Presión fiscal sobre las ganancias de capital

EN ESTE PAÍS

PRESIÓN FISCAL SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL

Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo.

ELVIRA ARROYO
España está entre los países europeos que más gravan las ganancias de capital en los tramos más altos. Frente a quienes defienden que esta presión fiscal debería reforzarse para las personas que ganan más, se abre el debate de si una tributación muy elevada puede desincentivar la venta de activos o la inversión en un momento en el que la Unión Europea apuesta por financiar proyectos estratégicos con el ahorro de sus habitantes.

El dinero ganado con la venta de acciones, un fondo de inversión o una vivienda; los dividendos que reparten las empresas a sus accionistas; o los intereses que el banco paga por un depósito o una cuenta de ahorro, son ejemplos de ganancias de capital que tributan en el IRPF.

 


DESDE 2019, EL IMPUESTO MÁXIMO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL EN ESPAÑA HA SUBIDO 7 PUNTOS


 

En España, se aplica por estos conceptos un tipo impositivo progresivo, con diferentes porcentajes según la cantidad de renta obtenida. En los últimos años, el incremento ha sido significativo, sobre todo en los tramos más altos, pasando de un tipo máximo del 23% en 2019 al 30% vigente en 2025 para las ganancias de capital superiores a 300.000 euros. Según Tax Foundation Europe, España es el séptimo país europeo con el tipo impositivo más alto para las rentas de capital.

Novedades. La Ley 7/2024, de 20 de diciembre, introdujo modificaciones que afectan a la escala del ahorro desde el 1 de enero de 2025. Concretamente, se eleva del 28% al 30% el tipo del último tramo de la escala del ahorro (ganancias que exceden los 300.000 euros) para los contribuyentes que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que estén acogidos al régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español.

También, desde el 1 de enero de 2025, se ha modificado la escala que se aplica a la parte de la base liquidable del ahorro para determinar la cuota íntegra estatal, elevándose el tipo del último tramo del 14% al 15%.

Este tipo de medidas aumentan los impuestos para quienes más ganancias obtienen de su capital, algo que han reivindicado formaciones políticas como Sumar, que defiende equiparar la tributación de las rentas del capital con las del trabajo subiendo los tipos impositivos en las franjas más altas del IRPF.

 


EUROPA PRESENTA UN SISTEMA IMPOSITIVO MUY DIVERSO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL QUE VIENE DETERMINADO POR LA CONCEPCIÓN FISCAL DE CADA PAÍS


 

Otros países. La mayoría de los países desarrollados gravan las ganancias de capital, pero el tipo impositivo y las reglas exactas (porcentajes progresivos, la posibilidad de desgravación por tenencia prolongada o exenciones) dependen de la legislación local.

España está en un nivel relativamente alto de tributación sobre los beneficios obtenidos por la venta de activos o por la inversión del dinero, aunque está muy por debajo de Dinamarca, que aplica un tipo máximo del 42% o Noruega, con un 37,8%. En el lado opuesto, Rumanía aplica el tipo más bajo, del 1%, seguida de Moldavia con el 6% y Bulgaria con el 10%.

Además, Tax Foundation Europe destaca que varios países europeos, entre los que se encuentran Bélgica, República Checa, Suiza, Eslovenia o Luxemburgo, no gravan las ganancias de capital por la venta de acciones mantenidas a largo plazo.

Se trata, por tanto, de un sistema impositivo muy diverso determinado por la concepción fiscal de cada país. Queda claro que los beneficios obtenidos por la venta de un activo a un precio mayor que el precio de compra o los réditos que aportan el dinero ahorrado o invertido deben tributar, aunque el criterio para definir la carga impositiva no es uniforme.

Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo en detrimento de la inversión. Del mismo modo, si la venta de activos conlleva pagar muchos impuestos, la opción más cómoda es no vender.

En España las rentas del capital mobiliario mantienen una tendencia creciente, a pesar de que en el primer trimestre de 2025 se ha frenado el ritmo, tras registrar una subida del 8,3%. Este dato dista bastante de los ascensos de dos dígitos observados los últimos tres años (26,5% en 2022, 15,9% en 2023 y 45,3% en 2024), según señala la Agencia Tributaria.

 


LA UNIÓN EUROPEA NECESITA PARA 2030 ENTRE 750.000 Y 800.000 MILLONES DE EUROS ADICIONALES PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS


 

Proyectos europeos. Sin embargo, las autoridades europeas consideran que el ahorro puede ser una importante fuente de financiación para determinados proyectos. De hecho, en marzo de 2025 la Comisión Europea presentó la Unión de Ahorros e Inversiones (SIU, por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca generar oportunidades financieras para los ciudadanos de la UE, mejorando la capacidad para conectar el ahorro con inversiones productivas.

El objetivo es crear un ecosistema de financiación que beneficie la inversión en objetivos estratégicos de la UE, como el cambio climático, los avances tecnológicos y las nuevas dinámicas geopolíticas. Se calcula que para sacar adelante estos retos se necesitarán entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales al año para 2030, cifra que se ve aún más afectada por la ampliación de las necesidades de defensa. Gran parte de estas están relacionadas con las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las empresas innovadoras, que no pueden depender únicamente de la financiación bancaria. Mediante el desarrollo de mercados de capital integrados, SIU puede conectar eficazmente ahorro e inversión.

De este modo, habrá nuevas alternativas para los ahorradores que deseen potenciar su patrimonio y se fomentará el crecimiento de las empresas europeas.

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta específica para recabar información sobre los obstáculos que puede haber para la integración de los mercados de capitales en la UE. Al mismo tiempo, se ha establecido un calendario de actuaciones para implantar la SIU. Como primer paso, en el tercer trimestre de 2025 se definirán las cuentas de ahorro e inversión de la UE y una estrategia de alfabetización financiera.

Más recaudación de IRPF por ganancias patrimoniales

Los ingresos totales por el IRPF en España alcanzaron los 129.408 millones en 2024, un 7,6% más que el año anterior. La mayor parte de este impuesto procede de los rendimientos del trabajo, pero en 2024 las ganancias patrimoniales registraron un avance superior al 22%, según la Agencia Tributaria. Este crecimiento se atribuye, por un lado, a las ganancias procedentes de los fondos de inversión, que, tras dos años de caídas, crecieron un 79,3% en 2024 hasta alcanzar los 3.550 millones.

Por otro lado, en las ganancias no sujetas a retención, ligadas fundamentalmente a las ventas de inmuebles y a la evolución de la cotización de las acciones, se prevé un incremento del 17% en 2024.

Tasas sobre las ganancias de capital en Europa
País

Tasa máxima de impuesto sobre las ganancias de capital para personas físicas

Austria 27,5%
Bulgaria 10%
Dinamarca 42%
Finlandia 34%
Francia 34%
Alemania 26,4%
Irlanda 33%
Italia 26%
Países Bajos 36%
Noruega 37,8%
Polonia 19%
España 30%
Suecia 30%
Reino Unido 24%
PARA SABER MÁS

Impuesto sobre las ganancias de capital en Europa. Incluye mapa interactivo con evolución 2019-2025. Tax Foundation Europe.

Informe mensual de recaudación tributaria. Abril de 2025. Agencia Tributaria.

Iniciativa europea Unión de Ahorros e Inversiones (Savings and Investments Union, SIU). Conectando ahorros e inversiones productivas. Comisión Europea.

“La fiscalidad de las rentas del capital”, porDavid Cano Martínez

EN ESTE PAÍS

DAVID CANO MARTÍNEZ,

socio de Analistas Financieros Internacionales

“Si queremos que una parte importante de la sociedad se convierta en inversor, como única vía para financiar de forma estable proyectos de riesgo, debemos incentivarlo fiscalmente”

La fiscalidad de las rentas del capital

De forma simplificada, podemos afirmar que hay dos grandes factores productivos: el trabajo (“L”) y el capital (“K”). El primero hace referencia a las horas dedicadas para desarrollar una determinada tarea, mientras que el segundo engloba el suministro de recursos para que se pueda materializar ese trabajo. Y un agente puede aportar capital tanto de forma directa (es decir, “poniendo” dinero) como de forma indirecta (“pone” una máquina o una nave industrial, por ejemplo).

Tanto L como K exigen una contraprestación económica (tienen un precio), que estará en función de muchas variables. Igual que es obvio (y justo) que no todos los trabajadores reciban la misma remuneración por hora, tampoco un mismo euro invertido debe obtener la misma rentabilidad. Cuanto más riesgo asuma un capital, más rendimiento debe recibir.

