Al pintar el cuadro de la economía española tenemos una paleta con algunos colores muy alegres, como el de la OCDE (La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con sede en París) que en su última revisión nos coloca entre las economías más avanzadas y que más crecerán este año. El FMI (Fondo Monetario Internacional), en la misma línea, nos otorga un aumento del IPC del 2,5% para este ejercicio y del 1,8% en 2026. ¡Muy cerca de la media del G20 y muy por encima de la media europea! Sin embargo, la misma OCDE nos oscurece el panorama, porque somos el país desarrollado en el que más ha aumentado la deuda. Y ya sabe, toda deuda, tarde o temprano, hay que pagarla. De hecho, el FMI nos insta a mejorar la eficiencia en el gasto público para reducirla.

AL PINTAR EL CUADRO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA TENEMOS UNA PALETA CON COLORES ALEGRES, COMO EL DE LA OCDE QUE NOS COLOCA ENTRE LAS ECONOMÍAS MÁS AVANZADAS

Así nos ven en el exterior. A pesar de todo, nuestros vecinos nos ven con buenos ojos. La prestigiosa revista The Economist dice que España es la economía que mejor se comportó en 2024. Ahora bien, unas pinceladas de gris: ¿Qué pasará cuando se acaben en 2026 las ayudas europeas que recibimos? ¿O si se desinfla el motor del PIB que es el gasto público? Este se alimenta de los impuestos de una economía basada en un sector tan volátil como el turismo. Y sabemos que es lo primero que se recorta en una crisis, aunque hay excepciones como la “diverflación” (divertirse y no ahorrar). No ayuda que tengamos una producción industrial que según el INE (Instituto Nacional de Estadística) ha caído un 1,9%. Menos mal que el déficit público lleva cuatro años a la baja, porque aún queda otro color gris que añadir en la paleta: la política arancelaria de Estados Unidos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advierte de que los aranceles de Trump podrían restar hasta 8.000 millones de euros al PIB español en 2025. En este sentido, José Manuel Maneiro, profesor de Economía en la Universidad CEU, señala que nos afecta en “temas agrícolas y componentes de automóviles, pero mucho menos que a los países de nuestro entorno. Ahora bien, si a los turistas de esos países les va mal, dejarán de venir de vacaciones aquí”. Parecida opinión tiene el profesor José María Labeaga, catedrático de Economía en la Universidad a Distancia (UNED). Así podemos seguir todo el reportaje, dando pinceladas claras y oscuras sobre la economía, para que al final nos quede un cuadro abstracto y que cada uno interpreta de forma diferente. Se denomina ‘la Gran Divergencia’: por un lado, está lo que dicen los indicadores económicos; por otro, la percepción ciudadana. Según un informe de Funcas (centro de análisis económico), apenas el 20% de los encuestados evalúa positivamente la situación económica del país. El resto cree que España va mal. Sin embargo, cuando se le pregunta por su situación personal, paradójicamente, el 51% de los encuestados afirma que les va bien. Este contraste subraya la existencia de «un divorcio» como nunca entre la realidad objetiva y la percepción colectiva, y tiene que ver con la ideología.

Cuidado con los datos. La deuda pública es lo que debe un Estado. Junto con los impuestos es la forma de conseguir dinero para pagar al sector público (funcionarios, hospitales, escuelas…). Pues bien, la deuda de España en 2024 superaba levemente a todo lo que produce el país en un año: un 101,8% del PIB; en euros, 1,62 billones. Si vemos las cifras de 10 años atrás (2014) debíamos 1,09 billones, es decir 530.000 millones de euros menos. A simple vista, antes estábamos mejor. Sin embargo, el porcentaje de deuda respecto al PIB era del 104,4%, mientras que en 2024 es el 101,8%. Es decir, en 2014 el déficit (diferencia entre ingreso y gasto) era mayor en un 2,6%. Como señala Maneiro, “este es el dato clave. Lo que nos importa es la deuda en relación a lo que producimos. Si alguien debe 5 y gana 10 tendrá un mayor problema que otro que debe el doble, 10, pero gana 30. Pagará más el último, pero irá más desahogado y reducirá antes la deuda. Si la economía crece más que el déficit, la deuda se irá reduciendo. Lo importante es que la deuda esté bien estructurada, y que no se concentren sus pagos en un solo momento. Por eso no veo la deuda como un problema tal y como vamos creciendo”. De hecho, como apunta Labeaga: “Los mercados de deuda no nos están penalizando” porque ven que podemos pagar, ya que nuestro déficit se va aminorando. De hecho, señala el catedrático de la UNED: “El crecimiento del PIB en España será de los más altos del mundo aparte de China, India y algún país del Sudeste asiático”.

Nuestra vitamina. El Banco de España en su último informe de proyecciones macroeconómicas afirma que el gasto público supuso en 2024 el 27% del crecimiento del PIB; en 2023 llegó hasta el 39%. En los países europeos el gasto público ha sido importante, pero no tanto.

Sin embargo, la inversión empresarial en nuestro país sigue en niveles prepandemia, una anomalía respecto a Europa. Que las empresas no inviertan significa que tienen dudas sobre el futuro. En el otro lado, como explicábamos antes, en 2024 volvimos a batir el récord en gasto público: 722.846 millones, un 7,3% más que el año anterior . ¿Y esto es positivo? Pues depende. Es lo que los economistas como Labeaga llaman el efecto “el multiplicador”. Depende de cuánta riqueza genera el euro que se gasta. Por ejemplo, hacer carreteras facilita que se muevan productos. Incluso la sanidad permite que el que conduce el camión no caiga enfermo y siga transportando. Maneiro señala que “el gasto público es productivo. Porque esa inversión retornará en unos años. Por ejemplo, con la transición energética hacia fuentes amigables con el medio ambiente, tendremos una ventaja competitiva con países como Alemania, que dependen del gas ruso. España no tiene petróleo, con lo cual esa inversión ya no sólo es una cuestión ambiental, sino estratégica. Lo importante es que haya un plan de país a largo plazo, pero con la polarización política de ahora es difícil. Taiwán lo hizo y se convirtió en el mayor productor de chips del mundo”.

El caso es que ese gasto tiene un efecto en la recaudación en impuestos. Desde 2018 ha aumentado un 43%, mientras que el PIB solo ha subido un 22% y el empleo un 9%. En otras palabras: se recauda mucho más sin que la economía crezca en la misma medida . Por ponerlo en cifras concretas, cada ciudadano paga hoy, de media, 2.627 euros más al año en impuestos que en 2018.

