«La incierta autonomía estratégica de Europa», por Carlos Sánchez

ÁMBITO EUROPEO

CARLOS SÁNCHEZ,
director adjunto de El Confidencial

“¿Hasta dónde quiere llegar Europa en su propia defensa al margen de la OTAN?"

La incierta autonomía estratégica de Europa

No deja de sorprender que uno de los primeros proyectos de la construcción europea, incluso antes de que se firmara el Tratado de Roma, fuera la creación de lo que un día se llamó Comunidad Europea de Defensa. Corría el año 1952, y la misma Europa que dejaba atrás un continente devastado por la guerra, entendió casi desde el primer día —salvo Francia, que dos años después vetaría el acuerdo— que era necesario levantar una arquitectura propia de seguridad y de defensa, dos conceptos que necesariamente van unidos. Setenta y dos años después, la vieja Europa, ahora con 27 miembros, sigue dándole vueltas a la misma idea. No es ninguna novedad. Europa se ha acostumbrado a pasar por el diván después de cada crisis, y son legión.

Es cierto que la ampliación de la OTAN a nuevos territorios respecto de sus miembros fundacionales ha resuelto muchos de los problemas de defensa y seguridad en el flanco Este, pero hay pocas dudas de que no puede haber autonomía estratégica, el proyecto central de la Comisión Europea, sin una arquitectura propia en aras de lograr una posición común en el tablero geopolítico.

La pregunta, por lo tanto, es obvia: ¿hasta dónde quiere llegar Europa en su propia defensa al margen de la OTAN? Lo que sabemos es que los límites los marca la llamada Política Común de Seguridad y Defensa, pero no deja de ser un desiderátum en la medida que cualquier avance en esa dirección, necesariamente, genera recelos en EE. UU., cuya política exterior no siempre coincide con los intereses europeos. Sin contar con que las decisiones hay que tomarlas por unanimidad. Las sucesivas ampliaciones hacia el Este, de hecho, han metido en un problema a Europa que, quiera o no, debe intentar convivir con un vecino incómodo, como es Rusia. Otra cosa es que Moscú lo desee.

Y es por eso, precisamente, por lo que la aspiración a una cultura de seguridad y defensa propias —articulada en torno a la Política Exterior y de Seguridad Común— no deja de tener algo de voluntarista. Entre otras razones, porque ambas zonas del Atlántico comparten, en lo general, una misma visión que las dos partes quieren proteger ante el avance de las autocracias y el pensamiento iliberal. Eso sí, con un evidente desequilibrio de fuerzas. En estos momentos, Europa dispone de apenas 3.500 militares y 2.000 civiles en operaciones de paz en el mundo; no parece mucho en un contexto de fuertes tensiones en determinadas áreas geográficas. Desde luego, a años luz del imponente despliegue de EE. UU. en el conjunto del planeta.

El caso de Ucrania, donde no ha habido fisuras relevantes en el seno de la OTAN tras más de dos años de guerra, es el más evidente. Tampoco hay divergencias en el otro teatro de operaciones actual, Oriente Medio, donde Europa juega un papel irrelevante. Esto es así porque lo que se ha llamado vínculo transatlántico es, de hecho, la pieza esencial de la política de seguridad y defensa, y así lo seguirá siendo hasta donde alcanza la vista a ver, por lo que habría que hablar más de un reforzamiento de la complementariedad entre EE.UU. y Europa, que del nacimiento de una verdadera autonomía estratégica. Entre otras razones porque una cosa es predicar y otra, como dice el refrán, dar trigo, y Europa, por razones presupuestarias, ahí están sus reglas fiscales, no está en condiciones de crear una arquitectura propia. Ni siquiera ha sabido o podido articular una posición común en el frente Sur, que atañe directamente a países como España, donde el terrorismo yihadista ha expulsado a Francia como el guardián de la región.

Cabe recordar, en este sentido, que fue el Tratado de Maastricht (en 1993) el que decidió avanzar en la integración europea a través de la economía, pero dejando en un segundo plano la defensa y la seguridad. Probablemente, porque, tras la caída del Muro, se pensó que las viejas tensiones de la guerra fría se habrían de disolver para siempre. No fue así y hoy, con décadas de retraso, Europa intenta recuperar el tiempo perdido.

Es verdad que existen compromisos internacionales en el marco de la OTAN o que el Banco Europeo de Inversiones está ya en condiciones de ofrecer vías de financiación, pero en un contexto de envejecimiento hay pocas dudas de que lo prioritario para muchos gobiernos será el sostenimiento del Estado de bienestar, pese a las amenazas procedentes del frente oriental.

También es cierto que Europa, en aras de lograr una cierta autonomía industrial y tecnológica en materia de defensa, ha puesto en marcha un mecanismo que obliga a los Estados miembros a cooperar en la adquisición conjunta en la región de material de guerra (el 50% hasta 2030), pero, igualmente, los intereses de cada país con sus industrias nacionales son demasiado fuertes para pensar que esto pueda materializarse con la dimensión prevista. Y ello pese a que una colaboración más estrecha de las industrias nacionales de defensa generaría beneficios globales gracias al aprovechamiento de las economías de escala y así evitar las duplicidades en una actividad clave desde el punto de vista de la investigación tecnológica o de la ciberseguridad.

No es un asunto menor teniendo en cuenta que, según la Agencia Europea de Defensa, el gasto total de los Estados miembros superó en 2022 los 240.000 millones de euros, incluidos 58.100 millones de inversiones en defensa. Es una cifra mareante, pero probablemente reducida respecto de lo que gasta EE. UU., lo que aboca a Europa a seguir siendo subalterna de Washington. Basta recordar que la Agencia Europea de Defensa, creada hace dos décadas, cuenta con una plantilla de apenas 180 funcionarios. No parece mucho para enfrentarse a un mundo tan convulso.

Desde China con inversión

ENTRE MAGNITUDES

DESDE CHINA CON INVERSIÓN

La perentoria necesidad de equilibrar los intercambios comerciales entre España y China se ha tornado en objetivo estratégico del Gobierno. La receta para atenuar el déficit con el gigante asiático se centra en el fomento de la inversión mutua y en la eliminación de barreras a las empresas.
FERNANDO GEIJO
El turismo es un sector clave para tratar de reequilibrar el comercio con China.

Seda, pólvora y porcelana por oro y plata. El germen del intenso comercio entre España y China se remonta nada menos que a mediados del siglo XVI. Por aquel entonces, el denominado Galeón de Manila transportaba de forma regular las mercaderías del ya boyante imperio oriental desde ese puerto filipino hasta, principalmente, el de Acapulco. A posteriori, y después de atravesar por tierra el actual México, una parte de las mismas se embarcaban de nuevo en Veracruz en las naves de la Flota de Indias para alcanzar las costas españolas.

Este ingente trasiego fue en aquella época un eje vertebrador del comercio mundial gracias al desarrollo de este continuo corredor comercial, el más extenso del mundo. El epicentro de un rico y abundante intercambio en una suerte de ruta de la seda marítima que supuso la génesis de la primera globalización económica.

Reajuste a la vista. La relación de la Monarquía Hispánica con el Gran Ming llegó incluso a derivar en serios planes para invadir el vasto territorio gobernado por esta dinastía de etnia Han. Pero los tiempos cambiaron y el juego del poder sufrió un drástico vuelco. De hecho, las relaciones comerciales modernas entre España y China no se establecen, formalmente, hasta mediados del siglo XIX, mientras que las diplomáticas apenas han conmemorado su 50º aniversario en 2023.

 


ESPAÑA Y CHINA PACTAN ELIMINAR TRABAS EMPRESARIALES Y FOMENTAR LA INVERSIÓN


 

En el presente escenario, el comercio hispano-chino ha vivido un decidido impulso. Conscientes de la necesidad de reequilibrar una balanza económica fuertemente escorada hacia el Este, en junio pasado tuvo lugar un encuentro de alto nivel en Madrid entre el titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y su homólogo chino, Wang Wentao. En el mismo participó también el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, además de representantes de la CEOE, Cámara de Comercio y de empresas españolas con intereses en el país: Alsa, Cosmen, Osborne, Técnicas Reunidas, Mondragón, Gestamp, Viscofán, Meliá, BBVA o Banco Santander, entre otras.

