Milton Barón, director general de la Dirección del Notariado Plurinacional de Bolivia

ENTREVISTAS

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MILTON BARÓN,

DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (DIRNOPLU)

Milton Barón, director general de la DIRNOPLU.

“Los avances tecnológicos proyectan al Notariado boliviano como un referente en Latinoamérica”

La Dirección del Notariado Plurinacional de Bolivia (DIRNOPLU) se creó en el año 2014 con la misión de organizar el servicio notarial en el país. Al frente de este “ente descentralizado dependiente del Ministerio de Justicia” se encuentra Milton Barón, abogado y expresidente de la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia.

¿Cuál es la estructura de la DIRNOPLU y cómo trabaja el organismo?

Trabajamos los aspectos administrativos, disciplinarios y el conjunto normativo que regula el servicio notarial. La DIRNOPLU cuenta con un Consejo del Notariado Plurinacional -instancia de control y fiscalización de la actividad notarial-, que está presidido por el Ministerio de Justicia, e integrado además por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo y dos representantes del cuerpo notarial.

En Bolivia, los notarios, desde 2018, son notarios de carrera. El acceso a la función notarial es a través de concurso de méritos y examen de competencia y su permanencia en el cargo es indefinida, sujeta a evaluaciones de desempeño periódicas que se realizan cada dos años. Esta evaluación nos permite garantizarle a la ciudadanía que tenemos a los profesionales idóneos para prestar el servicio. Se trata de un proceso y de una carrera notarial absolutamente meritocrática.

¿Cómo ha evolucionado el Notariado de Bolivia en los últimos años?

Estamos avanzando de una manera muy positiva. Hay progresos que definitivamente proyectan al notariado boliviano como un referente en Latinoamérica. Sobre todo, los avances tecnológicos, como el Sistema Informático del Notariado Plurinacional (SINPLU), que empezamos a aplicar de forma gradual desde el año 2022. A partir de esta herramienta tecnológica se elaboran los documentos notariales, conviviendo un archivo digital y un archivo físico de los mismos.

Los documentos que salen al tráfico jurídico tienen altas medidas de seguridad digital, además de la firma ológrafa de los notarios. Medidas como el código QR, a través del cual los intervinientes pueden ver sus documentos. Tenemos también el código único, el código HACH y la firma digital, que garantiza la integridad del documento. Sin duda alguna, tecnológicamente hablando, creo que este ha sido un paso fundamental que ha marcado un antes y un después. Ha situado al Notariado boliviano en la era digital y nos ha permitido, además, interoperar en otros temas como la plataforma Iberfides.

 

“MEDIANTE LA APLICACIÓN NOTARÍA SEGURA LA CIUDADANÍA PUEDE ENCONTRAR AL NOTARIO MÁS CERCANO, VER LOS ARCHIVOS DE SUS ACTOS NOTARIALES O CONSULTAR EL ARANCEL NOTARIAL”

 

De igual manera tenemos la aplicación Notaría Segura, mediante la cual la ciudadanía puede encontrar al notario más cercano, ver los archivos de sus anteriores actos notariales o consultar el arancel notarial. En resumen, con esa información tiene la certeza de que le está atendiendo un notario legalmente designado por el Estado. Incluso existe la posibilidad de interactuar entre notarios y ciudadanía, a través de los reportes ciudadanos y el seguimiento de los mismos; es decir, es una plataforma que busca reforzar la seguridad del servicio.

Bolivia fue uno de los primeros países en suscribir un acuerdo con el Notariado español para operar con la plataforma Iberfides, que permite la circulación del documento notarial entre países…

Y ya está funcionando. En enero suscribimos el memorándum de entendimiento entre el Consejo General del Notariado español y la DIRNOPLU y desde el 2 de septiembre esta plataforma está a disposición de la ciudadanía. A fecha de hoy ya se han remitido cuatro documentos de Bolivia a España. Estamos muy contentos de ser pioneros en este proyecto de cooperación internacional y valoramos y agradecemos mucho el gran aporte del Notariado español, que ha creado esta herramienta.

En España, los notarios pueden intervenir en actos de jurisdicción voluntaria desde el año 2015. ¿Se está trabajando también en este aspecto en su país?

En septiembre del 2023 se aprobó un Decreto Supremo a través del cual se ha desarrollado un contexto normativo para disponer de mejor operabilidad en estos temas. En cuanto a las vías voluntarias notariales hoy tenemos, por ejemplo, en materia civil, los actos relacionados con la retención, recuperación y posesión de bienes inmuebles; el deslinde y amojonamiento en predios urbanos; la división y partición inmobiliaria; o la aclaración de límites de medianera.

También en el ámbito sucesorio tenemos los procesos de sucesiones sin testamento; la aceptación pura y simple, y con beneficio de inventario, de herencia; la apertura de testamento cerrado… O en materia familiar el divorcio de mutuo acuerdo y los permisos de viaje de menores al exterior. Además, en cuanto a escrituras públicas especiales, tenemos el nombramiento de tutor o curador de persona mayor de edad, la autorización para el matrimonio de personas de menor edad, la donación de órganos, células y tejidos, o la filiación y la emancipación, entre otras.

 

“YA HEMOS DADO PASOS PARA CREAR UN ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO EN BOLIVIA, CON LA ORIENTACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL”

 

¿Qué proyectos y retos a futuro afronta el notariado boliviano?

Nuestra visión siempre es mejorar el servicio para llegar a brindar un servicio de excelencia. Por eso pretendemos seguir incrementando las competencias en sede notarial y vamos a trabajar, por ejemplo, en el tema de la mediación, que pudiera ser un rol que ejerzan los notarios de nuestro país.

Otro objetivo que tenemos es crear un Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo. Ya hemos dado algunos pasos: hemos recibido orientación del Consejo General del Notariado español y hemos estado también en Perú, recogiendo sus experiencias y sus conocimientos para impulsar la concretización de este órgano, que nos permita hacer mucho más eficaz la lucha contra el blanqueo de capitales.

Esta gran cumbre de Tenerife reúne a todos los actores de la Justicia iberoamericana. ¿Cuán importante es que el Notariado tome parte en esta cita?

Me parece fundamental. El notariado es un actor que, en la medida en que elabora los documentos de los ciudadanos, contribuye enormemente a la seguridad jurídica. Eventos como estos nos ayudan a avanzar, a aunar esfuerzos en el objetivo común de servirle mejor a la gente. Este tipo de actividades, sin duda alguna, van en provecho de la ciudadanía, que es finalmente a quien nos debemos.

José Antonio Quirós, ex secretario general de la Red Registral Iberoamericana de Cooperación

ENTREVISTAS

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JOSÉ ANTONIO QUIRÓS,

EX SECRETARIO GENERAL DE LA RED REGISTRAL IBEROAMERICANA DE COOPERACIÓN (IBEROREG)

Representantes del Notariado y el Catastro en la firma del protocolo.

“La fusión o buena coordinación entre Catastro y Registro genera innumerables beneficios para todas las partes”

Además de notario, registrador y abogado, José Antonio Quirós es vicesecretario general de la Red Registral Iberoamericana de Cooperación (IBEROREG), organismo que dirigió entre 2020 y 2022. Actualmente, ejerce también como director ejecutivo del próximo Congreso Internacional de Derecho Registral, que se organiza en su país: Costa Rica; uno de los más avanzados en cuanto a digitalización del sistema registral, con un modelo nacional pionero en Iberoamérica que fusiona Catastro y Registro Inmobiliario.

En primer lugar, cuéntenos. ¿Cómo funciona el acceso a la carrera notarial en Costa Rica?

El acceso a nuestro sistema notarial es abierto. Hoy, en Costa Rica, hay más de 10.000 notarios para 5 millones de habitantes. Hasta el año 1998, para ejercer como notario tan solo tenías que ser abogado: una irresponsabilidad. En el 98 se creó un posgrado obligatorio para el acceso a la profesión y, ahora, los aspirantes deben superar un examen de incorporación. No es una oposición tan importante como en España, pero estamos trabajando en ello porque la situación nos llevó incluso a la competencia desleal y a casos de corrupción importantes. En cambio, para ser registrador la carrera es prácticamente administrativa.

Como miembro directivo de IBEROREG, ¿cuál es la labor que desempeña esta red?

La red nace en el año 2012, está integrada por 19 países y su objetivo es poner de acuerdo a todos los registros de Iberoamérica para compartir información y crear un espacio de colaboración entre instituciones. Desde www.iberoreg.org se puede encontrar una ficha técnica de cada país, conocer cómo funciona su sistema registral y todas sus figuras. Además, tenemos una plataforma de interconexión en la cual ponemos nuestros registros a disposición de los países para perseguir la delincuencia. Por ejemplo, si un juez de España anda persiguiendo a un delincuente en República Dominicana, que se compró una casa allí con un tema de lavado de activos, a través de IBEROREG se ofrece información de los inmuebles que pueda tener esa persona para cautelarlo y bloquearlo.

 

“ESTAMOS TRABAJANDO EN EL CATASTRO EN TERCERA DIMENSIÓN. CONTAMOS CON UN SOFTWARE QUE DIAGRAMA EL INMUEBLE CON TODOS LOS DERROTEROS Y LOS INSUMOS QUE TIENE EL CATASTRO”

 

En Costa Rica, ¿qué tipo de coordinación existe entre el Catastro y el registro inmobiliario?

