«Oxígeno para pymes y autónomos», por Juan José Morodo

ENTRE MAGNITUDES


JUAN JOSÉ MORODO,

subdirector de Cinco Días

@JuanjoMorodo

Oxígeno para pymes y autónomos

Cuando Sequoia Capital, uno de los fondos más reconocidos de Silicon Valley, hizo sonar la alarma en marzo con un comunicado en el que advertía a los emprendedores que venía financiando sobre la necesidad de reconsiderar la situación, estaba describiendo el futuro inmediato. El impacto del Covid-19 sobre la demanda planteaba una seria amenaza para compañías poco capitalizadas, como las startups tecnológicas, que suelen vivir de sucesivas rondas de financiación. No eran una excepción.

Muchas empresas de todos los sectores, sobre todo pymes, ya no volverán a abrir sus puertas tras la pandemia. Y otras muchas tampoco lo harán si no cuentan con herramientas de apoyo claras, ágiles y eficaces que pongan remedio a las enormes dificultades derivadas del inédito frenazo en el negocio, en gran parte debido a confinamientos decretados por las autoridades. El tsunami del Covid ha arrasado con todo, y en el caso del tejido empresarial y del empleo se ha manifestado con extrema dureza también a la espera de una vacuna efectiva.

El Gobierno estableció desde marzo de 2020 medidas para salvar la dovela central que sostiene la economía del país: las pymes y los autónomos. Los créditos con aval del ICO han servido para proporcionar la imprescindible liquidez con el objetivo de evitar las temidas tensiones de tesorería, solventar los gastos fijos, la asfixia en las nóminas o el pago a los proveedores en los primeros meses de la crisis sanitaria. Y, pese a los galimatías denunciados por algunas empresas y desencuentros iniciales entre el sector financiero y el Ministerio de Asuntos Económicos, la recuperación de una relación más fluida los ha llevado a cumplir, con diversas ampliaciones, su función de manera útil y en unos momentos en que la liquidez urgía hasta el límite de la supervivencia. Sin embargo, pasados nueve meses de pandemia, el escenario sigue siendo tenebroso y todo indica la urgencia de medidas a más largo plazo.

Son estos, los plazos de carencia y amortización, el principal problema. Porque aquellas medidas se pensaron para una relativamente pronta recuperación con la que la segunda oleada y su virulencia han dado al traste. Pero la ampliación de estos periodos o la búsqueda de fórmulas para que el ICO pueda reestructurar la deuda de los avales que ha concedido a los bancos para que facilitaran liquidez, así como la línea destinada a la inversión (esta con escasa demanda), sirven, pero no bastan. Como no bastará, por sí sola, la aplicación de los fondos provenientes del Plan de Recuperación para Europa, por muy ingentes que parezcan. Si las dificultades de liquidez derivan en problemas de solvencia y no se acometen reformas estructurales con urgencia, el viaje habrá sido en vano. Y una morosidad ingobernable puede asomar en cualquier momento.

Las restricciones derivadas de la segunda oleada de contagios tras el verano intensificaron los riesgos para la estabilidad financiera y lastran con una pesada losa la recuperación de la actividad. En el escenario actual, parece una lectura optimista incluso la del Banco de España, cuando aplaza al menos hasta fin de 2022 la vuelta a los niveles preCovid.

Ante situaciones excepcionales, urgen medidas excepcionales. Las reestructuraciones de financiación, las ayudas directas o incluso las quitas, significativamente en los sectores más perjudicados por el parón, serán fórmulas que bien diseñadas y aplicadas con eficacia y bajo los principios de viabilidad y buenas prácticas pueden resolver parte del problema. Pero urge también toda una batería de medidas dirigidas a facilitar la oferta y reactivar la demanda, como moratorias fiscales y de alquileres (incluidas rentas variables), bajadas de IVA y planes sectoriales pormenorizados.

El Gobierno ha reconocido que medidas que fueron efectivas, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o los créditos con aval del ICO, “son insuficientes” hoy, ante una falta de demanda que a octubre había hundido los ingresos del 74% de las pymes y con la mitad viendo en riesgo su supervivencia, según el Barómetro de Cepyme. El 64% de los empresarios consultados creen que las medidas del Gobierno han sido “malas o muy malas”. En este sentido, la prolongación de los ERTE debe ser más que una decisión coyuntural e intermitente, y estos requieren igualmente un rediseño que permita a pymes y autónomos planear a largo plazo.

Las empresas con la persiana bajada son un grave coste para toda la economía en términos de riqueza y de empleo. Es una negra espiral que se retroalimenta, como han expresado con preocupación los primeros espadas de los grandes. Un diagnóstico que empeora al comprobarse la incertidumbre de una recuperación incierta.

