150 números de encuentro con la sociedad

EDITORIAL

150 números de encuentro con la sociedad

En enero de 2000 vio la luz el primer número de la revista Escritura Pública, creada por el Consejo General del Notariado como plataforma de encuentro entre los notarios y la sociedad.

El nombre elegido no podía ser otro que el mismo que recibe el documento público que los notarios elaboran y autorizan: la escritura pública. Un documento que refleja y recoge los valores de los notarios: su imparcialidad, profesionalidad, autenticidad y cercanía. Este documento, ya sea en papel o electrónico, es autorizado por los notarios tras asesorar imparcialmente a las partes, velando por la más débil, y controlando la legalidad de su contenido.
Por eso ofrece a los ciudadanos, a las empresas y a las Administraciones cuatro garantías: de autenticidad, de ejecutoriedad. de legalidad y de perdurabilidad.

Un esfuerzo común

Nuestra revista, con 150 números a sus espaldas, no pretendía ni pretende alcanzar esos niveles de excelencia, aunque sí puede presumir del rigor de sus reportajes y entrevistas y de haber invitado a opinar en sus páginas a los máximos responsables de las instituciones de este país.

Son casi 25 años de existencia que nos han permitido retratar la realidad social, cultural, económica, jurídica e incluso política de España, sin dejar de asomarnos a lo que ocurría en paralelo en Europa y en el mundo.

En estos años, y en estos 150 números, hemos llegado en papel a las casas y oficinas de nuestros lectores; a las casi 3.000 notarías españolas; a las delegaciones de los notariados europeos y mundiales; y a las sedes de los principales organismos españoles y europeos. También nos hemos hecho presentes en internet y en las redes sociales.

Este esfuerzo de todos, de los diferentes consejos generales del notariado que la han apoyado y editado; de los integrantes de su comité editorial; de los profesionales que la dirigen y coordinan, y de los periodistas que escriben en ella, fue reconocido con el Premio a la Publicación Profesional 2018, otorgado por la Asociación Española de Publicaciones Periódicas, hoy Cable, en su primera edición.

Nuestro número 150 está dedicado mayoritariamente a dos protagonistas habituales de nuestras páginas: La Justicia e Iberoamérica. En concreto al encuentro jurídico celebrado en Tenerife el pasado mes de septiembre, en el que se dieron cita altos cargos, fiscales, magistrados y notarios de 30 países iberoamericanos y de habla portuguesa.

Los reportajes, entrevistas y artículos en él contenidos, así como el cuadernillo central, muestran la relevancia del foro y de lo debatido en él, con la vista puesta en todo momento, como los notarios y su función, como esta su revista, en prestar el mejor servicio a la sociedad.

DUELO POR LAS VÍCTIMAS DE LA DANA

Con la revista ya en imprenta hemos sufrido las devastadoras consecuencias del paso de la DANA por nuestro país. El Consejo General del Notariado y todas las personas que participan en este número se unen al dolor de los familiares y amigos de las personas fallecidas y de todos los damnificados. Los colegios notariales de Castilla-La Mancha y Valencia han puesto en marcha unos servicios gratuitos para ayudar a los afectados, que pueden consultarse aquí:

NOTARIADO VALENCIA
NOTARIADO CASTILLA LA-MANCHA

Tenerife, capital de la Justicia iberoamericana

EN EL ESCAPARATE

T E N E R I F E 2 0 2 4

S. M. el Rey junto a los ministros de Justicia de los países iberoamericanos y de lengua portuguesa, el ministro español, el presidente del Gobierno canario, el presidente del Consejo General del Notariado, el secretario general de la Comjib, la presidenta de la Cmjplop y el decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias.

Tenerife, capital de la Justicia iberoamericana

El Jefe del Estado español, ministros de Justicia, delegaciones institucionales, representantes de organismos jurídicos, magistrados, fiscales y notarios de 30 países se dieron cita en Guía de Isora para debatir sobre el acceso a la justicia, la seguridad jurídica y la tecnológica, la cooperación internacional y la lucha contra la delincuencia transfronteriza en el ámbito de Iberoamérica y de los países de habla portuguesa.
ALEJANDRO MOYA BLAY

Tenerife se convirtió en la capital de la Justicia iberoamericana, del 16 al 20 de septiembre, acogiendo la celebración de una macrocumbre en la que confluyeron varios foros, entre los que destaca la celebración del II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Oficial Portuguesa (CMJPLOP), inaugurado por S. M. el rey Felipe VI.

Esta gran cita de la Justicia, organizada por el Consejo General del Notariado y la COMJIB, reunió en total a más de 200 juristas y representantes de organismos públicos en las sesiones de las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas; la I Reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP); la I Reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento para la XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2025; y la 112 Sesión Plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado (UINL).

Sociedades más justas

En la inauguración del II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de Lengua Portuguesa, S. M. el rey Felipe VI estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños; y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. En su discurso, el Rey manifestó que este encuentro supone “otro paso más en el continuado esfuerzo de contribuir al bienestar de nuestros países y de todos sus habitantes, construyendo sociedades más justas y cohesionadas” y deseó a los participantes mucho éxito en sus trabajos: “Todos lo necesitamos. En juego está el futuro del bienestar y la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Felipe VI remarcó “la vocación de España con la Justicia y con la cooperación internacional, cada vez más urgente y necesaria”, especialmente en el ámbito jurídico, y reiteró su compromiso institucional con el amplio espacio representado en la cumbre. A su vez, el Rey incidió en la importancia de “la justicia del día a día”, que desarrollan instituciones como el Notariado, y que “ha de presidir las relaciones humanas contribuyendo a la paz y al desarrollo, y debe ser accesible para los ciudadanos y empresas de nuestros países, acercando personas y garantizando la circulación e intercambio seguro de documentación”.

Su Majestad también llamó a utilizar la tecnología como “un gran aliado” que debe aprovecharse para crear espacios de cooperación en materia civil y penal, incrementar la eficacia de las instituciones de Justicia y combatir la delincuencia. “Para alcanzar estos objetivos es necesario mantener y fortalecer la cooperación entre las instituciones judiciales, fiscales, policiales y notariales a través de protocolos y herramientas técnicas que sirvan a la Justicia y que generen confianza”, subrayó.

En relación al trabajo que realiza la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), Felipe VI afirmó que se trata de una “herramienta de cooperación en materia civil y penal, a disposición de los operadores jurídicos de 22 países iberoamericanos, junto a organismos como Eurojust e Interpol, que quiere abrirse también a otros países, especialmente los lusófonos”. Esta red de cooperación está hoy dotada con un sistema de comunicación seguro (Iber@) que ha sido desarrollado por el Centro Tecnológico del Notariado español y que permite, con las máximas garantías, la comunicación en tiempo real entre estos operadores jurídicos.

Para concluir, el Rey se refirió también a la plataforma Iberfides, un sistema tecnológico que permite la circulación segura de documentos notariales entre países: “Es ya toda una realidad en tres continentes, al haberse completado el desarrollo tecnológico en Bolivia, Santo Tomé y Príncipe y España, a la que se irán sumando otros países de habla española y portuguesa”.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, y Notario Mayor del Reino, Félix Bolaños, destacó el encuentro como un evento de gran relevancia “para que las administraciones de Justicia de distintos países podamos poner en común líneas de acción y cooperación sobre los retos que enfrentamos”.

Asimismo, durante el desarrollo de los encuentros, Bolaños incidió en el carácter transfronterizo de los fenómenos delictivos: “Ningún país puede abordar este problema por sí mismo. Es necesario un esfuerzo coordinado, conjunto, para llevar a cabo políticas que sean eficaces. Necesitamos una justicia que sea capaz de asegurar sus derechos a los ciudadanos, accesible, digital, con perspectiva de género, y que tenga mecanismos de cooperación internacional ágiles”. Y añadió: “Debemos consolidar la Justicia como un servicio público, social, centrado en las personas. La cooperación no solo es el intercambio informativo; es estrechar lazos, es tener un compromiso entre nuestros países, y que ese compromiso se convierta en un espacio de seguridad jurídica y de cooperación eficaz y efectiva”.

El ministro puso en valor el trabajo que desarrolla el Notariado español a través de su Centro Tecnológico y llamó a ampliar el número de países que emplean la plataforma Iber@. “La conclusión es que necesitamos herramientas comunes -manifestó-. La Declaración de las Islas Canarias que vamos a firmar es buena prueba de cuál es el horizonte al que tenemos que caminar. Tenemos que apostar por la independencia del poder judicial, la instrucción de las fiscalías y las procuradurías para combatir el crimen organizado”.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quiso agradecer la elección de Tenerife como punto de encuentro para estas jornadas, “tan importantes para trabajar juntos en defensa de los derechos de los ciudadanos; para debatir, defender y avanzar en instrumentos que ordenen y den respuesta a los desafíos que afrontamos en este siglo XXI”. Particularmente, hizo alusión a los retos que plantea la intensificación de los flujos migratorios, en un contexto global en que el radio de actuación de las personas y las empresas es cada vez más amplio.

También Enrique Gil Botero, secretario general de la COMJIB, señaló que este encuentro es de suma importancia, “no solo como espacio para el intercambio de ideas, sino también para la reflexión sobre el valor trascendental del Derecho y la Justicia como instrumento civilizatorio”. En las sesiones celebradas, Gil Botero hizo también hincapié en la “gran amenaza” que suponen los delitos transnacionales para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos: “Tenemos que reforzar la cooperación internacional y estar un paso por delante de esta realidad”.

El máximo representante de la COMJIB remarcó el valor de la plataforma Iber@, “un canal dispuesto para servir a las distintas Administraciones y operadores de justicia de los países de Iberoamérica, en el que hay 28 usuarios de 16 países europeos y 300 usuarios iberoamericanos, en conexión con las oficinas de Interpol. Todos estos mecanismos -también el proyecto Iberfides- fortalecen la justicia como un valor fundamental para la civilidad de la ciudadanía”.

En su intervención, la presidenta de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Portuguesa (CMJPLOP) y ministra de Justicia de Santo Tomé y Príncipe, Ilza Amado, habló sobre la globalización de las comunicaciones y las relaciones entre países, “situación que requiere una respuesta coordinada y colaborativa entre los diferentes sistemas judiciales que nos permita mitigar las principales limitaciones, fortalecer nuestras instituciones y garantizar mayor justicia y seguridad en nuestros países”.

Amado también hizo referencia a la labor desempeñada por los Estados que integran la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), que “durante más de dos décadas han trabajado para reforzar la cooperación mediante la armonización del marco jurídico, la formación de los actores de la justicia, la difusión de la legislación y el intercambio de información y experiencias”. En lo relativo -particularmente- al Notariado, la ministra recordó que Santo Tomé y Príncipe ha priorizado “el fortalecimiento del sistema notarial para la protección de los derechos individuales, la promoción del desarrollo económico, la buena gobernanza y la lucha contra la delincuencia”.

