Datos auténticos para una identidad digital segura

EN EL ESCAPARATE​

De izda. a dcha.: Raimundo Fortuñy, Juan de Gracia y Ángel Nanclares.

Datos auténticos para una identidad digital segura

REDACCIÓN

La calidad y fiabilidad de los datos —desde su origen— es un elemento esencial para la seguridad jurídica preventiva y para la lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales y la corrupción. Así lo aseguraron los expertos que intervinieron en el curso organizado por Fundación Notariado y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) el pasado mes de julio, con la colaboración del Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial del País Vasco. Unas jornadas que pusieron de manifiesto el relevante papel del notario como fuente auténtica de información y sirvieron para analizar en profundidad la próxima implementación de la Cartera Europea de Identidad Digital y el desarrollo de la futura Cartera Europea para Empresas.

Juristas, fiscales, notarios, catedráticos y expertos internacionales en tecnología y la regulación digital se dieron cita en el Palacio de Miramar de San Sebastián para debatir sobre la necesidad de contar con información previamente verificada para ofrecer las garantías necesarias y proteger los derechos de los ciudadanos, facilitar la actuación de las autoridades y generar confianza en un entorno cada vez más digital.

“Espero que estas jornadas sirvan de reflexión y permitan entender que una sociedad democrática avanzada no solo necesita que la información circule de forma rápida, sino, por encima de todo, certidumbre y veracidad», señaló el director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy, en la inauguración del curso, titulado La importancia del dato en la sociedad del siglo XXI. El también director del curso expuso en que tanto el documento privado como el público generan datos, pero es la intervención del notario la que “genera confianza” y, por tanto, “el instrumento público aporta información veraz, íntegra y auténtica».

 


EL ÉXITO DEL NUEVO ECOSISTEMA DE IDENTIDAD DIGITAL DEPENDERÁ DE QUE LOS DATOS SEAN VERIFICABLES Y PROCEDAN DE FUENTES FIABLES


 

Por su parte, el subdirector académico de los Cursos de Veranos de la UPV/EHU, Juan de Gracia, aseveró que el dato ha adquirido hoy un “valor estratégico”, que no reside únicamente en su volumen, sino en su “calidad, integridad y fiabilidad”. “Es precisamente en ese ámbito donde el Notariado tiene una responsabilidad singular: la función del notario ha consistido siempre en dotar de certeza y seguridad a los actos y negocios jurídicos, garantizando la autenticidad de la información y protegiendo los derechos de los ciudadanos. Esa misión mantiene hoy plena vigencia y adquiere una renovada relevancia en el entorno digital”, remarcó.

Fuente auténtica

Igone Aretxaga, secretaria de la junta directiva del Colegio Notarial del País Vasco, fue la encargada de presentar la primera de las jornadas e introducir los distintos paneles temáticos, que se iniciaron con la conferencia impartida por José Carmelo Llopis, decano del Colegio Notarial de Valencia, sobre el papel del notario como fuente auténtica de información. Durante su intervención, Llopis defendió que el documento público no constituye únicamente el soporte de un negocio jurídico, sino la garantía de que los datos que incorpora han sido previamente sometidos al control de legalidad del notario, y apuntó que “en un entorno cada vez más digital, el verdadero valor no está solo en intercambiar datos, sino en poder confiar en ellos”.

 


LA INTERVENCIÓN NOTARIAL GARANTIZA QUE LOS DATOS QUE INCORPORA EL DOCUMENTO PÚBLICO HAN SIDO PREVIAMENTE SOMETIDOS AL CONTROL DE LEGALIDAD


 

En este sentido, advirtió que “la digitalización no consiste en sustituir controles, sino en trasladarlos al nuevo entorno tecnológico para que ciudadanos, empresas y Administraciones puedan seguir confiando en la información con la misma seguridad jurídica». A su juicio, esa es la aportación esencial del documento público, que sitúa al Notariado como una auténtica fuente de confianza.

Prevención del blanqueo

Uno de los ámbitos en los que la información notarial cobra aún mayor importancia es en la lucha contra el fraude y el crimen organizado. Sobre ello profundizó Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo (OCP) del Notariado español, que puso de relieve la eficacia de este órgano, cuyo trabajo se apoya en los datos que reúne el Índice Único Informatizado Notarial: “La segunda mayor base de datos de España con información procedente de más de 176 millones de documentos notariales”.

Galindo explicó que este índice se ha convertido en una herramienta esencial para detectar operaciones sospechosas y colaborar con las autoridades: “Es la ventana a través de la cual administraciones públicas, jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado miran al mundo notarial. No es una simple relación de datos: es dato auténtico, equiparable al valor del documento público del que procede”.

 


EL OCP TRANSFORMA LOS DATOS NOTARIALES EN INFORMACIÓN ÚTIL Y EFICAZ PARA LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y OTROS DELITOS


 

Sobre la labor del OCP, Mariano García Fresno, jefe de su Unidad de Análisis y Comunicación, detalló que el órgano se encarga de “transformar el dato auténtico en información útil y fiable, en informes para que los investigadores tengan pruebas suficientes”. Junto a él, el notario italiano Giovanni Liotta y el fiscal anticorrupción Tomás Herranz abordaron la utilidad de los datos notariales en la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos.

La primera jornada concluyó con la conferencia impartida por Lorenzo Prats, catedrático de Derecho Civil de CUNEF y vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Prats examinó el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y advirtió que “la sustitución de la escritura pública por el documento privado en determinadas transmisiones de participaciones sociales podría debilitar un sistema de prevención reconocido internacionalmente”. Igualmente, defendió que “el Índice Único Informatizado Notarial y la Base de Datos de Titularidad Real constituyen herramientas esenciales para compatibilizar la protección de los derechos fundamentales con una persecución eficaz de la delincuencia económica, en un modelo reconocido como buenas prácticas por organismos internacionales como GAFI y GRECO”.

 


LA CARTERA EUROPEA DE IDENTIDAD DIGITAL PERMITIRÁ A LOS CIUDADANOS IDENTIFICARSE, ACREDITAR ATRIBUTOS Y FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE CON PLENA VALIDEZ EN TODA LA UE


 

La identidad digital

Contar con datos auténticos es también un elemento fundamental para el despliegue de la Cartera Europea de Identidad Digital y la Cartera Europea para Empresas. Los expertos reunidos en la segunda sesión del curso —presentada por la vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, Valentina Montero— analizaron cómo estos proyectos transformarán la identificación, la representación y el intercambio seguro de información, y coincidieron en que el éxito de este nuevo ecosistema digital, que permitirá a ciudadanos y empresas identificarse y realizar trámites online de forma segura, dependerá de que los datos que incorpore sean verificables y procedan de fuentes fiables.

“No hay digitalización, ni operabilidad, sin el dato estructurado», subrayó Alberto Martínez Lacambra, director del Centro Tecnológico del Notariado, en su intervención como moderador del primer panel de la jornada. La mesa contó también con la participación de Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado, quien situó el dato como el principal activo estratégico de la soberanía digital europea: “Un activo cuya gobernanza, junto con el desarrollo de capacidades propias en inteligencia artificial, nube e infraestructuras digitales, resulta esencial para preservar la autonomía tecnológica, la competitividad y los valores democráticos europeos”.

 


LA FUTURA EUROPEAN BUSINESS WALLET PRETENDE FACILITAR EL INTERCAMBIO SEGURO DE DATOS ENTRE SOCIEDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


 

En este mismo panel, Salvador Estevan, director de Administración Digital del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, reivindicó la importancia los ecosistemas colaborativos: “El dato puede generar valor público cuando deja de estar encerrado en silos y pasa a compartirse con reglas. Eso es exactamente un espacio de datos: compartición gobernada, no simple almacenamiento. Construimos confianza: dato de calidad, trazable y seguro para que la Administración decida mejor”.

Sobre esta base se construyen nuevos desarrollos tecnológicos como la cartera digital europea. “Una cartera gratuita y voluntaria que permitirá a los ciudadanos identificarse, acreditar atributos y firmar con plena validez en toda la Unión” —añadió Estevan—, y que por su propio diseño integra la privacidad como elemento base: “Ya no entregamos todos nuestros datos para demostrar una sola cosa; mostramos solo lo imprescindible —‘soy mayor de edad’— sin revelar nada más”, apuntó.

Así pues, la Cartera Europea de Identidad Digital no debe entenderse únicamente como una herramienta de identificación electrónica, sino como una infraestructura que permitirá operar digitalmente mediante credenciales verificables. También en el ámbito empresarial, donde “no basta con conocer la identidad de quien actúa; también es necesario acreditar de forma fehaciente su representación, sus facultades y la vigencia de los poderes con los que interviene”, manifestó Marcos Ruiz —director de Negocio, Operaciones e Internacional del Centro Tecnológico del Notariado—, quien reivindicó el rol de los notarios como fuente auténtica encargada de generar y mantener actualizada esa información jurídica, de modo que pueda incorporarse a la cartera con plenas garantías.

European Business Wallet

La European Business Wallet contribuirá a reforzar la competitividad de las sociedades al facilitar el intercambio seguro de datos entre compañías y administraciones públicas, afirmó Rob Brand, representante del consorcio WE BUILD y Senior Policy Officer del Ministerio de Asuntos Económicos y Política Climática de los Países Bajos. Brand advirtió de que su implantación llegará antes de lo que muchas organizaciones prevén y animó a comenzar proyectos piloto que permitan detectar necesidades reales y preparar el despliegue, insistiendo en que el primer paso consiste en movilizar las fuentes auténticas que alimentarán el sistema: «No se pueden compartir datos con una cartera vacía».

