Tenerife se convirtió en la capital de la Justicia iberoamericana, del 16 al 20 de septiembre, acogiendo la celebración de una macrocumbre en la que confluyeron varios foros, entre los que destaca la celebración del II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Oficial Portuguesa (CMJPLOP), inaugurado por S. M. el rey Felipe VI.

Esta gran cita de la Justicia, organizada por el Consejo General del Notariado y la COMJIB, reunió en total a más de 200 juristas y representantes de organismos públicos en las sesiones de las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas; la I Reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP); la I Reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento para la XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2025; y la 112 Sesión Plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado (UINL).

Sociedades más justas

En la inauguración del II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de Lengua Portuguesa, S. M. el rey Felipe VI estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños; y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. En su discurso, el Rey manifestó que este encuentro supone “otro paso más en el continuado esfuerzo de contribuir al bienestar de nuestros países y de todos sus habitantes, construyendo sociedades más justas y cohesionadas” y deseó a los participantes mucho éxito en sus trabajos: “Todos lo necesitamos. En juego está el futuro del bienestar y la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Felipe VI remarcó “la vocación de España con la Justicia y con la cooperación internacional, cada vez más urgente y necesaria”, especialmente en el ámbito jurídico, y reiteró su compromiso institucional con el amplio espacio representado en la cumbre. A su vez, el Rey incidió en la importancia de “la justicia del día a día”, que desarrollan instituciones como el Notariado, y que “ha de presidir las relaciones humanas contribuyendo a la paz y al desarrollo, y debe ser accesible para los ciudadanos y empresas de nuestros países, acercando personas y garantizando la circulación e intercambio seguro de documentación”.

Su Majestad también llamó a utilizar la tecnología como “un gran aliado” que debe aprovecharse para crear espacios de cooperación en materia civil y penal, incrementar la eficacia de las instituciones de Justicia y combatir la delincuencia. “Para alcanzar estos objetivos es necesario mantener y fortalecer la cooperación entre las instituciones judiciales, fiscales, policiales y notariales a través de protocolos y herramientas técnicas que sirvan a la Justicia y que generen confianza”, subrayó.

En relación al trabajo que realiza la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), Felipe VI afirmó que se trata de una “herramienta de cooperación en materia civil y penal, a disposición de los operadores jurídicos de 22 países iberoamericanos, junto a organismos como Eurojust e Interpol, que quiere abrirse también a otros países, especialmente los lusófonos”. Esta red de cooperación está hoy dotada con un sistema de comunicación seguro (Iber@) que ha sido desarrollado por el Centro Tecnológico del Notariado español y que permite, con las máximas garantías, la comunicación en tiempo real entre estos operadores jurídicos.

Para concluir, el Rey se refirió también a la plataforma Iberfides, un sistema tecnológico que permite la circulación segura de documentos notariales entre países: “Es ya toda una realidad en tres continentes, al haberse completado el desarrollo tecnológico en Bolivia, Santo Tomé y Príncipe y España, a la que se irán sumando otros países de habla española y portuguesa”.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, y Notario Mayor del Reino, Félix Bolaños, destacó el encuentro como un evento de gran relevancia “para que las administraciones de Justicia de distintos países podamos poner en común líneas de acción y cooperación sobre los retos que enfrentamos”.

Asimismo, durante el desarrollo de los encuentros, Bolaños incidió en el carácter transfronterizo de los fenómenos delictivos: “Ningún país puede abordar este problema por sí mismo. Es necesario un esfuerzo coordinado, conjunto, para llevar a cabo políticas que sean eficaces. Necesitamos una justicia que sea capaz de asegurar sus derechos a los ciudadanos, accesible, digital, con perspectiva de género, y que tenga mecanismos de cooperación internacional ágiles”. Y añadió: “Debemos consolidar la Justicia como un servicio público, social, centrado en las personas. La cooperación no solo es el intercambio informativo; es estrechar lazos, es tener un compromiso entre nuestros países, y que ese compromiso se convierta en un espacio de seguridad jurídica y de cooperación eficaz y efectiva”.

El ministro puso en valor el trabajo que desarrolla el Notariado español a través de su Centro Tecnológico y llamó a ampliar el número de países que emplean la plataforma Iber@. “La conclusión es que necesitamos herramientas comunes -manifestó-. La Declaración de las Islas Canarias que vamos a firmar es buena prueba de cuál es el horizonte al que tenemos que caminar. Tenemos que apostar por la independencia del poder judicial, la instrucción de las fiscalías y las procuradurías para combatir el crimen organizado”.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quiso agradecer la elección de Tenerife como punto de encuentro para estas jornadas, “tan importantes para trabajar juntos en defensa de los derechos de los ciudadanos; para debatir, defender y avanzar en instrumentos que ordenen y den respuesta a los desafíos que afrontamos en este siglo XXI”. Particularmente, hizo alusión a los retos que plantea la intensificación de los flujos migratorios, en un contexto global en que el radio de actuación de las personas y las empresas es cada vez más amplio.

También Enrique Gil Botero, secretario general de la COMJIB, señaló que este encuentro es de suma importancia, “no solo como espacio para el intercambio de ideas, sino también para la reflexión sobre el valor trascendental del Derecho y la Justicia como instrumento civilizatorio”. En las sesiones celebradas, Gil Botero hizo también hincapié en la “gran amenaza” que suponen los delitos transnacionales para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos: “Tenemos que reforzar la cooperación internacional y estar un paso por delante de esta realidad”.

El máximo representante de la COMJIB remarcó el valor de la plataforma Iber@, “un canal dispuesto para servir a las distintas Administraciones y operadores de justicia de los países de Iberoamérica, en el que hay 28 usuarios de 16 países europeos y 300 usuarios iberoamericanos, en conexión con las oficinas de Interpol. Todos estos mecanismos -también el proyecto Iberfides- fortalecen la justicia como un valor fundamental para la civilidad de la ciudadanía”.