En este sentido, José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), destacó la gran oportunidad que supone para el Notariado iberoamericano organizar y participar de estas jornadas: “Nos reunimos en Tenerife los tres agentes fundamentales para la Justicia: el poder ejecutivo, los jueces y los notarios, que proveemos el acceso a La justicia de la normalidad, como titula Alfonso Cavallé -decano del Colegio Notarial de Canarias- su libro, que presentamos en estos encuentros. La justicia es una aspiración que todos compartimos y para alcanzarla es fundamental la colaboración entre todos los agentes jurídicos. Por eso el Notariado está presente en estas jornadas; no podía ser de otra manera: nos debemos a la Justicia”.

Martínez Sanchiz reivindicó la importancia de someter los actos jurídicos al control notarial para “evitar la pérdida de informacion en el seguimiento de las operaciones y actos delictivos” y la intervención notarial como un elemento central para la vida y la tranquilidad de las personas: “Es una manera de alcanzar la paz. Todo pacto que autorizamos los notarios en escritura pública supone un reconocimiento a la dignidad del otro”, remarcó.

“Uno de los grandes males que nos atenaza es pensar que el Derecho lo crea el Estado cuando no es así”, afirmó el presidente del Notariado español. “Tampoco lo crean los jueces –prosiguió-: el Derecho lo crea la sociedad. Los notarios, en nuestra doble condición de profesionales y oficiales públicos, estamos en la mejor situación para escuchar a las personas y sus necesidades y darles cauce a través del pacto. La esencia de la función notarial es proporcionar a la gente un espacio de libertad y de justicia, todo ello en un marco de seguridad”.

Función notarial

Los representantes de los 22 notariados participantes debatieron también sobre el presente y futuro de la función notarial en las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas. Entre las principales conclusiones alcanzadas destacan la necesidad de garantizar un acceso igualitario a la justicia preventiva a través de la labor notarial; contribuir a descongestionar los tribunales mediante la intervención del notario en procedimientos no contenciosos; y alcanzar acuerdos que establezcan un marco normativo común para facilitar la circulación electrónica de documentos notariales entre países con total seguridad.

Los notarios también abogaron por unificar criterios y avanzar en la armonización de las normativas; fomentar la capacitación profesional del cuerpo notarial; impulsar el papel mediador del notario; y trabajar para la protección de las personas con discapacidad, menores de edad, adultos mayores o en situación de vulnerabilidad.

En palabras de Homero López Obando, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado (UINL), “el Notariado es el primer garante de la seguridad jurídica de un país. Es deber del notario caminar hacia la vanguardia para romper cualquier barrera y facilitar un acceso libre y legítimo al sistema de justicia sin discriminación de ninguna índole. Somos miles de notarios, de más de 20 sistemas de justicia nacionales, aquí reunidos para hacer en el presente lo que queremos en un futuro”.

Alfonso Cavallé, delegado del Consejo General del Notariado para América y decano del Colegio Notarial de Canarias, hizo las veces de coordinador de uno de los temas de las jornadas, centrado en la circulación de documentos notariales. El decano puso de relieve los “grandes pasos que está dando el Notariado iberoamericano para transformar el soporte del documento notarial: en España ya contamos con el protocolo notarial electrónico, paso fundamental en la digitalización de las actuaciones y los procedimientos notariales” y se refirió a la importancia de garantizar los derechos y dar cobertura a las necesidades de las personas migrantes y con familiares en distintos países, para lo cual los documentos públicos deben traspasar fronteras con total seguridad y validez.

El notario mexicano David Figueroa, presidente honorario de la CAAm y coordinador del tema La función notarial y el acceso a la justicia, expresó que “la intervención notarial en las actuaciones no contenciosas confiere al usuario mayor seguridad jurídica, resolviendo los conflictos mediante la mediación, lo que contribuye a la desjudicialización del servicio público de Justicia”. En este sentido, Figueroa planteó que el notario “es el primer profesional que afronta nuevas figuras jurídicas en el ámbito no contencioso. En su interpretación de la Ley, el notario llega a menudo a identificar nuevos supuestos, por lo que su actuación es en cierta medida creativa”.

Digitalización notarial

A lo largo de la semana se desarrollaron numerosas exposiciones y ponencias. Particularmente, José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña y miembro de la Comisión Permanente del CGN, abordó la digitalización de las actuaciones y sistemas notariales, para lo cual resulta imprescindible la contribución del Centro Tecnológico del Notariado, una entidad de referencia internacional que lleva más de 20 años a la vanguardia tecnológica.

Marín señaló que “la entrada en vigor -hace ahora un año- de la Ley 11/2023 de digitalización de las actuaciones notariales en España ha supuesto un espaldarazo para la tecnología notarial, al crear el protocolo electrónico y regular los otorgamientos a distancia por videoconferencia”. “Tenemos un Centro Tecnológico con dos sedes, una en Madrid y otra en Barcelona, con unos 350 técnicos que lo componen. Cada día utilizan la plataforma notarial más de 20.000 profesionales, entre notarios y empleados de notarías, y cada año los 2.700 notarios españoles utilizan la firma electrónica cualificada en 15 millones de ocasiones”, puntualizó.

En esta línea, Marín ofreció algunas cifras para situar la magnitud de las comunicaciones e intercambio de datos en los que participa el Notariado español: «Tenemos acceso a más de 5.000 entidades locales con las que se realiza la consulta en línea y en tiempo real. En 2023 se realizaron más de 1.200.000 comunicaciones a ayuntamientos para poner en su conocimiento hechos imponibles que dan lugar al devengo de impuestos. Se expidieron más de 5.000.000 de copias electrónicas que han dado lugar, además de otros muchos efectos, a más de 3.000.000 de inscripciones en registros de la propiedad y mercantiles».

Prevención del blanqueo

La información contenida en las escrituras públicas es también indispensable para la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Notariado, explicó que “desde el OCP se analizan los datos del Índice Único Informatizado, segunda mayor base de datos de España -que contiene información de 44 millones de personas físicas y más de un millón de personas jurídicas-; se secuencian esquemas de riesgo y, tras examinar también las operaciones sospechosas que comunican los notarios, se informa al SEPBLAC y a las autoridades judiciales y policiales que luchan contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, intervino en representación de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), tras las reuniones mantenidas por los fiscales de la comunidad lusófona e iberoamericana. “Nuestro trabajo y nuestro servicio público, la cooperación internacional, a través de las fiscalías y de las estructuras que generan los Ministerios Públicos de los países de Iberoamérica, es el instrumento más eficaz en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada”, concluyó.

S. M. el Rey, Félix Bolaños y Fernando Clavijo junto al Pleno del Consejo General del Notariado.
En el atril, Félix Bolaños. En la mesa, Fernando Clavijo (izda.) y S. M. el Rey (dcha.).
Inauguración del II Encuentro de Ministros de Justicia de Países de Iberoamérica y de Habla Portuguesa.
De izda. a dcha.: Félix Bolaños, Enrique Gil Botero, Ilza Amado y José Ángel Martínez Sanchiz.

FELIPE VI: “ES NECESARIO FORTALECER LA COOPERACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES JUDICIALES, FISCALES, POLICIALES Y NOTARIALES A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS QUE SIRVAN A LA JUSTICIA Y GENEREN CONFIANZA”

‘Declaración de las Islas Canarias’

En la clausura de los encuentros de Tenerife, los ministros de 16 países de Iberoamérica y las regiones lusófonas firmaron la Declaración de las Islas Canarias, un texto que plantea “desarrollar políticas comunes basadas en los principios de la cooperación, la armonización y la integración que fortalezcan las políticas nacionales y, sobre todo, mejoren la calidad de la Justicia y que inspiren la confianza de los ciudadanos”.

La declaración recoge el fortalecimiento del multilateralismo como “la forma más eficaz para coordinar las acciones definidas por los Estados, compartir experiencias y encontrar soluciones adecuadas” y aborda la integración de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la función de los operadores jurídicos.

Este acto de firma y clausura fue presidido por el ministro español Félix Bolaños, quien estuvo acompañado por los máximos representantes de las entidades organizadoras y de los organismos de Justicia participantes en el evento.

FÉLIX BOLAÑOS: “NECESITAMOS UNA JUSTICIA QUE SEA CAPAZ DE ASEGURAR SUS DERECHOS A LOS CIUDADANOS, ACCESIBLE, DIGITAL, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y QUE TENGA MECANISMOS DE COOPERACIÓN ÁGILES”

FERNANDO CLAVIJO: “ESTAS JORNADAS SON IMPORTANTES PARA TRABAJAR JUNTOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y DAR RESPUESTA A LOS DESAFÍOS QUE AFRONTAMOS”

20 años de IberRed

En conmemoración del 20 aniversario de la creación de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), los días 18 y 19 de noviembre se celebró el congreso Medellín: Capital Mundial de la Cooperación Jurídica Internacional, organizado por la COMJIB, el Consejo General del Notariado y los ministerios de Justicia de Colombia y España. El encuentro reunió a numerosas autoridades jurídicas de Europa, Latinoamérica y el Caribe para debatir sobre las diferentes medidas implementadas por los distintos países en la materia.

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ: “LA ESENCIA DE LA FUNCIÓN NOTARIAL ES PROPORCIONAR A LAS PERSONAS UN ESPACIO DE IGUALDAD, LIBERTAD Y JUSTICIA, TODO ELLO EN UN MARCO DE SEGURIDAD Y CONFIANZA”

ILZA AMADO: “SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE HA FORTALECIDO EL SISTEMA NOTARIAL PARA PROTEGER LOS DERECHOS INDIVIDUALES, PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO, LA BUENA GOBERNANZA Y LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA”

ENRIQUE GIL BOTERO: “LOS DELITOS TRANSNACIONALES SUPONEN UNA GRAN AMENAZA. TENEMOS QUE REFORZAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ESTAR UN PASO POR DELANTE”

Álvaro García Ortiz, durante su intervención. En la mesa, de izda. a dcha.: Félix Bolaños, Enrique Gil Botero y José Ángel Martínez Sanchiz.
De izda. a dcha.: Manuel Caballer –secretario de la CAAm–, David Figueroa, Homero López Obando, José Ángel Martínez Sanchiz y Alfonso Cavallé.
Voces de la comunidad iberoamericana

A lo largo de las diferentes sesiones intervinieron diversos representantes de las administraciones y organismos públicos de Justicia de los países de Iberoamérica. Andrés Allamand, secretario general iberoamericano, detalló que los ministerios de Justicia deben enfrentar tres desafíos: “Impulsar la modernización del sistema judicial y promover el uso de herramientas tecnológicas; facilitar el acceso igualitario a la justicia y garantizar la seguridad ciudadana, y hacer frente a los grupos criminales”.

Igualmente, la secretaria permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana y presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Elena Martínez Rosso, defendió la necesidad de “contar con elementos que faciliten el acceso a la Justicia. Resolver conflictos a través de acuerdos, de voluntades expresadas en escrituras públicas, es una forma muy inteligente y práctica de abordar la saturación de los juzgados”.