A partir de aquí, como sucede con los rendimientos del trabajo, entra en juego el sistema tributario. Este impone un pago vía impuestos justificado por el uso de la infraestructura, de funcionarios y, en general, de todos aquellos recursos por los que no se ha pagado de forma explícita para obtener el rendimiento. Este se somete a tributación por dos conceptos adicionales: financiar otros gastos del Estado y redistribución generalizada. Sí, todo rendimiento de cualquiera de los dos factores debe pagar impuestos.

Se inicia el debate, clave para determinar cuál debería ser la cuantía del tipo de gravamen de las rentas: ¿cómo se estiman los precios de esos recursos que se han utilizado?, ¿Qué parte del rendimiento se debe destinar a pagar otros conceptos que no son capaces de financiarse por sí solos dado que son deficitarios? y, ¿qué parte del rendimiento debe redistribuirse?

Como economista gestor de carteras y fondos de inversión, rechazo la afirmación de que “las rentas del capital deben grabarse más que las rentas del trabajo dado que el inversor no ha hecho ningún esfuerzo por conseguirlo”. Discrepo porque el “esfuerzo” no debe medirse por la intensidad física o las horas dedicadas sino, en el caso del capital, por el riesgo asumido en la inversión. Estamos en una economía en la que cada vez se necesita más factor capital (dinero) que esté dispuesto a invertir a más largo plazo y asumiendo más riesgo. Es generalizada la reivindicación de la creación de más empresas, de más startups tecnológicas, de más industria… Y no puedo estar más de acuerdo. Pero ¿quién está dispuesto a asumir el riesgo que implica invertir en el capital de esas empresas y proyectos? Ahí es cuando las voces se callan o bajan su volumen. Adaptando lo que dijo Unamuno: ¡Que arriesguen ellos!

Es muy fácil exigir que sean los demás los que asuman el riesgo con su capital (y, además, que paguen muchos impuestos por las rentas que generan). Pero es mucho más difícil hacerlo. Por ello, el riesgo, igual que el esfuerzo, se debe remunerar de forma extra. Y es eso lo que suele suceder, según nos enseñan tanto la teoría financiera como la evidencia. A más riesgo, más rentabilidad. Creo que es muy importante dejar claro este principio que pretende defender que obtener rentas del capital no es tarea fácil ni de corto plazo y que, a la hora debatir su tributación, se debería distinguir entre quien asume riesgo y quien no, entre quien invierte a corto plazo y quien lo hace a largo plazo.

Porque igual que soy un claro defensor de que un capital que asume riesgo obtenga una elevada rentabilidad (y tenga un tratamiento fiscal ventajoso, sobre todo si está invertido a largo plazo) considero que el ahorro (es decir, aquel que no asume riesgo porque está materializado en un depósito bancario o en una Letra del Tesoro) debe tener un reducido rendimiento. A ello contribuye, por cierto, la política monetaria del BCE, imponiendo tipos de interés nominales por debajo de la inflación. Insisto mucho en esta frase: si el ahorrador quiere obtener una rentabilidad real positiva (es decir, una rentabilidad nominal por encima de la inflación), es imprescindible que asuma riesgo. Si no lo hace, el precio que tendrá que pagar por ello es perder poder adquisitivo.

Si queremos que una parte importante de la sociedad se convierta en inversor, como única vía para financiar de forma estable proyectos de riesgo, debemos incentivarlo fiscalmente. Podemos debatir sobre si existe falta de oferta disponible del factor trabajo para determinados puestos y momentos a un determinado salario. Pero es un hecho que hay déficit de oferta de capital dispuesto a asumir riesgo (más aún sometidos como están los bancos a una normativa de solvencia que les impiden asumir riesgos). Es una realidad que se está incrementando la demanda de capital para financiar proyectos con mayores incertidumbres sobre su rendimiento (inteligencia artificial, computación quántica, baterías, impresión 3D, biotecnología, etc.). Más demanda que no encuentra correspondencia en la oferta, al menos en Europa.

Por ello, resulta imprescindible mantener un debate sobre cuál debe ser la fiscalidad de las rentas de capital, basado en los elementos que he tratado de exponer. Defiendo, como ya he manifestado, una fiscalidad ventajosa para aquel capital que asume riesgo a largo plazo y que lo hace en proyectos que incrementen la productividad y el crecimiento de la economía. Además, defiendo la fiscalidad ventajosa de los vehículos de inversión porque de esa forma se incentivará otro de los principios en los que más creo: la diversificación. Si queremos conseguir una sociedad más inversora debemos incentivar el mejor tratamiento fiscal de las rentas del capital si se consiguen a través de vehículos de inversión diversificados y, más aún, si estas rentas se alcanzan en períodos prolongados del tiempo (por encima de los 5 y, especialmente, 10 años).

Un marco jurídico para los pactos asistenciales

EN SOCIEDAD

Un marco jurídico para los pactos asistenciales

REDACCIÓN
De izda. a dcha.: Jesús Norberto Fernández, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, Matilde Fernández. Abajo: Domingo Carbajo, Alicia Calaza, Cristina Rodríguez-Porrero, y Albert Domingo.

Los pactos asistenciales son una realidad cada vez más presente en la sociedad, pero necesitan un marco jurídico que permita la aplicación y el fomento de estas soluciones en la propia vivienda de las personas mayores para combatir su soledad. Esta fue una de las principales conclusiones extraídas en la jornada Soluciones asistenciales de convivencia ante una situación de soledad no deseada, celebrada y organizada por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y por la Fundación Notariado.

El evento, celebrado el 19 de junio, reunió a expertos, notarios y representantes del movimiento asociativo de mayores, que coincidieron en la necesidad de dotar de seguridad jurídica a estas iniciativas de apoyo a los mayores que responden a nuevos cambios sociales y demográficos.

La presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, inauguró la jornada destacando que el envejecimiento, aunque es un logro social, plantea desafíos jurídicos que requieren respuestas urgentes: “Nuestra obligación es facilitar que las personas mayores disfruten de su autonomía con seguridad”. Destacó que los notarios, en su contacto diario con la ciudadanía, son testigos de nuevas formas de convivencia que surgen en respuesta a la soledad, el desamparo o la falta de recursos, y, a través de casos reales recogidos desde notarías rurales, reivindicó el papel del Notariado como agente cercano y garante de soluciones jurídicas innovadoras.

Barrio Del Olmo señaló que el envejecimiento de la población y la transformación de la estructura familiar han roto modelos tradicionales de cuidado, y destacó que “el envejecimiento plantea retos que el derecho no puede eludir: debe facilitar que las personas mayores disfruten de la mejora en las condiciones de vida sin renunciar a su autonomía”. En este sentido defendió que, aunque “estos pactos existen ya en la realidad y no necesitan una regulación expresa para ser válidos, es conveniente contar con un marco jurídico que los impulse y proteja”. La presidenta del CGN y Fundación Notariado manifestó que, “el Notariado busca documentar pactos como una vía para solucionar la soledad no deseada y los problemas de vivienda, facilitando el deseo mayoritario de envejecer en el domicilio”.

El diagnóstico.
A continuación, intervino el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, quien subrayó la necesidad de “dar respuestas diversas a realidades diversas” en el ámbito del envejecimiento. Advirtió del peligro de aplicar soluciones únicas a un colectivo tan heterogéneo como el de las personas mayores. Reclamó también combatir el edadismo, promover un envejecimiento digno y potenciar alternativas residenciales y asistenciales que permitan envejecer en el propio hogar: “No es bueno trasplantar al olmo viejo”, citó, para enfatizar la necesidad de mantener los vínculos vitales y el entorno personal.

En su discurso, el presidente de la PMP puso el énfasis en la gran diversidad y heterogeneidad del colectivo sénior, además de advertir contra la tentación de “buscar soluciones únicas para situaciones diversas”. Asimismo, abogó por reforzar los sistemas de apoyo domiciliario y la teleasistencia universal. Finalmente, propuso el avance en el desarrollo de pactos asistenciales como figuras complementarias a las prestaciones del Estado del Bienestar, haciendo un llamamiento a notarios, servicios sociales y organizaciones de mayores para colaborar en ofrecer un asesoramiento jurídico que garantice seguridad a las personas mayores.

Por su parte, Matilde Fernández Sanz, presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, planteó tener en cuenta estudios, programas piloto y antecedentes de décadas anteriores “que podrían inspirar respuestas actuales” y recordó que “no partimos de cero” y que muchas iniciativas valiosas nacidas en los años 90 podrían servir de base para nuevas soluciones adaptadas al presente. Al mismo tiempo Fernández insistió en que la soledad afecta también a los jóvenes y apeló a incorporar una perspectiva intergeneracional.