El notario Gonzalo Cano fue el encargado de introducir y moderar la última mesa de debate del curso, en la que ahondó en el funcionamiento de la futura Cartera Europea para Empresas y los distintos tipos de credenciales que incorporará. En este contexto, Miguel Aguilar, líder del grupo de trabajo sobre constitución de sucursales del consorcio WE BUILD, defendió que esta cartera puede convertirse en una herramienta decisiva para facilitar operaciones transfronterizas que hoy siguen siendo complejas. Como ejemplo, presentó un caso práctico de creación de una sucursal transfronteriza, en el que la intervención del notario permite validar las credenciales personales y empresariales, garantizando así la autenticidad y fiabilidad de la información que circula en el proceso.

Por su parte, Paloma Llaneza, directora del Esquema de Confianza Digital de CerteIDAS —uno de los veinte miembros con voz y voto del European Business Wallets Technical Work Sub-Group—, señaló que el proyecto nace con el objetivo de que una sociedad pueda operar con la misma seguridad jurídica en cualquier país de la UE. Asimismo, subrayó el importante papel del Notariado, que “autoriza los poderes de representación de las empresas y conoce su revocación en el instante en que se produce, y esa frescura del dato, clave en el ciclo de vida de cualquier credencial digital, es una ventaja estructural que ninguna otra institución europea puede replicar”.

Al cierre, en la clausura del curso, el decano del Colegio Notarial del País Vasco, Ángel Nanclares, hizo balance del encuentro, que en su opinión pone de manifiesto el compromiso del Notariado con la sociedad: «Estas jornadas han permitido evidenciar la relevancia del dato notarial como dato auténtico y fuente primaria, así como su enorme utilidad al servicio del interés general, tanto para adoptar mejores decisiones como para combatir el delito y la corrupción», concluyó.

José Carmelo Llopis abordó el papel del notario como fuente auténtica de datos.

España: un modelo a imitar

El notario italiano Giovanni Liotta compartió la experiencia del Notariado italiano y destacó la solidez del modelo español: «En Italia disponemos de un sistema similar al Índice Único Informatizado Notarial y hemos estudiado el modelo de España de prevención del blanqueo. Estamos ultimando una norma que permitirá replicar el modelo del OCP porque, tras analizar los distintos sistemas europeos, consideramos que es el más avanzado», aseguró. Por su parte, el fiscal anticorrupción Tomás Herranz incidió en la eficacia de la colaboración institucional y aseguró que, para la Fiscalía, “los datos del Notariado permiten obtener muchísima información sobre personas físicas o jurídicas que son objeto de investigación. Una información que obtenemos en apenas tres minutos, que es lo que tarda el OCP en responder a nuestra petición”.

De izda. a dcha.: Salvador Estevan, Alberto Martínez Lacambra y Moisés Barrio.

WE BUILD Consortium

Las jornadas contaron con la participación de diversos representantes del WE BUILD Consortium, un proyecto impulsado por la Comisión Europea para desarrollar y probar casos de uso vinculados a la identidad digital europea y las futuras carteras para empresas en escenarios reales y transfronterizos. El consorcio reúne a más de 200 organizaciones de 28 países —entre administraciones públicas, registros mercantiles, entidades financieras, empresas tecnológicas y centros de investigación—, entre ellas el Consejo General del Notariado y el Centro Tecnológico del Notariado.

WE BUILD trabaja para impulsar la transformación tecnológica y la innovación digital sin renunciar a la seguridad jurídica, facilitando que ciudadanos y empresas puedan relacionarse y ejercer sus derechos más allá de las fronteras. En el marco del Curso de Verano organizado por Fundación Notariado, los miembros del consorcio se reunieron en San Sebastián en una nueva jornada de trabajo centrada en el análisis de casos de uso y experiencias prácticas. Más información en las páginas del cuadernillo El Notariado informa.

Segunda jornada del Curso La importancia del dato en la sociedad del siglo XXI.

Para saber más

eIDAS 2.0

El marco jurídico de la Cartera Europea de Identidad Digital se establece en el Reglamento (UE) 2024/1183, conocido como eIDAS 2.0. La norma regula la creación de las carteras europeas de identidad digital y sus principales garantías y funcionalidades.

European Business Wallet

La Comisión Europea presentó en noviembre de 2025 una propuesta de Reglamento para la creación de las carteras europeas para empresas, actualmente en tramitación legislativa. La iniciativa se apoya en el marco europeo de identidad digital.

Marcos Ruiz (izda.) y Rob Brand (dcha.) [Para el recuadro WE BUILD Consortium].

Datos ciertos respaldados por la fe pública, por Raimundo Fortuñy

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN EL ESCAPARATE

RAIMUNDO FORTUÑY,

director general de Fundación Notariado

La firma electrónica no puede controlar la veracidad del dato: no sabe si el firmante está actuando bajo coacción o engaño"

Datos ciertos respaldados por la fe pública

Las jornadas de San Sebastián organizadas por Fundación Notariado han girado este año bajo el título de La importancia del dato en la sociedad del siglo XXI.   Tras dos años dedicados al diagnóstico y soluciones al problema de la vivienda en España, hemos reflexionado sobre el dato y su trascendencia en la sociedad actual. Enlazando ambos contenidos –vivienda y dato-, el año pasado ya presentamos en primicia el Portal Estadístico del Notariado, hoy ya una realidad unánimemente reconocida por todos los actores en el sector de la vivienda, auténtico “big data” que ha constituido un revulsivo en el sector, donde ya no se especula sobre precios ofertados o intuiciones, sino que se estructura toda la información acuñada por el Notariado con una fiabilidad extrema.

Mero ruido

Este año hemos hablado de la ciencia del dato, esa que nos permite evolucionar a través de la información hasta el pleno conocimiento. El “dato”, ese término que ya en 2006 fue calificado por el matemático británico Clive Humby como el nuevo petróleo (“data is the new oil”), dada su inutilidad en estado puro, ya que requiere -como el petróleo- ser extraído, refinado y analizado antes de que su utilización resulte provechosa. El dato es la unidad fundamental de la información. Son hechos brutos, observación sin procesar, que por sí sola ofrece poco significado.  

En el mundo, donde se generan millones de datos por segundo la habilidad de analizarlos y extraer patrones significativos resulta crucial para tomar decisiones en cualquier ámbito. Y, sin embargo, en medio de esta vorágine de información nos enfrentamos a una paradoja crucial: nunca hemos tenido tantos datos, y al mismo tiempo nunca ha sido tan difícil saber cuáles son verdaderos y cuáles meros bulos. Reconozcamos que el dato por sí solo es mero ruido si no está dotado de autenticidad. Y precisamente aquí, en la frontera entre la información en bruto y la veracidad y la seguridad que de ella emana, es donde la figura del notario cobra una relevancia vital.

Vivimos en la falsa sensación de que la seguridad jurídica está simplemente asociada a la tecnología. Muchos creen que la incorporación de una firma electrónica avanzada o cualificada a un documento privado eleva el dato en él contenido a la categoría de lo indubitado, lo que implica un grave error de concepto. La firma electrónica es una herramienta magnífica, pero con un alcance limitado: sólo garantiza la identidad digital y la integridad del soporte técnico, valida el contenedor, pero se desentiende del contenido. La firma electrónica no puede controlar la veracidad del dato: no sabe si el firmante está actuando bajo coacción o engaño, no sabe si las cláusulas son abusivas o ilegales, no sabe si los datos económicos declarados corresponden a la realidad o son un fraude.

Una fuente auténtica

Frente a ello, la actividad notarial opera en otra dimensión que no admite comparación. El notario no se limita a poner un sello digital; además de juzgar la capacidad, asesora a las partes para equilibrar el contrato y da fe pública, controla la legalidad y la integridad del instrumento público que interviene, y una vez finalizada la autorización del documento, clasifica y ordena el dato.  En este concreto ámbito pues -permítaseme decirlo-, “depura” el dato. En términos tecnológicos puede concluirse que el notario es el validador original del bloque, quien asegura que la información de entrada es veraz, conformando el dato más allá de lo puramente tecnológico.

Sólo sobre este fundamento puede entenderse que la obtención y el procesamiento de datos por parte del notario público a través de un sistema de índices quincenales extractados de los instrumentos públicos que autoriza, genera una base de datos de un valor incalculable con un beneficio no sólo para los ciudadanos en sus relaciones privadas sino también para el Estado en su conjunto. Un valor que se traduce en la prevención del blanqueo de capitales, el control del fraude fiscal y la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y mercantil.

No debemos equivocarnos. Contra los agoreros que anunciaron ya con el primer Reglamento eIDAS el final del Notariado: la digitalización no debilita la función notarial, sino que la potencia. Las herramientas tecnológicas permiten que el dato notarial viaje hoy a la velocidad de la luz, pero lo que viaja no es un dato volátil, sino un dato cierto respaldado por la fe pública.

Quienes al abrigo del nuevo Reglamento eIDAS (creador del marco europeo de la identidad digital) y de la Directiva (UE) 2025/25 (impulsora de la digitalización en el derecho de sociedades y promotora de la interconexión entre los registros mercantiles), creen que la nueva regulación producirá un mundo virtual pleno de seguridad y veracidad, aciertan pero siempre que la obtención de datos y su posterior publicación en cada registro venga avalada por una fuente auténtica  (en la terminología del artículo 3.47 de aquella norma) como sin duda lo es la función pública notarial. Lo contrario es ignorar el ya viejo axioma “Garbache in Garbache out” (en anagrama GIGO): la publicidad por una fuente secundaria de datos no validados genera una información inconsistente y errónea.

