“Es difícil hacer predicciones, sobre todo respecto al futuro”. Esta vieja broma entre economistas refleja con bastante exactitud la enorme complejidad de evaluar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones de reparto. No obstante, en España los datos actuales son claros. El gasto total de pensiones en España fue de 13.455,61 millones de euros en febrero de 2025, lo que supone un aumento del 6,22% anual. El déficit contributivo, la forma más adecuada de calcular el déficit que generan las pensiones en las cuentas públicas, se sitúa en casi 30.000 millones de euros impulsado por el crecimiento de los gastos por el reciente brote de inflación y la indexación de las pensiones a la inflación.

Las soluciones adoptadas en los últimos años para intentar reducir este déficit se han basado en incrementar los ingresos mientras se sigue expandiendo el gasto. Vayamos por partes. En primer lugar, esta aproximación no parece la más adecuada teniendo en cuenta que la previsión de gastos es más sencilla que la previsión de ingresos, lo que genera un riesgo significativo de insuficiencia. Los gastos, asociada con la jubilación masiva de los “baby boomers” y la evolución de sus salarios, son más previsibles que los ingresos contributivos, que dependen de la evolución de la economía fundamentalmente asociada a la evolución futura de la productividad y la variación en la tasa de afiliación, ligada en gran parte a la inmigración. Baste recordar que el 42,3% de los 501.551 nuevos afiliados a la Seguridad Social en 2024 eran extranjeros. Las previsiones de variaciones vegetativas, basadas en tasas de fecundidad y mortalidad, son mucho más sencillas que las previsiones de migrantes o evolución futura de la productividad. De hecho, los jubilados de aquí a 30 años ya han nacido mientras que es muy difícil prever cuantos inmigrantes nuevos habrá en 30 años. Un ejemplo de esta dificultad se puede encontrar en las estimaciones de la AIReF, sin duda los cálculos más fundamentados sobre la sostenibilidad de las pensiones en España. La AIReF calcula una entrada de 235.000 inmigrantes cada año entre 2020 y 2050 y unos 339.000 entre 2051 y 2070. Sin embargo, en 2022 llegaron a España 727.005 inmigrantes, mientras en 2023 sumaron 642.296 persona.

Un segundo elemento que define el énfasis en los ingresos en lugar de los gastos es el mecanismo de garantía de la sostenibilidad. Mientras el factor de sostenibilidad, que debía entrar en vigor en 2023 y fue derogado, proponía disminuir la cuantía de la pensión de jubilación a medida que aumentaba la expectativa de vida de cada jubilado, el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional intenta que los jóvenes no vean reducidas sus pensiones a partir de “repartir de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones” con una cotización adicional finalista que se destinaría a cubrir las desviaciones del nivel de gasto.

¿Funcionará la reciente reforma para garantizar la sostenibilidad de las pensiones? Según la AIReF el impacto de las reformas del sistema público de pensiones aprobadas desde 2021 a 2023 supondrá un incremento del gasto en 2050 de 2,4 puntos porcentuales del PIB (por revaloración de las pensiones con el PIB, eliminación del factor de sostenibilidad, jubilación anticipada, incentivos a la jubilación tardía, cómputo de años de cálculo de la pensión inicial y evolución de pensión máxima frente a las bases máximas de cotización), mientras los ingresos (por el Mecanismo de Equidad Generacional, reforma de cotizaciones de autónomos, evolución bases máximas de cotización y tasa de solidaridad) solo incrementarán 1,3 puntos del PIB. Por tanto, la estimación de déficit generado por estas medidas es de un incremento de 1,1 puntos del PIB. A partir de un escenario base macroeconómico y demográfico, la AIREF calcula que el gasto en pensiones alcanzará un máximo del 14,8% del PIB en 2049 para las pensiones del Sistema de Seguridad Social y del 16,3% incluyendo las pensiones no contributivas y las clases pasivas.