En el año 2009 iniciamos un proceso de unificación del Catastro Nacional de Costa Rica y el Registro de Bienes Inmuebles. No se coordinan, se fusionan completamente. Necesitábamos compatibilizar la información catastral con la información registral, la parte jurídica con la parte gráfica. Es lo que determinamos como el “principio de espejo”: lo que está en la tierra tiene que estar exactamente igual en el asiento para que haya seguridad jurídica.

Por supuesto que eso nos generó complicaciones; nos encontramos sobreposiciones, duplicidad de planos, dobles inmatriculaciones… Para subsanarlo creamos un Departamento de Saneamiento que permitiera compatibilizar todos los predios. Lo que nos interesa desde los registros es brindar publicidad exacta y precisa para que los terceros dispongan de los inmuebles con mayor seguridad. A fin de cuentas, el registro está para generar riqueza a los ciudadanos.

¿De qué manera contribuyó esa fusión a la seguridad y el tráfico jurídico del país?

Se ha generado una mayor seguridad jurídica. Tanto para los bancos, que prestan con mayor tranquilidad, como para los ciudadanos. A la hora de comprar una casa, contar con esa doble descripción gráfica y científica da mayor certeza. El registro, como resultado de ese levantamiento catastral del territorio nacional, puede generar un certificado, como una nota simple, con la información jurídica: propietario, número de planos, cargas, etc., que incluye además la ortofoto de la finca con todos los linderos.

¿Y a futuro?

Estamos trabajando en el catastro en tercera dimensión. Hoy, en España, cuando compras un suelo disponible ves un hueco en la tierra. Nosotros contamos con un software que se desarrolló para esos efectos y que te diagrama el inmueble con todos los derroteros y todos los insumos que tiene el Catastro. Incluso te determina, dependiendo del momento del día, qué luz va a tener.

Entiendo que contar con esos avances tecnológicos es el resultado de un largo proceso…

Hasta 1971, en mi país, todo se escribía en tomos, pero se nos agotó el papel -suena a chiste, pero es cierto-. Varios registradores viajaron a Argentina, donde se organizó el primer Congreso Internacional de Derecho Registral, cuya próxima edición se va a celebrar en San José de Costa Rica, del 4 al 6 de diciembre. De allí volvieron con muchas ideas, como el modelo de Folios Reales; pero fuimos mucho más allá e invertimos en la migración de los sistemas, pasamos de los tomos a microfichas, microjackets y a la computadora. En 2006 se trasladó todo a un entorno completamente digital, totalmente abierto para su consulta a notarios y operadores jurídicos, pero también a la ciudadanía. Tan solo registrándote y generando un usuario, con un correo electrónico, puedes acceder a toda la información sobre una propiedad, algo que para mí es también uno de los problemas que tenemos, especialmente en materia de protección de datos.

¿Considera que se puede emular este modelo en otros países?

Cada país es distinto. Yo no puedo decir que el modelo costarricense se puede replicar en España. Lo que sí puedo garantizar es que la fusión, o esa buena coordinación, entre el Catastro y el Registro genera innumerables beneficios para todas las partes, especialmente para los usuarios, que es lo más importante. Genera seguridad en las transacciones, certeza jurídica y riqueza.

 

“RECIENTEMENTE HEMOS APROBADO UN DECRETO Y DESDE EL 17 DE OCTUBRE ES OBLIGATORIO QUE TODOS LOS DOCUMENTOS NOTARIALES SE PRESENTEN DE MANERA TELEMÁTICA”

 

A día de hoy no se usa papel en Costa Rica… ¿para nada?

Costa Rica tenía un proyecto desde hace muchos años para utilizar completamente el documento electrónico. Con la pandemia los funcionarios dejaron de ir a la oficina y abrimos la ventanilla digital, que ya estaba construida. Entonces los notarios comenzaron a presentar los documentos de forma digital, con firma electrónica.

Recientemente el Ministerio de Justicia ha aprobado un decreto y desde el 17 de octubre es obligatorio que todos los documentos notariales se presenten de manera telemática. Si hoy vas al Registro de Costa Rica no hay nadie, cuando antes había colas de gente pidiendo certificaciones y entregando documentos.

¿Pueden los ciudadanos acceder a los servicios notariales de forma telemática?

Los ciudadanos tienen que acudir necesariamente de forma presencial a la notaría y desde allí se remiten los documentos de manera telemática. Todavía no estamos trabajando en ese sentido, aunque el Notariado español está siendo una ventana con su desarrollo tecnológico y el Protocolo Electrónico Notarial.

XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas: ‘La función notarial y el acceso a la Justicia’

VOCES IBEROAMERICANAS

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‘LA FUNCIÓN NOTARIAL Y EL ACCESO A LA JUSTICIA’

Sesiones de las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas.

Numerosos representantes de los Notariados iberoamericanos participaron en las sesiones de las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas. Recopilamos sus intervenciones, que reflejan la postura de los diferentes países de Latinoamérica y España sobre las cuestiones planteadas en relación a La función notarial y el acceso a la Justicia.

Jaime Javier Romero (Colombia):

“En Colombia los notarios cumplimos una función trascendental para ayudar a la rama judicial. El Estado colombiano ha asignado a los notarios una serie de actuaciones en actos no contenciosos para contribuir a que los trabajos se realicen de una manera más rápida, inclusive aminorando costos, permitiendo que los ciudadanos puedan acceder a la justicia de una manera más expedita”

José Antonio Armendáriz (México):

“Para el Notariado mexicano es invaluable otorgar a la ciudadanía mecanismos que garanticen la libertad, la propiedad, el trabajo libre, la paridad de género y la dignidad de la persona. En nuestra ponencia hemos abordado tres ejes: el Notariado en su función social; la función notarial ante la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos; y el rol del notario en el ‘bioderecho’, a través de la escritura de voluntad anticipada y el contrato de maternidad subrogada”

Jorge Luis González (Perú):

“En Perú poseemos competencia notarial en 13 asuntos no contenciosos. Ahora también tenemos el desalojo con antelación notarial, que permite ejecutar de forma acelerada un proceso que judicialmente duraba de dos a tres años. En apenas dos semanas se comprueban las causales ante notario, y su acta de notoriedad se ejecuta en 5 días, inaudita parte y sin apelación con efecto suspensivo. Esto ofrece mayor seguridad a los arrendadores y genera un efecto multiplicador en el mercado de la vivienda”

Ana Paula Frontini (Brasil):

“En Brasil, los tribunales de justicia coordinan y organizan el acceso a la función notarial. Los notarios ejercen un papel significativo y efectivo con la actividad extrajudicial que se les atribuye. El ejercicio que están realizando los legisladores a nivel nacional e internacinal, transfiriendo atribuciones judiciales a los notarios, es de suma importancia”

Lydia López Sosa (Uruguay):

“Las personas vulnerables siguen, de alguna manera, relegadas en cuanto al acceso a la Justicia. El notariado tiene una gran llave maestra: es una herramienta fundamental para las personas en situación de vulnerabilidad, con su asesoramiento, imparcialidad y cercanía. En Uruguay estamos a punto de aprobar un proyecto de Ley -con el aval de todos los operadores jurídicos- para modificar el Código Civil y adaptar nuestro ordenamiento a la convención de Naciones Unidas”

EL NOTARIADO ESPAÑOL

Concepción P. Barrio del Olmo, vicedecana del Colegio Notarial de Madrid:

“En España se ha fortalecido la labor del notario a través de las competencias que se nos han atribuido en jurisdicción voluntaria, en atención a nuestra cualificación técnico-jurídica, nuestra proximidad y nuestra condición de funcionarios públicos. Todavía impera la cultura del litigio, pero los poderes públicos van asumiendo cada vez más la necesidad de impulsar los medios alternativos de solución de controversias, a cuya introducción debemos contribuir los notarios por sus innumerables ventajas”

Sabina Podrez (Argentina):

“Que los notarios estén debidamente capacitados facilita el uso de las herramientas tecnológicas y permite generar soluciones innovadoras en el ámbito jurídico. Fortalecer los valores de consenso y el diálogo como base de una comunicación eficaz posibilita la participación, la cooperación y el desarrollo social. Debemos virar hacia una premisa ganar-ganar, frente a la premisa ganar-perder: a notaría abierta, juzgado cerrado”

Leonardo Pérez Gallardo (Cuba):

“No podemos perder de vista los límites del ejercicio de la función notarial ante la atribución de nuevas competencias, frente la función judicial. Se necesita una reelaboración conceptual de los aspectos competenciales que hemos asumido para adaptarlos a una justicia precautelar: no podemos simplemente tomarlos del derecho procesal e incorporarlos al ámbito notarial”

Annie Rivera Cruz (Puerto Rico):

“En Puerto Rico hemos logrado que subsista la tradición del notariado latino. El notariado puertorriqueño se ha distinguido en los últimos años por su desarrollo de la función notarial; el notario no solo como administrador de la justicia preventiva, ofreciendo seguridad jurídica, sino también como proveedor del acceso a la justicia mediante la atención de asuntos no contenciosos”

Roxana Hamel (Bolivia):

“Las actuaciones notariales en vía voluntaria tienen ciertas particularidades, por lo que no todos los notarios se animan a realizar estas escrituras públicas. Somos constructores y creadores del Derecho notarial y debemos tener la confianza necesaria para realizar estas actividades con eficacia. Ante la adopción de competencias en actos no contenciosos, las figuras jurídicas no pueden quedar en el limbo”

XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas: ‘La circulación del documento notarial en Iberoamérica’

VOCES IBEROAMERICANAS

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‘LA CIRCULACIÓN DEL DOCUMENTO NOTARIAL EN EL ÁMBITO DE IBEROAMÉRICA

En las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas, los representantes de los Notariados de Iberoamérica que se trasladaron hasta la isla de Tenerife plantearon sus ideas, medidas legislativas e inquietudes sobre la circulación transfronteriza de los documentos notariales. Recogemos su testimonio para ilustrar los avances en la aplicación de la tecnología y el desarrollo de plataformas y herramientas digitales seguras para el reconocimiento internacional de las escrituras públicas.