En su intervención, la presidenta de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Portuguesa (CMJPLOP) y ministra de Justicia de Santo Tomé y Príncipe, Ilza Amado, habló sobre la globalización de las comunicaciones y las relaciones entre países, “situación que requiere una respuesta coordinada y colaborativa entre los diferentes sistemas judiciales que nos permita mitigar las principales limitaciones, fortalecer nuestras instituciones y garantizar mayor justicia y seguridad en nuestros países”.

Amado también hizo referencia a la labor desempeñada por los Estados que integran la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), que “durante más de dos décadas han trabajado para reforzar la cooperación mediante la armonización del marco jurídico, la formación de los actores de la justicia, la difusión de la legislación y el intercambio de información y experiencias”. En lo relativo -particularmente- al Notariado, la ministra recordó que Santo Tomé y Príncipe ha priorizado “el fortalecimiento del sistema notarial para la protección de los derechos individuales, la promoción del desarrollo económico, la buena gobernanza y la lucha contra la delincuencia”.

En este sentido, José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), destacó la gran oportunidad que supone para el Notariado iberoamericano organizar y participar de estas jornadas: “Nos reunimos en Tenerife los tres agentes fundamentales para la Justicia: el poder ejecutivo, los jueces y los notarios, que proveemos el acceso a La justicia de la normalidad, como titula Alfonso Cavallé -decano del Colegio Notarial de Canarias- su libro, que presentamos en estos encuentros. La justicia es una aspiración que todos compartimos y para alcanzarla es fundamental la colaboración entre todos los agentes jurídicos. Por eso el Notariado está presente en estas jornadas; no podía ser de otra manera: nos debemos a la Justicia”.

Martínez Sanchiz reivindicó la importancia de someter los actos jurídicos al control notarial para “evitar la pérdida de informacion en el seguimiento de las operaciones y actos delictivos” y la intervención notarial como un elemento central para la vida y la tranquilidad de las personas: “Es una manera de alcanzar la paz. Todo pacto que autorizamos los notarios en escritura pública supone un reconocimiento a la dignidad del otro”, remarcó.

“Uno de los grandes males que nos atenaza es pensar que el Derecho lo crea el Estado cuando no es así”, afirmó el presidente del Notariado español. “Tampoco lo crean los jueces –prosiguió-: el Derecho lo crea la sociedad. Los notarios, en nuestra doble condición de profesionales y oficiales públicos, estamos en la mejor situación para escuchar a las personas y sus necesidades y darles cauce a través del pacto. La esencia de la función notarial es proporcionar a la gente un espacio de libertad y de justicia, todo ello en un marco de seguridad”.

Función notarial

Los representantes de los 22 notariados participantes debatieron también sobre el presente y futuro de la función notarial en las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas. Entre las principales conclusiones alcanzadas destacan la necesidad de garantizar un acceso igualitario a la justicia preventiva a través de la labor notarial; contribuir a descongestionar los tribunales mediante la intervención del notario en procedimientos no contenciosos; y alcanzar acuerdos que establezcan un marco normativo común para facilitar la circulación electrónica de documentos notariales entre países con total seguridad.

Los notarios también abogaron por unificar criterios y avanzar en la armonización de las normativas; fomentar la capacitación profesional del cuerpo notarial; impulsar el papel mediador del notario; y trabajar para la protección de las personas con discapacidad, menores de edad, adultos mayores o en situación de vulnerabilidad.

En palabras de Homero López Obando, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado (UINL), “el Notariado es el primer garante de la seguridad jurídica de un país. Es deber del notario caminar hacia la vanguardia para romper cualquier barrera y facilitar un acceso libre y legítimo al sistema de justicia sin discriminación de ninguna índole. Somos miles de notarios, de más de 20 sistemas de justicia nacionales, aquí reunidos para hacer en el presente lo que queremos en un futuro”.

Alfonso Cavallé, delegado del Consejo General del Notariado para América y decano del Colegio Notarial de Canarias, hizo las veces de coordinador de uno de los temas de las jornadas, centrado en la circulación de documentos notariales. El decano puso de relieve los “grandes pasos que está dando el Notariado iberoamericano para transformar el soporte del documento notarial: en España ya contamos con el protocolo notarial electrónico, paso fundamental en la digitalización de las actuaciones y los procedimientos notariales” y se refirió a la importancia de garantizar los derechos y dar cobertura a las necesidades de las personas migrantes y con familiares en distintos países, para lo cual los documentos públicos deben traspasar fronteras con total seguridad y validez.

El notario mexicano David Figueroa, presidente honorario de la CAAm y coordinador del tema La función notarial y el acceso a la justicia, expresó que “la intervención notarial en las actuaciones no contenciosas confiere al usuario mayor seguridad jurídica, resolviendo los conflictos mediante la mediación, lo que contribuye a la desjudicialización del servicio público de Justicia”. En este sentido, Figueroa planteó que el notario “es el primer profesional que afronta nuevas figuras jurídicas en el ámbito no contencioso. En su interpretación de la Ley, el notario llega a menudo a identificar nuevos supuestos, por lo que su actuación es en cierta medida creativa”.

Digitalización notarial

A lo largo de la semana se desarrollaron numerosas exposiciones y ponencias. Particularmente, José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña y miembro de la Comisión Permanente del CGN, abordó la digitalización de las actuaciones y sistemas notariales, para lo cual resulta imprescindible la contribución del Centro Tecnológico del Notariado, una entidad de referencia internacional que lleva más de 20 años a la vanguardia tecnológica.

