En busca de la alimentación perfecta

CONSUMO

En busca de la alimentación perfecta

Una buena alimentación es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mejor baza para prevenir numerosas enfermedades. Basándose en evidencias científicas, los expertos de este organismo nos recuerdan que “una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición, en todas sus variables, y de dolencias como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer”.
MARIÁN LEZAÚN

Alimentarse de forma adecuada requiere conocer cuáles son los alimentos que se adaptan mejor al ritmo metabólico de cada persona. Pero los nutricionistas no se ponen de acuerdo: están los que defienden las cinco ingestas diarias, los que avalan dietas restrictivas, los que proponen la alimentación intuitiva o los que promueven el ayuno intermitente. En lo que sí coinciden estos expertos es en reconocer que la mejor alimentación es aquella que nos hace sentir bien.

La alimentación humana está llena de mitos, creencias, costumbres, tradiciones, desigualdades y dudas. Por eso, comer cinco veces al día, ponerse a dieta, practicar el veganismo, el vegetarianismo, la alimentación cetogénica, eliminar productos determinados o hacer ayuno intermitente depende de las necesidades de cada persona y también del entorno en el que se encuentre. En cualquier caso, son los nutricionistas los que pueden darnos las pautas para alimentarnos de la mejor manera posible, teniendo en cuenta factores como nuestro estado de salud, nuestra edad, sexo, profesión y hábitos de vida. Sin embargo, hacerlo bien solo depende de nosotros mismos.

Ojo con las modas

Así, partiendo de esa premisa, también es cierto que en los últimos años vemos cómo numerosos actores, deportistas, personajes famosos y hasta empresarios como Elon Musk, el fundador de Tesla, publicitan las ventajas del ayuno intermitente como uno de los grandes remedios para perder peso y recuperar la salud. Sus defensores argumentan que cualquier persona sana puede practicar esta forma de alimentarse porque se trata solamente de un cambio de hábitos y no de una dieta exigente o restrictiva como pudiera parecer. Quizá esta es una de las razones que le han llevado a ganar adeptos y que hace que los llamados comedores intuitivos, es decir, los que se guían por la sensación de hambre, sean cada vez más numerosos. Pero, como dice Néstor Sánchez, experto en psiconeuroinmunología de la Clínica Regenera, su práctica requiere un plan y unas pautas para hacerlo de manera correcta. “El ayuno necesita supervisión, entrenamiento y buenos hábitos nutricionales para ser realmente efectivo. No se trata solo de dejar de comer durante la noche, sino que se trata de comer bien y saber qué es lo que nuestro cuerpo necesita en cada momento”.

 


ALIMENTARSE DE FORMA ADECUADA REQUIERE CONOCER CUÁLES SON LOS ALIMENTOS QUE SE ADAPTAN MEJOR AL RITMO METABÓLICO DE CADA PERSONA


 

Para Sánchez, que también es autor, junto a Carlos Pérez, del libro Ayuno Intermitente, uno de los grandes retos en el tema de la alimentación es acabar con la costumbre de comer sin hambre. “Esto provoca que, por lo general, nuestro cuerpo se inflame, que se confunda, que comamos nutrientes de escasa calidad y que perdamos salud”, apunta. Para él, el ayuno es un tema tan fisiológico que lo único que requiere es atención y saber qué es lo que nuestro cuerpo espera en cada momento: movimiento, descanso y una alimentación saludable. De la misma opinión es Karen de Isidro, nutricionista y miembro de Doctoralia: “si no te apetece desayunar, porque tu organismo necesita un descanso, no hay que hacerlo porque nos han enseñado desde pequeños que la primera comida del día es la más importante. Debemos personalizar la alimentación a las demandas de nuestro metabolismo particular”.

¿Comer cinco veces?

De hecho, Aitor Sánchez, nutricionista y responsable del blog midietacojea.com, reconocía en una entrevista en el diario La Vanguardia, que “nunca ha habido justificación científica para decir que hay que hacer cinco comidas al día. Es una recomendación que se popularizó (en los años setenta) para evitar que hubiera muchos picos de azúcar durante el día y que no tuviéramos tanta hambre (al llegar a las comidas principales). Pero la aplicación práctica es que la gente se ha puesto a comer entre horas cosas superfluas”. Y así es imposible que la dieta sea sana. Para este experto, no pasa nada por llegar con hambre a la cena si lo que se cena son nutrientes de calidad. Como recuerda Rubén Bravo, portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, “en general, comemos tres veces más de lo que necesitamos, según datos de la OMS y ya hay un 64% de españoles que considera importante rebajar la cantidad de alimentos que suele comer cada día”. “Es cierto que, para muchas personas, no es necesario hacer cinco ingestas y menos si no se eligen los alimentos adecuados”, aclara Bravo. Además, hay que tener en cuenta que no todas las personas hacen dieta con el mismo objetivo: unos buscan perder peso, otros ganar masa muscular y otros, simplemente, sentirse mejor y tener más energía. De todos modos, Bravo, recomienda huir de las modas y seguir las recomendaciones. “Hay dietas, como la cetogénica, en la que las personas entran en cetosis (producir la energía a partir de la grasa cuando no hay glucosa disponible) y esto debe estar vigilado por un especialista”, apunta Bravo. También dejar de comer durante muchas horas puede provocar este efecto.

 


UNA DIETA QUE NO ESTÁ SUPERVISADA POR UN PROFESIONAL PUEDE LLEVAR A MÁS TRASTORNOS ALIMENTICIOS Y PROBLEMAS METABÓLICOS


 

Por eso, el ayuno, tan viral en estos momentos, “ni es bueno para todo el mundo, ni ha demostrado beneficios a largo plazo, ni existen resultados sobre mortalidad o situaciones de salud importantes como las que se le atribuyen (enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, etc.)”, apunta Francisco Botella, coordinador del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. No obstante, los informes que existen en la actualidad son todavía insuficientes. “A pesar de que el ayuno se practica desde los orígenes de la civilización, no fue hasta el siglo XX cuando empezaron a realizarse investigaciones más profundas”, señala De Isidro. Una recopilación de análisis sobre este método, publicado en la revista Annual Review of Nutrition en 2017, encontró que once de los ensayos clínicos que pusieron a prueba el método reportaron cierta pérdida de peso, pero también apuntaron algunas pegas como hambre intenso o malas prácticas. “Además, en la práctica clínica se observa que no todas las personas tienen un buen resultado”, explica Laura Isabel Arranz, nutricionista y promotora de la llamada dieta lógica. “Existen estudios como el de New England Journal of Medicine, que indican que no se debe practicar como una estrategia para pérdida de peso ya que no aporta tantos beneficios en este caso”, advierte De Isidro. Para esta nutricionista una dieta que no está supervisada puede llevar a más trastornos alimenticios y problemas metabólicos. Además, si se ayuna, pero después se ingieren alimentos altos en grasas y calorías vacías al final el resultado es igual de perjudicial.

Y es que hay que tener en cuenta que comer sin saber realmente qué necesitamos también tiene sus riesgos. En opinión de los expertos, el mayor riesgo es comenzar una dieta sin el control de un dietista-nutricionista y sin seguir una pauta saludable.

Elegir la dieta adecuada

Un estudio de la Universidad de Harvard sobre las dietas más eficaces concluía que cualquier dieta puede funcionar en unas personas y en otras no, debido, fundamentalmente, a las diferencias genéticas y al estilo de vida de cada una. Según la institución parece que no existen las recetas milagrosas sino la buena costumbre de comprar alimentos de calidad y comer de manera sencilla. De la misma opinión son todos los expertos consultados por Escritura Pública y que aseguran que la alimentación depende de muchos factores y que si lo que se quiere es perder peso y mejorar la salud el primer paso es contar con el asesoramiento adecuado. La recomendación actual pasa porque el plan alimentario se adapte a nuestros horarios, nuestros gustos, nuestro apetito y los alimentos naturales y propios del entorno en el que vivimos.
En general, comemos tres veces más de lo que necesitamos, según datos de la OMS.

Cuidado con el ayuno

“El ayuno intermitente no soluciona los problemas de una mala alimentación si no cambiamos de hábitos”, advierte la nutricionista Laura Isabel Arranz. Incluso puede provocar algunos efectos secundarios un tanto desagradables, pero que desaparecen con el tiempo. Además de hambre, los expertos señalan cansancio, insomnio, náuseas y dolores de cabeza. De esta manera, existen casos en los que se desaconseja el ayuno por diversos motivos. Según Arranz, no deberían practicarlo las mujeres embarazadas ni lactantes, los menores de doce años, los trabajadores a turnos, las personas con un historial de trastornos alimenticios o las personas que tengan un índice de grasa corporal muy bajo. Tampoco aquellas personas que deben combinar medicación con alimentos en las horas dedicadas al ayuno. Néstor Sánchez, experto en psiconeuroinmunología de la Clínica Regenera, añade a “aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica o que padecen hipotiroidismo”.

Francisco Botella, coordinador del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, considera que “estar muchas horas sin tomar alimentos puede ocasionar nerviosismo, cefalea, dificultades para dormir o de concentración que pueden ser relevantes en determinadas situaciones. Asimismo, puede dificultar bastante las relaciones sociales o la dinámica de la vida familiar; según los casos”.