Estoy convencido que las jornadas han servido de reflexión y han demostrado que una sociedad democrática avanzada no sólo necesita autopistas de la información raudas, sino que por encima de todo necesita certidumbre y veracidad. El documento privado con firma electrónica, ese que el anteproyecto de Ley de Integridad Pública pretende que sustituya a la escritura pública en la transmisión de participaciones sociales, carece de la validación y el control de legalidad que procura el notario al generar un instrumento público dotado de veracidad, integridad y autenticidad.  Sigamos pues defendiendo la fe pública, fuente auténtica primaria, una buena manera de asegurar la fiabilidad y certidumbre del dato.

El Registro Único de Arrendamientos: el Supremo pone fin a una enorme incertidumbre jurídica, por Silvia Blasco

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN EL ESCAPARATE

SILVIA BLASCO BENITO,

presidenta de FEVITUR. Organización patronal de alquiler de corta estancia en España.

La principal enseñanza de esta historia quizá sea que la seguridad jurídica no se construye acumulando registros, autorizaciones o procedimientos"

El Registro Único de Arrendamientos: el Supremo pone fin a una enorme incertidumbre jurídica

Las sentencias 620/2026, 629/2026 y 697/2026 del Tribunal Supremo han cuestionado los elementos esenciales del denominado Registro Único de Arrendamientos creado por el Real Decreto 1312/2024. La primera resolvió el recurso promovido por la Generalitat Valenciana. La segunda, el interpuesto por APARTUR y ATA. La tercera, el planteado por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV).

Las tres parten de procedimientos distintos, impulsados por actores diferentes y desde territorios distintos. Sin embargo, todas convergen en una misma conclusión: la adaptación española del Reglamento europeo sobre alquileres de corta duración fue más allá de lo que permitían tanto el reparto constitucional de competencias como los principios que deben inspirar una regulación eficaz y proporcionada.

Conviene aclarar algo desde el principio.

Las sentencias no cuestionan la necesidad de disponer de información sobre los alquileres de corta duración. Tampoco cuestionan que las administraciones públicas deban contar con herramientas que permitan conocer mejor la realidad del mercado, combatir el fraude o diseñar políticas públicas basadas en datos.

Cargas administrativas y advertencias

Lo que cuestionan es algo muy distinto.

Cuestionan que, bajo la apariencia de una adaptación técnica de una norma europea, se construyera un sistema que añadía nuevas cargas administrativas sobre actividades que ya estaban sometidas a control público, generando duplicidades, inseguridad jurídica y conflictos competenciales perfectamente evitables.

Lo verdaderamente llamativo es que este desenlace era perfectamente previsible.

Antes de la aprobación de la norma, el propio Consejo de Estado advirtió de los problemas competenciales que planteaba el proyecto. Señaló que el Estado carecía de cobertura suficiente para regular determinados aspectos del Registro Único en los términos planteados y que la función estatal podía ejercerse mediante instrumentos de coordinación e intercambio de información, sin necesidad de crear una nueva capa administrativa sobre estructuras ya existentes.

Las comunidades autónomas alertaron de la invasión competencial.

Las organizaciones empresariales advirtieron de la duplicidad registral.

Los operadores alertaron de los costes y de la inseguridad jurídica que iba a generar el sistema.

Nada de lo que hoy recogen las sentencias apareció por sorpresa.

Y es precisamente aquí donde este asunto deja de ser un debate sobre viviendas turísticas para convertirse en una reflexión sobre la calidad institucional de nuestro país.

Porque cuando una Administración impulsa una norma pese a la existencia de advertencias técnicas relevantes, el problema deja de ser exclusivamente jurídico. Se convierte en una cuestión de responsabilidad pública.

Daños difícilmente reparables

Las consecuencias han sido muy reales.

Miles de operadores iniciaron procedimientos registrales. Muchos propietarios tuvieron que actualizar documentación técnica de sus inmuebles. Otros quedaron atrapados en procesos complejos, costes inesperados o situaciones de incertidumbre que afectaban directamente a su actividad económica. Todo ello para cumplir una obligación cuya configuración jurídica ha sido posteriormente cuestionada por el Tribunal Supremo.

Y conviene recordar quiénes son esos afectados.

No hablamos únicamente de grandes plataformas o fondos de inversión. Hablamos, en gran medida, de pequeños propietarios, autónomos, empresas familiares y emprendedores. Personas que no disponen de departamentos jurídicos especializados ni de estructuras capaces de absorber con facilidad los errores regulatorios de las administraciones.

Mientras tanto, el debate público se desarrolló bajo una narrativa simplista según la cual cualquier crítica al Registro Único equivalía a una oposición al control, a la transparencia o a la legalidad.

La realidad era mucho más sencilla.

Lo que muchas organizaciones veníamos defendiendo era algo elemental: si ya existen registros autonómicos creados por las Administraciones competentes en materia turística, la solución no puede consistir en obligar a los ciudadanos a registrarse una segunda vez ante otra autoridad distinta para acreditar una realidad que ya había sido comprobada por la administración competente.

La buena regulación no consiste en pedir dos veces la misma información.

La buena regulación consiste en hacer interoperables los sistemas existentes.

La buena regulación no consiste en multiplicar procedimientos.

Consiste en simplificarlos.

Y la buena regulación no consiste en trasladar al ciudadano los costes de la falta de coordinación administrativa.

Consiste precisamente en evitarlos.

Injustificable papel de los registradores

Tampoco debería pasar desapercibido el papel que desempeñó el Colegio de Registradores dentro de este modelo.

No corresponde cuestionar una institución que ha desempeñado históricamente una función esencial para la seguridad jurídica preventiva en España. Precisamente por ello resulta legítimo preguntarse si era razonable convertir al Registro de la Propiedad en el eje central de un sistema destinado a supervisar actividades económicas que ya estaban siendo objeto de control administrativo por parte de las comunidades autónomas.

La cuestión no es si los registradores actuaron dentro de las funciones que les fueron atribuidas.

La cuestión es quién decidió atribuirles funciones que nunca debieron formar parte de ese diseño regulatorio.

Porque una institución concebida para proporcionar publicidad y certeza jurídica no debería verse arrastrada al centro de controversias regulatorias que corresponden al ámbito de la acción administrativa y de la distribución territorial de competencias.

La principal enseñanza de esta historia quizá sea que la seguridad jurídica no se construye acumulando registros, autorizaciones o procedimientos.

Se construye mediante normas sólidas, proporcionadas y respetuosas con el ordenamiento jurídico.

Regular más no significa regular mejor.

Y cuando las advertencias técnicas se ignoran, los informes se convierten en un trámite y las dudas jurídicas se subordinan a los objetivos políticos del momento, el resultado suele ser el mismo: años de litigios, recursos públicos desperdiciados y ciudadanos obligados a asumir los costes de errores que nunca cometieron.

Las sentencias del Tribunal Supremo no representan únicamente la corrección de una norma concreta.

Representan algo más importante.

La constatación de que el fin no justifica cualquier medio regulatorio.

Porque la lucha contra cualquier problema social, incluido el acceso a la vivienda, debe desarrollarse dentro de los límites que impone el Estado de Derecho.

No al margen de ellos.

Las democracias sólidas no se distinguen por la cantidad de normas que aprueban, sino por su capacidad para respetar los límites jurídicos que el propio ordenamiento impone a quienes gobiernan.

Y esa es, probablemente, la lección más valiosa que dejan estas sentencias.

Europa fortalece su capacidad de respuesta ante futuras crisis sanitarias

EN EL ESCAPARATE​

La Unión Europea ha movilizado más de 6.000 millones de euros en inversiones sanitarias para apoyar la salud global.

Europa fortalece su capacidad de respuesta ante futuras crisis sanitarias

Elvira Arroyo

Tras décadas de avances históricos, la mejora de los indicadores sanitarios mundiales se ha ralentizado. El aumento de los brotes infecciosos, el retroceso de la financiación internacional y el auge de la desinformación están poniendo a prueba los sistemas de salud. Ante este escenario, la Unión Europea (UE) ha lanzado la Iniciativa de Resiliencia Sanitaria Mundial, una estrategia para reforzar los sistemas sanitarios y afrontar con rapidez nuevas emergencias.

Durante los últimos 25 años la salud mundial ha vivido una transformación sin precedentes. La esperanza de vida se ha incrementado en más de cinco años, la mortalidad infantil se ha reducido a la mitad y la mortalidad materna ha descendido un 40% desde el año 2000. Estos avances han sido posibles gracias al crecimiento económico, la investigación científica y décadas de inversión internacional que han ampliado el acceso a la atención médica en gran parte del planeta. En la actualidad, aunque los indicadores de salud continúan mejorando, lo hacen a un ritmo menor.

 


LA RESILIENCIA SANITARIA SE HA CONVERTIDO EN PIEZA CLAVE DE LA SEGURIDAD COLECTIVA, LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y EL BIENESTAR SOCIAL


 

La Comisión Europea advierte de que el contexto que hizo posible estos progresos está cambiando. La cooperación multilateral pierde peso frente a enfoques más bilaterales, mientras la desinformación erosiona la confianza pública en la ciencia y en las instituciones. A ello se suma la reducción de la financiación internacional: entre 2024 y 2025, la ayuda al desarrollo destinada a la salud cayó un 21%, lo que ha puesto de relieve las debilidades de numerosos sistemas sanitarios, especialmente en los países de renta baja.

Todo ello ocurre mientras aumentan los riesgos de propagación de enfermedades infecciosas. El cambio climático, la degradación ambiental, la resistencia a los antimicrobianos o la inseguridad alimentaria contribuyen a que los brotes sean cada vez más frecuentes e intensos. Además, en un mundo interconectado, las carencias sanitarias de una región pueden convertirse rápidamente en un problema global.