La reunión, en el ámbito de la vigesimonovena Comisión Mixta Económica e Industrial Hispano-China, serviría, a la postre, de preparación para la celebración en septiembre en Pekín, entre otros encuentros bilaterales, del 9º Foro España-China en el marco del viaje oficial emprendido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lluvia de alianzas. La agenda de la visita incluyó una amplia variedad de actividades enfocadas a ensanchar las relaciones entre ambos estados. Como consecuencia de ello, se firmaron un total de ocho acuerdos de cooperación en diferentes ámbitos, abarcando asuntos más allá de las finanzas y la inversión, como el comercio de servicios, la economía digital, la ciencia, la cultura o la educación, rubricados tanto con entidades públicas como privadas.

 


CHINA ES EL CUARTO PROVEEDOR MUNDIAL DE ESPAÑA, EL PRIMERO SI SE EXCLUYEN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA


 

La finalidad de todas estas iniciativas no es otra que facilitar la construcción de una relación económica más equilibrada. Un anhelo que, en el caso español, se torna necesidad en vista de las crudas cifras que evidencian un galopante déficit, de nada menos que 36.665 millones de euros en 2023 sólo con China, que amenaza con descontrolar el saldo de nuestra balanza comercial exterior. No en vano, el año pasado España tenía una tasa de cobertura -porcentaje de importaciones que cubren las exportaciones- del 89,98%, lo que suma un agujero de 43.500 millones de euros, un 2,9% del PIB, frente al pico de la serie que se registró en 2020 con un 94,52% y el 1,39% del PIB, respectivamente.

Déficit crónico. China es el cuarto proveedor mundial de España, el primero si se excluye a los países de la Unión Europea -que en su conjunto aglutinan el 62,7% del total de los intercambios exteriores-, el primer destino asiático de las exportaciones españolas y nuestro duodécimo cliente exterior. Para valorar su importancia, cabe recordar que, en la actualidad, España es el quinto país de la UE en términos de flujos comerciales con el país de la Gran Muralla, sin olvidar que más de 14.500 empresas españolas exportan a ese mercado.

En este contexto, y como ocurre con el resto de países de Europa, el comercio bilateral chino-español adolece del mencionado desequilibrio histórico. De hecho, en 2023 España importó bienes del gigante asiático por más de 44.000 millones de euros, frente a unas exiguas ventas que apenas superaron los 7.500, según datos del ICEX. Unas cifras que dejan nuestra tasa de cobertura con China en un pírrico porcentaje de alrededor del 17%.

Trabas fuera. Para corregir o, al menos, mitigar este voluminoso agujero financiero, las autoridades comunitarias y españolas tratan de conseguir una cierta reciprocidad en el trato que reciben las empresas occidentales en el país asiático a la hora de acceder a su inmenso mercado doméstico, integrado por más de 1.400 millones de personas.

 


LA AGROALIMENTACIÓN, EL TURISMO O LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL SON SECTORES CLAVE PARA TRATAR DE REEQUILIBRAR EL COMERCIO CON CHINA


 

Pero la implantación en el territorio del primer exportador mundial, coloquialmente conocido como la ‘fábrica del mundo’, no es un asunto baladí. Fruto de lo anterior, las autoridades de los dos países se han comprometido a crear un Mecanismo permanente de Cooperación y Diálogo de cara a facilitar el derribo de barreras y eliminar escollos burocráticos proteccionistas. Además, está previsto que se facilite la identificación de nuevas oportunidades de negocio al objeto de incrementar la base de empresas españolas exportadoras con destino a China.

Gigante comercial. El esfuerzo exportador va a ir de la mano también del incremento de las inversiones recíprocas. El interés radica aquí en trasladar la experiencia acumulada por las empresas españolas en sectores donde ejercen un cierto liderazgo internacional como, por ejemplo, la industria agroalimentaria, la farmaquímica, la tecnología industrial o el turismo. La idea es permitir que nuestras compañías puedan participar en la cadena de valor de sus contrapartes chinas.

Pese a la pujanza comercial, más de un lado que del otro, el asunto de las inversiones bilaterales sigue siendo una asignatura pendiente común para ambas naciones. Así, la inversión de España en China apenas sumó en 2023 un total de 91 millones de euros, mientras que China sólo invirtió 131 millones de euros en España, según DataInvex. En cualquier caso, la inversión directa española acumulada en las últimas décadas asciende a más de 4.700 millones de euros.

El inminente aterrizaje de grandes inversiones industriales implicará el relanzamiento de la inversión directa china en nuestro país. Un desembarco empresarial que incluiría proyectos relacionados con la expansión internacional de las marcas de automóviles eléctricos, y que tiene como protagonistas a la anunciada alianza de Chery (fabricante de los vehículos Omoda) con la catalana Ebro para ocupar las antiguas instalaciones de Nissan en la Zona Franca de Barcelona; o Desay, Coronet y HCR en Linares (Jaén) para hacer lo propio en la antigua fábrica de Santana Motor. Y todo ello sin omitir las previstas en otros sectores, como la de Envision, con una planta de baterías de litio en Cáceres; Gotion que, junto a Coxabengoa, prevé producir baterías en Sevilla o Hygreen, para construir en Málaga una planta de electrolizadores para hidrógeno verde.

Es evidente que los lazos que unen desde hace siglos las relaciones de España y China se han visto reforzados en las últimas décadas por la inusitada intensificación del comercio entre ambas naciones. El milagro económico del gigante asiático hasta convertir al ‘dragón dormido’, en feliz expresión de Napoleón Bonaparte, en la segunda potencia del mundo, amenazando la tradicional supremacía estadounidense, es una oportunidad para que España acometa una revisión en profundidad de sus relaciones en pos de alcanzar un reequilibrio que deje de lastrar nuestra balanza exterior.

Presencia española

Desde la llegada a China, a principios de los años 80, de las empresas consideradas pioneras, entre las que se encontraban Alsa, Agrolimen o Nutrexpa, la implantación de compañías españolas ha sido una constante. En la actualidad existe un clúster empresarial tecnológico, situado en Kunshán, provincia de Jiangsu, que aglutina la apuesta española por esa nación y el continente. Este parque industrial acoge plantas de Fagor Arrasate, Gestamp o Mondragón Internacional, por citar algunas, entre las más de 600 compañías nacionales que operan en el país asiático en diversos sectores como infraestructuras, servicios financieros, tecnología o agroalimentario.

El aterrizaje de inversiones industriales implicará el relanzamiento de inversión directa china en nuestro país, lo que incluiría proyectos relacionados con la expansión de marcas de automóviles eléctricos.

Toma y daca

Según el ICEX, las exportaciones de España a China por categoría de bienes y valor de 7.579 millones de euros se basan en:

  • Productos químicos.
  • Materias primas: menas y minerales.
  •  Alimentación (productos cárnicos), bebidas y tabaco.
  • Bienes de equipo.
  • Componentes del automóvil.

Importaciones españolas desde China, por una cuantía de 44.244 millones de euros:

  • Bienes de equipo, maquinaria y material de oficina.
  • Manufacturas de consumo: textiles y confección, calzado y juguetes.
  • Semimanufacturas: productos químicos, hierro y acero.
  • Bienes de consumo duradero: muebles y electrodomésticos.
  • Automóviles y motocicletas.

OJO AL DATO

Informe País sobre China, ICEX (España, Exportación e Inversión). Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Inversión extranjera en España e inversión española en el exterior. DataInvex, Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

España y China en cifras. Una visualización de las relaciones en números. Fundación Consejo España-China.

«China vista por un economista», por David Cano Martínez

ENTRE MAGNITUDES

DAVID CANO MARTÍNEZ,

socio de Analistas Financieros Internacionales

“La política de hijo único, vigente hasta 2015, está provocando una caída de la población que implica una pérdida de capacidad de crecimiento”

China vista por un economista

“Esta vez será diferente” es una de las frases que más debate genera entre los economistas. Y en mi caso, a medida que voy acumulando experiencia profesional, voy cambiando de opinión. Hace unos años la consideraba falsa. Tal vez porque pensaba que la economía tenía un componente de ciencia que permitía modelizar su comportamiento a partir de lo que había sucedido en otras fases expansivas o de crisis. Puede que fuera por el sesgo que traía de la universidad en la que había estudiado modelos, muy elegantes y certeros, a la hora de explicar el pasado. Pero en los últimos años mi fe en ellos se ha ido desvaneciendo a medida que se han acumulado acontecimientos inesperados, novedosos y de alto impacto, así como importantes cambios en la estructura de la economía mundial.