Medallas al Mérito de la Justicia

Como broche final a esta gran cita, el Gobierno de Canarias hizo entrega de las medallas al Mérito de la Justicia con distintivo de oro al Consejo General del Notariado y a los colegios notariales de las Islas Canarias, Cataluña y Valencia, así como a sus respectivos decanos, Alfonso Cavallé, José Alberto Marín y Francisco Cantos. Estas distinciones son el reconocimiento al trabajo realizado por estas instituciones, sus decanos y más de 50 notarios voluntarios en la isla de La Palma durante dos años, tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, donde se abrieron tres notarias provisionales para atender gratuitamente a los damnificados. Más información en páginas 24 y 25.

Entrevista a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y Notario Mayor del Reino

EN EL ESCAPARATE

T E N E R I F E 2 0 2 4

Félix Bolaños

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y Notario Mayor del Reino

“Nuestros lazos históricos y culturales con los países iberoamericanos nos sitúan en una posición magnífica para contribuir al fortalecimiento de la cooperación”

ANA TOGORES GUISASOLA

Félix Bolaños acudió en septiembre a Tenerife para participar, y como anfitrión, en el II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Oficial Portuguesa. Un foro que reunió en Guía de Isora a ministros de justicia y delegados de 30 países y a más de 200 juristas entre magistrados, fiscales y notarios.

¿Cuál es su valoración de este evento?

Desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, valoramos muy positivamente este II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Oficial Portuguesa. Debemos tener presente que el espacio iberoamericano y lusófono integra en torno a 730 millones de personas. Por tanto, la iniciativa de propiciar un marco para el diálogo entre las instituciones de Justicia de las regiones iberoamericana y lusófona es una oportunidad magnífica para promover algo muy importante: estrechar los lazos que nos unen y fortalecer nuestros mecanismos de cooperación.

 

“LOS NOTARIOS Y NOTARIAS DESEMPEÑAN UNA LABOR DETERMINANTE EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DEL FRAUDE FISCAL”

 

-En sus intervenciones incidió en el carácter transfronterizo de los fenómenos delictivos y en la necesidad de contar con los medios adecuados para una cooperación efectiva. ¿Disponemos de ellos?

La actividad económica genera negocio, servicios y relaciones que van constantemente de unos países a otros. De ello se derivan importantes repercusiones jurídicas y judiciales. Pero esa dinámica tiene también una cara menos positiva.

Como señala, nos enfrentamos a fenómenos criminales transfronterizos. El narcotráfico, los delitos con impacto en el medio ambiente, la corrupción, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas, el cibercrimen o el blanqueo de dinero, entre otros muchos, se han globalizado; trascienden fronteras y son un desafío para las capacidades de los Estados de Derecho. Por eso es necesario entablar un diálogo estable sobre la materia y contar con mecanismos de cooperación jurídica ágiles y eficaces.

Disponemos de herramientas digitales para la transmisión de solicitudes de cooperación y de figuras como los Equipos Conjuntos de Investigación. En España, tenemos además un activo muy importante: la experiencia atesorada tanto por la Fiscalía General del Estado como por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Dicho lo anterior, en esta tarea siempre hay que seguir ajustando y reajustando la respuesta jurídica. En este sentido, por ejemplo, creemos que la experiencia de los Equipos Conjuntos de Investigación en la Unión Europea, un caso de éxito, debe consolidarse en el ámbito latinoamericano y lusófono. También debemos explorar nuevas alternativas que hoy permite la tecnología, como la posibilidad de intercambiar los antecedentes penales de un ciudadano, a la manera de lo que ya sucede en la UE.

-¿Qué se persigue con la Declaración de la Islas Canarias y qué papel corresponde desempeñar a España?

La declaración tiene por finalidad dar un apoyo político al encuentro y, con él, a la cooperación en los dos espacios, iberoamericano y lusófono.

España tiene un papel importante en este ámbito. Nuestros lazos históricos y culturales con los países iberoamericanos nos sitúan en una posición magnífica para contribuir al fortalecimiento de la cooperación y el diálogo regional latinoamericano, pero también para promover el diálogo birregional o multirregional Unión Europea-América Latina-Caribe en materia de Justicia y Seguridad.

En mayo de este año se celebró en Bruselas una reunión entre miembros de alto nivel del Comité de Coordinación en el ámbito de la cooperación en materia penal de la Unión Europea y el ciclo de políticas de Justicia que integra a tres redes regionales de justicia de América Latina: la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI); la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos (COMJIB) y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Es un hito importante y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes va a continuar impulsando ese diálogo estable de alto nivel.

-¿Cómo combatir juntos el crimen organizado? ¿Cómo pueden contribuir los notarios?

Atacar las ganancias provenientes del delito es clave en la lucha contra la delincuencia organizada. Y los notarios y notarias desempeñan una labor determinante en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del fraude fiscal. Sobre todo, a través del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) y desde 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT).

-También defendió “la necesidad de asegurar el acceso a la Justicia, avanzar en la digitalización y el diálogo institucional, y consolidar nuestros mecanismos de colaboración. ¿Cómo afrontar, con qué herramientas, unos objetivos tan deseables como ambiciosos?

A través de la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes estamos impulsando numerosos proyectos de colaboración con otros países, en el marco de trabajos con organizaciones e instituciones internacionales, como la OCDE, el Banco Mundial, o el Banco Interamericano de Desarrollo. Iniciativas que buscan el intercambio de experiencias y proyectos para que los países trabajemos conjuntamente para alcanzar esos objetivos que apunta.

En el ámbito de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos igualmente trabajamos en proyectos como el de la herramienta Iber@ de comunicaciones seguras, y participamos por ejemplo en el borrador de Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, proyecto que queremos que esté disponible en 2025, con la ambición de establecer unos estándares fundamentales para toda la región.

 

“LA AGENDA REFORMISTA QUE ESTAMOS IMPLEMENTANDO ESTÁ BASADA EN TRES EJES PRINCIPALES: DIGITALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y VOCACIÓN SOCIAL”

 

-En su discurso, S. M. Felipe VI señaló la vocación de España con la Justicia y la importancia de “la justicia del día a día”, que desarrollan instituciones como el Notariado. Como Ministro y como Notario Mayor del Reino… ¿considera que somos un país con una Justicia cercana a los ciudadanos y preventiva?

En España, desde décadas atrás, teníamos pendiente una modernización integral del sistema de Justicia, diseñado con patrones más propios del siglo XIX que del siglo XXI. Y en esta legislatura hemos decidido dar un impulso modernizador que ponga fin a ese desajuste.

La agenda reformista que estamos implementando está basada en tres ejes principales: digitalización, modernización de las estructuras y vocación social como finalidad y reto. Porque partimos de la convicción de que la Justicia es un servicio público y el corazón de ese servicio, su razón de ser, son las personas.

Esta visión se concreta de dos formas. Por una parte, queremos que la ciudadanía, y en especial quienes por el motivo que sea atraviesan una situación de vulnerabilidad o particularmente delicada, sientan nuestro servicio público como algo próximo, de fácil acceso y comprensible. Y de ahí el impulso que estamos dando, por ejemplo, a las Oficinas de Atención a Víctimas del Delito.

Además, queremos mejorar y agilizar procesos y procedimientos organizativos, para facilitar el trabajo de los profesionales jurídicos y mejorar la satisfacción de los ciudadanos. Por eso apostamos por un sistema de acceso, único y personalizado, la Carpeta Justicia, con el que la ciudadanía puede acceder a sus asuntos, consultar los expedientes y pedir cita previa para ser atendida, de forma sencilla y ágil, desde su casa. Y apostamos también por la cercanía, a través de las Oficinas de Justicia del Municipio, que seguirán siendo el punto de contacto con la ciudadanía, pero incluyen nuevas competencias y novedades, como la posibilidad de realizar actos y trámites procesales y registrales de manera telemática.

«El Notariado en la Cumbre de la Justicia de Tenerife», por Alfonso Cavallé

EN EL ESCAPARATE

ALFONSO CAVALLÉ,
delegado para América del Consejo General del Notariado y decano del Colegio Notarial de Islas Canarias

“Al disminuir la conflictividad se reduce el presupuesto público al aminorar el aparato judicial”

El Notariado en la Cumbre de la Justicia de Tenerife

Los días 15 a 20 de septiembre de 2024 tuvo lugar en la Isla de Tenerife un importante encuentro de autoridades relacionadas con la justicia inaugurado por su Majestad el Rey de España. El acontecimiento tuvo una excepcional importancia, tanto por las personalidades que congregó como por la relevancia de los temas que se trataron. Participaron Ministros de Justicia de Iberoamérica y de los países de habla portuguesa, Fiscales Generales, Presidentes de Cortes suprema y presidentes de los Notariados de los países de Iberoamérica. Concretamente se celebró la 112ª sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL), que reunió a los presidentes de los Notariados de América; las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas, uno de los principales foros científicos sobre Derecho Notarial en Iberoamérica; el II Encuentro de Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos (COMJIB) y de los países de Lengua Oficial Portuguesa (CMJPLOT); la I Reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP); la Comisión de Coordinación y Seguimiento para la XXII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2025; y el Pleno del Consejo General del Notariado.

Con estos encuentros se ponían en contacto varios ámbitos de la justicia: el representado por jueces y fiscales, el significado por los notarios y el constituido por los ministros de Justicia.

Entre los temas que se abordaron en las reuniones destacaron el acceso a la justicia, la cooperación tecnológica, la jurisdicción voluntaria, el intercambio de buenas prácticas entre países y la circulación segura de documentos en el ámbito de Iberoamérica y en los países de habla portuguesa.

Acceso a la justicia

En distintos foros se trató del acceso a la justicia y su pleno ejercicio, bajo el prisma de ver que se ha de extender más allá de los supuestos en los que existe una previa contienda o desacuerdo. Hoy se percibe con claridad que la realización del valor superior justicia es anhelable en todas las esferas de la existencia de la persona, los pueblos y las naciones en los que este valor ha de estar presente. Es decir, la justicia también ha de hacerse presente en las relaciones interpersonales, familiares o empresariales. Para ello es necesario que los actos y negocios jurídicos se concluyan con pleno respeto a la voluntad de las personas, al ordenamiento jurídico y a los derechos de los demás. Es precisamente este el ámbito de la realización de la justicia donde el notario está llamado a prestar su servicio a la sociedad, y con su intervención ha de hacerla efectiva de forma natural y cotidiana, en el día a día, en la normalidad de las relaciones jurídicas. Por ello, junto al derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, se percibe la existencia de un derecho de acceso a aquellas instituciones del Estado que garanticen la justicia en la normalidad, como es el servicio público notarial.