LA MISMA OCDE OSCURECE EL PANORAMA PORQUE SOMOS EL PAÍS DESARROLLADO EN EL QUE MÁS HA AUMENTADO LA DEUDA

De lo macro a lo micro. Aunque la macroeconomía va bien, la desigualdad también. El último informe de 2024 de convergencia social de la Comisión Europea (Country analysis on social convergence) señala que España es de los países más desiguales de Europa. Pese a ser la cuarta economía de la Unión Europea y la que más crece, es el quinto país con más desigualdad en renta disponible (la que queda para consumo y ahorro tras pagar impuestos) tras Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumanía. El 20% más rico de la población tiene unos ingresos 5,5 veces superiores a los del 20% más pobre, según los últimos datos de 2023.

El catedrático de economía Labeaga señala que “buena parte del crecimiento se ha ido a beneficios de la empresa”. De hecho, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las compañías que cotizan en bolsa ganaron un 20,8% más que el año pasado (73.112 millones). El informe del BBVA ¿Cómo nos ha hecho más pobres la inflación? señala que, desde inicios de 2020, la pérdida de poder adquisitivo, medida por el aumento en el Índice de Precios al Consumo (IPC), ha sido de casi un 20%. Es decir, la subida de salarios no ha compensado la de los alimentos, que ha crecido un 35,5% en los últimos tres años según un informe de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Así lo resume Labeaga: “Se ha perdido poder adquisitivo por la subida de los precios de la comida y la vivienda. Eso ha sido terrible para los hogares pobres”.

2024 tuvo una tasa de riesgo de pobreza del 19,7%, según el Instituto Nacional de Estadística. Aunque es la más baja desde que se empezó a recopilar la información, no deja de asombrar que, en España, 9.495.000 ciudadanos sufrieran riesgo de pobreza en el último año. Todas estas cifras vistas en papel quizá no le digan nada. Así que nos ponemos en contacto con Begoña Fernández, coordinadora de solidaridad del comedor social de San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid). Nos presenta a Fatin, madre soltera de un hijo adolescente. La acompañamos a su piso, que está pintado por trozos porque “no tengo dinero para pagar toda la pintura a la vez”. Emocionada, nos confiesa que se le ha roto la vitrocerámica y “no puedo comprarme una. Gano 1.080 euros netos al mes (el bruto del salario mínimo son 1.184 euros) como moza de almacén. Esta casa de dos habitaciones me cuesta 600 euros de alquiler. Así que me quedan 480 euros. Entre gastos fijos: abono transporte, luz, agua, teléfono, etc. me quedan unos 150 euros para el resto del mes”. Por eso, confiesa que necesita de la ayuda de San Juan de Dios para material escolar, de limpieza o incluso comida. “Hace años que no salgo fuera a tomar un café”, asegura con voz temblorosa. Su dictamen es tajante: “Trabajo, pero soy pobre, sobrevivo”. El ejemplo de Fatin pone cara a un problema estructural de nuestra sociedad: el coste de la vivienda, que se lleva más de la mitad de sus ingresos.

Amenazas. Así que, pese al aumento del gasto público, hay problemas que amenazan el futuro, como la vivienda. Sin ella no se forman familias que tengan hijos y que paguen las pensiones futuras. Porque uno de los mitos más falsos y extendidos es el de que el pensionista de ahora cobra el dinero que dio en cotizaciones mientras trabajaba. Lo explica Ángel de la Fuente, director del centro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea): “No existe producto financiero que aportando el dinero que se daba mientras trabajabas, te devuelva tal beneficio como el de la pensión”. La jubilación es una solidaridad intergeneracional. Y tanto, según últimos datos de la Seguridad Social, los nuevos jubilados tienen una pensión media (1.761 euros) más alta que los salarios medios de los menores de 34 años (1.672 euros). Sí, el pago de pensiones es la partida más grande de los presupuestos generales del Estado. Como señala Ángel de la Fuente, “si esa partida sube cada vez más, es dinero que se detrae de otras partidas”. Ningún partido se atreve a reformar el sistema de un gasto público que representa el 42% de todo el Estado. Y subiendo.

Así que, aunque sea por puro interés económico, necesitamos casas para formar familias. Pero como señala Labeaga: “España tiene poca vivienda pública en comparación con Francia o Gran Bretaña. El caso es que nuestro modelo productivo basado en el turismo deriva esas viviendas al alquiler residencial”. De hecho, un estudio de la Universidad de Málaga señala que el turismo aumenta en un 33% el precio de un alquiler de larga temporada. Sin embargo, el turismo es el principal motor del PIB de nuestro país, representa el 13%. Así que, como señala José Manuel Maneiro “hay que hacer una transición hacia otro tipo de actividades. Porque el turismo barato genera sueldos baratos”. Y así nos encontramos con camareros que no pueden vivir en los centros de las ciudades en las que trabajan, como Málaga o Ibiza. El turismo es el sector que más empleo genera, el 12,7% de todos los afiliados. Es decir, 2,68 millones de trabajadores . Sin embargo, la gran mayoría son de baja cualificación, como los camareros. Por otro lado, según el FMI, España es la economía “avanzada” en la que más han crecido las vacantes en trabajos digitales desde 2019. El 57% de los puestos de este sector no se cubren. Así que, ¿qué pasará cuando llegue definitivamente el invierno demográfico, sin nuevo modelo productivo que aporte más valor al sol y playa? Eso es otro cuadro para otro reportaje. Pero los primeros trazos ya se los hemos mostrado.

El mismo 31 de octubre, los colegios notariales, liderados por el de la Comunidad Valenciana, donde el impacto de este fenómeno atmosférico fue mucho mayor, activaron un servicio de búsqueda, expedición y entrega gratuita de las copias de las escrituras públicas de sus propiedades perdidas como consecuencia de dichas inundaciones. “Organizar el servicio no fue complicado porque teníamos la experiencia de otros momentos difíciles vividos. En 2024, cuando se produjo el incendio en el edificio de Campanar, la gente abandonó sus casas y no se llevó las escrituras; en ese momento también actuamos. Cierto es que las consecuencias de la dana han tenido mucha más magnitud”, explica Salvador Alborch, notario jubilado que, en Valencia, lideró el servicio de atención a los ciudadanos afectados.