Marín señaló que “la entrada en vigor -hace ahora un año- de la Ley 11/2023 de digitalización de las actuaciones notariales en España ha supuesto un espaldarazo para la tecnología notarial, al crear el protocolo electrónico y regular los otorgamientos a distancia por videoconferencia”. “Tenemos un Centro Tecnológico con dos sedes, una en Madrid y otra en Barcelona, con unos 350 técnicos que lo componen. Cada día utilizan la plataforma notarial más de 20.000 profesionales, entre notarios y empleados de notarías, y cada año los 2.700 notarios españoles utilizan la firma electrónica cualificada en 15 millones de ocasiones”, puntualizó.

En esta línea, Marín ofreció algunas cifras para situar la magnitud de las comunicaciones e intercambio de datos en los que participa el Notariado español: «Tenemos acceso a más de 5.000 entidades locales con las que se realiza la consulta en línea y en tiempo real. En 2023 se realizaron más de 1.200.000 comunicaciones a ayuntamientos para poner en su conocimiento hechos imponibles que dan lugar al devengo de impuestos. Se expidieron más de 5.000.000 de copias electrónicas que han dado lugar, además de otros muchos efectos, a más de 3.000.000 de inscripciones en registros de la propiedad y mercantiles».

Prevención del blanqueo

La información contenida en las escrituras públicas es también indispensable para la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Notariado, explicó que “desde el OCP se analizan los datos del Índice Único Informatizado, segunda mayor base de datos de España -que contiene información de 44 millones de personas físicas y más de un millón de personas jurídicas-; se secuencian esquemas de riesgo y, tras examinar también las operaciones sospechosas que comunican los notarios, se informa al SEPBLAC y a las autoridades judiciales y policiales que luchan contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, intervino en representación de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), tras las reuniones mantenidas por los fiscales de la comunidad lusófona e iberoamericana. “Nuestro trabajo y nuestro servicio público, la cooperación internacional, a través de las fiscalías y de las estructuras que generan los Ministerios Públicos de los países de Iberoamérica, es el instrumento más eficaz en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada”, concluyó.

Según datos del Observatorio 2023 del Consejo de la Juventud de España, una persona joven tiene que destinar el 93,9% de su salario para acceder a un alquiler, tres veces por encima de lo recomendable. “Con estos pronósticos, el 83,7% de este sector de la población no puede acceder a una vivienda”, explicaba el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, Juan Antonio Báez, en la primera jornada de este curso, celebrado del 10 al 12 de julio en el Palacio de Miramar de San Sebastián.

A lo largo de tres jornadas, más de 40 ponentes -entre representantes de las administraciones públicas, juristas, magistrados, fiscales, notarios, docentes y profesionales del sector- reflexionaron sobre la situación del mercado inmobiliario en nuestro país desde la perspectiva del Derecho, la protección de las personas vulnerables, la construcción de vivienda pública y privada, el arrendamiento y su regulación, el acceso a la información de la propiedad inmobiliaria y la intervención y la función notarial.

Inauguración

“El desafío de la vivienda está hoy en el centro del interés social y de la agenda pública. Y es lógico que así sea porque su acceso, especialmente para las personas jóvenes, se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad”, afirmaba Denis Itxaso, consejero del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, durante la apertura del curso.

La sesión también contó con la participación de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, quien destacó el papel social de los notarios y “su compromiso con la sociedad para tratar los temas que preocupan a la ciudadanía, siendo, sin duda, la vivienda uno de ellos”; y de Fernando de Aragón, director general del Catastro, institución que aporta “información territorial detallada en todas las fases de desarrollo, construcción y transmisión de viviendas” y mantiene una estrecha colaboración con el Notariado: “El intercambio de información con los notarios es casi automático, evitando cargas a los ciudadanos y garantizándoles la seguridad jurídica de las millones de transacciones que realizan”, añadió.

Persona: la vertiente social

Bajo el título El derecho a la vivienda digna y adecuada tuvo lugar el primer coloquio de la jornada, moderado por el notario Ignacio Gomá, director del curso y director general de Fundación Notariado, quien recordó que “la vivienda es una necesidad social y también un bien jurídico, y, por tanto, una mercancía con un valor. La tensión entre estas dos facetas puede crear graves problemas”.

En el diálogo intervino Pablo de Lora, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, quien fijó el punto de partida en la Ley de la Vivienda: “El concepto de la ley en sí mismo establece algo completamente equivocado, una fuerte intervención sobre los derechos públicos y privados que provoca grandes tensiones”, explicó. En este sentido, Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense, aseguró que “el problema de la vivienda es fruto de las políticas erráticas de los diferentes partidos y gobiernos. Los elementos regulativos son tremendamente contraproducentes y favorecen la ocupación”.

Fernando Savater aportó su visión filosófica sobre el concepto de vivienda, “ligado inherentemente a la vida y punto de partida para que cada uno cree su propio camino, lo que afecta especialmente a los jóvenes”; y el arquitecto y escritor Álvaro Galmés describió la vivienda como “un presente continuo que vive en transformación”, por lo que “el concepto tiene que abarcar toda la trayectoria vital del individuo”.

Empresa: el impacto económico

La primera mesa de la segunda jornada se centró en La construcción de vivienda pública y privada en España. Bajo la moderación del notario Ramón Múgica, debatieron el director del Departamento de Análisis Macrofinanciero y Política Monetaria del Banco de España, Roberto Blanco; el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado; el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi; y el director del Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia, Fernando Cos-Gayón.

Blanco hizo alusión a la falta de inversión en alquiler social, que representa solamente el 1,5% del parque frente al 7% de media europea, situación que “el sector público por sí mismo no puede corregir”, y desgranó los datos del reciente Informe del Banco de España: “En España se construyen 90.000 viviendas anuales, mientras que en el periodo de 2022 y 2023 se crearon 275.000 hogares. Con estos datos estimamos que -en proyección hasta 2025- tenemos un déficit de unas 600.000 viviendas”.