Cada vez se hace más incuestionable la necesidad de poner medios para mantener la justicia en las relaciones en las que no existe un previo conflicto, o lo que es lo mismo, prevenir la injusticia evitando contiendas, abusos, incumplimientos, olvidos, delitos o cualquier situación injusta. A estas expectativas pretenden dar respuesta los ordenamientos jurídicos que cuentan con notariados latino-germánicos, que es el sistema más seguro, justo y económico frente a los sistemas anglosajones, con un alto grado de conflictividad y un coste muy superior. Es por ello que el conocido por notariado latino hoy es el sistema más extendido en el mundo, beneficiando a países que representan a más de dos terceras partes de la población mundial, la mayoría de los cuales están integrados en la Unión Internacional del Notariado (UINL). No en vano, gracias a la actuación combinada de las solemnidades o principios que se deben poner en juego cuando interviene un notario -consentimiento prestado de forma libre e informada, asesoramiento imparcial, control de legalidad, la redacción clara, precisa y técnica, conservación del documento, etc.- se evitan las patologías del Derecho y por tanto tener que restablecer la justicia dañada acudiendo a medios que han de ser excepcionales, como son los tribunales de justicia, evitando la sobrecarga de trabajo de estos, al tiempo que se garantiza la paz social, la seguridad jurídica y el desarrollo económico. De ahí que el acceso del ciudadano a la justicia que se hace realidad en situaciones de normalidad con la actuación notarial, se haya considerado como un derecho de la persona, que ha de disfrutar de las ventajas de este servicio público con garantías, lo que exige que esté bien regulado, controlado y supervisado por el Estado.

Justicia preventiva

También se percibió por los participantes la importancia de contar con una buena regulación, único modo de brindar a la ciudadanía los efectos benéficos que se derivan de una buena institución de justicia preventiva a fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas, evitar la injusticia, dotar al tráfico jurídico y económico de seguridad, y generar un necesario clima de confianza, acatamiento al ordenamiento jurídico y transparencia. Con ello no sólo se logra un ahorro para el ciudadano, al que se le evitan, además de los disgustos, las costas y gastos de posibles litigios, sino también para el Estado, ya que, al disminuir la conflictividad, se reduce el presupuesto público al aminorar el aparato judicial.

Jurisdicción y Notariado, aunque en ámbitos distintos, son instituciones que comparten un fin común, la realización de la justicia, y, como los distintos miembros del cuerpo humano, el buen o mal funcionamiento de un órgano afecta a toda la persona. Por ello el funcionamiento de los tribunales se ve favorecido por un buen sistema notarial y viceversa.

Otro tema abordado, muy relevante, fue el referente a la cooperación internacional. Actualmente la plataforma Iber@, en el ámbito de IberRed, desarrollada por la Plataforma Tecnológica del Notariado español, es una realidad y constituye un medio seguro de intercambio de información, cooperación y práctica de diligencias entre autoridades judiciales, fiscalías y policías. Se trata de aprovechar los avances tecnológicos con potentes herramientas en la lucha contra la delincuencia transnacional y en la cooperación en otros ámbitos de la justicia en los países integrantes del convenio de Medellín. Los Ministros de Justicia participantes han destacado la necesidad de avanzar en la interoperabilidad de las redes y plataformas de cooperación jurídica y judicial existentes a fin de facilitar la comunicación continua, compartir datos e informaciones, la circulación de documentos, privilegiando la vía electrónica y garantizando un amplio espacio de cooperación.

Fueron otros muchos los temas tratados en los distintos encuentros, que no podemos abordar en este artículo. Entre ellos destacaré el relativo a la circulación segura de documentos. La circulación documental entre países es una práctica cotidiana, consecuencia lógica de una sociedad cada vez más globalizada en la que las familias y las empresas no limitan su ámbito de existencia a una sola nación. Por ello facilitar la circulación de documentos notariales y garantizar que se realice de forma segura es una demanda social al que pueden dar cumplimiento, con la máxima seguridad jurídica y tecnológica, las naciones que cuentan con notariados de tipo latino germánico. Estas naciones están bien posicionadas a fin de brindar en este mundo cada vez más globalizado soluciones que acerquen a los migrantes, las familias y las empresas en orden a garantizar sus derechos, especialmente de los menores y de los cada vez más necesitados de protección. A esta finalidad responde la plataforma Iberfides, pensada inicialmente para los países iberoamericanos a la que hoy también quieren incorporarse los países de África de lengua oficial portuguesa. Durante el desarrollo de la reunión de los ministros se presentó por representantes de Bolivia, Santo Tomé y Príncipe y España la experiencia piloto realizada en los mismos de utilización de la plataforma Iberfides. Próximamente se incorporarán otros países, con lo que se reducirán las distancias, con ahorro de tiempo y dinero, con la máxima seguridad jurídica y tecnológica, por lo que se verán beneficiadas muchas personas, familias y empresas y se evitarán fraudes y falsificaciones, incrementando la confianza en el tráfico jurídico internacional.

La circulación segura de documentos notariales se encuadra en el derecho de toda persona al acceso a la justicia, dentro de la que se incluye la justicia de la normalidad, o el acceso a la función notarial. Por ello estos documentos que transiten en la plataforma Iberfides han de ser autorizados por notarios en ejercicio de sus funciones y han de tratarse de documentos públicos, es decir, a los que tanto el país de origen y de destino los considere documentos públicos, con efectos sustantivos, ejecutivos, probatorios, entre otros, y con presunción de legalidad, veracidad e integridad.

 

JURISDICCIÓN Y NOTARIADO, AUNQUE EN ÁMBITOS DISTINTOS, SON INSTITUCIONES QUE COMPARTEN UN FIN COMÚN, LA REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA

 

También en los encuentros y foros se puso de manifiesto la necesidad de adoptar acuerdos entre naciones y dotarse de herramientas y mecanismos que permitan y fomenten la colaboración entre los notarios del país de origen o residencia del compareciente, a fin de garantizar el control de legalidad de los negocios transnacionales y el cumplimiento de las obligaciones administrativas, fiscales, elaboración de índices y la lucha contra el lavado de activos. Para ello los Notariados de cada nación han de contar con una adecuada regulación y con una plataforma tecnológica propia de la institución notarial, es decir, de la exclusiva titularidad del colegio notarial o de la dirección o autoridad nacional reguladora de la institución notarial del país, a fin de garantizar el control, vigilancia y la máxima seguridad jurídica y tecnológica, la protección de datos y mantener la plena confianza en la institución notarial, por lo que ha de ser única en cada país y de uso común por todos sus notarios.

En las distintas reuniones se dio una visión amplia e integral de la justicia, tanto la que busca solucionar el conflicto como la que trata de mantener la justicia en la normalidad. Esa visión integradora va de la mano con una mayor cooperación entre las instituciones del Estado que prestan sus servicios en la realización o el mantenimiento de una u otra, jueces, fiscales y notarios, con ello se gana en eficacia y se prestará un mejor servicio a la sociedad.

Entrevista a José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (2017-2024)

CON SELLO PERSONAL

T E N E R I F E 2 0 2 4

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ,

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO (2017-2024)

“El protocolo notarial electrónico es un bien de incalculable valor para la seguridad jurídica”

ANA TOGORES GUISASOLA
El Notariado es para José Ángel Martínez Sanchiz más que una profesión. A caballo entre la vocación y el servicio a la sociedad, ejerce con igual entrega como notario de a pie que como presidente de su Consejo General. Reconocido y querido por sus compañeros, es capaz de pasar de la doctrina a la práctica con suma rapidez, contribuyendo al desarrollo de leyes y servicios que prestan especial atención a los más vulnerables.

-A mediados del pasado mes de septiembre se celebró en Tenerife un importante encuentro de la Justicia Iberoamericana y de habla portuguesa. ¿Qué papel tuvo el Notariado español en él?

-Muy importante. Ya organizamos hace unos años el primer encuentro de Ministros de Justicia de Iberoamérica y de países de lengua portuguesa, con la asistencia de S.M. el Rey. Este era el segundo foro que propiciamos como consecuencia también de haber desarrollado, a raíz del primero, la plataforma Iber@ para la circulación de documentos de las autoridades judiciales, fiscales y policiales. Al mismo tiempo, era también la ocasión para presentar la plataforma Iberfides, que actualmente conecta a los notariados español y boliviano, y que el día de mañana permitirá la circulación segura de documentos entre todos los países con sistemas notariales que quieran unirse. Estas plataformas han sido desarrolladas por el Centro Tecnológico del Notariado, que también las administra y que creará una pasarela de comunicación entre ambas. De esta manera se producirá por vía electrónica un diálogo entre quienes contribuimos a la realización de la Justicia. El encuentro de Tenerife ha sido en realidad una cumbre de la Justicia.

-En Tenerife destacó la labor del Centro Tecnológico del Notariado. ¿Cómo valora el actual grado de desarrollo de los notarios españoles?

-Los notarios españoles estamos a la cabeza en ese ámbito. Y se debe a la buena idea y al buen hacer de mis predecesores, porque nuestro Centro Tecnológico se creó hace ya más de 20 años, cuando se apostó decididamente por la aplicación de las nuevas tecnologías al ejercicio de la función notarial, que no la suplanta, sino que la refuerza.

 

“EL ENCUENTRO DE TENERIFE HA SIDO EN REALIDAD UNA CUMBRE DE LA JUSTICIA”

 

-En ese foro internacional también dijo: “todo pacto que autorizamos los notarios en escritura pública supone un reconocimiento a la dignidad del otro”. Ello me lleva a pensar en la Fundación Aequitas, que está celebrando su 25 aniversario.

-La Fundación Aequitas ha permitido canalizar, y de alguna manera institucionalizar, el quehacer cotidiano de todos y cada uno de los notarios, de manera que podemos lograr un mayor eco y también una mayor eficacia. Al mismo tiempo, la Fundación ha luchado por la aplicación del artículo 12 de la Convención de Nueva York y esto ha cristalizado en la Ley 8/2021, que ha puesto de manifiesto la importancia del Notariado como apoyo institucional de las personas con discapacidad. A raíz de este esfuerzo y trabajo se ha conseguido una alianza fundamental con las entidades sociales que operan en el ámbito de la discapacidad, porque perseguimos un mismo objetivo: la dignidad de las personas.

 

“LOS NOTARIOS ATENDEMOS LAS PREOCUPACIONES, INQUIETUDES Y NECESIDADES DE NUESTROS CONCIUDADANOS”

 

-Otro hito de sus años como presidente del Consejo General del Notariado fue la aprobación de la Ley 11/2023 que dio un fuerte impulso a la digitalización de los notarios. ¿Qué ha supuesto y qué resultados están obteniendo?

-Es una ley muy necesaria porque con ella ha nacido el protocolo notarial electrónico, manteniéndose también el protocolo en papel. Se ha seguido una línea prudente para tener, por una parte, un protocolo, “en tierra” y otro para navegar electrónicamente. El protocolo electrónico está llamado a posibilitar, como ya está haciendo al momento presente, la expedición de copias electrónicas de las escrituras públicas para los particulares. Tiene un Código Seguro de Verificación que permite en todo momento tener actualizada esa copia, sabiendo si se ha producido una modificación o una revocación o cualquier otra contingencia. Esto es un bien de incalculable valor para la seguridad jurídica y un avance extraordinario.