Tras esta confesión sobre mi transformación, reconozco que ahora soy de la escuela “estavezserádiferente”. Y por muchos motivos. Por un lado, porque nunca antes habíamos tenido una intensidad tecnológica como la actual. Por el otro, porque nunca antes se había acumulado un volumen tan elevado de deuda pública en un contexto de longevidad y envejecimiento poblacional como el actual. Y, aunque hay muchos más factores, déjenme que me adentre en el tema de este artículo: porque nunca antes habíamos tenido la emergencia de una segunda potencia del tamaño de la que ahora ocupa esa posición: China. Sí, es verdad que esta economía ya ha sido líder en diferentes fases de la historia (lea el libro de Ray Dalio, Nuevo orden mundial), pero el reto que tenemos en el presente como economistas es analizar si es posible que desbanque a EE. UU. de la primera posición y cómo va a conseguirlo.

Y es aquí donde empieza otro debate. Tras una primera fase de fuerte expansión, iniciada con el cambio político introducido por Deng Xiaoping en los setenta y acelerada con la incorporación de China en la Organización Mundial del Comercio (2001), que permitió el fuerte crecimiento del PIB vía inversión empresarial y exportaciones, ese modelo parece agotado. Debe ser la demanda interna (el consumo de las familias chinas) la que tome el relevo al consumo de las familias del resto de mundo a la hora de comprar productos made in China. Y eso no está pasando, ni tiene visos de suceder en el corto plazo. Las autoridades del país lo saben y han optado por activar otra palanca del crecimiento: la alta tecnología (‘Tecno-socialismo’, como lo denomina el profesor Claudio Feijoó). Si uno de los errores del siglo XIX, que derivó en el ‘siglo de la humillación’, fue el rechazo a la innovación tecnológica del momento (el tren), ahora ha preferido situarse a la cabeza, superando incluso a EE. UU. en ámbitos como internet de las cosas, cloud computing, computación cuántica, ciberseguridad o inteligencia artificial (ver al respecto el Informe Draghi publicado a principio de septiembre). Esta parece una apuesta ganadora, salvo por el reconocimiento de que sufren un cierto cuello de botella en una pieza básica: diseño y producción de chips. Es por ello por lo que muchos expertos en geoestrategia apuntan al deseo de China de recuperar Taiwán (recomiendo La guerra de los chips, de Chris Miller).

El otro eje de crecimiento y ventaja competitiva futura tiene que ver con las energías renovables. En esto, a diferencia de la alta tecnología, Europa comparte liderazgo tecnológico, en cierto modo porque, como China, sufrimos la ausencia de combustibles fósiles en nuestro subsuelo. Pero China, a diferencia de Europa, cuenta con las materias primas necesarias para la generación de energía renovable, bien de forma directa (en minas en su territorio), bien de forma indirecta (por el posicionamiento en África, en una suerte de neocoloniaslimo que, al menos de momento, este continente parece aceptar).

Con estos mimbres, además de una elevada población (1.300 millones de personas), podría pensarse que nada va a impedir que el PIB de China supere al de EE. UU., incluso antes de la fecha marcada. Esta es 2049, es decir, en el centenario de la actual República Popular China.

Pero el camino cuenta con sus particulares obstáculos. Uno es la denominada “trampa de la renta media”, según la cual, muchas economías son incapaces de superar en su proceso de desarrollo la cota de los 15.000 USD de PIB per cápita. Como hemos comentado, las autoridades chinas parece que apuestan por las nuevas tecnologías para conseguir la velocidad de escape necesaria.

Otro de los retos es digerir una elevada deuda asociada a la fuerte expansión de la inversión residencial. China sufre una burbuja inmobiliaria que necesitará varios años para purgarse, así como medidas contundentes (y dinero) por parte de las autoridades.

En tercer lugar, se debe advertir del ‘invierno demográfico’ en el que está entrando. La política de hijo único, vigente entre 1982 y 2015, está provocando una caída de la población que, combinado con la longevidad, implica una clara pérdida de capacidad de crecimiento futuro. Es verdad que esta característica es común al resto de países del mundo (con la excepción de África) pero condiciona mucho la capacidad de crecimiento diferencial del PIB que necesita China para cumplir su objetivo.

En cuarto lugar, los sociólogos tampoco se ponen de acuerdo en la sostenibilidad del actual régimen político. ¿Presionará el ciudadano para conseguir una democracia o preferirá mantener la actual autocracia si considera que, ante sus características diferenciales, es más eficaz para conseguir el objetivo de crecimiento del PIB?

El alcohol, mejor cuanto más lejos

CONSUMO

EL ALCOHOL, mejor cuanto más lejos

El 92,9% de los jóvenes no aprecia ninguna dificultad para conseguir bebidas espirituosas.
Beber alcohol es siempre un riesgo, especialmente cuando se consume en edades tempranas. Las consecuencias de la bebida en el organismo no son buenas, aunque se trate de un producto normalizado, legal y socialmente aceptado; así lo advierten los expertos en salud. Por eso, el Gobierno prepara un anteproyecto de ley que pretende concienciar de los efectos del consumo precoz de alcohol.
MARIÁN LEZAÚN

La fiesta, el tiempo de ocio y el alcohol van de la mano en muchas culturas. De hecho, en la nuestra, su consumo está muy arraigado. Celebramos los goles de nuestro equipo favorito bebiendo cervezas; damos la bienvenida a un nuevo año brindando con cava, o festejamos cualquier circunstancia con una copa de vino.

El problema, según los expertos, es que olvidamos que el alcohol es una sustancia psicoactiva y, como tal, tiene unas consecuencias que no debemos pasar por alto. “Esta normalización es la que hace que subestimemos los peligros de las bebidas alcohólicas en comparación con otras sustancias ilegales que son consideradas más peligrosas”, explica José Manuel Pérez García, profesor del Máster de Atención Educativa y Prevención de Conductas Adictivas en Niños y Adolescentes de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).

Al respecto Yoana Granero, coordinadora de la Comisión de Prevención de la Asociación Proyecto Hombre, señala que “el inicio temprano en su ingesta y la prevalencia de patrones de consumo intensivo son preocupantes y suponen un riesgo significativo para la salud física y mental de los y las menores”. Y es que el consumo del alcohol crea adicciones y tiene graves consecuencias en el desarrollo del cerebro, especialmente entre los más jóvenes que pueden ver afectada su capacidad de concentración, su memoria y su aprendizaje. Por ello, el eje de la nueva normativa que prepara el Ejecutivo girará en torno a la necesidad de retrasar todo lo posible la edad de inicio, proteger a los menores de las consecuencias de la bebida y reducir los episodios de consumo intensivo.

 


EL EJECUTIVO PREPARA UN ANTEPROYECTO DE LEY PARA PREVENIR EL CONSUMO PRECOZ DE ESTA SUSTANCIA QUE TIENE GRAVES EFECTOS EN EL DESARROLLO COGNITIVO


 

“La percepción de que beber alcohol es algo natural y seguro contribuye a una visión más tolerante, a pesar de los riesgos bien documentados. Este trasfondo cultural influye en la manera en que los adultos interpretamos su consumo y, en muchos casos, lo transmitimos a las generaciones más jóvenes”, asegura Granero. No obstante, todos hemos escuchado las bondades de tomar una copita de vino en las comidas o los efectos de la cerveza en nuestra piel, cabello o incluso sus beneficios sobre el sueño o el fortalecimiento de los huesos.

Aunque el alcohol está demasiado presente en la vida de los adolescentes, los datos empiezan a ser algo optimistas y parece que la situación ha mejorado en los últimos años. Es lo que indican las últimas encuestas europeas sobre el tema, al tiempo que achacan ese descenso a una mayor preocupación por la salud y también al precio en muchos países. No obstante, según la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España, el alcohol es la sustancia psicoactiva que más se consume entre las chicas y chicos de 14 a 18 años. El año pasado, el 75,9% reconocía haberlo consumido alguna vez, el 73,6%, haberlo probado en el último año y el 56,6%, en el último mes. La encuesta refleja que la edad media de inicio del consumo es demasiado precoz, tanto para el consumo ocasional (14 años en hombres y mujeres), como para el semanal (15 años). Por otro lado, la percepción de los adolescentes sobre la facilidad para adquirir bebidas con graduación es muy alta y el porcentaje que considera que le resultaría fácil o muy fácil conseguirlas alcanza el 93%, pese a que todas las normativas autonómicas prohíben la venta a menores de edad.