Además del servicio dedicado a la búsqueda de documentación perdida y a proporcionar asesoramiento adaptado a cada usuario, en los tres meses posteriores a la dana, se gestionaron más de 11.000 actas notariales gratuitas en total, para facilitar a los ciudadanos la tramitación de reclamaciones y solicitudes de ayuda por daños en propiedades y vehículos. “Inicialmente hubo que habilitar un servicio de ayuda en todo el distrito y provincias para que los notarios pudieran desplazarse a realiza las actas. Lo que sucedió es que el volumen era tal que no daban abasto. Por ello se aprobó una norma, el Real Decreto ley 6/24 del 5 de noviembre, que amparaba la realización de actas telemáticas con una serie de diferencias a las actas normales”, señala Salvador Alborch.

Notarías afectadas. Las notarías, como otros establecimientos y viviendas de las localidades más afectadas, sufrieron las consecuencias de las inundaciones. Sobre todo, las ubicadas en las localidades de Albal, Aldaia, Benetúser, Catarroja o Guadassuar, entre otras. Ignacio Núñez Echevarría, notario de Aldaia explica su experiencia y señala cómo “afortunadamente mis trabajadores y yo no tenemos que lamentar daños personales, pero la oficina notarial fue literalmente arrasada por la riada”. Por su parte, Pilar Samper, notaria de Benetússer, señala que por suerte “ese día cerramos pronto y no vivimos el momento angustioso de la llegada de la avalancha de agua”. No fue así en el caso de la notaría de Mónica Piqueres, en Guadasuar, que recuerda que “por asuntos personales, habíamos aplazado las firmas de la tarde al día siguiente. Desafortunadamente, una de las empleadas se encontraba en el interior del local. Fueron momentos de verdadera angustia, hasta que conseguimos el teléfono de un vecino del edificio que pudo rescatar a la oficial con la ayuda de otros vecinos, cuerdas y escaleras”. Según Piqueres “el agua y el barro arrasaron absolutamente todo lo que alcanzaron, hasta la altura de poco más de un metro. No obstante, el sufrimiento que experimentamos tratando de socorrer a la oficial me hizo relativizar la importancia de los daños materiales, que pueden resultar insignificantes frente a los personales”.

Atención personal. Los tres notarios consultados coinciden en que, en momentos así, era imprescindible hacer todo lo posible para asesorar y ayudar a los damnificados. “Desde la notaría somos especialmente sensibles a los daños tanto personales como materiales que han sufrido nuestros vecinos, volcándonos en el asesoramiento en las materias de nuestra competencia y dando prioridad a todas las actuaciones que sean precisas para que puedan recibir con la mayor celeridad posible las ayudas que son tan necesarias en estos momentos”, señala Ignacio Núñez. Para Pilar Samper “la dana exige del notario afectado un esfuerzo extra. Debemos escuchar a nuestros convecinos y empatizar con su dolor, ayudarles en la recuperación de sus escrituras e infundirles ánimo”. Según Samper “también ha desplegado un esfuerzo extra el Colegio Notarial de Valencia e incluso notarios de todo el territorio nacional, realizando las actas” y ella, señala, ayuda personalmente “a la asociación de comerciantes afectados en la redacción de documentos”.

Según relata Mónica Piqueres, tras la catástrofe se acercaron muchos usuarios a la notaría provisional que pudo acondicionar una semana después del paso de la dana: “Muchas personas, más que encargar una gestión, necesitaban ser escuchadas y que alguien les ayudase en trámites que quedaban fuera del ámbito notarial pero igualmente acudían a su notaria de confianza para buscar apoyo”. “En ese entorno de humanidad y solidaridad, me resultaba reconfortante ayudar a los demás en la medida que podía, y ello también me ayudó a superar esta situación traumática”, explica.

Jornadas informativas. El Colegio Notarial de Valencia celebró en enero una jornada informativa para todos los vecinos y empresarios afectados por los efectos de la dana, a su paso por las diferentes poblaciones de la provincia de Valencia, con el objetivo de poder ampliar el asesoramiento prestado a la población damnificada sobre la gestión de las ayudas y medidas fiscales aprobadas.

El decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis, y el censor 1º de su junta directiva, Eduardo García Parra, fueron los encargados de inaugurar esta jornada, organizada tres meses después de la catástrofe, para seguir auxiliando a la población y para que sirviera de altavoz de la ayuda que necesitan los afectados para que no caiga en el olvido con el paso del tiempo.

El director del Instituto Valenciano de Estudios Notariales (IVEN) del Colegio Notarial de Valencia, Gonzalo Cano, fue el moderador de este encuentro en el que participaron representantes de la Agencia Tributaria; del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, y expertos financieros y de ingeniería hidráulica con el objetivo de explicar a los ciudadanos a qué organismos o entidades dirigirse para solicitar las ayudas.

ALGUNAS DE LAS NOTARÍAS MÁS AFECTADAS POR LA DANA FUERON LAS DE LAS LOCALIDADES DE CATARROJA, ALDAIA, ALBAL, GUADASSUAR O BENETÚSSER, ENTRE OTRAS

En su intervención, Gonzalo Cano anunció que el Notariado ya había gestionado más de 11.000 actas notariales gratuitas de los daños sufridos en inmuebles, vehículos o empresas, para poder ayudar a la población afectada a tramitar sus reclamaciones o ayudas. Actualmente el Colegio Notarial de Valencia, como el resto de las notarías de la provincia, siguen ayudando a la población afectada para que puedan disponer de forma gratuita de las copias de las escrituras de sus propiedades perdidas por la riada.

Colaboración profesional. Asimismo, para explicar las diferentes medidas fiscales nacionales y autonómicas aprobadas tras la dana, la jornada contó con la participación de la directora general de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz Español; y del inspector de Hacienda en la AEAT, Lluís Meseguer; que trasladaron a los asistentes cómo pueden acceder de forma rápida a toda la información sobre las ayudas aprobadas hasta el momento, a través del enlace disponible en la página web de la ATV, así como las bonificaciones respecto al IRPF y al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. “En la web de la Agencia Tributaria Valenciana están disponibles todas las medidas implementadas para paliar los efectos negativos de la dana, tanto estatales como autonómicas o locales, privadas o públicas, para que la ciudadanía las pueda conocer y solicitar, como es el caso de las ayudas aprobadas por el Consell por vehículo siniestrado, que se tramitan desde la ATV, y que en solo cuatro días hubo 57.000 citas previas concertadas”, aseguró Díaz Español en su intervención.

