Entrevista a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior

CON SELLO PERSONAL

FERNANDO GRANDE-MARLASKA,

MINISTRO DEL INTERIOR

“España es uno de los países más seguros del mundo»

Fernando Grande-Marlaska Gómez (Bilbao, 1962), ministro del Interior desde 2018, magistrado en situación de servicios especiales en la Audiencia Nacional y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, es alguien que nunca deja indiferente.

Claro y firme en sus convicciones, no ha dudado en abrirse en público en una autobiografía que ya tiene un lustro. Al frente de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y de los servicios de emergencia, aunque no lo explicita, es seguro que no tiene ni un día tranquilo para que lo tengamos los demás.

CARLOS CAPA

Permítame que, en vez de empezar por la actualidad, hacerlo desde más atrás. En 2016 se publica Ni pena, ni miedo, su autobiografía. ¿Puede resumir este lustro transcurrido desde que se descubre ante el gran público con esta obra y el Grande-Marlaska de hoy?

Responder sobre uno mismo, sobre cómo el paso del tiempo y las nuevas responsabilidades han podido influir más o menos en mi consideración personal, no es fácil. Es cierto que en Ni pena ni miedo hago una valoración de las vivencias que entiendo han forjado mi carácter, pero para contestar esta pregunta, que sin duda en algún momento tendré que hacerme, debe transcurrir algo de tiempo.

El cargo de Ministro del Interior, que ocupo hace casi cuatro años, es el mayor honor para un incondicional del servicio público, pero deja poco tiempo para pensar en uno mismo. Espero haber podido crecer un poco más como persona y como profesional y que los valores que me inculcaron, que se pueden resumir en empatía y responsabilidad, se hayan consolidado.

Cuando llegue el momento y la tenga, prometo una mejor respuesta, pero estoy convencido de que será positiva, que habré mejorado sobre todo como persona: trabajar con los hombres y mujeres que conforman el Ministerio del Interior y en un Gobierno como el del presidente Sánchez garantiza esa conclusión.

Casi cuatro años -crisis de Gobierno incluida- en uno de los llamados ‘ministerios de Estado’, esos que soportan la arquitectura institucional de una democracia. ¿Ha logrado alcanzar muchos de sus propósitos en la cartera?

Creo que el balance que podemos hacer es muy satisfactorio. Hemos invertido en seguridad: en la mejora de las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas de Seguridad (la equiparación salarial les ha supuesto un justo aumento salarial de más de un 20% en estos tres años); en la recuperación de las plantillas (con un incremento neto de 10.000 efectivos en este periodo); y en dotarles de mejores medios (600 millones de euros en el plan de infraestructuras policiales propio del ministerio, más otros 400 procedentes de los fondos europeos para la recuperación), y hoy las tasas de criminalidad nos dicen que España es uno de los países más seguros del mundo. Pero estamos a mitad de legislatura, y aún nos queda mucho trabajo por hacer.

Es inevitable hacer referencia al Covid-19 y al comportamiento ejemplar de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los servicios de emergencias y de rescate. ¿Se siente orgulloso de su actuación?

La palabra orgullo es insuficiente. La pandemia llegó sin que tuviésemos un solo instrumento para combatirla. Cuando el Gobierno decidió pararlo todo para preservar algo tan esencial como la salud, la vida, pedimos a ciudadanas y ciudadanos que permaneciesen en su casa para protegerse unos a otros, y su respuesta ejemplar estuvo facilitada porque sabían que sus Fuerzas de Seguridad seguían ahí, a su lado, trabajando sin descanso para darles protección.

Cuando aquel 14 de marzo de 2020 convocamos a los policías nacionales, a los guardias civiles, a los policías autonómicos y locales a asumir la más difícil misión nunca pensada, respondieron sin dudar y llevaron hasta las más altas cotas su compromiso con la ciudadanía cuando el país más lo necesitaba.

Nunca olvidaré que en los balcones y ventanas de toda España los aplausos que se dedicaban al personal sanitario que combatió y combate la epidemia en primera línea pronto se hicieron extensivos a las Fuerzas de Seguridad que, a su lado, se convirtieron en el instrumento con el que la sociedad articuló y articula su lucha contra la pandemia.

Hace diez años que la banda terrorista ETA, a la que tanto combatió como juez de la Audiencia Nacional, anunció su disolución. ¿Corremos el riesgo de que también se disuelvan en la memoria colectiva las víctimas y su sufrimiento?

Las víctimas del terrorismo son un referente ético y moral para la democracia española y estoy convencido de que la ciudadanía no va a permitir que caigan en el olvido. Desde luego, el Ministerio del Interior trabaja y trabajará siempre para recuperar y dignificar su memoria de la mano de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y con instrumentos tan significados como el Centro Memorial, que tiene su sede en Vitoria-Gasteiz y que pronto tendrá una subsede en Madrid.

