Los datos notariales: base para el análisis de la vivienda

EN ESTE PAÍS

Martínez Lacambra presentó el informe La vivienda en España 2007‐2024.

LOS DATOS NOTARIALES: BASE PARA EL ANÁLISIS DE LA VIVIENDA

ALEJANDRO MOYA BLAY

La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos españoles: en tan solo tres años ha escalado del puesto 31 al primero en el ranking que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas. Un problema de gran calado social que el Notariado ha analizado en profundidad mediante el informe La vivienda en España 2007-2024. Una aproximación desde el Índice Único Notarial, que examina la evolución del sector inmobiliario prestando especial atención a los precios, el mercado hipotecario, el esfuerzo económico de las familias, el acceso de los jóvenes y el papel de los compradores extranjeros.

En el marco del curso Vivienda: del diagnóstico a la acción. Propuestas de solución para un problema apremiante, celebrado por Fundación Notariado el pasado mes de julio, el director general del Centro Tecnológico del Notariado (CTNotariado), Alberto Martínez Lacambra, realizó la presentación este informe, que emplea los datos extraídos de las escrituras públicas para evaluar la situación actual y plantear algunas reflexiones que permitan adoptar medidas para facilitar el acceso a la vivienda, corregir los desequilibrios del mercado y relajar las tensiones en los territorios más afectados.

 


SEGÚN LOS DATOS DEL ÍNDICE ÚNICO NOTARIAL EL PRECIO POR METRO CUADRADO PASÓ DE 2.077 EUROS EN 2007 A 1.992 EUROS EN 2024: UN 4% MENOS


 

Tomando como referencia los datos de viviendas plurifamiliares, Lacambra apuntó que “según los datos notariales el precio por metro cuadrado pasó de 2.077 euros en 2007 a 1.992 euros en 2024: un 4% menos”. Y precisó que “de 2007 a 2013 vivimos un periodo de fuerte recesión, con una caída del 37% en los precios. Desde 2014 hasta la actualidad los precios han aumentado un 61%, superando por primera vez en 2025 -en términos nominales- el precio por metro cuadrado del año 2007”.

¿Una nueva burbuja inmobiliaria?
Aún con estas cifras, algunas voces apuntan a los primeros síntomas de una nueva burbuja inmobiliaria. Al respecto, Lacambra señaló que “las burbujas se caracterizan porque el sistema crediticio desborda” -en palabras de Kindleberger-. Un buen termómetro para identificar qué situación enfrentamos es, por tanto, observar el nivel de deuda de las familias: “Según los datos que tenemos de las hipotecas, en el año 2010 la deuda de las familias equivalía a un 85% del PIB. Hoy equivale a un 43%, una reducción importantísima”, apuntó.

No dejan de ser buenas noticias: mirando al mercado hipotecario, es pronto para hablar de una nueva burbuja inmobiliaria, aunque debemos observar de cerca la evolución del sector: “En 2025 ya estamos detectando un incremento del 10 % en el precio de la vivienda, mientras que el PIB a precio de mercado está aumentando un 5%. Por tanto: cuidado”, matizó el ponente. “La mala noticia -añadió- es que hay personas que no tienen vivienda, lo cual es un verdadero problema”.

En este contexto, los síntomas apuntan a una fuerte presión de la demanda que “no responde a un posicionamiento especulativo como en el boom inmobiliario, sino a la necesidad de acceso a la vivienda. El problema radica en una oferta insuficiente que genera un déficit de unas 200.000 viviendas anuales”.

 


ENTRE 1990 Y 2000, EN ESPAÑA SE CONSTRUYERON 75.000 VIVIENDAS PROTEGIDAS AL AÑO. EN LA ACTUALIDAD APENAS SE LLEGA A LAS 12.000


 

Recuperar las cotas de construcción
Según Lacambra resulta urgente estimular la oferta de vivienda privada y de vivienda pública, también en régimen de alquiler, y recuperar las cotas de años atrás: “A finales de los 90, en España se terminaban 300.000 viviendas anuales. En 2006 fueron 658.000 viviendas y la crisis nos llevó a cotas de 44.000. Hoy, estamos cerca de las 80 o 90 mil viviendas terminadas al año”, subrayó. Cifras insuficientes para cubrir la alta demanda.