Para las familias y los expertos la clave está en descubrir por qué los jóvenes se acercan al alcohol. Lo hacen por diversos motivos: presión social, curiosidad, búsqueda de identidad, evasión, desconocimiento de los riesgos o normalización del consumo. La facilidad de acceso al alcohol ya sea a través de amistades, familiares o la compra directa, también juega un papel importante. “De hecho, el 92,9% de los jóvenes no aprecia ninguna dificultad para conseguir bebidas alcohólicas pese a estar prohibida su venta a menores”, explica Granero. Pérez añade también la búsqueda de aceptación social y la presión de grupo en el consumo intensivo. “A menudo, el alcohol se convierte en un mecanismo de escape para lidiar con inseguridades, problemas de adaptación, o la necesidad de pertenencia. En muchos casos responde a problemas de autoestima y falta de habilidades para gestionar emociones, convirtiéndolo en un refugio potencialmente nocivo”, apunta.

Según la encuesta realizada por el Ministerio del Interior, los estudiantes declaran que beben alcohol porque les gusta su sabor, por diversión o placer o para sentir emociones nuevas. Un 15% bebe para olvidar los problemas personales y un 14,6% para superar la timidez y relacionarse mejor. Entre las razones para no consumir destacan los efectos negativos para la salud y la pérdida de control.

Alarma. Para detectar el consumo de sus hijos, los adultos pueden estar atentos a determinadas conductas. No obstante, la detección temprana de estos problemas en adolescentes pasa por la observación y el establecimiento de una comunicación abierta, según explica Pérez. “Cambios en el comportamiento, variaciones en el grupo de amigos, mayor participación en planes nocturnos o bajo rendimiento escolar” son algunas de las señales.

 


EL 75,9% DE LOS JÓVENES DE ENTRE 14 Y 18 AÑOS RECONOCE HABER BEBIDO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN


 

Por eso, para los expertos, el anteproyecto de ley debería ser más ambicioso. Responsables de Proyecto Hombre, que han participado en la elaboración del mismo, apuntan algunas alegaciones que deberían tenerse en cuenta. Por un lado, frente a acciones puntuales, debe realizarse la puesta en marcha de programas preventivos con evidencia científica y estándares de calidad reconocidos. Además, es necesario fortalecer la intervención con las familias a través de la puesta en marcha de programas preventivos en sus tres niveles (universal, selectiva e indicada), así como incorporar la regulación, su aplicación y su cumplimiento en aspectos relacionados con los horarios de los locales de ocio nocturno, los lugares de consumo y los puntos de venta de alcohol.

Efectos negativos

Peleas, vómitos y mal humor son solo los efectos visibles de un problema que va mucho más allá. “El consumo de alcohol durante la adolescencia afecta al desarrollo cerebral, interfiriendo en la maduración de áreas cerebrales como la corteza prefrontal, íntimamente implicada en procesos clave como la toma de decisiones, el control de impulsos o la planificación. Este patrón de consumo intensivo se ha relacionado con problemas de memoria, atención y aprendizaje, lo que impacta negativamente en el rendimiento académico y en el día a día de los jóvenes”, explica José Manuel Pérez García, profesor del Máster Universitario en Atención Educativa y Prevención de Conductas Adictivas en Niños y Adolescentes de la UNIR.
La normativa que prepara el Ejecutivo gira en torno a la necesidad de retrasar la edad de consumo.

Publicitar un producto nocivo

Como ya ocurrió con el tabaco o las casas de apuestas, el Ejecutivo quiere acabar con la difusión comercial de las bebidas alcohólicas. El anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad que prepara el Gobierno busca desarrollar una política que prevenga de forma eficaz el consumo de bebidas alcohólicas por las personas menores de edad y sus efectos negativos, e incluye medidas de lo que se conoce como prevención ambiental, es decir, aquellas iniciativas que se refieren al acceso y disponibilidad de los productos. Por ejemplo, el texto recoge limitaciones de emplazamiento, difusión y distribución de la publicidad de bebidas alcohólicas o de las empresas productoras que no podrá hacerse, bajo ningún pretexto, en un perímetro que diste de 200 metros lineales de los accesos a zonas frecuentadas por personas menores de edad.

POR SI LAS DUDAS

Ministerio de Sanidad. En la web del Ministerio de Sanidad se pueden consultar los resultados del estudio anual sobre el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes y el texto del anteproyecto de ley.

Euronews. El consumo de alcohol ha descendido ligeramente entre los jóvenes europeos. Entre otros motivos, por el precio de las bebidas y la mayor preocupación por la salud.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un estudio recoge los daños que al alcohol provoca en el cerebro y sus efectos a largo plazo.

«Un problema que afecta a toda la sociedad», por José Ramón Lozano Petit

CONSUMO

JOSÉ RAMÓN LOZANO PETIT,

secretario general de la Federación UNAE

“Es importante que los padres estén informados sobre los riesgos del consumo de alcohol a edades tempranas para poder abordarlo de manera efectiva”

Un problema que afecta a toda la sociedad

El consumo de alcohol entre menores de edad es un problema creciente, que afecta tanto a la salud física como emocional de los jóvenes, y representa un desafío importante para las familias, las autoridades y la sociedad en su conjunto.

Muchos factores influyen en el consumo de alcohol por los adolescentes, como la curiosidad, el deseo de imitar a los adultos, de pertenecer a un grupo o encontrar una forma de escapar de los problemas emocionales, como el estrés o la ansiedad.

A esto se suma la normalización del alcohol en la cultura española, donde está presente en celebraciones familiares y eventos sociales, y resulta de fácil acceso para los jóvenes. Los medios de comunicación y la publicidad también fomentan una imagen atractiva del consumo de alcohol, que hace frecuente su uso desde edades tempranas. Como consecuencia, según recientes estudios, un alto porcentaje de jóvenes entre 12 y 17 años ha probado el alcohol alguna vez, y muchos de ellos lo consumen de manera habitual.

Sin embargo, el consumo de alcohol en menores no es inocuo, ya que afecta negativamente a su desarrollo físico y psicológico. A nivel cerebral, el alcohol puede interferir en el desarrollo normal de áreas relacionadas con la toma de decisiones, el autocontrol y la memoria, lo que aumenta el riesgo de alteraciones de comportamiento, depresión, ansiedad y fracaso escolar. Además, a largo plazo, los adolescentes que consumen alcohol tienen más probabilidades de desarrollar adicciones y otros problemas de salud, como enfermedades hepáticas y cardiovasculares.

Ante esta preocupante situación, la prevención es fundamental. Familias, escuelas, medios de comunicación y administraciones deben trabajar conjuntamente en la educación y concienciación sobre los riesgos. Pero la prevención no debe limitarse a campañas informativas puntuales, de escasa o nula repercusión sobre los jóvenes, sino que debe tener un enfoque integral que involucre a todos los actores claves en la vida de los adolescentes, promoviendo actividades alternativas al consumo de alcohol como forma de diversión.

Otras medidas como el endurecimiento de la venta de alcohol a menores, no solo en tiendas físicas, sino también en plataformas en línea, donde el acceso es cada vez más sencillo para los menores, el aumento de los controles en locales y lugares de ocio, la concienciación de comerciantes y hosteleros y la limitación del acceso a bebidas alcohólicas en eventos públicos, pueden ayudar a reducir su consumo, pero no son una panacea.

Por eso, la familia debe ser el principal pilar para la prevención del consumo de alcohol entre los jóvenes. Los padres tienen un papel fundamental para educar a sus hijos sobre los peligros del alcohol y deben ser conscientes del impacto que tienen sus propias actitudes, predicando con el ejemplo, fortaleciendo la comunicación e implicación en el hogar y fomentando modelos de comportamiento saludables y responsables. Si el consumo de bebidas alcohólicas es visto en casa como una práctica cotidiana y sin riesgos, los jóvenes lo considerarán como algo inofensivo. Además, muchas familias también sufren las consecuencias económicas y emocionales del consumo de alcohol en menores.