-Esta ley, sin embargo, no ha solucionado un grave problema que lleva denunciando desde el primer día de su mandato y que ahora se ha hecho, si cabe, más grave. “Tenemos, -dijo públicamente el pasado mes de julio-, un problema en España en lo que atañe a la coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad. Y, digámoslo claro, la culpa no es del Catastro”. ¿Qué está ocurriendo, presidente?

-Desde 1906 se busca la coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad. El Catastro ha avanzado espectacularmente; facilita el acceso al mismo a los notarios y también a los particulares, con una rapidez y con una fidelidad extraordinaria y de forma gratuita. Por el contrario, el Registro de la Propiedad solo ha conseguido que se coordinen un número muy pequeño de fincas en relación con las que existen. Y no parece que haya un verdadero interés en conseguir esa coordinación. Es imprescindible, como ocurre en otros países y tuvimos ocasión de poner de manifiesto en las jornadas que celebramos bajo el auspicio de la Fundación Notariado con la Universidad del País Vasco en San Sebastián, que se establezca un procedimiento que permita que la base gráfica sobre la que operan los asientos registrales sea siempre el Catastro. Esto ocurre en Italia, en Alemania, en Francia, en Costa Rica… En España tenemos un problema muy serio para la seguridad jurídica que no se ha resuelto por intereses registrales estrictamente corporativos.

 

“ME VOY SATISFECHO DE LO LOGRADO EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y CONSCIENTE DE LAS TAREAS PENDIENTES QUE TENDRÁN QUE ACOMETERSE PARA QUE LOS NOTARIOS SIGAMOS SIENDO ÚTILES”

 

-¿Por qué está siendo un fracaso el registro electrónico?

-El registro electrónico es una aspiración lógica si se aplican las nuevas tecnologías a la función registral. Los notarios hace 20 años apostamos seriamente por ello y cumplimos en todo momento con las exigencias que nos impusieron las leyes 24/2001 y 24/2005. Implicaron un enorme trabajo en las notarías del que se derivaron grandes utilidades, fundamentalmente para los ciudadanos. En cambio, los registradores, a pesar de que tenían el mandato legal de informatizar los registros de la propiedad y mercantiles, no lo llevaron a cabo; no quisieron ejecutar lo que dispone la ley. También siguen sin permitir el acceso directo de los notarios a los libros de los registros, lo que redundaría en beneficio de la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que han hecho para evitar este acceso directo? Centralizar la información de cada registro de la propiedad en el Colegio de Registradores, sustituyendo la mediación del registrador por la del Colegio de manera ilegal.

-¿Esto crea inseguridad jurídica?

-Desde luego. Las notas informativas que facilita el Colegio de Registradores a los notarios se extraen de un repositorio que no está permanentemente actualizado. Además, son nulas, puesto que no las emiten directamente los registradores responsables de cada registro de la propiedad sino el Colegio, lo que no está permitido por Ley. Esas notas no cumplen con las exigencias del Reglamento Hipotecario que en su artículo 354 exige que sigan un procedimiento específico que garantice su fidelidad a quienes vayan a otorgar una escritura pública. Tienen un valor puramente informativo; alguna sentencia considera que carecen incluso de valor probatorio. La inseguridad solo se está evitando gracias al esfuerzo de los notarios.

-Otras preocupaciones y ocupaciones de su mandato han sido la protección jurídica de los menores, el problema de acceso a la vivienda, el envejecimiento de la sociedad, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la ciberseguridad, la colaboración con los notarios del mundo para garantizar seguridad jurídica preventiva a millones de ciudadanos… ¿Cómo es posible que los notarios estén en tantos asuntos vitales para la economía y el desarrollo social?

-Es posible porque nos encontramos dentro de la sociedad. Somos un órgano que fue creado por ella. Dependemos de la confianza que deposita en nosotros porque atendemos las preocupaciones, inquietudes y necesidades de nuestros conciudadanos. Cara a cara. Estamos en el centro de lo que constituye la justicia cotidiana, lo que en la jurisprudencia se llama cautelar, que trata de prevenir problemas y que desarrolla una función reparadora en el día a día a través del consejo, del asesoramiento y de la conciliación.

 

“EN ESPAÑA TENEMOS UN PROBLEMA MUY SERIO PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA QUE NO SE HA RESUELTO POR INTERESES REGISTRALES ESTRICTAMENTE CORPORATIVOS”

 

-Hablando de leyes, eso me recuerda su contribución a la aprobación de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Cinco años después, ¿cuál es su balance?

-La regulación de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario ha sido muy positiva para la sociedad. Ha permitido que estos contratos se firmen con pleno conocimiento de causa. El acta de información precontractual gratuita que redactamos y autorizamos los notarios fue una reforma de la que soy responsable en cierta medida porque se la propuse personalmente al entonces ministro de Economía, Luis de Guindos. También propuse en aquel entonces la introducción de disposiciones imperativas que evitaran el arbitrio judicial y que dieran una mayor certeza a los vencimientos anticipados, los intereses moratorios y la amortización anticipada. Esta ley supone un trabajo importante del notario, pero también ha permitido una mayor confianza en todos nosotros. Cuando nos reunimos a solas con las personas que van a contratar un préstamo hipotecario se van satisfechas porque el notario realiza una función de consejo y de asesoramiento imparcial. Este encuentro ofrece la exacta medida de lo que constituye la función notarial y el cumplimiento de nuestra función.

-A veces tienen que ayudar a las personas a tomar soluciones y enfrentar problemas, incluso tan duros como lo ocurrido en La Palma en 2021…

-Fue una actuación coordinada entre el Consejo y el Ministerio de Justicia. La clave de bóveda de esa coordinación correspondió a Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias, que fue quien propuso la solución de crear tres notarías provisionales que atendieran rápida y gratuitamente a todos los damnificados por el volcán. Estas notarías estuvieron abiertas casi dos años en los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte y fueron atendidas de forma altruista por medio centenar de notarios de toda España en colaboración con funcionarios de estos ayuntamientos, empleados de notarías y personal de nuestro centro tecnológico. Esta labor hizo posible que miles de palmeros pudieran disponer de los documentos notariales que les permitan demostrar la propiedad de las fincas y de los inmuebles arrasados por la lava y acceder a las ayudas oficiales. Lo allí vivido ha dejado una huella indeleble en todos nosotros que ya forma parte de la historia del Notariado.

-Cómo cerrar esta entrevista sin preguntarle por las consecuencias que tuvo para la profesión, sin entrar en la tragedia humana, la pandemia provocada por el coronavirus en 2019.

-La verdad es que nadie nos esperábamos pasar por semejante situación. En este sentido, nos retornó a épocas pretéritas cuando había pestes y pandemias. Los notarios seguimos al pie del cañón haciendo testamentos, levantando actas, y autorizando acuerdos y negocios inaplazables. El Gobierno nos declaró servicio esencial y todas las notarías permanecieron abiertas: con todo el miedo, porque íbamos sin mascarillas, sin guantes… Hoy, visto en retrospectiva, no hicimos más que cumplir con nuestra obligación. Como presidente del Consejo tengo que agradecer a todos mis compañeros que cumplieran con ese deber, a veces con serio riesgo o peligro para su salud.

-¿Me dejo algo en el tintero, presidente?

-Son ocho años de trabajo en los que tengo que agradecer, en primer lugar, el apoyo de los decanos y secretarios, que me han acompañado en esta singladura, así como del personal del Consejo General del Notariado, de nuestro Centro Tecnológico y de muchos compañeros. Hemos actuado de forma unitaria, contribuyendo a sacar adelante leyes tan necesarias como las comentadas anteriormente. En el plano internacional también se ha desarrollado una labor muy intensa, con una intervención muy directa del notariado español, por ejemplo, cuando se estaba gestando la directiva de herramientas digitales. La propia Comisión llegó a la conclusión de que los notarios no estábamos en contra, que no éramos parte del problema, sino parte de la solución. También ha sido muy importante la labor del Notariado en el ámbito iberoamericano y entre los países de lengua portuguesa liderada por Alfonso Cavallé. Me voy satisfecho de lo logrado en beneficio de la sociedad, a la que nos debemos y consciente de las tareas pendientes que tendrán que acometer los que vengan detrás de mí para que los notarios podamos seguir siendo útiles. Echo en falta, sin embargo, el inventario de mis fracasos, de los cuales me disculpo, así como de aquello que no me ha dado tiempo a hacer.

«Ciencia y conciencia», por José Alberto Marín

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JOSÉ ALBERTO MARÍN,
Decano del Colegio Notarial de Cataluña. Miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado.

"La tecnología ha de servir para mejorar la seguridad jurídica preventiva y de esta forma conseguir uno de sus principales objetivos: evitar litigios"

Ciencia y conciencia

El Centro Tecnológico del Notariado es una entidad propiedad al 100% del Consejo General del Notariado (CGN), que trabaja exclusiva y directamente para el Notariado e indirectamente para las Administraciones Publicas.

Su objetivo es facilitar que los ciudadanos, como usuarios del servicio público de la función notarial, puedan utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación en su camino hacia la seguridad jurídica.

España, con nuestro Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a la cabeza, está impulsando y ejecutando un ambicioso plan de modernización del mundo de la justicia entendido en el sentido más amplio, dentro del cual el Notariado ejerce un papel esencial como piedra angular de la seguridad jurídica preventiva. La recientemente aprobada Ley 11/2023 ha supuesto un espaldarazo para la tecnología notarial al crear el protocolo electrónico y regular los otorgamientos a distancia por videoconferencia entre otras muchas novedades.

El esquema sobre el que se desarrolla este progreso tecnológico no olvida algo básico para los notarios: la atención personal de los usuarios del servicio y la inmediación del notario en la prestación de su función.

La seguridad jurídica se basa, entre otros pilares, en el consentimiento informado y, en ningún caso, las aplicaciones informáticas pueden perder de vista a su principal protagonista: el ciudadano. El notario no es solo fedatario; es asesor de las personas y de las empresas y esta dimensión de su función no puede ser olvidada. La tecnología ha de servir para mejorar la seguridad jurídica preventiva y de esta forma conseguir uno de sus principales objetivos: evitar litigios. Los notarios, en todo el mundo, han sido, y siguen siendo, básicos para lograr este objetivo.

El análisis jurídico de las cuestiones que se le plantean en cualquier operación en la que interviene un notario permite aconsejar la solución más adecuada y conveniente no sólo para las partes del negocio sino también para el resto de personas que podrían resultar afectadas pese a no intervenir directamente.