Gómez-Pintado pidió una ley que dé seguridad jurídica al urbanismo y garantice tener suelo finalista en plazos razonables y reclamó: “Necesitamos las mismas ayudas que otros sectores; fomentar el proceso de industrialización y facilitar la financiación; ofrecer formación profesional dual que nos proporcione mano de obra cualificada; contar con sistemas y herramientas digitales que agilicen la concesión de licencias; y fomentar la colaboración público-privada”.

“El mercado nos ha derrotado y tenemos que intervenir. Hasta ahora el 40% de las adjudicaciones de vivienda pública -en alquiler- del Gobierno Vasco iba destinado a jóvenes; a partir de esta legislatura será el 50%”, anunciaba Mario Yoldi; mientras que Cos-Gayón abogaba por centrar los esfuerzos en el mercado del alquiler y aprovechar las viviendas vacías: “Podemos hacer que la vivienda protegida sea un 10% más barata de forma automática eliminando el IVA”, añadía.

Financiación

La segunda mesa contó con las intervenciones de José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada; Cristina Freijanes, secretaria general de la Unión de Cooperativas de Crédito; María Paz Navarro, responsable de Regulación, Servicios Interbancarios y Proyectos en Cooperación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros; y Javier Rodríguez Pellitero, secretario general de la Asociación Española de Banca.

Eduardo García Parra, director del Instituto Valenciano de Estudios Notariales, moderó este debate sobre financiación pública y privada de la vivienda, en el que los panelistas coincidieron en la relevancia de incentivar la oferta y la colaboración institucional, promover medidas que no penalicen a los grandes tenedores y acometer una reforma de las garantías inmobiliarias. Particularmente, María Paz Navarro detalló: “Hay que modificar la ley hipotecaria y homogeneizar las concesiones, llevar de la mano los procedimientos y la bonificación normativa para que haya financiación con garantías”.

Tecnología: la información catastral 

La última jornada del curso estuvo dedicada a las vías de acceso a la información catastral y a la necesidad de unificar la información sobre los inmuebles del Catastro y el Registro. Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia, moderó la mesa e incidió en la falta de colaboración entre el Catastro y el Registro y las deficiencias de la digitalización registral. Igualmente, Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, abogó por la necesidad de coordinación entre el Catastro, el Registro, el Notariado y el resto de operadores jurídicos: “Con la legislación actual, esta es la única vía para que los ciudadanos puedan acceder a información precisa y completa sobre los inmuebles”.

Por su parte, Jesús Miranda, exdirector general del Catastro, defendió que “nadie puede superar la información que maneja el Catastro, pero es necesario digitalizarlo. Es ahí donde hay que poner los esfuerzos, no en la coordinación entre instituciones”. Siguiendo esta línea, el notario Enrique Brancós afirmó que “la información y las bases gráficas deben ser las que define el Catastro; no puede haber diversificaciones ya que solo generan confusión y, además, este proceso termina repercutiendo en los costes para el ciudadano”.

Clausura 

El curso fue clausurado por la subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, María de los Llanos Castellanos, quien reconoció que “para encontrar soluciones es necesaria la colaboración de todas las partes, entre las que el Notariado es imprescindible”. Castellanos defendió “la necesidad de tener una regulación como la que se ha planteado con la Ley por el Derecho a la Vivienda”, aunque asumió que “es mejorable”, y centró el problema en la falta de oferta: “Para satisfacer la demanda deberíamos construir 1,2 millones de viviendas, y este número seguirá incrementando. Debemos obtener datos públicos que nos permitan hacer una radiografía completa de la situación actual con plenas garantías”.

Tras ella intervino Itziar Alkorta, directora académica de la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU, quien hizo una valoración positiva del seminario, “que ha permitido analizar en profundidad el derecho a la vivienda desde una perspectiva integral: persona, empresa y tecnología”.

El turismo crece en España a un ritmo imparable. En 2023, el número de turistas internacionales aumentó un 18,7% con respecto a 2022 y un 1,9% por encima de 2019, superando así los niveles previos a la pandemia. Además, el gasto turístico en 2023 fue de 108.662 millones de euros, una cifra nunca alcanzada, que representa un 25% más que en 2022. Pero el año pasado no solo llegaron más turistas, sino que gastaron más (1.278 euros de media por turista, un 5% más que el año anterior) y permanecieron más tiempo en nuestro país.

En 2024 continúa la tendencia al alza. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo en el primer cuatrimestre, el gasto de los turistas internacionales se elevó un 22,6% hasta rebasar los 31.500 millones de euros y la cifra de visitantes se incrementó un 14,5% superando los 23,9 millones de turistas.

Además, el estudio Viajeros y destinos NextGen: nuestra visión sobre la transformación del sector turístico, elaborado conjuntamente entre Google y Deloitte, pronostica que en 2040 España será el destino turístico más visitado del mundo, por delante de Francia, Estados Unidos, China y México.

La actividad turística es sin duda un pilar fundamental para la economía española. En el primer trimestre de 2024, el sector contaba con 2,75 millones de ocupados, un 7,7% más que en el mismo periodo de 2023. Esto equivale al 13% del empleo total en la economía española.

Cara y cruz.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda está la experiencia de los residentes en los lugares de destino, para quienes la masificación turística interfiere en su calidad de vida. Espacios saturados, consultas médicas con esperas interminables, precios disparados, viviendas imposibles de alquilar o comprar, deterioro del entorno… son motivo de crispación. La aversión ha llegado a tal extremo en algunos casos, que ha desencadenado una turismofobia cada vez menos moderada.

Un ejemplo reciente es el de Baleares, donde han surgido numerosas protestas vecinales para acabar con situaciones como los precios de alquiler inasumibles para los lugareños que ha provocado el alquiler turístico descontrolado de viviendas. En la misma línea se han manifestado los habitantes de Canarias, quienes a su vez se quejan del daño medioambiental que implica la sobrecarga turística para las islas.