Por eso es importante que los padres estén informados sobre los riesgos que implica el consumo de alcohol a edades tempranas, para poder abordarlo de manera efectiva. Finalmente, es fundamental mantener en casa una comunicación abierta, donde los adolescentes se sientan cómodos para hablar de sus problemas e inquietudes. Por eso hay que establecer reglas claras y coherentes sobre el consumo de alcohol en el hogar.

La escuela, donde los jóvenes pasan una gran parte de su tiempo y socializan con sus compañeros, también juega un papel importante en la prevención, y puede facilitar una formación adecuada sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol a través de programas de educación preventiva que incluyan charlas, talleres y actividades interactivas. Estos programas de prevención deben incluir no solo información sobre los efectos negativos del alcohol, sino también estrategias para resistir la presión social y desarrollar habilidades de toma de decisiones responsables.

Además, es importante que se promueva una cultura social que ofrezca alternativas de ocio saludables, como el deporte, la música, el arte o actividades extracurriculares que fomenten la autoestima y la convivencia sin necesidad de recurrir al alcohol. En este ámbito, los medios de comunicación también tienen una responsabilidad importante en la prevención, dejando de normalizar el consumo de alcohol entre menores en sus contenidos. Pese a las restricciones en horarios y espacios donde pueda haber menores de edad, la exposición de los adolescentes a la publicidad de bebidas alcohólicas sigue siendo alta, especialmente en plataformas digitales y redes sociales, donde las regulaciones actuales no tienen un alcance efectivo, y a menudo se asocia su consumo con diversión, éxito y popularidad, enviando un mensaje peligroso a los jóvenes, por lo que se debe regular mejor y evitar que sea accesible a los menores.

Las campañas de concienciación masivas pueden llegar a un público muy amplio, sensibilizando no solo a los jóvenes para que tomen decisiones saludables y desarrollen habilidades emocionales, como el manejo del estrés y la autoestima, sino también a sus familias y a la sociedad en general, pero para ser eficaces deben ser creativas y estar dirigidas específicamente a los adolescentes, utilizando plataformas como redes sociales y medios digitales.

En definitiva, el consumo de alcohol en menores es un problema que afecta a toda la sociedad, y en el que todos debemos implicarnos.

Coto a las contrataciones telefónicas de las eléctricas

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Coto a las contrataciones telefónicas de las eléctricas

Un reglamento en trámite prohibirá a las comercializadoras de luz y gas cerrar contratos por teléfono, a menos que el usuario lo pida de forma expresa o sea él quien realice la llamada.
PATRICIA ANDÚJAR
El Ministerio para la Transición Ecológica quiere responder a los desafíos en política energética.

El Gobierno pretende prohibir que las empresas comercializadoras de luz y gas puedan hacer contratos a los consumidores a través de una llamada telefónica. Es uno de los puntos recogidos en el proyecto de real decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Suministro y Contratación, con el que se establecen las condiciones para la comercialización, agregación y protección del consumidor de energía eléctrica. Así, el Ministerio para la Transición Ecológica busca adaptar el actual marco normativo y dar respuesta a los desafíos y objetivos en materia de política energética.

 


LA NUEVA PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE SUMINISTRO Y CONTRATACIÓN PROHIBIRÁ LA PUBLICIDAD Y LA CONTRATACIÓN TELEFÓNICA DE LUZ Y GAS


 

Existe solo una excepción a esta norma, y es que el propio usuario sea el que solicite esa comunicación o bien la lleve a cabo en primera persona. En este caso, se señala que el comercializador, según el ministerio “deberá grabar la totalidad de la llamada comercial, independientemente de quién la origine, incluyendo toda la información facilitada al consumidor y, en su caso, la información precontractual con las características básicas de la oferta”.

Cómo se deberá hacer. El texto también incorpora una serie de derechos y obligaciones para los agentes que intervienen en este negocio. Por ejemplo, que las comercializadoras deberán comunicar sus ofertas comerciales, tanto las nuevas como cualquier modificación de otras ya existentes, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con una antelación de, al menos, diez días a la fecha en que serán efectivas. Así, este organismo gestionará un comparador de precios a partir de esta documentación, que será confidencial hasta su difusión pública y elaborará un informe anual.

Desde la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) aseguran haber alertado al ministerio sobre esta cuestión, ya que “las comercializadoras actúan en un mercado muy volátil y, por ello, se deben realizar las ofertas con mucha celeridad y día a día”. Esto, en muchas ocasiones, “les impide ser previsores” y, sin embargo, sí “aprovechar las oportunidades de mercado”. Concluyen que “es posible que ni el propio comercializador sepa qué oferta va a realizar en el plazo de diez días” y que, aunque el ministerio esté “lleno de buenas intenciones, debe comprender que esto no es razonable en el sector”.

 


SEGÚN EL MINISTERIO, EL COMERCIALIZADOR “DEBERÁ GRABAR LA LLAMADA COMERCIAL, INCLUYENDO TODA LA INFORMACIÓN FACILITADA AL CONSUMIDOR”


 

Llamada de atención. Tras la avalancha de reclamaciones por parte de los consumidores a la CNMC en relación a las comunicaciones telefónicas por parte de algunas comercializadoras, el organismo supervisor publicó un informe el pasado mes de abril sobre los mercados minoristas de gas y electricidad, en el que ya planteaba la necesidad de establecer “normas estrictas” para poner fin a este tipo de prácticas que los propios usuarios tildaban de “engañosas”.

 


LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA YA ALERTÓ DE PRÁCTICAS COMERCIALES ENGAÑOSAS POR PARTE DE ALGUNAS COMERCIALIZADORAS


 

En este mismo informe, la Comisión denunciaba las deficiencias en la contratación, ya que muchas comercializadoras “minimizan los soportes documentales en la contratación” y por ello, considera que “no son transparentes ni antes ni durante la contratación de la oferta e incurren en prácticas comerciales engañosas diseñadas para cumplir con estos requisitos documentales sin que quede constancia de estas en la documentación aportada”. Por ello, ya instaba a que existan unos requisitos mínimos que mejoren la información que está disponible para el consumidor, así como que “se impidan las prácticas comerciales engañosas y abusivas y se reduzcan los cambios por errores administrativos y falta de diligencia de las compañías”.

Un paso más. Ya en 2018 el Ministerio para la Transición Ecológica puso en marcha otro real decreto ley que incluía una medida por la que se prohibía la contratación a domicilio de la luz y el gas natural, salvo que la visita fuese solicitada expresamente por el propio usuario.

Dicha prohibición se justificó en “el elevado número de reclamaciones presentadas ante los organismos de consumo y ante la CNMC en los últimos años” por las visitas a las viviendas de particulares para llevar a cabo las citadas contrataciones.

La norma, según denunciaron algunas empresas en ese momento, afectaba a más de 5.000 comerciales repartidos por todo el país. Sin embargo, no afectaba al segmento industrial y el de las grandes empresas con potencias contratadas por encima de los 10 KW y las compañías recurrieron a otras alternativas, como la de contratación telefónica (ahora, en vías de prohibición) o a través de puestos informativos, por ejemplo, en centros comerciales.

Las grandes del sector coinciden

Hasta el 13 de septiembre las compañías eléctricas podían presentar sus alegaciones, aunque las más grandes como Endesa, Iberdrola y Naturgy sí apoyan la medida porque entienden que puede “contribuir a mejorar la imagen” que se tiene de las compañías de luz y gas, afectada por las empresas que se dedican a realizar esa contratación telefónica. Aun así, solicitan “reglas claras” para evitar que se sigan produciendo.

Un claro ejemplo es la actual Ley General de Telecomunicaciones, de la que se pide una interpretación unánime, ya que, aunque se ha dictaminado que solo se pueden realizar llamadas a los clientes de menos de un año o en el caso de que el usuario haya dado su consentimiento expreso, lo cierto es que no se está cumpliendo y eso ejerce un “daño reputacional para el sector eléctrico”.

La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía asegura que “actúan en un mercado muy volátil”.