Esta situación es particularmente preocupante teniendo en cuenta los niveles de deuda alcanzados por el sector público español y la aprobación del nuevo marco fiscal europeo que pretende garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Sin tener en cuenta la aplicación de las reglas fiscales, la AIREF estima un déficit público creciente desde 2026 hasta un máximo del 8,1% en 2055, y una deuda en 2070 que alcanzaría el 186% del PIB en el escenario base.

Es evidente la influencia de la economía política de este problema. La Seguridad Social abona pensiones a 9,3 millones de votantes, lo que convierte a este grupo en un colectivo de especial interés para los partidos políticos. Esto significa que las reformas normalmente consisten en pegar una patada adelante para no ahuyentar al electorado. Esta situación genera un claro agravio intergeneracional. Mientras se sigue acumulando deuda para pagar las pensiones actuales, que tendrán que pagar los jóvenes, los cálculos del Banco de España indican que un pensionista actual recibe un 74% más de lo que ha contribuido y FEDEA estima que los pensionistas actuales cobran durante una media de 21 años cuando las aportaciones permiten financiar solo 16 años. Mientras se realizan transferencias de recursos públicos para cubrir el pago de las pensiones no se invierten suficientes recursos públicos para políticas de innovación y aumento de la productividad que podrían aumentar los salarios de los jóvenes, o ayudas sociales para un colectivo que tiene enormes problemas para pagar una vivienda en alquiler. En estas circunstancias no extraña que la tasa de riesgo de pobreza de los mayores de 65 años haya caído 8,6 puntos porcentuales entre 2008 y 2024 mientras que la tasa entre los jóvenes de 16 a 29 años ha aumentado en 3,6 puntos, y ya está 3,8 puntos por encima de la tasa de riesgo de pobreza de los mayores de 65 años. España no es país para jóvenes.

Creo que existe consenso a la hora de defender que queremos un crecimiento de la economía, entendido este como un avance del PIB que genere riqueza. A partir de ahí, el debate se centra en cómo repartir entre clases sociales y edades ese mayor PIB y cómo debe actuar la política fiscal en consecuencia, tanto en la tributación de las rentas del capital y del trabajo, como en la del patrimonio y en eventos como donaciones y herencias. Otro debate adicional es el papel que debe jugar el Estado, bien como dinamizador de la economía, bien como un agente más que invierte y consume, bien como el encargado de regular y vigilar al resto de agentes. Podemos completar este análisis simplificado del sistema económico con otra pieza: la política monetaria. Responsabilidad del banco central, juega un rol relevante mediante la modificación del tipo de interés a corto plazo y de la base monetaria. Pero no solo; su papel como regulador y supervisor del sistema crediticio es también central a la hora dinamizar el crecimiento del PIB y, lo que puede ser más importante, conseguir que este sea sostenible. Porque de nada sirve tratar de maximizar el avance del PIB a corto plazo si la forma de lograrlo genera desequilibrios (inflación, déficit en la balanza de pagos, exceso de endeudamiento, burbujas de valoración en activos inmobiliarios, financieros y digitales, etc.) que tarde o temprano provocarán una crisis, con efectos dispares entre los agentes. ¡Claro que necesitamos un sistema crediticio solvente, rentable y prudente! Solo así se puede garantizar que los ahorradores tengan un “puerto seguro” en el que contratar depósitos y “dormir tranquilos” (aunque ello implique pérdidas de poder adquisitivo derivado de un tipo de remuneración menor que la inflación). Solo así se puede garantizar que un agente que tenga necesidades de financiación para acometer un proyecto de inversión o un gasto pueda satisfacerlas mediante un crédito bancario. Si queremos que el PIB crezca necesitamos un sistema crediticio rentable y solvente.