DE NOVIEMBRE A ENERO SE GESTIONARON
MÁS DE 11.000 ACTAS NOTARIALES GRATUITAS, SIENDO ACTUALMENTE 12.000 LAS SOLICITUDES ATENDIDAS POR NOTARIOS DE TODA ESPAÑA

Por su parte, el director de la asesoría jurídica de Comunidad Valenciana y Región de Murcia de CaixaBank, Juan Blasco, fue el encargado de analizar las medidas financieras existentes para los afectados, como la Moratoria Legal (artículos 31 a 40 del Real Decreto Ley 6/2024, modificado parcialmente por el RDL 7/2024). “La moratoria es la suspensión de obligaciones de pago, previa petición de los clientes financiados”, explicó Blasco. También hizo alusión a las Líneas de Avales ICO dana (arts 29-30bis RDL 6/2024) que ponen en el mercado las entidades financieras y que tienen el aval del Ministerio de Economía; y las Líneas de Financiación Afianzadas por Sociedad de Garantía Recíproca de la CV, AFIN-SGR que permiten a los clientes que necesitan liquidez la obtención de financiación subvencionada en lo que concierne al tipo de interés.

EL COLEGIO Y LAS NOTARÍAS DE VALENCIA
SIGUEN AYUDANDO A LA POBLACIÓN
PARA QUE PUEDAN DISPONER DE FORMA GRATUITA DE LAS COPIAS DE LAS ESCRITURAS

Ayudas nacionales y autonómicas. La sesión también contó con la experiencia del vicepresidente del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, Juan Carlos Cortell, que puso de relieve el trabajo realizado por todos los gestores administrativos en las zonas afectadas para trasladar a la población las ayudas concedidas por la Administración General del Estado, a través del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, de ayudas por fallecimiento, así como por viviendas y establecimientos dañados; además de lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2024 de 11 de noviembre, referente al suministro de electricidad y gas natural, que permitió la suspensión temporal, prórroga o modificación de los contratos, así como la posibilidad de aplazar el pago de las facturas.

La jornada concluyó con la intervención del catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politécnica de València, Ignacio Escuder, que explicó el fenómeno meteorológico adverso sufrido el pasado 29 de enero en las diferentes áreas de estudio de la provincia de Valencia, trasladando al foro asistente la planificación necesaria frente a inundaciones y las posibles obras futuras en las zonas afectadas.

Entre las personalidades asistentes cabría también citar a Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia; María Ester Pérez Jerez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública o Isabel Revuelta, presidenta del Foro Justicia y Discapacidad; entre otras. Asimismo, estuvieron presentes diversos decanos de los colegios notariales, así como patronos y delegados autonómicos de la fundación.

El acto fue inaugurado por José Ángel Martínez Sanchiz, entonces presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Æquitas, quien explicó la génesis de la institución: «Nace con el propósito de trasladar de manera unitaria a la sociedad civil la experiencia notarial; más allá de la acción individual de cada uno de nosotros. Y la clave es de “manera unitaria”, pues Æquitas es ante todo una vía para la colaboración de los juristas en la humanización del Derecho respecto de las personas más vulnerables, apelando al espíritu de servicio a la sociedad. Este espíritu de servicio resulta patente en quienes forman y han formado parte de su patronato, integrantes de las distintas profesiones jurídicas, gracias a los cuales, Æquitas constituye una realidad».

«Una realidad -prosiguió- que ha proyectado su acción en múltiples ámbitos. Así, en la plasmación y redacción de muchos de los preceptos que conforman la Ley 8/2021 sobre la autonomía de las personas con discapacidad, que otorga al Notariado la condición de apoyo institucional. Pero, sobre todo, en la ingente labor desplegada en cursos de asesoramiento, de formación y, muy especialmente, de colaboración con otras entidades sociales como el CERMI, con los que se ha tejido una alianza muy beneficiosa para la sociedad».

Retos de la discapacidad

Soledad Cisternas (ex enviada especial del secretario general de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad y ex presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU), aseveró que «nos encantaría que hubiera fundaciones Æquitas en muchos países». La jurista chilena puso de manifiesto algunos de los retos de la discapacidad en los próximos años, recogidos en la reciente Cumbre sobre el Futuro de Naciones Unidas. «En esta convención se estableció el Pacto Global Digital, que subraya el papel de la inteligencia artificial a la hora de facilitar el acceso equitativo a la tecnología y los servicios digitales para personas y comunidades marginadas, mediante herramientas como asistentes virtuales, reconocimiento de voz y traducción automática, entre otros. La Inteligencia Artificial permite que personas con discapacidades, con barreras lingüísticas o con acceso limitado a educación y tecnología puedan interactuar y beneficiarse del entorno digital. Además, la IA optimiza el despliegue de infraestructuras en áreas remotas, reduciendo la brecha digital y promoviendo una inclusión tecnológica más amplia».

A continuación, tuvo lugar la entrega -por parte de Doña Letizia- de los Premios Altavoz y Héroes Anónimos, impulsados por la fundación para conmemorar la efeméride de su creación. Los galardonados fueron Juan Carlos Unzué, portavoz de la Confederación Nacional de Entidades con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), y Rosa Martínez Vera, fundadora de la Asociación en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual San José de Guadix (Granada).

Acciones encomiables

Unzué apuntaba: «Soy uno más en el equipo de los enfermos con ELA en nuestro país. Fui jugador de fútbol y también entrenador hasta 2019. El 1 de julio de ese año me diagnosticaron ELA y a partir de ahí decidí darle un sentido muy diferente a mi vida para visibilizar la enfermedad e informar de la cruda realidad de la mayoría de mis compañeras y compañeros. Después de años de lucha y de trabajo de muchos afectados, familiares, asociaciones y fundaciones, hemos conseguido que la Ley ELA se apruebe en el Congreso y el Senado y sea publicada en el BOE. Creo que hemos puesto la base para que ninguna persona más en nuestro país, queriendo vivir a pesar de todas las limitaciones que le genera la ELA, se vea obligada a morir por la falta de ayudas económicas de la Administración. Queda mucho trabajo por hacer y desde CONELA vamos a estar atentos para que esas ayudas lleguen lo antes posible a cada una de las comunidades».