Queremos para las víctimas del terrorismo un tributo permanente, imborrable, siempre presente; queremos construir la memoria colectiva de las víctimas del terrorismo para preservar los valores democráticos, éticos y de dignidad que encarnan y para concienciar a la población de la importancia de la defensa de la libertad y los derechos humanos. Para que nunca más esos valores de paz y convivencia pacífica nos sean arrebatados por el terrorismo.

La lacra de la Violencia Machista, que afortunadamente en 2021 ha dejado menos víctimas que el año anterior, sigue adherida en diferentes grados a la sociedad. ¿Se puede combatir solo con la actuación policial?

La lucha contra todas las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo es una responsabilidad colectiva que nos concierne a todas y todos como miembros de esta sociedad. Eso es lo que representa el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo de país para erradicar de nuestro modelo de convivencia esa grave violación de los derechos humanos que es el terrorismo machista. Y no lo conseguiremos si cada uno de nosotros no aporta lo que le corresponde.

Por lo que se refiere a las Fuerzas de Seguridad del Estado, me enorgullece su altísimo compromiso con la lucha contra la violencia de género, el altísimo nivel de profesionalidad con el que cumplen esa misión. Es importante que todas las mujeres que residen en España sepan que, ante cualquier situación adversa o de riesgo, siempre podrán contar con los miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Según las estadísticas de su ministerio, la criminalidad entre enero y septiembre de 2021 ha disminuido hasta mínimos históricos, con una tasa de infracción de 39,6 delitos por cada mil habitantes. Somos uno de los países más seguros del mundo. ¿Cree usted que este hecho está suficientemente interiorizado en la sociedad?

Sí, creo que la sociedad española es consciente de que disfruta de uno de los niveles de seguridad más elevados del planeta. Todas las encuestas nos demuestran que la inseguridad no está entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, y también que Policía Nacional y Guardia Civil son dos de las instituciones que mejor valoran y más respetan.

Acaba de hacer público el balance de accidentes de tráfico que indica, pendientes de su revisión definitiva y descontado el efecto pandemia, el mantenimiento de la tendencia a la disminución de la siniestralidad en las carreteras españolas. ¿Un balance satisfactorio?

Las estadísticas sobre siniestralidad vial nunca son satisfactorias, una sola vida perdida en la carretera es demasiada pérdida. Pero es cierto que recogen una tendencia descendente que nos ayuda a profundizar nuestras políticas que buscan una movilidad más segura y sostenible. En breve presentaremos la estrategia de Seguridad Vial 2021–2030, cuyo objetivo es reducir a la mitad los actuales registros de fallecidos y heridos graves en siniestros de tráfico.

Desde su condición de gran conocedor de la Justicia-dónde ha desarrollado su carrera desde los juzgados de Instrucción hasta el CGPJ- me gustaría preguntarle sobre su opinión acerca de los llamados ‘juicios mediáticos’. ¿Cómo proteger la constitucional presunción de inocencia cuando hay causas que se cierran lustros después de abrirse?

En un sistema democrático, la fricción entre el derecho a la información y el derecho a la presunción de inocencia es constante y no hay soluciones pacíficas y eficaces. Es necesario hacer una apelación a la responsabilidad social de los medios de comunicación, que también están obligados a comprometerse con los preceptos constitucionales, pero es asimismo imprescindible dotar a la administración de Justicia de los medios adecuados para que pueda ejercer su misión institucional en plazos razonables y adecuados a las características y circunstancias de cada proceso judicial.

Entre las actividades que presta a la sociedad el Notariado español, y en relación con la actividad de su ministerio, se encuentra la creación en 2005 del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales. ¿Cómo valora la intervención de los notarios en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo?

Los notarios desempeñan una labor muy relevante en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y se han convertido en aliados imprescindibles de las Fuerzas de Seguridad en la investigación y persecución de esos delitos. Gracias al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales, son los propios notarios los que pueden identificar actos o negocios que pudieran presentar indicios delictivos, lo que ponen en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales, y éstas también cuentan con su colaboración en sus propias investigaciones. Es una relación ya muy asentada que rinde importantes beneficios en la prevención y persecución de este tipo de delitos.

Desde su condición de jurista y ahora en la cartera de Interior, ¿cuál es su imagen del Notariado español y de su función al servicio de la seguridad jurídica preventiva?

Ningún Estado social democrático de derecho, y España lo es por mandato constitucional, puede prescindir de un sistema eficiente de seguridad jurídica preventiva, porque es ese sistema el que permite al ordenamiento jurídico promover valores vitales como la justicia o la igualdad en la libertad, valores que también deben regir en los procesos de crecimiento económico.

Desde ese punto de vista, el Notariado, en su condición de fedatario público, es uno de los ejes sobre los que pivota ese modelo público español de la seguridad jurídica preventiva, el que permite a ciudadanas y ciudadanos actuar en el tráfico jurídico y económico con libertad y seguridad.

“Ser Ministro del Interior es el mayor honor para un incondicional del servicio público, pero deja poco tiempo para pensar en uno mismo”

Huella digital
Fernando Grande-Marlaska no mantiene un perfil propio en Twitter pero si lo tiene el Ministerio del Interior @interiorgob , cuenta desde la que se da información regular de sus actividades públicas. Su currículum está disponible aquí.