Pero quiero avanzar y reivindicar el papel de otro agente en el desarrollo de una economía. Me refiero a los fondos de pensiones. Permítame que los homologue al sistema crediticio: usted tiene un ahorro que puede materializar, en lugar de en un depósito bancario, en un fondo de pensiones. A efectos de lo que quiero defender en este artículo, me es indiferente que sea un fondo de pensiones de empleo o un fondo de pensiones individual y, en este caso, me es indiferente que esté gestionado por una gestora de un banco, de una aseguradora o una independiente. Lo que quiero defender es que necesitamos ahorradores a largo plazo, es decir, aquellos cuyo horizonte de inversión es superior a los 5 años (como es lógico, en un plan de pensiones algunos partícipes pueden llegar a tener un horizonte de 30 años). Porque un plazo largo de inversión permite asumir riesgo de mercado, de crédito y de liquidez. Porque para financiar esa expansión de la economía con la que he empezado el artículo, hace falta mucho más que crédito bancario, cuya característica diferencial debe ser que tenga poco riesgo (si no, es muy difícil garantizar la solvencia del sistema crediticio, condición necesaria para garantizar la devolución de los depósitos bancarios). Necesitamos agentes que estén dispuestos a financiar proyectos que tienen riesgo y cuyo plazo de maduración es largo. Necesitamos inversores (y no solo ahorradores). Esta es una de las características diferenciales del PIB actual respecto al de hace una, dos o cinco décadas: cada vez pesan más los intangibles, cada vez hay que financiar más innovaciones tecnológicas sobre las que, a priori, es difícil hacer estimaciones de su rentabilidad futura. Hacen falta agentes que estén dispuestos a asumir esos riesgos, de manera diversificada y por una parte de su cartera. Hace falta desarrollar los fondos de pensiones.

En diferentes foros y de forma reiterada he defendido la necesidad de dinamizar el mercado de capitales como fuente de financiación complementaria (que no necesariamente alternativa) al canal bancario para fomentar una economía más competitiva. La ratio entre parámetros como la capitalización bursátil o el saldo vivo de bonos dividido entre el PIB está correlacionada de forma positiva con la capacidad de crecimiento de una economía (EE.UU. es aquí el paradigma).

Pues ahora quiero reivindicar a los fondos de pensiones, que son el vehículo idóneo para impulsar desde el lado de la demanda este necesario cambio estructural de la economía europea, precisamente por su horizonte de inversión a largo plazo que permite la asunción de riesgos. Efectivamente, la ratio entre el valor de mercado de estos vehículos de inversión colectiva y el PIB es otro indicador de la capacidad competitiva y del potencial de crecimiento de una economía. Debería incentivarse y favorecer su operativa si queremos conseguir una economía con mayor y más sostenible potencial de crecimiento.

Pero porque, además, su desarrollo consigue dos efectos colaterales. Por un lado, garantizar la existencia de un patrimonio en el momento de la jubilación que se habrá revalorizado a una mayor tasa que la inflación, precisamente por la mayor asunción de riesgo que habrá hecho. Solo con un mayor patrimonio rentabilizado se puede aligerar la pesada carga que para los Estados supone la creciente longevidad y envejecimiento.

El otro efecto colateral es que la transformación de ahorrador en inversor mediante el uso de fondos de pensiones implica un aumento de la cultura financiera de los habitantes de un país que también redundará en un mayor crecimiento futuro del PIB.

En la crónica de tribunales de cualquier medio nacional o internacional todos los días alguien es imputado o condenado por blanqueo de capitales. Esas noticias se acompañan casi siempre de gráficos que muestran cómo se ha intentado disimular el origen ilícito de los bienes utilizando sociedades nacionales u off shore, criptoactivos, dinero en efectivo, licencias de VTC, etc. Pocas veces aparece algún artículo que aborda el complejo problema de la financiación del terrorismo y aún menos de las consecuencias de la exportación de material de doble uso a países sancionados. También la guerra en Ucrania nos ha recordado que existen personas físicas y jurídicas con sanciones financieras internacionales cuyos activos deben ser inmovilizados o ‘congelados’.

Casi todas las actividades descritas tienen patrones similares. Siempre existe una organización criminal que genera activos en la que no solo se integra quien materialmente comete el delito precedente, sea tráfico de drogas, de personas, armas o cualesquiera otras actividades ilegales, sino que también encontramos en organizaciones criminales estructuras jurídicas y económicas diseñadas a través de las que se blanquean ingentes sumas de dinero. No solo lava dinero quien comete el delito precedente o subyacente, sino quien desde un despacho colabora en que ese dinero vuelva a la actividad económica disimulando su oscuro origen. Si de financiación del terrorismo se trata, la actividad es parcialmente distinta ya que, a diferencia del blanqueo de capitales, donde se lava lo que es sucio en origen, en financiación se oscurece lo que suele tener un origen legal, por ejemplo, una donación a una fundación de ayuda a viudas de guerra en Oriente Medio.

En estas actividades ilícitas siempre hay un elemento común: la utilización de múltiples sociedades o personas jurídicas no societarias, nacionales o extranjeras, para dificultar el rastro hasta el origen y, de ese modo, alejar al delincuente del beneficio económico obtenido.

La presencia de múltiples sociedades ha planteado el arduo problema de conocer quién es el beneficiario último -titular real- de esos vehículos societarios o personas jurídicas no societarias, lo que es enormemente complejo, máxime en un delito de componente transnacional, al emplear sociedades de diversas jurisdicciones.

Además, tal conocimiento es difícil no solo por la disparidad de regímenes legales en materia de prevención de blanqueo, sino por la laxitud regulatoria en la creación de esos vehículos societarios. No es infrecuente leer en periódicos e incluso en artículos especializados que se deben eliminar o simplificar las barreras de entrada en la creación de esas sociedades. Restricciones que se identifican con la presencia de funcionarios públicos que intervienen, precisamente, en el momento más importante: cuando la sociedad se crea, y es preciso conocer la identidad de los socios, administradores y controlar el objeto social.

En 2019, en el ámbito de la Unión Europea, se aprobó una Directiva que dejaba a decisión de los Estados miembros la posibilidad de que en la denominada constitución en línea o sin presencialidad, se mantuvieran instrumentos que permitieran conocer de manera indubitada quién era el titular real al tiempo de la constitución de una sociedad. España optó por mantener en dicho momento al notario como elemento central. Tal elección no fue casual.

En España, desde el año 2012, existe una Base de Datos de Titularidad Real extraída de la información obrante en las escrituras públicas de constitución, transmisión de capital, sea a título oneroso o gratuito, reducción o ampliación de capital y disolución y extinción, que permite indubitadamente conocer quién es el titular real. Ese dato es auténtico, en el sentido de que proviene de un concreto documento público y preconstituye prueba ya que, quien no esté de acuerdo, ha de demostrar lo contrario. Ese sistema denominado de titularidad real acreditativa está basado en la intervención de un funcionario público, el notario, y en un documento público, por lo que la calidad del dato está verificada en origen.

Frente a tal sistema, están los meramente declarativos, esto es, aquellos basados en la declaración, muchas veces online, y siempre sin control alguno, que hace el administrador o el secretario del consejo de administración a un registro, sea mercantil, o específico de titularidad real. Este tipo de registros carecen de la calidad de la Base de Datos de Titularidad Real, pues no hay nadie que en un registro mercantil verifique si la manifestación es correcta. Desgraciadamente, este sistema se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico exigiendo que se declarara la titularidad real cuando se depositan cuentas, lo que tiene escaso valor, pues al registrador le es imposible verificar la veracidad de tal declaración.

El reciente paquete legislativo anti blanqueo aprobado este año en la Unión Europea se asienta en un esquema mixto. Ordena a las personas jurídicas, sean sociedades o de otro tipo, que mantengan actualizada la información de titularidad real y que, en su caso, actualicen los Registros Centrales de Titularidad Real. Tal esquema, basado en la honestidad de los integrantes de la persona jurídica, es un sistema mínimo de eficacia muy limitada, pues recuerda lo que sucede con el libro registro de socios, esto es, que muchas veces no existe y, si se lleva, se actualiza cuando, por ejemplo, Hacienda pide información.

Por ello, a nivel internacional el sistema de información de titularidad real del Notariado español es un faro y guía que seguir, pues no existe una manifestación, ni se hace horas antes de que sea preciso declarar quién sea titular real. Lejos de ello, se basa en la información de documentos públicos que permiten en todo momento seguir quién era el titular real de una participación y a quién se la vendió, como si de un inmueble se tratara, lo que es imposible en sistemas declarativos como, desgraciadamente, se efectúa en España ante el Registro Mercantil.

Desde esta perspectiva, resulta sorprendente la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 10 de octubre de 2024, ya que confunde los efectos de una manifestación al tiempo del depósito de cuentas acerca de quién sea el titular real, con la información veraz derivada del tracto sucesivo obrante en documentos públicos notariales. Olvida el TS que una manifestación efectuada en un depósito de cuentas en modo alguno es verificable por el registrador mercantil, al contrario de lo que, por ejemplo, sucede con una escritura pública de compraventa de participaciones, pues quien vende, dona o hereda ha de acreditar que quien transmite o a quien sucede era propietario.

España volverá a ser evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional en 2027. Esperemos que para esa fecha los efectos derivados de la inclusión de una mera manifestación al tiempo de depositar cuentas se hayan subsanado, pues en otro caso España, que era un ejemplo a seguir, puede convertirse en el paradigma de un problema, al coexistir información sobre una misma sociedad proveniente de diversas fuentes, información que, sin embargo, es evidente que no tiene idéntica calidad, pues una manifestación en documento mercantil -depósito de cuentas- no tiene el carácter auténtico de la que se deriva de un conjunto de documentos públicos notariales.

“Esta vez será diferente” es una de las frases que más debate genera entre los economistas. Y en mi caso, a medida que voy acumulando experiencia profesional, voy cambiando de opinión. Hace unos años la consideraba falsa. Tal vez porque pensaba que la economía tenía un componente de ciencia que permitía modelizar su comportamiento a partir de lo que había sucedido en otras fases expansivas o de crisis. Puede que fuera por el sesgo que traía de la universidad en la que había estudiado modelos, muy elegantes y certeros, a la hora de explicar el pasado. Pero en los últimos años mi fe en ellos se ha ido desvaneciendo a medida que se han acumulado acontecimientos inesperados, novedosos y de alto impacto, así como importantes cambios en la estructura de la economía mundial.

Tras esta confesión sobre mi transformación, reconozco que ahora soy de la escuela “estavezserádiferente”. Y por muchos motivos. Por un lado, porque nunca antes habíamos tenido una intensidad tecnológica como la actual. Por el otro, porque nunca antes se había acumulado un volumen tan elevado de deuda pública en un contexto de longevidad y envejecimiento poblacional como el actual. Y, aunque hay muchos más factores, déjenme que me adentre en el tema de este artículo: porque nunca antes habíamos tenido la emergencia de una segunda potencia del tamaño de la que ahora ocupa esa posición: China. Sí, es verdad que esta economía ya ha sido líder en diferentes fases de la historia (lea el libro de Ray Dalio, Nuevo orden mundial), pero el reto que tenemos en el presente como economistas es analizar si es posible que desbanque a EE. UU. de la primera posición y cómo va a conseguirlo.

Y es aquí donde empieza otro debate. Tras una primera fase de fuerte expansión, iniciada con el cambio político introducido por Deng Xiaoping en los setenta y acelerada con la incorporación de China en la Organización Mundial del Comercio (2001), que permitió el fuerte crecimiento del PIB vía inversión empresarial y exportaciones, ese modelo parece agotado. Debe ser la demanda interna (el consumo de las familias chinas) la que tome el relevo al consumo de las familias del resto de mundo a la hora de comprar productos made in China. Y eso no está pasando, ni tiene visos de suceder en el corto plazo. Las autoridades del país lo saben y han optado por activar otra palanca del crecimiento: la alta tecnología (‘Tecno-socialismo’, como lo denomina el profesor Claudio Feijoó). Si uno de los errores del siglo XIX, que derivó en el ‘siglo de la humillación’, fue el rechazo a la innovación tecnológica del momento (el tren), ahora ha preferido situarse a la cabeza, superando incluso a EE. UU. en ámbitos como internet de las cosas, cloud computing, computación cuántica, ciberseguridad o inteligencia artificial (ver al respecto el Informe Draghi publicado a principio de septiembre). Esta parece una apuesta ganadora, salvo por el reconocimiento de que sufren un cierto cuello de botella en una pieza básica: diseño y producción de chips. Es por ello por lo que muchos expertos en geoestrategia apuntan al deseo de China de recuperar Taiwán (recomiendo La guerra de los chips, de Chris Miller).

El otro eje de crecimiento y ventaja competitiva futura tiene que ver con las energías renovables. En esto, a diferencia de la alta tecnología, Europa comparte liderazgo tecnológico, en cierto modo porque, como China, sufrimos la ausencia de combustibles fósiles en nuestro subsuelo. Pero China, a diferencia de Europa, cuenta con las materias primas necesarias para la generación de energía renovable, bien de forma directa (en minas en su territorio), bien de forma indirecta (por el posicionamiento en África, en una suerte de neocoloniaslimo que, al menos de momento, este continente parece aceptar).

Con estos mimbres, además de una elevada población (1.300 millones de personas), podría pensarse que nada va a impedir que el PIB de China supere al de EE. UU., incluso antes de la fecha marcada. Esta es 2049, es decir, en el centenario de la actual República Popular China.

Pero el camino cuenta con sus particulares obstáculos. Uno es la denominada “trampa de la renta media”, según la cual, muchas economías son incapaces de superar en su proceso de desarrollo la cota de los 15.000 USD de PIB per cápita. Como hemos comentado, las autoridades chinas parece que apuestan por las nuevas tecnologías para conseguir la velocidad de escape necesaria.

Otro de los retos es digerir una elevada deuda asociada a la fuerte expansión de la inversión residencial. China sufre una burbuja inmobiliaria que necesitará varios años para purgarse, así como medidas contundentes (y dinero) por parte de las autoridades.

En tercer lugar, se debe advertir del ‘invierno demográfico’ en el que está entrando. La política de hijo único, vigente entre 1982 y 2015, está provocando una caída de la población que, combinado con la longevidad, implica una clara pérdida de capacidad de crecimiento futuro. Es verdad que esta característica es común al resto de países del mundo (con la excepción de África) pero condiciona mucho la capacidad de crecimiento diferencial del PIB que necesita China para cumplir su objetivo.

En cuarto lugar, los sociólogos tampoco se ponen de acuerdo en la sostenibilidad del actual régimen político. ¿Presionará el ciudadano para conseguir una democracia o preferirá mantener la actual autocracia si considera que, ante sus características diferenciales, es más eficaz para conseguir el objetivo de crecimiento del PIB?

Tras un largo periodo de tiempo de continuo saneamiento financiero, los municipios españoles han empezado a invertir su positiva tendencia.

El motivo no es otro que la aparición de nuevo de situaciones de déficit e irremediablemente de aumento del importe de la deuda pública.

Personalmente, nunca he entendido que los presupuestos públicos arrojen déficit, esto es, que el importe de los gastos pueda superar al de los ingresos.

Cuando esto sucede, el “agujero” que en las cuentas públicas se produce se traduce en endeudamiento, es decir, en deuda pública, o, para entendernos, en dinero prestado que hay que devolver.

Por su parte, esa deuda solo es posible sanearla con futuros superávits, esto es, y salvo milagros, con mayores impuestos.

Claro que la “bola” siempre se puede hacer más grande. Pero ello limitará el margen de maniobra de la Administración de que se trate.

La deuda pública es, por tanto, el importe que una Administración Pública ha tenido que solicitar a un tercero para poder pagar todos sus gastos.

¿Quiénes son estos terceros? Pues no hay otros que los bancos, y/o los inversores privados (empresas o familias).

El problema es que la deuda conlleva el pago de intereses que, inevitablemente exige mayores ingresos, normalmente, mayores tributos (o mayor deuda).

Es posible, eso sí, que en circunstancias extraordinarias, como el Covid, la Administración tenga inevitablemente que asumir pagos imprevistos, por ejemplo, el de ayudas directas, que impacten negativamente en las cuentas públicas. Pero se trata de circunstancias extraordinarias o, mejor, difícilmente previsibles.

Es posible, también, que determinadas inversiones públicas se tengan que financiar con deuda, por ejemplo, la inversión en las instalaciones necesarias para celebrar un determinado acontecimiento extraordinario, como la Expo, o las Olimpiadas.

Pero en tales casos, es necesario el correspondiente plan de inversiones, y su viabilidad financiera.

Fuera de tales casos, el objetivo de cualquier Administración Pública es el equilibrio presupuestario.

Aunque parezca una obviedad, esto es lo que el art. 135.1 de la Constitución señala: todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

Por si hubiera alguna duda, el art. 3.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF), señala que se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural.

En definitiva, salvo en los casos de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, o de acuerdo con normativa europea, ninguna Administración Pública puede incurrir en déficit estructural (art. 11 LOEPSF).

Desgraciadamente, tengo la impresión de que la mayoría de nuestros responsables políticos ignoran la claridad y rigidez de tales normas.

Pero sigamos. Una Administración diligente ha de procurar además tener siempre el “colchón” suficiente para afrontar los avatares de años con viento desfavorable.

El objetivo, en definitiva, no es ni gastar más, ni endeudarse más, sino gestionar de forma eficiente.

Gestionar de forma eficiente significa evitar las duplicidades, eliminar lo superfluo, obviar el gasto “político”, y promover la colaboración público-privada.

Conviene recordar, también, que la naturaleza pública de un determinado servicio, por ejemplo, el transporte municipal, no obliga a que su gestión sea pública. Esta se puede encomendar a un tercero. Lo importante, pues, no es su gestión, sino la regulación y control de los estándares de calidad del servicio. Se trata, por tanto, de un equilibrio entre eficiencia económica y calidad del servicio.

No en vano, el art. 7.2 de la LOEPSF establece que la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

Insisto de nuevo en que el objetivo de cualquier Administración no es gastar, sino prestar servicios públicos de calidad.

Si la eficiencia en el gasto es importante, también lo es la eficacia, esto es, si las políticas de gasto que se han aprobado están dando los resultados esperados. De ahí la importancia de valorar su eficacia adoptando, en su caso, las medidas correctoras que sean necesarias. Valoración que necesariamente ha de ser pública, esto es, accesible a los ciudadanos.

Sea como fuere, la queja mayoritaria del ciudadano no es por los impuestos en sí mismos, sino por su falta de correlación con la percepción de servicios de calidad, y por la enorme burocratización de nuestras vidas.

Sería, pues, necesario que el debate público no se centrara en la mera presión fiscal, sino en la existencia de dicha correlación. En el grado de eficiencia, eficacia, y calidad de los servicios.

En este contexto, sería deseable consensuar una lista cerrada de servicios básicos obligatorios; lista que exige recordar que la Administración no ha de cubrir todas las necesidades de sus ciudadanos, sino aquellas que sean imprescindibles para garantizar una vida digna, en especial, en los casos de vulnerabilidad social.

En definitiva, lo relevante no es tanto el superávit o déficit presupuestario, sino el grado de satisfacción de los ciudadanos con relación a los servicios que la Administración les presta.

Por pedir, sería también necesario regular supuestos de responsabilidad patrimonial personal de nuestros responsables políticos en los casos de gestión irresponsable de los recursos públicos.

Sin ejemplaridad pública, se pierde la confianza en el Estado. En definitiva, quien exige cumplir está obligado también a cumplir.