siempre hay un elemento común: la utilización de múltiples sociedades o personas jurídicas no societarias, nacionales o extranjeras, para dificultar el rastro hasta el origen y, de ese modo, alejar al delincuente del beneficio económico obtenido.

La presencia de múltiples sociedades ha planteado el arduo problema de conocer quién es el beneficiario último -titular real- de esos vehículos societarios o personas jurídicas no societarias, lo que es enormemente complejo, máxime en un delito de componente transnacional, al emplear sociedades de diversas jurisdicciones.

Además, tal conocimiento es difícil no solo por la disparidad de regímenes legales en materia de prevención de blanqueo, sino por la laxitud regulatoria en la creación de esos vehículos societarios. No es infrecuente leer en periódicos e incluso en artículos especializados que se deben eliminar o simplificar las barreras de entrada en la creación de esas sociedades. Restricciones que se identifican con la presencia de funcionarios públicos que intervienen, precisamente, en el momento más importante: cuando la sociedad se crea, y es preciso conocer la identidad de los socios, administradores y controlar el objeto social.

En 2019, en el ámbito de la Unión Europea, se aprobó una Directiva que dejaba a decisión de los Estados miembros la posibilidad de que en la denominada constitución en línea o sin presencialidad, se mantuvieran instrumentos que permitieran conocer de manera indubitada quién era el titular real al tiempo de la constitución de una sociedad. España optó por mantener en dicho momento al notario como elemento central. Tal elección no fue casual.

En España, desde el año 2012, existe una Base de Datos de Titularidad Real extraída de la información obrante en las escrituras públicas de constitución, transmisión de capital, sea a título oneroso o gratuito, reducción o ampliación de capital y disolución y extinción, que permite indubitadamente conocer quién es el titular real. Ese dato es auténtico, en el sentido de que proviene de un concreto documento público y preconstituye prueba ya que, quien no esté de acuerdo, ha de demostrar lo contrario. Ese sistema denominado de titularidad real acreditativa está basado en la intervención de un funcionario público, el notario, y en un documento público, por lo que la calidad del dato está verificada en origen.

Frente a tal sistema, están los meramente declarativos, esto es, aquellos basados en la declaración, muchas veces online, y siempre sin control alguno, que hace el administrador o el secretario del consejo de administración a un registro, sea mercantil, o específico de titularidad real. Este tipo de registros carecen de la calidad de la Base de Datos de Titularidad Real, pues no hay nadie que en un registro mercantil verifique si la manifestación es correcta. Desgraciadamente, este sistema se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico exigiendo que se declarara la titularidad real cuando se depositan cuentas, lo que tiene escaso valor, pues al registrador le es imposible verificar la veracidad de tal declaración.

El reciente paquete legislativo anti blanqueo aprobado este año en la Unión Europea se asienta en un esquema mixto. Ordena a las personas jurídicas, sean sociedades o de otro tipo, que mantengan actualizada la información de titularidad real y que, en su caso, actualicen los Registros Centrales de Titularidad Real. Tal esquema, basado en la honestidad de los integrantes de la persona jurídica, es un sistema mínimo de eficacia muy limitada, pues recuerda lo que sucede con el libro registro de socios, esto es, que muchas veces no existe y, si se lleva, se actualiza cuando, por ejemplo, Hacienda pide información.

Por ello, a nivel internacional el sistema de información de titularidad real del Notariado español es un faro y guía que seguir, pues no existe una manifestación, ni se hace horas antes de que sea preciso declarar quién sea titular real. Lejos de ello, se basa en la información de documentos públicos que permiten en todo momento seguir quién era el titular real de una participación y a quién se la vendió, como si de un inmueble se tratara, lo que es imposible en sistemas declarativos como, desgraciadamente, se efectúa en España ante el Registro Mercantil.

Desde esta perspectiva, resulta sorprendente la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 10 de octubre de 2024, ya que confunde los efectos de una manifestación al tiempo del depósito de cuentas acerca de quién sea el titular real, con la información veraz derivada del tracto sucesivo obrante en documentos públicos notariales. Olvida el TS que una manifestación efectuada en un depósito de cuentas en modo alguno es verificable por el registrador mercantil, al contrario de lo que, por ejemplo, sucede con una escritura pública de compraventa de participaciones, pues quien vende, dona o hereda ha de acreditar que quien transmite o a quien sucede era propietario.

España volverá a ser evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional en 2027. Esperemos que para esa fecha los efectos derivados de la inclusión de una mera manifestación al tiempo de depositar cuentas se hayan subsanado, pues en otro caso España, que era un ejemplo a seguir, puede convertirse en el paradigma de un problema, al coexistir información sobre una misma sociedad proveniente de diversas fuentes, información que, sin embargo, es evidente que no tiene idéntica calidad, pues una manifestación en documento mercantil -depósito de cuentas- no tiene el carácter auténtico de la que se deriva de un conjunto de documentos públicos notariales.