“Las víctimas del terrorismo son un referente ético y moral para la democracia española”

“La lucha contra todas las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo es una responsabilidad colectiva que nos concierne a todas y todos”

“Los notarios desempeñan una labor muy relevante en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”

El Programa Kit Digital, una oportunidad histórica para el tejido empresarial, por Alberto Martínez Lacambra

EN EL ESCAPARATE

Alberto Martinez Lacambra

Alberto Martínez Lacambra,

Director General de Red.es

 

Este programa cuenta con una dotación presupuestaria de 3.067 millones €, y se focaliza a las empresas con menos de 50 empleados y a los autónomos

El Programa Kit Digital, una oportunidad histórica para el tejido empresarial

En pocos días se cumplirán dos años desde que empezamos a sentir los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19. Algunos sostienen que esta situación ha sido un cisne negro para la economía, ya que se ha producido un fuerte shock y era muy difícil predecir que ocurriera. Otros, apelando a sofisticaciones conceptuales, sostienen que sería un rinoceronte gris pues lo ocurrido era un hecho previsible, advertido por científicos y virólogos en los últimos años. Orillando los debates sobre nomenclaturas zoológicas, es innegable que este coronavirus emergió en nuestras vidas y nos arrolló, tanto en nuestros sistemas sanitarios, como en nuestra economía y en nuestra forma de vida, como si de un megalodón se tratara.

La gestión de la pandemia ha resultado de una complejidad mayúscula, tanto en lo personal, como en lo social y económico. La única posibilidad que teníamos de evitar el colapso es que hubiera una decidida intervención del Sector Público, como a la que hemos asistido en nuestro país y en Europa.

España, en el 2020, registró una recesión sin precedentes. La economía se contrajo un 10,8% del Producto Interior Bruto (PIB), y fue la intervención del Sector Público la que evitó que esta debacle llegara a niveles de contracción del 25%. Cifras desconocidas por todos nosotros y solo comparables al impacto económico que sufrió nuestro país en el periodo 1936-39.

Un “Plan Marshall”

Europa reacciona a esta situación con la formulación de un Plan de Recuperación, un “Plan Marshall” del siglo XXI, cuyo objetivo fue contener la sangría económica provocada por la pandemia y sentar las bases para que, en un futuro, nuestra economía sea más sostenible, productiva e integradora. Este Plan de choque aprobado por Europa, asciende a 750.000 millones, lo que supone un 5,5% del PIB de los 27 países que hoy conforman la Unión Europea.

El importe de los fondos asignados a España asciende a 140.000 millones euros, lo que supone prácticamente un 12% de nuestro PIB. Este es un dato destacable, ya que, mientras que el promedio del plan de recuperación europeo se sitúa en el 5,5% del PIB, a nuestro país le ha correspondido un porcentaje que dobla la media europea.

Es cierto que España fue uno de los países más golpeado por la pandemia. Pero es un privilegio formar parte de la UE, ya que esta vez se ha realizado un ejercicio ejemplar de solidaridad territorial entre los distintos países, lo que es un importante paso en la consolidación del proyecto europeo.

De los 140.000 millones €, los primeros 70.000 millones € corresponden a subvenciones, con el consiguiente impacto que generará en nuestra economía en términos de generación de empleo, reducción déficit público, efecto positivo en la deuda pública y en el PIB.

Cuatro pilares configuran este Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), con el objetivo de sentar las bases para una economía más sostenible, productiva e inclusiva: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género, y cohesión social y territorial.

De esta cifra el 29% se destinará a transformación digital, es decir 20.000 millones. Este importe corresponderá a proyectos con nombre y apellido digital, no obstante, en buena parte de los 30 componentes que conforman el PRTR la digitalización está presente y es un común denominador de las actuaciones. Es difícil imaginar proyectos de movilidad y de sostenibilidad al margen del vector de la digitalización.

El Covid nos ha dejado claro que la digitalización ha venido para quedarse y que no se configura como un tema potestativo, por lo menos, en el ámbito empresarial. De ahí que contar con estos importes para acompañar la transformación digital es una oportunidad histórica para que sociedad, economía, empresas, y administraciones públicas den un salto sin precedentes. Ese camino debe garantizar no dejar a nadie atrás de manera que la digitalización no se convierta en una nueva selva para la sociedad, ciudadanos y empresas.

Con este objetivo, el pasado 30 de diciembre se publicó en el BOE la orden de bases que regula las ayudas del Programa Kit Digital, cuya finalidad es la digitalización de empresas pequeñas, microempresas y autónomos, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización de PYME’s 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos de la Unión Europea – Next Generation EU.

Este programa cuenta con una dotación presupuestaria de 3.067 millones €, y se focaliza a las empresas con menos de 50 empleados y a los autónomos. Tiene un carácter absolutamente transversal, pues su voluntad es llegar a todos los sectores de nuestra economía.

