Prohibir las redes: un “mal” menor

El euro digital ha dejado de ser un proyecto teórico para convertirse en una prioridad estratégica en la zona euro. Varios ministros de Economía han instado a acelerar su desarrollo y el Parlamento Europeo ha respaldado el avance del proyecto dentro de lo establecido por el Banco Central Europeo (BCE) -que lleva trabajando en ello desde 2021-, reconociéndolo como una pieza clave para la soberanía monetaria europea.

Este impulso se produce en un contexto de profunda transformación tecnológica del sistema financiero, en el que la digitalización del dinero ya no es una hipótesis, sino una realidad en marcha. Como ocurre con otras innovaciones, desde la tokenización de activos hasta las finanzas descentralizadas (de todo ello escribo en un artículo reciente en el número 186 de Papeles de Economía Española editado por Funcas), el debate no gira tanto en torno a si se producirá el cambio, sino sobre cómo integrarlo de forma ordenada y sin riesgos en el sistema financiero.

Dinero oficial

El euro digital será una CBDC (por sus siglas en inglés: Central Bank Digital Currencies), es decir, una moneda digital emitida por un banco central (el BCE) que, a diferencia de las criptomonedas, mantendrá el respaldo institucional y el curso legal. Es decir, y creo que esto todavía es necesario reiterarlo, el euro digital no será una criptomoneda más (éstas no requieren de una autoridad central para su emisión o validación), sino “dinero oficial”, como el efectivo: poseerá el mismo valor que la moneda fiduciaria tradicional. Este es un punto relevante: no pretende sustituir al sistema financiero “convencional”, sino modernizarlo, haciéndolo más eficiente y adaptado al entorno digital. Su diseño contempla, además, una doble modalidad: pagos online, intermediados por entidades financieras, y pagos offline, que permitirían operar incluso sin conexión, replicando en cierta medida las características del efectivo.

Pero el verdadero debate no es tanto tecnológico como institucional. La insistencia de los ministros en la compatibilidad entre soluciones públicas y privadas refleja una preocupación central: evitar que el euro digital desplace a los intermediarios financieros tradicionales. El riesgo de desintermediación bancaria es uno de los más citados. Si los ciudadanos pudieran mantener depósitos directamente en el banco central, se vería afectada la capacidad de los bancos para conceder crédito, con implicaciones potenciales para la estabilidad financiera.

Un delicado equilibro

Por ello, el diseño del euro digital está condicionado por un delicado equilibrio. Por un lado, debe ofrecer una alternativa segura frente al auge de las stablecoins, esto es, criptodivisas vinculadas a monedas fiduciarias u otros activos como deuda pública con la intención de mantener una cotización lo más estable posible -y que son una forma de dinero digital estable y programable con potencial para integrarse en infraestructuras de pagos y mercados tokenizados. Por otro lado, debe evitar alterar de forma abrupta el funcionamiento del sistema bancario. En este sentido, la experiencia reciente muestra que la innovación tecnológica no siempre elimina a los intermediarios, pero sí redefine su papel.

La dimensión geopolítica añade una capa adicional de complejidad. El auge de las stablecoins denominadas en dólares estadounidenses y el desarrollo de monedas digitales en otras jurisdicciones han puesto de manifiesto el riesgo de pérdida de autonomía monetaria. El BCE ha advertido que la expansión de estas soluciones privadas podría afectar a la transmisión de la política monetaria y aumentar la dependencia del sistema financiero europeo respecto a otras áreas económicas. En este contexto, el euro digital se configura como una herramienta para preservar la soberanía monetaria en un entorno de creciente competencia tecnológica.

Desafíos jurídicos

No obstante, junto a las oportunidades emergen también desafíos jurídicos relevantes. La implantación del euro digital obliga a repensar cuestiones como la protección de datos, la trazabilidad de las operaciones o la responsabilidad en caso de fallos del sistema. Uno de los retos más complejos será encontrar un equilibrio entre privacidad y control: garantizar la prevención del fraude y del blanqueo de capitales sin comprometer los derechos individuales.

Asimismo, la ciberseguridad se convierte en un elemento crítico. A diferencia del efectivo, una moneda digital depende de infraestructuras tecnológicas cuya integridad debe estar plenamente garantizada. Esto exige no solo inversiones constantes, sino también marcos de supervisión y gobernanza adecuados.

En este escenario, algunos planteamientos alternativos han ganado relevancia. Frente a un modelo puramente público, se ha propuesto el desarrollo de soluciones híbridas, en las que entidades privadas emitan instrumentos digitales respaldados por el banco central. Este enfoque permitiría combinar innovación y estabilidad, evitando tanto la fragmentación del sistema como la concentración excesiva en el balance del banco central.

En definitiva, el euro digital no es únicamente una innovación tecnológica, sino una transformación institucional del dinero. Su éxito dependerá menos de su arquitectura técnica que de su capacidad para integrarse en el ecosistema financiero existente, garantizando la confianza de ciudadanos y empresas.

La aceleración política del proyecto sugiere que su desarrollo normativo podría estar próximo. El reto será asegurar que esta nueva forma de dinero refuerce —y no debilite— los principios que han sustentado el sistema financiero europeo: estabilidad, seguridad jurídica y confianza. Porque, como demuestra la experiencia reciente, la tecnología puede transformar los mercados, pero son las instituciones las que determinan su impacto final.

Privacidad y seguridad

Por último, y no menos importante, no debe dejarse de lado que cualquier innovación tecnológica debe ser PSI, es decir, debe garantizar la privacidad y la seguridad, pero también la inclusión. El euro digital debe favorecer la inclusión financiera, facilitando el acceso a servicios en zonas con baja bancarización o a colectivos tradicionalmente excluidos.  

En conclusión, el euro digital (así como el resto de CBDC) no es simplemente una innovación tecnológica, sino que también es una reconfiguración institucional del dinero. Su diseño, implementación y regulación determinarán si se convierte en una herramienta de progreso o en una fuente de nuevas tensiones. Para conseguir lo primero y evitar lo segundo, su análisis debe ser multidisciplinar, integrando perspectivas económicas, jurídicas, sociales y tecnológicas. El tiempo, esfuerzo y rigor dedicado en los últimos meses en su diseño creo que permiten ser optimistas respecto a que supondrá un avance. Como también lo fue la creación del euro como moneda “convencional”.