Odilon Campos (México):

“En México, la gestión de la función notarial le corresponde a los Estados, por lo que tenemos 32 legislaciones. Bajo nuestra experiencia, las instituciones notariales nacionales deben gestionar directamente las plataformas digitales que se generen. Los notarios jamás podremos ser reemplazados por la tecnología porque estamos íntimamente ligados a la confianza de la sociedad. Nuestro binomio con la tecnología va a hacer posible que las relaciones jurídicas transnacionales disfruten un mejor servicio”

Lidia María Durán (República Dominicana):

“Debemos unificar criterios y trabajar en la armonización de las normas y las medidas reguladoras en los distintos países, para facilitar así la circulación de los documentos, que hoy sigue estando determinada por las limitaciones atribuidas al carácter físico de las escrituras públicas”

Julieta Gallino (Argentina):

“Tenemos que trabajar en la capacitación profesional del cuerpo notarial, fomentar la cooperación internacional de la comunidad iberoamericana y crear una Aula Iberoamericana que permita generar materiales y avanzar de forma conjunta. Si el notario no conoce, no puede asesorar. Si pretendemos prestar nuestro servicio a la sociedad de hoy como lo hacíamos a la de ayer, nos estamos privando de futuro. Tenemos que saber adaptarnos, trabajar tomando ejemplos de buenas prácticas y aprender de aquellas cosas que no nos han salido bien”

Ricardo Antonio Peralta (Colombia):

“En un contexto de soberanía multinivel -que afecta al quehacer notarial- es complicado unificar criterios, pero sí es posible acercar nuestros ordenamientos jurídicos para avanzar de manera coordinada en materia legislativa, facilitando así la expedita circulación de documentos notariales. Los notarios somos parte del desarrollo de la vida social, de la comunidad y de la economía. Entendemos que la soberanía de los Estados prevalece en el orden interno, pero termina subordinándose en el ámbito exterior”

Naivi Chickoc (Canadá):

“La internacionalización y digitalización de las relaciones jurídicas presenta al notario retos y dificultades, pero también la oportunidad de mostrar su dinamismo y su capacidad de adaptarse a los imperativos socioeconómicos que requiere nuestra comunidad. Es necesario crear un espacio de cooperación internacional, armonizar las condiciones de reconocimiento de los documentos, adaptar nuestras competencias y reforzar la capacitación de los notarios”

EL NOTARIADO ESPAÑOL

José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña:

“La Ley 11/2023 ha supuesto un espaldarazo para la tecnología notarial al crear el protocolo electrónico y regular los otorgamientos a distancia por videoconferencia. Cada día utilizan la plataforma digital del Notariado español más de 20.000 profesionales, entre notarios y empleados de notarías; y cada año los 2.700 notarios españoles utilizan la firma electrónica cualificada en 15 millones de ocasiones”

José Antonio Riera, vicedecano del Colegio Notarial de Canarias:

“En cuanto al sistema de traslado o notificación notarial a nivel transfronterizo, mediante la autoridad central del estado emisor y receptor, parece procedente que en el ámbito extrajudicial se designe a los notarios, como ya ocurre -por ejemplo- en las apostillas, de acuerdo con el criterio marcado por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en aras de una mayor agilidad”

José Carmelo Llopis, delegado de Nuevas Tecnologías del Notariado español:

“En el entorno digital, además de mantener las cautelas y controles del mundo físico, es importante añadir todas aquellas que requiere el desafío tecnológico, como el cifrado de la conexión y de los datos que circulan y la protección de los servidores con las exigencias del Centro Criptológico Nacional y del Esquema Nacional de Seguridad, para el cual el Centro Tecnológico del Notariado español ha obtenido el Nivel Alto”

Marco Antonio Corcuera (Perú):

“Necesitamos regular de forma urgente el acceso por vía remota a los actos jurídicos. Eso nos va a permitir garantizar la seguridad jurídica de los documentos que se generen en el entorno digital. En el ámbito notarial debemos eliminar todavía algunas, y el Estado debe asegurar la accesibilidad de los usuarios mediante la creación de infraestructuras”

Ubiratan Guimaraes (Brasil):

“El Notariado de Brasil destaca por su modernización de la actividad notarial sin dejar de lado la seguridad; mediante la integración de tecnologías como la videoconferencia y la firma digital hemos logrado proporcionar un servicio más accesible y eficiente a los ciudadanos”

Juan Casanova (Puerto Rico):

“Aspectos como la migración explican y justifican la necesidad de la circulación de los documentos notariales. En Puerto Rico existen ciertas medidas para darle seguridad y validez al documento que circula en el ámbito internacional. Debemos tener en cuenta cómo afecta esto a la preparación del documento por parte del notario, cómo se trabaja para fines de uso interno y externo. Los mecanismos de verificación no solo están garantizando la autenticación de la firma del notario, sino que el contenido tiene un valor probativo”

Vianney Guzmán (Costa Rica):

“La entrada en vigor del decreto que hace obligatorio el uso de la ventanilla digital para la presentación de documentos en el Registro Nacional de Costa Rica supone un reto importante para el ejercicio notarial, especialmente en zonas rurales y para aquellos que no dispongan de los equipos o la preparación para pasar a lo digital. Debemos buscar una solución para que esta situación no afecte al desempeño libre, integral y democrático de la profesión notarial”

112ª Sesión Plenaria de la CAAm: Informes de los Notariados iberoamericanos

VOCES IBEROAMERICANAS

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INFORMES DE LOS NOTARIADOS IBEROAMERICANOS

Los notariados iberoamericanos que integran la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado presentaron sus informes de situación durante la 112ª Sesión Plenaria de la CAAm. Plasmamos algunas de sus declaraciones sobre la evolución de la función notarial en sus respectivos países.

Luis Efrén Leyton Cruz, presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano

“En Colombia tenemos un sistema notarial solidario, en el que los notarios autofinanciamos un fondo para prestar servicios notariales a las personas con menos recursos. Fuimos pioneros en establecer un sistema de identificación biométrica dactilar y ahora mismo estamos trabajando para implementar el reconocimiento biométrico facial”

Nelson Mairena, presidente de la Unión de Notarios de Honduras

“De abril a agosto de 2024 se han llevado a cabo distintas reformas en Honduras para mejorar la eficiencia y transparencia del servicio notarial. Hemos implementado un sistema biométrico para la inscripción remota de los actos no contenciosos en sede notarial que se inscriben en el registro nacional de las personas: como el divorcio, el matrimonio o la emancipación voluntaria”

Diego Leandro Molina, presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino

“En Argentina venimos trabajando con el Ministerio de Justicia en un proyecto de Ley para avanzar en la desjudicialización de la Justicia. También estamos desarrollando una importante labor con la Unidad de Información Financiera (UIF) de nuestro país: el Notariado argentino ha sido acreditado con las más altas calificaciones”

Edgardo Hopkins. presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú

“Somos el segundo país en tener una base de datos y un órgano centralizado para la prevención de lavado de activos, tras el trabajo llevado a cabo con el Notariado español. Hemos presentado un proyecto de Ley para incluir cuatro nuevos procesos no contenciosos entre nuestras competencias. Vamos a volver a recuperar la participación en la constitución de sociedades, las garantías inmobiliarias y las licitaciones públicas”

Jenifer Alfaro, presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay

“El Ministerio de Desarrollo Social nos ha convocado para tomar parte en una profunda modificación de la legislación en materia de capacidad jurídica; nos hemos sumado a la redacción de un protocolo de actuación ante el otorgamiento por parte de adultos mayores; y hemos incorporado una secretaria digital para que los notarios pueden consultar las inscripciones en los registros públicos y realizar los pagos de las tasas registrales”

Guadalupe Díaz Carranza, presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano

“Hemos desarrollado acuerdos para difundir la cultura testamentaria en México. Estamos impulsando una iniciativa para elevar a rango constitucional la fe pública notarial, blindando nuestra labor frente a la figura del “notario social” que ofrecería servicios gratuitos sin nuestra preparación, infraestructura y conocimiento”

Naivi Chikoc, representante de la Cámara de Notarios de Quebec (Canadá)

“Hemos tramitado varios asuntos legislativos, entre ellos, la reforma del Derecho de Familia y la instauración del régimen de no parental. Con esta reforma se amplían los derechos de las uniones de hechos y el legislador les permite mantener cierta libertad contractual. También se ha presentado la adopción de la solicitud de asistencia médica para morir ante notario”

EL NOTARIADO ESPAÑOL

José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado español

“Cada vez más países se están sumando a la plataforma Iberfides, desarrollada por el notariado español para facilitar la circulación del documento notarial en Iberoamérica. Ya se ha implementado en Bolivia y próximamente se implementará en países de lengua portuguesa, como Santo Tomé y Príncipe. también están interesados Mozambique, Guinea Bissau, Perú o Ecuador. De otra parte, estamos sufriendo la descoordinación entre el catastro y el registro. Actualmente, solo hay 1.000.000 de fincas coordinadas y los registradores tratan de imponer su base grafica sobre las particiones catastrales, entorpeciendo el procedimiento. con la ley 11/2023 esto se ha encrudecido: el notariado español, a través de nuestro centro tecnológico, cumplimos con nuestras obligaciones de digitalización, y la razón de la ley es que los notarios tuviéramos acceso directo a los libros registrales y ellos no han cumplido"