El sentido de orientarse a ese segmento empresarial tiene que ver con los niveles de productividad de nuestras empresas. Así, las empresas medianas y grandes en nuestro país presentan unos niveles de productividad muy aceptables cuando las comparamos con las de otros países de la UE. Donde tenemos espacio de mejora es justamente en ese segmento de empresas de menos de 50 empleados, que además no podemos perder de vista que generan el 51% del empleo.

El programa será gestionado por Red.es y prevé unas ayudas a la digitalización atendiendo al número de empleados con los que cuente. Así se establecen tres segmentos:

  • Empresas de 10 a menos de 50 empleados, las ayudas se fijan en 12.000 €
  • Empresas de 3 a menos de 10 empleados, las ayudas se fijan en 6.000 €
  • Personas en situación de autoempleo y hasta dos empleados, las ayudas se fijan en 2.000 €

El detalle de las ayudas y el funcionamiento del programa puede consultarse en el portal www.acelerapyme.es . La subvención deberá solicitarse en este portal en el momento en el que se publiquen las convocatorias para cada uno de los segmentos. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos se procederá a otorgarle a la empresa el bono digital, que corresponde al otorgamiento de la subvención.

Este bono digital deberá materializarlo en el portal acelerapyme, con algunos de los digitalizadores adheridos y en algunas de las categorías previstas, que son: sitio web, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, business inteligence y analítica, gestión de procesos, factura electrónica, servicios y herramientas de oficina virtual, comunicaciones seguras y ciberseguridad.

El programa Kit Digital además de permitir un proceso de adopción digital de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, brinda una oportunidad para las pymes del sector TIC, ya que podrán solicitar la adhesión como agente digitalizador en el portal www.acelerapyme.es, lo que permitirá consolidar ese sector tecnológico.

Aligerar la carga administrativa

A nadie se le escapa que repartir 3.000 millones en microsubvenciones de entre 2.000 y 12.000 €, se antoja tarea muy complicada, ya que, las pequeñas empresas y autónomos no están pendientes del BOE y, a menudo, tienen la impresión de que solicitar subvenciones puede suponer un “vía crucis” administrativo.

Con el objeto de aligerar esa carga administrativa se ha trabajado en la robotización de las bases de datos de las que se dispone en la propia Administración General del Estado, de manera que, si el solicitante autoriza a realizar esas consultas, no precisará aportar la documentación que en otras ocasiones es requerida.

Al respecto quiero destacar el acuerdo adoptado entre el Consejo General del Notariado y Red.es, por el que desde el Notariado se facilitará toda la gestión de los poderes por parte de las empresas. La implicación del Consejo General en este programa permitirá agilizar de forma muy significativa los trámites para el otorgamiento de las subvenciones. Se trata de poner la tecnología al servicio de la gestión de la “res pública”.

La orden de bases regula la figura del representante voluntario, de manera que cualquier tercero, debidamente autorizado, pueda solicitar la ayuda por cuenta de la pyme. Especial importancia tomarán asociaciones empresariales y de autónomos, de manera que puedan acompañar a sus asociados en la solicitud de las ayudas.

También es importante señalar que desde Red.es se está desplegando, de forma directa y a través de las Cámaras de comercio, una red de Oficinas Acelera Pyme (OAP), para facilitar y acompañar a las empresas en el proceso de digitalización. A final de este ejercicio dispondremos de 150 oficinas, 50 de ellas en ámbitos rurales.


La implicación del Consejo General en este programa permitirá agilizar de forma muy significativa los trámites

El reto es conseguir que un programa de microsubvenciones de esta dimensión tenga un nivel de capilaridad suficiente, para que llegue a todos los rincones de este país. Probablemente este será el proyecto de colaboración publico privada más ambicioso en España y en Europa.

Este reto y oportunidad es una responsabilidad de todos, sector público, sector privado, y sociedad en general. Necesitamos que ese empresario, autónomo, que está luchando para mantener su actividad, se pueda beneficiar de estos fondos que precisamente están concebidos para financiar esas necesidades que emergen con los procesos de transformación digital.

Para competir y sobrevivir en este mundo globalizado, la digitalización es un elemento esencial que permite ambicionar mercados que en otras épocas no estaban al alcance; ordenar y hacer eficientes los procesos productivos, de manera que la empresa vaya mejorando cada día sus niveles de competitividad.

Desde Red.es estamos viviendo este reto de forma muy optimista, ya que hace unas semanas iniciamos una gira para explicar el Programa Kit Digital por los distintos territorios, y la expectativa y el interés que está generando entre el empresariado es sorprendente. Los asistentes a las reuniones son conscientes de la oportunidad histórica, algunos están iniciando el camino de la digitalización, otros han dado pasos importantes en estos últimos tiempos, pero todos coinciden en que debemos aprovechar como país esta oportunidad.

La ocasión histórica que nos brinda el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, junto con la urgencia de la necesidad de digitalizar nuestras pequeñas empresas para conseguir un tejido empresarial más robusto, hace que abordar el reto de la digitalización de nuestro tejido empresarial no admita demora.