 


LA COOPERACIÓN MULTILATERAL PIERDE PESO FRENTE A ENFOQUES MÁS BILATERALES, MIENTRAS LA DESINFORMACIÓN EROSIONA LA CONFIANZA PÚBLICA EN LA CIENCIA Y EN LAS INSTITUCIONES


 

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la fragilidad de los sistemas sanitarios ante crisis de alcance global. Seis años después de aquella emergencia, la Unión Europea ha decidido reforzar su papel en la salud global mediante la Iniciativa de Resiliencia Sanitaria Mundial, adoptada el 13 de mayo de 2026. Esta hoja de ruta pretende mejorar la capacidad de prevención, preparación y respuesta ante futuras crisis, fortalecer los sistemas sanitarios y forjar unas bases más sólidas frente a amenazas que no conocen fronteras.

Ejes prioritarios

La nueva estrategia europea pretende actuar sobre las principales vulnerabilidades detectadas tras la pandemia de COVID-19 y otras crisis sanitarias recientes. Para ello, la Comisión Europea ha diseñado un plan de acción estructurado en cinco grandes prioridades y nueve iniciativas emblemáticas que comenzarán a desplegarse entre 2026 y 2027.

El primer reto consiste en construir una gobernanza sanitaria mundial más eficaz y menos fragmentada, capaz de responder a dificultades persistentes como la insuficiencia de financiación. Bruselas considera imprescindible una mayor coordinación entre los Estados miembros y mantener su compromiso con la agenda sanitaria global. En este sentido, recuerda que ya ha movilizado más de 6.000 millones de euros en inversiones sanitarias.

El segundo objetivo se centra en consolidar los sistemas sanitarios nacionales, especialmente en los países socios de la UE. La Comisión considera que aquellos Estados capaces de financiar, gestionar y prestar sus propios servicios sanitarios están mejor preparados para proteger a sus poblaciones y asegurar la continuidad asistencial durante las crisis. La transición hacia una mayor soberanía sanitaria se apoyará en inversiones específicas, con especial atención a la atención primaria.

 


EN UN MUNDO INTERCONECTADO, LAS CARENCIAS SANITARIAS DE UNA REGIÓN PUEDEN CONVERTIRSE RÁPIDAMENTE EN UN PROBLEMA GLOBAL


 

El tercer eje de la estrategia consiste en mejorar la prevención, la preparación y la capacidad de respuesta ante futuras amenazas epidémicas. La Comisión quiere impulsar tecnologías como la secuenciación genómica y la inteligencia artificial para mejorar la vigilancia en tiempo real y agilizar la identificación de nuevas amenazas. Asimismo, prevé ampliar las capacidades de análisis de aguas residuales y del medio ambiente, capaces de detectar la presencia de patógenos antes incluso de que se registren casos clínicos.

La rapidez de actuación será clave. El brote de mpox (antes “viruela del mono”) registrado en África en 2024 demostró la importancia de una respuesta coordinada, pero también dejó ver las deficiencias en los sistemas de detección temprana. Para subsanarlas, la UE se decanta por las denominadas plataformas agnósticas de patógenos, unos sistemas de vigilancia diseñados para identificar de forma precoz cualquier agente infeccioso, incluso aquellos desconocidos o no incluidos previamente en los programas de seguimiento.

Cadenas de suministro diversificadas

El cuarto pilar de la estrategia europea busca diversificar las cadenas de suministro globales, impulsar la fabricación de productos sanitarios estratégicos y fomentar la cooperación internacional en el desarrollo de contramedidas médicas. La pandemia de la COVID-19 dejó constancia de las limitaciones de depender de un número reducido de países y fabricantes para el suministro de vacunas, medicamentos y otros productos esenciales.

La Comisión Europea considera que unas cadenas de suministro más diversificadas son decisivas para afianzar la resiliencia sanitaria y reducir la vulnerabilidad ante tensiones geopolíticas o interrupciones del mercado.

Este compromiso es especialmente importante para productos destinados a combatir enfermedades como el cáncer, el VIH, la tuberculosis o la malaria, así como para responder a futuras epidemias. En esta línea, la UE puso en marcha en 2021 el programa MAV+, que ha movilizado alrededor de 2.000 millones de euros en países como Sudáfrica, Senegal, Ghana, Nigeria, Ruanda y Egipto.

La Comisión prevé intensificar estos esfuerzos mediante nuevos instrumentos de inversión y una mayor colaboración con el sector privado para impulsar la producción de productos sanitarios esenciales y mantener la competitividad de la industria europea.

Por último, la quinta línea de actuación aborda la lucha contra la desinformación sanitaria. Durante las crisis sanitarias importantes, existe un mayor riesgo de información engañosa e injerencia por parte de agentes extranjeros en materia de salud que pueden mermar la confianza pública en la ciencia. El objetivo de la UE es que la formulación de políticas de salud mundial se siga sustentando en la cooperación internacional y en la evidencia científica.

Al mismo tiempo, es necesario intensificar la lucha contra los medicamentos falsificados y de calidad inferior, sobre la base de los conocimientos especializados de la UE en el sector y aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

 


ES NECESARIO INTENSIFICAR LA LUCHA CONTRA LOS MEDICAMENTOS FALSIFICADOS Y DE CALIDAD INFERIOR


 

Una cuestión de seguridad global

La Iniciativa de Resiliencia Sanitaria Mundial llega en un momento especialmente delicado para la salud global. Episodios recientes como el mpox en África o los recurrentes brotes de ébola han vuelto a recordar la debilidad de los sistemas sanitarios y la celeridad con la que una amenaza local puede adquirir dimensión internacional. Para los responsables europeos, la preparación ya no puede entenderse como una respuesta puntual ante una crisis, sino como una política permanente basada en la anticipación, la vigilancia y la cooperación.

Pero, más allá del ámbito sanitario, la Comisión Europea reconoce que la salud es un factor cada vez más relevante en el tablero geopolítico. En este contexto, la Unión Europea aspira a consolidarse como un actor de referencia en la gobernanza sanitaria mundial, reafirmando su apoyo al multilateralismo y a la Organización Mundial de la Salud.

En definitiva, ninguna región puede considerarse segura si el resto del mundo sigue siendo vulnerable. La resiliencia sanitaria se ha convertido en pieza clave de la seguridad colectiva, la estabilidad económica y el bienestar social.

La financiación sanitaria de la UE

Más del 42% de los recursos del Fondo para Pandemias son aportados por Team Europe.

360 millones de euros son destinados por la UE para Gavi, la Alianza para las Vacunas.

Alrededor de 540 millones de euros se han invertido en la fabricación de productos sanitarios en África, movilizando hasta 2.000 millones de euros en el marco de la iniciativa MAV+ para vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias.

Más de 100 millones de euros se han destinado a iniciativas de seguridad sanitaria puestas en marcha junto con Africa CDC (Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades).

700 millones de euros han sido comprometidos por la UE para el Fondo Mundial, elevando la contribución total de Team Europe a más de 3.000 millones de euros.

Fuente: Comisión Europea. 2026.

Europa aspira a consolidarse como un actor de referencia en la gobernanza sanitaria mundial.

El primer acuerdo mundial sobre pandemias

La pandemia de la COVID-19 hizo visibles las dificultades de la comunidad internacional para coordinar una respuesta rápida ante una emergencia sanitaria de alcance mundial. Para prevenir situaciones similares, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobaron en mayo de 2025 el primer Acuerdo sobre Pandemias de carácter internacional.

El texto incorpora el enfoque Una sola salud, que reconoce la estrecha relación entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente.

El acuerdo recoge que las decisiones sobre confinamientos, campañas de vacunación, cierres de fronteras u otras medidas de salud pública seguirán siendo competencia exclusiva de cada Estado.

El modelo europeo de innovación sanitaria

La Unión Europea considera que su fortaleza sanitaria se basa en la combinación de investigación, capacidad industrial y un marco regulador que garantiza la seguridad y eficacia de medicamentos, vacunas y productos sanitarios.

En este marco, la Agencia Europea de Medicamentos permite acelerar la evaluación y autorización de nuevos productos en situaciones de emergencia, manteniendo elevados estándares de calidad y seguridad.

La investigación es otro de los pilares del modelo europeo. A través de la Asociación Global Health EDCTP3, financiada por Horizonte Europa, la UE impulsa el desarrollo de vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas, especialmente en África subsahariana.

La UE quiere acelerar el desarrollo de vacunas, tratamientos y diagnósticos para responder con mayor rapidez a futuras pandemias.
La UE apuesta por nuevas herramientas de vigilancia, como la inteligencia artificial, la secuenciación genómica y las plataformas capaces de detectar patógenos

Un observatorio para seguir la financiación sanitaria mundial

La Comisión Europea propone la creación de un Rastreador Mundial de Salud y Resiliencia, una herramienta que permitirá monitorizar de forma sistemática el gasto sanitario a escala internacional. El objetivo es aumentar la transparencia, evitar duplicidades y mejorar la eficacia de los recursos destinados a la salud global.

La intención es desarrollarlo en colaboración con la OCDE, la OMS y el Banco Mundial. A medio plazo, el rastreador ampliará su alcance a otras prioridades sanitarias internacionales e incorporará, cuando los datos lo permitan, indicadores desglosados por sexo y con perspectiva de género.

Para saber más

Unión Europea de la Salud. Iniciativa de la Comisión Europea en la que todos los países de la UE se preparan y responden juntos a las crisis sanitarias.