En representación de Rosa Martínez -quien no pudo asistir, debido a problemas de salud- recogió el galardón su hija Alicia Carmona, quien destacó la labor de su madre como «ejemplo de inclusión social de personas con discapacidad, en nuestro caso, intelectual. En casa, a mis padres no les resultó difícil aceptar la diferencia; apenas supieron que su primer hijo había nacido con discapacidad intelectual prendieron fuego a su pasado y, con un montón de preguntas, decidieron buscar a quienes les ayudasen a responderlas hasta que mi madre se convirtió en la respuesta que necesitaban miles de familias creando, en 1973, la asociación. Aún recordamos las huchas con las que Guadix, y todos los pueblos de alrededor, recolectaban duros y pesetas para construir el primer Colegio de Educación Especial, llamado Nuestra Señora de la Esperanza, siendo el primer alumno nuestro hermano Miguel Ángel, quien, aún hoy, tras su fallecimiento en 2008, sigue siendo nuestra luz. Porque Miguel Ángel y otros muchos como él crecían, agravándose sus trastornos de comportamiento, y Rosa, les preguntaba: ¿Qué más necesitáis? Y ahí está: la asociación “San José”. En la actualidad cuenta con residencias para menores y adultos, centros ocupacionales de atención temprana, de empleo, una guardería, viviendas tuteladas y en comunidad convirtiéndose en una de las empresas del tercer sector más grande de Andalucía con más de 380 trabajadores y alrededor de 600 atendidos».

Voces del sector

A continuación, tomaron la palabra diversos representantes institucionales como Luis Cayo Pérez (presidente del CERMI); María José Segarra (fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores) y Almudena Castro-Girona (directora de la Fundación Æquitas).

Luis Cayo Pérez Bueno realizó un repaso del sector: «En estos veinticinco años de vida productiva y fecunda de Æquitas se ha producido una revolución silenciosa y transformadora de la discapacidad. La historia había colocado a las personas con discapacidad en los márgenes, el desprecio y las periferias. Una primera disrupción nos convirtió en sujetos políticos; se creó un entramado que produjo un cambio social. Después nos convertimos en sujetos jurídicos, desde una cultura de derechos humanos. Ese imperativo se produjo con la Convención de las Naciones Unidas».

«El Notariado es una conexión amiga de las personas con discapacidad y mayores”, apuntó el presidente del CERMI. “La gran revolución la han producido las personas con discapacidad que han entendido su valor, que son sujetos respetados, no van a soportar discriminación y van a actuar siempre para la mejora colectiva», concluyó.

Para María José Segarra, la esencia de Æquitas «radica en tejer alianzas sin protagonismos, con generosidad y con la vista puesta en la utilidad social del Notariado; en la ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad. Æquitas no se concibe sin los demás; solo se concibe con los demás».

«El éxito de esa sinergia colectiva generada desde Æquitas entre profesionales especializados, sensibles y concienciados de que la igualdad ante la ley depende de que todos seamos apoyos, ha desbordado nuestras fronteras, abriéndose a la internacionalización de este proyecto, buscando configurar redes similares, especialmente en Iberoamérica (Argentina, México, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Cuba, Chile o Perú, son hitos de los viajes promotores de estas dinámicas) pero también participando en las instituciones europeas. Estos 25 años han supuesto toda una revolución conceptual para ambas instituciones: Notariado y Ministerio Fiscal. Ahora más que nunca debemos alimentar esa complicidad que nos permita profundizar, con la necesaria seguridad, en la razonable desjudicialización de la vida de las personas mayores o con discapacidad que preside la Ley 8/21», concluyó Segarra.

Almudena Castro-Girona apuntó que «hay dos cosas que caracterizan al Notariado: el servicio a la sociedad y el contacto directo con las personas. El notario recibe la voluntad de las partes, sus alegrías y preocupaciones. Recibimos las angustias de los padres ante el futuro de sus hijos; y al compartirse, la angustia deja de serlo. Otorgamos control de legalidad y juicio de discernimiento de esas voluntades a través de la autorización del documento público».

Para su directora, Æquitas es «una gran familia, en la que actuamos en confianza y con libertad, sabiendo que estamos al servicio de las personas, fundamentalmente de las que están en situación de vulnerabilidad. Nos hemos convertido en una plataforma solidaria al servicio de las personas con discapacidad y sus familias; vertebrada por todos sus patronos e impulsada por todos sus presidentes a lo largo de estos veinticinco años. Las entidades colaboradoras son otro de los centros de gravedad de nuestro trabajo, con las que trabajamos coordinados y poniéndonos al servicio desde el lugar que nos corresponde».

Tenerife se convirtió en la capital de la Justicia iberoamericana, del 16 al 20 de septiembre, acogiendo la celebración de una macrocumbre en la que confluyeron varios foros, entre los que destaca la celebración del II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Oficial Portuguesa (CMJPLOP), inaugurado por S. M. el rey Felipe VI.

Esta gran cita de la Justicia, organizada por el Consejo General del Notariado y la COMJIB, reunió en total a más de 200 juristas y representantes de organismos públicos en las sesiones de las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas; la I Reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP); la I Reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento para la XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2025; y la 112 Sesión Plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado (UINL).

Sociedades más justas

En la inauguración del II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de Lengua Portuguesa, S. M. el rey Felipe VI estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños; y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. En su discurso, el Rey manifestó que este encuentro supone “otro paso más en el continuado esfuerzo de contribuir al bienestar de nuestros países y de todos sus habitantes, construyendo sociedades más justas y cohesionadas” y deseó a los participantes mucho éxito en sus trabajos: “Todos lo necesitamos. En juego está el futuro del bienestar y la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Felipe VI remarcó “la vocación de España con la Justicia y con la cooperación internacional, cada vez más urgente y necesaria”, especialmente en el ámbito jurídico, y reiteró su compromiso institucional con el amplio espacio representado en la cumbre. A su vez, el Rey incidió en la importancia de “la justicia del día a día”, que desarrollan instituciones como el Notariado, y que “ha de presidir las relaciones humanas contribuyendo a la paz y al desarrollo, y debe ser accesible para los ciudadanos y empresas de nuestros países, acercando personas y garantizando la circulación e intercambio seguro de documentación”.

Su Majestad también llamó a utilizar la tecnología como “un gran aliado” que debe aprovecharse para crear espacios de cooperación en materia civil y penal, incrementar la eficacia de las instituciones de Justicia y combatir la delincuencia. “Para alcanzar estos objetivos es necesario mantener y fortalecer la cooperación entre las instituciones judiciales, fiscales, policiales y notariales a través de protocolos y herramientas técnicas que sirvan a la Justicia y que generen confianza”, subrayó.