Las comercializadoras independientes opinan

En palabras de Javier Colón, presidente de la Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica (ACENEL), “el proyecto supone un grave perjuicio para las comercializadoras independientes de electricidad, para el libre mercado y la competencia y, por ende, para los consumidores”, y añade que “la limitación de alternativas comerciales y canales de venta beneficia a las eléctricas tradicionales”. En la misma línea, desde la ACIE entienden que son “medidas que podrían impactar negativamente en la competencia del sector eléctrico, afectando también a pymes y a grandes empresas” ya que “estos grupos de clientes sí están acostumbrados a estas gestiones telefónicas y esto supone un cambio drástico de operativa”. Según fuentes de ACIE, ese tipo de llamada les permite en muchas ocasiones “promocionar nuestros servicios que tienen que ser competitivos con los del resto del sector”. Ambas asociaciones están de acuerdo en la necesidad de regular, aunque con matices. Desde ACENEL son “partidarios de una efectiva supervisión más que de la prohibición”, que para ACIE se traduce en “hacer un mayor seguimiento, la imposición de penalizaciones a los sujetos que actúen de manera ilícita o la codificación de los call center para lograr un mayor control”.

PARA SABER MÁS

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En su web se explica la normativa vigente relacionada con la actividad de comercialización y el suministro de energía eléctrica, con todas sus actualizaciones y revisiones pertinentes hasta llegar al último proyecto de real decreto, que también se puede consultar.

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En el apartado dedicado a los consumidores de energía eléctrica de la web de la CNMC se encuentra toda la información necesaria sobre dicho sector y se incluye un PDF con los pasos a seguir para poder realizar una reclamación.

Comisión Nacional de los Mercados.
En abril de este año hizo público el último informe de los mercados minoristas de gas y electricidad donde advertía de las reclamaciones de numerosos consumidores sobre las comunicaciones realizadas.

«Por los consumidores del sector eléctrico», por Olga Ruiz Legido

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

OLGA RUIZ LEGIDO,
presidenta de FACUA

“Solo mediante un marco normativo que priorice los derechos de los consumidores se podrán paliar las prácticas abusivas”

Por los consumidores del sector eléctrico

El Gobierno está tramitando una nueva norma en el ámbito del sector eléctrico donde se establecen las condiciones para la comercialización, agregación y protección del consumidor. Con esta norma se persigue, entre otros objetivos, una agrupación de la legislación del sector en materia de suministro y contratación y una adecuación del actual marco normativo a la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, reforzando el papel del consumidor.

Partimos de una regulación del suministro eléctrico muy fragmentada y dispersa, que ocasiona en el consumidor medio complejidad y dificultad para conocer el marco de sus derechos y obligaciones. El Ejecutivo pretende abordar los graves problemas que sigue suscitando la contratación del suministro prohibiendo que las comercializadoras eléctricas realicen publicidad o prácticas de contratación no solicitadas por el usuario por vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa y, en su caso, exigiendo al comercializador grabar la totalidad de las llamadas.

Para que la información de los precios sea más rigurosa y sea posible la comparación por parte del consumidor, se obligaría a las empresas a comunicar sus ofertas, tanto las nuevas, como las modificaciones de los precios ya existentes, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con una antelación de, al menos, diez días a la fecha en la que entren en vigor y se apliquen

Si primero se prohibieron las prácticas de comercialización de contratos de suministro eléctrico puerta a puerta debido a los fraudes que se detectaron en dicha fórmula, ahora la prohibición se extiende a las llamadas telefónicas. Y estas restricciones en las técnicas de contratación de un servicio esencial responden a una lamentable realidad: los constantes abusos derivados de las prácticas comerciales de algunas empresas eléctricas en el marco de un sector liberalizado.

En octubre de 2018, el Gobierno prohibió la comercialización de electricidad puerta a puerta a los consumidores domésticos, salvo que la visita sea solicitada expresamente por estos, medida que incluyó en el Real Decreto Ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Seis años después, los fraudes no cesan y se ha decidido extender la prohibición a las contrataciones telefónicas. Estas medidas cuentan con el antecedente de su vigencia en países como Reino Unido desde el año 2011.

La experiencia de la liberalización del mercado eléctrico en todos estos años, lejos de fomentar una competencia justa ha venido evidenciando múltiples disfunciones e irregularidades, como la comercialización fraudulenta del suministro eléctrico con contratos no consentidos por los usuarios, o la falta de claridad en las tarifas ofertadas y las limitaciones de acceso al bono social eléctrico para consumidores vulnerables. También se siguen estipulando condiciones contractuales abusivas y continúa habiendo dificultad para rescindir contratos o cambiar de proveedor de energía eléctrica.

Europa no puede hablar de empoderar a los consumidores de energía eléctrica y consentir en paralelo que sigan produciéndose prácticas abusivas contra ellos en la contratación del suministro eléctrico. El legislador debe ponerles fin, sobre todo a las puertas de introducir nuevos actores en el mercado eléctrico, como los agregadores independientes, figura que contempla también el proyecto normativo y cuya actividad va a requerir no solo de su regulación sino también de supervisión y control para evitar nuevos problemas y abusos. Solo mediante un marco normativo que priorice sus derechos y que vigile activamente y de forma eficaz las prácticas de los distintos agentes (comercializadores, distribuidoras, agregadores independientes, etc.) se podrán evitar las prácticas abusivas.

En este sentido, junto con una regulación exigente y garantista, necesitamos mecanismos de control del mercado eléctrico para acabar con las irregularidades como la falta de transparencia en precios, así se confunde a los consumidores a los que se les ofrece tarifas más bajas inicialmente, ocultándoles los costes y servicios adicionales y dificultándoles la comparación entre opciones de suministro. También debe acabarse con la facturación con retrasos prolongados en la emisión de las facturas y con las lecturas estimadas durante amplios periodos y las refacturaciones erróneas por presuntas incidencias en el contador no comunicadas con garantías al consumidor. Y debe ponerse fin a las tácticas de captación y contratación engañosas, como las ofertas de ahorros y bonificaciones inexistentes y que no se concretan, o a las limitaciones en la aplicación del bono social eléctrico y a la inclusión de cláusulas de permanencia con penalizaciones.

En definitiva, el funcionamiento del mercado eléctrico está generando cada vez más desconfianza y el incremento de las consultas y las reclamaciones en estos años así lo confirma. Es imprescindible que la regulación sea clara y efectiva pero también que se supervise y controle su aplicación. Solo mediante un marco normativo que priorice los derechos de los consumidores y la vigilancia activa y continua de las prácticas de los distintos agentes del sector se podrán paliar las prácticas abusivas y engañosas para el consumidor.

La fragmentación y la dispersión de la normativa reguladora del suministro eléctrico y el rudimentario seguimiento y control de las autoridades competentes dificultan avances en la protección del consumidor. Pero tampoco ayuda el escaso reproche normativo hacia las prácticas abusivas y fraudulentas y las bajas cuantías de las sanciones a las empresas comercializadoras y distribuidoras por su mala praxis.

La seguridad jurídica de las personas mayores

EN SOCIEDAD

LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS MAYORES

Hay personas que deciden dar a otras un bien a cambio de recibir una renta o pensión o de ser atendidos por ellas.
España ha experimentado un significativo cambio demográfico en los últimos años que ha redefinido su perfil poblacional. 2023 marcó un hito histórico al cerrar el año con la mayor población de mayores desde que se tiene registro. Aproximadamente el 22,5% de la población española tiene 65 años o más, lo que refleja una clara tendencia hacia el envejecimiento de la sociedad. Los últimos datos disponibles muestran una mayor preocupación de estas personas por proteger su futuro personal y patrimonial y el de sus familiares.
REDACCIÓN

Según los datos del INE, en España, a 1 de julio de 2024, había un total de 9.470.725 españoles con 65 años o mayores.

 


MARÍA TERESA BAREA: “EL NOTARIADO DESEMPEÑA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y DE LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS MAYORES”


 

Función notarial. “El Notariado desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos y de la seguridad jurídica de las personas mayores, poniendo a disposición de los ciudadanos actuaciones notariales que abordan cuestiones cruciales relacionadas con la planificación sucesoria, la toma de decisiones en muchos ámbitos incluido el médico, las operaciones financieras y otros asuntos, todo ello con el objetivo de garantizar su bienestar y dignidad”, explica María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado.