Control y tecnología. Además, el control de legalidad que ejerce, resulta fundamental para que los documentos notariales se ajusten al ordenamiento jurídico, y no solo a la normativa de derecho privado sino también a la de derecho público como por ejemplo la relativa a prevención de blanqueo de capitales, fraude fiscal y financiación de terrorismo. Además del filtrado que realiza cada notario de cada operación, la tecnología del Notariado permite el cruce y análisis de los millones de datos que los notarios facilitamos a nuestros servicios centrales debidamente segmentados e interoperables detectando las operaciones sospechosas para informar de las mismas a las autoridades policiales, fiscales, financieras y judiciales. Los algoritmos de búsqueda son mejorados constantemente y permiten un control exhaustivo de todos los negocios que se formalizan ante los notarios. Excluir actos jurídicos del control notarial lleva a una importante pérdida de información centralizada.

Todas estas actuaciones de los notarios se basan hoy en un sistema informático eficiente y seguro que provee el Centro Tecnológico del Notariado, con dos sedes, una en Madrid y otra en Barcelona, y con unos 350 técnicos que dan servicio exclusivamente a los notarios y a quienes con ellos se relacionan. Ese fue el objetivo inicial del Centro: facilitar la relación telemática entre los notarios y las administraciones públicas para dar un mejor servicio al ciudadano.

 

EL ESQUEMA SOBRE EL QUE SE DESARROLLA ESTE PROGRESO TECNOLÓGICO NO OLVIDA ALGO BÁSICO PARA LOS NOTARIOS: LA ATENCIÓN PERSONAL DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO Y LA INMEDIACIÓN DEL NOTARIO EN LA PRESTACIÓN DE SU FUNCIÓN

 

Dos leyes, la 24/2001 y la 24/2005, dieron un importante impulso a estas comunicaciones.

Servicio a la sociedad. Pero uno de los hitos más importantes del Notariado español lo supuso la creación en 2004 del llamado Índice Único Informatizado (IUI) que implicó, con enorme esfuerzo por parte de los notarios, contar con un archivo digital que recoge todos los datos de los documentos notariales estructurados. En la actualidad este índice constituye la segunda base de datos de España, solo superada por la Agencia Tributaria. La potencia actual y la potencialidad de este “hub” tecnológico, CTNotariado, puede deducirse de la relación de servicios que se prestan y su magnitud numérica.

Cada día utilizan directamente la plataforma notarial más de 20.000 notarios y empleados de notarías. Cada año los 2.700 notarios españoles utilizan la firma electrónica cualificada en quince millones de ocasiones siendo uno de los sectores de actividad que más la usan.

Todo este entramado tecnológico tiene su base en un plataforma homogénea y única para todos los notarios (SIGNO) permitiendo una total interoperabilidad entre ellos y entre ellos y el resto de actores a los que a continuación nos referiremos con una red de comunicaciones segura (RENO).

Así en 2023 se remitieron al Ministerio de Justicia 900.000 partes testamentarios para su constancia en el Registro General de Actos de Últimas Voluntades (en el que se consulta una vez fallecida una persona qué testamentos ha otorgado). En ese mismo año se obtuvieron desde las notarías más de 200.000 certificados de ese registro y otros tantos del Registro de Seguros de Vida (desde el que se obtiene información de los seguros de ese tipo que tenía una persona fallecida).

También en el mismo periodo se realizaron más de medio millón de consultas a las bases de datos de los ayuntamientos españoles para comprobar si existen deudas de tributos municipales que puedan afectar al adquirente de una finca, garantizando así su indemnidad. Esto implica tener acceso a más de 5.000 entidades locales con las que se realiza la consulta online y en tiempo real. Además, se realizaron más de 1.200.000 comunicaciones a ayuntamientos para poner en su conocimiento hechos imponibles que dan lugar al devengo de impuestos. Esta actividad culmina con la expedición de más de 5.000.000 de copias electrónicas que han dado lugar, además de otros muchos efectos, a más de 3.000.000 de inscripciones en registros de la propiedad y mercantiles.

Podrían ofrecerse muchos más datos tan representativos como estos, siendo toda una muestra de la envergadura del sistema informático del Notariado cuyo último gran hito ha sido la implantación del protocolo electrónico operado por la ley 11/2023.

El protocolo electrónico. Si bien en todas las notarías ya existía una réplica electrónica del protocolo en papel, esta Ley 11/2023 ha dado carácter legal y oficial al mismo. Desde el 9 de noviembre de 2023 todos los documentos notariales tienen un doble formato en papel y electrónico, siendo este último “reflejo” del primero. De esta manera las copias electrónicas, que hasta ese momento estaban reservadas para su utilización con registros y administraciones públicas, pueden ser utilizadas por los ciudadanos en general. El protocolo notarial electrónico permite generar copias con Código Seguro de Verificación (CSV) cuya comprobación tiene lugar en la Sede Electrónica Notarial que también crea esa norma, cuya puerta de entrada para el ciudadano, el PNC, cuenta ya con más de 400.000 usuarios. Este sistema también permite instaurar una importante novedad cual es el otorgamiento por videoconferencia que, mediante un canal totalmente seguro y la utilización de firma electrónica cualificada, posibilita la firma de documentos desde cualquier lugar del mundo.

 

EL PROTOCOLO NOTARIAL ELECTRÓNICO PERMITE GENERAR COPIAS CON CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV) CUYA COMPROBACIÓN TIENE LUGAR EN LA SEDE ELECTRÓNICA NOTARIAL

 

Finalmente destacaremos que en el ámbito internacional el Notariado español está trabajando de la mano de otros muchos en la creación de redes de intercambio de documentos.

El objetivo del Notariado es garantizar la seguridad jurídica en España. El Estado del Bienestar requiere inversiones y las inversiones requieren seguridad. En España el Gobierno de la Nación apuesta por una función notarial moderna, tecnificada pero basada en la atención personalizada. El CGN y el CTNotariado también apuestan por ello y por socializar su conocimiento y experiencia.

Entrevista a Alberto Martínez Lacambra, director general del Centro Tecnológico del Notariado

LA @

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ALBERTO MARTÍNEZ LACAMBRA,

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DEL NOTARIADO

“El Notariado está a la vanguardia digital y es un modelo a seguir nacional e internacionalmente”

CRISTINA MASSANA
Hace poco más de un año que Alberto Martínez Lacambra se incorporó al Centro Tecnológico del Notariado (CTNotariado) para liderar los proyectos de transformación digital de la corporación notarial. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Autònoma de Barcelona y en Derecho por la Universitat Oberta de Catalunya, cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector público y privado, además de haber estado 30 años vinculado a la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas, impartiendo docencia en grados y másteres.

Ha participado por primera vez en una cumbre internacional organizada por el Consejo General del Notariado. ¿Qué impresión se lleva de la gran cita de la Justicia Iberoamericana de Tenerife?

Me ha parecido impresionante el poder de convocatoria del Notariado español. En Tenerife se ha dado cita la plana mayor de la justicia en España y en Iberoamérica, desde ministros a magistrados y fiscales, además de los miembros de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado. Los encuentros de Tenerife refuerzan mi percepción, tras este primer año como director general del Centro Tecnológico, de que el Notariado español es un referente en Iberoamérica, sino también mundial, tanto en lo que se refiere a la práctica notarial como en su desarrollo tecnológico.

 

“EN EL CENTRO ESTAMOS ATENTOS A TODAS LAS INNOVACIONES QUE PUEDAN MEJORAR EL SERVICIO PÚBLICO QUE REALIZAN LOS NOTARIOS”

 

Hablemos, precisamente, de su primer año como director general del CTNotariado. ¿Qué valoración realiza de esta etapa inicial en el cargo?

Una valoración muy positiva. Estoy gratamente sorprendido del desarrollo tecnológico de la corporación notarial. Hace ya más de 20 años, el Consejo General del Notariado demostró una gran visión estratégica con la creación de una entidad propia, el Centro Tecnológico, que le ha permitido diseñar y evolucionar sus propias plataformas y aplicaciones tecnológicas. Los más de 300 profesionales que conformamos el Centro Tecnológico estamos orgullosos de nuestra contribución a que el Notariado español sea un referente en digitalización tanto para otros sectores profesionales como para otros países.

¿En qué se basa ese liderazgo tecnológico? ¿Puede ponerme ejemplos?

Los notarios españoles adoptaron hace décadas la Firma Electrónica Notarial; cuentan con una red privada notarial, RENO, y una plataforma homogénea de uso diario de las notarías, SIGNO, que permite el ejercicio de su función pública y el intercambio de información con más de 5.000 administraciones y entidades públicas y privadas.

 

“EL ROL DEL NOTARIO COMO FUENTE AUTÉNTICA PARA LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS LE OTORGARÁ UN PAPEL ESENCIAL EN EL DESPLIEGUE DE LA NUEVA IDENTIDAD DIGITAL EUROPEA”

 

La corporación notarial cuenta con la segunda base de datos más importante del país, el Índice Único Informatizado, compuesta por datos contenidos en más de 150 millones de documentos notariales, correspondientes a más de 44 millones de personas y empresas. La información que proporciona el Notariado a la Administración Pública a través del Índice es de un gran valor para la gestión, así como para la evaluación y diseño de políticas públicas. Además, el Índice ha permitido la creación de la Base de Datos de Titularidad Real, un registro donde se identifican los titulares reales de aproximadamente tres millones de personas jurídicas. La consulta de esta base de datos permite que la corporación notarial sea un referente internacional en la prevención del blanqueo de capitales.

En definitiva, el Notariado está a la vanguardia del dato y, como se ha visto en Tenerife, es un ejemplo y modelo a seguir nacional e internacionalmente. Prueba de ello es que ya hemos tenido peticiones de colaboración de distintos notariados, tanto de Europa e Iberoamérica como de África.

Mantener ese nivel de innovación requiere estar vigilantes y preparados para la adopción de nuevas tecnologías. ¿Qué está haciendo el Notariado y su Centro Tecnológico en lo que se refiere a la IA?

En el Centro estamos atentos a todas las innovaciones que puedan mejorar el servicio público que realizan los notarios. Se trabaja para que el Notariado esté preparado para los retos que supone la inteligencia artificial y pueda, asimismo, beneficiarse de todas sus ventajas. Por ello, tenemos en marcha un proyecto de inteligencia artificial generativa para la lectura y extracción de los datos de las escrituras, lo que dotará de mayor agilidad al proceso de creación del Índice.

¿Qué otros proyectos están marcando el desarrollo tecnológico de la corporación notarial y cuáles serán determinantes en el futuro?

Como mencionaba, estamos muy pendientes de las evoluciones tecnológicas y, además de la IA como proyecto destacable, la labor de nuestros profesionales se centra en asegurar el perfecto funcionamiento de todas las plataformas. En este último año, el Notariado ha experimentado un salto en la digitalización muy significativo a raíz de la ley 11/2023, que ha permitido la implementación del protocolo electrónico. Además, se ha habilitado la videoconferencia para poder realizar el otorgamiento de diferentes negocios jurídicos.

Otro de los proyectos de futuro, esta vez marcado por la legislación europea, es la cartera digital de identidad europea, que verá la luz en los próximos años. Con la aprobación del Reglamento eIDAS2 el 11 de abril de 2024 se estableció un nuevo modelo de identidad digital europea basado en el concepto de cartera o wallet digital. La cartera digital incluirá atributos que podrán ser compartidos de manera segura y verificable. El rol del notario como fuente auténtica para la verificación de estos documentos le otorgará un papel esencial en el despliegue de la nueva identidad digital europea.