En Barcelona, según el informe Percepción del turismo en Barcelona 2023, publicado por el ayuntamiento de esta ciudad, el 71% de la población opina que el turismo es beneficioso, frente al 23% que lo considera perjudicial. No obstante, el 61,5% de los barceloneses piensan que se está llegando al límite en la capacidad de recibir turismo. El principal beneficio que destacan es la aportación económica que representa, mientras que quienes lo consideran negativo relacionan el turismo con la subida de precios y la saturación de algunos espacios. La Rambla, la Sagrada Familia, la Plaza de Cataluña, el paseo de Gracia o el frente marítimo son lugares que muchos residentes reconocen haber dejado de visitar por la gran afluencia de turismo.

EL GASTO TURÍSTICO EN 2023 FUE DE 108.662 MILLONES DE EUROS, UNA CIFRA NUNCA ALCANZADA QUE REPRESENTA UN 25% MÁS QUE EN 2022

Otro enfoque.

La mayoría de las personas que protestan contra la masificación turística reconocen que el turismo es una fuente de ingresos y empleo para su entorno, pero piden que se implante un modelo más racional y sostenible.

Uno de los factores que más ha fomentado la presión turística en la última década ha sido la enorme proliferación de las viviendas de uso turístico (VUT). La alianza Exceltur recuerda que hemos pasado de tener 346.921 plazas turísticas (hoteles, pensiones, hostales, fondas y aparthoteles) en las 20 principales ciudades españolas en el año 2010 a 788.136 plazas en 2019. El 82% de este incremento corresponde a VUT. En este contexto, Exceltur, a través del proyecto ReviTUR, ha reclamado al Gobierno de España un marco legal sobre viviendas de uso turístico en competencias básicas del Estado, que ayude a comunidades autónomas y ayuntamientos a hacer cumplir sus normativas para ordenar este mercado.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado que en breve estará operativa una herramienta que permitirá disponer de un número de registro único para cada alojamiento que se comercialice en las plataformas de alquiler turístico. A partir de este registro, las páginas donde se comercializan las viviendas turísticas deberán compartir sus datos con las comunidades autónomas, con el fin de que estas puedan detectar qué alojamientos se ofrecen como viviendas turísticas de forma ilegal.

De momento se han dado pasos en varias ciudades españolas para controlar el mercado de viviendas turísticas endureciendo los requisitos para las licencias y las sanciones para las que estén en situación ilegal. Barcelona ha anunciado que no concederá más licencias y que no renovará las actuales, lo que acabaría con este mercado de alquiler dentro de cinco años.

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 EL SECTOR TURISMO TENÍA 2,75 MILLONES DE OCUPADOS, QUE REPRESENTABAN EL 13% DEL EMPLEO TOTAL EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

A esto se añaden otras acciones vigentes desde hace años, como la congelación de licencias para construir hoteles en ciudades como San Sebastián y Barcelona, si bien esta última no descarta volver a conceder licencias para hoteles pequeños en edificios singulares. Además, en San Sebastián están prohibidos desde abril los grupos de más de 25 personas en las visitas guiadas.

Fuera de España, varios destinos han puesto en marcha medidas para reducir el volumen de turistas. Venecia ha activado el cobro de una tasa a los turistas que quieran entrar en su centro histórico y ha reducido a la mitad (25 personas máximo) los grupos acompañados por guías para visitar el centro histórico y las islas de Murano, Burano y Torcello. También son habituales las tasas turísticas por entrar y/o pernoctar en Francia, Alemania o destinos más lejanos como Bután, conocido por tener unas tasas muy elevadas. En España, de momento solo se cobra por estos conceptos en Baleares y Cataluña.

Todo suma, pero los actores implicados admiten que es necesario buscar soluciones para implantar un modelo de turismo que reduzca los actuales desequilibrios y favorezca el bienestar de los residentes y sus visitantes.

“Hoy escribo el post más difícil de mi vida. Hace ya mucho tiempo que la venta de libros no funciona en las librerías pequeñas, así que me veo obligado a cerrar. Durante unas semanas seguiré liquidando lo que tengo, no sé a ciencia cierta cuántas… gracias por vuestra comprensión”. Así anunciaba su cierre la Librería Balmes de Teruel el pasado 7 de abril en su perfil de X. Un mensaje con el que miles de pequeños comerciantes se habrán sentido identificados porque se han visto en la misma situación o temen que en el futuro les suceda algo parecido.

Liquidación por cierre

La imagen de locales cerrados o de tiendas que anuncian en sus escaparates “liquidación por cierre” es habitual en la mayoría de los municipios. Muchas calles que hace apenas una década tenían una gran actividad comercial ahora están casi desiertas porque sus “comercios de toda la vida” han tenido que bajar la persiana. Si en 2013 trabajaban en el comercio minorista más de 796.000 personas por cuenta propia, en agosto de 2023 esta cifra había bajado a 746.006, lo que significa una pérdida acumulada de algo más de 50.000 pequeños comercios en diez años, según UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).

EL 60% DE LOS CONSUMIDORES ELIGEN EL CANAL ‘ONLINE’ PARA LA COMPRA DE ROPA, CUANDO EN 2017 SOLO LO HACÍAN UN 16%

Las más afectadas por esta circunstancia son las comunidades autónomas con provincias en riesgo extremo de despoblación. Así, Galicia ha pasado de tener 52.700 pequeños comercios abiertos en 2013 a 45.800 en 2023; Castilla y León tenía 45.000 pequeños comercios abiertos en 2013, 6.200 más que en 2023. También Castilla-La Mancha ha perdido más de 2.000 establecimientos de este tipo en el mismo periodo. En cambio, las comunidades con mayor población han logrado mantener cifras similares a las de 2013. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid contaba con 82.100 pequeños comercios en 2013, frente a 81.700 en 2023; y Andalucía ha ganado 1.300 comercios en algo más de una década.