El kit digital para pymes y autónomos

EN EL ESCAPARATE

EL ‘KIT’ DIGITAL PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

«Acelera pyme», iniciativa desarrollada por la entidad Red.es, cuenta con una red de oficinas físicas, desplegadas por toda España para atender la demanda.

Los fondos del Next Generation EU pretenden, entre otras cuestiones, impulsar la modernización del sector empresarial. En España hemos puesto en marcha el programa «Kit Digital»: una iniciativa del Gobierno dentro del marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que de la mano de Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, aspira en los próximos tres años a promover la digitalización de alrededor de más de un millón de pequeñas empresas, microempresas y autónomos pertenecientes a todos los sectores productivos.

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Renovarse o morir. La célebre expresión atribuida a Miguel de Unamuno en alusión a su particular receta para alcanzar el anhelado progreso económico en su época, viene de nuevo a colación para expresar la necesidad de modernizar el tejido empresarial español. Especialmente en lo relativo a la digitalización de pymes y autónomos. Una constelación de microempresas que, con cifras prepandemia de 2019, suponía nada menos que el 99,8% de las empresas y ocho millones de empleos, a los que hay que añadir un total de 3,2 millones de trabajadores autónomos.

Unas cifras que, sin duda, despejan cualquier atisbo de vacilación en relación con la indiscutible relevancia de este universo empresarial patrio. Lo que evidencia que, a pesar de su reducido tamaño individual, deben ser tenidas en cuenta a la hora de poner en marcha cualquier política orientada a la mejora del posicionamiento competitivo de nuestro país en el actual entorno económico global.

Tanto es así que el Gobierno español ha puesto en marcha el programa ‘Kit Digital’. Una iniciativa, presentada en noviembre pasado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que aspira en los próximos tres años – bajo la dirección de Red.es- a fomentar la digitalización de alrededor de más de un millón de pequeñas empresas y autónomos pertenecientes a todos los sectores productivos.

 


ESTA INICIATIVA ESTÁ DOTADA DE UN PRESUPUESTO DE 3.067 MILLONES DE EUROS EN EL PERÍODO 2021-2023, FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA

 

Los posibles beneficiarios pueden contar si lo desean con el asesoramiento de los denominados «agentes facilitadores».

 

Modernización empresarial

La promoción de la modernización del tejido empresarial es uno de los mantras tatuado a fuego en la mente de los gestores de nuestra economía. Y es, precisamente, en este campo de cultivo en el que se ha sembrado, y esperemos que germine con éxito, una iniciativa que promete transformar el panorama económico español durante los próximos años.

Un cambio radical que reduzca, de una vez por todas, la pertinaz diferencia en materia de competitividad que nos separa de nuestros pares entre los denominados países de nuestro entorno.

Precisamente para paliar esta evidente carencia es para lo que este programa pretende canalizar el proceso de transformación tecnológica y prestar soluciones que permitan avanzar en el grado de madurez digital de las pymes y profesionales por cuenta propia.

Para lograrlo, esta iniciativa está dotada de un presupuesto de 3.067 millones de euros en el período 2021-2023, financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del correspondiente Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la Agenda España Digital 2025 y del Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.

Toda una arquitectura administrativa que conforma un armazón de certidumbre en el que, precisamente, cabe destacar la estrecha colaboración requerida por las autoridades tanto de la Cámara de España como del Consejo General del Notariado (CGN).

Un proyecto seguro

Fruto de lo anterior y de cara a consolidar esa necesaria certeza, el director de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, y el presidente del CGN, José Ángel Martínez Sanchiz, rubricaron a finales del pasado mes de enero un convenio para el control de determinados requisitos que, tanto los beneficiarios que soliciten las subvenciones, como los agentes digitalizadores, han de cumplir.

El convenio establece que el CGN podrá suministrar a Red.es información del Índice Único Informatizado, una base de datos que recoge el conjunto de actos celebrados en todas las notarías españolas. Este índice es una herramienta fundamental para la prevención del blanqueo de capitales y del fraude fiscal.

Además, el acuerdo establece las condiciones y procedimientos telemáticos a través de los que el Consejo General del Notariado, en su condición de entidad colaboradora, proporcionará a Red.es información relativa a la representación de los beneficiarios de las subvenciones y, en su caso, agentes digitalizadores.

También podrá facilitarse información de los ficheros derivados del índice: la Base de Datos de Titularidad Real y la Base de Datos de Personas de Responsabilidad Política, que junto los sistemas de detección de fraude del OCP servirán a Red.es para el control de los agentes digitalizadores y de los beneficiarios de las subvenciones.

Pasos previos

La primera convocatoria del programa se pondrá en marcha en el mes de marzo. Dispone de una dotación presupuestaria de 500 millones de euros y su objetivo es repartirlos entre pequeñas empresas entre 10 y 49 empleados. La idea es que puedan optar a un bono digital por un montante de 12.000 euros, siempre que cumplan los requisitos de acceso.