Perfiles de salud por país europeo 2025. Comisión Europea. Análisis detallado de los sistemas nacionales de salud de la UE que incluye una sección especial sobre productos farmacéuticos.

Cómo prepararnos para los retos globales de salud, por Salvador Macip

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN EL ESCAPARATE

SALVADOR MACIP,

Médico e investigador, director de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya y catedrático de medicina molecular de la Universidad de Leicester

En vez de fortalecer el único organismo capaz de coordinar una respuesta global, lo hemos acabado de despojar del poco poder que tenía"

Cómo prepararnos para los retos globales de salud

Quizás la frase que más recordamos de la época de la pandemia de covid-19 es una afirmación que repetíamos como un mantra para darnos ánimos en los tiempos más difíciles: de esta saldremos mejores. ¿Ha sido así? Si por “mejores” entendemos ser más conscientes de que dependemos los unos de los otros y de que la solidaridad es lo que nos va a salvar de los retos globales de salud, está claro que no, como evidencia el aumento en los últimos cinco años de los discursos xenófobos y egoístas, encabezados por el “nosotros primero” de Trump y de otros políticos que no creen que ayudar al prójimo sea una prioridad. Si “mejores” significa más bien preparados para la siguiente pandemia, la respuesta es igual de contundente: no lo parece.

El efecto secundario

¿Qué ha ido mal? Casi todo. Bajo la presión intensa de la lucha por la supervivencia que representaron los primeros meses de la pandemia, cuando aún no sabíamos a qué clase de enemigo nos enfrentábamos, la respuesta ciudadana fue ejemplar en muchos países, empezando por el nuestro. Esto compensó los tumbos que daban unos dirigentes muy poco preparados para lidiar con una crisis de esas dimensiones, a pesar de que los científicos hacía años que alertaban de su posibilidad.

Pero el efecto secundario de todo eso se diría que ha sido un rebote hacia la despreocupación absoluta. Esta actitud de raíz se ha trasladado a nuestros líderes. Por ejemplo, los ataques frontales de Estados Unidos a cualquier estructura supranacional, aplaudidos por los numerosos imitadores que les van saliendo, han significado que la OMS esté más debilitada que nunca. En vez de fortalecer el único organismo capaz de coordinar una respuesta global, lo hemos acabado de despojar del poco poder que tenía.

Así pues, si nos preguntamos cómo responderíamos ahora a otra amenaza planetaria, solo hace falta fijarse en lo que ha pasado durante el reciente brote de hantavirus en un crucero: se reaccionó tarde, no había protocolos claros y cada país hizo lo que quiso, en general desoyendo las tímidas recomendaciones científicas de la OMS. Los virus de este tipo es muy poco probable que lleguen a dar pandemias, ni siquiera epidemias, pero nada hace pensar que las actuaciones serían diferentes ante un microbio potencialmente más peligroso. Sin la más remota posibilidad de ir coordinados, lo más probable es que viéramos una secuela del desastre organizativo de principios del 2020.

El brote de Ébola que aún azota el Congo es el mejor ejemplo de que la resilencia tendría que ser un asunto global. La desmantelación encubierta del USAID (siglas en inglés de la agencia para el desarrollo internacional del gobierno de los Estados Unidos) que ha llevado a cabo el gobierno de Trump desde su regreso al poder ha dejado desprotegidos a los países centroafricanos que dependían de estos recursos para responder a sus crisis de salud. Algunos expertos calculan que ya hay 750.000 muertos que se podrían haber salvado si USAID hubiera seguido funcionando como siempre. La cifra podría aumentar hasta los 14 millones antes de que Trump termine su segundo mandato, en 2029.

Falta de solidaridad

Estas cifras son una cuantificación de una realidad incontestable: no estamos mejor que antes de la pandemia, sino al contrario. El problema no es tanto que existan personajes que, como Trump o toda la ultraderecha europea, prioricen el bienestar de los locales hasta el punto de empujar a una muerte certera a los que no tienen tanta suerte, si no que estos políticos son el reflejo de una masa considerable de personas (las que los han votado) que no creen que en la solidaridad ni en ayudar a los más necesitados.

Hay que tener en cuenta que una de las característiques que han permitido a nuestra especie sobrevivir y convertirse en una de las más exitosas del planeta es precisamente la colaboración. Sin la capacidad de colaborar no hubiéramos podido jamás formar estructuras sociales tan grandes y complejas como las que tenemos, y seguiríamos viviendo en grupos pequeños, como los demás primates. Las grandes comunidades empezaron a establecerse a partir del surgimiento de agricultura, hace más de doce mil años, lo que probablemente nos obligó a expandir los límites naturales de nuestra capacidad de trabajar para un objetivo común. Esto parece que lo hemos olvidado.

Es triste, pues, que después de vencer instintos animales ancestrales como son el individualismo y la xenofobia, que tenían un sentido en el principio de la historia cuando nos teníamos que proteger de los extraños que amenazaban nuestra supervivencia, ahora volvamos a caer en los mismos errores del pasado. No ver la humanidad como una sola unidad acaba siendo perjudicial, incluso para los partidarios de dar prioridad a ciertos grupos étnicos o socioculturales: hay estudios que demuestran que, cuanto mayores son las desigualdades sociales en un país, peor es la calidad de vida para todos, ricos y pobres.

Ante este resurgimiento del egoísmo ancestral humano, Europa está intentando organizar una estructura que permita más resilencia ante crisis de salud, coordinada a nivel continental. No es la solución al problema, pero es una buena noticia. Por lo menos mitigará en parte los efectos de la “doctrina Trump”, por llamarla de alguna manera. Pero para estar verdaderamente tranquilos haría falta un cambio de perspectiva que trasladara este tipo de iniciativas al resto del planeta y esto, por desgracia, no parece que vaya a pasar en los próximos años.

Riesgos jurídicos y económicos de la reforma de la transmisión de las participaciones sociales

EN EL ESCAPARATE​

Concepción Barrio inauguró la jornada, a la que asistieron números expertos en materia mercantil y civil.

Riesgos jurídicos y económicos de la reforma de la transmisión de las participaciones sociales

REDACCIÓN

El Consejo General del Notariado y la Fundación Notariado celebraron el 17 de abril la jornada La sociedad de responsabilidad limitada ante un peculiar intento de reforma, un encuentro en el que notarios y catedráticos de derecho mercantil y civil analizaron el alcance de la modificación prevista en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública sobre el régimen de transmisión de participaciones sociales.

Si siguiera adelante, dicho anteproyecto plantearía sustituir el actual sistema de trasmisión de participaciones basado en la escritura pública, por la inscripción constitutiva en el Registro Mercantil del documento privado de venta. En la actualidad, la transmisión de participaciones puede realizarse en documento privado, pero este solo tiene validez entre las partes, adquiriendo efectos transmisivos de la titularidad de las participaciones frente a la sociedad y terceros, únicamente, cuando se eleva a escritura pública. Este cambio supondría la eliminación del control de legalidad previo, afectando gravemente a la seguridad jurídica preventiva, a la identificación de los intervinientes y al sistema de prevención de delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o el fraude fiscal.

 


EL ANTEPROYECTO PLANTEA SUSTITUIR EL ACTUAL SISTEMA DE TRASMISIÓN DE PARTICIPACIONES BASADO EN LA ESCRITURA PÚBLICA POR LA INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS


 

Durante la inauguración, la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo enmarcó la jornada en el análisis de las consecuencias prácticas del anteproyecto, y planteó dudas sobre su eficacia. “Debemos preguntarnos si es el camino correcto, si las medidas son eficaces y si estamos comprometiendo el dinamismo y la seguridad de nuestros mercados”, afirmó. La presidenta del Notariado cuestionó algunos de los problemas que el anteproyecto pretende resolver. “Se pretende acabar con la opacidad, con base en el documento privado. El corrupto seguirá utilizando el documento privado que guardará en un cajón a la espera de su inscripción en el registro cuando considere”.

El papel del notario

En la mesa titulada el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y la reforma de la sociedad de responsabilidad limitada, el moderador, Luis Enrique Mayorga, notario y decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, puso en valor el papel del notario en la transmisión de participaciones: “Garantiza la legalidad del negocio jurídico, identifica fehacientemente a los intervinientes, y comprueba su capacidad, legitimación y adecuación a la normativa vigente y a los estatutos sociales”, aseguró.

A continuación, Lorenzo Prats, catedrático de Derecho civil, advirtió de que la propuesta de reforma podría favorecer dinámicas al margen del sistema de transmisión de participaciones sociales. “Podría generar un ‘mercado B’ de participaciones, un tráfico descontrolado. En el Registro, si entra basura, no puede salir más que basura”. Por su parte, Andrés Recalde, catedrático de Derecho mercantil, señaló que el modelo planteado genera problemas de convivencia entre instrumentos. “En ningún país se contempla la convivencia de dos registros: el de socios y el Registro Mercantil”, concluyó.

 


ESTE CAMBIO SUPONDRÍA LA ELIMINACIÓN DEL CONTROL DE LEGALIDAD PREVIO, AFECTANDO GRAVEMENTE A LA SEGURIDAD JURÍDICA PREVENTIVA


 

Alarmante falta de rigor

Posteriormente, en el diálogo sobre Las líneas generales de la propuesta de reforma del Código de Comercio y del régimen de la sociedad de responsabilidad limitada, el moderador, José Miguel Embid, catedrático de Derecho Mercantil, destacó que “el reglamentismo extremo de la regulación que se pretende establecer, complicará la vida a las sociedades limitadas, con incremento de costes, trámites, etc.”. Por su parte, Antonio Roncero, catedrático de Derecho Mercantil, advirtió de que “este anteproyecto adolece de una alarmante falta de rigor técnico, incoherencias y repeticiones hasta la saciedad”. Por último, Ubaldo Nieto, notario, destacó el valor de la escritura pública frente al documento privado y su posterior inscripción en el Registro: “El documento público tiene eficacia frente a terceros porque hay una verificación previa de identidad, capacidad, legitimación y del consentimiento, que no puede garantizarse en un documento privado”.