Las propuestas.
Tras las ponencias, se dio paso a una mesa de diálogo moderada por el notario de Vilassar de Mar (Barcelona) Albert Domingo Castellá, en la que se analizaron los distintos modelos convivenciales desde una perspectiva práctica, social y fiscal.

La presidenta de la Comisión de Personas Activas de la PMP, Cristina Rodríguez-Porrero, enumeró las ventajas de los pactos de ayuda mutua: “Responden a los cambios sociales, están centrados en la persona, son flexibles, sostenibles, promueven la autonomía y humanizan el cuidado”. También destacó su impacto positivo en el entorno y su capacidad para activar zonas rurales o revitalizar barrios urbanos: “Son soluciones que favorecen la permanencia en el hogar y se complementan con recursos existentes como la teleasistencia o los centros de día”.

Alicia Calaza, notaria de A Estrada (Pontevedra), aportó su experiencia profesional: “En mi notaría rural atendemos cada día a personas mayores que buscan calidad de vida, autonomía y dignidad en la última etapa vital”. Subrayó que “el déficit de recursos y el coste de las residencias merman mucho la calidad de vida de las personas mayores” y propuso la vivienda como eje central de nuevos modelos de cuidados: “El 89% de las personas mayores de 65 años tienen una vivienda en propiedad, por lo que podemos crear alrededor de esta un sistema de acuerdos de convivencia y cuidados basado en su rentabilización”.

Por último, el inspector de Hacienda Domingo Carbajo Vasco abogó por una regulación clara que dé seguridad jurídica a estas nuevas unidades convivenciales: “El sistema tributario necesita certeza, prueba y registros. Para dar beneficios fiscales a estos pactos debe haber regulación, escritura pública y control”. Carbajo defendió que los pactos de ayuda mutua deben adaptarse a una realidad plural y cambiante, y reclamó una estrategia transversal que articule el marco jurídico, el registro administrativo y, si se aprueban, los beneficios fiscales correspondientes

Domingo Carbajo:

“Para dar beneficios fiscales a estos pactos debe haber regulación, escritura pública y control”

Concepción Pilar Barrio:

“Nuestra obligación es facilitar que los mayores disfruten de su autonomía con seguridad”

Por los derechos de los mayores

La misión de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) persigue el reconocimiento de la dignidad de la persona mayor y el pleno ejercicio de sus derechos. Quiere ser la voz de las personas mayores y de los mayores con discapacidad trasladando a los agentes públicos y privados, y al conjunto de la ciudadanía, sus preocupaciones, necesidades e inquietudes.

Matilde Fernández:

“busquemos soluciones transversales, que conecten lo jurídico con los social y recojan experiencias ya existentes”

Jesús Norberto Fernández

subrayó la necesidad de “dar respuestas diversas a realidades diversas”

La seguridad jurídica de los sénior, un tema prioritario

EN SOCIEDAD

La seguridad jurídica de los sénior, un tema prioritario

REDACCIÓN
De izda. a dcha.: Javier García Pérez, Ester Pérez, Gonzalo Berzosa e Isabel Louro.

El aumento de la longevidad es uno de los mayores triunfos de la humanidad, pero también uno de los mayores desafíos al que nos enfrentamos. España es uno de los países más afectados por esta tendencia demográfica, y se prevé que, para el año 2050, uno de cada tres españoles tendrá 65 años o más. Ante este escenario, la Justicia y el Derecho juegan un papel fundamental. Este fue el punto de partida de la jornada ‘Seguridad jurídica de los sénior’, organizada por Fundación Notariado y 65YMÁS, en colaboración con el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Madrid.

La jornada Seguridad jurídica de los sénior, organizada por Fundación Notariado y 65YMÁS, en colaboración con el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Madrid, contó con la presencia de la presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo; del Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; del presidente de 65YMÁS, Fernando Ónega; y del director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy. En la mesa de debate, moderada por Javier García Pérez, experto en longevidad, intervinieron Ester Pérez Jerez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública; Gonzalo Berzosa, del comité asesor de 65YMÄS y presidente de CEATE y María Isabel Louro García, notaria de Orense y patrona de la Fundación Notariado.

La presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, en la inauguración, destacó que “los notarios podemos desempeñar un papel clave para la seguridad jurídica de los mayores. Nuestro contacto diario con las personas nos permite conocer sus problemas: escuchamos, asesoramos y proponemos soluciones. Por ejemplo, los pactos asistenciales, que afectan a la convivencia de las personas y en muchos casos responden a una situación de necesidad de una de las partes. Esto puede generar situaciones de vulnerabilidad, de ahí que debamos darles seguridad jurídica y que instemos al legislador a regular esta materia, y, en todo caso, hasta que estén regulados en Derecho Civil común, consideramos que pueden pactarse en escritura pública en garantía de la seguridad jurídica e información de nuestros mayores”. 

En conversación con el presidente de 65YMÁS, Fernando Ónega, el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, reconoció que “nuestro ordenamiento jurídico tiene que cambiar” para adaptarse al cambio demográfico. En ese sentido, afirmó que estas reformas tienen que pasar por ampliar derechos y garantizar la seguridad jurídica, así como la accesibilidad a la Justicia, y destacó la importancia de la Ley orgánica 1/2025.

Fernando Ónega, por su parte, afirmó que «en un contexto de profundo cambio demográfico, la seguridad jurídica de los sénior adquiere un papel esencial» y, en este contexto, «el colectivo notarial» desempeña una función clave, además de las propias instituciones.

Finalmente, el director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy, incidió en que la vejez no debe ser considerada como una etapa de vulnerabilidad y destacó el papel que tienen los notarios en la prevención de abusos, reivindicando “el no documento”, cuando estos se detectan.

Seguridad jurídica de los sénior.

Durante la mesa redonda, moderada por el experto en longevidad, Javier García Pérez, la notaria de Orense y Patrona de Fundación Notariado, Mª Isabel Louro García, centró su intervención en los principales desafíos que enfrenta el colectivo en materia de seguridad jurídica. Destacó la importancia del respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas y puso en valor la proximidad y accesibilidad del Notariado para hacer valer estos derechos. “Cualquier persona que se acerque a una notaría tiene que contar con la certeza de que vamos a realizar un asesoramiento individualizado”, comentó.

Por su parte, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Ester Pérez Jerez, explicó que por tener más de 65 años no se pierden derechos y que “la seguridad jurídica de los mayores está garantizada”. La Directora General instó a hacer uso del decálogo de instrumentos jurídicos que tienen los mayores a su disposición para planificar su futuro con seguridad y abordó el papel que puede jugar la coordinación entre notarios y Justicia en la prevención de abusos al colectivo sénior. “La justicia se está centrando en la persona, con sus circunstancias, y va a ser plenamente accesible”, señaló.

Por último, Gonzalo Berzosa, miembro del Comité Asesor 65YMÁS, y presidente de la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE), pidió a las instituciones cambiar la mirada sobre la vejez como una “pérdida” o desde el punto de vista de las “carencias” o “dificultades” y reclamó prestar una “especial atención jurídica a la vida cotidiana” de los mayores.

Manuel Olmedo:

“Nuestro ordenamiento jurídico tiene que cambiar para adaptarse al cambio demográfico”

De izda. a dcha.: Javier García Pérez, Raimundo Fortuñy, Manuel Olmedo, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, Fernando Ónega, Ester Pérez Jerez, María Isabel Louro y Gonzalo Berzosa.

Ester Pérez:

“La seguridad jurídica de los mayores está garantizada”

Fernando Ónega:

“En un contexto de cambio, la seguridad jurídica de los sénior adquiere un papel esencial”

Atención en las notarías

El director general de la Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy, durante el coloquio, puso en valor que “los sénior tienen un trato preferente en las notarías” y enumeró todos los instrumentos que tienen a su disposición –y sobre los cuales pueden asesorarles gracias a su expertise– como son los testamentos, las garantías de cesiones de bienes a cambio de cuidados, las hipotecas inversas, los poderes preventivos o las voluntades anticipadas.

Raimundo Fortuñy.

El Notariado: un servicio esencial en momentos de crisis

EN ESTE PAÍS

EL NOTARIADO: UN SERVICIO ESENCIAL EN MOMENTOS DE CRISIS

Los notarios prestan un servicio esencial, como ya se puso de manifiesto durante la pandemia por el coronavirus, cuando permanecieron abiertas todas las notarías. Por las oficinas notariales pasan a diario miles de personas para la elevación a público de acuerdos, contratos o actos de gran importancia para sus vidas. Esta realidad volvió a ser evidente durante y tras el reciente apagón eléctrico. Los notarios y los profesionales de sus despachos y de su Centro Tecnológico continuaron trabajando el 28 y el 29 de abril gracias a que fue posible mantener activos los servicios centrales de la corporación y retomar la normalidad en la mayoría de las notarías nada más recuperarse el suministro. Como ejemplo de lo ocurrido esos días hemos entrevistado a una notaria y a un profesional del Centro Tecnológico del Notariado.
REDACCIÓN
Carmen Boulet, notaria de Madrid

“Incluso pudimos enviar copias electrónicas autorizadas de las escrituras públicas a otros compañeros a través de nuestro Centro Tecnológico”

Carmen Boulet.