Previamente, los interesados tendrán que registrarse en la página oficial www.acelerapyme.es y completar un test de autodiagnóstico de madurez digital además de comprobar que cumplen los requisitos de la convocatoria. Este test es una herramienta que permite conocer mediante un sencillo cuestionario, el nivel de madurez digital de la empresa e identifica en qué ámbitos enfocar el proceso de transformación digital de su negocio. Su resultado no es vinculante, es decir, de él no depende la concesión del bono digital ni la cuantía del mismo, y sirve para obtener una foto inicial que permita conocer la evolución al final de la implantación del servicio.

Una vez realizado este autodiagnóstico, la empresa o autónomo tiene que solicitar la ayuda en la sede electrónica de Red.es. Puede hacerlo por sí mismo o bien a través de un representante voluntario. El programa Kit Digital ha sido diseñado con el fin de facilitar al máximo el proceso de solicitud y concesión de ayudas, siempre cumpliendo todas las garantías, por ejemplo, reduciendo los trámites, robotizando el proceso para minimizar el número de documentos que hay que presentar o creando la figura del representante voluntario. Este representante puede ser una persona física, jurídica, una asociación o incluso el propio agente digitalizador que, en nombre del interesado o beneficiario, solicita y tramita la ayuda.

 


LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA YA ESTÁ EN MARCHA. DISPONE DE UNA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA DE 500 MILLONES DE EUROS

 

Las ayudas se otorgan mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva, por lo que se conceden según se van aprobando. Cuando la empresa o autónomo recibe el bono digital, que no es más que un derecho para contratar soluciones de digitalización por un importe 12.000 euros, en el caso de tener entre 10 y 50 empleados; 6.000 euros, para aquellas de entre 9 y 3 empleados; y 2.000 euros, para las de menos de 3 y ningún empleado, tiene que elegir el agente digitalizador que le prestará el servicio. Y suscribir con ellos un Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización.

Los interesados en solicitar las ayudas pueden también obtener asesoramiento en la amplia red de Oficinas Acelera pyme repartidas por toda España. Esta red forma parte del programa Acelera pyme, una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital destinada a construir el ecosistema de referencia de la transformación digital de las pymes y desarrollada por Red.es y que cuenta con una red de 90 oficinas físicas, que prevén aumentar hasta las 150 en los próximos dos años.

 

El ABC de las ayudas

Entre las condiciones a cumplir por parte de las empresas y autónomos interesados en acceder al programa ‘Kit Digital’, según se recogen en la Orden de bases ETD/1498/2021 publicada en el BOE el pasado 30 de diciembre, se encuentran, además del hecho de haber cumplimentado el test de nivel de madurez digital comentado más arriba, los siguientes requisitos: no tener la consideración de empresa en crisis; tener la consideración de pequeña empresa o microempresa; estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral; estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social; no estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común; no estar incurso en ninguna otra de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones; y no superar el límite de ayudas conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la orden de bases.

La formalización del Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización supondrá la cesión, por parte del beneficiario, del derecho de cobro (el denominado bono digital) del importe de la subvención concedida en favor del agente digitalizador adherido, lo que quiere decir que el beneficiario nunca recibe el importe, sino que el pago de las ayudas se realizará a los agentes digitalizadores una vez justificada y comprobada cada fase de ejecución del servicio (se establece, para cada categoría de solución de digitalización, unos porcentajes diferentes para cada una de las dos fases en las que se fracciona el pago).

 


EL BONO DIGITAL ES CANJEABLE POR LAS SOLUCIONES DIGITALES IDÓNEAS A CADA SITUACIÓN, ELEGIDAS DEL CATÁLOGO DISPONIBLE

 

Oportunidades a la vista

Entre las ventajas de implementar la digitalización en las pymes y negocios de los trabajadores por cuenta propia, sin importar su tamaño y volumen de facturación, se encuentran la mejora de la experiencia de compra por parte de los clientes, de la eficiencia y productividad, vía reducción de costes y tiempos, así como una óptima adaptación a los cambios del mercado, sin olvidar la retención y atracción del talento joven.

Tras superar con éxito, desde hace décadas, el estereotipo de otra famosa expresión de Unamuno, en este caso lapidaria, concretada en la alusión al marginal papel histórico desempeñado por la ciencia en España y resumida en el ¡que inventen ellos!, el tren de la modernidad no puede pasar de nuevo de largo. Se antoja, por consiguiente, de vital importancia para el futuro del país que esta vez se aprovechen las ayudas para modernizar el entramado empresarial que conforma la auténtica base de la economía española. Un ecosistema imprescindible para dejar atrás cualquier tópico y cliché relacionado con la asunción de la tecnología como un instrumento imprescindible para el progreso de una sociedad.