ENTRE LOS JÓVENES PREVALECE LA PERCEPCIÓN DE QUE EL PEQUEÑO COMERCIO OFRECE UN PRODUCTO MÁS CLÁSICO DIRIGIDO A OTRAS GENERACIONES

Qué ha pasado

Este declive está relacionado en gran medida con el auge de la venta online. En los últimos 5 años se han duplicado las transacciones de comercio electrónico, con incrementos notables a partir de la pandemia. La sociedad se ha acostumbrado a la comodidad de que el supermercado le lleve la compra a casa o a que todos los días pase por su puerta el repartidor de Amazon, algo que deja al pequeño comerciante en clara desventaja.

Según una encuesta publicada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en marzo de 2023, el 60% de los consumidores eligen el canal online para la compra de ropa, cuando en 2017 solo lo hacían un 16%. Lo mismo sucede con otros sectores como la electrónica, el calzado y los electrodomésticos.

Además, OCU destaca que se han implantado unas preferencias de compra que han ocasionado la pérdida de popularidad de las tiendas de barrio y los hipermercados en favor de las cadenas especializadas y de marca propia. En la actualidad, el 77% de los consumidores acuden a estas últimas tiendas para adquirir dispositivos electrónicos, como móviles y tabletas, frente al 43% que lo hacían en 2018.

Desde el punto de vista de las empresas, un 73% afirma que la escalada de precios es el principal inconveniente al que deben hacer frente. Así lo recoge el Observatorio de Competitividad Empresarial dedicado al comercio minorista realizado por la Cámara de Comercio de España. Otros obstáculos que los empresarios señalan son las dificultades de abastecimiento (33,5%) y la baja demanda de sus productos (31,5%).

LA IMAGEN DE LOCALES CERRADOS O DE TIENDAS QUE ANUNCIAN «LIQUIDACIÓN POR CIERRE» ES HABITUAL EN LA MAYORÍA DE LOS MUNICIPIOS

La cercanía del barrio

La decadencia del comercio de proximidad no solo tiene un elevado impacto económico sino también social, porque las pequeñas tiendas o los mercados de abastos son parte de la identidad de los núcleos urbanos y rurales. Hacer la compra en el barrio favorece el contacto social, el trato personalizado, crea riqueza en el entorno y es más sostenible porque permite desplazarse andando.

Para las personas mayores o que viven solas, el hecho de salir cada día a comprar lo básico es una buena excusa para relacionarse y sentirse parte de la vecindad. Al mismo tiempo, cuando la movilidad es reducida, los comerciantes de los barrios suelen cuidar a sus clientes con el servicio a domicilio, algo que durante la pandemia fue vital.

Son motivos más que suficientes para que cada vez haya más iniciativas a favor de comprar como antes. Así lo reclaman las asociaciones de comerciantes de todo el país con campañas en su ámbito de actuación o movimientos en redes sociales como Compra en el Barrio (@compraenbarrio en X).

Asimismo, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), lanza con regularidad campañas en rebajas o durante las fiestas navideñas para recordar la necesidad de apoyar al pequeño comercio. Con eslóganes como Descubre el encanto de tu barrio comprando en el pequeño comercio o Estas Navidades no te olvides de hacer tus compras en el pequeño comercio, subraya la importancia de avanzar hacia un modelo de consumo de cercanía que haga frente a las grandes superficies.

PARA LAS PERSONAS MAYORES SALIR CADA DÍA A COMPRAR LO BÁSICO ES UNA BUENA EXCUSA PARA RELACIONARSE Y SENTIRSE PARTE DE LA VECINDAD

Retos

La concienciación de la sociedad sobre los beneficios del pequeño comercio es básica, pero su supervivencia requiere una respuesta integral que implica a los propios empresarios y a las administraciones públicas.

Por un lado, no se puede ignorar que la población joven se siente más atraída por los centros comerciales, las grandes superficies especializadas o por la compra online. Un estudio del Observatorio de Comercio Enfokamer, que analiza las pautas de consumo de la juventud vasca, señala que solo el 36,4% de estas generaciones compra habitualmente en el comercio local. El principal motivo que les lleva a decantarse por otro tipo de tienda es la percepción de que el pequeño comercio ofrece un producto más clásico que consideran dirigido a otras generaciones y que los precios son más altos.

Por otro lado, es fundamental seguir avanzando en la digitalización del comercio minorista, algo que, según el Observatorio de Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio de España, reconocen el 62% de las empresas.

UPTA cree que es preciso desarrollar un plan de rescate del pequeño comercio y reclama que tanto el Gobierno de España, como las comunidades y ayuntamientos, han de ponerse manos a la obra para fomentar de verdad las compras en el comercio local. Esta organización ve imprescindible aportar soluciones tecnológicas que mejoren los canales de distribución y de venta.

UATAE también pide un plan específico e integral de apoyo a la supervivencia del comercio local para que los barrios sigan creciendo de una forma sostenible.

La edad, una de las primeras características que observamos en los demás, está relacionada con procesos biológicos, pero también se configura socialmente, al asociarse con conceptos que son a menudo discriminatorios. Hablamos de edadismo cuando la edad lleva a categorizar a las personas por atributos que ocasionan daño o desventaja. Se manifiesta en forma de prejuicios, exclusión y políticas institucionales que perpetúan ciertas creencias estereotipadas.

Se calcula que la mitad de la población mundial tiene actitudes edadistas. Según la Encuesta Social Europea, uno de cada tres mayores europeos ha sufrido las consecuencias del edadismo. Naciones Unidas advierte que esto afecta a millones de personas y constituye un problema grave de derechos humanos. Así lo recoge el Informe mundial sobre el edadismo, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que se analiza su alcance y se identifican las estrategias para hacerle frente.