El pasado 28 de abril, ¿estaba en la notaría cuando se produjo el apagón?

Si estaba en la notaría, y precisamente estaba terminando de redactar una escritura, con lo cual lo percibí al instante.

¿Pudo seguir atendiendo a los clientes? ¿Cómo se organizaron?

Sí, pude seguir atendiendo a la mayoría de los clientes, ya que procuro tener impresas las escrituras antes de que estos lleguen. Autoricé varias declaraciones de herederos, poderes, compraventas sin financiación bancaria, permisos de viaje, etc.

 


“SOLO EN ALGUNOS CASOS, LOS BANCOS, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A LOS REGISTROS, NO QUISIERON FIRMAR”


 

Solo en algunos casos, los bancos, ante la imposibilidad de acceder a los registros, no quisieron firmar y lo tuvimos que posponer, dado que no recibíamos las notas registrales actualizadas. Los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles estuvieron cerrados tanto el 28 como el 29 de abril, incluso a pesar de que la ley dice que en caso de problemas tecnológicos se puede enviar la información por fax; todo lo relacionado con los registros fue bastante caótico.

Tengo entendido que nada más volver la luz les fue posible trabajar con normalidad dado que los sistemas centrales del Notariado estuvieron prestando servicio en todo momento. ¿Es así?

Sí, así fue. Los servicios funcionaron incluso antes de abrir la notaría. Yo llego muy temprano. A las 8.15 horas ya estaba en el despacho y solo quedaban pendientes algunos detalles de ámbito local que quedaron resueltos rápidamente tras una llamada.

Incluso pudimos enviar copias electrónicas autorizadas de las escrituras públicas a otros compañeros a través de nuestro Centro Tecnológico.

Ustedes custodian actualmente los protocolos notariales tanto en versión papel como digital. ¿Fue útil seguir disponiendo de los protocolos en papel?

Claro que fue útil tener el protocolo en papel, pues es el soporte que nunca falla. Cualquier consulta que hubiera que hacer de protocolos anteriores se pudo seguir haciendo, lo que facilitó nuestro trabajo en esos momentos. Creo que es fundamental e imprescindible tenerlo, no solo por los posibles apagones, sino porque es el soporte más seguro e inalterable que hay con el paso del tiempo.

¿Cree que el Centro Tecnológico estuvo a la altura de las circunstancias?

Sí. Creo que el Centro Tecnológico estuvo funcionando a la altura de las circunstancias, incluso más que a la altura de las circunstancias. Y desde luego, si comparamos con otros organismos similares, la respuesta ha sido más que buena. Aunque también tengo que resaltar la labor de la presidenta del Consejo General del Notariado, que nos ha tenido bien informados en todo momento.

Me han comentado que el 28 incluso se desplazó fuera de la notaría para prestar un servicio. ¿En qué consistió?

Sí. Tenía que ir a un hospital a atender a una persona que estaba grave, para firmar unos documentos; fui al hospital y pudimos fírmarlos.

David Sánchez, director de Explotación y Sistemas del CTNotariado

“En los dos Centros de Proceso de Datos del Consejo General del Notariado se garantizó la continuidad de suministro eléctrico”

David Sánchez

¿Cuáles fueron las prioridades de actuación del Centro Tecnológico del Notariado ante el apagón?

Hubo dos líneas de trabajo que se activaron en cuanto se tuvo conocimiento de que el apagón tenía alcance en toda la península. Por un lado, garantizar la puesta en marcha de los sistemas de continuidad en el Centro de Proceso de Datos (CPD), y por otro, el soporte a las notarías que sufrieron problemas derivados del apagón.

¿Cómo aseguraron que los servicios centrales de la corporación notarial siguieran funcionando durante el apagón?

En los dos Centros de Proceso de Datos del Consejo General del Notariado se garantizó la continuidad de suministro eléctrico mediante dos mecanismos. En primer lugar, gracias a los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida, que, apoyados en baterías, regularon y mantuvieron los niveles de tensión eléctrica para los servidores que ejecutan los servicios utilizados por la corporación notarial. En segundo lugar, activamos los generadores eléctricos que, alimentados por motores diesel, suministraron la energía que las compañías eléctricas no pudieron proporcionar debido al apagón.

 


“LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS DESDE LOS CENTROS DE PROCESO DE DATOS DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO FUE DEL 100%”


 

¿Qué papel desempeñó el equipo de Sistemas durante esa jornada crítica?

El equipo de sistemas desempeñó un papel clave gracias a su labor de prevención, basada en revisiones y pruebas periódicas, que garantizó la efectividad de los planes de contingencia. Durante el apagón, se ajustó la configuración de los CPD para reducir el consumo eléctrico sin interrumpir el servicio, y se gestionó con varios proveedores la obtención de suministros adicionales ante la posibilidad de que la situación se prolongara.

El trabajo se organizó en dos grupos: uno de cinco personas, encargado de verificar el estado de los equipos técnicos instalados en las casi 3.000 notarías conforme se restablecía el suministro, y de prestar soporte ante posibles incidencias; y otro de cuatro personas, centrado en asegurar el funcionamiento continuo de los CPD. La jornada del día 28 concluyó pasada la una de la madrugada, y el día 29 se reanudó a las 5:30 de la mañana para revisar el estado de las notarías y facilitar su operatividad desde primera hora.

Gracias a estas medidas, ¿qué grado de operatividad tuvieron las notarías al día siguiente del apagón?

La disponibilidad de los servicios proporcionados desde los Centros de Proceso de Datos del Consejo General del Notariado fue del 100%. Las incidencias detectadas se debieron a problemas en sistemas de terceros organismos con los que mantenemos integraciones.

El día 29 se registró un volumen inicial de unas 230 notarías con incidencias relacionadas con problemas en la red de comunicaciones y con el apagado abrupto de sistemas informáticos. A mediodía, el número había descendido hasta aproximadamente 110, finalizando la jornada con tan sólo 35 notarías pendientes de resolución.

En contraste con otras organizaciones a las cuales el apagón afectó de forma importante, el trabajo preventivo y constante que realiza el Centro Tecnológico del Notariado permitió asegurar las prestaciones tecnológicas para que las notarías pudieran tener la tranquilidad de dedicarse a prestar su servicio a los ciudadanos con garantías.

Entrevista a Andres Díez Galilea, decano del Colegio de Ingeniería Geomática y Topográfica

EN ESTE PAÍS

Díez Galilea afronta su cuarta legislatura como decano del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid, Secretario General del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España y miembro del Comité Consultivo del Consejo Superior Geográfico, su amplia trayectoria le permite analizar los retos del colectivo ante la transformación tecnológica y evolución de la profesión.
JOSÉ M. CARRASCOSA

ANDRÉS DÍEZ GALILEA,

DECANO DEL COLEGIO DE INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA

“La topografía ha sido una herramienta esencial para el progreso”

La geomática y topografía es una disciplina donde la aplicación de las nuevas tecnologías se hace más evidente. ¿Cómo se está adaptando la profesión a los vertiginosos cambios tecnológicos actuales?

Nuestra profesión vive una adaptación continua gracias a tecnologías como drones, láser escáner, GNSS (Sistema de Navegación Global por Satélite) avanzado y software SIG (Sistema de Información Geográfica), entre otras, que permiten una precisión y eficiencia impensables hace pocos años. Hoy nuestra labor va más allá del registro de datos, incluyendo procesamiento, análisis, interpretación, almacenamiento, modelización, aplicación y difusión de información geográfica tridimensional procedente de sensores orbitales, aéreos, terrestres y subacuáticos. Además, ofrecemos soluciones integradas mediante Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), garantizando interoperabilidad y acceso compartido a datos geográficos por instituciones públicas y privadas. La formación continua certificada y el desarrollo profesional permanente son fundamentales para afrontar con éxito estos cambios y ofrecer servicios adaptados a las necesidades actuales y futuras.

Ahora mismo es inevitable mencionar la Inteligencia Artificial a la hora de abordar cualquier tipo de actividad. ¿Están incorporando esta herramienta a su trabajo diario?