 


SE PUSO DE MANIFIESTO LA DEBILIDAD TÉCNICO-JURÍDICA DEL ANTEPROYECTO, QUE HA PRESCINDIDO DE LA OPINIÓN DE LA COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN


 

Una respuesta que reduce el control de legalidad

La mesa sobre La justificación de la reforma, estuvo moderada por Jesús Quijano, catedrático de Derecho Mercantil, que explicó que “el anteproyecto permite cláusulas que impiden la transmisión durante un periodo de hasta cinco años desde la constitución, y neutraliza posibles vías estatutarias o pactos parasociales, incluso en relación con la escritura pública”. Por su parte, Ignacio Paz-Ares, notario, señaló que el anteproyecto se refiere a la transparencia, pero “la cuestión es si para ganar transparencia conviene sustituir un sistema de control directo por uno de control en remoto”. “Este anteproyecto da una respuesta desproporcionada que aumenta costes, dilata efectos, y reduce el control en el momento que se produce la transacción”, explicó. Por su parte, Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado, subrayó que “gracias al Índice Único Informatizado podemos seguir el tracto sucesivo de todas y cada una de las participaciones, y saber quién es su propietario, por lo que con el sistema actual la opacidad no existe. Entonces, ¿por qué cambiarlo?”

La jornada concluyó con la intervención de José Miguel Embid, catedrático de Derecho Mercantil que abordó las Consecuencias y efectos de una eventual aprobación -total o parcial- de la reforma del derecho de la sociedad de responsabilidad limitada. “Si hay una conclusión de esta jornada es que este proyecto de ley no sirve, no dice la verdad, arroja problemas sobre los operadores jurídicos y puede convertir la SRL en un galimatías insuperable”.

La clausura corrió a cargo de la presidenta del Notariado que señaló que con esta jornada se “trataba de hacer una reflexión objetiva y de carácter académico. El objetivo no solo se ha conseguido, sino que se ha alcanzado un alto nivel; con ponencias de gran valor, en las que se ha puesto de manifiesto la debilidad técnico-jurídica del anteproyecto, consecuencia de haberse prescindido, en una reforma de este alcance, de la intervención de la Comisión General de Codificación.”

Servicio notarial al ciudadano

De izda. a dcha.: Ignacio Paz-Ares, Jesús Quijano y Pedro Galindo.

El control de legalidad que realizan los notarios en el ámbito societario contribuye a la prevención del blanqueo de capitales, de la corrupción y de otros delitos financieros.

Antes de autorizar una compra de participaciones el notario verifica la identidad de las partes, su capacidad y libre consentimiento y garantiza la legalidad del acuerdo o negocio.

De izda. a dcha.: Lorenzo Prats, Luis Enrique Mayorga y Andrés Recalde.

La Base de Datos de Titularidad Real

La Base de Datos de Titularidad Real (BDTR), creada por el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales del Notariado en 2012, permite saber quiénes son las personas físicas titulares reales de una sociedad u otras estructuras jurídicas. En esta base están identificados de manera acreditada los titulares reales de más de de más de 3,3 millones de entidades jurídicas, nacionales y extranjeras.

En 2024 el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró ante el Parlamento Europeo que, “especialmente a través de los notarios, tenemos una base de datos (de titularidad real) que ha sido señalada por numerosos informes como mejores prácticas, incluso por el GAFI (Grupo de Acción Financiera)”.

4- De izda. a dcha.: Ubaldo Nieto, José Miguel Embid y Antonio Roncero.

CONCEPCIÓN PILAR BARRIO DEL OLMO:

“El corrupto seguirá utilizando el documento privado que guardará en un cajón a la espera de su inscripción cuando considere”

LUIS ENRIQUE MAYORGA:

“El notario garantiza la legalidad del negocio jurídico”

LORENZO PRATS:

“En el Registro, si entra basura, no puede salir más que basura”

ANDRÉS RECALDE:

“En ningún país se contempla la convivencia de dos registros: el de socios y el Registro Mercantil”

ANTONIO RONCERO:

“Este anteproyecto adolece de una alarmante falta de rigor técnico, incoherencias y repeticiones hasta la saciedad”

UBALDO NIETO:

“El documento público tiene eficacia frente a terceros porque hay una verificación previa que no puede garantizarse en un documento privado”

JESÚS QUIJANO:

“El anteproyecto permite cláusulas que impiden la transmisión durante un periodo de hasta cinco años desde la constitución”

IGNACIO PAZ-ARES:

“La cuestión es si para ganar transparencia conviene sustituir un sistema de control directo por uno de control en remoto”

PEDRO GALINDO:

“Con el sistema actual la opacidad no existe. Entonces, ¿por qué cambiarlo?”

JOSÉ MIGUEL EMBID:

“Este proyecto de ley no sirve y puede convertir la SRL en un galimatías insuperable”

Opiniones en contra de la reforma

EN EL ESCAPARATE

Opiniones en contra de la reforma

El periodista Luis Ortega

Considera que esta propuesta es un dislate, pues yerra tanto en el diagnóstico como en el medicamento recetado.

La periodista Elisa Beni

Considera que el proyecto de la Integridad Pública merece un debate público que está siendo hurtado.

La Unión Internacional del Notariado

(UINL) Expresa su «profunda preocupación» por la posible reforma del régimen de transmisión de participaciones sociales en España.

La abogada Pilar Reguero

Asegura que, en caso de que finalmente se apruebe la ley, esta supondrá una carga inmediata sobre la esfera empresarial. 

Luis Enrique Mayorga, decano del Colegio Notarial de Castilla La Mancha

Defiende la eficacia y la seguridad jurídica que proporciona la escritura pública en la prevención de delitos económicos, frente a la opacidad y los riesgos del documento privado.

José María Graiño, decano del Colegio Notarial de Galicia

Alerta de los riesgos que implica la propuesta normativa del anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que pretende eliminar la escritura pública en la transmisión de participaciones sociales.

Andrés Recalde, catedrático de Derecho Mercantil

Advierte de los posibles efectos del anteproyecto de Ley de Integridad Pública, que «puede acarrear un coste muy importante en el funcionamiento de las pymes».

José Miguel Embid, catedrático de Derecho Mercantil

Alerta sobre los riesgos del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que plantea la eliminación de la escritura pública notarial en la transmisión de participaciones sociales.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)

Advierte que el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública puede reducir la eficacia de mecanismos relevantes para detectar operaciones de riesgo vinculadas al blanqueo de capitales, el fraude fiscal y otros delitos económicos.

El notario Pedro Rincón de Gregorio

Explica el papel del Notariado español como referente nacional e internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, desde hace más de dos décadas.

El abogado Luis Manuel Rubi

Señala que, desde una perspectiva mercantil, si esta reforma entra en vigor se introduce una mayor complejidad para la transmisión de participaciones sociales, en la medida en que su eficacia queda supeditada a la efectiva inscripción en el Registro Mercantil.

El notario Ignacio Gomá

Analiza las medidas que plantea el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública para combatir la corrupción y alerta de los riesgos de no realizar la transmisión de participaciones sociales en escritura pública.

José Carmelo Llopis, decano del Colegio Notarial de Valencia

Alerta sobre los riesgos en materia de prevención del blanqueo de eliminar la intervención notarial en la transmisión de participaciones.

El notario José Manuel Benéitez

Aclara que el Registro Mercantil sólo controla la titularidad real de 1,39 millones de sociedades ‘vivas’, en tiempo no real.

El notario Pedro Rincón de Gregorio

Informa sobre la importancia de la Base de Datos de Titularidad Real y señala que la fuente primaria y auténtica de los datos mercantiles es la escritura notarial.

La delegada de Asuntos Económicos del Notariado, Carmen Boulet,

Escribe sobre los riesgos jurídicos, económicos e institucionales derivados de la supresión de la exigencia de documento público en la transmisión de participaciones sociales.

El notario José Manuel Benéitez

Explica que la inmediata comunicación por los casi 3.000 notarios de los principales datos de los documentos notariales al Índice Único Informatizado Notarial, y su posterior tratamiento en la Base de Datos de Titularidad Real, permite dar fehaciencia sobre quién es el titular real de cada sociedad.

Alfonso Cavallé Cruz, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias

Advierte que el documento privado permite mantener la titularidad oculta a los mecanismos de control.

Antonio Roncero, catedrático de Derecho mercantil

Advierte de la falta de rigor técnico del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y de los problemas que ocasionaría su aplicación a las sociedades de responsabilidad limitada.

El economista Ramón Casilda Béjar

Escribe sobre la reforma del régimen de transmisión de participaciones sociales en España y su impacto sobre la inversión extranjera: seguridad jurídica, digitalización y riesgo regulatorio

José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña

Avisa que «España puede convertirse en el paraíso para el blanqueo de dinero». También alerta de las consecuencias del anteproyecto de Ley de Integridad Pública, con el que el Gobierno debilitará el control notarial en la trasmisión de las participaciones de las sociedades limitadas.

Ramiro Aurín, director general de la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP)

Señala que el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, creado con la finalidad aparente de evitar la corrupción política y administrativa, se esconde una norma que facilita el blanqueo de dinero y pondrá a España en el foco de las mafias de todo el mundo.