Para saber más

OMS: En la página de la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos dan las pautas para seguir una alimentación saludable en las diferentes etapas de la vida. También se incluye información sobre cómo promover esa alimentación en la sociedad.

SEEN: La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición dispone en su página web de numerosos estudios sobre nutrición y de artículos y publicaciones de actualidad.

“El desperdicio alimentario y la responsabilidad”, por Olga Ruiz Legido

CONSUMO

OLGA RUIZ LEGIDO,
presidenta Facua

"Deben preverse soluciones normativas que combatan el desecho de alimentos por la propia estética de los productos en toda la cadena de alimentación"

El desperdicio alimentario y la responsabilidad

Los modelos de producción y consumo lineales, sobre los que pivotan la mayor parte de las economías y sustentados en patrones basados en la extracción creciente de recursos naturales para su transformación en alimentos, su consumo y posterior desecho, son modelos saqueadores de recursos y generadores de cada vez mayores impactos medioambientales y sociales.

Esto pone en evidencia desde hace décadas la necesidad de transitar hacia un modelo de economía circular. Un modelo circular que priorice un uso más eficaz y sostenible de los recursos del planeta; que minore las pérdidas y los desperdicios; que combata el impacto que generan las actuales fórmulas de producción, distribución, consumo y gestión de residuos; y que, por ende, contribuya a la eficiencia de los sistemas alimentarios y la neutralidad climática.

Según el informe El estado mundial de la alimentación y la agricultura de 2019 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el desperdicio alimentario, solo entre las fases de la postcosecha y la venta minorista se pierde hasta el 14% de la cantidad de alimentos que se producen en el mundo. Estas pérdidas, y el desperdicio añadido en fases posteriores de la cadena alimentaria, responden a un funcionamiento deficiente de los sistemas alimentarios, que genera un importante impacto en nuestro planeta en un contexto, además, de dificultad de acceso a los alimentos de millones de personas por sus altos precios.

Las enormes cotas de pérdidas y desperdicio alimentario son resultado de un modelo económico y comercial que asienta sus pilares fundamentales en la superproducción, la deslocalización, la globalización y el consumo masivo de recursos, sin tener en consideración la sostenibilidad social, económica y medioambiental de los pueblos. Asimismo, contribuye a la contaminación del medio, al calentamiento global del planeta, a la desertización, a la desigualdad y marginación de grandes grupos de población en el acceso a los alimentos, a la aparición de nuevos problemas de salud y a la explotación laboral.

En España se encuentra en fase de tramitación parlamentaria el anteproyecto de ley para combatir el desperdicio de alimentos. Una norma necesaria que reconoce expresamente en su exposición de motivos que reducir drásticamente el volumen de pérdidas y desperdicio alimentario es un imperativo moral de los poderes públicos y de todos los operadores de la cadena de suministro. El texto también reconoce que las medidas de concienciación no son suficientes para generar el cambio y que es preciso acompañarlas de importantes reformas estructurales en la cadena de elaboración, transformación y suministro de productos alimentarios y de un decidido impulso y compromiso social y político para que pueda acometerse la decisiva transformación que la realidad actual exige.

Los cambios en el modelo actual pasan por desarrollar y fomentar canales cortos de venta en toda la cadena alimentaria, el comercio de proximidad y la adquisición en origen de alimentos. También deben articularse instrumentos y acciones que contribuyan a la sensibilización y formación de las personas consumidoras para la adaptación de sus niveles de consumo a las necesidades reales que presenten.

Deben preverse soluciones normativas que combatan el desecho de alimentos por la propia estética de los productos en toda la cadena de alimentación, poniendo en marcha, adicionalmente, políticas específicamente orientadas a los productores y a sensibilizar a los consumidores sobre las consecuencias que derivan de decisiones de consumo que giran en torno al rechazo de productos «feos» o «poco estéticos», y a informar que, a priori, una estética «imperfecta» no determina la pérdida de propiedades nutricionales de los productos alimentarios.

También acciones formativas y de concienciación social dirigidas a la población en su conjunto que incidan en la necesidad de planificar las compras, promuevan la actitud crítica de la ciudadanía frente al consumismo y sus técnicas (el marketing y la publicidad) y conozcan el significado y alcance de las fechas de caducidad y de consumo preferente de los productos.

La norma también debería priorizar la donación gratuita de excedentes por parte de todos los operadores de la cadena alimentaria, excedentes de alimentos comestibles y aptos para el consumo humano a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. Debería incorporarse, además, una definición clara y desinteresada de «excedentes de alimentos», de modo que comprenda todos aquellos alimentos que, siendo comestibles y aptos para el consumo humano, su pérdida o desperdicio no hubiera podido prevenirse por los agentes de la cadena alimentaria.

Un aspecto controvertido del actual anteproyecto de ley es la posibilidad de comercializar alimentos con fecha de consumo preferente vencida en puntos de venta finales a precios reducidos. Esta medida, practicada hoy en algunos países europeos, corre el riesgo de consolidar la existencia de mercados de alimentación paralelos en los establecimientos de comercio al por menor: una línea de productos de calidad dentro de fecha de consumo y destinado a consumidores con capacidad económica y otra línea de venta de productos de menor calidad, fuera de fecha de consumo preferente, destinada a consumidores vulnerables y de escasos recursos económicos. Las personas desfavorecidas accederían a productos de peor calidad, de manera que podría resultar comprometida la seguridad alimentaria y se agrandaría la brecha de la desigualdad.

La transparencia y la publicidad en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones y los compromisos asumidos por los distintos agentes de la cadena alimentaria para la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos se configuran como elementos que pueden coadyuvar al cumplimiento de objetivos y operar, a la vez, como factores que disuadan de los incumplimientos. De esta forma, las industrias alimentarias, los establecimientos de comercio al por menor (con una superficie de, al menos, 400 metros) y los establecimientos de hostelería y restauración, deberían publicar información concreta sobre el destino de sus excedentes alimentarios y las donaciones llevadas a cabo a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, con al menos periodicidad anual.

Resulta urgente un impulso en la tramitación del anteproyecto de Ley e implementar medidas que actúen frente al problema y que contribuyan a la transformación eficaz del actual sistema de producción, transformación y distribución de alimentos. También es preciso revisar y cuestionar prácticas de comercialización y consumo y definir la responsabilidad de cada sujeto de la cadena alimentaria y cómo puede contribuir a paliar o minorar la situación y sus efectos.

Precios sin límite

CONSUMO

Precios
sin límite

Los precios de la energía y el de los alimentos básicos se han disparado en los últimos meses.
Durante el verano muchas familias españolas han intentado dejar de lado los presupuestos domésticos más rigurosos y disfrutar de un tiempo con menos restricciones sanitarias y algo más de diversión. Sin embargo, el alza de los precios no ha dado mucha tregua y la vuelta de las vacaciones será complicada para la mayoría de los hogares.

MARIÁN LEZAÚN,

Además del precio de los carburantes, en niveles desconocidos en nuestro país durante este año, hay que tener en cuenta el precio de la energía y el de los alimentos básicos que se han disparado en los últimos meses. Con este escenario, los expertos auguran cambios en los hábitos de consumo y también en el estilo de vida.

Suben los precios sin parar. En todos los productos, en todos los servicios… Algunas organizaciones de consumidores, como la OCU, recogen hasta 500 euros más de gasto en alimentos y productos básicos de limpieza y hogar durante este año. Una escalada que nos ha llevado a niveles de inflación ya olvidados (incluso por encima del 10%) y que recuerdan a los peores años de la economía. Se calcula que la espiral inflacionista podría mermar la renta disponible de los hogares españoles en 16.700 millones de euros y reducir el consumo y crecimiento económico de los próximos meses. Así, mientras los precios suben, consumidores y expertos buscan soluciones para afrontar esta pérdida de poder adquisitivo de la mejor manera posible y sin agotar los ahorros acumulados durante la pandemia. Porque habrá que esperar hasta finales del año que viene para ver cierta contención en la inflación y una vuelta a la normalidad en el consumo doméstico. Los expertos coinciden en sus previsiones, pero los consumidores no lo ven tan claro y se muestran más pesimistas.

“Existe consenso en que, el año que viene, los precios serán sustancialmente menores que los vividos en 2022 y que 2023 lo cerraremos con la inflación ya reconducida, entre otras razones por el anunciado endurecimiento de la política monetaria, la previsible ralentización del alza y el efecto escalón estadístico (se produce este efecto cuando la estadística anterior es muy marcada, lo que hace que la siguiente se vea menor)”, explica Gregorio Izquierdo, director del departamento de Economía de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). De la misma opinión es María Romero, responsable del área de Economía de la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI). Según Romero, “el año que viene veremos una mayor contención de la inflación, debido al efecto de las políticas implantadas por los bancos centrales europeos y por el impacto de los fondos europeos en nuestra economía (una inyección de hasta 800.000 millones de euros)”. No obstante, Romero añade que, de cara a 2023, “las perspectivas deben de ser sobre todo prudentes porque es cierto que durante el verano los consumidores nos hemos relajado un poco con el gasto y ahora hay que prepararse para un invierno que no será fácil”.