En relación al trabajo que realiza la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), Felipe VI afirmó que se trata de una “herramienta de cooperación en materia civil y penal, a disposición de los operadores jurídicos de 22 países iberoamericanos, junto a organismos como Eurojust e Interpol, que quiere abrirse también a otros países, especialmente los lusófonos”. Esta red de cooperación está hoy dotada con un sistema de comunicación seguro (Iber@) que ha sido desarrollado por el Centro Tecnológico del Notariado español y que permite, con las máximas garantías, la comunicación en tiempo real entre estos operadores jurídicos.

Para concluir, el Rey se refirió también a la plataforma Iberfides, un sistema tecnológico que permite la circulación segura de documentos notariales entre países: “Es ya toda una realidad en tres continentes, al haberse completado el desarrollo tecnológico en Bolivia, Santo Tomé y Príncipe y España, a la que se irán sumando otros países de habla española y portuguesa”.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, y Notario Mayor del Reino, Félix Bolaños, destacó el encuentro como un evento de gran relevancia “para que las administraciones de Justicia de distintos países podamos poner en común líneas de acción y cooperación sobre los retos que enfrentamos”.

Asimismo, durante el desarrollo de los encuentros, Bolaños incidió en el carácter transfronterizo de los fenómenos delictivos: “Ningún país puede abordar este problema por sí mismo. Es necesario un esfuerzo coordinado, conjunto, para llevar a cabo políticas que sean eficaces. Necesitamos una justicia que sea capaz de asegurar sus derechos a los ciudadanos, accesible, digital, con perspectiva de género, y que tenga mecanismos de cooperación internacional ágiles”. Y añadió: “Debemos consolidar la Justicia como un servicio público, social, centrado en las personas. La cooperación no solo es el intercambio informativo; es estrechar lazos, es tener un compromiso entre nuestros países, y que ese compromiso se convierta en un espacio de seguridad jurídica y de cooperación eficaz y efectiva”.

El ministro puso en valor el trabajo que desarrolla el Notariado español a través de su Centro Tecnológico y llamó a ampliar el número de países que emplean la plataforma Iber@. “La conclusión es que necesitamos herramientas comunes -manifestó-. La Declaración de las Islas Canarias que vamos a firmar es buena prueba de cuál es el horizonte al que tenemos que caminar. Tenemos que apostar por la independencia del poder judicial, la instrucción de las fiscalías y las procuradurías para combatir el crimen organizado”.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quiso agradecer la elección de Tenerife como punto de encuentro para estas jornadas, “tan importantes para trabajar juntos en defensa de los derechos de los ciudadanos; para debatir, defender y avanzar en instrumentos que ordenen y den respuesta a los desafíos que afrontamos en este siglo XXI”. Particularmente, hizo alusión a los retos que plantea la intensificación de los flujos migratorios, en un contexto global en que el radio de actuación de las personas y las empresas es cada vez más amplio.

También Enrique Gil Botero, secretario general de la COMJIB, señaló que este encuentro es de suma importancia, “no solo como espacio para el intercambio de ideas, sino también para la reflexión sobre el valor trascendental del Derecho y la Justicia como instrumento civilizatorio”. En las sesiones celebradas, Gil Botero hizo también hincapié en la “gran amenaza” que suponen los delitos transnacionales para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos: “Tenemos que reforzar la cooperación internacional y estar un paso por delante de esta realidad”.

El máximo representante de la COMJIB remarcó el valor de la plataforma Iber@, “un canal dispuesto para servir a las distintas Administraciones y operadores de justicia de los países de Iberoamérica, en el que hay 28 usuarios de 16 países europeos y 300 usuarios iberoamericanos, en conexión con las oficinas de Interpol. Todos estos mecanismos -también el proyecto Iberfides- fortalecen la justicia como un valor fundamental para la civilidad de la ciudadanía”.

En su intervención, la presidenta de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Portuguesa (CMJPLOP) y ministra de Justicia de Santo Tomé y Príncipe, Ilza Amado, habló sobre la globalización de las comunicaciones y las relaciones entre países, “situación que requiere una respuesta coordinada y colaborativa entre los diferentes sistemas judiciales que nos permita mitigar las principales limitaciones, fortalecer nuestras instituciones y garantizar mayor justicia y seguridad en nuestros países”.

Amado también hizo referencia a la labor desempeñada por los Estados que integran la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), que “durante más de dos décadas han trabajado para reforzar la cooperación mediante la armonización del marco jurídico, la formación de los actores de la justicia, la difusión de la legislación y el intercambio de información y experiencias”. En lo relativo -particularmente- al Notariado, la ministra recordó que Santo Tomé y Príncipe ha priorizado “el fortalecimiento del sistema notarial para la protección de los derechos individuales, la promoción del desarrollo económico, la buena gobernanza y la lucha contra la delincuencia”.

En este sentido, José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), destacó la gran oportunidad que supone para el Notariado iberoamericano organizar y participar de estas jornadas: “Nos reunimos en Tenerife los tres agentes fundamentales para la Justicia: el poder ejecutivo, los jueces y los notarios, que proveemos el acceso a La justicia de la normalidad, como titula Alfonso Cavallé -decano del Colegio Notarial de Canarias- su libro, que presentamos en estos encuentros. La justicia es una aspiración que todos compartimos y para alcanzarla es fundamental la colaboración entre todos los agentes jurídicos. Por eso el Notariado está presente en estas jornadas; no podía ser de otra manera: nos debemos a la Justicia”.

Martínez Sanchiz reivindicó la importancia de someter los actos jurídicos al control notarial para “evitar la pérdida de informacion en el seguimiento de las operaciones y actos delictivos” y la intervención notarial como un elemento central para la vida y la tranquilidad de las personas: “Es una manera de alcanzar la paz. Todo pacto que autorizamos los notarios en escritura pública supone un reconocimiento a la dignidad del otro”, remarcó.

“Uno de los grandes males que nos atenaza es pensar que el Derecho lo crea el Estado cuando no es así”, afirmó el presidente del Notariado español. “Tampoco lo crean los jueces –prosiguió-: el Derecho lo crea la sociedad. Los notarios, en nuestra doble condición de profesionales y oficiales públicos, estamos en la mejor situación para escuchar a las personas y sus necesidades y darles cauce a través del pacto. La esencia de la función notarial es proporcionar a la gente un espacio de libertad y de justicia, todo ello en un marco de seguridad”.