Lo mismo sucede con la vivienda protegida: “En los años 90 y primera década del 2000, en España se construyeron 1,5 millones de viviendas protegidas, a razón de 75.000 viviendas al año”, explicó Lacambra. En la actualidad apenas se llega a las 12.000 viviendas anuales: “Recuperar el impulso de la vivienda protegida permitiría ofrecer un canal más asequible de incorporación al mercado. Por ello, es necesario movilizar tanto suelo público como privado”.

En esta línea, Lacambra planteó la posibilidad de revisar las cargas fiscales y aliviar el IVA soportado por los promotores en la construcción, con el objetivo de facilitar la viabilidad financiera de las operaciones. “Hay que activar decididamente el desarrollo de vivienda protegida en régimen de alquiler sobre suelo público y, para ello, se necesita un marco regulatorio propio, estable y adaptado a esta realidad”, defendió.

 


LOS JÓVENES HAN QUEDADO PRÁCTICAMENTE
EXCLUIDOS DEL MERCADO: SOLO UNO DE CADA DIEZ COMPRADORES TIENE HOY MENOS DE 30 AÑOS, FRENTE A UNO DE CADA CUATRO EN 2007


 

Un balón de oxígeno para los jóvenes
En su opinión, la vivienda protegida, como palanca social, puede ser fundamental, especialmente para los jóvenes, que han quedado prácticamente excluidos del mercado: “Solo uno de cada diez compradores tiene hoy menos de 30 años, frente a uno de cada cuatro en 2007. No se debe solo al cambio demográfico, sino a la dificultad para disponer del ahorro suficiente para hacer efectiva la entrada”, explicó.

Para facilitar su acceso a la vivienda, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Ministerio de Vivienda han activado líneas de avales para menores de 35 años y familias con menores. “Estas medidas de financiación, con las que se puede llegar a cubrir el 100% del valor de la vivienda, me parecen absolutamente razonables y necesarias”, valoró Lacambra. “A lo mejor también hay que plantear medidas de carácter fiscal para dar facilidades a los jóvenes, como fraccionar el pago del ITP y que pudiera realizarse en un periodo de 15 años. Además, en zonas muy tensionadas también habría que plantear bonificaciones del IRPF para aliviar las dificultades de acceso”, puntualizó.

El transporte público: una vía de solución
Y es que el optimismo ‘va por barrios’. La situación empeora -o mejora- en función de la provincia, la ciudad o incluso el distrito en el que pretendamos adquirir una vivienda. “Si tomamos como ejemplo la ciudad de Barcelona, en 2024, el precio del metro cuadrado alcanzaba los 4.142 euros. En cambio, a 30 km de la ciudad -por ejemplo, en Mataró-, bajaba prácticamente un 50% el valor de la vivienda. Y a 60 km se reducía dos tercios”, expuso el representante del Notariado.

Ergo, ‘habemus’ una alternativa. “La solución pasa por el transporte público”, afirmó Alberto Martínez Lacambra. “Invirtamos en transporte público, mejoremos la conectividad en las áreas metropolitanas, garanticemos que el desplazamiento no supere los 45 minutos y, automáticamente, vamos a disponer de suelo mucho más barato”, añadió, e hizo hincapié en la necesidad de que las administraciones públicas agilicen las licencias y avancen en el planeamiento urbanístico.

Zonas tensionadas y presión extranjera
No obstante, hay zonas muy tensionadas donde factores adicionales como el alquiler vacacional y el peso de los compradores extranjeros hacen aún más compleja la ecuación. “El aumento de los compradores extranjeros es una de las transformaciones más notables que está viviendo el mercado en España. En 2007 representaban un 7,5% del total; en 2024, un 20,9%. Hoy, en territorios como Alicante, Baleares o Málaga superan el 40%”, detalló el ponente.

En estas zonas, la creciente incursión en el mercado de extranjeros no residentes ha añadido presión al sector. “A diferencia de los residentes, estos compradores tienden a destinar el inmueble al uso vacacional, la inversión o la revalorización a medio plazo”, concretó. Un fenómeno que se manifiesta de forma especialmente crítica en las islas y el arco mediterráneo: “En estas zonas hay que hacer algo en términos tributarios, como establecer un gravamen adicional o introducir tramos específicos en el IRPF para compradores no residentes”, concluyó.

EVOLUCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ESPAÑA (1991–2023)
FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO-MITMA Y MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA, WWW.EPDATA.ES
Datos precisos y fiables: el Índice Único Notarial

“Sin datos fiables, actuales y detallados las soluciones a los retos que afronta el mercado de la vivienda pueden ser ineficaces. Hoy, en España, no existe una fuente de datos más precisa para analizar el mercado inmobiliario que el Índice Único Informatizado Notarial”, aseguró el director general del Centro Tecnológico del Notariado en su intervención.

Con más de 25.000 millones de datos procedentes de las escrituras públicas, este índice es “una herramienta esencial para formular propuestas realistas orientadas al desarrollo de políticas públicas; una base de datos única por su granularidad, alcance y actualización”, aseveró, que permite desagregar los datos por provincias, municipios o nacionalidades, aportando una visión extremadamente precisa del mercado.

Seguridad jurídica para el mercado del alquiler

En relación al mercado del alquiler, Martínez Lacambra abogó por la intervención de los notarios en los contratos de arrendamiento: “Tendría mucha utilidad, primero, para el dato, ya que sabríamos qué está ocurriendo en España. Ahora mismo no sabemos dónde hay datos fiables del alquiler. Y en segundo lugar permitiría acabar con la figura del ‘inquiokupa’”.

El director general del CTNotariado sostuvo que la formalización en escritura pública de estos contratos “aumentaría la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos y permitiría llevar a cabo un mayor control de legalidad”.

FUENTE: INE Y AUTOR DEL ESTUDIO

Entrevista a Fernando de Aragón, director general del Catastro, y Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano

EN ESTE PAÍS

Desde su ingreso en 1985 hasta alcanzar el cargo de director general en 2016, Fernando de Aragón ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el Catastro Inmobiliario del Ministerio de Hacienda. De igual manera, a Jesús Puebla le avalan más de 35 años en la institución para ejercer hoy como subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano. En el marco del curso Vivienda: del diagnóstico a la acción. Propuesta de solución para un problema apremiante, organizado por la Fundación Notariado en San Sebastián, hablamos con ambos sobre la transformación que ha vivido la entidad, la importancia de la colaboración con instituciones como el Notariado y el valor de la información catastral para la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario.

El valor de la información catastral

Fernando de Aragón, director general del Catastro, y Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano

ALEJANDRO MOYA BLAY

 

Arriba, Fernando de Aragón; abajo, Jesús Puebla.

¿Cómo ha cambiado el Catastro de lo que era en los años 80 a lo que es hoy en día?

[Fernando de Aragón] La evolución que ha tenido el Catastro en los últimos 40 años ha sido enorme. Una parte ha sido común al resto de Administraciones y propiciada por el desarrollo de la tecnología y los sistemas de gestión. Pero otra parte se ha originado por la valiosa información que hemos logrado incorporar. Hemos pasado de ofrecer un sujeto pasivo y una base imponible del IBI a proporcionar un valor con múltiples finalidades, tanto tributarias como extratributarias, a ser un pilar indiscutible de la seguridad jurídica del mercado inmobiliario y a vincularnos de manera decidida con el territorio rural.

Hemos pasado de basar nuestro sistema de mantenimiento en obligaciones tributarias de los ciudadanos a alcanzar un modelo colaborativo y de actualización inmediata que se nutre de la información que nos suministran otras Administraciones e instituciones públicas. De ser una organización con información poco accesible a ofrecer toda nuestra información en abierto y ser una de las bases de datos más consultadas del país.

¿Sobre qué líneas estratégicas trabaja actualmente la institución?

[Fernando de Aragón] Actualmente está en vigor nuestro Plan Estratégico 2024–2026. En él se describen las principales líneas de actuación de la organización, entre las que destacaría afianzar el valor de referencia como auténtico referente del valor de los bienes inmuebles a efectos fiscales; consolidar la actualización inmediata de los datos catastrales a través de fórmulas de colaboración con otras Administraciones e instituciones públicas y sin cargas para la ciudadanía; y que la cartografía catastral sea la representación gráfica única de los inmuebles para generar una mayor seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.