Yanet Alfaro, presidenta de la Sociedad del Notariado Cubano

“Estamos en fase de ensayo del sistema de gestión de la actividad notarial; un sistema totalmente informatizado en nuestro país, tanto en la relación cliente-notario, como en la interoperabilidad con el registro civil, el mercantil, de la propiedad y de materia tributaria”

Katia Ayala, representante del Colegio de Escribanos del Paraguay

“Como novedades, Paraguay presenta el proyecto de Ley que crea el Registro unificado nacional, un proyecto que unifica el servicio de catastro con la dirección nacional de los registros y el departamento de obras e instituciones públicas. Esta fusión se propone para dar servicios más rápidos y con una mayor seguridad jurídica”

Arsenio Comas, presidente del Colegio Notarial de Puerto Rico

“En Puerto Rico el profesional del Derecho puede ser notario y abogado a la misma vez, lo que genera ambigüedad. Estamos trabajando para que se genere un nuevo Código para notarios y otro para abogados con el objetivo de diferenciar y solidificar la función notarial”

Homero López, presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios

“El Notariado ecuatoriano somos conscientes de la ayuda que podemos aportar a las reformas legislativas. En el último semestre, Ecuador ha avanzado en una cuestión de suma importancia como es la Ley de Protección de Datos, teniendo presente la implementación y el involucramiento de la actividad notarial dentro de un marco normativo nuevo que ya se aplica en América. Para poner en práctica dicha Ley se han realizado diversas jornadas de capacitación”

Stenka Udaeta, presidenta de la Asociación Nacional de Notarios de Bolivia

“Estamos avanzando para incluir las funciones de mediación dentro de las competencias notariales. Hemos implementado la firma digital, la contrastación informática y la verificación de los documentos notariales mediante QR. En enero firmamos un convenio con el Consejo General del Notariado español para la implementación del sistema Iberfides y ya hemos remitido cinco documentos telemáticamente de Bolivia a España”

Laura Sánchez Jiménez, presidenta del Colegio Dominicano de Notarios

“El Notariado dominicano está trabajando por mantenerse a la vanguardia en la aplicación de las tecnologías y en la promoción de la formación continua. Se han realizado cambios en la normativa que regula la función notarial con la aprobación de la firma digital; un avance hacia la modernización de nuestra labor para que los actos y documentos notariales se formalicen de manera electrónica”

112ª Sesión Plenaria de la CAAm: Informes de las Comisiones de Trabajo

VOCES IBEROAMERICANAS

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INFORMES DE LAS COMISIONES DE LA CAAm

Comisión de Informática y Seguridad Jurídica.
Durante la 112ª Sesión Plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado (UINL), los coordinadores o delegados de las subcomisiones que integran el organismo presentaron los informes de actividad de estos grupos de trabajo, dando a conocer los avances en sus respectivas materias y sus propuestas de mejora para las cuestiones que afectan al desarrollo de la función notarial.

Oficina Notarial Permanente de Intercambio Internacional (ONPI) / Susana Bonanno (Argentina):

“La ONPI tiene como misión mantener informados a los Notariados miembros de la Unión sobre lo que sucede en el resto de países. Con sede en Argentina, somos la única instancia que funciona con base en el continente americano y debemos defenderla y nutrirla: mándennos información y difundan aquello que publicamos”

Academia Notarial Americana / María Cuarón (Argentina):

“La Academia ha tenido una actividad muy intensa durante estos meses. Hemos celebrado un importante curso de introducción a la mediación y proponemos la organización de una formación sobre desjudicialización, un foro sobre los Códigos Civiles y la función notarial y la edición de un libro sobre la planificación sucesoria”

Comisión de Catastros y Registros / Alejandra Calderón (México):

“Estamos elaborando un estudio sobre la función catastral y registral en los distintos países de América Latina y en España. Hay herramientas tecnológicas a nuestro alcance que ayudarían a definir los procedimientos entre Catastro y Registro. Sería positiva la vinculación de los registros público y civil para poder identificar correctamente a las personas junto con sus propiedades, contribuyendo así a la seguridad jurídica preventiva”

Comisión de Derechos Humanos / Virmarily Pacheco (Puerto Rico):

“Factores como la pobreza, la violencia, las desigualdades, los conflictos armados o el cambio climático son causantes de que niños y niñas sufran constantes violaciones de sus derechos. Los notarios somos los funcionarios idóneos para el desarrollo de figuras como la guarda y la elaboración y autorización de documentos que contengan disposiciones sobre la circulación de personas menores de edad, garantizando la validez de los mismos dentro y fuera de nuestros países”

Comisión de Mediación / Othón Pérez Fernández del Castillo (México):

“Más de 1.500 notarios participaron en nuestro curso de introducción a la mediación -organizado con la Academia Notarial Americana-, un éxito alcanzado gracias a los ponentes y grandes maestros en mediación que intervinieron. Queremos encontrar en la mediación uno de los instrumentos más importantes para construir la paz; con la posibilidad de llevarla a África y Asia, donde no se conoce este procedimiento”

Comisión de Informática y Seguridad Jurídica / Marco Antonio Ruiz (México):

“Hemos enviado un cuestionario para conocer el despliegue digital de los notariados de Iberoamérica. Vemos importante la elaboración de una propuesta de Ley modelo para el desarrollo del protocolo electrónico y la firma electrónica notarial, que permita homologar la implementación de las plataformas en cada país. También, proponemos la actualización de la Ley modelo del Notariado de la UINL y la elaboración de un decálogo para el desarrollo del protocolo electrónico que aborde el otorgamiento de escrituras a distancia”

Comisión de Integración y Tratados / Hernán de la Fuente (Uruguay):

“América necesita tener mayor integración, fundamentalmente comercial. Esta comisión vela para que ofrecer toda la información sobre los trámites que deben realizar las empresas para desarrollar su actividad en los diferentes países. Además, estamos trabajando en la creación de un registro de testamentos y poderes en Iberoamérica para favorecer la seguridad jurídica de las personas a nivel transnacional”

Comisión de Acceso y Ejercicio de la Función Notarial / Roxana Hamel Ríos (Bolivia):

“Es recomendable que todos los países implementen herramientas tecnológicas para el servicio notarial, tomando como referencia el protocolo definido en el acuerdo de Guayaquil. En algunos países de América la firma electrónica sirve principalmente para trámites administrativos, y no está regulada la competencia notarial en línea. Ecuador y México tendrán próximas reformas en esta materia”

Comisión de Titulación / Edgardo Hopkins (Perú):

“Hemos definido dos temas a abordar en seminario: el impacto notarial en la tributación y la fiscalidad; y en los procesos contenciosos en vía judicial. Vamos a pedir a todos los miembros de la comisión que nos envíen información para hacer un análisis comparativo de la situación en ambos aspectos”

Comisión de Derecho Sucesorio / Diego Leandro Molina (Argentina):

“Estamos recopilando la información de cada país para trabajar en la previsión sucesoria patrimonial. Queremos elaborar un documento que recoja las legislaciones aplicables en los distintos países en materia de sucesiones notariales, en el marco de las acciones de desjudicialización de los estados miembros”

Comisión de Prevención de Lavado de Activos / Jorge Luis González (Perú):

“Perú ya ha puesto en marcha su órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales, con el apoyo del Notariado español y tras más de 12 años de trabajo. También Bolivia está implementando este organismo. Desde esta comisión estamos abordando algunas preocupaciones en cuanto a la constitución de empresas de manera digital y con aportaciones de criptomonedas”

Comisión de Noveles / Federico Walter Risso (Argentina):

“Hemos tratado el acceso a la función notarial de aquellos que recién acceden a la profesión: qué preparación jurídica, formativa y ética deben tener. Tenemos como objetivo llegar a la próxima Asamblea de Montevideo con un trabajo de análisis sobre cómo es el acceso a la función notarial en todos los países de Iberoamérica. También, varios Notariados ya se han comprometido en nuestro proyecto de realizar intercambios de notarios noveles entre países”

Encuentro para la cooperación jurídica iberoamericana

EDITORIAL

Encuentro para la cooperación jurídica iberoamericana

Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, presidió e inauguró el 19 de septiembre, en Guía de Isora (Tenerife), el II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Habla Portuguesa (CMJPLOP), junto con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España y Notario Mayor del Reino, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. También tuvo lugar la 112ª sesión de los Presidentes de los Notariados de América, la II Reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y de los Fiscales de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, entre otras actividades.

 

EL ENCUENTRO ESTUVO PRESIDIDO POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

 

Los ministros y delegaciones asistentes estuvieron acompañados por los responsables de los organismos organizadores del encuentro: el secretario general de la COMJIB, Enrique Gil Botero y el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.

En total participaron más de 200 juristas ya que contó, además, como los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Cumbre Judicial; con los miembros de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado; los delegados de los 22 notariados de Iberoamérica; los decanos integrantes del Consejo General del Notariado, y notarios de estos países incluidos los participantes en el I Encuentro de notarios de países de habla portuguesa en conjunto con los notarios iberoamericanos.

Un encuentro que fue todo un hito para la comunidad jurídica iberoamericana, con extraordinaria repercusión en estos Estados y en beneficio de la Sociedad, dado que la cooperación jurídica internacional es crucial para la paz social y para luchar contra delitos tan graves como la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales o el fraude fiscal.

