EDITORIAL
Cuidado con destruir un sistema que ha demostrado ser eficaz
Hace casi un año, en junio de 2025, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil remitió al Tribunal Supremo un contrato privado por el cual el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría adquirido el 45% de la empresa Servinabar 2000 por un precio total de 6.000 euros. Sin embargo, Cerdán aseguró ante el Senado no ser ni haber sido socio de Servinabar, y su defensa sostiene que el documento hallado carece de efectos jurídicos al no haberse elevado a escritura pública.
El ejemplo anterior nos muestra que el documento privado permite mantener la titularidad oculta a los mecanismos de control. En casos como este la transmisión es válida entre las partes, aunque sea inoponible frente a la sociedad y frente a terceros hasta que conste en documento público.
Una propuesta peligrosa
Con claro origen registral se ha propuesto como solución para estos casos la inscripción en el Registro Mercantil de las participaciones sociales, incluso de las adquiridas en documento privado. La propuesta puede calificarse, siendo benévolos, de adanismo. Con ella los beneficiados de la medida serían los delincuentes y los registradores mercantiles y, por el contrario, los perjudicados serán las empresas, la judicatura, la fiscalía, la policía, la guardia civil, el SEPBLAC, el Estado y la ciudadanía. El documento privado puede permanecer oculto a las autoridades en un cajón, o en la memoria de un ordenador, y hacer acto de presencia cuando le convenga al malhechor o blanqueador su presentación.
Además, el documento privado no exige identificación fehaciente de otorgantes, no garantiza su libertad, capacidad, ni legitimación, no comporta control de legalidad, no incorpora deberes de información, ni conservación documental, y, lo que es relevante, no activa automáticamente obligaciones de prevención y facilita la opacidad estructural. Su inscripción en el Registro Mercantil no evita la tenencia y circulación oculta previa del documento privado. La normativa europea contra el blanqueo (Directivas AMLD, especialmente la 4ª y 5ª) exige identificación fiable y actualizada del titular real, no mera posibilidad de publicidad posterior.
Por las razones expuestas, el uso del documento privado solo pretende eludir el control jurídico público en la trasmisión de participaciones atribuido al notario, puesto que quien lo utiliza conoce plenamente que, si tal negocio jurídico se hiciera ante notario, este procedería a volcar su contenido en el Índice Único Informatizado existente desde el 1 de enero de 2004, al que tienen acceso controlado jueces, fiscales, policía judicial (UCO y UDEF), SEPBLAC y Administraciones Tributarias, de modo que se conocería en menos de quince días quién ha transmitido y quien ha adquirido participaciones.
Cuidado con vulnerar derechos
También, y en todo caso, la inscripción de participaciones sociales en el Registro Mercantil plantea tensiones graves con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) de Protección de Datos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 22 de noviembre de 2022 (asuntos acumulados C-37/20 y C-601/20), declaró inválido el acceso público indiscriminado a los registros de titularidad real por vulnerar derechos fundamentales. Esa decisión subraya tres principios esenciales: minimización de datos, proporcionalidad, limitación del acceso. Esto se contraría aún más con la inscripción de las participaciones sociales en el Registro Mercantil ya que ampliaría el círculo de conocimiento más allá de lo estrictamente necesario para la prevención del blanqueo y dejaría expuesta la composición social al fisgoneo y curiosidad del malintencionado, lo que generaría riesgos patrimoniales y personales en perjuicio de la sociedad y de los socios. La pregunta es evidente: ¿es proporcionado sacrificar derechos fundamentales cuando ya disponemos de un sistema eficaz y operativo, calificado como el mejor en Europa?