También, el incremento de la información y los servicios que ofrece el Catastro al territorio rural, la consolidación de una atención a la ciudadanía ejemplar y el fomento de una estrategia de proyección institucional que permita al Catastro posicionarse y mantenerse en el lugar que le corresponde.

 


FERNANDO DE ARAGÓN: “HEMOS PASADO DE SER UNA ORGANIZACIÓN CON INFORMACIÓN POCO ACCESIBLE A OFRECERLA EN ABIERTO Y SER UNA DE LAS BASES DE DATOS MÁS CONSULTADAS DEL PAÍS”



¿Y en el ámbito de la tecnología? ¿Cómo se han adaptado a las nuevas exigencias digitales?

[Jesús Puebla] La tecnología ocupa un papel fundamental para conseguir desarrollar todas las líneas estratégicas descritas anteriormente. El Catastro, como inventario de los bienes inmuebles del territorio, es una gran base de datos, que no se podría manejar sin un sistema de información adecuado. La tecnología es imprescindible para la gestión de esa base de datos y para las entradas y salidas de información: declaraciones, colaboración con otras instituciones, emisión de certificaciones, etc.

Ya en los años noventa del siglo pasado se estableció un sistema de intercambio y suministro de información con notarios y registradores, y con ayuntamientos con convenio. Ese sistema evolucionó en los primeros años del presente siglo a servicios web y culminó con la creación de la Oficina Virtual del Catastro (OVC), una web absolutamente pionera, en 2003. Ofrecer toda la información catastral a través de nuestra Sede Electrónica del Catastro ha sido clave para el conocimiento de nuestra organización.

Por otra parte, el Catastro realizó una apuesta temprana por la digitalización de sus bases de datos, especialmente la base cartográfica, lo que ha permitido que la cartografía catastral sea la base gráfica de los inmuebles en España.

En cuanto a la adaptación al nuevo escenario tecnológico, creo que la Dirección General del Catastro ha sido pionera en muchos ámbitos. La OVC requirió el desarrollo y aplicación de herramientas como la firma electrónica, el sello electrónico o las actuaciones administrativas automatizadas, que a su vez permitieron la obtención por los usuarios de la certificación catastral descriptiva y gráfica, o la tramitación electrónica de expedientes y las notificaciones electrónicas.

¿Qué información ofrece el Catastro y cómo se emplea?

[Jesús Puebla] Actualmente, se obtienen cada año más de 18 millones de certificaciones catastrales, se realizan más de 240 millones de consultas a la Sede Electrónica Catastral y se atienden más de 1,5 millones de llamadas y citas de los ciudadanos.

El Catastro se utiliza en figuras tributarias de los tres niveles de organización españoles. Y desde el punto de vista extratributario, ya hemos destacado la vinculación que la información catastral tiene con la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario: baste mencionar que prácticamente la mitad de las certificaciones que he citado las obtienen los notarios en el ejercicio de sus funciones.

También es muy utilizada en temas de ayudas y subvenciones públicas, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Recientemente se ha podido comprobar esta utilidad en catástrofes naturales como la erupción del volcán de La Palma, los incendios forestales o la dana de la Comunidad Valenciana.

¿Cómo trabajan para mantener actualizado el gran volumen de información que manejan?

[Jesús Puebla] El secreto para mantener operativa y actualizada esta información es sin duda la colaboración. Tenemos suscritos casi 800 convenios de colaboración con diferentes entidades públicas y privadas. Estos mecanismos nos permiten gestionar los más de siete millones de alteraciones anuales de bienes inmuebles que se producen y ofrecer la información catastral con un excelente grado de actualización.

El Notariado es una de las entidades con las que el Catastro mantiene una estrecha relación.

[Fernando de Aragón] La colaboración entre el Notariado y el Catastro es estrecha y antigua. Son dos instituciones que se complementan de manera natural. Cada una de ellas genera y gestiona información fundamental para la otra y entre ambas se crean importantes sinergias que benefician -sobre todo- a la ciudadanía.