En este mismo marco, la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado celebró dos actos de gran trascendencia para los notariados iberoamericanos: su 112ª Sesión Plenaria y las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas, sobre La función notarial y el acceso a la justicia y La circulación del documento notarial en el ámbito de Iberoamérica.

La Comisión de Asuntos Americanos cuenta con 22 países miembros, cuyos notarios prestan servicios a más de 500 millones de personas. Sus comisiones debatieron sobre legislaciones comunes para protección de migrantes, acceso a servicios de personas en situación de riesgo, y resolución de conflictos entre personas en territorios fronterizos y la lucha contra el lavado de activos. Esta comisión forma parte de la Unión Internacional del Notariado, que representa a los notarios de 91 países.

Cooperación plena y efectiva

En este encuentro se presentaron las plataformas Iber@ e Iberfides, que ponen las nuevas tecnologías al servicio de la comunidad jurídica iberoamericana y de la comunidad de países de habla portuguesa, permitiendo una colaboración segura, plena y efectiva entre los Ministerios Públicos, Judicatura, Fiscalía, Cuerpos de Seguridad del Estado y Notariado en beneficio de la ciudadanía. Esta tecnología ha sido desarrollada por el Consejo General del Notariado.

La primera reunión de similares características, celebrada en Tenerife en octubre de 2021 y presidida por Su Majestad el Rey de España, también congregó a los Ministros de Justicia de los países iberoamericanos y de habla portuguesa, así como a autoridades, magistrados, fiscales y notarios, iberoamericanos y portugueses.

Fue en ese encuentro donde se dio a conocer el proyecto Ibera@ que, como puso en valor la propia Casa Real española, “permitió el despegue de una iniciativa pionera que suma a un largo centenar de instituciones en un sistema informático cerrado, con garantías de máxima seguridad para intercambios rápidos y fehacientes de solicitudes de cooperación jurídica, con funcionalidades como la videoconferencia y la firma digital”.

EL PRINCIPAL OBJETIVO ES IMPULSAR LA COLABORACIÓN ENTRE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS, JUDICATURA, FISCALÍA, CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y NOTARIADO

Igualmente se dio a conocer entonces Iberfides: una herramienta de la Unión Internacional del Notariado, desarrollada también por el Centro Tecnológico del Notariado español, que permite la conexión transnacional entre los notarios iberoamericanos, garantes de la seguridad jurídica preventiva de sus países.

En el espacio iberoamericano la circulación de personas y empresas es cada vez más intensa. Esta realidad nos impela a facilitar al máximo la circulación de los documentos públicos, con plena seguridad y garantías, con ahorro de tiempo, evitando desplazamientos innecesarios y disminuyendo los costes. El desplazamiento y la migración de personas entre países de Iberoamérica exige soluciones prácticas, seguras y económicas que permitan a las instituciones, a los profesionales y a las personas y empresas mantener una fluida conexión documental, tanto para facilitar la vida, la paz social y el desarrollo económico, como para prevenir o perseguir delitos.

El creciente desarrollo tecnológico y jurídico de Iberoamérica favorece la implementación de un sistema de colaboración interinstitucional de interconexión entre todos estos agentes, que permita la circulación segura de instrumentos públicos utilizando herramientas tecnológicas también seguras.

La suma de seguridad jurídica y tecnológica constituye un binomio que permite la creación de un vehículo y puente de unión facilitador de las relaciones jurídicas transnacionales.

Pero para ello es necesario incrementar al máximo el nivel de seguridad tecnológica, evitando no sólo la delincuencia ordinaria, sino también la ciberdelincuencia, y en especial los delitos de lavado de activos, las falsificaciones y las suplantaciones de personalidad, entre otros. Por ello la necesidad de contar con plataformas tecnológicas con un alto nivel de seguridad.

Seguridad jurídica preventiva

Tan importante como la justicia que se imparte tras cometerse un delito, es aquella otra que lo evita. Es la llamada seguridad jurídica preventiva, que garantizan los notarios.

Los notarios son funcionarios públicos que, por delegación del Estado, tienen atribuidas importantes funciones. Así, los documentos y acuerdos redactados y/o autorizados por un notario adquieren la entidad de documentos públicos, a los que la ley reconoce veracidad, firmeza y fuerza probatoria.

En el mundo hay en la actualidad más de 200.000 notarios en servicio, repartidos entre 91 países de los cinco continentes, que cuentan con el derecho continental como sistema jurídico y el notariado de tipo latino como sistema notarial: de África 19, de América 22, de Asia 9 y de Europa la práctica totalidad, 41. En estos últimos 20 años se ha producido una masiva incorporación de países que han adoptado este modelo en lugar del sistema anglosajón del ‘common-law’.

La actuación del notario es un medio para acceder a la justicia, si por acceso a la justicia entendemos el derecho humano que toda persona tiene para utilizar las leyes, las normas, los juicios y otros instrumentos para conseguir y proteger sus derechos; pues el notario, en el ejercicio de su actividad, actua en la justa medida en que se requiera por los solicitantes de su servicio, obrando con estricto apego a la legalidad aplicable al caso concreto, de manera imparcial, preventiva, voluntaria y auxiliar de la administración de justicia; brindando asesoría imparcial y conformando el instrumento notarial más allá del interés del solicitante del servicio, aconsejando a cada una de ellos, sin descuidar los intereses de la parte necesitada de especial protección.

Son muchos los ejemplos de los documentos que cada día se remiten entre continentes y entre países de Iberoamérica. Por ejemplo, en el campo de los negocios jurídicos, tanto civiles como mercantiles: constituciones de sociedades, poderes, ratificaciones y un sinnúmero de contratos civiles y mercantiles. En el ámbito de las relaciones familiares: las autorizaciones para viajar, documentos para reagrupación familiar, autorizaciones en materia de ejercicio de patria potestad, títulos académicos, documentos para el cobro de pensiones, entre otros muchos.

Las garantías que aporta la intervención de los notarios iberoamericanos, y la circulación segura de documentos, permite la colaboración entre notarios de distintos países, garantizando la perfección y seguridad de cualquier acto, negocio jurídico o contrato.

Esta colaboración entre notarios se puede desarrollar tanto en la fase previa a la contratación de bienes y servicios, como en el momento del otorgamiento y en la fase posterior. Con ello se añaden garantías objetivas de legalidad y respeto a los ordenamientos jurídicos de los países, con lo que el documento público gozará de plenos efectos sustantivos, fehaciencia, valor probatorio y ejecutividad.

La vivienda en España: desafíos y propuestas

EN EL ESCAPARATE

La vivienda en España: desafíos y propuestas

España enfrenta un gran desafío en materia de vivienda: desde el acceso y la financiación, a la regulación y el marco jurídico. Con un déficit de 600.000 viviendas -en proyección hasta 2025- nuestro país debe afrontar los retos que plantea la compleja situación actual para ofrecer soluciones a los operadores del mercado y al conjunto de la sociedad. Una legislación que proporcione mayor seguridad jurídica al urbanismo, atajar la falta de oferta y de suelo finalista y la articulación de mecanismos públicos y de colaboración con el sector privado son algunas de las propuestas que los expertos plantearon en el seminario Persona, Empresa y Tecnología, organizado por la Fundación Notariado del Consejo General del Notariado (CGN) en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

ALEJANDRO MOYA BLAY

Según datos del Observatorio 2023 del Consejo de la Juventud de España, una persona joven tiene que destinar el 93,9% de su salario para acceder a un alquiler, tres veces por encima de lo recomendable. “Con estos pronósticos, el 83,7% de este sector de la población no puede acceder a una vivienda”, explicaba el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, Juan Antonio Báez, en la primera jornada de este curso, celebrado del 10 al 12 de julio en el Palacio de Miramar de San Sebastián.

A lo largo de tres jornadas, más de 40 ponentes -entre representantes de las administraciones públicas, juristas, magistrados, fiscales, notarios, docentes y profesionales del sector- reflexionaron sobre la situación del mercado inmobiliario en nuestro país desde la perspectiva del Derecho, la protección de las personas vulnerables, la construcción de vivienda pública y privada, el arrendamiento y su regulación, el acceso a la información de la propiedad inmobiliaria y la intervención y la función notarial.

Inauguración

“El desafío de la vivienda está hoy en el centro del interés social y de la agenda pública. Y es lógico que así sea porque su acceso, especialmente para las personas jóvenes, se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad”, afirmaba Denis Itxaso, consejero del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, durante la apertura del curso.

La sesión también contó con la participación de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, quien destacó el papel social de los notarios y “su compromiso con la sociedad para tratar los temas que preocupan a la ciudadanía, siendo, sin duda, la vivienda uno de ellos”; y de Fernando de Aragón, director general del Catastro, institución que aporta “información territorial detallada en todas las fases de desarrollo, construcción y transmisión de viviendas” y mantiene una estrecha colaboración con el Notariado: “El intercambio de información con los notarios es casi automático, evitando cargas a los ciudadanos y garantizándoles la seguridad jurídica de las millones de transacciones que realizan”, añadió.

Persona: la vertiente social

Bajo el título El derecho a la vivienda digna y adecuada tuvo lugar el primer coloquio de la jornada, moderado por el notario Ignacio Gomá, director del curso y director general de Fundación Notariado, quien recordó que “la vivienda es una necesidad social y también un bien jurídico, y, por tanto, una mercancía con un valor. La tensión entre estas dos facetas puede crear graves problemas”.