Bruselas al rescate
El Next Generation EU es el instrumento inversor de la Unión Europa creado para ayudar a superar las consecuencias de la COVID-19. Es más que un plan de recuperación. Es una oportunidad única para salir más fuertes de la pandemia, transformar nuestra economía y crear oportunidades y trabajos para esa Europa en la que queremos vivir. Una Europa más ecológica, más digital y más resiliente. Dotado con un total de 750.000 millones de euros: es histórico. Este programa de recuperación supone la asignación a España, entre 2021 y 2026, de 140.000 millones de euros, alrededor 72.000 de ellos a fondo perdido, y se centra en restañar las heridas económicas y sociales provocadas por la pandemia mediante el impulso a largo plazo de objetivos relacionados con la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.
Habemus plan

Como requisito previo para acceder a las ayudas previstas en el Next Generation EU los diferentes países miembros tuvieron que presentar en su día sus respectivos planes nacionales de desarrollo y gestión de las mismas. En el caso de España, esta función recayó en el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), conocido también como ‘España Puede’.

Este documento guía contó con la colaboración de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el trabajo de consultoras de prestigio internacional, las llamadas ‘Big Four’: PwC, KPMG, Deloitte y E&Y, con el objetivo de impulsar a corto plazo la recuperación económica y de apoyar un futuro proceso transformador para apuntalar el potencial crecimiento y la productividad de la economía española.

En resumen, el PRTR cuenta con cuatro objetivos prioritarios, marcados inicialmente desde Bruselas, que están relacionados entre sí y que pretenden, a la postre, lograr una España más igualitaria, cohesionada, digital y verde. Para ello, se propuso aterrizar las inversiones previstas mediante la priorización de los fondos en diez políticas palanca:

I. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura.
II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
III. Transición energética justa e inclusiva.
IV. Administración para el siglo XXI.
V. Modernización y digitalización del
ecosistema empresarial.
VI. Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud.
VII. Educación y conocimiento, formación
continua y desarrollo de capacidades.
VIII. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.
IX. Impulso de la industria, la cultura y el deporte.
X. Modernización del sistema fiscal.

Este decálogo representa la hoja de ruta para acometer las necesarias reformas e impulsar la modernización del país en sectores clave de la economía como el turismo, la automoción, el agroalimentario, el comercio o la
sanidad, entre otros.

Colaboración notarial

El director de la entidad Red.es, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Alberto Martínez Lacambra y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, firmaron en febrero un convenio para regular las condiciones de la colaboración en el programa “Kit Digital”, cuyo objetivo es promover la digitalización de pequeñas empresas, micropymes y autónomos, así como contribuir a modernizar el tejido productivo español.

Con la firma de este convenio, el Consejo General del Notariado colabora en agilizar los trámites de las solicitudes de ayudas del programa “Kit Digital”, proporcionando a Red.es información que le facilite el control de determinados requisitos que, tanto los beneficiarios que soliciten las subvenciones, como los agentes digitalizadores, han de cumplir. En concreto, sobre la representación de los beneficiarios de las subvenciones y, en su caso, agentes digitalizadores, y para la lucha contra el fraude y la protección de los intereses de la Hacienda Pública estatal y los intereses financieros de la Unión Europea.

Durante el encuentro, el director de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, aseguró que “la agilidad de la tramitación y concesión de las ayudas es uno de los objetivos que persigue el programa, para ello se ha trabajado con gran empeño en simplificar la documentación, motivo este que nos lleva hoy a firmar este acuerdo como ejemplo de colaboración público-privada y transformación digital de las administraciones públicas”.

Por su parte, el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martinez Sanchiz, manifestó su “total colaboración en un tema de innegable interés para España, relacionado con los fondos europeos y, en concreto, con los de Next Generation, que permitirán ayudar a la digitalización de las pequeñas empresas de nuestro país con programas tan comprometidos como el del Kit Digital».

Según el director del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del Notariado, Pedro Galindo, “esta colaboración tiene como objetivo evitar el fraude de los intereses de la Unión Europea, para lo cual pondremos a disposición de Red.es la Base de Datos de Titularidad Real y la Base de Datos de Personas de Responsabilidad Política”.

Ojo al dato

Programa “Kit Digital” para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y profesionales autónomos. Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre de 2021, Boletín Oficial del Estado (BOE).

Plan de Digitalización de PYMEs 2021-2025. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Programa ‘Kit Digital’, impulsado por el Gobierno de España dentro del marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y que se enmarca dentro del programa Acelera pyme, iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Kit Digital. Guía rápida para Pymes.

XII Congreso Notarial Español

EDITORIAL

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XII Congreso Notarial Español

LOS DÍAS 19 y 20 de mayo tendrá lugar en Málaga el XII Congreso Notarial Español sobre El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo, donde está prevista la asistencia de más de cuatrocientas personas, representantes de todos los ámbitos de la sociedad civil y, en especial, del jurídico.

El tema es de tal importancia que, por primera vez en la historia del Notariado, será un congreso abierto a las instituciones y profesionales de la sociedad civil, que reflexionarán sobre lo que va a constituir uno de los fenómenos más determinantes de este siglo.