Función notarial

Los representantes de los 22 notariados participantes debatieron también sobre el presente y futuro de la función notarial en las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas. Entre las principales conclusiones alcanzadas destacan la necesidad de garantizar un acceso igualitario a la justicia preventiva a través de la labor notarial; contribuir a descongestionar los tribunales mediante la intervención del notario en procedimientos no contenciosos; y alcanzar acuerdos que establezcan un marco normativo común para facilitar la circulación electrónica de documentos notariales entre países con total seguridad.

Los notarios también abogaron por unificar criterios y avanzar en la armonización de las normativas; fomentar la capacitación profesional del cuerpo notarial; impulsar el papel mediador del notario; y trabajar para la protección de las personas con discapacidad, menores de edad, adultos mayores o en situación de vulnerabilidad.

En palabras de Homero López Obando, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado (UINL), “el Notariado es el primer garante de la seguridad jurídica de un país. Es deber del notario caminar hacia la vanguardia para romper cualquier barrera y facilitar un acceso libre y legítimo al sistema de justicia sin discriminación de ninguna índole. Somos miles de notarios, de más de 20 sistemas de justicia nacionales, aquí reunidos para hacer en el presente lo que queremos en un futuro”.

Alfonso Cavallé, delegado del Consejo General del Notariado para América y decano del Colegio Notarial de Canarias, hizo las veces de coordinador de uno de los temas de las jornadas, centrado en la circulación de documentos notariales. El decano puso de relieve los “grandes pasos que está dando el Notariado iberoamericano para transformar el soporte del documento notarial: en España ya contamos con el protocolo notarial electrónico, paso fundamental en la digitalización de las actuaciones y los procedimientos notariales” y se refirió a la importancia de garantizar los derechos y dar cobertura a las necesidades de las personas migrantes y con familiares en distintos países, para lo cual los documentos públicos deben traspasar fronteras con total seguridad y validez.

El notario mexicano David Figueroa, presidente honorario de la CAAm y coordinador del tema La función notarial y el acceso a la justicia, expresó que “la intervención notarial en las actuaciones no contenciosas confiere al usuario mayor seguridad jurídica, resolviendo los conflictos mediante la mediación, lo que contribuye a la desjudicialización del servicio público de Justicia”. En este sentido, Figueroa planteó que el notario “es el primer profesional que afronta nuevas figuras jurídicas en el ámbito no contencioso. En su interpretación de la Ley, el notario llega a menudo a identificar nuevos supuestos, por lo que su actuación es en cierta medida creativa”.

Digitalización notarial

A lo largo de la semana se desarrollaron numerosas exposiciones y ponencias. Particularmente, José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña y miembro de la Comisión Permanente del CGN, abordó la digitalización de las actuaciones y sistemas notariales, para lo cual resulta imprescindible la contribución del Centro Tecnológico del Notariado, una entidad de referencia internacional que lleva más de 20 años a la vanguardia tecnológica.

Marín señaló que “la entrada en vigor -hace ahora un año- de la Ley 11/2023 de digitalización de las actuaciones notariales en España ha supuesto un espaldarazo para la tecnología notarial, al crear el protocolo electrónico y regular los otorgamientos a distancia por videoconferencia”. “Tenemos un Centro Tecnológico con dos sedes, una en Madrid y otra en Barcelona, con unos 350 técnicos que lo componen. Cada día utilizan la plataforma notarial más de 20.000 profesionales, entre notarios y empleados de notarías, y cada año los 2.700 notarios españoles utilizan la firma electrónica cualificada en 15 millones de ocasiones”, puntualizó.

En esta línea, Marín ofreció algunas cifras para situar la magnitud de las comunicaciones e intercambio de datos en los que participa el Notariado español: «Tenemos acceso a más de 5.000 entidades locales con las que se realiza la consulta en línea y en tiempo real. En 2023 se realizaron más de 1.200.000 comunicaciones a ayuntamientos para poner en su conocimiento hechos imponibles que dan lugar al devengo de impuestos. Se expidieron más de 5.000.000 de copias electrónicas que han dado lugar, además de otros muchos efectos, a más de 3.000.000 de inscripciones en registros de la propiedad y mercantiles».

Prevención del blanqueo

La información contenida en las escrituras públicas es también indispensable para la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Notariado, explicó que “desde el OCP se analizan los datos del Índice Único Informatizado, segunda mayor base de datos de España -que contiene información de 44 millones de personas físicas y más de un millón de personas jurídicas-; se secuencian esquemas de riesgo y, tras examinar también las operaciones sospechosas que comunican los notarios, se informa al SEPBLAC y a las autoridades judiciales y policiales que luchan contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, intervino en representación de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), tras las reuniones mantenidas por los fiscales de la comunidad lusófona e iberoamericana. “Nuestro trabajo y nuestro servicio público, la cooperación internacional, a través de las fiscalías y de las estructuras que generan los Ministerios Públicos de los países de Iberoamérica, es el instrumento más eficaz en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada”, concluyó.

Según datos del Observatorio 2023 del Consejo de la Juventud de España, una persona joven tiene que destinar el 93,9% de su salario para acceder a un alquiler, tres veces por encima de lo recomendable. “Con estos pronósticos, el 83,7% de este sector de la población no puede acceder a una vivienda”, explicaba el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, Juan Antonio Báez, en la primera jornada de este curso, celebrado del 10 al 12 de julio en el Palacio de Miramar de San Sebastián.

A lo largo de tres jornadas, más de 40 ponentes -entre representantes de las administraciones públicas, juristas, magistrados, fiscales, notarios, docentes y profesionales del sector- reflexionaron sobre la situación del mercado inmobiliario en nuestro país desde la perspectiva del Derecho, la protección de las personas vulnerables, la construcción de vivienda pública y privada, el arrendamiento y su regulación, el acceso a la información de la propiedad inmobiliaria y la intervención y la función notarial.

Inauguración

“El desafío de la vivienda está hoy en el centro del interés social y de la agenda pública. Y es lógico que así sea porque su acceso, especialmente para las personas jóvenes, se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad”, afirmaba Denis Itxaso, consejero del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, durante la apertura del curso.