Lastre para las familias

Para los consumidores, la principal preocupación es ver que realmente los precios dejan de subir porque una inflación por encima del 10% lastra la mayoría de los planes de las familias y de las empresas. Muy pocas personas están dispuestas a invertir en productos y servicios que pueden posponerse y cuyos precios eran menores hace escasos meses. Y es que la subida continuada de los precios se ha generalizado en todos los ámbitos. Una encuesta realizada en el mes de junio por la OCU, arroja que «cuatro de cada cinco encuestados considera que los precios de la energía y los carburantes seguirán subiendo. De ahí que dos de cada tres, una significativa mayoría, tengan miedo a gastar y prefieran ahorrar para prevenir tiempos más difíciles», señalan. Pero también suben, según el INE, los precios de los hoteles, los restaurantes y el ocio que harán que muchos ciudadanos reduzcan el consumo de estos servicios a lo estrictamente necesario. Para Romero, “el problema es que este tensionamiento de los precios afecta al consumo de todos los productos, no solo los que son menos sensibles a las rentas, y no sabemos cuándo va a parar porque la situación internacional no es buena y sigue existiendo ese componente de incertidumbre, que hace que la economía no avance”. No obstante, según Izquierdo, “ya hemos pasado lo peor en materia de precios, y a partir del otoño empezaremos a ver una senda gradual de corrección de la inflación, pero para ello sería necesario que asistamos a una cierta normalización, o al menos a un no empeoramiento del actual contexto geopolítico”. “El único punto de apoyo viene ahora de los fondos europeos y del compromiso del BCE de mantener la inflación a raya en el entorno del 2%”, explica Romero, así que veremos cómo se traslada esto a los precios y a la actividad económica.

 


LOS CONSUMIDORES BUSCAN SOLUCIONES PARA AFRONTAR ESTA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO


 

Con estos datos, los consumidores siguen preparados para lo peor. No es de extrañar, después de meses tirando de ahorros y haciendo malabares con las cuentas. En ningún momento se contempla un escenario como el vivido en la crisis de 2008, aclaran desde AFI, pero la cautela debe mantenerse. “Además, el ahorro financiero en España no despega, ya que los consumidores siguen apostando por el sector inmobiliario”, dice Romero, lo que hace que la liquidez de las familias se reduzca. Por eso, ante la incertidumbre es normal que se mantenga la contención en el gasto, con lo que eso también supone para la reactivación de la economía que pasa por momentos muy complicados.

Medidas oficiales para apoyar a las familias

Hasta finales de año estarán vigentes las medidas urgentes que el Gobierno aprobó en junio para paliar los efectos de la crisis derivada de la guerra de Ucrania y del aumento de la inflación, pero que aún no se han materializado. Entre las medidas más populares están los 200 euros directos para los salarios más bajos y los desempleados, así como la reducción del IVA de la electricidad en un 5% y los descuentos del abono transporte. Todavía es pronto para saber el impacto real que estas medidas podrían tener en el bolsillo de los españoles, que pretenden ayudar a los más desfavorecidos que han visto mermado su poder adquisitivo de manera drástica.

Impacto de la inflación en el empleo

La mayor parte de las empresas están soportando en su cuenta de resultados el aumento de los costes con las consiguientes pérdidas incurridas. “En un contexto de desconfianza, elevada incertidumbre, de mayores costes empresariales y previsible endurecimiento también de costes financieros, la creación de empresas se ve muy perjudicada, lo que a su vez ralentiza el aumento del empleo y la actividad consecuencia del crecimiento empresarial y del flujo de creación de empresas”, explica Gregorio Izquierdo, director del Departamento de Economía de la CEOE. Para este experto, la economía española se ve perjudicada por una doble pinza contractiva, por un lado, por el encarecimiento de los costes financieros y, por el otro, por el aumento de los costes de las materias primas y la energía, que estamos obligados a importar. “Ambos fenómenos son muy negativos y van a condicionar la evolución de nuestro superávit exterior, que a su vez era uno de los soportes de la continuidad de nuestro proceso de recuperación”, añade Izquierdo. En este contexto, resulta obligado que la política económica asuma un mayor protagonismo en la mejora de la competitividad, tanto por la vía de la reducción de los costes, como por el camino de facilitar la adaptación de nuestras empresas al nuevo entorno que se les presenta.

Para saber más

Bankinter: La entidad financiera analiza los cambios que se están produciendo en la cesta de la compra de los españoles debido al incremento continuado de los precios.

OCU: La Organización de Consumidores y Usuarios ha analizado los productos que más han subido en los últimos meses.

Funcas: El centro de análisis de las antiguas cajas de ahorro ha elaborado un informe de las previsiones para el año que viene que auguran un escenario pesimista.

“Una situación insostenible”, por Fernando Móner

CONSUMO

FERNANDO MÓNER,

Presidente de CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios)

"Esta situación es insostenible y necesita de acciones y herramientas con carácter urgente que permitan respirar a cientos de miles de familias"

Una situación insostenible

Nadie puede decir que nos ha cogido por sorpresa esta escalada de precios. Nadie puede quejarse de que ha sido provocada por circunstancias desconocidas y extraordinarias. Nadie, sobre todo los políticos (principalmente los que nos gobiernan) pueden escudarse en que es un problema global con soluciones que escapan de sus manos.

Ya el pasado verano avisábamos del tsunami que se avecinaba tras el explosivo incremento de la factura energética, puesto que no hay sectores, productos o servicios que se escapen a tener la energía (principalmente la eléctrica) como elemento muy tangible en su tabla de gasto y, por ello, era razonablemente esperado que más pronto que tarde empezasen a modificar precios finales en productos y servicios. Y posiblemente la falta de iniciativa de nuestros gobernantes (españoles y europeos) ha hecho que esa inflación que está golpeando fuertemente nuestros bolsillos y que está mermando diariamente nuestra capacidad adquisitiva se haya desbocado a niveles de dos dígitos y sin atisbar a corto plazo una solución que ponga freno a esta escalada de preocupante pendiente alcista.

Y, aunque todo incremento de precios es preocupante, hay ejemplos que ilustran mejor esta situación: por un lado, el caso de los combustibles, donde podemos ver cómo, a partir de la fecha en que se puso en marcha esa bonificación generalizada a la hora de repostar combustible, hemos podido observar récords continuos y semanales de precios históricamente altos hasta llegar a superar con creces los 2€ el litro, cuando no hay base real y clara que justifique ese brutal incremento; o el caso de la factura eléctrica, donde somos víctimas de un sistema tarifario que genera beneficios millonarios a unas compañías a costa de pagar el megavatio a un precio muy superior al del coste de generarlo. O también el caso de la cesta de la compra de alimentos y gran consumo, donde estudios e informes de alguna de nuestras organizaciones han constatado que la mayoría de productos alimenticios han tenido desde diciembre de 2021 hasta junio de 2022 incrementos de precios que van desde el 8/9% (pollo, conejo, miel, cerdo…) hasta un 20/30% (leche, aceite, arroz…) e inclusive algún producto estacional desde junio de 2021 a junio de 2022 con incrementos superiores al 40% (sandía) o al 100% (melón). Si analizamos estos precios y los comparamos con los incrementos de renta que tuvimos pensionistas, jubilados, trabajadores, autónomos, etc. y que en el mejor de los casos pudo estar sobre el 5%, todo lo que supere ese 5% significa pérdida de poder adquisitivo. Y a la mayoría de familias les da miedo coger la calculadora y verificar cuantos cientos o miles de euros de más les supone comprar lo mismo que el año pasado.

Esta situación, desde luego, es insostenible y necesita de acciones y herramientas con carácter urgente que permitan respirar a cientos de miles de familias, que eviten cambios en los hábitos alimenticios menos equilibrados nutricionalmente y que continúen beneficiándose unos pocos con el sufrimiento de muchos. Las administraciones públicas tienen medios para investigar, controlar y decir si todo lo que está pasando está justificado (también ética y moralmente hablando) o, por el contrario, hay sectores, empresas, etc. que están haciendo su agosto.

Y, mientras, sería muy bueno mejorar las condiciones de acceso a productos y servicios esenciales de las personas más vulnerables, ampliando el abanico de beneficiarios; estudiar la presión fiscal que hay sobre determinados productos y servicios para actuar de manera temporal o definitiva bajando esa presión fiscal en determinados momentos y situaciones; potenciar cambios en sistemas tarifarios y en ofertas energéticas que nos permitan producir energía más barata y dar herramientas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que incremente su capacidad investigadora para dar luz a situaciones faltas de transparencia.

Asimismo, es el momento de la ética y la responsabilidad, pidiendo a cada empresa, a cada profesional, a cada administración que aplique las subidas estrictamente necesarias y que asuma cada uno lo que razonablemente pueda de esta situación inflacionista, porque si cargamos todo (y más) al consumidor final, en pocas semanas veremos una preocupante reducción del consumo interno y, con ello, un perjuicio generalizado a todos.