Esa necesidad no ha hecho más que agigantarse tras la dura experiencia vivida desde el inicio de la pandemia. La realidad ha puesto de manifiesto con tremenda crudeza que hay que incardinar la reflexión sanitaria, política, económica y sociológica en un marco jurídico adecuado, capaz de armonizarlas en beneficio de las personas, especialmente de las de más edad, que son las que han sufrido el impacto
del coronavirus con mayor violencia.

El programa se centra en tres cuestiones: «el respeto a la dignidad versus la protección de la vulnerabilidad», «la vida centenaria y su previsión individual» y «la vida centenaria y su previsión social y política».

Son muchos los foros dedicados a estudiar este tema desde diferentes perspectivas, pero en todos ellos se echa de menos el enfoque jurídico, imprescindible para integrarlas adecuadamente y permitir su implementación práctica, con pleno respeto a la dignidad y libertad de las personas.

El Notariado español está en una posición idónea para asumir la responsabilidad de impulsar un congreso abierto sobre el particular, porque los notarios son garantes de la autonomía y libertad civil de las personas en los aspectos personales y patrimoniales más determinantes de su vida privada.

Pero, además, son un testigo del devenir social y el primero en detectar muchas de las nuevas necesidades y situaciones de vulnerabilidad.

Toda la información en la web congresonotarial.com

El notariado obtiene el Esquema Nacional de Seguridad

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El notariado obtiene

el Esquema Nacional de Seguridad

LOS SISTEMAS de información del Notariado han obtenido el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de nivel alto, una certificación que reconoce la seguridad de todos los servicios, procesos, bases de datos, sedes, plataformas y portales del Notariado.

La obtención de esta certificación, en su nivel alto –que en la Administración General del Estado solo tienen la Dirección General de la Policía, la Guardia Civil y la Seguridad Social– garantiza a los ciudadanos que los sistemas de información del notariado reúnen las condiciones de seguridad
necesarias para salvaguardar su privacidad.

El Esquema Nacional de Seguridad (artículo 156 de la Ley 40/2015) está regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero , que fue modificado por el Real Decreto 951/2015 para actualizarlo a la luz de la experiencia obtenida en su implantación, de la evolución de la tecnología y las ciberamenazas
y del contexto regulatorio internacional y europeo.

El ENS es el resultado de un trabajo coordinado por el Ministerio de Política Territorial y función Pública junto con el Centro Criptológico Nacional (CCN) y la participación de todas las AA.PP., a través de los órganos colegiados con competencias en materia de administración digital.

Este sello es el reconocimiento al máximo nivel del compromiso asumido por el notariado en el ámbito tecnológico, poniendo los mejores medios disponibles al servicio de la seguridad jurídica preventiva.

El ENS ha sido obtenido por Ancert, la agencia notarial de certificación y centro tecnológico del Consejo General del Notariado, responsable de todo el proceso de modernización y desarrollo tecnológico del notariado desde hace más de 18 años y certifica todos los sistemas de información que dan soporte a las actividades que se prestan al colectivo de notarios españoles para el ejercicio de su función pública.

El alcance del ENS incluye los dos centros de procesamiento de datos de Ancert, el entorno Signo de las notarías, el Portal Notarial del Ciudadano y todos los sistemas de información que dan soporte a los servicios de Índice Único Informatizado, prevención del blanqueo de capitales, la tramitación telemática con la Administración Pública y servicios con entidades financieras.


Esta certificación reconoce la seguridad de todos los sistemas, servicios, procesos, bases de datos, sedes, plataformas y portales del Notariado


Máxima seguridad

El sello ENS de nivel alto certifica entre otras cosas, la circulación por canales seguros de más de treinta millones de copias electrónicas de documentos notariales al año. Solo en 2020, la plataforma de servicios telemáticos del Notariado permitió el envío de 8 millones de copias electrónicas
de documentos notariales a las Administraciones, cerca de 2,5 millones de copias electrónicas a los registros y al catastro y cientos de miles de liquidaciones telemáticas, certificaciones o remisiones de datos a diferentes organismos públicos.

 


Garantiza a los ciudadanos que los sistemas de información del notariado reúnen las condiciones de seguridad necesarias para salvaguardar su privacidad


 

Esta sede aloja la segunda mayor base de datos de España: el Índice Único Informatizado Notarial, que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país. Esta base de datos cuenta con información parametrizada y anonimizada de más de 135 millones de documentos públicos, más de 41 millones de personas físicas y más de 3,5 millones de personas jurídicas. También custodia la Base de Datos de Titular Real, que permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad y la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública.

Este sello ofrece garantías de que la seguridad se aplica en sus tres ejes fundamentales: aplicaciones y servicios ofrecidos a los ciudadanos; custodia y tratamiento de los datos; y el ciclo de vida de los servicios, desde su concepción inicial hasta su puesta en marcha y explotación. Esta certificación exige para el nivel alto cumplir 75 medidas de seguridad, clasificadas en tres categorías: marco organizativo, marco operacional y medidas de protección.