El notario, registrador y doctor en Derecho, Francisco Javier García Más,

Explica que el control de legalidad es una pieza esencial para evitar el fraude y el blanqueo de capitales. La escritura pública es uno de los instrumentos fundamentales para ese control, y en especial en la transmisión de las participaciones sociales. Todo ciudadano tiene el derecho a la seguridad jurídica.

El Notariado italiano estudia adoptar el modelo español de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros

EN EL ESCAPARATE​

De izda. a dcha.: Giovanni Liotta, Carlo Munafò, Vito Pace, Concepción Barrio, José Carmelo Llopis, Isidoro Calvo y Juan Gómez-Riesco.

El Notariado italiano estudia adoptar el modelo español de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros

REDACCIÓN

Una delegación del Consejo Nacional del Notariado italiano, encabezada por su presidente Vito Pace, se ha reunido con la presidenta, Concepción Barrio, y con otros miembros del Consejo General del Notariado, con el fin de conocer la fortaleza, eficacia y fiabilidad del sistema español de prevención del blanqueo de capitales.

El Notariado italiano estudia adoptar un modelo idéntico al español y recuperar íntegramente la transmisión en escritura pública de las participaciones societarias, tras haber sido advertidos al respecto por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su informe de 2026 relativo a Italia.

El sistema español notarial de lucha contra la delincuencia financiera se sirve del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales (OCP), creado en 2005 por el Ministerio de Economía español, para facilitar información a las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes en la materia. 

Los técnicos del OCP son los responsables de analizar (en el marco de la normativa de protección de datos) la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, la segunda mayor base de datos de España -sólo por detrás de la Agencia Tributaria-, con información parametrizada de más de 45 millones de personas físicas y jurídicas.

Desde que se constituyó en 2005 hasta finales de 2025, el OCP ha contestado de forma telemática más de 415.000 requerimientos de información, y casi 200.000 solicitudes de documentación, erigiéndose como uno de los principales pilares de España en la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. DE hecho, el 80% de las comunicaciones de operaciones sospechosas que realiza al SEPBLAC acaban destapando graves delitos.

A partir de este índice se creó en 2012 la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR), que permite saber quiénes son las personas físicas titulares reales de una sociedad u otras estructuras jurídicas. En esta base están identificados de manera acreditada los titulares reales de más de 3,3 millones de entidades jurídicas, nacionales y extranjeras.

Europa refuerza la vigilancia sobre las hipotecas

EN EL ESCAPARATE

El Banco Central Europeo ha activado una nueva fase de vigilancia sobre el crédito hipotecario

Europa refuerza la vigilancia sobre las hipotecas

ELVIRA ARROYO

El Banco Central Europeo (BCE) ha puesto su foco en el mercado hipotecario ante el repunte de los precios de la vivienda y el crecimiento del crédito en la eurozona. La institución revisará las normas de concesión y la fijación de precios de los préstamos para que las entidades mantengan unos estándares prudentes en el actual escenario de incertidumbre financiera.

El Banco Central Europeo ha activado una nueva fase de vigilancia sobre el crédito hipotecario en Europa. No se trata de un cambio normativo, sino de un mayor control sobre cómo los bancos conceden y valoran los préstamos para la compra de viviendas. Este movimiento se produce en un momento en el que el crédito vuelve a subir y el mercado inmobiliario muestra signos de tensión en varios países de la eurozona, entre ellos España.

El enfoque del supervisor europeo es claro: anticiparse a los riesgos. En lugar de actuar cuando los desequilibrios ya se han materializado, como sucedió en la crisis financiera global de 2008, el BCE amplía ahora su capacidad de supervisión para detectar posibles vulnerabilidades en una fase temprana. La concesión de crédito -en particular el hipotecario- se sitúa en el centro de esta estrategia.

Las hipotecas resisten

La Encuesta sobre Préstamos Bancarios (BLS por sus siglas en inglés) del BCE, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, muestra un endurecimiento general de las condiciones de financiación, aunque el comportamiento es diferente en el segmento hipotecario. Mientras los bancos fueron más estrictos en la concesión de créditos a empresas y créditos al consumo, impulsados por una mayor percepción de riesgos, en los préstamos para viviendas se registró una ligera flexibilización.

 


LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PRECIOS DE LAS VIVIENDAS ES DETERMINANTE. EL PORTAL ESTADÍSTICO DEL NOTARIADO OFRECE DATOS REALES, EXTRAÍDOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS


 

Del mismo modo, las solicitudes rechazadas aumentaron en los segmentos considerados de más riesgo, pero se mantuvieron estables en el crédito hipotecario. En términos de demanda, los préstamos para la vivienda continuaron creciendo (9%), aunque a un ritmo más moderado, lo que se atribuye principalmente a la mejora de las perspectivas del mercado inmobiliario.

Este comportamiento diferenciado explica en parte el interés del BCE por este sector. En comparación con otros tipos de crédito, las hipotecas mantienen una dinámica de crecimiento y estabilidad relativa, lo que hace necesario un seguimiento más estrecho para asegurar que esa tendencia al alza se produce bajo pautas prudentes.

Punto de partida

El Banco Central Europeo es consciente de que las entidades financieras de la Unión Europea parten de una posición sólida. Han logrado mantener niveles elevados de capital y liquidez, bajos niveles de préstamos dudosos y una rentabilidad que ha demostrado su capacidad de resistencia incluso ante cambios en los tipos de interés.

No obstante, el entorno ha cambiado. Las tensiones geopolíticas, los conflictos comerciales, los riesgos climáticos y las transformaciones económicas están intensificando las vulnerabilidades del sistema. El BCE advierte de que la inestabilidad y la probabilidad de perturbaciones económicas son elevadas.

 


LA FEDERACIÓN BANCARIA EUROPEA HA ADVERTIDO DE LOS EFECTOS QUE LOS CRITERIOS MÁS RESTRICTIVOS PUEDEN TENER SOBRE LA CONCESIÓN DE CRÉDITO.


 

En estas circunstancias, las prioridades supervisoras para el periodo 2026-2028 adoptan un enfoque preventivo. En materia de crédito, el objetivo es garantizar que las entidades mantengan unos criterios de concesión sólidos, sin excepciones para las hipotecas, que ajusten adecuadamente el precio de los préstamos al riesgo asumido.

Más control

A pesar de la solidez del sistema bancario, el BCE recuerda que sus evaluaciones más recientes han identificado deficiencias en la gestión del riesgo de crédito en algunas entidades. Entre ellas, ha detectado problemas en la aplicación de la normativa contable, en la valoración de garantías, en la calidad de los datos y en los sistemas de alerta temprana. Estas debilidades pueden afectar a la capacidad de los bancos para ver riesgos de forma anticipada, lo que acentúa la necesidad de intensificar la supervisión.

Esto ha llevado al BCE a definir un conjunto de actuaciones que incluyen la revisión de las exigencias para conceder créditos -aplicadas a los nuevos préstamos-, con el objetivo de evaluar cómo las entidades mitigan posibles pérdidas futuras.

Asimismo, se examinará de forma específica la fijación de los precios de los préstamos para analizar si las entidades están ajustando adecuadamente el precio al riesgo. Esto es particularmente importante en un entorno de competencia entre bancos, donde la presión comercial puede influir en las condiciones de concesión.

Estas pautas se completarán con inspecciones in situ sobre el riesgo de crédito, centradas en los procesos de concesión de préstamos. El BCE ha subrayado que, en los casos en los que se detecten problemas, se podrán adoptar medidas correctoras y realizar revisiones adicionales.

 


LAS EVALUACIONES MÁS RECIENTES DEL BANCO CENTRAL EUROPEO HAN IDENTIFICADO DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ALGUNAS ENTIDADES.


 

Reacción de la banca

La Federación Bancaria Europea (EBF por sus siglas en inglés), que actúa como la voz del sector bancario europeo y agrupa a las asociaciones nacionales de toda Europa, ha expresado su posición ante el refuerzo del marco regulatorio impulsado en los últimos años. Sin cuestionar la necesidad de mantener estándares prudentes, advierte de los efectos que los criterios más restrictivos pueden tener sobre la concesión de crédito.

Concretamente, la EBF alerta de posibles efectos indirectos en el sector inmobiliario, en un contexto de precios elevados y dificultades de acceso a la vivienda. En este sentido, defiende la necesidad de encontrar un equilibrio entre la estabilidad financiera y la financiación de la economía, evitando que las medidas regulatorias limiten de forma excesiva el flujo de crédito.

Precios reales

Otro aspecto clave en la prevención de desequilibrios y posibles burbujas es la correcta valoración de los activos inmobiliarios. Contar con información fiable sobre los precios de las viviendas resulta decisivo tanto para los compradores como para las entidades financieras.

El Portal Estadístico del Notariado se ha convertido en una herramienta imprescindible para quienes quieren conocer la situación real del mercado inmobiliario porque recoge la información obtenida de las operaciones de compraventa firmadas ante notario en los últimos doce meses. Frente a otros indicadores basados en los precios de la oferta -habitualmente anunciados en los portales inmobiliarios-, estos datos se basan en el importe exacto al que se cierran las transacciones.

A través de un mapa interactivo, el usuario puede consultar de forma gratuita el precio medio por metro cuadrado, la superficie media de las viviendas, el precio medio total o el número de compraventas realizadas en una zona concreta. Esta transparencia permite a la ciudadanía tomar decisiones informadas y evitar el pago de precios excesivos.

Los datos facilitados proceden del Índice Único Informatizado Notarial, una de las mayores bases de datos del país, que reúne información anonimizada de millones de documentos notariales.