Las asociaciones de consumidores vamos a seguir investigando, auditando y denunciando a todos aquellos sectores y empresas que quieran beneficiarse de la dramática situación que estamos viviendo, porque las familias que han podido estos últimos meses tirar de los ahorros generados durante los primeros doce meses de pandemia están acabando con ellos y los que no han podido generar ese ahorro están tirando de tarjeta o cambiando de hábitos. Y eso, me temo, no traerá nada positivo.

En pocos meses podremos tener más datos cuando la MPAC (https://mesaparticipacion.com/) publique los resultados de la encuesta de hábitos de compra y consumo que está realizando a más de 3.500 familias españolas y comprobaremos si la época estival ha mejorado o empeorado el preocupante otoño que se nos avecina.

Publicar en internet: derechos y deberes

CONSUMO

PUBLICAR EN INTERNET: DERECHOS Y DEBERES

La persona que comete plagio puede ser condenada hasta a cuatro años de prisión.
Los medios digitales abren un mundo de posibilidades de colaboración, de intercambio de ideas, de inspiración y de formas de compartir contenidos y recursos en red entre creadores de diferentes ámbitos. Sin embargo, esos mismos medios son un campo abierto para aquellas personas sin escrúpulos que se dedican a plagiar y a apropiarse de los trabajos ajenos.

MARIÁN LEZAÚN,

Si bien es cierto que en España no es obligatorio registrar la propiedad intelectual, cuando se publica de manera profesional, conviene hacerlo y evitar problemas. Se trata, al fin y al cabo, de garantizar que nuestras publicaciones tengan el fin que queramos darles.

Desde la llegada de internet y las redes sociales a la vida cotidiana de los ciudadanos, la necesidad de protección de los datos y el trabajo se ha agudizado. Publicar en internet es demasiado sencillo. Tanto que, en ocasiones, nos olvidamos de las consecuencias que eso puede tener si no tomamos las medidas oportunas. Por eso conviene revisar las recomendaciones de los expertos sobre qué, cómo y cuándo publicar determinados contenidos y no subir a la Red lo primero que se nos ocurra. Es la mejor manera de defender nuestros derechos, recogidos en la Carta de los Derechos Digitales que, desde el año pasado, busca proteger la intimidad de las personas y sus derechos, de la misma manera que se hace en el mundo real.

 


AUNQUE EN ESPAÑA NO ES OBLIGATORIO REGISTRAR LA PROPIEDAD INTELECTUAL, CONVIENE HACERLO PARA EVITAR PROBLEMAS


 

Pautas a seguir

Así, si queremos escribir o subir información en internet (textos, fotos, ilustraciones y contenido audiovisual), los expertos de la Oficina de Seguridad Informática (OSI) aconsejan seguir una serie de pautas para proteger nuestros datos personales y también nuestra reputación online. No hay que olvidar que la huella que dejamos en la Red es también nuestra carta de presentación futura y la que hace que seamos más o menos apreciados en el sector en el que trabajamos. Además, en ocasiones, los autores de blogs especializados, canales audiovisuales y cuentas de redes sociales no son conscientes del impacto de sus publicaciones, que pueden ser plagiadas y no siempre con fines lícitos. Por eso, es necesario prestar mucha atención a todo lo que publicamos bajo nuestro nombre, y sobre todo, debemos reconocer siempre la propiedad intelectual de los contenidos que compartimos. De igual forma, en la OSI recomiendan prestar atención a las normas y regulaciones del contenido para no cometer ninguna ilegalidad. Es decir, si usamos obras o creaciones de otra persona, debemos citarla o hacer una referencia, al igual que ocurre con los trabajos académicos. No obstante, existen un conjunto de licencias de derechos de autor que permiten copiar, distribuir, editar e incluso desarrollar contenido, siempre dentro de los límites de la propiedad intelectual y de manera gratuita. Son lo que se conoce como Creative Commons (CC), aunque hay otras organizaciones que las emiten. De hecho, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) lanzó un servicio en línea con el mismo objetivo.

 

La propiedad intelectual

En España, la propiedad intelectual viene regulada en la Ley de Propiedad Intelectual y su protección corresponde al Registro de la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte. La clave son los derechos que tiene el autor sobre su obra desde el momento en el que la crea. Por tanto, el hecho de registrar las obras simplemente servirá como medio de prueba de esa autoría. Así, se considera que estamos ante un caso de plagio online cuando se utilizan textos o contenidos audiovisuales de una página sin el permiso del autor y sin ni siquiera mencionar la fuente de la que proceden esos contenidos.

 


DEBEMOS RECONOCER SIEMPRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS CONTENIDOS QUE COMPARTIMOS


 

“Nuestras publicaciones, ya sean en papel o en digital se pueden depositar en el registro de propiedad intelectual (central o regional), explican desde CEDRO, la asociación que engloba a autores y editores de libros, revistas y otras publicaciones en cualquier soporte. “Este registro no es obligatorio, pero sí conveniente para acreditar la titularidad de derechos sobre una publicación. En CEDRO hemos puesto a disposición de nuestros socios un servicio de registro de obras, gratuito, que está disponible en línea. Con el registro de CEDRO se obtiene un certificado que acredita la existencia de una obra en un determinado momento. De esta manera, los autores se aseguran que podrán denunciar la difusión o publicación de sus obras, independientemente de que se haya registrado legalmente. “Si alguien explota nuestras obras sin nuestro consentimiento podremos perseguirlo, solicitando la cesación e incluso una indemnización, aunque no hayamos registrado nuestras obras, porque el registro no es constitutivo de derechos”, reconocen.

 


ES BUENO CONOCER LAS RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS SOBRE QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO PUBLICAR DETERMINADOS CONTENIDOS


 

¿Dejamos de ser los propietarios de esos contenidos en algún momento? Según explica la portavoz de CEDRO “nunca dejamos de ser propietarios de nuestras obras”. Sin embargo, “si subo mis creaciones a una plataforma o redes sociales administrada por una empresa o un tercero, debo leer sus términos y condiciones porque en ocasiones incluyen cesiones de derechos a su favor sobre las obras que allí comparto”.

En cuanto al castigo por cometer plagio, hay que tener en cuenta sobre todo la intencionalidad del hecho. Según el Código Penal, quien cometa este delito puede ser condenado hasta a cuatro años de prisión. Pero para que sea delito, el autor debe de haber registrado el contenido y el plagiador haber obtenido algún beneficio. En el ámbito académico, el plagio supone un suspenso, la pérdida de un título y, sobre todo, el descrédito profesional.

Que conste en acta

Si eres escritor o creador informático, por ejemplo, los notarios pueden ayudarte a proteger tus obras sí las depositas ante ellos. El notario que elijas redactará un acta notarial de manifestaciones, que es un documento público, en la que dirá que en determinada fecha le hiciste entrega de una/s obra/s que asegurabas haber escrito o creado. El notario no da fe de esa autoría, pero ese acta puede resultar determinante en un proceso judicial si alguien se atribuye su autoría o te la discute. Es una opción muy recomendable para aquellos autores que están en constante renovación, con blogs o páginas web, y también para los creadores de programas y aplicaciones informáticas.

Herramientas para perseguir a los plagiadores

Si no quieres que las obras originales (textos, fotos, ilustraciones o música, etc.) que subes a internet sean utilizadas por cualquier persona y sin hacer referencia a tu autoría existen diferentes herramientas para asegurarte de que eso no ocurra. Muchas de estas herramientas son, además, gratuitas y fáciles de manejar. Son rastreadores de contenido que permiten ver qué se ha plagiado y también en qué cantidad. Una herramienta muy útil para profesores y que se puede utilizar en cualquier ámbito. Entre las gratuitas destaca Docode o Copyscape, aunque también con Google Academics se pueden realizar este tipo de búsquedas.

Para saber más

Carta de Derechos Digitales: El Gobierno adoptó el año pasado este compromiso que iguala los derechos de los ciudadanos y consumidores tanto en el ámbito real como en el digital.

Unión Europea: A pesar de que los derechos de propiedad intelectual e industrial (DPII) se rigen por las diferentes legislaciones nacionales e internacionales, también están sujetos al Derecho de la Unión

«La imagen personal: derecho constitucional autónomo y dato protegido», por Olga Ruiz Legido

CONSUMO

OLGA RUIZ LEGIDO,

Presidenta FACUA

 

"El derecho a la propia imagen ha sido protegido preferentemente incluso cuando entra en colisión con otros derechos constitucionales"

La imagen personal: derecho constitucional autónomo y dato protegido

Internet ha dado lugar a un nuevo espacio público amplificado en el que es fácil perder el control sobre elementos y derechos del ámbito privado. En esta gran ágora digital, las redes y plataformas sociales son herramientas habituales de comunicación y contacto de millones de personas que comparten y difunden a través de ellas imágenes, contenidos y datos relativos a su esfera privada y que una vez subidos a la Red quedan expuestos al uso de terceros.

¿Pierde el usuario el derecho a decidir sobre su propia imagen una vez que la expone en internet? ¿El derecho a decidir sobre su propia imagen, y sobre el uso que se da a la misma, queda restringido o anulado cuando se comparte y difunde a través de una red social?