Frente a inútiles disputas sobre cuánto caerá el PIB este año o el próximo, lo relevante es conocer cuándo se va a recuperar el crecimiento. Porque el aumento de las restricciones por toda Europa, donde están los principales clientes de nuestras empresas y los primeros emisores de turistas hacia España, extiende más incógnitas en el horizonte.

Quienes abren la persiana cada mañana tienen que saber a tiempo con qué cuentan para sacar adelante su negocio, además de solidaridad. El escudo social más valioso para los ciudadanos es la defensa de las pymes y los autónomos, incardinados con la gran empresa como claves de la riqueza, la recaudación tributaria y el empleo, sin los cuales la economía se deshilacha y este último desaparece.

Fomentar capital oxígeno, respaldar a las startups, diseñar programas de venture capital, mimar a los business angels, incentivos extra para quienes tengan el coraje de invertir en producción… Es larga la lista de acciones para impulsar el tejido empresarial. De ellas dependerá el futuro del empleo y, a la larga, del país. 

La ocasión es crítica y ha propiciado que pequeños emprendedores y grandes corporaciones hayan aprendido en tiempo récord a colaborar frente a la crisis. Es también una ocasión histórica para que las pymes den el salto al siglo XXI. Las que adopten soluciones ágiles y creativas podrán sobrevivir. Las que no, pagarán una cara factura.

"La nueva agricultura"

El ingreso mínimo vital

ENTRE MAGNITUDES

El ingreso mínimo vital

Lo que hasta hace poco tiempo no era más que una utopía más propia de las prósperas sociedades escandinavas, se está poniendo en marcha en España, no sin ciertos retrasos y dificultades. Más allá del baile de cifras que existe en torno a su percepción por parte de los beneficiarios, lo cierto es que el denominado Ingreso Mínimo Vital ha llegado a nuestro país para quedarse. Una medida que pretende paliar la desigualdad social existente, exacerbada por la crisis sanitaria desatada por la actual pandemia, para dotar a los sectores más desfavorecidos de un colchón de protección que cubra sus necesidades básicas.

FERNANDO GEIJO

[email protected]
@fergeijo
Facebook:  Fernando Geijo

Elogiada por unos y denostada por otros. Sin duda, la renta básica universal genera alabanzas y críticas en los diferentes países en los que se ha debatido su puesta en marcha. Y España no podía ser una excepción. Esta iniciativa redistributiva de la renta disponible es apoyada con fervor por organizaciones progresistas, que la ven como un paso natural en la consolidación del Estado del bienestar, y vilipendiada por los grupos más conservadores, que observan en ella los peligros propios de la consolidación de una mentalidad basada en el abandono del esfuerzo personal de superación cuando su asignación es generalizada.

En lo que no hay duda es en considerar que su implantación selectiva supone caminar hacia una evidente solidaridad económica mediante la instauración de un vasto modelo de protección social que, a la postre, ofrece a los individuos más desfavorecidos un salario ajustado para cubrir sus necesidades vitales esenciales.
El establecimiento en España de una renta básica mínima no es un concepto novedoso. De hecho, diferentes partidos políticos del arco parlamentario han sopesado esta posibilidad en los últimos tiempos. No en vano, varios países, como Países Bajos, Canadá, Finlandia y Francia, han coqueteado con este concepto de redistribución financiera entre los más desfavorecidos al poner en marcha proyectos piloto desde hace años.

La idea que subyace en la asignación de este ingreso económico vital es garantizar un ingreso mínimo de subsistencia a las personas que se encuentran en una situación de evidente vulnerabilidad financiera. Una especie de red social para garantizar la subsistencia de aquellos que están en riesgo severo de exclusión social.

Contra la pobreza. El denominado Ingreso Mínimo Vital (IMV) era una de las medidas estrella del pacto suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos que dio lugar al actual Gobierno de coalición. La aprobación de esta iniciativa sufrió varios retrasos debido a la crisis sanitaria del Covid-19 hasta que, finalmente, vio la luz en el último Consejo de Ministros del pasado mes de mayo.

El arranque de esta iniciativa está siendo más complicado de lo esperado. No en vano, las dificultades en su implantación se derivan de la actual situación económico-social, lo que ha desbordado las expectativas más optimistas de solicitudes debido a la grave crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
De hecho, y después de meses de implantación y con un notable retraso en la gestión de las solicitudes, el Gobierno no ha tenido más remedio que aprobar un Decreto-Ley para alargar plazos y eliminar requisitos para tratar de aligerar el proceso.