La inteligencia artificial está entrando con fuerza en nuestro sector, sobre todo en el análisis predictivo de escenarios virtuales y la automatización del procesamiento masivo de geodatos mediante Big Data. Estas técnicas permiten manejar grandes volúmenes de información geoespacial eficientemente, proporcionando resultados estadísticos precisos que apoyan políticas públicas basadas en la realidad social. Además, estamos potenciando la localización inteligente (tecnología SIG avanzada) para mejorar aún más la eficiencia y precisión de nuestras soluciones. Estas herramientas fortalecen la calidad y la fiabilidad de nuestros servicios, aportando más valor y seguridad jurídica al tráfico inmobiliario.

 


LOS INGENIEROS EN GEOMÁTICA DESEMPEÑAMOS UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA


 

Durante el boom inmobiliario la imagen de un ingeniero con su casco de obra y su teodolito era familiar en todas las obras. ¿Qué papel juegan en la construcción privada y pública?

Los ingenieros en geomática desempeñamos un papel fundamental en la construcción, tanto pública como privada, participando desde la planificación inicial hasta la finalización de las obras. La construcción está vinculada a las propiedades inmobiliarias, es decir, a los espacios públicos y privados, así como a lo que puede edificarse en ellos. En el ámbito público, intervenimos en grandes infraestructuras, asegurando exactitud y seguridad técnica en la ejecución. En el privado, aportamos rigor en la delimitación y representación de propiedades, evitando conflictos y facilitando los trámites registrales y notariales, lo que garantiza respaldo técnico y una sólida seguridad jurídica.

 


HACEMOS POSIBLE ENTENDER DÓNDE OCURREN CIERTOS FENÓMENOS Y POR QUÉ, ALGO FUNDAMENTAL EN LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN ANTE CATÁSTROFES NATURALES


 

Madrid acoge próximamente el Geospatial World Forum ¿Puede explicarnos cuáles son las principales aportaciones de su colectivo en el sector de la industria aeroespacial?

La geomática es una pieza fundamental en la transformación de la industria y ecosistema geoespacial. Gracias a la integración de datos en tiempo real provenientes de sensores, software inteligente y algoritmos avanzados, hoy es posible modelar con un alto grado de detalle la trayectoria de vehículos espaciales, así como optimizar las técnicas de teledetección y observación de la Tierra. Tecnologías como la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual están dando lugar a entornos avanzados para visualizar, interpretar y optimizar información geoespacial de manera rigurosa y eficiente, facilitando la toma de decisiones estratégicas en materia de sostenibilidad, seguridad y desarrollo tecnológico.

En un momento como el actual en el que la sociedad está especialmente sensibilizada ante las catástrofes naturales (con fenómenos como la dana o la Filomena en la memoria de todos), ¿en qué medida puede la ingeniería ‘invisible’ ayudar a la prevención de estas situaciones, la sostenibilidad del planeta y la Agenda 2030?

Desde nuestro ámbito de trabajo, hacemos posible entender dónde ocurren ciertos fenómenos y por qué, algo fundamental en las estrategias de prevención y gestión ante catástrofes naturales como inundaciones, grandes nevadas, terremotos o actividad sísmica y volcánica. Mediante modelos digitales del terreno, análisis predictivos y monitoreo continuo, proporcionamos datos esenciales y en gran escala para una planificación social eficaz, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y resiliencia establecidos en la Agenda 2030.

Está en proceso la firma de un convenio con el Consejo General del Notariado. ¿Cómo valora esta colaboración?

Este convenio representa un gran avance, al establecer una colaboración directa y específica entre los ingenieros técnicos en topografía, los actuales titulados de grado en geomática y los notarios, con el objetivo de mejorar la precisión y eficacia de los certificados de georreferenciación y la subsanación de discrepancias catastrales. Permitirá implementar un sistema ágil y seguro para el intercambio telemático de información a través de la Sede Electrónica Notarial, garantizando además la autenticidad y colegiación de nuestros técnicos mediante el visado profesional y el uso de firmas electrónicas verificadas. Asimismo, contempla planes de formación conjunta dirigidos a técnicos, notarios y personal de notarías, lo que reforzará la calidad técnica y jurídica del servicio ofrecido, al tiempo que contribuirá a reducir los costes asumidos por la ciudadanía.

 


EL CONVENIO CON EL NOTARIADO PERMITIRÁ IMPLEMENTAR UN SISTEMA ÁGIL Y SEGURO
PARA EL INTERCAMBIO TELEMÁTICO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA NOTARIAL


 

Al igual que el Consejo General del Notariado, mantienen una estrecha política de colaboración con la Dirección General del Catastro para definir una adecuada información de las fincas. ¿Puede detallar sus líneas de trabajo conjuntas en materia de gestión de territorio?

Nuestro convenio con la Dirección General del Catastro permite un intercambio fluido de información gráfica y alfanumérica, facilitando la actualización y precisión continua del parcelario catastral mediante acceso telemático directo a la cartografía oficial. Además, contempla asistencia técnica en declaraciones catastrales y establece procedimientos ágiles para subsanar discrepancias físicas entre la realidad inmobiliaria y la información catastral oficial. Asimismo, hemos puesto en marcha los Puntos de Información Catastral que ofrecen servicios directos de consulta y certificación a los ciudadanos, reforzando así la seguridad jurídica y eficacia en la gestión territorial.

Coincidiendo con la fecha del Día Mundial del Topógrafo (21 de marzo), pusieron de manifiesto en unas jornadas la necesidad de que la sociedad conozca los valores que puede aportar un oficio milenario, ya presente en las civilizaciones romana y egipcia. ¿Cómo pretenden alcanzar este objetivo?

Buscamos acercar a la sociedad el valor histórico y actual de la topografía mediante jornadas, conferencias y eventos divulgativos. Desde el antiguo Egipto, donde se utilizaban técnicas topográficas para dividir tierras tras las crecidas del Nilo, hasta el Renacimiento, cuando Leonardo da Vinci representaba el relieve con gran precisión, la topografía ha sido una herramienta esencial para el progreso. Hoy sigue siendo fundamental en áreas como la planificación urbana o la navegación satelital. Una anécdota ilustrativa es que tres de los cuatro presidentes representados en el Monte Rushmore —Washington, Jefferson y Lincoln— ejercieron como topógrafos, reflejando el valor histórico y estratégico de esta profesión en la construcción de las naciones.

Con una tasa laboral prácticamente del 100% y una alta previsión de empleo para los próximos años, ¿aconsejaría a los jóvenes la geomática y topografía como salida profesional? A su juicio, ¿cuáles son las características que debe tener un ingeniero para desarrollar su carrera en este momento del siglo XXI?

Absolutamente sí. Es una profesión con pleno empleo y creciente demanda. Desde las Administraciones debe fomentarse su estudio, especialmente entre los jóvenes. Necesitamos más profesionales altamente cualificados, capaces de adaptarse a los avances tecnológicos, con pensamiento analítico, visión interdisciplinar y sensibilidad social. También es clave apoyar la incorporación de la mujer. Los ingenieros en geomática deben contribuir activamente a los nuevos modelos de convivencia que exige la sociedad del conocimiento, que evoluciona rápidamente desde la sociedad de la información.

 


ESTAMOS POTENCIANDO LA LOCALIZACIÓN INTELIGENTE (TECNOLOGÍA SIG AVANZADA)
PARA MEJORAR AÚN MÁS LA EFICIENCIA Y PRECISIÓN DE NUESTRAS SOLUCIONES


 

Su Colegio es uno de los 36 miembros que integran Unión Profesional. A pesar de sus diferentes competencias, ¿qué aportan los profesionales colegiados al tejido productivo del país?

Los profesionales colegiados garantizamos calidad, ética y responsabilidad en un ejercicio regulado que protege al ciudadano. Unión Profesional, que agrupa a más de 1,5 millones de profesionales en España, fomenta sinergias entre sectores clave y el diálogo con los poderes públicos. Promueve políticas que refuerzan el valor social de las profesiones. Desde la ingeniería, contribuimos al desarrollo económico y social con soluciones tecnológicas en infraestructuras, medio ambiente y ordenación territorial, optimizando recursos y apoyando la toma de decisiones.

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Las redes sociales de su Colegio en X e Instagram (@ICOIGT) y Linkedin ofrecen una completa información de su actividad en topografía.

Los ayuntamientos dan ejemplo

EN ESTE PAÍS

Los ayuntamientos dan ejemplo

El actual saneamiento en las cuentas de las corporaciones locales aporta oxígeno al resto de Administraciones.