Datos más fiables, completos y actualizados

El Consejo General del Notariado ha suscrito un acuerdo de colaboración con Idealista (https://www.idealista.com/) para incorporar a las herramientas de análisis y valoración de la plataforma información estadística anonimizada sobre compraventas de inmuebles formalizadas ante notario. Gracias a este acuerdo, los profesionales del sector inmobiliario accederán a los datos más fiables, completos y actualizados sobre el mercado de la vivienda, enriqueciendo así sus informes, estudios y estimaciones.

La compraventa de viviendas en España

En enero de 2026, con respecto a enero de 2025, la compraventa de viviendas cayó un 11,4% y la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda un 6,8%, tras haber crecido ininterrumpidamente en los 21 meses anteriores.

  • La compraventa de viviendas disminuyó en quince comunidades autónomas y creció en las dos restantes. Destacaron las caídas en Cantabria (-18,0%), Comunidad de Madrid (-15,9%) y Andalucía (-14,2%) y las alzas en Castilla-La Mancha (6,1%) y La Rioja (5,6%).
  • El precio del m² subió un 9,0% interanual en España, con alzas en trece autonomías. Destacaron los ascensos en La Rioja (27,5%) y Castilla-La Mancha (23,3%), así como las caídas en Navarra (-4,0%) y Extremadura (-3,7%).
  • Los préstamos para adquisición de vivienda disminuyeron un 6,8% interanual en España, tras 21 meses al alza. Se redujeron en catorce comunidades autónomas, destacando en Andalucía (-14,5%), Comunidad Valenciana (-13,4%), Castilla y León (-13,3%) y Cantabria (-13,2%) y crecieron en las tres autonomías restantes: Castilla-La Mancha (15,3%), Cataluña (2,5%) y Asturias (1,1%).

Fuente: Centro de Información Estadística del Notariado. 

Las hipotecas mantienen una dinámica de crecimiento y estabilidad relativa, lo que hace necesario un seguimiento más estrecho.

Nuevas medidas del BCE para supervisar los créditos hipotecarios

  • Revisión de los criterios de concesión de crédito.
  • Revisión de la fijación de precios de los préstamos.
  • Inspecciones in situ sobre el riesgo de crédito.
  • Aplicación más estricta de los nuevos requisitos de capital para asegurar una mejor alineación entre el capital exigido y los riesgos reales asumidos por las entidades.
  • Mayor seguimiento de las deficiencias detectadas en la gestión del riesgo de crédito.
El Banco Central Europeo es consciente de que las entidades financieras de la Unión Europea parten de una posición sólida.

Política monetaria y estabilidad financiera

El refuerzo de la supervisión a los bancos se produce en una situación en la que el BCE debe equilibrar dos retos: controlar la inflación y preservar la estabilidad financiera.

Tras años de tipos de interés bajos, la política monetaria ha encarecido el acceso al crédito, especialmente en el caso de las hipotecas. Sin embargo, la demanda de vivienda sigue siendo elevada en la mayoría de los Estados de la eurozona, lo que indica que factores estructurales como la escasez de oferta continúan impulsando el mercado.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha destacado que “las condiciones financieras se han endurecido” en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados y el aumento de los tipos de interés. “Tenemos la determinación de asegurar que la inflación se estabilice en nuestro objetivo del 2% a medio plazo y aplicaremos un enfoque dependiente de los datos, en el que las decisiones se adoptan en cada reunión, para determinar la orientación apropiada de la política monetaria. Nuestras decisiones sobre los tipos de interés se basarán en nuestra valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos a los que están sujetas”.

Para saber más

Banco Central Europeo. Supervisión bancaria. Información sobre novedades relacionadas con la política supervisora del BCE.

Portal Estadístico del NotariadoSitio de referencia para consultar gratis los precios reales de las transacciones inmobiliarias realizadas en España ante notario en los últimos doce meses.

“El sector inmobiliario y el impacto real de la regulación financiera europea”. Carta de la Federación Bancaria Europea (EBF), junto con representantes de los sectores hipotecario, inmobiliario y bancario europeos, enviada a la Comisión Europea sobre el impacto de la regulación financiera europea en los préstamos inmobiliarios.

La vivienda, mejor sin burbujas, por Casimiro García-Abadillo

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN EL ESCAPARATE

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de El Independiente

La cuestión es si no llegamos tarde: en España ya se ha superado el nivel de deuda hipotecaria que se alcanzó antes de la crisis de Lehman Brothers"

La vivienda, mejor sin burbujas

El hombre aspira a la estabilidad. La inseguridad le provoca angustia y es una de las causas de la infelicidad. Queremos que el amor sea para siempre, como deseamos que el crecimiento económico dure eternamente, pero la realidad nos muestra que, en la vida, como en la economía, los ciclos son inevitables.

Todavía tenemos en la memoria las terribles consecuencias del estallido de la burbuja financiera, cuyo símbolo fue la caída de Lehman Brothers (15 de septiembre de 2008), cuando ya comenzamos a atisbar otra posible explosión en el horizonte.

Recordemos el origen de aquel desastre. Las entidades financieras comenzaron a conceder créditos a mansalva para la compra de viviendas; los préstamos hipotecarios se convirtieron en un gran negocio. El problema es que muchos de los endeudados, con el paso del tiempo, se encontraron con que no tenían recursos suficientes para pagar esas hipotecas.

Los llamados genios financieros descubrieron entonces otro negocio: empaquetar las hipotecas de dudoso cobro y vender esos paquetes como inversiones de riesgo. La burbuja se fue haciendo cada vez más grande. Pero mientras no estalló, algunos ganaron mucho dinero, a sabiendas de que algún día el globo pincharía sin remedio.

Situación española

Bajemos al terreno y fijémonos en lo que está pasando en España. Llevamos años en los que los precios de la vivienda no paran de crecer (en 2025 más de un 12%, y un 14,3% en el primer trimestre de 2026), y, sin embargo, las compraventas también han aumentado sin parar (hasta prácticamente enero de 2026). Es decir, se ha vendido todo a precios muy elevados.

Aunque la economía ha seguido creciendo —es cierto que a menor ritmo—, eso no implica que los salarios hayan aumentado en la misma medida. De hecho, uno de los problemas de los jóvenes es que sus ingresos no les permiten comprar o alquilar una vivienda. Muchos de ellos se arriesgan a solicitar un crédito hipotecario animados por unos tipos de interés bajos. La burbuja empieza a crecer. Los bancos, de momento, son generosos y no ponen muchas trabas.

Pero los nubarrones empiezan a aparecer. La guerra —otra guerra, pero esta con efectos más dañinos para la economía— ha venido a recordarnos que vivimos en un ciclo alcista que puede estar llegando a su fin. Ya se ha notado el efecto de los bombardeos sobre Irán en los precios del gas y de los combustibles. De ahí se trasladará a otros productos y servicios: electricidad, transporte, fertilizantes y, finalmente, alimentos. La inflación comienza a despertarse.

Cautela europea

El Banco Central Europeo ya ha adoptado una actitud de cautela. Antes del verano subirá los tipos de interés, ya que su función principal es controlar la inflación.

Si no se pone remedio —lo que equivaldría a una guerra muy corta—, subirán los precios, se frenará el crecimiento económico y esto afectará al empleo. Al mismo tiempo, aumentarán los tipos de interés, lo que encarecerá las hipotecas. Algunas figuras influyentes, como Larry Fink (CEO de BlackRock), ya han advertido de que, si la guerra se prolonga hasta final de año, el mundo podría entrar en recesión. ¿Recesión? Sí, recesión, con todo lo que ello conlleva.

La caída del PIB como consecuencia del Covid-19 se amortiguó gracias a una inyección de dinero público sin precedentes en Europa: los fondos Next Generation. La pregunta es si los países de la Unión Europea podrán afrontar otra crisis en apenas seis años con una emisión de deuda tan elevada como aquella. El peligro de esta burbuja es que ha sorprendido a Europa (Estados Unidos es otra historia) aun recuperándose de la crisis del Covid. Las deudas, aunque algunos no lo crean, al final se pagan.

El BCE ya ha comenzado a tomar precauciones para evitar lo peor. Ha pedido a los bancos que extremen sus controles, tanto en la relación entre el crédito concedido y el valor de la vivienda, como en la capacidad de devolución del prestatario. Bienvenidas sean estas medidas de prudencia.

La cuestión es si no llegamos tarde: en España ya se ha superado el nivel de deuda hipotecaria que se alcanzó antes de la crisis de Lehman Brothers.

La anterior crisis se llevó por delante en nuestro país a las cajas de ahorros. Los bancos resistieron mejor porque estaban más capitalizados y fueron más prudentes en la concesión de créditos hipotecarios. También aprendimos que añadir a la penuria del estallido un duro ajuste presupuestario quizá no sea la mejor medicina.

Ninguna crisis es igual a la anterior, pero todas se parecen en sus consecuencias para las clases medias y trabajadoras. En algunos casos, el origen estuvo en la voracidad de entidades financieras que no midieron bien sus riesgos. Pero ahora —guerras aparte— la causa del aumento sin precedentes de los precios de la vivienda radica en un error político de gran magnitud: creer que limitando la oferta se evita la burbuja.

Todo lo que ha hecho este Gobierno hasta ahora ha contribuido a agravar el problema de la vivienda. Ocho años después, comprar un piso es muchísimo más caro. Si a eso añadimos la limitación de los precios del alquiler, obtenemos la ecuación completa que refleja la angustiosa situación de muchos jóvenes y el tic-tac que nos acerca al estallido de otra burbuja.