Las más de 900.000 solicitudes presentadas hasta finales de septiembre desde que el pasado 15 de junio se abriese el plazo para solicitar el IMV están poniendo a prueba la capacidad de la Seguridad Social. Así, al menos, lo aseguran los sindicatos al denunciar falta de personal para atender la avalancha de peticiones recibidas. Una carencia que se uniría a los problemas informáticos, originados al principio de este proceso, y al exceso de trabajo que entraña la gestión de un ingente número de expedientes acumulados. No hay que olvidar que los funcionarios del ente público deben también tramitar otros asuntos como por ejemplo pensiones, jubilaciones, así como otro tipo de ayudas económicas.

A las complicaciones antes descritas habría que añadir la incertidumbre en el cumplimiento de los plazos administrativos para los solicitantes del IMV. Es decir, una vez superado el lapso de tres meses sin obtener respuesta por parte de las autoridades competentes cuando se realiza una solicitud, se considera desestimada. Es lo que la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común describe como silencio administrativo.

Se calcula que beneficiará a un total de 1,1 millones de hogares, la mitad de ellos con niños.

Es por ello por lo que, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que es titular José Luis Escrivá, se han puesto manos a la obra para tratar de agilizar los trámites en un intento por simplificar las solicitudes y desatascar la situación mediante la ampliación del plazo de respuesta administrativa de tres a seis meses, hasta final de año, con lo que se sortea el peligro de prescripción legal antes descrito.

Mejoras necesarias. La idea es desatascar el cuello de botella creado entre el aluvión de demandas y la multiplicación de asuntos a atender por parte de la plantilla de funcionarios de la Seguridad Social, especialmente en un escenario de crisis sanitaria generalizada.

Con todo, se pretende que unos 150.000 hogares, que albergan a alrededor de 450.000 personas, puedan cobrar la prestación a partir de la segunda mitad del mes de septiembre. Las cifras muestran que hasta ese momento apenas se había concedido el 10 por ciento de los 900.000 expedientes presentados. Este porcentaje supone que algo más de 85.000 familias en España ya estarían recibiendo la prestación. Sin embargo, la gran mayoría, unas 75.000, fueron concedidas de oficio, lo que supone que sólo han sido analizadas las restantes 10.000 peticiones, un uno por ciento de las entregadas hasta esas fechas.

La cuantía fijada para el Ingreso Mínimo Vital para un beneficiario individual, sin hijos a su cargo que vive solo, asciende a 461,53 euros mensuales, cantidad que coincide con el importe anual de una pensión no contributiva dividida entre doce. En el caso de una unidad de convivencia, el importe va desde los 599,99 euros, para aquella formada por dos adultos, hasta un máximo de 1.015,37 euros si se trata de hogares integrados por dos, tres o cuatro adultos con tres o más, dos o más o un menor a su cargo, respectivamente. Los expertos estiman que estos importes supondrán un gasto al Estado de unos 3.000 millones de euros al año, alrededor de un tercio de lo que abona cada mes en pensiones. Además, se calcula que beneficiará a un total de 1,1 millones de hogares, la mitad de ellos con niños.

Los beneficiarios de esta prestación deben tener un patrimonio neto total inferior a los 100.000 euros, y una edad comprendida entre los 23 años, exceptuando quienes tengan un hijo menor de edad, y los 65 años. Además, una vez presentada la solicitud, si no lo habían hecho antes, deben encontrarse en situación de búsqueda activa de empleo.

Asimismo, su residencia legal y efectiva debe estar en España, de forma ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de la presentación de la solicitud. Otro aspecto a destacar a la hora de acceder al IMV es que se ha puesto especial cuidado en la protección de las víctimas de violencia de género que hayan tenido que abandonar su hogar, así como en el reconocimiento de las parejas de hecho que residan en el mismo núcleo familiar.

Los ciudadanos que estén recibiendo otro tipo de ayudas, como el subsidio o la prestación por desempleo, no podrán acceder al IMV dado que supondría percibir cuantías superiores a esta renta básica y, en palabras del propio Escrivá, se podría desincentivar la búsqueda de empleo al existir la posibilidad de sumar varias ayudas.

En cualquier caso, la medida no deja de estar en línea con lo acordado por los países más avanzados de nuestro entorno y supone un plausible avance hacia la constitución de una sociedad indudablemente más justa e igualitaria.

Ojo al dato

Sede electrónica de la Seguridad Social con información de referencia sobre el Ingreso Mínimo Vital. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ver más

Guía de facilitación de acceso a las medidas. Ingreso Mínimo Vital. Vicepresidencia Segunda del Gobierno. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Ver más

Tramitación de la solicitud a través del formulario del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ver más

Simulador del Ingreso Mínimo Vital. Página web de la Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ver más

Información para solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Cruz Roja Española.