Una cuestión global

A diferencia de otros “ismos”, como el racismo o el sexismo, el edadismo tiende a ser más aceptado y está más extendido. Afecta a personas de cualquier edad, aunque los jóvenes y los mayores suelen ser los más desfavorecidos. En los jóvenes se refleja en dificultades para acceder al empleo, la vivienda y la política, donde sus voces suelen ignorarse o rechazarse.

En las personas mayores, el edadismo se asocia con una peor salud física y mental, un mayor aislamiento social, inseguridad financiera, una menor calidad de vida y unas mayores tasas de muertes prematuras. Los adultos mayores con actitudes negativas sobre el envejecimiento pueden vivir 7,5 años menos que los que tienen actitudes positivas. Además, se estima que 6,3 millones de casos de depresión en todo el mundo son atribuibles al edadismo.

NACIONES UNIDAS ADVIERTE QUE EL EDADISMO AFECTA A MILLONES DE PERSONAS Y CONSTITUYE UN PROBLEMA GRAVE DE DERECHOS HUMANOS

En algunas sociedades, los sistemas sanitarios reducen los cuidados a largo plazo reduciendo los recursos destinados a la patología crónica o excluyendo a los adultos mayores de ciertos tratamientos. A esto se suman otras desventajas como la dificultad para acceder a servicios en los que la transformación tecnológica impone elementos comunicativos que suponen una brecha digital, así como prejuicios relacionados con el sexo, la raza y la discapacidad.

Una idea bastante común es que las culturas orientales (China, India, Japón, Filipinas, Vietnam…) muestran hacia los mayores un respeto superior que en las culturas anglófonas (Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos) y en Europa. Concretamente, Japón, conocido por celebrar el Día del Respeto a los Ancianos y por la longevidad de su población, es uno de los países donde los mayores son más valorados. No obstante, un análisis realizado por la OMS en 57 países encontró que las culturas anglófonas y Europa mostraban un mayor aprecio por las personas mayores. Aun así, la propia OMS advierte que, cuando se habla de edadismo, no conviene hacer generalizaciones geográficas.

Concepto social

La consideración de persona joven o mayor depende en gran medida del contexto y el entorno cultural. Una persona de 18 años puede ser demasiado mayor para aprender a ser gimnasta de competición y, a la vez, demasiado joven para ocupar un puesto político de gran responsabilidad. Las distintas culturas difieren también entre sí en lo que respecta a lo que se considera vejez, edad mediana y juventud. Hace un siglo, en Europa occidental y América del Norte, la vejez comenzaba mucho antes que hoy, mientras que sigue abierto el debate sobre la necesidad de fijar el umbral de la tercera edad más allá de los 65 años, porque esta edad biológica ya no se corresponde con la imagen real del envejecimiento.

LOS ADULTOS MAYORES CON ACTITUDES NEGATIVAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO PUEDEN VIVIR 7,5 AÑOS MENOS QUE LOS QUE TIENEN ACTITUDES POSITIVAS

De forma inconsciente, los pensamientos relacionados con la edad, incluidos los edadistas, se asimilan desde la primera infancia. El informe de la OMS destaca que, a partir de los 4 años, los niños perciben los estereotipos existentes en su cultura respecto a la edad mediante las señales que captan de las personas que tienen a su alrededor. Curiosamente, se hizo un experimento que consistía en enseñar a niños de infantil y primaria dibujos que representaban a un hombre en cuatro etapas de la vida, y dos tercios del alumnado consideraron al hombre de mayor edad indefenso, incapaz de cuidar de sí mismo y pasivo.

Cómo se manifiesta

El edadismo se expresa en tres niveles que se potencian mutuamente: institucional, interpersonal y autoinfligido.

El edadismo institucional se refiere a las leyes, regulaciones, normas sociales y políticas que limitan injustamente las oportunidades en función de la edad. También incluye ideologías que las instituciones fomentan para justificar su edadismo. Es probable que la ciudadanía no perciba este edadismo porque esas reglas llevan mucho tiempo vigentes y se consideran normales. Son un ejemplo de ello las políticas en el sector de la salud que permiten limitar la atención sanitaria en función de la edad, las prácticas de contratación discriminatorias, o las edades de jubilación obligatorias en el sector laboral.

El edadismo interpersonal tiene lugar durante las interacciones entre dos o más personas. Aquí destacan la falta de respeto, tratar con superioridad a las personas mayores o jóvenes, no tener en cuenta sus puntos de vista en la toma de decisiones, o utilizar un vocabulario demasiado sencillo al interactuar (infantilismo) pensando que tienen menos capacidades.

El edadismo autoinflingido es el que una persona se aplica a sí misma cuando interioriza los sesgos basados en la edad que se dan en su cultura. Es el caso de las personas veinteañeras que piensan que son demasiado jóvenes para un determinado puesto de trabajo y por ello no lo solicitan. También están en esta categoría las personas mayores que no ven posible aprender nuevas competencias en una fase avanzada de la vida y descartan matricularse en la universidad o en otro tipo de formación; o aquellos que consideran sus capacidades mermadas por haber cumplido una determinada edad.

Este tipo de pensamientos tienen consecuencias. Diversos estudios demuestran que las personas con una idea negativa sobre su edad obtienen un peor rendimiento en pruebas de memoria o físicas que quienes tienen un estereotipo de edad neutral o positivo. De manera similar, se ha detectado que cuando las personas mayores son expuestas a una discriminación por edad en forma de discurso condescendiente, sus resultados cognitivos son peores.