ELVIRA ARROYO
El dinero ahorrado por las corporaciones locales en depósitos y efectivo superó en el tercer trimestre de 2024 los 45.000 millones de euros, lo que supone un nuevo máximo histórico. Este escenario es el resultado de unas reglas de equilibrio presupuestario y gasto mucho más rigurosas para las entidades locales. Por ello, se plantea abordar una reforma que dé más flexibilidad a los ayuntamientos para invertir su superávit.

Los ahorros que tienen en los bancos las entidades locales han aumentado cerca de un 125% desde 2016, manteniendo un crecimiento sostenido en los últimos años. Esta situación tiene su origen en 2011, cuando se aprobó la reforma del artículo 135 de la Constitución Española (“1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. […] Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. […]”), cuyos principios fueron desarrollados posteriormente en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se introduce así “una regla muy exigente para las corporaciones locales, que no pueden tener déficit, ni siquiera un 0,1%”, explica César Martínez Sánchez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, y subdirector del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid.

Cabe recordar que las reglas fiscales de la Unión Europea (UE) instan a que todos los Estados miembros tengan un déficit inferior al 3% del Producto Interior Bruto (PIB) y una deuda inferior al 60% del PIB. La legislación española impone a las entidades locales un déficit del 0% y un endeudamiento máximo del 3%, requisitos que en 2024 han logrado sobradamente tras registrar un superávit del 0,3% y situar su endeudamiento en el 1,4% del PIB. Este porcentaje dista mucho de las cifras de otras Administraciones públicas, ya que en el cuarto trimestre de 2024 la deuda de la Administración central era del 93,6% del PIB y la de las comunidades autónomas del 21,1% del PIB.

 


LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA IMPONE A LAS ENTIDADES LOCALES UN DÉFICIT DEL 0% Y UN ENDEUDAMIENTO MÁXIMO DEL 3%, ALGO QUE HABITUALMENTE HAN CUMPLIDO


 

“A diferencia del resto de Administraciones públicas, las Administraciones locales han cumplido estas normas casi siempre, algo que no han hecho ni el Estado ni las comunidades autónomas”, recuerda César Martínez.

Por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid cerró el año 2024 con un superávit de 483 millones de euros y desde 2019 tiene un superávit acumulado de 1.108 millones de euros.

Varias causas. Esta circunstancia atípica en la que los municipios acumulan más depósitos bancarios que deuda se debe a tres razones, según explica César Martínez Sánchez. La primera es que se ha cumplido la regla del equilibrio presupuestario. La segunda es la regla del gasto, “una regla adicional según la cual el gasto no puede superar la referencia que marca cada año el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. De este modo, aunque un municipio tenga ingresos suficientes para incrementar su gasto un 7%, no puede hacerlo porque hay un límite que persigue que tenga superávit”. En tercer lugar, está el destino obligatorio del superávit. “Este dinero prácticamente solo se puede destinar a amortizar la deuda de forma anticipada. Como las Administraciones locales han tenido superávits recurrentes, hay muchos municipios que no tienen deuda o que la han rebajado muchísimo”.

Estos factores han dado lugar a un saneamiento en las cuentas de las corporaciones locales que aporta oxígeno al resto de Administraciones, pero, a juicio de César Martínez, esto no tiene sentido. “No puede ser que los ayuntamientos tengan decenas de miles de millones en los bancos”.

 


LOS AYUNTAMIENTOS SE QUEJAN DE ESTAR
OBLIGADOS A DESTINAR SU SUPERÁVIT BÁSICAMENTE A LA AMORTIZACIÓN DE DEUDA


 

Sin cambios en 2025. Todo apunta a que de momento se mantendrán estos criterios. El Ministerio de Hacienda ha indicado que en 2025 el subsector local y cada entidad local individualmente tendrán que registrar equilibrio presupuestario o superávit, y el objetivo de deuda pública se fija en el 1,3% del PIB.

A su vez, la variación del gasto computable de las entidades locales, al igual que para el resto de las Administraciones públicas, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, que será del 3,2% en 2025.

En cuanto al superávit presupuestario de 2024, deberá destinarse a reducir deuda en 2025, siempre con el límite del volumen de endeudamiento. Con respecto a este punto, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha manifestado su contrariedad con la nota técnica remitida por el Ministerio de Hacienda a los alcaldes, en la que “nos prohíbe usar el dinero del superávit logrado el ejercicio anterior para las inversiones que se consideran financieramente sostenibles y nos obliga a destinarlo tan solo a amortización de deuda”.

 


LA PRESIDENTA DE LA FEMP INSISTE EN QUE ES URGENTE ACTUALIZAR EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN LOCAL Y GARANTIZAR LA AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS


 

Reformas. En realidad, las corporaciones locales llevan años pidiendo que se revise el modelo vigente. La presidenta de la FEMP insiste en que es urgente actualizar el sistema de financiación local y garantizar la autonomía de los ayuntamientos. Considera que las entidades locales siguen operando con una legislación obsoleta y un sistema de financiación que no se ha revisado desde 2002, lo que supone un obstáculo para atender las crecientes demandas de los ciudadanos. También reclama al Gobierno contar con Presupuestos Generales del Estado, una ley necesaria para que los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells puedan disponer de recursos y transferencias de capital que permitan aprobar sus cuentas y sacar adelante sus principales proyectos. “Los ayuntamientos están perdiendo por esta situación 1.159 millones de euros”, ha señalado.

Para el profesor Martínez Sánchez la solución está en “reformar la regla del gasto para que los municipios que tengan equilibrio presupuestario y no tengan deuda puedan hacer más inversiones. Habría que crear un fondo de reserva para contingencias con aproximadamente el 30% de los gastos liquidados el año anterior. Una vez hecho esto, no habría que limitar el gasto”. Esto permitiría acometer proyectos que ahora no se pueden hacer. Desde su punto de vista, es contradictorio que un ayuntamiento tenga un superávit que no puede gastar y en algunos barrios falte una escuela infantil, por ejemplo.

Principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos
  • Tributos propios (IBI, Gestión de Residuos, IVTM, plusvalía, IAE, ICIO…).
  • La participación en los tributos del Estado (Incluye, por un lado, un porcentaje de la recaudación de IRPF, IVA e Impuestos Especiales; y, por otro lado, el Fondo Complementario de Financiación).
  • Subvenciones
  • Operaciones de crédito.
  • Multas y sanciones.
  • Ingresos procedentes de su patrimonio.
  • Donaciones.
PARA SABER MÁS

“El dinero que los ayuntamientos no pueden gastar”, por Yolanda Gómez

EN ESTE PAÍS
YOLANDA GÓMEZ,

subdirectora de Economía de ABC

“Se debería flexibilizar esta regla para los ayuntamientos, pero también aumentar las exigencias para el resto de administraciones”

El dinero que los ayuntamientos no pueden gastar

Desde los últimos coletazos de la crisis financiera y la gran recesión, los ahorros de los municipios españoles no han dejado de crecer. Al cierre de 2023 alcanzaron los 38.698 millones de euros en efectivo y depósitos, según datos del Banco de España. El montante de su deuda, sin embargo, ha seguido el camino inverso y al cierre del citado ejercicio se situaba en 23.309 millones de euros, el nivel más bajo desde 2004 y casi la mitad que sus ahorros. Estas cifras no son consecuencia de que los alcaldes de los más de 8.000 municipios que hay en España sean todos unos virtuosos de la gestión pública o unos amantes de la austeridad, sino que responden a unas estrictas reglas fiscales aprobadas en 2011 y 2012, en un intento de convencer a nuestros socios comunitarios de que estábamos dispuestos a sanear nuestras cuentas públicas y a evitar así el rescate del país.

En concreto, ese incremento de los ahorros de los municipios tiene detrás la reforma del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011, con un pacto entre el entonces presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Detrás de esa reforma, como más tarde confesó Rodríguez Zapatero, no solo estaban las presiones de la Comisión Europea, sino muy especialmente las del entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, que, en una misiva enviada al presidente del Gobierno español, reclamaba «medidas urgentes encaminadas a devolver la credibilidad» a la deuda española.

La reforma tenía como objetivo blindar por la vía constitucional el equilibrio presupuestario de las Administraciones Públicas, y dar prioridad al pago de la deuda pública sobre cualquier otra rúbrica presupuestaria. Con estas dos medidas se pretendía mejorar la confianza de los mercados en la capacidad de la economía española para hacer frente al pago de la deuda.

Este mandato constitucional se desarrolló en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fijó rígidos controles financieros para todas las administraciones. Para las corporaciones locales, esto se tradujo en la obligación de presentar presupuestos equilibrados y someterse a la regla de gasto, un mecanismo que limita su incremento. Según esta regla, el incremento de gasto está ligado al crecimiento del PIB, sin tener en cuenta si las cuentas están saneadas, si se aumentan los ingresos o si hay superávit presupuestario.