Poner en peligro lo que funciona
La propuesta registral como se dijo anteriormente peca de adanismo, pues España no parte de cero, al contrario, tiene uno de los sistemas de prevención más avanzados, completos y eficaces de Europa, que el GAFI ha puesto como ejemplo de buenas prácticas para su réplica en otros países. En el ámbito de la Unión Europea el modelo español ha sido visto como un modelo de equilibrio entre prevención eficaz y respeto a la protección de datos. Así lo defendió el actual Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacando la solidez del sistema de identificación del titular real que se lleva en el Consejo General del Notariado, a través del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales. Declaró el ministro, en enero de 2024, en su comparecencia en el Parlamento Europeo, que en España «tenemos una base de datos (de titularidad real) que ha sido señalada por numerosos informes como mejores prácticas, incluso por el GAFI». Y añadió que es «una de las fortalezas del sistema español de lucha contra el blanqueo de capitales». El sistema español garantiza: identidad, capacidad, legitimación, control de legalidad, conservación documental estructurada, está conectado con SEPBLAC y con las autoridades competentes en la lucha contra la delincuencia y el blanqueo, y permite trazabilidad inmediata y centralizada desde el año 2004 hasta la fecha.
Sustituir o debilitar esta arquitectura por un sistema basado en documentos privados y en su inscripción el Registro Mercantil fragmentaría la información, reduciría la calidad jurídica del dato, generaría duplicidades, introduciría inseguridad y lo que es más grave: facilitaría el delito y el fraude.
Con la propuesta registral no solo no se resolverían problemas del blanqueo, sino que aumentarían y crearían otros nuevos. La inscripción de documentos privados de transmisión de participaciones sociales rompería la actual base de datos de titular real, que es gratuita, y generaría mayor opacidad estratégica. La prevención eficaz exige control jurídico en el origen, no publicidad posterior de actos no controlados.
Esta base notarial permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad incluso en el encadenamiento de estructuras societarias complejas. En la actualidad contiene información de más de tres millones de personas jurídicas; no solo de sociedades mercantiles, sino también de sociedades civiles, partidos políticos, asociaciones, etc.
El perfeccionamiento del sistema
El remedio no es matar moscas a cañonazos, ni inventar la rueda, ni arreglar lo que funciona destruyendo un sistema que ha demostrado ser eficaz y exitoso. La solución para el perfeccionamiento del sistema es muy sencilla: bastan tres palabras, ni más ni menos. Es suficiente con completar la redacción del artículo 106 de la Ley de Sociedades de Capital, que, si bien ya exige que la transmisión de participaciones conste en documento público, no lo proclama expresamente como requisito de validez. El antídoto es reforzar la exigencia y facilitar la interpretación, para lo que es suficiente añadir al precepto las palabras: “para su validez”, que quedaría así: «La transmisión de participaciones sociales deberá constar “para su validez” en documento público».
¿En qué consiste el proyecto de «agente de igualdad» promovido por su Ministerio? 
La seguridad jurídica es clave para una eficaz protección de los derechos fundamentales y exige que las leyes sean claras. A menudo unos derechos pueden entrar en colisión con otros y los tenemos que sopesar. Pero no olvidemos que, en materia de lucha para erradicar la violencia de género, el Estado tiene una obligación de «diligencia debida» para proteger la vida y la integridad física y moral de las mujeres. No podemos obviar que la gestión de datos sensibles es un tema complejo donde pueden entrar en colisión distintos derechos. Tenemos que cumplir con nuestra obligación de diligencia debida en violencia de género, pero también tenemos que garantizar el derecho a la protección de datos de carácter personal. Por ello, en violencia de género se comparte información relativa a los casos, pero existen limitaciones al acceso a información personal, estableciéndose por ejemplo en el sistema VioGén diferentes perfiles de acceso dependiendo de la función de cada profesional, y por eso no podemos publicar desde el Ministerio de Igualdad los datos personales que puedan identificar tanto a la víctima como al agresor. En definitiva, tenemos que trabajar este equilibrio necesario entre protección del derecho a la vida y la integridad y de los derechos a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal, sin vulnerar garantías fundamentales.
Libro “Reset digital”. Mª Angustias Salmerón, pediatra, responsable de varios proyectos relacionados con las “pantallas” y la tecnología. Habla de los problemas de su abuso como deficiencias en el desarrollo psicoafectivo.