UN EJEMPLO DE EDADISMO SON LAS POLÍTICAS EN EL SECTOR DE LA SALUD QUE PERMITEN LIMITAR LA ATENCIÓN SANITARIA EN FUNCIÓN DE LA EDAD

Elevado coste

Se sabe que el edadismo tiene además un alto coste económico para la sociedad, aunque son pocos los países en los que se ha valorado este impacto. El primer estudio sobre la carga económica que supone se publicó en Estados Unidos en 2020. Una de las conclusiones fue que, en una empresa con 10.000 empleados, la desafección del personal a causa de la discriminación por la edad llevó a aproximadamente 5.000 días de absentismo laboral no justificado y a una pérdida salarial de unos 600.000 dólares. También se calculó el coste anual del edadismo en Estados Unidos en los ocho trastornos de salud más costosos para las personas de más de 60 años. Estos trastornos son: enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, trastornos osteomusculares, traumatismos y lesiones, diabetes mellitus, enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, trastornos mentales y enfermedades no transmisibles. El estudio indicó que la percepción negativa del envejecimiento por parte de las propias personas mayores conlleva un gasto anual de 33.700 millones de dólares; mientras que los estereotipos negativos respecto a la edad cuestan 28.500 millones de dólares al año.

En Australia, se calcula que, si un 5% más de personas mayores de 54 años tuviera trabajo, se generarían cada año 48.000 millones en la economía del país.

CUANDO LAS PERSONAS MAYORES SON EXPUESTAS
A UNA DISCRIMINACIÓN POR EDAD EN FORMA
DE DISCURSO CONDESCENDIENTE, SUS RESULTADOS COGNITIVOS SON PEORES

Qué hacer

La lucha contra el edadismo significa cambiar la forma en la que pensamos y actuamos en relación con la edad propia y de los demás. Una de las prioridades de la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030 es combatir el edadismo. Por ello, Naciones Unidas instó a la OMS a elaborar, en colaboración con otros asociados, una campaña mundial de lucha contra el edadismo que se lanzó en 2021. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de los 194 Estados miembros de la OMS y tiene como objetivo cambiar la narrativa en torno a la edad y el envejecimiento, así como ayudar a crear un mundo para todas las edades.

Se recomienda poner en marcha tres estrategias cuya eficacia está demostrada:

• Políticas y legislación que aborden la discriminación y la desigualdad por motivos de edad, así como la legislación relativa a los derechos humanos.
• Intervenciones educativas en todos los niveles y tipos de educación. Las actividades formativas ayudan a mejorar la empatía, a disipar las ideas erróneas sobre los distintos grupos de edad, y a reducir los prejuicios al proporcionar información precisa y ejemplos para contrarrestar los estereotipos.
• Favorecer el contacto intergeneracional para acabar con los estereotipos entre grupos de cualquier edad.

En España se están promoviendo cada vez más campañas desde el ámbito público y privado para que calen en la sociedad los mensajes contra el edadismo en los medios de comunicación y redes sociales, entre otros canales.

En lo que respecta a los mayores, el Ministerio de Sanidad recuerda la importancia de comprender que el envejecimiento es una etapa más de la vida y que los cambios de edad deben ser siempre respetados. También aboga por la participación informada de las personas mayores en la toma de decisiones, especialmente en aquellas en las que están implicadas.

Al mismo tiempo, es fundamental aprender a utilizar el lenguaje de forma cuidadosa para no transmitir ideas o sensaciones incómodas. Algunas palabras como “anciano” o “viejo” suelen asociarse con estereotipos que hacen ver a las personas mayores frágiles y dependientes. Del mismo modo, la palabra “infantil” se asocia a menudo con la idea de que las personas jóvenes son inmaduras.

Otro gran reto es acabar con el elderspeak o habla para personas mayores, muy frecuente no solo en la familia, sino también entre los cuidadores. Al hacerse mayores, las personas notan cómo se les empieza a hablar de forma diferente, como si no comprendieran lo que se les está diciendo. Observan que los demás elevan su tono de voz, les hablan más despacio o les dicen frases más cortas. Mención aparte merecen las conversaciones en tono infantil (“hola Luisita, ¿qué tal estás, bonita?”, “vamos a darte una duchita antes de salir a la calle”). La solución es tan sencilla como tratarlos de igual a igual.

EN AUSTRALIA, SE CALCULA QUE SI UN CINCO POR CIENTO MÁS DE PERSONAS MAYORES DE 54 AÑOS TUVIERA TRABAJO, SE GENERARÍAN CADA AÑO 48.000 MILLONES EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS

Por otro lado, se va imponiendo en la publicidad, el cine y las redes sociales la presencia de modelos, actrices, actores e influencers mayores, sobre todo mujeres, a quienes la edad dejaba fuera de escena hace unos años. Numerosas voces de Hollywood y, por supuesto, del cine español, luchan para acabar con la invisibilidad a partir de cierta edad. Mujeres que lucen orgullosas sus canas y muestran con naturalidad el paso del tiempo son hoy modelos habituales en marcas de cosmética y moda, rompiendo así con estereotipos frustrantes e irreales. Igualmente, en las redes sociales gozan de gran aceptación mujeres que demuestran cómo se puede ser un referente de estilo a cualquier edad.

En el mundo de la política, candidatos octogenarios conviven con otros muy jóvenes, pero los prejuicios edadistas siguen muy arraigados. En Estados Unidos la edad ha obligado al presidente Biden (80 años) a dar explicaciones sobre el estado de su memoria por presentarse a la reelección. La edad también ha hecho que su oponente Donald Trump (76 años) sea objeto de críticas. Un aspecto positivo es que, a pesar de todo, siguen adelante con sus candidaturas, algo que años atrás era casi impensable. Basta recordar que, Eisenhower, que llegó a la Casa Blanca con 62 años, admitió en sus memorias que dudó sobre presentarse a la reelección con 66 años por temor a ser demasiado mayor.