Ver más
La cuantía del IMV va desde los 461,5 euros mensuales hasta un máximo de 1.015 euros

Condiciones generales de aceptación

Entre los requisitos para ser beneficiario, que deben cumplirse al solicitar la prestación y mantenerse mientras se perciba la misma, se encuentran:
• Residir en España desde hace al menos un año, salvo para las víctimas de explotación sexual o violencia de género (sin plazo).
• Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, para lo que se valora la capacidad económica del individuo y/o de todos los miembros de la unidad de convivencia, tanto en términos de ingresos como de patrimonio.
• Haber solicitado las pensiones y prestaciones a que se tenga derecho, salvo rentas mínimas y salarios sociales o similares, concedidos por las comunidades autónomas.
• Los mayores de 28 años deben iniciar, si no lo han hecho ya, los trámites para figurar como demandantes de empleo y el resto de los adultos acreditar que cursan estudios reglados, quedando excluidas las personas dependientes y sus cuidadores, discapacitadas en grado de 65% o superior y los beneficiarios de pensión de incapacidad, invalidez, jubilación o aquellos mayores de 65 años.

Fuente: Seguridad Social.

Ajustes normativos

Entre los cambios recogidos en el Decreto-Ley de actualización de las condiciones de acceso al IMV cabe subrayar:
• El plazo de la Administración para resolver las solicitudes de los demandantes se alarga de tres a seis meses, para evitar que caduquen por silencio administrativo.
• Las solicitudes positivas presentadas en 2020 tendrán carácter retroactivo y, por tanto, derecho a cobro desde el 1 de junio.
• Se deja de exigir, salvo posterior discrepancia, la presentación del padrón en la solicitud, al ser comprobado por la propia Seguridad Social con los datos del INE.
• La exigencia de inscripción como demandantes de empleo de todos los adultos solicitantes no tendrá que cumplirse antes de presentar la solicitud, sino que se podrá completar, una vez aprobado el IMV, en los seis meses siguientes.
• Únicamente los solicitantes menores de 30 años que vivan solos deberán acreditar su independencia, no así el resto, como ocurría antes.
• La acumulación de los, al menos, 12 meses de cotización, seguidos o alternos, ahora debe haber tenido lugar en los últimos tres años a la presentación de la solicitud.
• Se endurecen las condiciones de acceso para las parejas de hecho en situación de unidad de convivencia, que ahora deben contar con una antigüedad de inscripción en el correspondiente registro de, al menos, dos años desde la presentación de la solicitud del IMV.
• La nueva norma permite excluir del cálculo económico a los adultos que no sean los progenitores, sin perjuicio de superar los umbrales totales establecidos, y que, en caso de no haber recibido respuesta a su solicitud, puedan solicitar el IMV transitorio por su cuenta.
• Para agilizar el proceso, ahora se aceptarán los informes de las comunidades autónomas en relación con los beneficiarios de otras rentas mínimas.
Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE).

«Si Tomás Moro levantara la cabeza», por Carlos Sánchez

ENTRE MAGNITUDES

CARLOS SÁNCHEZ,
director adjunto de El Confidencial

@mientrastanto

Si Tomás Moro levantara la cabeza

En 1516, Tomás Moro publicó un libelo, en el sentido antiguo del término; esto es, un opúsculo o un librillo, como se prefiera, en el que ya esbozaba una especie de renta básica para todos los habitantes de Utopía, ese territorio ignoto en el que se procuraba la felicidad de sus habitantes. Incluso los esclavos, decía Moro, aquellos “trabajadores pobres de países vecinos que vienen a ofrecer voluntariamente sus servicios”, tenían derecho a que se les tratara con humanidad. “No escatiman nada [en Utopía] que pueda contribuir a su curación, trátese de medicinas o de alimentos”, sostenía uno de los personajes más atractivos de la historia.

Resulta ocioso decir que su idea, la de procurar un bienestar básico a todos los ciudadanos independientemente de su estatus o de su contribución al erario, ha tardado siglos en llegar. Pero lo cierto es que todos los países, incluidos los más pobres, han diseñado unos sistemas de protección social, en función de sus recursos, inimaginables en tiempos de Tomás Moro, quien lo vio, precisamente, como una utopía. Es decir, lo que nunca se consigue. Y es, en este sentido, en el que hay que situar herramientas como el ingreso mínimo vital, que no es, ni mucho menos, una renta básica universal como la que predicaban economistas tan dispares como Freedman o Tobin.

El IMV es mucho más modesto, y, probablemente, es mucho menos original. No en vano, este país dispone desde hace décadas de una panoplia de prestaciones no contributivas que han dado forma a eso que se ha denominado Estado de bienestar, que no es sólo tener acceso a la educación o a la sanidad como un derecho de carácter universal, sino, también, a que el Estado provea un mínimo de recursos monetarios en caso de necesidad. Las pensiones no contributivas, la renta activa de inserción, los subsidios para mayores de 52 años y, por supuesto, las rentas mínimas que han desplegado todas las CCAA, independientemente del color político, forman parte de esa arquitectura asistencial que el IMV viene a completar.