La imagen de una persona entra en el ámbito de lo que se denominan derechos de la personalidad: derecho al honor, a la imagen y a la intimidad personal y familiar. Son derechos reconocidos en el artículo 18.1 de la CE, Título I “De los derechos y deberes fundamentales”, y están desarrollados en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, que considera como intromisión ilegítima el captar, reproducir o difundir imágenes de una persona en cualquier momento o lugar de su vida privada sin su consentimiento o autorización.

El Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha venido además configurando el derecho a la imagen como un derecho autónomo, desligado por tanto del derecho al honor y a la intimidad y reconociéndole una protección específica frente a reproducciones y usos ilegítimos, aunque estos no lesionen el honor o buen nombre de la persona afectada ni comprometan su intimidad o vida privada (STC 139/2001, de 18 de junio).

El derecho a la propia imagen ha sido protegido preferentemente incluso cuando entra en colisión con otros derechos constitucionales como el derecho a la información. Así, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto, ponderando ambos derechos y garantizando prevalentemente el derecho a la propia imagen en la STC 27/2020, de 24 de febrero, estableciendo que los medios de comunicación no pueden publicar imágenes de un usuario sacadas de sus redes sociales sin su consentimiento expreso.

En esta sentencia, el Constitucional confirma la condena del Tribunal Supremo al periódico La Opinión de Zamora por haber publicado en una portada una fotografía del perfil de Facebook de un hombre para ilustrar un suceso del que fue víctima. El Alto Tribunal sopesa el derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio, pero considera que en este caso no se dan los requisitos para la prevalencia de este último: la imagen publicada no era de interés público y carecía de relevancia para la información que se quería transmitir.

La sentencia, además, incide en el impacto que las redes sociales y las nuevas tecnologías pueden tener en el derecho a la imagen, ya que los usuarios se han convertido en sujetos colaborativos, que interactúan y que ponen en común en redes de confianza […] todo tipo de imágenes, información, datos y opiniones, ya sean propios o ajenos.

En este sentido, el Tribunal Constitucional afirma que este hecho innegable puede suponer que algunos contornos de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen queden desdibujados, y que el funcionamiento de las redes sociales puede suponer una pérdida de control de la información suministrada por el propio usuario pero, advierte el Constitucional: los usuarios continúan siendo titulares de derechos fundamentales y su contenido continúa siendo el mismo que en la era analógica. Afirma así que el reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales comprendidos en el artículo 18 de la Constitución conlleva la potestad de la persona de controlar los datos que circulan en la red social.

Toda persona dispone de la facultad exclusiva de determinar cuándo, cómo, por quién y en qué forma quiere que se capten, reproduzcan o publiquen sus imágenes, controlando el uso que por terceros pudiera darse e impidiendo, si así lo considera, su captación, reproducción y publicación por cualquier procedimiento mecánico o tecnológico, si no cuenta con el consentimiento expreso de aquella.

La imagen constituye también un dato de carácter personal, según la definición dada en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), toda vez que estamos ante información sobre una persona física que permite su identificación a través de características físicas intransferibles y que posibilitan además diferenciarla de otra.

Así, las imágenes, tanto fotos como vídeos, son datos personales cuya difusión y uso en servicios de internet por parte de terceros cuenta también con la protección reforzada del 18.4 de la CE al establecer que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Por ello, su tratamiento debe disponer del consentimiento o la autorización del titular para poder tratarlas y usarlas, ya que de no ser así supondría una vulneración sancionable del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

La Agencia de Protección de Datos presta tutela administrativa en estos casos, habiendo ya sancionado en numerosas ocasiones a particulares por usar, grabar y compartir imágenes de terceros sin su consentimiento a través de redes sociales y plataformas de contactos. Especialmente protegidas están las imágenes de menores, estableciéndose en la LOPDGDD que un menor de 14 años ni siquiera está facultado para autorizar o consentir el tratamiento de sus datos.

La tutela del derecho a la imagen personal puede articularse por tanto a través de distintas vías jurídicas, que permiten perseguir, evitar y, en su caso, resarcir al perjudicado por el uso de imágenes usadas sin consentimiento o sin autorización en internet, y más concretamente en redes y plataformas sociales. Corresponde a la persona afectada por el uso no consentido optar por aquellas que mejor salvaguarda ofrezcan a sus derechos, teniendo en consideración que su decisión inicial de compartir fotografías o vídeos con su imagen en internet no presume su autorización ni dar carta blanca para su uso arbitrario por terceros.

Las marcas blancas ganan espacio en la cesta de la compra

CONSUMO

Las marcas blancas ganan espacio en la cesta de la compra

Los productos de marca blanca pueden ser hasta un 30% más baratos que los del fabricante.
España es, después del Reino Unido, el mayor consumidor europeo de las marcas de distribuidor (MMD), llamadas marcas blancas en lenguaje coloquial. En tiempos de crisis, estos productos han vivido su propio boom y se han posicionado como una alternativa a las marcas tradicionales o de productor (MMP). Además de sus precios más competitivos, la apuesta por valores como la sostenibilidad o los productos ecológicos son hoy sus grandes bazas.

MARIÁN LEZAÚN,

El año pasado, las marcas de la distribución acaparaban una cuota del 38,4% en el mercado de gran consumo (sin frescos perecederos), lo que supone un incremento del 1,2% respecto a 2020, según la consultora Kantar.

El origen de las marcas blancas tuvo lugar en Alemania, en la segunda mitad del siglo XX, cuando después de la 2ª Guerra Mundial, los consumidores buscaban productos de primera necesidad a buen precio. De esa manera, los fabricantes empezaron a comercializar segundas líneas de productos (pastas, arroces, conservas, productos de limpieza, etc.) con envases mucho más sencillos, asépticos y con escaso diseño que dan lugar al popular nombre de marca blanca.

En España la tendencia llegaría unos años más tarde, en la década de los años setenta. Desde entonces, las marcas blancas han tenido su propia evolución y hoy han dejado de ser el producto barato y necesario del pasado para convertirse en una referencia a tener en cuenta por su calidad, su precio, su apuesta por lo ecológico o incluso por ofrecer determinados productos gourmet y premium.


Por ahora, la compra de marca blanca es un acto donde predominan los juicios racionales (precio, calidad, características, cantidad, etc.)


De esta manera, las marcas blancas han pasado de ser una solución ligada a la renta de las familias a una opción más a tener en cuenta dentro de la cesta de la compra. Algunas encuestas elevan hasta un 58% su presencia en la cesta de la compra, si bien es cierto que aún existen ciertas diferencias regionales relacionadas con el poder adquisitivo de las familias, esa línea es cada vez más difusa. “En regiones como Andalucía, Madrid o Levante, donde las cadenas apuestan por empujar sus marcas en los lineales, es donde este tipo de marcas están más desarrolladas”, explica Bernardo Rodilla, experto en Retail en Kantar, división Worldpanel. En Europa, son el Reino Unido y los Países Bajos los que lideran el mercado porque su posición en los lineales es mucho más fuerte.

El precio

“Y aunque el precio sigue siendo un factor muy importante en la compra de este tipo de productos, la presencia constante de estas marcas en los establecimientos les ha permitido escalar puestos, según los parámetros de cualquier otra marca y seguir las tendencias. Y así lo han ido haciendo para poder atraer a más y diversos tipos de clientes”, explica Paco Lorente, profesor en ESIC Business School y director creativo en Sinaia Marketing. Hay que tener en cuenta que las marcas blancas son hasta un 30% más baratas que las marcas de productor, lo que les da una gran ventaja de salida en el momento de la compra. Por eso, cuando lo que se busca es una solución de consumo y no tanto un producto de primera calidad, las marcas blancas son las que ganan.

“Es evidente que las marcas blancas han ido cogiendo peso y ganando calidad. Una calidad que el consumidor percibe como “suficiente” para cubrir sus expectativas, lo que no quiere decir que deje de pensar que la marca del fabricante es mejor, porque sí se suele pensar esto”, aclara Lorente.

Por ahora, la compra de marca blanca es un acto donde predominan los juicios racionales (precio, calidad, características, cantidad, etc.), pero con eso ganado, solo queda implementar aspectos emocionales que consigan una mejor relación con el consumidor. “Eso lo han ido consiguiendo gracias a líneas como la de productos gourmet”, reconoce Lorente. Además, el 47% de los compradores prioriza los productos de marca propia si son ecológicos, especialmente las mujeres y los más jóvenes, según el estudio. Y es que la sostenibilidad es otro elemento de valor añadido para los consumidores. El 81% de los consumidores da importancia al tipo de envase utilizado, teniendo muy en cuenta la reducción de plásticos en su toma de decisión.