El Catastro posee información sustancial sobre el inmueble, lo describe con precisión y lo valora. Además, ofrece su configuración gráfica dentro de un parcelario catastral continuo y completo, donde aparecen perfectamente reflejadas las relaciones topológicas entre inmuebles colindantes. Esta información resulta esencial para los notarios en el ejercicio de sus funciones. Poder contar con esta descripción detallada, tanto a nivel gráfico como alfanumérico, genera un plus de seguridad jurídica en todas las operaciones por ellos autorizadas.

Por otra parte, los notarios intervienen en el origen de numerosos negocios que originan alteraciones catastrales. Poder comunicar directamente desde una notaría un cambio de dominio de un bien inmueble tiene un doble efecto muy positivo: para el ciudadano, pues se le exime de la obligación de declarar; y para el Catastro, pues obtiene la información desde el mismo nacimiento de la alteración catastral. Anualmente se tramitan más de un millón y medio de cambios de dominio por esta vía: el ciudadano otorga una escritura en una notaría y a los pocos días recibe una notificación del Catastro con la alteración realizada.

 


JESÚS PUEBLA: “LA INFORMACIÓN SOBRE
LOS PRECIOS Y VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSIGNADOS EN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE”


 

¿Ha evolucionado esta colaboración en los últimos años?

[Fernando de Aragón] Desde el año 2011, y sobre todo desde 2015, la colaboración se ha extendido a otro tipo de operaciones inmobiliarias como las agrupaciones, agregaciones, segregaciones y divisiones. Actualmente las notarías transmiten de manera sencilla información al Catastro sobre este tipo de alteraciones. Quiero destacar también la colaboración de los notarios en la corrección de errores en la delimitación de los inmuebles a través de los procedimientos de subsanaciones de discrepancias, que cada vez se tramitan en mayor número.

Pero esta colaboración tiene todavía recorrido. Los notarios aportan un elemento al tráfico jurídico de gran relevancia. Son los únicos que reciben personalmente, en todas las ocasiones, a los ciudadanos involucrados en un negocio inmobiliario. Tenemos que conseguir aprovechar ese momento para asegurar que en la escritura se describe la realidad física y que esta realidad se incorpora al Catastro. Esto, sin duda, será una gran aportación conjunta a la seguridad jurídico-inmobiliaria de nuestro país.

Finalmente, ¿cómo funcionan las comunicaciones entre los notarios y el Catastro?

[Jesús Puebla] Todos los notarios tienen acceso a la Sede Electrónica del Catastro. Pueden consultar los datos catastrales de una parcela o bien inmueble, pero sobre todo pueden obtener una Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica que contiene los datos esenciales, desde su ubicación y delimitación cartográfica, a su valoración, pasando por la titularidad y otros datos jurídicos, físicos y económicos.

Por otro lado, los notarios han ido ofreciendo cada vez más información a Catastro. Conviene destacar dos conjuntos de datos especialmente relevantes: las comunicaciones notariales de los cambios de titularidad y la información sobre los precios y valoración de bienes inmuebles consignados en las escrituras públicas, absolutamente imprescindible en el cálculo y aplicación del valor de referencia.

De izda. a dcha.: Jesús Puebla y Fernando de Aragón.

HUELLA DIGITAL

La Dirección General del Catastro cuenta con un portal institucional (catastro.hacienda.gob.es) dentro de la web del Ministerio de Hacienda. Asimismo, la Sede Electrónica del Catastro contiene una amplia información de interés para instituciones, profesionales y ciudadanos, que se puede consultar en: sedecatastro.gob.es.

Seguridad jurídica en el arrendamiento

EN SOCIEDAD

Seguridad jurídica en el arrendamiento

JAIME PÉREZ DE MIGUEL
De izda. a dcha.: Eduardo Vázquez de Castro, Javier Valentín, Natalia Palomar, Vicente Magro e Igone Aretxaga.

La inseguridad jurídica y la falta de respuesta eficaz ante los impagos y la okupación están frenando el mercado del alquiler. Bajo este diagnóstico común, los expertos que participaron en la mesa Seguridad jurídica como garantía para el propietario y el inquilino. Arrendamientos e impacto en la ‘okupación’ coincidieron en la necesidad de reformas normativas, incentivos y nuevas herramientas jurídicas.