En el diálogo intervino Pablo de Lora, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, quien fijó el punto de partida en la Ley de la Vivienda: “El concepto de la ley en sí mismo establece algo completamente equivocado, una fuerte intervención sobre los derechos públicos y privados que provoca grandes tensiones”, explicó. En este sentido, Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense, aseguró que “el problema de la vivienda es fruto de las políticas erráticas de los diferentes partidos y gobiernos. Los elementos regulativos son tremendamente contraproducentes y favorecen la ocupación”.

Fernando Savater aportó su visión filosófica sobre el concepto de vivienda, “ligado inherentemente a la vida y punto de partida para que cada uno cree su propio camino, lo que afecta especialmente a los jóvenes”; y el arquitecto y escritor Álvaro Galmés describió la vivienda como “un presente continuo que vive en transformación”, por lo que “el concepto tiene que abarcar toda la trayectoria vital del individuo”.

Empresa: el impacto económico

La primera mesa de la segunda jornada se centró en La construcción de vivienda pública y privada en España. Bajo la moderación del notario Ramón Múgica, debatieron el director del Departamento de Análisis Macrofinanciero y Política Monetaria del Banco de España, Roberto Blanco; el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado; el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi; y el director del Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia, Fernando Cos-Gayón.

Blanco hizo alusión a la falta de inversión en alquiler social, que representa solamente el 1,5% del parque frente al 7% de media europea, situación que “el sector público por sí mismo no puede corregir”, y desgranó los datos del reciente Informe del Banco de España: “En España se construyen 90.000 viviendas anuales, mientras que en el periodo de 2022 y 2023 se crearon 275.000 hogares. Con estos datos estimamos que -en proyección hasta 2025- tenemos un déficit de unas 600.000 viviendas”.

Gómez-Pintado pidió una ley que dé seguridad jurídica al urbanismo y garantice tener suelo finalista en plazos razonables y reclamó: “Necesitamos las mismas ayudas que otros sectores; fomentar el proceso de industrialización y facilitar la financiación; ofrecer formación profesional dual que nos proporcione mano de obra cualificada; contar con sistemas y herramientas digitales que agilicen la concesión de licencias; y fomentar la colaboración público-privada”.

“El mercado nos ha derrotado y tenemos que intervenir. Hasta ahora el 40% de las adjudicaciones de vivienda pública -en alquiler- del Gobierno Vasco iba destinado a jóvenes; a partir de esta legislatura será el 50%”, anunciaba Mario Yoldi; mientras que Cos-Gayón abogaba por centrar los esfuerzos en el mercado del alquiler y aprovechar las viviendas vacías: “Podemos hacer que la vivienda protegida sea un 10% más barata de forma automática eliminando el IVA”, añadía.

Financiación

La segunda mesa contó con las intervenciones de José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada; Cristina Freijanes, secretaria general de la Unión de Cooperativas de Crédito; María Paz Navarro, responsable de Regulación, Servicios Interbancarios y Proyectos en Cooperación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros; y Javier Rodríguez Pellitero, secretario general de la Asociación Española de Banca.

Eduardo García Parra, director del Instituto Valenciano de Estudios Notariales, moderó este debate sobre financiación pública y privada de la vivienda, en el que los panelistas coincidieron en la relevancia de incentivar la oferta y la colaboración institucional, promover medidas que no penalicen a los grandes tenedores y acometer una reforma de las garantías inmobiliarias. Particularmente, María Paz Navarro detalló: “Hay que modificar la ley hipotecaria y homogeneizar las concesiones, llevar de la mano los procedimientos y la bonificación normativa para que haya financiación con garantías”.

Tecnología: la información catastral 

La última jornada del curso estuvo dedicada a las vías de acceso a la información catastral y a la necesidad de unificar la información sobre los inmuebles del Catastro y el Registro. Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia, moderó la mesa e incidió en la falta de colaboración entre el Catastro y el Registro y las deficiencias de la digitalización registral. Igualmente, Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, abogó por la necesidad de coordinación entre el Catastro, el Registro, el Notariado y el resto de operadores jurídicos: “Con la legislación actual, esta es la única vía para que los ciudadanos puedan acceder a información precisa y completa sobre los inmuebles”.

Por su parte, Jesús Miranda, exdirector general del Catastro, defendió que “nadie puede superar la información que maneja el Catastro, pero es necesario digitalizarlo. Es ahí donde hay que poner los esfuerzos, no en la coordinación entre instituciones”. Siguiendo esta línea, el notario Enrique Brancós afirmó que “la información y las bases gráficas deben ser las que define el Catastro; no puede haber diversificaciones ya que solo generan confusión y, además, este proceso termina repercutiendo en los costes para el ciudadano”.

Clausura 

El curso fue clausurado por la subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, María de los Llanos Castellanos, quien reconoció que “para encontrar soluciones es necesaria la colaboración de todas las partes, entre las que el Notariado es imprescindible”. Castellanos defendió “la necesidad de tener una regulación como la que se ha planteado con la Ley por el Derecho a la Vivienda”, aunque asumió que “es mejorable”, y centró el problema en la falta de oferta: “Para satisfacer la demanda deberíamos construir 1,2 millones de viviendas, y este número seguirá incrementando. Debemos obtener datos públicos que nos permitan hacer una radiografía completa de la situación actual con plenas garantías”.

Tras ella intervino Itziar Alkorta, directora académica de la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU, quien hizo una valoración positiva del seminario, “que ha permitido analizar en profundidad el derecho a la vivienda desde una perspectiva integral: persona, empresa y tecnología”.

De izda. a dcha.: José Ángel Martínez Sanchiz, Denis Itxaso y Fernando de Aragón.
De izda. a dcha.: Fernando Savater, Álvaro Galmés, Matilde Cuena, Pablo de Lora e Ignacio Gomá.
De izda. a dcha.: Juan Antonio Báez, Eduardo Gutiérrez, Luis Cayo Pérez Bueno, Juan Ignacio Vela, y Concepción Barrio del Olmo.
De izda. a dcha.: Alberto Torres, Mª de las Nieves Jiménez López, Juli Ponce Solé y Juan Pérez Hereza.
De izda. a dcha.: Carmelo Llopis, Philip Bender, Hicham Sabiry, Piergiulio Cinelli y Me Thierry Vachon.
De izda. a dcha.: Javier Rodríguez Pellitero, María Paz Navarro, Cristina Freijanes, José García Montalvo y Eduardo García Parra.
De izda. a dcha.: Francisco Cantos, Jesús Puebla, Jesús Miranda, Enrique Brancós y Guillermo Sandí.

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ: “DEBEMOS POTENCIAR LA CONCORDANCIA ENTRE EL NOTARIADO Y EL CATASTRO Y QUE ESTA CONSTITUYA LA BASE SOBRE LA QUE SE IDENTIFICAN LAS FINCAS. RECLAMAMOS UN ACCESO AL REGISTRO DIGITAL, MODERNO, EN TIEMPO REAL Y ESPECÍFICO PARA LOS NOTARIOS CONI TODAS LAS GARANTÍAS”

ROBERTO BLANCO: “EN ESPAÑA SE CONSTRUYEN 90.000 VIVIENDAS ANUALES, MIENTRAS QUE EN EL PERIODO 2022-2023 SE CREARON 275.000 HOGARES. ACUMULAMOS UN DÉFICIT DE 600.000 VIVIENDAS”

JUAN ANTONIO GÓMEZ-PINTADO: “NECESITAMOS UNA LEY DE SEGURIDAD JURÍDICA EN EL URBANISMO QUE GARANTICE QUE VAMOS A TENER SUELO FINALISTA EN PLAZOS RAZONABLES”

MARIA DE LOS LLANOS: “NECESITAMOS LA COLABORACIÓN DE TODAS LAS PARTES, ENTRE LAS QUE EL NOTARIADO ES IMPRESCINDIBLE. PARA SATISFACER LA DEMANDA DEBERÍAMOS CONSTRUIR 1,2 MILLONES DE VIVIENDAS, Y ESTE NÚMERO SEGUIRÁ INCREMENTANDO”

JESÚS PUEBLA: “CON LA LEGISLACIÓN ACTUAL, LA COORDINACIÓN ENTRE EL CATASTRO, EL REGISTRO Y EL NOTARIADO ES LA ÚNICA VÍA PARA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN ACCEDER A INFORMACIÓN PRECISA Y COMPLETA SOBRE LOS INMUEBLES”

Una persona joven tiene que destinar el 93,9% de su salario para acceder a un alquiler, tres veces por encima de lo recomendable.
Es necesario incrementar la construcción de viviendas públicas y privadas.
De izda. a dcha.: Mario Yoldi, Juan Antonio Gómez-Pintado, Fernando Cos-Gayón, Roberto Blanco y Ramón Múgica.
Soluciones alternativas

Concepción Barrio del Olmo, vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, moderó la mesa El acceso a la vivienda de personas de especial protección, en la que aludió a la posibilidad de articular soluciones alternativas, “modelos como el cohousing que darían solución a parte de la problemática, especialmente en el ámbito de las personas mayores”.

Juan Antonio Báez defendió que, como medida a largo plazo, “es necesario aumentar el parque público de vivienda: España solo tiene un 2% frente al 9% que promedia Europa”, mientras que a corto y a medio plazo “una de las soluciones es la regulación de precios en las zonas tensionadas”. También, el subdirector de Provivienda, Eduardo Gutiérrez Sanz, señaló que hoy “tener un contrato laboral no asegura tener una vivienda y una vida dignas. El quinto pilar del estado de bienestar tiene que ser la vivienda y eso hay que traducirlo al ámbito político con medidas concretas”.