No obstante, las marcas blancas están ya presentes en todo tipo de productos y no hay sector que se les resista. Los productos de marca propia que más se consumen en España son fruta, verdura y congelados, los derivados de la celulosa, los platos congelados, las pizzas, los cereales y los aperitivos, según una encuesta de la cadena Aldi. “El crecimiento ha sido más notorio durante los últimos meses, con el actual entorno inflacionista y con un comprador más preocupado por el precio. Para la distribución, las marcas propias se han convertido en una herramienta para mantener la competitividad en precio y por eso están ganando peso en el lineal. En muchos casos, han tardado más en trasladar el incremento de precio al consumidor, lo que ha acelerado el crecimiento de este tipo de marcas”, explica Rodilla.


La mayoría de las marcas blancas ha incrementado su calidad y su transparencia en los últimos años


Calidad creciente

Aunque no todas las marcas blancas, la mayoría sí ha incrementado su calidad y su transparencia en los últimos años. Por eso, se han consolidado en el mercado y eso hace que la innovación vaya cogiendo peso poco a poco. Respecto a su futuro próximo, “conviene destacar que si se llegan a convertir y posicionar como una opción más que compite cara a cara con marcas de fabricantes puede ocasionar que los precios suban ligera y paulatinamente, lo que deja atrás el primer y principal enfoque de la marca blanca: el ahorro y el precio”, advierte Lorente. Estaremos atentos a ello.

Los productos de marca propia que más se consumen en España son fruta, verdura y congelados.

El perfil del consumidor

El perfil del consumidor de marcas blancas ha evolucionado. Así, “encontramos desde un consumidor que prima el precio y el ahorro por encima de todo a consumidores fidelizados a una serie de categorías de productos específicas de marca blanca que los consumen por su calidad y funcionalidad”, apunta Paco Lorente, profesor en ESIC Business School y director creativo en Sinaia Marketing. Lorente explica que “existen productos de marca blanca que ocupan los primeros puestos de los rankings por su calidad, espacio que comparte con marcas de fabricantes de mucho reconocimiento y tradición”. Hay consumidores muy racionales que priman dicha funcionalidad frente a la conexión emocional que le aporta una marca tradicional. Este tipo de consumidores son recurrentes y en su cesta de la compra existe una mezcla entre marcas blancas y otras. Además, existe otro tipo de comprador más ocasional o de impulso, que hasta ahora era un terreno propiedad de las grandes marcas: “Gracias a las innovaciones en producto, envasado e imagen de la marca blanca en los últimos tiempos también está participando de ello”, añade este experto.

¿Quién está detrás de las marcas blancas?

Conocer quién es el fabricante de los productos de marca blanca es una de las principales demandas de los consumidores. Existen numerosos blogs, páginas webs e incluso perfiles de redes sociales en los que consumidores experimentados nos explican quiénes son los fabricantes de esos productos. Es el caso, por ejemplo del blog www.marcasblancas.com o de la web de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Y es que, cuando elegimos un producto con la enseña del distribuidor pueden darse varias situaciones diferentes. Por ejemplo, que figure directamente en el envase el nombre del fabricante. También puede ocurrir que en el envase no esté el nombre del fabricante pero si un código de números (denominado RGSEAA). En este caso, podremos saber quién lo ha fabricado entrando en la web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición e introduciendo dicho código en el Registro Sanitario de Empresas y Alimentos.

Para saber más

AESAN: La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición cuenta con un buscador en el que se puede consultar información sobre cualquier fabricante del sector alimentario. De esta manera se puede encontrar quiénes están detrás de muchos productos de marcas blancas.

La información: Este diario online publicó un reportaje sobre quién está detrás de muchos productos de consumo diario de varias cadenas de supermercados

“Marcas blancas o marcas del distribuidor», por Fernando Móner

CONSUMO

FERNANDO MÓNER,

Presidente de CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios)

 

"La mejora en la calidad y presentación de los productos de marca de distribución ha favorecido que se encuentren en las cestas de la compra"

Marcas blancas o marcas del distribuidor

En alimentación se producen cambios de forma constante, tanto de tipología de productos, como en la manera de presentarlos, además de modificaciones en su composición, etiquetado y demás. Por eso, desde la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), como miembro de la Mesa de Participación de Asociaciones de Consumidores (MPAC), estudiamos las tendencias en los hábitos de compra y consumo de la población española mediante una encuesta de casi medio centenar de preguntas, en la que participan más de 3.500 familias de todo el país desde hace ya seis años y cuyos datos permiten medir las preocupaciones y cambios que se van produciendo en este sentido.

Precisamente uno de los cambios más importantes en el ámbito de los productos es el auge continuo de las mal llamadas “marcas blancas”. Un nombre más acertado sería “marcas del distribuidor”, pues son una línea de productos encargada a un fabricante por un distribuidor, que pone su propia marca y diseño y la coloca en sus estantes a un precio más económico que otras marcas convencionales.

Aunque en sus inicios los productos de marcas blancas estaban asociados a una baja calidad en relación con la media, así como a unas características de envase muy sencillo, sin apenas colores ni elementos destacables, su éxito creció pues gracias a ellas la población empezó a cubrir algunas de sus necesidades sin tener por qué gastar más. Además, las diferentes crisis económicas, que han ido provocando una paulatina desaparición de la clase media, también han jugado un papel en este sentido pues muchas familias pasaron a engrosar otras clases sociales con menor capacidad económica.

Posteriormente, tras comprobar que las marcas blancas ganaban peso entre la población, las empresas de distribución comprobaron que mejorando las propiedades y características de estos productos ganarían también atractivo entre otros segmentos poblaciones, captando consumidores de diferentes escalas económicas, al conseguir que la calidad no fuese un elemento tan diferenciador como lo había sido 10 o 15 años antes.

Esos cambios de estrategia en las empresas de distribución generaron un crecimiento continuo, hasta llegar a su punto álgido en 2019, con una cuota de mercado cercana o incluso superior al 50%. Aunque la llegada de la pandemia disminuyó esas cifras al 40-45% por los repentinos cambios en los hábitos de compra y consumo de la población española, una vez pasadas las primeras semanas volvió a crecer el consumo de marcas blancas, cuya penetración en las gamas de alimentación y limpieza del hogar supera el 80%.

Los hábitos de compra han fluctuado por cuestiones económicas, pero también por una mayor preocupación por la salud. Como nos muestra la encuesta de la MPAC, aunque el factor precio es importante, la calidad y preferencias personales también tienen mucho peso, por lo que la mejora en la calidad y presentación de los productos de marca de distribución ha favorecido que se encuentren en las cestas de la compra, por delante en algunas gamas de productos de grandes marcas que históricamente han formado parte de nuestras vidas.
A pesar de todo, es importante que los consumidores sigamos exigiendo diversidad, es decir, una oferta variada, con diferentes rangos de precios y características, pero con altos estándares de calidad en todos los casos. Como presidente de asociaciones de consumidores, debo verificar en términos de competencia la coexistencia de una amplia gama de marcas y productos que permitan responder a las diferentes necesidades de las variadas tipologías de consumidores que componen la sociedad española y, por supuesto, que dicha competencia sea leal y cumpla con la legislación vigente.

¿Qué nos puede deparar el futuro? Sin duda en estos momentos las tendencias apuntan a que ganarán peso los productos cuyas marcas sepan y puedan demostrar su origen, la sostenibilidad de sus procesos y la trasparencia en la información que pueda llegar a los consumidores. Estamos en un momento de cambios, en el que la expresión de los consumidores a través de sus compras nos orienta sobre qué quiere y cómo lo quiere, donde la digitalización empieza a tener un papel importantísimo, y donde el engaño o la información falsa se pagan con cambios drásticos en las decisiones de los consumidores.

Por supuesto, temas como la venta de productos online, los hábitos de compra y consumo de los consumidores, el fenómeno de las marcas negras, la propia digitalización en el etiquetado y muchos otros seguirán produciendo cambios en las marcas blancas, o de distribuidor, aunque siempre manteniendo una cuota de mercado destacada.

En mi opinión, la verdadera protagonista será la información. Por eso es imprescindible, por un lado, invertir en formar e informar a los consumidores y, por otro lado, luchar de manera conjunta contra la desinformación, las fake news, que en alimentación ya supone un 30% de la información que circula-principalmente por las redes sociales e internet-. En este sentido todos tenemos una asignatura pendiente, que podría trastocar las cuotas de mercado de los diferentes productos y, con ello, los hábitos de compra y consumo de la población.

Derecho a reparar, por Gustavo Samayoa

CONSUMO

GUSTAVO SAMAYOA ESTRADA,,

presidente FUCI. Con la colaboración de Manuel Moran Arias, asesor jurídico FUCI

 

Los fabricantes deberán asegurar la existencia de piezas y de todo lo necesario para hacer efectiva y atractiva para el consumidor la reparación

Derecho a reparar

Abanderando el principio “hacia un mercado único más sostenible para las empresas y consumidores”, el Pacto Verde Europeo de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, dio paso al denominado derecho a reparar (o derecho de reparación) recogido en una nueva normativa aprobada por la Unión Europea el 25 de noviembre de 2020. Este derecho de reparación entró en vigor al año siguiente, más concretamente el 1 de marzo de 2021 y tiene como objetivo potenciar la sostenibilidad del modelo económico apoyándose en medidas para reducir el impacto ambiental de productos tecnológicos.