De este modo, y a diferencia de lo que ha ocurrido en las comunidades y en el Estado, que han disparado su gasto y, por tanto, su déficit y su deuda tanto para hacer frente a la pandemia como después para paliar los efectos de la crisis de inflación tras la invasión rusa de Ucrania, los ayuntamientos han seguido aumentando sus ahorros y saneando sus cuentas.

Este ahorro acumulado y este colchón financiero, que ha servido para compensar, aunque solo en parte, los abultados números rojos del resto de administraciones, genera debate tanto entre la clase política como entre los propios economistas. Si bien es cierto que estos ahorros pueden ser muy útiles en tiempos de crisis, si no pueden gastarse en lo que realmente se necesita, de poco pueden servir.

Desde 2014 se pueden emplear parte de estos ahorros en inversiones financieramente sostenibles, como infraestructuras o proyectos muy específicos. No obstante, muchos municipios, con sus cuentas saneadas y libres de deuda, no encuentran los proyectos adecuados en los que intervenir con lo que, para cumplir la ley, tienen que destinar sus superávits a amortizar deuda.

Ante esta situación son varias las alternativas que proponen los expertos para poder utilizar estos recursos. Una de ellas sería reordenar competencias, de manera que los ayuntamientos prestaran más servicios que ahora recaen en otras administraciones.

Otra propuesta sugiere invertir los ahorros en la deuda de otras administraciones, como la de las autonomías, obteniendo una rentabilidad que podría destinarse a ingresos corrientes. Esto evitaría la situación actual de mantener el dinero en depósitos, pagando incluso comisiones por ello.

Desde la Federación de Municipios y Provincias se va más allá y en varias ocasiones se ha pedido que se permita a las entidades locales reinvertir su superávit en aquello que consideren más conveniente para los ciudadanos, sin “supervisión ni autorización” por parte de otras administraciones. Se quejan los ayuntamientos de las estrictas reglas presupuestarias a las que están sometidos y que contrastan con la flexibilidad que se permite a las comunidades autónomas o a la Administración Central.

Es cierto que, a diferencia de estas administraciones, los ingresos de los ayuntamientos están mucho menos ligados al ciclo económico. El IBI, una de sus principales fuentes de financiación, es mucho menos errático que los ingresos ligados al consumo (IVA o impuestos especiales) o a las rentas (IRPF o Sociedades), con los que se financian el Estado y las autonomías. Pero también lo es que las exigencias de estabilidad son mucho mayores con los entes locales que con el resto de administraciones.

Ante esta situación el debate está abierto y lo cierto es que los grupos políticos, a pesar de la crispación, le debían dar solución. Se debería flexibilizar esta regla para los ayuntamientos, pero también aumentar las exigencias para el resto de administraciones, de manera que se eviten desequilibrios en las cuentas globales del Estado español superiores a los que ya tenemos. Al Estado y a las autonomías les vendría bien en estos momentos tener un colchón para hacer frente a la guerra arancelaria.

Volver a nacer

EN SOCIEDAD

VOLVER A NACER

REDACCIÓN
El 30 de diciembre de 2022, mientras “cantaba” (así lo llaman los opositores) el temario de la oposición a la carrera judicial en presencia de su preparador Gonzalo López Ebri, María Sebastiá sufrió un derrame cerebral que le hizo ‘volver a nacer’. Ese tránsito ‘de la adversidad a la felicidad’ es relatado en primera persona en un libro que acaba de ver la luz y que ya va por su segunda edición.
María Sebastiá y Gonzalo López Ebri durante la presentación del libro en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

La autora, María Sebastiá, explica lo sucedido en dicha fecha: «Ese día era viernes y “cantaba” online con Gonzalo López Ebri. Recuerdo levantarme con muchos planes para hacer después. Esas navidades estaban siendo muy intensas en cuanto al estudio porque en febrero iba a ser el primer examen de la oposición”. Durante el encuentro en línea le tocó el tema 54 de Derecho Penal -acusación y denuncias falsas-. “Llevaba diez minutos y empecé a encontrarme mal. Le dije a mi preparador que me estaba mareando. Él, para evitar que me diese un golpe al caer de la silla, me dijo que me sentase en el suelo. Me desmayé, mis ojos se cerraron y ya no recuerdo nada, todo lo demás lo sé porque me lo han contado mis padres y mis hermanos, ya que entré en coma», explica María.

Para el ex teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono de la Fundación Aequitas, su alumna ese día «parecía tranquila, como siempre”. Según explica “dominaba el tema y lo exponía ordenadamente y ajustado al tiempo marcado, como un reloj. Sabía que le faltaban tan solo dos minutos para terminar. Del otro lado de la pantalla comencé a observar que algo no iba bien. María se ladeaba dejándose caer inconscientemente hacia un lado. Ya no reaccionó, cayó al suelo, desapareció del plano de visión y todo fue silencio. Decidí llamar a su madre, magistrada, que atendió el teléfono y avisó a sus hijos para que acudiesen en ayuda de su hermana. Hay historias que te cambian la vida y días que te cambian la historia. A mí me la ha cambiado. Antes era yo el preparador de María, ahora tras leer el libro y ver su trayectoria existencial, yo soy el opositor y ella mi preparadora de las oposiciones para aprender a vivir».

 


UN 30 DE DICIEMBRE LA VIDA DE MARÍA
DIO UN GIRO. SUFRIÓ UN DERRAME Y ESTUVO VEINTITRÉS DÍAS EN COMA


 

La recuperación. María describe cómo se enfrentó a su difícil proceso de recuperación: «En un primer momento, cuando mis padres llegaron a urgencias del Hospital Clínico de Valencia, los médicos les dijeron que no podían operarme, que el derrame cerebral era tan grande que no había posibilidad de intervenir y que avisasen a mis hermanos para que fuesen al hospital a despedirse de mí”. “Tras unos momentos de absoluta desesperanza, apareció un neurocirujano que dijo que no podía dejarme morir siendo tan joven, con sólo 26 años, por lo que decidió operarme. Tras ocho horas en el quirófano, estuve veintitrés días en coma, en estado de extrema gravedad”, indica. Se despertó el 22 de enero de 2023. En ese momento, no podía hablar ni andar. Tenía hemiparesia en la parte derecha. Comía por una sonda nasogástrica y le había practicado una traqueotomía. Los médicos informaron a su familia de la gravedad de su lesión cerebral, que comprometería poder hablar y andar. Según María: “Desde ahí empecé el camino de la recuperación. Una nueva etapa, en la que no debería preocuparme por sobrevivir, porque mi vida estaba estabilizada, sino por conseguir recuperarme lo mejor posible. Cuando me dieron el alta, el equipo del hospital me indicó que tenía que luchar y que no había límites. Esa frase me ha acompañado durante estos dos años de rehabilitación. Gracias a esa perseverancia he conseguido llegar a metas que nadie pensaba que fuese posible alcanzar».

La idea de escribir su vivencia surgió como sugerencia de su médico. Según explica: «Mis padres habían contactado con el doctor Álvaro Pascual-Leone, que es catedrático de neurología de la escuela de medicina de la Universidad de Harvard. Cuando nos recibió y empecé a contarle mi historia, me cortó y me dijo: “Tienes que hacer un libro y contar lo que te ha pasado. Podrías titularlo Las cosas que no quieres aprender como he tenido que aprenderlas yo, pero que tú debes saber”. “A partir de ahí, nos pusimos manos a la obra”, cuenta. “Quería transmitir lo que había vivido para poder ayudar a personas que viven situaciones de sufrimiento y, sobre todo, mostrar que se puede ser feliz a pesar del dolor que, a veces, aparece en nuestras vidas», finaliza la autora.

López Ebri, autor del prólogo, adelanta lo que el lector encontrará en las páginas de Volver a Nacer: «Es una historia desoladora desde el derrame cerebral, pasando por la situación de coma durante casi un mes, el despertar en una situación de hemiplejia e impotencia para hablar, comer, andar… Hasta la situación actual de recuperación y rehabilitación; pero encontrará también un camino, el que cualquiera puede escribir sobre su propio destino desde la humildad y el reconocimiento del inmenso valor que tienen las pequeñas cosas. Asimismo, el lector encontrará el largo recorrido de lucha en compañía, empezando por su familia más próxima. Padres y hermanos forman un núcleo sólido y unido y la han acompañado en todo este proceso de cambio igual que han hecho a lo largo de toda su vida. A ellos se unen el amor de su novio, la amistad de todas sus amigas y amigos y de toda la comunidad de la que ella forma parte».