Juan Ignacio Vela, coordinador del Ecosistema Senior de Fundación ONCE, centró el debate en las dificultades para las personas mayores: “Actualmente el 77% de las personas dicen querer vivir en sus casas cuando lleguen a la ancianidad. Debemos trabajar en soluciones para dar respuesta a esos nuevos retos”. Y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, remarcó que “hace falta determinación, inteligencia y ponerse manos a la obra. Ese es el leitmotiv de la discapacidad para que progresemos como seres humanos y lo aplicamos también al ámbito de la vivienda”.

Regulación del alquiler

La última mesa, dedicada al arrendamiento de vivienda y su regulación, moderada por el notario Juan Pérez Hereza -director de la revista El Notario del Siglo XXI-, contó con las ponencias de M.ª de las Nieves Jiménez López, profesora de Derecho Procesal; Juli Ponce, catedrático de Derecho y codirector de la Cátedra Barcelona de Estudios de la Vivienda; y Alberto Torres, presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del Colegio de Abogados de Madrid.

Los expertos abordaron los desafíos de la vivienda desde la perspectiva del Derecho Público, Privado y Procesal; expusieron los problemas que presenta la aplicación de la Ley por el Derecho a la Vivienda; abordaron la necesidad de limitar los apartamentos turísticos y la figura del arrendamiento de temporada; e hicieron hincapié en la vulnerabilidad de los arrendatarios. En concreto, Torres señaló que “se ha generado una situación de total inseguridad jurídica: el 54% de los arrendatarios son vulnerables. Debemos defender a arrendadores y a arrendatarios, pero sin perjuicio de que el tenedor pueda estar protegido frente a los impagos”.

Registros inmobiliarios:
comparativa internacional

Guillermo Sandí, director del Registro de Inmuebles y exdirector de la Dirección Nacional del Notariado de Costa Rica, expuso la experiencia costarricense, país donde “pronto se vio que la coordinación entre el Registro y el Catastro era improductiva, por lo que se tomó la decisión de centralizar toda la información a través de una nueva institución: el Registro Inmobiliario, que ha sido completamente digitalizado y al que instituciones como el Notariado tienen acceso sencillo e inmediato”.

En la última mesa del seminario, moderada por Carmelo Llopis -delegado de Nuevas Tecnologías del CGN para el Consejo de los Notariados de la Unión Europea-, contó con la visión internacional de los representantes notariales de Italia, Marruecos, Francia y Alemania. Piergiulio Cinelli, Hicham Sabiry, Thierry Vachon y Philip Bender explicaron el funcionamiento de sus modelos de registro de bienes inmuebles, coincidiendo todos ellos en la necesaria centralización de la información y su completa digitalización. Los ponentes afirmaron que la utilización de un modelo único de registro electrónico es algo básico e imprescindible para la correcta sinergia entre las diferentes instituciones y operadores jurídicos y su comunicación con los ciudadanos.

Una patología del sistema español

“Tenemos un problema en España en lo que atañe a la coordinación entre el Catastro y el Registro, que no está funcionando. En 10 años solamente hay 1 millón de fincas coordinadas. Y digámoslo claro: la culpa no es del Catastro, que ha seguido un proceso de digitalización ejemplar y dispone de la información de todo el parcelario en España”, afirmó José Ángel Martínez Sanchiz durante la clausura del curso.

Para el presidente del Notariado español, “el problema radica en que hay una duplicidad descriptiva entre el Catastro y el Registro. Debemos potenciar la concordancia entre el Notariado y el Catastro, y que esta constituya la base oficial sobre la que se identifican las fincas. El Registro debe atender únicamente a la información que recoge el parcelario catastral”.

En este sentido, Martínez Sanchiz quiso hacer una protesta y reivindicación que dé solución a este problema: “Los notarios españoles tenemos un acceso al Registro decimonónico, que redunda en el perjuicio del ciudadano y que sobre todo afecta a la seguridad jurídica. Reclamamos un acceso digital, moderno, en tiempo real y que sea específico para los notarios con todas las garantías; un sistema igual al de otros países como Francia, Italia, Alemania, Costa Rica o Marruecos”.

Para saber más

El Informe Anual 2023 del Banco de España analiza la evolución del mercado de la vivienda, riesgos y problemas de accesibilidad.

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El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España realiza un seguimiento semestral y exhaustivo de los factores relacionados con la vivienda y el empleo.

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El Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos analiza la situación del alquiler turístico y residencial a partir de datos del INE y de la plataforma Airbnb.

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«La vivienda, un problema retorcido a examen en San Sebastián», por Ignacio Gomá Lanzón

EN EL ESCAPARATE

IGNACIO GOMÁ LANZÓN,

director de la Fundación Notariado

“Nos encontramos en una fase de cierta tensión real por las dificultades de acceso a la vivienda, pero también de cierta tensión artificial, legislativa”

La vivienda, un problema retorcido a examen en San Sebastián

La vivienda es uno de los trending topic de los últimos tiempos porque constituye una de las mayores preocupaciones de los españoles y, además, es lo que en las ciencias sociales se denomina wicked problem, esos problemas retorcidos que no tienen una solución obvia, implican a muchos individuos y entidades que no están de acuerdo y exigen cambios de comportamiento de ciertos actores.

La Fundación Notariado consideró que este era un tema adecuado para su Curso de Verano de San Sebastián, que organiza junto con la Universidad del País Vasco, porque sin duda involucra la actividad diaria notarial, importa a los ciudadanos y exige políticas públicas específicas. Sin duda, el problema de la vivienda va más allá de las transmisiones de la vivienda, fase en la que los notarios intervenimos, pero obviamente el problema nos afecta directamente como profesionales y como ciudadanos.

En efecto, la vivienda es un elemento clave y multifacético de nuestras vidas porque, de un lado, es el lugar donde cubrimos nuestra necesidad vital de cobijo y otras primarias -como el descanso, la alimentación y la higiene-, y ello le atribuye un claro valor en uso; cuya protección cumple una función social; de otro, es un activo económico y puede ser tratado como un producto, con un valor en cambio, generalmente creciente. La tensión entre estos dos aspectos, que tiran en direcciones diferentes, puede crear problemas en función de que acentuemos la protección del valor en uso –su función social- perjudicando el valor en cambio o hagamos lo contrario, dificultando el uso pero permitiendo la revalorización en cambio.

Hoy nos encontramos en una fase de cierta tensión real por las dificultades de acceso a ella, pero también de cierta tensión artificial, legislativa, pues normas como la ley nacional de la vivienda y algunas autonómicas han decidido intervenir en el mercado por vía de control de la oferta, y concretamente de las rentas arrendaticias a las que se pone un tope en ciertas zonas tensionadas. Sin duda, es una forma de abordar el problema, más próxima al intervencionismo en el mercado que a la confianza en él, y más próxima a considerar el aspecto social de la vivienda que su valor en cambio. Muchas veces esta forma de enfocar el problema se ha apoyado en el hecho de que la Constitución Española de 1978 declara en su artículo 47 el derecho de todos los españoles al disfrute de una vivienda digna y adecuada, que parece enmarcar esta principalmente dentro de su función social. Incluso, en sus vertientes más extremas parece mostrar una cierta lenidad con la okupación y con otras actitudes que parecen ejercer ese supuesto derecho a la vivienda aun en detrimento de la propiedad. La opinión más generalizada de la mesa dedicada a ello se decantó por entender que lo que enuncia la Constitución es un principio dirigido a los poderes públicos y no un derecho subjetivo de los ciudadanos, por mucho que sea evidente que el Estado debe facilitar el acceso a la vivienda con políticas al efecto. Pero no es una solución adecuada hacer recaer sobre ciudadanos privados la resolución de problemas públicos: conviene recordar que las políticas públicas deben pagarlas todos los ciudadanos a través de los impuestos y no aquellos ciudadanos particulares que tengan la mala suerte de toparse en su particular vivienda con personas con dificultades para alcanzar una vivienda. Todo eso no genera más que incentivos negativos para quienes pueden ofrecer más viviendas, que tomarán, en un sistema de mercado, las decisiones que más le convengan y no necesariamente las que la política oficial pretenda.

Pero eso no significa que no se deba hacer nada. Existe un problema de la vivienda concentrado, eso sí, en la población con menos recursos, principalmente jóvenes o personas de origen extranjero que viven de alquiler y en ciudades con una gran actividad económica o turística. Sin duda, hoy el problema se encuentra en la oferta, no en la demanda y, de hecho, incentivar la demanda con deducciones o facilidades podría agravarlo todavía más. Tampoco está el problema en la financiación, pues hay dinero para prestar, aunque más controlado que antes de la crisis financiera. No cabe ignorar que en este problema retorcido hay muchas variables que afectan en diferente proporción, como la inmigración, la existencia de nómadas digitales, la proliferación de apartamentos turísticos, el cambio de la estructura sociológica (viviendas con uno o dos ocupantes), la falta de mano de obra especializada tras la crisis financiera o la industrialización de la construcción, que se realiza por módulos, lo que exigirá nuevas fórmulas de financiación. Pero la opinión más generalizada –con alguna excepción- fue que la solución no está en controlar excesivamente la oferta, dificultando su expansión, sino en lo contrario, en facilitarla.