Es decir, el ingreso mínimo vital no es más que un complemento al Estado de bienestar, y así es como hay que evaluarlo. No tiene nada que ver con un sistema de renta básica como el que han propugnado muchos economistas. Mientras que el IMV se dirige a los muy pobres, aquellos que se han quedado fuera de la red de protección social, la renta básica se configura como una prestación de carácter universal dirigida a toda la ciudadanía.

Esta diferencia puede parecer sutil, pero está en el centro del debate sobre el ingreso mínimo, ya que en función de la elección de una u otra forma existe condicionalidad o no la hay. Y aquí está el meollo de la cuestión: qué condicionalidad hay que exigir a quienes tienen derecho a una prestación pública. Para unos, debe ser elevada o, al menos, suficiente, para evitar crear bolsas de penuria, lo que se ha llamado la trampa de la pobreza, un círculo vicioso del que es difícil salir porque los beneficiarios tienen una renta asegurada. Es decir, individuos que se conforman con unos ingresos mensuales (complementados en muchos casos con economía sumergida) que, en este caso, se situarían entre 462 y 1.015 euros, dependiendo de circunstancias familiares. Para otros, por el contrario, la condicionalidad debe ser prácticamente inexistente en aras de que la prestación se parezca lo más posible a la renta básica universal.

 

                                                             «El ingreso mínimo vital no es más que un complemento al Estado de bienestar, y así es como hay que evaluarlo»

 

La condicionalidad es, por lo tanto, la clave de bóveda del sistema de prestaciones del Estado, y de ahí que muchos de quienes han impulsado desde hace décadas la necesidad de crear una renta básica -Milton Freedman la articulaba a través de un sistema de impuestos negativos- se sientan defraudados por la aprobación del Real Decreto-ley del pasado 29 de mayo, que establece numerosas medidas de control. Tantas que el propio Gobierno se ha visto obligado, recientemente, a aligerar la carga burocrática que exigía la concesión, lo que explica su pobre funcionamiento durante los primeros meses de rodaje, aunque los derechos tengan carácter retroactivo desde el 1 de junio.

El hambre, sin embargo, no espera y de poco sirve pagar una prestación en diciembre cuando las necesidades se han producido unos meses antes.

Como muchos expertos han puesto de relieve, la eficacia de cualquier renta asistencial depende de su diseño, es decir, de su capacidad de incluir en la red a quienes realmente lo necesiten, salvo que se trate de una renta universal, que no es el caso. Y el diseño, necesariamente, dependerá de su encaje con el sistema de rentas mínimas que hoy tienen las comunidades autónomas, que, en última instancia, son quienes han asumido la competencia.

Es probable que las premuras de tiempo con que se ha diseñado el IMV no hayan conseguido esos objetivos. Sin duda, porque el IMV, que era un proyecto de legislatura, se ha vinculado al Covid-19. Y aquí está otra de las cuestiones peliagudas. Unos piensan, como se ha hecho en otros países, que habría que haber diseñado un mecanismo de emergencia para todos los ciudadanos, una especie de cheque universal, que hubiera cubierto a todos los ciudadanos mientras dure la pandemia, mientras que el Gobierno ha optado por una medida de carácter estructural.

Las dos fórmulas, sin embargo, no son antagónicas. Países como EE.UU., poco intervencionista, han optado por la vía de los cheques como solución de emergencia, y probablemente el sistema ha sido más eficaz, mientras que en España se ha optado por un mecanismo demasiado burocrático para dar respuesta a la pandemia económica. El resultado es que pocas personas han cobrado todavía el IMV y que el sistema de protección social tiene vías de agua que habría que cerrar lo antes posible. Al fin y al cabo, como decía Tomás Moro, en Utopía, ese país imaginario, “tienen muy pocas leyes, pero, para un pueblo tan bien organizado, son suficientes muy pocas”.

"Un mercado laboral ciclotímico"

Plan de contingencia para las pymes

ENTRE MAGNITUDES

Plan de contingencia para las pymes

El coronavirus está suponiendo un auténtico tsunami en materia sanitaria y empresarial. A sus devastadoras consecuencias en términos de decesos y afectados se empieza ahora a vislumbrar un obscuro panorama económico que augura un auténtico otoño caliente. Al riesgo del rebrote, se une la incertidumbre en que se ha sumido la continuidad de cientos de miles de puestos de trabajo. La batería de ayudas europeas anunciada puede ser un bálsamo y un complemento a las decretadas en España, pero la gravedad de la situación evidencia la necesidad de tomar medidas adicionales. Como en toda crisis, los eslabones más débiles de la cadena son siempre los más propensos a romperse. En el caso del mundo corporativo, este colectivo lo encarnan las pymes, que constituyen la amplia mayoría del tejido empresarial en nuestro país, así como los 3,2 millones de autónomos.