Portada del libro.

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El instagram de María es @mariasebastia4

Libro disponible en Editorial NPQ

Impulsar la cultura de la paz

EN SOCIEDAD

IMPULSAR LA CULTURA DE LA PAZ

REDACCIÓN
“Antes de entrar en el templo de la Justicia, se ha de pasar por el templo de la concordia”, reza el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor el 3 de abril y tiene entre sus principales objetivos potenciar el acuerdo y dar solución a los conflictos en el ámbito extrajudicial a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

La nueva regulación reconoce y potencia la labor que realizan los notarios mediante los denominados medios adecuados de solución de controversias en el ámbito extrajudicial. Medios como la conciliación, labor que está en la propia naturaleza de su función (al prestar asesoramiento imparcial para evitar el conflicto y aportar seguridad jurídica preventiva), así como la mediación, la opinión del experto independiente, la oferta vinculante confidencial o cualquier otro procedimiento de negociación.

“Esta ley ha dado unidad y estructura al uso de estos mecanismos de resolución de conflictos” explica la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea. “Entre las numerosas controversias que podrían resolverse por esta vía cabe citar la liquidación de una sociedad de gananciales, la adjudicación hereditaria, un contrato de arras, la relación entre los socios de una empresa, o comunidades de propietarios y un largo etcétera”, señala.

 


LA NUEVA LEY POTENCIA LA LABOR NOTARIAL EN LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS


 

Solución extrajudicial. Según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en una nota de prensa enviada el día de la entrada en vigor de la ley, la regulación “establece que, salvo las excepciones previstas (tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otros) será obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda”. Además, indica, “la norma modifica el sistema de costas, ya que los tribunales entrarán a valorar si efectivamente alguna de las partes se ha negado a solucionar el conflicto de manera consensuada, lo cual tendrá un impacto en el criterio para su imposición”.

Un análisis sobre el proceso de implementación de la reforma de la Justicia, presentado por el Ministerio en la Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona, incidió en que la aplicación de la ley “supondrá un ahorro de cerca de 300 millones de euros en los próximos diez años, en las doce comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia”. “Su implantación, en cambio, solo requerirá en este momento una inversión de alrededor de quince millones entre todos los territorios, ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino solo adecuar las existentes a la nueva estructura prevista en la norma”, puntualizó.

La función notarial. La nueva ley unifica y estructura los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Medios mediante los cuales los notarios pueden desempeñar una función muy relevante, dado su doble carácter de funcionarios públicos y profesionales del Derecho.

La Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles reconoció el papel que pueden desempeñar los notarios en este ámbito, dada la naturaleza preventiva de su labor, el asesoramiento imparcial que prestan y su cercanía con las personas con las que tratan a diario.

Diversos colegios notariales cuentan con centros de mediación como la Fundación Notarial Signum (del Colegio Notarial de Madrid) que es además corte de arbitraje, con la que tienen acuerdos los colegios notariales de Murcia, Castilla y León y Galicia; la Fundación Solutio Litis (del Colegio Notarial de Valencia); la Fundació Mediació Notarial (del Colegio Notarial de Cataluña); y la Fundación Notarial Andaluza para la Mediación y Arbitraje (del Colegio Notarial de Andalucía).

Por su parte, la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, que reforzó el carácter de autoridad del notario, reguló la conciliación notarial recogiendo los acuerdos alcanzados en escritura pública con los efectos propios de tal documento público notarial (ejecutivo, probatorio y legitimador).

Y ahora, la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia incluye también otros dos mecanismos que pueden realizar los notarios. Por un lado, dar su opinión como experto independiente cuando las partes, para resolver una controversia, lo designen de mutuo acuerdo. Por otro lado, podrán intervenir como autoridad que notifica lo que la ley regula como oferta vinculante confidencial en el marco de la negociación.

 


ESTA REGULACIÓN TIENE ENTRE SUS PRINCIPALES OBJETIVOS PROPICIAR EL ACUERDO Y DAR SOLUCIÓN A LAS CONTROVERSIAS EN EL ÁMBITO EXTRAJUDICIAL


 

Cómo elegir. A la hora de optar por uno de los mecanismos de resolución de controversias pueden surgir dudas. La portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, explica que “recurriremos a uno u otro en función del caso concreto, de la materia y de las características del conflicto, así como del perfil que tengan las partes. De lo que se trata es de tener la habilidad de elegir para cada caso el medio más adecuado”.

En la mediación hay un tercero neutral que se sitúa entre las partes, no por encima de ellas o con un nivel superior, sino en medio. Su misión es intentar el acercamiento, pero no impone ninguna asociación y ni siquiera propone la solución. Lo que hace es aplicar técnicas para que las partes dialoguen, se acerquen y para que en ese diálogo lleguen a proponer soluciones y a ponerse de acuerdo sobre alguna de ellas.

En el caso de la conciliación, también se acude a un tercero neutral. Los notarios pueden desarrollar expedientes de conciliación y en ellos actúan como tales notarios, como funcionarios y como autoridad, porque los expedientes de conciliación están dentro del marco de la ley de Jurisdicción Voluntaria. La conciliación se parece a la mediación en que también se recurre a un tercero neutral. Se diferencia en que, en este caso, la propuesta de solución sale del conciliador. Después, las partes podrán aceptar o no y, si llegan a un acuerdo, también se puede elevar a escritura pública ante notario.

Otra posibilidad es la negociación. Un medio más informal que implica que las partes, bien por sí solas, o bien con algún tipo de asesor, puedan intercambiar posiciones e intentar llegar a un arreglo.

De izda. a dcha.: Fátima Vázquez, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, Carlos Berbell y Francisco Vidal.
Diálogo de Confilegal

El día de la entrada en vigor de la ley tuvo lugar el Foro de Confilegal Los mecanismos alternativos de solución de conflictos #MASC vistos desde el Notariado. En el diálogo, moderado por el director del medio, Carlos Berbell, participaron la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo; el director de Economía y Políticas Sectoriales de Cepyme, Francisco Vidal, y la notaria y mediadora, Fátima Vázquez.

Según la presidenta del Consejo General del Notariado: «Esta Ley 1/2025 es una gran oportunidad y ahora nos corresponde a los operadores jurídicos que tenemos que aplicarla, como los notarios, hacerlo correctamente. Nuestro asesoramiento queda incompleto si no recomendamos a las partes que recurran a los MASC. No es una mera formalidad: debemos realmente intentar llegar al acuerdo para ver las ventajas de estos medios y caminar hacia la cultura de la paz», explicó.

El director de Economía y Políticas Sectoriales de Cepyme, Francisco Vidal, aseguró que “hay un convencimiento entre los empresarios y es que es mejor negociar que ir al juzgado”. “Los MASC traerán a la realidad empresarial grandes ventajas por el ahorro de tiempo, costes y recursos que supondrá utilizarlos”, incidió.

Para la notaria Fátima Vázquez, «esta norma quiere agilizar la Justicia y, sobre todo, potenciar la autonomía individual. Que las partes tengan el empoderamiento necesario para conseguir soluciones a través de los MASC

¿Notario y mediador?

Los notarios, según la ley española, tienen un doble carácter. Por un lado, el de funcionario público y autoridad y, por otro, el de profesional del derecho. Su actuación como mediadores estaría incluida en este segundo aspecto de su naturaleza; la de profesionales del derecho siempre que tengan la debida preparación y cualificación para actuar como tal.

Ahora bien, una vez que se haya alcanzado un acuerdo de mediación, sea o no con un notario como tercero neutral, lo que las partes pueden hacer es elevarlo a escritura pública y ahí sí actuarían como autoridad; como funcionarios públicos en el ejercicio de la función notarial.

Esa elevación a escritura pública lleva aparejados todos los efectos poderosos de este documento, como el ejecutivo, el probatorio, el legitimador, el de acceso a registros públicos, el de control de la legalidad, etc.

Una Justicia más ágil y eficiente

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia prevé una reforma profunda de la organización judicial para hacerla más ágil y flexible y dotarla de mayor capacidad de respuesta ante la congestión de los juzgados.

La norma, que se aplica de forma progresiva durante 2025, transforma los 3.931 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, cada uno de ellos asistido administrativamente por una Oficina Judicial. Esto permitirá, por ejemplo, una especialización de las plazas judiciales, que se ordenarán por secciones.

La nueva estructura, que arranca el 1 de julio y se completará el próximo 31 de diciembre, facilitará la dotación de más plazas judiciales en los Tribunales de Instancia cuando sea necesario, ya que su creación dejará de estar vinculada a la implantación de un juzgado.