De hecho, parece que el núcleo de la cuestión es, en este momento concreto, el suelo y las licencias, es decir, el tiempo que se tarda en crear suelo finalista para construir que, según se indicó, se encuentra entre los diez y los quince años. Y hay que ser conscientes de que el problema, como señaló uno de los ponentes, no ha hecho más que empezar, pues si la demanda tiende a crecer exponencialmente y la oferta se ralentiza durante lustros, no podemos ser demasiado optimistas. Pero lo cierto es que hay solución si somos capaces de detectar eficazmente el núcleo del asunto y actuar en consecuencia, a reflexionar sobre lo cual se dedicó eficazmente este curso.

Entrevista a Isabel Rodríguez García, ministra de Vivienda y Agenda Urbana

CON SELLO PERSONAL

ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA,

MINISTRA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA

“El derecho de acceso a la vivienda prima sobre su uso como bien de mercado”

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA
Hace veinte años ingresó en la política como senadora por Ciudad Real, convirtiéndose en la más joven en ocupar un escaño de la Cámara Alta. Desde entonces su experiencia en la Administración Pública no ha dejado de aumentar, desde la alcaldía de Puertollano al Ministerio de Política Territorial y Portavoz del Gobierno. En el último gabinete de Pedro Sánchez (constituido en noviembre de 2023) se hizo cargo de la cartera de uno de los aspectos que más preocupan a los españoles: la vivienda.

¿Cuáles son las principales líneas de actuación de su Ministerio?

El compromiso del Gobierno de España, a través del Ministerio que tengo el honor de dirigir, es el de garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna y asequible de la ciudadanía, en línea con el mandato constitucional de nuestra Carta Magna. Y todo ello trabajando desde los principios de la Agenda Urbana Española, para garantizar la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano.

Y de aquí nace la guía que marca todo el trabajo que se despliega desde el Ministerio. Desde que se creó, hemos abordado el problema escuchando a los principales actores, impulsado el desarrollo reglamentario de la Ley de Vivienda, continuando con el despliegue del Plan de Recuperación y hemos concluido la tramitación administrativa de los préstamos y avales ICO para promotores, con una dotación de 6.000 millones de euros, y los avales ICO para hipotecas de jóvenes y familias con menores, cuya partida presupuestaria asciende a los 2.500 millones de euros.

Creo que las medidas impulsadas y debates abiertos en estos intensos meses muestran la magnitud del problema al que nos enfrentamos y debo decir que este Gobierno no dejará una solución por explorar ni una medida por implementar o desplegar.

 

“EL TRABAJO REALIZADO POR LOS NOTARIOS EN LA CATÁSTROFE DE LA PALMA CON EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE NOTORIEDAD FUE EXCELENTE”

 

La población joven es el grupo demográfico con mayores problemas de acceso a la vivienda. ¿Qué medidas están impulsando para facilitar su emancipación?

Todas las medidas que impulsamos desde el Ministerio tienen la vista puesta en mejorar los índices de emancipación de la ciudadanía más joven. Pero no solo eso, sino que también tenemos políticas directas al colectivo.

Hace dos años pusimos en marcha el Bono Alquiler Joven, una línea de ayudas para el alquiler dotada con 200 millones de euros al año, repartidos entre las diferentes comunidades autónomas, y donde estamos llegando a más de 60.000 jóvenes por año. Además, y con el compromiso del presidente del Gobierno, este año vamos a reeditar este Bono Alquiler Joven con más presupuesto.

Además, en abril, junto al Instituto de Crédito Oficial, lanzamos la línea de avales para compra de la primera vivienda de jóvenes y familias con menores a su cargo, que el Estado ha iniciado con una partida presupuestaria de 2.500 millones de euros, y que ya cuenta con más de sesenta entidades adheridas.

 

“EL MODELO DE CIUDAD QUE QUEREMOS NO ES EL DE UN PARQUE TEMÁTICO CON UN RONRONEO DE MALETAS CONTINUO”

 

Una de las medidas recientes de su ministerio ha sido la eliminación de las Golden Visa, que permitían obtener permisos de residencia a cambio de una cuantiosa inversión en vivienda. ¿Por qué se tomó esta decisión?

Este es un Gobierno comprometido con la vivienda desde su ámbito social y, como bien dijo el presidente Pedro Sánchez, vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y una necesidad social.

La obtención de un permiso de residencia a través de la compra de una vivienda no favorece ni la economía ni las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por ello su eliminación es una buena noticia porque dará oportunidades a quienes tienen problemas para acceder a una vivienda en lugares concretos, con tensión de precios y falta de oferta residencial.

Cabe recordar que no es una medida que sólo esté tomando el Gobierno de España, ya la Comisión Europea nos instó a los Estados miembros a derogar inmediatamente cualquier sistema de ciudadanía para inversores y a garantizar controles estrictos para enfrentar los riesgos de los sistemas de residencia para inversores. Por ponerles ejemplos, Portugal e Irlanda eliminaron las Golden Visa y otros tantos países están endureciendo las condiciones para obtenerla.

Otra de las cuestiones que tiene sobre la mesa es la regulación de los pisos turísticos. ¿Cuál sería la solución idónea para poder compaginar este modelo sin caer en la gentrificación?

Tenemos muy claro que España es un país diverso, que los problemas de un sitio son el pan de muchas familias en otro. Un apartamento turístico expulsa a la población del centro de grandes ciudades turísticas, pero fija población en aquellas zonas más despobladas al ser un motor económico.

Lo que quiero decir con esto es: si los apartamentos turísticos dificultan el uso residencial de una vivienda en una ciudad, provincia o comunidad autónoma, tenemos que regularlos y, si fuese necesario, prohibirlos. Por una cosa muy sencilla: el derecho de acceso a la vivienda prima sobre su uso como bien de mercado, y eso este Gobierno lo tiene muy claro.

El modelo de ciudad que queremos no es el de un parque temático con un ronroneo de maletas continuo. Nosotros queremos que las ciudades sean habitables para sus vecinos.

 

“TODAS LAS MEDIDAS QUE IMPULSAMOS DESDE EL MINISTERIO TIENEN LA VISTA PUESTA EN MEJORAR LOS ÍNDICES DE EMANCIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA MÁS JOVEN”

 

El teletrabajo ha modificado los hábitos de muchos españoles, con un éxodo a entornos más próximos a la naturaleza. ¿Cómo afecta al mercado de la vivienda esta migración de la ciudad al campo?

Cuando contribuye a fijar población y al desarrollo económico de las zonas rurales, positivamente. Estamos observando cómo este fenómeno está dinamizando nuestro mercado al llevar nuevas oportunidades a sitios donde no se encontraban.

La hipoteca sigue siendo el principal modo de financiación para el comprador de una casa. ¿Qué medidas de apoyo a jóvenes y personas vulnerables ha puesto en marcha su Gobierno?

Tenemos claro que existe un grupo de jóvenes y de familias que están en el mercado del alquiler, a pesar de ser solventes económicamente, pero que no pueden afrontar el pago de la entrada de una hipoteca.

Por ello, hemos puesto en marcha, a través del ICO, la línea de avales para la compra de vivienda de jóvenes y familias con menores a su cargo. Para que aquellos jóvenes y familias que quieren salir del mercado del alquiler y adquirir una vivienda no tengan ese impedimento de acceso que existe en el mercado hipotecario. Hemos hecho que el Estado sea quien avale el 20% de la compra de su vivienda. También está la línea de ayudas del Programa 5 del Plan Estatal de Vivienda para la compra de vivienda en municipios pequeños, dotado con hasta 10.000 euros por actuación, o todas las inversiones que realiza este Ministerio a través del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible.

También es titular de Agenda Urbana con una política enmarcada dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Está satisfecha con el grado de sostenibilidad, inclusión, seguridad y resiliencia de nuestras ciudades?

Soy inconformista por naturaleza; siempre vamos a poder hacer más. Creo que con el despliegue del Plan de Recuperación tenemos una oportunidad única de hacer ciudades más amables para la ciudadanía.

Tenemos que seguir trabajando por ciudades más habitables donde podamos disfrutar de sus gentes, un parque cerca para pasear…

 

“VAMOS A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE LA VIVIENDA SEA UN DERECHO Y UNA NECESIDAD SOCIAL”

 

Los notarios tuvieron un papel fundamental en la Isla de la Palma a la hora de acreditar las propiedades inmobiliarias desaparecidas bajo la lava. Además de situaciones similares, ¿qué papel desempeñan estos profesionales en la seguridad jurídica del adquirente de vivienda?

Para mí, el cuerpo de notarios es un operador jurídico fundamental cuando hablamos de vivienda. La labor de los Notarios, en conexión con el Registro de la Propiedad, otorga una seguridad jurídica en el régimen de titularidad de la propiedad y conocimiento del parque inmobiliario de nuestro país que no tiene parangón en comparación con países de nuestro entorno.

Y creo que prueba de este reconocimiento por mi parte es que uno de mis primeros encuentros con el sector fue con representantes del Consejo General del Notariado.

El trabajo realizado por los notarios en la catástrofe de La Palma con el levantamiento de actas de notoriedad fue excelente y permitió aliviar la situación a muchos vecinos, ya que les permitió solicitar ayudas o subvenciones vinculadas a la propiedad.

Y ahora, volcados con la implementación de la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, como garantes de la transparencia en la compraventa de vivienda.

Huella digital

La titular de vivienda cuenta con cuentas propias en X e Instagram (con el mismo nombre de usuario @isabelrguez), donde se describe como «Ciudadana del mundo. Creo en la política que transforma la vida de las personas”).

En ambas redes sociales publica y comparte contenidos propios y ajenos (fundamentalmente, de la cuenta del Ministerio @viviendagob).