Los actos notariales que resultan más relevantes para los mayores, y por tanto los más habituales, son:

  • Los documentos de voluntades anticipadas mediante los cuales, una persona, al amparo de la normativa autonómica en cada caso aplicable, expresa sus deseos con respecto a los tratamientos médicos que desearía o no recibir en situaciones en las que no pudiera expresar su voluntad. Esto incluye decisiones sobre el destino de sus órganos, la designación de personas para comunicarse con los equipos médicos, resoluciones sobre el manejo de su cuerpo después del fallecimiento y otras cuestiones reguladas por estas normativas.
  • Los testamentos abiertos ante notario, por los que se dispone quiénes serán los herederos y en qué proporción, quiénes serán legatarios o perceptores de bienes concretos, el nombramiento de albacea y otras muchas previsiones sobre la sucesión mortis causa.
  • La cesión de bienes a cambio de alimentos y/o renta, cuyo objetivo es transmitir a un tercero uno o más bienes a cambio de recibir una renta o pensión o de que el cesionario se haga cargo de la manutención del cedente.
  • Las hipotecas inversas, en las que el propietario de una vivienda recibe una cantidad de dinero de una sola vez o en forma de renta periódica utilizando dicho inmueble como garantía real. El dueño puede cancelar la hipoteca cuando así lo desee y de igual forma disfruta de la vivienda hasta su fallecimiento, pues en ningún momento pierde su propiedad. Esta figura suele utilizarse para obtener liquidez con la que complementar la pensión de jubilación.
  • Los poderes generales y los poderes generales preventivos. El poder general es un documento notarial por el que una persona confiere a otra u otras la facultad de realizar un amplio conjunto de actos y negocios jurídicos en su nombre, lo que incluye todo tipo de actos de administración y disposición patrimonial e incluso decisiones sobre la atención y cuidados que deben prestarse al poderdante en determinadas circunstancias. Cuando el poder general es preventivo incluye una cláusula por la que se mantiene la vigencia del poder incluso en caso de que el poderdante esté en situación de discapacidad o bien se dispone que solo empiece a surtir efectos cuando dicha situación de discapacidad llegue.

 


LA REALIZACIÓN DE ACTOS NOTARIALES PARA NUESTRA PROTECCIÓN PERSONAL Y PATRIMONIAL SE INTENSIFICA A PARTIR DE LOS 45 AÑOS


 

Perfil social. La realización de actos notariales de este tipo se intensifica a partir de los 45 años y, en general, las mujeres utilizan más los actos notariales para mayores.

En el caso de los documentos de voluntades anticipadas, las mujeres representan consistentemente una mayor proporción de los usuarios, con porcentajes que van desde el 58,1% en 2020 hasta el 58,6% en 2024, mientras que los hombres se mantienen por debajo del 42%.

Por otro lado, en lo que respecta a los testamentos, los porcentajes de otorgamiento por parte de hombres y mujeres se han mantenido bastante equilibrados durante todo el período analizado. Las mujeres han otorgado testamento en un 54,7% de los casos, mientras que los hombres lo hicieron en un 45,3% de las ocasiones.

En cuanto a la cesión de bienes a cambio de alimentos y/o renta, la realización de este acto por parte de las mujeres ha predominado a lo largo de los años, alcanzando el 59,5% en 2021 y situándose en un 52,4% en 2024, mientras los hombres la han realizado en un 40,5% en 2021 y en un 47,6% en 2024.

En el caso de las hipotecas inversas, también son mayoritariamente realizadas por las mujeres, especialmente en 2024, año en el que representaron el 63%.

Finalmente, los poderes generales y preventivos muestran una distribución bastante estable en términos de género, con una ligera preponderancia femenina. Las mujeres han representado entre el 54,8% y el 55,3% de los usuarios, mientras que los hombres se han mantenido cerca del 45%.

Las mujeres han otorgado testamento en un 54,7% de los casos, mientras que los hombres lo hicieron en un 45,3% de las ocasiones.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA CON 65 AÑOS Y MÁS

Andalucía, Cataluña y Madrid, las comunidades más envejecidas
En el ámbito autonómico la comunidad con más número de mayores es Andalucía, que en 2023 cerró el año con un total de 1.560.484 personas con 65 años o más, seguida de Cataluña (1.526.210 personas mayores) y Madrid (1.268.205 personas mayores). Por otro lado, las CC.AA. que menos población mayor tuvieron al cierre de 2023 fueron: La Rioja (70.265 personas mayores), Navarra (137.748 personas mayores) y Cantabria (138.871 personas mayores).
Preocupados por el futuro

Los notarios han autorizado desde enero de 2017 y hasta junio de 2024 6.498.539 testamentos, poderes generales y preventivos, voluntades anticipadas, cesión de bienes e hipotecas inversas, llegando en 2023 al máximo anual donde se realizaron 949.942 actos.

Si bien se ha registrado un aumento en el número de actos autorizados desde 2017, la tendencia ha sido desigual ya que más allá del descenso ocasionado por el parón del año 2020 debido a la Covid 19, en 2018 se registró una caída (-0,4%) y en 2022 el aumento fue tímido (0,06%). Entre 2017 y 2023 se observa un crecimiento modesto del 16% pasando de 819.916 actos en 2017 a 949.942 en 2023. El primer semestre de 2024 se convierte en el segundo mejor desde 2017, al alcanzar los 500.231 actos, sólo superado por la primera mitad de 2023, en la que se registraron 503.176 expedientes. Esto representa un descenso del 0,6% en 2024, respecto al semestre del año anterior.

ACTOS TOTALES POR AÑOS Y SU VARIACIÓN ANUAL
Mayor demanda de testamentos y poderes

La evolución de los actos ha sido dispar entre los servicios notariales analizados a lo largo de estos siete años y medio. Los testamentos son el grupo que mayor peso tiene, seguido por los apoderamientos. Estos dos grupos constituyeron en el 2017 el 99% de los actos realizados (812.401 de 819.916 actos), aunque en la primera mitad de 2024 la proporción bajó ligeramente y se situó en el 98%, con 491.258 de los 500.231 actos.

Los actos restantes (voluntades anticipadas, cesión de bienes e hipoteca inversa) en estos siete años y medio alcanzaron los 84.892 expedientes realizados, lo que significa un 1,3% del total desde enero de 2017 hasta junio de 2024.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTOS
RELACIONADOS CON LOS MAYORES

«Confucio y la piedad filial», por Carmelo Encinas

EN SOCIEDAD

CARMELO ENCINAS,

periodista. Asesor editorial de 20 minutos

“En España no solo hay cada vez más gente mayor, también ha crecido el número de personas que viven solas”

Confucio y la piedad filial

Su familia se arruinó. Procedía de una estirpe noble pero las circunstancias le obligaron a ejercer de maestro, funcionario público y hasta de carpintero. Me refiero a uno de los pensadores más influyentes en la historia de la humanidad: hablamos de Confucio. Su pensamiento filosófico ha tenido a lo largo de los siglos un enorme impacto en todo el mundo, pero sobre todo en China, donde nació en el año 551 antes de Cristo. De su forma de entender la existencia del ser humano destaca un concepto que 25 siglos después sigue imperando en Asia Oriental como la base ideológica de la sociedad tradicional. Él lo llamó “la piedad filial”. Este principio considera el respeto a los mayores como la más alta virtud y que los jóvenes de la familia han de cuidar a los de más edad con la deferencia que merecen.

Tal fundamento mantiene su vigencia en un país como Corea del Sur, a pesar de que su progresiva occidentalización va mermando la influencia de estos valores. Los coreanos están socializados no solo para mostrar cortesía a sus mayores sino para darles un alto rango de autoridad. Lo hacen hasta el extremo de celebrar con gran boato los 60 y 70 cumpleaños de sus progenitores entendiendo el tránsito a la vejez como un paso hacia un mayor estatus de experiencia y sabiduría. Esto ocurre hoy en la Corea vanguardista y democrática mientras en China las autoridades del partido comunista encabezadas por el propio presidente Xi Jinping iniciaron una gigantesca campaña mediática para recuperar valores tradicionales como el cuidado y el respeto a los padres y personas de edad avanzada alineados con “la piedad filial” de Confucio.

El retorno a estos valores supone un choque frontal con las tesis maoístas del fundador del partido que denunciaban la filosofía confucionista como parte de un pensamiento feudal que había de ser erradicado. Ni que decir tiene que esta forma de poner en valor a la tercera edad en Extremo Oriente contrasta con las culturas occidentales empeñadas en fetichizar la juventud. Lo hacemos en detrimento de los mayores que, según van cumpliendo años, tienden a ser minusvalorados o relegados en lo laboral y, a veces, confinados después en residencias u hospitales hasta llegar a convertir la vejez en una experiencia vergonzante. Con frecuencia los abuelos son apreciados mientras resultan útiles para atender a los nietos y que los hijos puedan conciliar, pero cuando son ellos los que han de recibir los cuidados las actitudes suelen ser otras.