La labor de los profesionales del Centro Tecnológico es asegurar el perfecto funcionamiento de todas estas herramientas que facilitan la labor pública de la corporación notarial y generan valor para la sociedad.

La Palma: Tres años tras la erupción del volcán

EN ESTE PAÍS

T E N E R I F E 2 0 2 4

Tres años tras la erupción del volcán

FOTO: ENRIQUE ROJAS
REDACCIÓN
En septiembre se cumplieron tres años de la erupción del volcán en la zona de Cumbre Vieja, en la Isla de La Palma, un fenómeno geológico que dejó 1.200 hectáreas dañadas, 7.000 personas evacuadas y 1.300 viviendas destruidas.

Entre los palmeros afectados, muchos no contaban con escrituras públicas que avalasen que lo perdido era suyo y para ayudarles a acreditar sus derechos y acceder a las ayudas, el Consejo General del Notariado, en colaboración con los colegios notariales de Canarias, Cataluña y Valencia, abrió tres notarías provisionales en los municipios afectados: Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

 

NIEVES LADY BARRETO: “GRACIAS A LA LABOR DE LOS NOTARIOS HOY PODEMOS ESTAR HABLANDO DE ABONAR A LAS PERSONAS AFECTADAS EL VALOR DE LAS PROPIEDADES QUE PERDIERON”

 

A estas notarías llegaron más de 50 notarios voluntarios de toda España que, tras un año de trabajo incesante, autorizaron más de mil actas de notoriedad que permitieron a los propietarios de inmuebles, fincas o negocios arrasados o sepultados por la lava demostrar que les pertenecían para el cobro de los seguros y ayudas correspondientes.

Además, según explica el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé: “Sobre muchas de estas propiedades existían construcciones sin declarar, cultivos, explotaciones ganaderas o contratos de arras, precontratos, hipotecas, y otros derechos por lo que les prestamos asesoramiento gratuito adaptado a cada caso”.

Finalizada esta labor, los más de mil documentos que los notarios autorizaron, sin coste alguno, se incorporaron en un protocolo especial que se encuentra depositado en el archivo general de protocolos del distrito de los Llanos de Aridane.

FOTO: JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ

Reconocimientos. Con motivo del tercer aniversario de la erupción del volcán, el pasado mes de septiembre, en Tenerife, el Gobierno de Canarias entregó la Medalla al Mérito de la Justicia con distintivo de Oro al Consejo General del Notariado y a los colegios notariales de las Islas Canarias, Valencia y Cataluña, representados por su presidente, José Ángel Martínez Sanchiz, y sus decanos, Alfonso Cavallé, Francisco Cantos y José Alberto Marín, respectivamente. Estos tres decanos fueron los primeros notarios en acudir a la isla para instalar las notarías temporales que contaron con la tecnología y apoyo económico del Consejo General del Notariado.

Según la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que hizo entrega de las medallas: “Gracias a la labor que los notarios, de manera solidaria y desinteresada, desarrollaron en La Palma desde los primeros días de la erupción, abriendo camino en una situación tan extraordinaria como compleja, hoy podemos estar hablando de abonar a las personas afectadas el valor de las propiedades que perdieron. Así de importante y trascendente para el presente y futuro de esas personas y de toda La Palma ha sido la labor de los notarios”. Además, señaló que “toda esa experiencia acumulada en La Palma tiene el valor de ser un precedente muy valioso para futuras catástrofes”.

De izda. a dcha.: Alfonso Cavallé y Héctor F. Izquierdo durante la entrega de la Medalla de Oro en grado de Encomienda.
Héctor F. Izquierdo, alto Comisionado Especial para la Reconstrucción de La Palma

“50 NOTARIOS HAN PROPORCIONADO SEGURIDAD JURÍDICA A LOS AFECTADOS PARA REALIZAR UNA RECONSTRUCCIÓN SIN JUDICIALIZACIONES”

Héctor F. Izquierdo ejerce las funciones encomendadas por Real Decreto para la reconstrucción de la isla de La Palma y lidera la coordinación de la Administración General del Estado con las administraciones públicas canarias. Con motivo del tercer aniversario de la erupción del volcán en La Palma, y en el marco del encuentro que tuvo lugar en septiembre en Tenerife con ministros de justicia, magistrados, fiscales y notarios de Iberoamérica y países de habla portuguesa, el Consejo General del Notariado le hizo entrega de la Medalla de Oro en grado de Encomienda, por su honorable labor en la reconstrucción de la isla.

¿Qué medidas se han llevado a cabo para mejorar la situación de los afectados?

Se han movilizado desde el Estado 1.046 millones de euros en tiempo récord y construido carreteras sobre coladas, recuperado la habitabilidad en pueblos que estaban cerrados por los gases, e invertido en geotermia como fuente de energía renovable. Además, los indicadores de población, matriculaciones de coches, el empleo, la tasa de actividad o la cantidad de empresas registradas en la seguridad social están no ya mejor que antes del volcán, sino que antes del inicio del Covid-19.

 

“COMO COMISIONADO Y PALMERO NO PUEDO ADMIRAR MÁS LA EXCEPCIONAL LABOR DEL NOTARIADO ESPAÑOL”

 

¿Cuáles son los próximos objetivos en pro de la recuperación total?

La erupción del volcán es una catástrofe natural muy compleja con muchos frentes de actuación y aspectos en los que debemos seguir trabajando. No obstante, no encontramos números similares de progreso tras una catástrofe del mismo rango. No sólo en España, sino en Europa, y en otros continentes, y eso ha sido también gracias a la labor del Notariado español, cuyo conocimiento generado durante la reconstrucción se encuentra ya en los protocolos y procedimientos de la Unión Internacional del Notariado (UNIL) para los futuros casos que nos encontremos.

¿Cómo valoraría la labor de voluntariado de los notarios en la isla?

Ha sido espectacular. Han sido 50 notarios que, gracias a los decanos Alfonso Cavallé, José Alberto Marín y Francisco Cantos, junto con el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, y sus equipos, han proporcionado seguridad jurídica a los afectados, convirtiéndose en la piedra angular para realizar una reconstrucción sin judicializaciones, lo que ha permitido distribuir las ayudas e indemnizaciones. Además, su labor y la coordinación que han realizado con Catastro, Registro y Consorcio de Seguros ha sido admirable. No ya como comisionado sino como palmero no puedo más que estar agradecido y admirar la excepcional labor del Notariado español.

Claves para poder pasar del conflicto a la paz

ALDEA GLOBAL

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CLAVES PARA PODER PASAR DEL CONFLICTO A LA PAZ

En la resolución de los conflictos la clave es conocer cuáles son los procedimientos que hay que llevar a cabo y qué hay que dejar de lado para llegar a la paz. Y los cuatro pilares en los que se basa la llamada Justicia Transicional -Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición- son la mejor guía para alcanzarla.

REDACCIÓN

 

Esta idea, expresada por Joseph Weiler (catedrático de Derecho en la Universidad de Nueva York y Premio Ratzinger 2022) y compartida por todos los ponentes, fue una de las principales conclusiones que se extrajeron en la presentación del libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial, celebrada en el Colegio Notarial de Madrid. “La Justicia Transicional se refiere al concepto de transición al final de un conflicto. Pero está claro que los procedimientos son los que garantizan esa transición y una justicia a largo plazo. Esta es la lección más importante que podemos extraer de este libro”, aseguró Weiler.

La obra ha sido promovida conjuntamente por la COMJIB, el Consejo General del Notariado (CGN) y Fundación Notariado. En sus casi 500 páginas, participan una veintena de ponentes, entre ellos filósofos, humanistas y profesores universitarios iberoamericanos, así como ministros, ex ministros y altos cargos de los gobiernos de diferentes países latinoamericanos y organismos internacionales.

Un mundo en llamas

El evento estuvo presidido por Concepción Pilar Barrio del Olmo, vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, y en él participaron el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), Enrique Gil Botero; Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias, delegado para América del CGN y vicepresidente de la Comisión de Deontología de la Unión Internacional del Notariado (UINL); la fiscal ante el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz de la Unidad de Investigación y Acusación, Digna Isabel Durán; el profesor Joseph Weiler; y Cecilia Robles, directora general de Naciones Unidas (ONU), Organismos Internacionales (OOII) y Derechos Humanos (DDDH) del Ministerio de Asuntos Exteriores.

 

LA OBRA HA SIDO PROMOVIDA CONJUNTAMENTE POR LA COMJIB, EL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO Y FUNDACIÓN NOTARIADO

 

El acto comenzó con unas palabras de condolencia por las víctimas y damnificados por la DANA. Barrio del Olmo dio la bienvenida e hizo alusión a la obra que se presentaba “tan importante en un momento en el que la actualidad está marcada por el conflicto internacional”. Por su parte, Cavallé destacó a Enrique Gil Botero como principal impulsor de este libro, así como su papel en el proceso de paz en Colombia. Además, señaló la contribución del Notariado “tan vinculado a la búsqueda de la verdad, la justicia y la paz”.

 

PARTICIPAN UNA VEINTENA DE PONENTES: FILÓSOFOS, HUMANISTAS, PROFESORES, EX MINISTROS Y ALTOS CARGOS

 

Seguidamente, tomó la palabra Gil Botero, quien comenzó su discurso explicando el porqué, cómo y para qué de este libro: “La obra nace de ver un mundo terrorífico, entrópico y destructor, un mundo en llamas con más de 56 guerras y 92 países involucrados. Una situación y un panorama donde los organismos internacionales son ambiguos, vacilantes y han perdido, si es que la tuvieran, la fuerza y el ideario que justificó su creación; unas potencias que exhiben y permanecen sigilosas y una Europa que está anestesiada”, afirmó. El secretario general de la COMJIB concluyó que, por todo ello, “este libro es un grito en la oscuridad. La justicia transicional abre una esperanza y busca ayudar y poner en orden la convivencia, el progreso y la construcción de unas sociedades justas y con valores de civilidad. La consecución de la paz debe ser imperativo moral para todos, porque las guerras actuales tienen al mundo al borde de la autodestrucción”.

Gil Botero anunció también que el libro será traducido al inglés para ser presentado a principios de 2025 en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York.

Digna Isabel Durán hizo alusión a la importancia de la justicia transicional que “no puede ser conjugada como una fórmula para todos los conflictos del mundo, pero sí aporta herramientas importantes para cesar con las violaciones de los derechos humanos que sufren algunas sociedades”. Busca -añadió- “restaurar, reparar en lo posible a las víctimas, prevenir la impunidad e implementar medidas para que estas violaciones no se vuelvan a repetir y, finalmente, promover la reconciliación de los pueblos. Las personas víctimas de una guerra tienen que recibir justicia, reparación y medidas de no repetición”, aseguró.