 

FERNANDO GEIJO

[email protected]
@fergeijo
Facebook:  Fernando Geijo

La escasez de recursos complica la supervivencia de compañías pequeñas, medianas, microempresas, startups y autónomos.

POSIBILIDAD DE QUE algo pueda o no suceder. De esta manera simple, escueta y certera es como el diccionario de la Real Academia Española define el término contingencia. Sin embargo, la pandemia sanitaria que aún nos asola ha puesto también patas arriba nuestra economía. Un tejido industrial integrado por millones de trabajadores que prestan su labor en la galaxia de pequeñas y medianas empresas que aglutinan la parte del león del entramado empresarial en nuestro país. Una constelación de pymes que ya ha constatado la evidencia en sus propias carnes, léase en balances y cuentas de resultados, de los estragos causados por el Covid-19.

A la paralización en seco de la economía derivada del estricto confinamiento generalizado, se suma ahora una incipiente y titubeante deshibernación comercial. El tenue resultado del retorno a un consumo apenas comedido aventura un tímido repunte económico y aleja la rápida y deseada recuperación económica para instalarnos en una suerte de recuperación en “v asimétrica”, como lo ha definido el propio Gobierno. O lo que es lo mismo, un retorno a la normalidad que será desigual por sectores de actividad, que dejará inevitables cicatrices en la economía y que, inexorablemente, tardará años hasta recuperar los niveles del PIB previos a la pandemia.

En este panorama nada halagüeño, la escasez de recursos complica la supervivencia de compañías pequeñas, medianas, microempresas, startups y autónomos. De hecho, de no ser por el paraguas desplegado por las autoridades en el marco del diálogo social en relación con los Ertes, estaría en juego la supervivencia permanente de 300.000 puestos de trabajo, según estimaciones de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), de los que casi la mitad corresponderían a pymes y autónomos.

Baja cilindrada, gran potencia. Las pymes suponen más del 99% del tejido empresarial, el 65% del producto interior bruto y nada menos que tres cuartas partes del empleo total en España. Con esas credenciales, estas empresas modestas en tamaño, pero no en empuje e innovación, constituyen un entramado de pequeños gigantes de no más de 250 empleados y 50 millones de euros de facturación que están soportando un auténtico calvario en términos de caída de ingresos.

Un complejo entramado que incluye diferentes tipos de compañías que van desde las consideradas como medianas, con entre 50 y hasta 249 empleados y que suponen un total de 25.050 unidades, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de enero de 2020, hasta 1.133.528 microempresas con entre uno y nueve trabajadores, pasando por las 154.861 pequeñas, con entre 10 y 49 asalariados. Y todo ello sin olvidar las consideradas como unipersonales, que ascienden a 1.569.992. En resumen, el conjunto de las pymes aglutina nada menos que el 99,83% del total y genera 10.456.276 empleados, el 65,4% del empleo en España.

¡Tenemos un plan! La inseguridad con relación a la duración de la crisis, unida a la efectividad de las medidas tomadas para tratar de paliarla, está generando un mayor grado de incertidumbre que debe ser atenuado, ahora más que nunca, con la puesta en marcha de un adecuado plan de contingencia.

Lo que se pretende conseguir es compensar la inevitable falta de control en una situación como la actual, minimizar el impacto en la cuenta de resultados en el medio y largo plazo y, de esta manera, mitigar los aspectos negativos que toda crisis lleva aparejada.

La clave de un buen plan, ajeno a los aspectos emocionales, debe servir para llevar la toma de decisiones a escenarios previstos y controlados, sin olvidar su permanente actualización a fin de corregir posibles desviaciones y actuar sobre las mismas.
Para ser realmente efectiva, esta herramienta empresarial debe establecer una panoplia de medidas que incluya las correspondientes al nivel técnico, organizativo y, sobre todo, humano. Sin perder nunca el foco en la evidente continuidad del negocio. Auténtico sanctasanctórum irrenunciable que debe ser la estrella polar en la que fijar el astrolabio para no perder el norte durante la navegación en aguas procelosas y aquilatar así la toma de decisiones capaz de esquivar cualquier tipo de riesgo en el medio y largo plazo.