Con esta novedosa normativa se busca limitar los productos electrónicos considerados “de un solo uso” y combatir la obsolescencia programada, una de las practicas utilizadas por algunos fabricantes para acortar deliberadamente la vida de los productos, siendo esta una de las recurrentes preocupaciones del consumidor en este ámbito del mercado, y facilitando información sobre la capacidad de reparación de los productos a la venta.

Con ánimo de favorecer la vida útil de los electrodomésticos y dispositivos electrónicos y controlar su consumo desmedido, la nueva legislación, entre otros derechos, garantiza al consumidor la reparación de los productos ofertados al menos durante diez años. Para ello, los fabricantes deberán asegurar la existencia de piezas y de todo lo necesario para hacer efectiva y atractiva para el consumidor dicha reparación, ofreciendo una alternativa real al mero deshecho y sustitución del producto que ha dejado de funcionar de manera apropiada.

Además, algunos aparatos como televisores, secadores de pelo o lavadoras deberán disponer de un manual de reparación, una especie de etiquetado de reparación, que permita proceder a su reparación o reciclaje, creando un índice de reparabilidad, para que el consumidor sepa lo fácil o no que pueda ser reparar un aparato y su vida útil, y que la calificación aparezca impresa en los envases y cajas de los dispositivos electrónicos; una calificación muy parecida a la que se maneja con la eficiencia energética e instrumentando medidas para desmontar los aparatos, utilizando para ello herramientas convencionales, cuando su reparación efectiva no sea posible. Esta información es fundamental para que el usuario conozca las posibilidades reales de reparación del producto antes de su adquisición. Hasta hoy el consumidor, una vez pasada la garantía del producto, se encontraba con la situación de que los plazos de entrega son largos o que los costes son tan elevados que se plantea el arreglar el producto o comprarse uno nuevo.

La Directiva, trata un tema de suma importancia, la publicidad ecológica que, algunas empresas hacen de sus productos, apoyándose en anuncios sustentados en evidencias presentadas de forma parcial. Esto es sumamente importante porque la publicidad casi siempre es la que induce a comprar al consumidor tal o cual producto en función, tanto de sus prestaciones como por su carácter medioambiental.

También se debería poner fin al diseño de productos que no se puedan desmontar, en caso de ser reparados por terceros, o que no existan determinadas piezas inherentes al producto en sí, sometiendo al consumidor al soporte autorizado o a los proveedores oficiales del producto.

La recuperabilidad de este tipo de productos se potencia y completa finalmente a través de la extensión de las garantías legales, lo que en España ya ha tenido su plasmación con la aprobación de la modificación en la Ley de Consumidores por medio de la cual la garantía pasa a ser de tres años a partir del 1 de enero del 2022. En el caso de contenidos o servicios digitales, esta será de dos años.

Todas estas medidas buscan favorecer una producción y un consumo sostenible, protegiendo a los consumidores y usuarios de un mercado en constante cambio y evolución.
Alargar la vida de los productos, mediante la autoreparación, para alargar su uso e incluso para venderlos como productos de segunda mano, indudablemente, además de salvaguardar los derechos de los consumidores, ayudará a recortar la factura ecológica y a evitar toneladas de basura electrónica. Indudablemente el reciclaje eficiente es otra de las asignaturas pendientes, por parte de los consumidores, la empresa y la Administración, para conseguir cada vez más la circularidad de los productos.

Reparar antes de cambiar

CONSUMO

Consumo: Reparar antes de cambiar

Los consumidores están más dispuestos a reparar sus viejos electrodomésticos y valoran mucho más la calidad de los mismos a largo plazo.

Marián Lezaún

[email protected]
Twitter: @mlezaun

Reparar cualquier producto antes de reemplazarlo por otro es la filosofía de fondo de la nueva normativa de garantías que busca alargar la vida útil de los productos al tiempo que mejora la protección al consumidor. Para ello, mediante la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, del Real Decreto-Ley 7/2021 se han aumentado las exigencias a los fabricantes, a los que se pide contar con piezas de repuesto en un plazo de hasta diez años y se ha ampliado el plazo de garantía legal de los productos de dos a tres años.

Que los consumidores están más dispuestos a reparar sus viejos electrodomésticos y que valoran mucho más la calidad de los mismos a largo es una realidad. No hay más que ver el boom de tiendas de segunda mano, de servicios de reparación o de productos recuperados. Hace ya unos años, el documental Comprar, tirar, comprar de la alemana Cosima Dannoritzer nos abría los ojos ante una realidad que muchos consumidores compartían, pero a la que aún no habían puesto nombre. A partir de entonces, la llamada obsolescencia programada saltó a un primer plano y los usuarios empezaros a tomar conciencia del impacto ambiental y social que tenía el consumo rápido de muchos productos cotidianos, en especial de electrodomésticos y tecnología. En la misma línea, el ensayo Hecho para tirar, del controvertido economista francés Serge Latouche, nos planteaba el problema que suponía para el planeta el consumo excesivo y deshacernos antes de tiempo de cosas que se pueden reparar, reemplazar y reutilizar. Ahora que las nuevas tendencias de consumo avanzan por el mismo camino, la legislación se adapta y se vuelve más exigente con productores y distribuidores.

 


LOS USUARIOS HAN TOMADO CONCIENCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL QUE TIENE EL CONSUMO RÁPIDO

 

Mayores plazos

Así, desde el pasado 1 de enero, los consumidores españoles pueden acogerse a la nueva legislación sobre garantías que amplía sobre todo los plazos de reclamación y mejora las posibilidades de reparación. Se trata de la transposición de la Directiva (UE) 2019/771, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes y que otorga a los Estados miembros una mayor flexibilidad en la protección al consumidor. “Atendiendo a esta posibilidad, en la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la citada Directiva, se ha adoptado la decisión de ampliar la garantía por falta de conformidad de los productos (adecuación a las normas de uso) o servicios al plazo de tres años para proteger a aquellas personas consumidoras que adquieran productos o servicios cuyos fabricantes o prestadores limitaban la garantía al plazo legal de dos años”, explica Carlos García, director del Centro Europeo del Consumidor (CEC).

Y aunque la nueva norma ha sido muy bien acogida por las asociaciones de consumidores, despierta también algunas dudas entre los fabricantes y vendedores que se preparan para su aplicación. No obstante, muchos lamentan que no se hayan tenido en cuenta las características específicas de cada producto y que se conceda la misma garantía para un producto sencillo, como un secador, que para un automóvil. Además, la legislación tampoco ha tenido en cuenta el ciclo de vida de los productos, lo que siembra muchas dudas en la gestión de los repuestos. Muchas compañías deberán reestructurar sus políticas de stock, mantener sus proveedores durante más años y eso, a la larga, puede suponer un impacto en los precios. Pero no se trata de establecer una batalla entre fabricantes y consumidores, porque muchos de ellos ya ofrecen desde hace tiempo garantías superiores a las exigidas y cuentan con servicios de reparación que permiten alargar la vida útil de los productos. Se trata de un tema de responsabilidad empresarial y de cumplir las exigencias de Europa, según los expertos. Para el director del Centro Europeo del Consumidor, Carlos García, “el posible encarecimiento de los productos por el nuevo periodo de garantía o por la obligación de disponer de repuestos durante un periodo determinado es una cuestión de mercado, ajena a la regulación de la protección de los consumidores”.

 


SE HA AMPLIADO EL PLAZO QUE TIENE EL CLIENTE PARA ELEGIR ENTRE LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO

 

Porque la norma incluye otras novedades. Además del periodo para reclamar, se ha ampliado también el plazo que tiene el cliente para elegir entre la reparación o sustitución del producto. Así, se amplía de tres a cinco años el plazo de no conformidad y se pasa de seis meses a uno o dos años, en función del producto, el plazo para acreditar que no se está conforme con el producto comprado. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, el 66% de los productos fallan a los tres años de uso y un 49% de las quejas están relacionadas con productos tecnológicos. Para el responsable del CEC, lo más importante es que “se refuerza la posición de las personas consumidoras porque determina la obligación de suministrar bienes con la calidad, seguridad y durabilidad que se puede razonablemente esperar de los mismos, ya que posibilita una mayor protección de los consumidores, una mayor calidad de los bienes puestos en el mercado y el favorecimiento de la sostenibilidad del consumo, así como la potenciación de la economía circular”.

 

Productos digitales

La legislación incluye también por primera vez un apartado especial para los productos digitales. Así, desde el pasado 1 de enero, tanto los contenidos como los servicios digitales deberán ofrecer al usuario una garantía de dos años. Entre esos contenidos y servicios se incluyen los programas informáticos, las aplicaciones, los archivos de vídeo, los archivos de audio, los archivos de música, los juegos digitales, los libros electrónicos y otras publicaciones electrónicas.

 


MUCHOS FABRICANTES YA OFRECEN DESDE HACE TIEMPO GARANTÍAS SUPERIORES A LAS EXIGIDAS

 

Y qué ocurre si el vendedor o el fabricante incumplen la nueva norma: “Cualquier incumplimiento de una obligación establecida en una norma de protección a las personas consumidoras está tipificada como infracción y lleva aparejada la correspondiente sanción”, recuerda García.