En la clausura, Cecilia Robles también puso el foco en los cuatro pilares a los que hace referencia la obra como herramienta política y práctica para responder a crisis nacionales e internacionales, especialmente el de la Justicia, pues, según explicó, “España presta un gran apoyo a la Corte Penal Internacional para contribuir a los desafíos a los que se enfrenta”. “Este apoyo es político, financiero -ámbito en el que hemos hecho un gran esfuerzo-, de refuerzo de sus recursos humanos y estamos estudiando nuevos acuerdos de cooperación” afirmó.

 

EL LIBRO SERÁ PRESENTADO A PRINCIPIOS DE 2025 EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS DE NUEVA YORK

 

Además, Robles señaló la importancia del papel que desempeñan las mujeres y las niñas en los procesos de justicia transicional como protagonistas, pero también como víctimas. “Tenerlas presentes es una cuestión de justicia y es recomendable, puesto que está demostrado que los procesos de paz que las incluyen son más duraderos”, finalizó.

Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional

El libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial expresa el compromiso de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado de contribuir a la construcción de la paz en nuestras sociedades. La publicación contiene un primer capítulo en el que se establecen los fundamentos del Derecho Penal y se explica el papel y el valor de la Justicia Transicional en la solución de conflictos.

El segundo capítulo, que conforma el grueso de la obra, se articula en torno a los cuatro ejes de la Justicia Transicional; los cuatro pilares que las víctimas de todo conflicto necesitan para superar el pasado y construir el futuro: Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición. A través de estos, diferentes autores realizan un análisis riguroso y detallado de la justicia transicional en América Latina, además de ofrecer recomendaciones prácticas para los formuladores de políticas y los actores internacionales.

Este libro supone por tanto una contribución a la literatura académica, además de ofrecer una guía para los formuladores de políticas, defensores de derechos humanos y activistas de la paz en todo el mundo. En él se analizan en detalle las políticas de reparación en varios países latinoamericanos, destacando tanto los éxitos como aquellas situaciones que fueron claramente insuficientes. Un estudio que permite concluir que, en una región marcada por décadas de conflicto y violencia, la justicia transicional se erige como el camino hacia la reconciliación y la paz duradera.

Entre los textos incluidos en la obra destacan las palabras del Papa Francisco y el prólogo del Premio Nobel de la Paz y ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

De izda. a dcha.: Alfonso Cavallé, Cecilia Robles, Concepción Pilar Barrio, Enrique Gil Botero y Digna Isabel Durán.
De izda. a dcha.: Digna Isabel Durán, Enrique Gil Botero, Joseph Weiler, Concepción Pilar Barrio del Olmo, Cecilia Robles y Alfonso Cavallé.
Joseph Weiler.
Principios, no reglas

La ponencia principal corrió a cargo del Profesor Joseph Weiler, catedrático de Derecho en la Universidad de Nueva York y Premio Ratzinger 2022, quien resaltó los cuatro principios de la Justicia Transicional en torno a los cuales se articula la obra y los cuales aseguró que “son fundamentales para la resolución de conflictos”. Sin embargo, quiso aclarar que “se trata de principios, no de reglas. Son abiertos y adaptables a diferentes situaciones. Son formas de pensar, pero no pueden ser entendidos como una receta, por lo que debemos tomar este libro como una guía o un método que nos ayuda a alcanzar la paz, no como una fórmula”, añadió. Weiler también quiso destacar en su ponencia la labor de los notarios en este ámbito, ya que, según explicó, “trabajan en interés de la sociedad, buscando la paz y la verdad. Aunque son profesionales privados, a menudo se encargan de aplicar y defender el Derecho público con la intención de lograr soluciones beneficiosas para la ciudadanía que perduren a largo plazo”.

Entrevista a Enrique Gil Botero, secretario general de la COMJIB

ALDEA GLOBAL

ENRIQUE GIL BOTERO,

SECRETARIO GENERAL DE LA COMJIB

Constituida en Madrid en 1970, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) está integrada por veintidós Estados miembros. Su secretario general desde hace cinco años es el colombiano Enrique Gil Botero, quien desgrana en esta entrevista las líneas maestras de su institución.

JOSÉ M. CARRASCOSA

“El encuentro de Tenerife ha permitido consolidar un espacio de diálogo político-institucional al más alto nivel”

-Acaba de regresar del encuentro de la COMJIB y la CMJPLOP en Tenerife, donde ministros de Justicia de dieciséis países suscribieron la Declaración de las Islas Canarias. ¿Qué supondrá para la comunidad iberoamericana y de habla portuguesa esta iniciativa?

El II Encuentro de la COMJIB y la COMJPLOP en Tenerife ha permitido consolidar un espacio de diálogo político-institucional al más alto nivel entre Ministerios de Justicia en lengua española y lengua portuguesa. Esto nos permitirá profundizar los vínculos entre nuestras políticas públicas y nuestras herramientas de cooperación jurídica internacional en países con muchas similitudes culturales, históricas, lingüísticas y también jurídicas.

 

“LAS SOLICITUDES DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL AHORA SE PUEDEN TRAMITAR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA IBER@, DISEÑADA POR EL CENTRO TECNOLÓGICO DEL NOTARIADO”

 

-En la clausura de dicho encuentro alertó sobre «la gran amenaza que suponen los delitos transnacionales para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos». ¿Cuáles son las principales líneas de actuación puestas en marcha desde la COMJIB?

En la COMJIB somos depositarios de diversos tratados internacionales suscritos por los Estados en aras de generar mayores respuestas contra la criminalidad organizada. Uno de ellos es el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales, más conocido como Tratado de Medellín, que entró en vigor hace más de dos años. También contamos con otros tratados que regulan los equipos conjuntos de investigación en la región iberoamericana, que permiten constituir equipos de policías, fiscales y/o jueces para investigar delitos trasnacionales de cierta complejidad.

-La COMJIB y el Notariado español mantienen una estrecha colaboración -vehiculada, por ejemplo, con el desarrollo de las plataformas telemáticas como Iber@ e Iberfides-. ¿Cuál es su utilidad?

A través del Tratado de Medellín se está logrando que las solicitudes de cooperación jurídica internacional que antes se realizaban por valija diplomática o correo electrónico ahora se puedan tramitar ágilmente y con elevados niveles de seguridad a través de la Plataforma Iber@, diseñada y custodiada por el Centro Tecnológico del Notariado. Iberfides por su parte, es también una herramienta muy valiosa, con objetivos similares pero adaptada al ámbito notarial, la cual ha despertado mucho interés en los países iberoamericanos.

-Ha cumplido recientemente cinco años al frente de la secretaría general de la COMJIB. ¿Qué balance realiza de este período?

Una de mis prioridades como secretario general ha sido potenciar la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) que este año cumple su vigésimo aniversario. En la actualidad contamos con más de 300 puntos de contacto activos en la Plataforma Iber@; hemos vuelto a realizar encuentros presenciales de puntos de contacto; la página web de IberRed cuenta con información y noticias actualizadas; estamos realizando seminarios virtuales sobre temáticas de interés como protección de datos o cibercriminalidad; hemos logrado dar de alta a puntos de contacto de Eurojust en la Plataforma Iber@, y acabamos de ingresar como observadores a GlobE Network que es una red especializada anticorrupción de Naciones Unidas. He tratado de impulsar muchas iniciativas en estos cinco años, pero si tuviera que elegir la más importante, me quedaría con la reactivación efectiva de IberRed.

-Junto al idioma común, el derecho romano aglutina a los países de la comunidad iberoamericana. ¿Qué aporta mantener un régimen jurídico similar?

Los países iberoamericanos tenemos una tradición jurídica de derecho continental o civil law. Eso significa que tenemos muchas similitudes desde el punto de vista legislativo, pero también en cuanto a las prácticas jurídicas. Esta situación aporta numerosas ventajas ya que los problemas de los sistemas de justicia son bastante similares y eso permite también identificar estrategias conjuntas para abordarlos. Por ejemplo, un tema que hemos trabajado abundantemente en estos cinco años ha sido el problema de hacinamiento de los sistemas penitenciarios en América Latina. Hemos generado acuerdos políticos y técnicos en la COMJIB para promover respuestas más humanizadoras en los sistemas penales, promoviendo la alternatividad y la proporcionalidad de las penas. Ha sido posible alcanzar dichos acuerdos ya que tenemos diagnósticos bastante similares entre los países miembros.

-¿Cómo son las relaciones de la COMJIB con otras instituciones plurinacionales, como las comunitarias Eurojust o su homóloga JAI?

IberRed y Eurojust firmaron un memorándum de entendimiento en el año 2009 y en el año 2020 logramos firmar un Acuerdo de Ampliación de dicho memorándum para que estas dos redes puedan interactuar en la Plataforma Iber@. Esto requirió un importante trabajo de los equipos técnicos, debido a las dificultades que genera la política europea en materia de protección de datos. Afortunadamente, se han podido culminar los trabajos y ya contamos con usuarios de Eurojust designados, los cuales pueden acceder a la plataforma y realizar consultas informales con los países iberoamericanos. También participan de nuestros encuentros presenciales de puntos de contacto, lo que ha sido muy gratificante.

-Como ministro de Justicia formó parte del gabinete de Juan Manuel Santos, cuyas negociaciones permitieron poner fin a cincuenta años de guerra civil y le hicieron acreedor del Nobel de la Paz. ¿Qué aportó el Derecho en esa etapa en Colombia?

En el caso colombiano, una de las tareas que me encomendó el presidente Santos fue la instalación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin lugar a dudas se trató de un enorme desafío, ya que supuso levantar de cero una nueva jurisdicción, con todo lo que ello significa: designación de jueces y operadores jurídicos, habilitación de edificios, legislar los procedimientos judiciales que se emplearían. Creo que la experiencia colombiana fue un buen ejemplo de cómo desde el derecho y la institucionalidad se pueden ofrecer respuestas adecuadas para hacerse cargo de escenarios de post conflicto.

 

“IBERFIDES ES UNA HERRAMIENTA MUY VALIOSA, ADAPTADA AL ÁMBITO NOTARIAL, QUE HA DESPERTADO MUCHO INTERÉS EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS”

 

-Ha presentado en Madrid un libro que define como transcendental para la paz. Se titula Pasado, Presente y Futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial. ¿Por qué lo considera tan importante?

Este estudio ha permitido reunir a importantes académicos y referentes para generar una reflexión colectiva sobre los avances de la Justicia Transicional en América Latina. La mayoría de las experiencias de Justicia Transicional tienen un denominador común: representan los esfuerzos de los sistemas democráticos por hacerse cargo de los nocivos efectos causados por la violencia en conflictos armados internos o periodos dictatoriales. Creemos que con esta reflexión podemos trazar una hoja de ruta con las lecciones extraídas, sobre todo porque en la actualidad hay numerosos conflictos internos en países en los que todavía no se atisba una solución. Esperamos que esta obra, que ha podido realizarse gracias al apoyo del Consejo General del Notariado, contribuya a ello.