 

Las pymes suponen más del 99 por ciento del tejido empresarial y tres cuartas partes del empleo total en España

 

La receta de un buen plan

INGREDIENTES básicos para que las pymes afronten una situación de crisis como la actual:

  • Dos cucharadas soperas para recabar información mediante el acopio de datos reales de la empresa y el sector.
  • Cuarto y mitad de previsión de diferentes escenarios, desde los más probables a los más extremos.
  • Dejar a fuego lento una actitud indolente hasta que se evapore y pasar a la acción. Esperar a que escampe no es una opción.
  • Cortar en juliana un plan propio a nuestra medida, sin copiar el de terceros a pesar de que funcione.
  • Realzar el elemento humano, ya que es un ingrediente crucial. El bienestar y la seguridad sanitaria de los empleados deben ser siempre lo primero.
  • Abundante actualización a diario de los pasos dados y generosa adopción de medidas correctoras en caso necesario.
  • Por último, pero no menos importante, una pizca para aprovechar las posibles oportunidades que toda crisis supone para salir reforzados y ser más competitivos.
Un buen plan debe servir para llevar la toma
de decisiones a escenarios previstos y controlados,
sin olvidar su permanente actualización.

Ponerse a ‘plan’

Un plan de contingencia que se precie debe permitir:

  • Elaborar una radiografía para conocer la situación real de la compañía.
  • Analizar la evolución de nuestra demanda de productos y servicios.
  • Determinar los puestos de trabajo presenciales y en remoto. 
  • Establecer medidas de conciliación familiar, flexibilización de la jornada de trabajo, creación de una bolsa de trabajo por horas, adaptación del período vacacional, suplencias y bajas, entre otras.
  • Fijar protocolos de seguridad sanitaria en el entorno laboral.

Fuente: Confederación empresarial multisectorial Cecot.

Ojo al dato

Plan de contingencia empresarial Covid-19.
Confederación empresarial multisectorial Cecot.

Ver más

Plan de contingencia y continuidad de negocio.
Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Ver más
Guía para la actuación en el ámbito laboral con relación al nuevo coronavirus. Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Ver más

Información actualizada sobre el coronavirus. Documentos técnicos para profesionales.
Ministerio de Consumo, Ministerio de Sanidad y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Ver más
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Cifras Pyme. Datos de enero de 2020.
Ver más

Pyme precavida vale por dos. La fiabilidad de un plan de contingencia se basa en la realización previa de un exhaustivo y riguroso análisis de riesgos. Para ello, indagar en una serie de cuestiones, como los objetivos a alcanzar, la afectación en el negocio, actual y futura, o en cómo está impactando esta situación a clientes y proveedores, debe constituir el punto de partida para trazar una oportuna hoja de ruta.

El siguiente paso sería establecer las premisas que ayuden a amortiguar los efectos nocivos de la situación, al sincronizar la cadencia en la toma de decisiones para acompasarla con la rapidez en que toda crisis se propaga e incluso muta. Cuatro puntos se antojan básicos en este sentido: realizar una radiografía que nos aporte una imagen real de la situación de nuestra empresa, interpretar con la cabeza fría esa información de manera adecuada, establecer un plan de acción y evaluarlo de forma periódica para proceder a su adecuada actualización.

Mejor si estaba previsto. La prueba del nueve para comprobar que el plan de contingencia camina por el sendero adecuado se lleva a cabo cuando este es capaz de aportar información sobre aspectos como la rentabilidad de las líneas de negocio, la tesorería, la proyección de cierre de año, la cartera de clientes, el estudio de mercado y la asignación de objetivos y tareas por empleado. Además, debe comportarse de manera coherente bajo diferentes escenarios de estrés, de más a menos pesimista, y de simulaciones, siempre realistas, enmarcadas durante y después de la crisis.

No en vano, con el plan de contingencia las pymes consiguen compensar la pérdida de control que toda crisis lleva aparejada. Para ello es fundamental mantener las emociones fuera de la ecuación de la toma de decisiones. En caso contrario, es sumamente complicado comprobar la idoneidad de estas y, sobre todo, actuar de forma rápida en las desviaciones que se produzcan.

Por consiguiente, la obtención de información veraz, su impávido análisis y el permanente reajuste para conformar una estrategia a la medida de nuestras necesidades serían la trinidad sobre la que fundamentar un efectivo plan de contingencia para aprovechar también las oportunidades que toda crisis conlleva. No en vano, el propio Einstein reconoció en su día que “la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos.

«Las pymes, pilar básico en la reconstrucción de España», por Gerardo Cuerva

ENTRE MAGNITUDES

GERARDO CUERVA,

presidente de Cepyme

@CepymeNews

Las pymes, pilar básico en la reconstrucción de España

 

LA crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19 está golpeando duramente a España y a su tejido empresa-rial, constituido en su 99,8% por pequeñas y medianas empresas.

Las previsiones de todos los grandes organismos, Comisión Europea, OCDE y las propias de CEOE y Cepyme, están advirtiendo de que esta crisis va a ser especialmente dura en España, por la dependencia de sectores estratégicos especialmente afectados, como el turismo y las actividades vinculadas directamente a él, como el comercio y la hostelería.