El debate, moderado por la secretaria del Colegio Notarial del País Vasco, Igone Aretxaga, reunió a juristas, académicos y representantes del sector para analizar cómo reforzar la seguridad jurídica en el alquiler. Los participantes, Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; Natalia Palomar, directora Jurídica y de Derechos de Provivienda; Javier Valentín Peñate, vicepresidente de ASCAV (Asociación Canaria de Alquiler Vacacional); y Eduardo Vázquez de Castro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Cantabria, coincidieron en que recuperar la confianza de los propietarios es clave para reactivar un mercado esencial ante la actual crisis de acceso a la vivienda.

Contratos en escritura pública
“Es necesario elevar los contratos de arrendamiento a escritura pública para aportar mayor seguridad a los propietarios”, afirmó el magistrado Vicente Magro. Su intervención abrió este diálogo en la segunda jornada del Curso de Vivienda 2025. Magro defendió una batería de reformas urgentes para garantizar una respuesta eficaz: desalojo exprés en 24 horas; refuerzo del papel policial en casos de flagrancia, y registro obligatorio de los contratos para evitar fraudes documentales. También propuso cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley de Vivienda y en la legislación de propiedad horizontal “para permitir que comunidades de vecinos puedan actuar judicialmente ante situaciones de okupación”.

Además, Magro subrayó que los contratos formalizados en escritura pública ofrecen una mayor protección jurídica y probatoria frente a conflictos legales. “Es una garantía para todas las partes y un instrumento que fortalece la seguridad del sistema”, aseguró.

Por su parte, Eduardo Vázquez de Castro, incidió en la necesidad de “distinguir entre el arrendatario vulnerable y el incumplidor doloso”. En su opinión, una justicia ágil, con plazos claros y criterios homogéneos, genera previsibilidad y confianza: “Proteger al arrendatario vulnerable no debe significar blindar el abuso”. Subrayó además el papel que pueden jugar los seguros de impago y los programas de intermediación pública para incentivar la oferta.

El catedrático también apuntó a la importancia de establecer incentivos fiscales a largo plazo como medida eficaz para estimular la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler. Según explicó, “hay propietarios reticentes que podrían estar dispuestos a alquilar si se les ofrece estabilidad, rentabilidad y seguridad”.

Alquiler asequible
Javier Valentín Peñate, advirtió que “sin seguridad jurídica, la oferta seguirá estancada”. Reclamó también marcos normativos claros que permitan al propietario confiar en el cumplimiento del contrato. Además, durante su intervención defendió que la vivienda turística —que representa solo el 1,4% del parque residencial— “ha sido convertida en chivo expiatorio de una crisis estructural”, marcada por la escasez de suelo, la lentitud administrativa y la insuficiente promoción pública. “Tenemos un problema de base que no se soluciona culpando al alquiler vacacional”, indicó. “Es más fácil señalar que reformar el urbanismo o acelerar los trámites de obra nueva”. Valentín también defendió que se potencie la seguridad jurídica como vía para profesionalizar el mercado del alquiler.

Desde una perspectiva social, Natalia Palomar apostó por fórmulas complementarias a la construcción de vivienda protegida. Citó iniciativas que calificó de “innovadoras”, como las bolsas de alquiler asequible o las housing associations sin ánimo de lucro, capaces de movilizar vivienda vacía bajo esquemas seguros para propietarios e inquilinos vulnerables. También alertó de los límites de la legislación actual para proteger a las personas en riesgo de desahucio: “Sin una respuesta ágil de la Administración, la suspensión judicial no basta. La ley no obliga a realojar”.

Palomar subrayó que el alquiler debe abordarse como una política estructural, no solo como respuesta de emergencia. “Necesitamos una estrategia a largo plazo que combine seguridad jurídica, programas sociales y colaboración público-privada”, afirmó.