La sesión también contó con la participación de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, quien destacó el papel social de los notarios y “su compromiso con la sociedad para tratar los temas que preocupan a la ciudadanía, siendo, sin duda, la vivienda uno de ellos”; y de Fernando de Aragón, director general del Catastro, institución que aporta “información territorial detallada en todas las fases de desarrollo, construcción y transmisión de viviendas” y mantiene una estrecha colaboración con el Notariado: “El intercambio de información con los notarios es casi automático, evitando cargas a los ciudadanos y garantizándoles la seguridad jurídica de las millones de transacciones que realizan”, añadió.

Persona: la vertiente social

Bajo el título El derecho a la vivienda digna y adecuada tuvo lugar el primer coloquio de la jornada, moderado por el notario Ignacio Gomá, director del curso y director general de Fundación Notariado, quien recordó que “la vivienda es una necesidad social y también un bien jurídico, y, por tanto, una mercancía con un valor. La tensión entre estas dos facetas puede crear graves problemas”.

En el diálogo intervino Pablo de Lora, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, quien fijó el punto de partida en la Ley de la Vivienda: “El concepto de la ley en sí mismo establece algo completamente equivocado, una fuerte intervención sobre los derechos públicos y privados que provoca grandes tensiones”, explicó. En este sentido, Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense, aseguró que “el problema de la vivienda es fruto de las políticas erráticas de los diferentes partidos y gobiernos. Los elementos regulativos son tremendamente contraproducentes y favorecen la ocupación”.

Fernando Savater aportó su visión filosófica sobre el concepto de vivienda, “ligado inherentemente a la vida y punto de partida para que cada uno cree su propio camino, lo que afecta especialmente a los jóvenes”; y el arquitecto y escritor Álvaro Galmés describió la vivienda como “un presente continuo que vive en transformación”, por lo que “el concepto tiene que abarcar toda la trayectoria vital del individuo”.

Empresa: el impacto económico

La primera mesa de la segunda jornada se centró en La construcción de vivienda pública y privada en España. Bajo la moderación del notario Ramón Múgica, debatieron el director del Departamento de Análisis Macrofinanciero y Política Monetaria del Banco de España, Roberto Blanco; el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado; el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi; y el director del Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia, Fernando Cos-Gayón.

Blanco hizo alusión a la falta de inversión en alquiler social, que representa solamente el 1,5% del parque frente al 7% de media europea, situación que “el sector público por sí mismo no puede corregir”, y desgranó los datos del reciente Informe del Banco de España: “En España se construyen 90.000 viviendas anuales, mientras que en el periodo de 2022 y 2023 se crearon 275.000 hogares. Con estos datos estimamos que -en proyección hasta 2025- tenemos un déficit de unas 600.000 viviendas”.

Gómez-Pintado pidió una ley que dé seguridad jurídica al urbanismo y garantice tener suelo finalista en plazos razonables y reclamó: “Necesitamos las mismas ayudas que otros sectores; fomentar el proceso de industrialización y facilitar la financiación; ofrecer formación profesional dual que nos proporcione mano de obra cualificada; contar con sistemas y herramientas digitales que agilicen la concesión de licencias; y fomentar la colaboración público-privada”.

“El mercado nos ha derrotado y tenemos que intervenir. Hasta ahora el 40% de las adjudicaciones de vivienda pública -en alquiler- del Gobierno Vasco iba destinado a jóvenes; a partir de esta legislatura será el 50%”, anunciaba Mario Yoldi; mientras que Cos-Gayón abogaba por centrar los esfuerzos en el mercado del alquiler y aprovechar las viviendas vacías: “Podemos hacer que la vivienda protegida sea un 10% más barata de forma automática eliminando el IVA”, añadía.

Financiación

La segunda mesa contó con las intervenciones de José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada; Cristina Freijanes, secretaria general de la Unión de Cooperativas de Crédito; María Paz Navarro, responsable de Regulación, Servicios Interbancarios y Proyectos en Cooperación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros; y Javier Rodríguez Pellitero, secretario general de la Asociación Española de Banca.

Eduardo García Parra, director del Instituto Valenciano de Estudios Notariales, moderó este debate sobre financiación pública y privada de la vivienda, en el que los panelistas coincidieron en la relevancia de incentivar la oferta y la colaboración institucional, promover medidas que no penalicen a los grandes tenedores y acometer una reforma de las garantías inmobiliarias. Particularmente, María Paz Navarro detalló: “Hay que modificar la ley hipotecaria y homogeneizar las concesiones, llevar de la mano los procedimientos y la bonificación normativa para que haya financiación con garantías”.

Tecnología: la información catastral 

La última jornada del curso estuvo dedicada a las vías de acceso a la información catastral y a la necesidad de unificar la información sobre los inmuebles del Catastro y el Registro. Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia, moderó la mesa e incidió en la falta de colaboración entre el Catastro y el Registro y las deficiencias de la digitalización registral. Igualmente, Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, abogó por la necesidad de coordinación entre el Catastro, el Registro, el Notariado y el resto de operadores jurídicos: “Con la legislación actual, esta es la única vía para que los ciudadanos puedan acceder a información precisa y completa sobre los inmuebles”.

Por su parte, Jesús Miranda, exdirector general del Catastro, defendió que “nadie puede superar la información que maneja el Catastro, pero es necesario digitalizarlo. Es ahí donde hay que poner los esfuerzos, no en la coordinación entre instituciones”. Siguiendo esta línea, el notario Enrique Brancós afirmó que “la información y las bases gráficas deben ser las que define el Catastro; no puede haber diversificaciones ya que solo generan confusión y, además, este proceso termina repercutiendo en los costes para el ciudadano”.

Clausura 

El curso fue clausurado por la subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, María de los Llanos Castellanos, quien reconoció que “para encontrar soluciones es necesaria la colaboración de todas las partes, entre las que el Notariado es imprescindible”. Castellanos defendió “la necesidad de tener una regulación como la que se ha planteado con la Ley por el Derecho a la Vivienda”, aunque asumió que “es mejorable”, y centró el problema en la falta de oferta: “Para satisfacer la demanda deberíamos construir 1,2 millones de viviendas, y este número seguirá incrementando. Debemos obtener datos públicos que nos permitan hacer una radiografía completa de la situación actual con plenas garantías”.

Tras ella intervino Itziar Alkorta, directora académica de la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU, quien hizo una valoración positiva del seminario, “que ha permitido analizar en profundidad el derecho a la vivienda desde una perspectiva integral: persona, empresa y tecnología”.