Las pymes somos una parte fundamental del proceso de generación de nuevas iniciativas empresariales, así como de la consolidación de las ya existentes.

Al igual que en la mayor parte de las economías avanzadas, el peso de estas empresas sobre el conjunto de la estructura empresarial es muy elevado. En concreto, de los 3,4 millones de empresas españolas, el 99,8% son pymes.

Su protagonismo en el conjunto de la economía es innegable. Generan más del 60% del total del valor añadido y casi el 72% del total del empleo.
Por ello, no exagero si afirmo que reconstruir la economía española pasa por salvar a las pymes y por preservar el empleo.

Para abordar la salida de esta crisis y luchar contra el desempleo es imprescindible proteger a las pymes y evitar una intensa destrucción de nuestro tejido empresarial.

Es por ello urgente, con carácter general, articular un marco estable que fomente la actividad productiva y que genere certidumbre, favorable a la creación de empresas y a su consolidación.

Pero, además, las pymes necesitan instrumentos de agilidad y flexibilidad en la contratación. Medidas como la reducción y aplazamientos de las cotizaciones e impuestos, eliminación de trabas, agilización y mantenimiento de los ERTE; medidas que favorezcan la liquidez y financiación para las empresas, etc., se hacen imprescindibles.

Ahora bien, si en algo se caracteriza nuestra estructura empresarial en comparación con la del resto de países desarrollados es por el reducido tamaño de nuestras empresas.

Más de la mitad de las mismas se corresponden con la figura del empresario autónomo sin asalariados. Y del resto, algo más de tres cuartas partes son microempresas con menos de cinco empleados. Representan en nuestro país casi un 2% más que la media europea.

No se trata de que todas las empresas sean grandes, sino de que cuenten con un marco administrativo, normativo, laboral, fiscal, etc., que les permita crecer hasta alcanzar el tamaño más eficiente en su mercado.

La reconstrucción económica debe contemplar también un mayor apoyo para que nuestras empresas puedan crecer y hacerse más competitivas y eficientes.

Por nuestra parte, Cepyme lleva años desarrollando un programa, Cepyme500, en el que identificamos a las empresas con mayor potencial de crecimiento y para acompañarlas y asesorar-las en su proceso de crecimiento e internacionalización.

El crecimiento económico pasa también por el impulso y el fomento de factores clave como la innovación, la transformación digital, la internacionalización, la formación… Y tenemos que desarrollar planes de apoyo para que todos estos factores lleguen a las pymes, para contar con pequeñas y medianas empresas con capacidad de innovación, adaptadas a las nuevas exigencias de un mundo digitalizado y con capacidad de abrirse a nuevos mercados y de competir de manera eficiente fuera de nuestras fronteras.

Desde nuestra confederación estamos desarrollando también el proyecto CrecePyme, con el que queremos facilitar la colaboración, el apadrinamiento y el apoyo de las grandes empresas a las pymes en estos procesos de transformación.

Como decía al principio, no podremos reconstruir la economía española si no se genera certidumbre y confianza tanto interna como externa en nuestro país.
Sin confianza externa no atraeremos inversión; no habrá estrategia de marca, ni de diplomacia económica y empresarial que pueda tener éxito.

Sin confianza interna se retraerá la iniciativa y la inversión empresarial.

 

«Por ello, no exagero si afirmo que reconstruir la economía española pasa por salvar a las pymes y por preservar el empleo»

 

Además, es imprescindible para garantizar la inversión que España necesita, ya sea desde fuera o desde dentro de nuestras fronteras, que las reglas del juego estén claras y sean estables.

Esta confianza y seguridad jurídica se genera también desde el diálogo y la negociación. El diálogo social, del que Cepyme como interlocutor social reconocido por la Constitución Española es partícipe, es la mejor infraestructura y el mayor activo de nuestro país desde la transición democrática. Sus frutos en la mejora y modernización del modelo económico y de relaciones laborales son reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Cuando nos enfrentamos a la que probablemente es la mayor crisis económica y social de nuestro país desde la posguerra, tenemos que reforzar y consolidar el diálogo social como la mejor herramienta para aunar voluntades y buscar, entre todos, los consensos y acuerdos necesarios para llevar a cabo este proceso de reconstrucción. Un diálogo que sería deseable que alcanzase también a todos los estamentos representativos de nuestra nación.

En el marco de este proceso es preciso, y en ello estamos comprometidas las organizaciones empresariales, fortalecer el papel del empresario como creador de riqueza y bienestar, huyendo de desconfianzas y menosprecios.

Porque lo que todos debemos tener claro es que sin las empresas, sin las pymes, nuestra economía y nuestra sociedad no saldrán de esta situación.

Apoyar a la empresa es hoy más que nunca apoyar al empleo, al progreso social y a la reconstrucción de nuestro país.