Cerca de mi casa hay un negocio regentado por una familia china en el que trabajan todos sus miembros. La mayor de las hijas tuvo un bebé y a las pocas semanas ya estaba el abuelo dedicado en cuerpo y alma a su cuidado. He visto crecer a esa criatura y envejecer al abuelo que ahora no tiene labor reconocida, pero al que profesan un afecto y un respeto envidiable. Un día se me ocurrió preguntarle por su relación con la familia y se manifestó convencido de que ese nieto y los que vengan serán quienes más se preocupen de su bienestar cuando las fuerzas le fallen.

No todo lo que viene del Extremo Oriente es encomiable, pero de esta filosofía de la piedad filial creo que deberíamos aprender. Estamos envejeciendo a marchas forzadas y no me refiero individualmente, que todos vamos cumpliendo años, sino como sociedad. La esperanza de vida ha ido aumentando al mismo tiempo que desciende la tasa de natalidad. Hay que estar preparado en todos los sentidos para una inversión de la pirámide demográfica en la que los mayores no sean contemplados como un estorbo a despreciar.

El envejecimiento poblacional es a fin de cuentas uno de los mayores logros de la humanidad, pero plantea desafíos que conviene afrontar con la mayor determinación para no sufrir efectos indeseables. Esa piedad filial de la que hablaba Confucio vendría bien para mirar con otros ojos a los más longevos pero, además, resulta imprescindible que los mayores cuenten con instrumentos legales que garanticen sus derechos en cualquier circunstancia. Son muchas las necesidades de las personas de edad avanzada y la Justicia ha de jugar un papel fundamental para garantizar sus derechos en igualdad de condiciones que los ciudadanos más jóvenes. En España no solo hay cada vez más gente mayor, sino que también ha crecido el número de personas que viven solas, no tienen hijos ni familia cercana o, si la tienen, pasan de ellos. Son individuos de los que nadie se hace cargo cuando enferman o no están en condiciones de cuidarse por sí solos. Mucho me temo que el sistema no está lo bastante preparado para afrontar estas situaciones cada vez más frecuentes, aunque la ley 8/21 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica ha supuesto un importante paso para afrontar esta realidad.

Un instrumento interesante es la llamada autocuratela, una medida de autoprotección que se define como una figura legal que permite que una persona en previsión de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad, deje por escrito cómo desea que se organicen y administren los asuntos relativos a su persona y bienes, incluida la designación de curador. El curador será preferentemente asistencial, es decir, ayudará en la toma de decisiones y solo en los casos en que haya una imposibilidad de hecho para manifestar y conformar voluntad, será curador representativo. En todo caso, el curador siempre deberá actuar conforme a la historia de vida y preferencias de la persona que lo haya nombrado.

Retos de la Alianza

ESPACIO AEQUITAS

Todos los ciudadanos iguales ante la ley

Tres años después de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica representantes de la Alianza Apoyo y Autonomía valoran cuáles son los principales retos.

JOSÉ M. CARRASCOSA
Reunión de trabajo de la Alianza Apoyo y Autonomía, celebrada en el Consejo General del Notariado.

«La Ley 8/2021 es un estandarte a nivel mundial de la aplicación del artículo 12 de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Su aplicación puede generar problemas evidentes, dadas las dificultades que implica un cambio de paradigma tan grande como el que ha producido; por ello, es fundamental que los operadores jurídicos nos formemos y nos dediquemos, no sólo a fomentar su aplicación, sino, en lo posible, a tratar de mejorarla en su implantación práctica», explica José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Æquitas del Consejo General del Notariado y autor del libro La autonomía de las personas con discapacidad. Reflexiones en torno a la Ley 8/2021.

«Esta norma -prosigue Martínez Sanchiz- atribuye a los notarios una responsabilidad como apoyo institucional de las personas con discapacidad; en este sentido, tenemos que buscar fórmulas que se adecúen en cada caso, haciendo ‘trajes a medida’ de cada necesidad. Las familias han quedado muy concernidas con la Ley y vienen a las notarías con preocupación; podemos ayudarles mostrando cómo hay soluciones que pueden perfectamente disipar sus dudas y ayudar a que resulten eficaces los propósitos familiares adecuándolos a las soluciones legales».

 


“LA NORMA ATRIBUYE A LOS NOTARIOS UNA RESPONSABILIDAD COMO APOYO INSTITUCIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, EXPLICA MARTÍNEZ SANCHIZ


 

El papel de la Alianza. Para Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU del CERMI Estatal, la norma ha supuesto «un cambio muy significativo y valioso en cuanto a la consideración de las personas con discapacidad como sujetos de derecho con reconocida capacidad jurídica para obrar de manera autónoma con los apoyos que precisen. La Alianza está llamada a jugar un papel de vigilancia y colaboración para que sea exigible la disposición de todos los medios técnicos y humanos que faciliten un correcto despliegue de la Ley 8/2021. En muchos más casos de los que nos gustaría, las propias personas con discapacidad, sus familias o, incluso, las entidades que las representan, no conocen aún con claridad los alcances de la ley y los efectos que la misma está llamada a producir».

Por su parte, Agustín Matía, director general de Down España destaca que «el balance de la Ley 8/2021 es positivo: muchas sentencias y resoluciones de incapacitación se han revisado y se han puesto en marcha grupos de trabajo y propuestas de modificación de leyes y reglamentos afectados. Destacamos tres avances: la incorporación de la explicación, diálogo y papel directo de la persona con discapacidad en los procedimientos para evitar así los automatismos que impedían protagonismo a las personas con síndrome de Down; el papel central del colectivo del notariado -como consejero y orientador a la familia y a la participación de la persona con discapacidad-; y el hecho de limitar la supervisión y tutela judicial a las situaciones más límite o de mayor dependencia».

Por los mismos derechos. Paloma Rodrigo Gutiérrez de la Cámara, responsable de defensa de derechos de Autismo España, manifiesta que «con la entrada en vigor de la reforma se ha dado un paso más en el reconocimiento pleno de los derechos para las personas con discapacidad en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, su ejercicio se está viendo limitado por otras normas o interpretaciones de la misma, que hacen que este reconocimiento no sea plenamente real y efectivo. “Desde la Alianza Apoyo y Autonomía debemos impulsar una implantación real de esta reforma, asegurando los apoyos que sean necesarios y para quienes sean necesarios, y una interpretación correcta de las diferentes normas que hoy día están limitando o restringiendo los derechos de las personas con discapacidad, como pueden ser las normativas de ámbito tributario o de la seguridad social”, concluye.

Por último, Gema González, coordinadora jurídica de la Fundación para el apoyo de las personas con daño cerebral sobrevenido de Castilla-La Mancha (FUNDACE CLM) y representante de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), indica que la Alianza «puede ser fundamental en cuanto a la consolidación del cambio para las personas con discapacidad, que supone un gran reto a nivel jurídico y social. Hay que hacer un esfuerzo importante en el ajuste y adaptaciones de los procedimientos, puesto que la persona con discapacidad ha de comprender el alcance de lo que se le propone. Nos parece importante que la Alianza pueda promover actuaciones encaminadas a la formación sobre este cambio de paradigma, para que realmente la Ley se aplique en toda su extensión y no suponga un mero cambio de terminología en las resoluciones».

Logos de la Alianza.
Alianza Apoyo y Autonomía

El importante desarrollo normativo que supuso la Ley 8/2021 -que ha modificado diversos códigos y leyes- debía completarse con una correcta difusión de las nuevas medidas. Conscientes de esta necesidad, CERMI Estatal y las Fundaciones ONCE y Æquitas impulsaron la Alianza Apoyo y Autonomía para constituir un altavoz de este ordenamiento entre asociaciones, personas con discapacidad y sus familiares. A día de hoy, se han sumado a esta plataforma Plena Inclusión, Asociación LÍBER, Down España, Confederación Autismo España, Confederación Salud Mental España, Daño Cerebral (Federación Española de Daño Cerebral) y Confederación ASPACE (Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral).