Verónica tenía 27 años cuando grabó un video sexual con el que entonces era su novio. Cinco años después, como si esa grabación fuera una bestia que espera agazapada su oportunidad, saltó del olvido. Verónica ya tenía 32 años, estaba casada con otro hombre y era madre de dos niños. Era operaria de una fábrica de camiones en San Fernando de Henares, Madrid, con unos 2.500 empleados. En mayo de 2019 esa grabación íntima circuló entre todos ellos. Días después, Verónica se quitó la vida. La Inspección de Trabajo cerró el caso asegurando que «el problema de la trabajadora no se encontraba tanto en el entorno laboral, sino en el personal» porque lo que le preocupaba era que esas imágenes llegaran a «su entorno familiar y más concretamente a su marido». A esto se suma que el juzgado de instrucción número 5 de Alcalá de Henares que investigaba el caso lo archivó por «falta de autor conocido» del delito de descubrimiento y revelación de secretos. Es decir, pasó todo, pero a nadie le pasó nada. Y nada se hizo para frenar esa cadena de dominó de reenvíos del vídeo íntimo de Verónica. Una cadena que la acabaría tumbando.

El caso es que el artículo 197.7 del Código Penal castiga con penas de tres meses a un año el que, sin autorización de la persona afectada, se difunda o pase a terceros videos íntimos de ella, incluso aunque los hubiese grabado con su aprobación. Ahora bien, según la interpretación del Tribunal Supremo en su sentencia 70/2020, de 24 de febrero, queda fuera de responsabilidad quien reenvía las imágenes. También coincide en ello la Fiscalía General del Estado (Circular 3/2017). Por eso, en abril, Mar España, la directora de la Agencia Española de Protección Datos (AEPD), pidió en el Senado al Ministerio de Justicia que incluyese en ese artículo 197.7 del Código Penal que la responsabilidad penal no sólo fuera de quien graba y envía, sino también de quien reenvía. De momento, no parece que le hayan hecho mucho caso.

Violencia digital. Parece que cuesta entender que lo digital es real. Por eso es tan importante la campaña que fuera del Derecho Penal lucha contra ello: Lo paras o lo pasas, de la AEPD. Se trata de una iniciativa pionera a nivel mundial basada en su Canal Prioritario de denuncia. Nos lo explica Mar España, la directora de la AEPD que nos recibe en su despacho. Lleva desde julio de 2015 en su cargo y continúa entusiasta en la lucha contra la violencia digital.

En el año y medio que lleva en funcionamiento el “canal prioritario” ha recibido 154 peticiones y se han tomado 29 medidas cautelares. Mar España se muestra muy tajante: “todos somos cómplices si recibimos imágenes, audios o incluso textos violentos o sexuales que afecten a la intimidad de una persona y no hacemos nada por parar esa cadena”. El prototipo de denuncias que reciben son videos sexuales cuya víctima es una mujer menor de 30 años. “No solo aparece ella -explica- también hay casos de suplantación de identidad. Es decir, se coge la foto de la víctima y se la pega al cuerpo de una actriz de una película pornográfica, haciéndola pasar por ella”. Una de las causas que se encuentran tras este tipo de violencia digital es la venganza. “La chica consiente grabar su relación sexual con el novio. Luego rompen y el chico lo difunde entre sus compañeros del instituto”.

Cómo denunciar. Mar España, directora de la AEPD , nos muestra en su tablet cómo funciona el Canal Prioritario de la Agencia. Se puede acceder a la página https://www.aepd.es/canalprioritario/ o escribir en Google “Canal prioritario” (primera opción del buscador). A partir de aquí, nos insiste en que sólo se pueden denunciar imágenes “ya sean de una persona conocida o desconocida, que sufra violencia o que sean íntimas suyas. Tienen que estar en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, no sirven si nos ha llegado por WhatsApp”. Nos justifica esta laguna porque desde Facebook, propietaria de WhatsApp, alegan que, además de ir encriptadas, son conversaciones privadas. Es decir, se necesita una intervención judicial para actuar. Aunque puedan intervenir varias personas, no son públicas.

Plantear una denuncia en el canal es sencillo, nos apunta, “si es adulto tiene que identificarse y después mandarnos el enlace donde ha visto las imágenes. Si es menor ni siquiera tiene que decir su nombre. Basta con que nos envíe la captura donde lo ha visto y el enlace. Incluso, si no tiene internet, puede hacer un escrito y entregarlo en cualquier ventanilla de la Administración, como las oficinas de un ayuntamiento”.

¿Pero por qué denunciar ante la AEPD y no directamente ante la web que contiene las imágenes? “Posiblemente, si un particular se lo pide directamente a la web no le hagan caso. Incluso si lo hace mediante un juzgado podría tardar semanas debido a todo el proceso penal. Mientras que en la agencia, si el caso es grave, en cuestión de horas estaría retirado ese contenido lesivo porque tenemos líneas de comunicación directas con las plataformas que lo difunden. Me acuerdo de un padre que denunció unas imágenes íntimas de su hija. No sólo conseguimos retirarlas de las webs que nos dijo. También las descubrimos (y retiramos) en otros foros que él desconocía” apunta Mar España. En cualquier caso, se puede denunciar ante la Agencia y ante la Policía o la Guardia Civil al mismo tiempo. Por un lado, está el proceso administrativo; por otro, el penal. La gran ventaja del canal prioritario es su rapidez y es que como señala la directora de la AEPD, “cuando hablamos de internet, parar esa cadena es cuestión de horas”. Algo fundamental para atajar unas imágenes que pueden perseguirte durante toda la vida.