La organización sin ánimo de lucro The Ocean Cleanup publicó en la revista Science (abril de 2021) un estudio que pone los pelos de punta y cuyos resultados resumen así: «1 000 ríos son responsables de casi el 80 % de las emisiones anuales mundiales de plástico fluvial, que oscilan entre 0,8 y 2,7 millones de toneladas métricas por año, con los pequeños ríos urbanos entre los más contaminantes. El 20 % restante de las emisiones de plástico se distribuyen en otros 30.000 ríos».

Cifras visibles. Para que podamos poner en valor el significado de todas las cifras que citaremos en estas líneas, hagamos un simple ejercicio numérico a modo de ejemplo. Tenemos que una bolsa de plástico tipo supermercado pesa unos 6 gr y una botella pequeña de agua sin gas, 8 gr. Ahora imaginemos una «sopa» de plástico de tan solo 20 Kg flotando en el mar (recuadro «Mapas interactivos», Sailing seas of plastic), en la que hay bolsas y botellas a partes iguales. Tendríamos en la mancha cerca de 3 000 piezas.

Si llevamos los materiales del ejemplo a lo que vierte el río más contaminante de los que da notica el estudio de The Ocean Cleanup, el Pásig, en Filipinas, sus 62,6 toneladas de plástico anuales significarían 9,4 millones de desechos entrando al mar por su desembocadura en Manila. Este país, en fin, tiene el doloroso récord de ser el que más tráfico fluvial de plásticos conduce al mar. En total, el país tagalo emite 360 000 toneladas de plástico al año mediante 4 820 de sus ríos.

Medallas de deshonor. Tras Filipinas, los siguientes países que más polímeros mueven en sus vías fluviales son, por este orden, India, Malasia, China, Indonesia, Birmania, Brasil, Vietnam, Bangladés y Tailandia, por solo citar los diez más contaminantes. Pero hay que marcar diferencias: el segundo (India), vierte justo la mitad de plástico (130 00 toneladas) que el primero; y el décimo (Tailandia) «solo» 23 000 toneladas. En el entorno del Mediterráneo más próximo, puede ser preocupantes las 14 000 toneladas de ríos turcos, sobre todo al Mar de Mármara, y las 5 800 toneladas de los argelinos dejadas casi a las puertas de las Islas Baleares.

 


EN 2025 HABRÁ DESECHOS PLÁSTICOS COMO PARA CUBRIR CADA METRO DE COSTA DE TODO EL MUNDO CON 100 BOLSAS

 

Asía, por tanto, es la zona donde el problema que venimos comentando alcanza mayor intensidad. En el entorno americano, Brasil es el primer emisor de plásticos, 38 000 toneladas, seguido de Guatemala, Haití, República Dominicana y Venezuela. En África, se lleva «la palma» Nigeria, con 19 000 toneladas, seguido de Camerún, con 11 000 toneladas, y el ya citado Argelia. En la Unión Europea, crucemos los dedos, solo el río Neretva (desemboca en Croacia, pero el 90,2 % de su curso transcurre por Bosnia-Herzegovina) vuelca volúmenes significativos (125,8 toneladas) al Adriático. A esta misma cuenca vierten los albaneses Ishën (algo más de quinientas toneladas) y Seman (235,5 toneladas), entre otros, demostrando que el cuidado medioambiental local puede servir de poco si los problemas no se acometen internacionalmente.

Qué hay de nuevo. Los ríos, nos cuenta la historia, nos vienen sirviendo para abastecernos de agua, disponer de terrenos fértiles para los cultivos o pastos y deshacernos de los residuos. Para esto último hemos involucionado, porque el incremento de producción y uso de plásticos ha hecho de los ríos autopistas de evacuación de productos que no se degradan fácilmente. Cuando hablamos del «uso de plásticos», nos estamos refiriendo a los más de 8.500 millones de toneladas fabricadas desde que se empezó la producción masiva en 1950. Y creciendo.

 


SE CALCULA QUE LA «ISLA DE PLÁSTICO» DEL PACÍFICO NORTE PUEDE ALCANZAR UNA EXTENSIÓN SIMILAR A ESTADOS UNIDOS

 

Un informe de Naciones Unidas calcula que, de seguir así, en 2025 habrá plástico como para cubrir cada metro de costa de todo el mundo con 100 bolsas tipo supermercado. Cabe recordar que los polímeros tardan entre 55 y 1 000 años en degradarse (depende del compuesto y el grosor). Y un dato más: las mascarillas y guantes desechables tardan en desintegrarse entre uno y cinco años.

De los ríos al mar. Mares y océanos son los depositarios de todos estos desechos que pueden a pasar a la cadena alimenticia, los famosos microplásticos, a precipitarse a los fondos marinos o a mantenerse a flote formando las conocidas como «islas de plástico». De las muchas que hay ya, la más impresionante es la del Pacífico Norte. Diversas estimaciones calculan que puede llegar a medir más que EE. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), calcula que esta isla de basura crece al ritmo de una tonelada de desechos al día. Hay más: según investigaciones recientes, en torno a un 70 % de los componentes de estas islas se hunden; calculen la dimensión del problema si eso que es visible y más o menos cuantificable es solo el 30 % de lo que depositamos en el mar.

Las cifras son abrumadoras, ciertamente, e interesarse por ellas nos debería alejar de la indiferencia, huir de la comodidad de comprar productos frescos envasados en barquetas de poliestireno y envueltos con cubierta transparente o de aceptar sin rechistar la bolsa de plástico para llevar nuestra compra. Un estudio de Naciones Unidas, SINGLE-USE PLASTICS: A Roadmap for Sustainability (2018), puso de manifiesto que en el mundo consumimos casi 10 millones de bolsas por minuto. No, no ha leído mal: 10 millones por minuto. La receta, dicen desde hace tiempo quienes más padecen los excesos de plásticos en nuestras aguas, está en las tres «R»: reducir, reusar y reciclar. Fácil, ¿no?

Los derechos del consumidor

Cuando compramos un producto o servicio debemos diferenciar entre las garantías legales y las comerciales. Ya que, además de los requisitos legales, muchas marcas suelen ampliar los derechos del consumidor con reclamos comerciales, como es caso de algunas empresas de coches. Por eso, hay que tener en cuenta que cualquier declaración pública que haga un fabricante sobre sus productos (en la publicidad, en el etiquetado, etc.) es jurídicamente vinculante para el comprador. Mientras la garantía legal es obligatoria y se regula por Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, la garantía comercial depende de cada tienda o empresa que venda productos y servicios y es adicional a la garantía legal. Por eso, a la hora de reclamar es necesario saber dónde acudir. En primer lugar, los clientes pueden solicitar al minorista una compensación acogiéndose a esa garantía legal en el caso de que el producto no se ajuste a su descripción; tenga cualidades diferentes al modelo anunciado o mostrado al cliente; no sea adecuado para el uso habitual o para el uso específico que se adquirió; no posea la calidad ni el rendimiento normales en productos del mismo tipo; o se haya instalado mal (por parte del cliente o del proveedor) debido a deficiencias en las instrucciones facilitadas. No obstante, si el proveedor informa de que el producto a la venta tiene algún problema de calidad, el cliente no le puede pedir compensación por ese defecto en concreto. Además, el cliente tiene derecho a solicitar la reparación del producto; la sustitución del producto; una reducción del precio; o la cancelación del contrato y el reembolso íntegro del importe abonado si el producto no responde al uso esperado.

Cuando el arreglo merece la pena

Cuando se estropea cualquier producto en nuestros hogares, el dilema es siempre el mismo: merece la pena arreglarlo o es más rentable cambiarlo por otro. Hace unos años, la tendencia era sustituirlo por otro sin dudarlo, pero hoy las cosas han cambiado. Por eso, antes de tomar una decisión conviene saber qué es y cómo funciona la amortización de esos productos. Calcular ese coste de amortización es algo sencillo y puede aclararnos muchas dudas. Así, teniendo en cuenta que todos los productos empiezan a perder valor desde el momento mismo de la compra, podemos calcular el valor de los mismos durante su ciclo de vida útil. Es decir, tenemos que dividir el precio de compra durante ese periodo de tiempo y así saber en el momento en el que se estropea, cuál es su valor real. Teniendo ese dato en cuenta, deberemos compararlo con el coste de reparación del producto y hacer la misma operación, teniendo en cuenta una nueva adquisición. Cuando el valor del producto es muy bajo, quizá es el momento de cambiarlo.

Para saber más

Organización de Consumidores y Usuarios: explica de manera sencilla las claves de la nueva legislación, así como qué es necesario para reclamar un producto en garantía. Desde aquí se puede consultar el proyecto europeo Prompt, que pretende luchar contra la obsolescencia programada de muchos productos.

Centro Europeo del Consumidor (CEC): En la web del Centro Europeo del Consumidor, que pertenece al Ministerio de Consumo, se puede consultar información práctica sobre reclamaciones, quejas y derechos de los consumidores en todo el espacio europeo

Tanto los contenidos como los servicios digitales deberán ofrecer al usuario una garantía de dos años.