Por último, la directora jurídica de Provivienda también puso en valor el papel del Notariado en la formalización de contratos que contemplen cláusulas de equilibrio y resolución alternativa de conflictos, especialmente útiles cuando intervienen colectivos vulnerables. “Contar con asesoramiento imparcial y cualificado desde el inicio puede evitar muchos problemas posteriores”, señaló.
Recuadro: Arrendamientos con garantías
Durante el debate se destacaron iniciativas orientadas a garantizar el cobro de las rentas y facilitar el acceso a la vivienda sin poner en riesgo la posición del propietario. Entre ellas, los seguros de impago con cobertura pública, los sistemas de avales institucionales o los programas de intermediación gestionados por entidades del tercer sector. Estos mecanismos permiten combinar la protección del inquilino vulnerable con incentivos suficientes para que los pequeños propietarios —que poseen el 90% del parque de alquiler— saquen sus viviendas al mercado. También se abordó la necesidad de contar con una normativa homogénea en todo el territorio nacional. Actualmente, los baremos y ayudas difieren entre comunidades autónomas, lo que genera desigualdades y dificulta una respuesta eficaz. En este sentido, se propuso la creación de un protocolo estatal que fije criterios claros de actuación ante el impago o el desahucio. Los expertos coincidieron en que, más allá de las reformas legales, hace falta una estrategia integral que combine celeridad procesal, seguridad jurídica y medidas de incentivo a la oferta, tanto desde el ámbito público como privado. La intervención notarial, mediante contratos en escritura pública, puede jugar un papel decisivo en este proceso.

Arrendamientos con garantías

Durante el debate se destacaron iniciativas orientadas a garantizar el cobro de las rentas y facilitar el acceso a la vivienda sin poner en riesgo la posición del propietario. Entre ellas, los seguros de impago con cobertura pública, los sistemas de avales institucionales o los programas de intermediación gestionados por entidades del tercer sector. Estos mecanismos permiten combinar la protección del inquilino vulnerable con incentivos suficientes para que los pequeños propietarios —que poseen el 90% del parque de alquiler— saquen sus viviendas al mercado. También se abordó la necesidad de contar con una normativa homogénea en todo el territorio nacional. Actualmente, los baremos y ayudas difieren entre comunidades autónomas, lo que genera desigualdades y dificulta una respuesta eficaz. En este sentido, se propuso la creación de un protocolo estatal que fije criterios claros de actuación ante el impago o el desahucio. Los expertos coincidieron en que, más allá de las reformas legales, hace falta una estrategia integral que combine celeridad procesal, seguridad jurídica y medidas de incentivo a la oferta, tanto desde el ámbito público como privado. La intervención notarial, mediante contratos en escritura pública, puede jugar un papel decisivo en este proceso.

IGONE ARETXAGA:

“EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NECESITA HOY EL MISMO REFUERZO JURÍDICO QUE CUALQUIER OTRO NEGOCIO RELEVANTE”

VICENTE MAGRO:

“ES NECESARIO ELEVAR LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO A ESCRITURA PÚBLICA PARA APORTAR MAYOR SEGURIDAD A LOS PROPIETARIOS”

NATALIA PALOMAR:

“HAY QUE AMPLIAR LAS FÓRMULAS DE ACCESO SEGURO A LA VIVIENDA, CON RESPALDO INSTITUCIONAL”

JAVIER VALENTÍN:

“EL PROBLEMA DEL ALQUILER NO SE RESUELVE SEÑALANDO CULPABLES, SINO REFORMANDO LO QUE NO FUNCIONA”

EDUARDO VÁZQUEZ DE CASTRO:

“NECESITAMOS REGLAS CLARAS Y ÁGILES QUE NO PENALICEN NI AL VULNERABLE NI AL CUMPLIDOR”

A TENER EN CUENTA

Perfiles. La okupación, foco de inseguridad jurídica.

ASVAL (Asociación de propietarios de Viviendas de Alquiler). La Incidencia de la Seguridad Jurídica en el Mercado del Alquiler.

Cinco Días. El registro de impagados judiciales se consolida como un escudo legal contra la inquiokupación.

“La situación actual de la ocupación ilegal de inmuebles en España”, por Vicente Magro Servet

EN SOCIEDAD
VICENTE MAGRO SERVET,

Magistrado del Tribunal Supremo y doctor en derecho

“La expulsión en 24 horas es la solución al problema de la ocupación ilegal de inmuebles"

La situación actual de la ocupación ilegal de inmuebles en España

La situación actual de la ocupación ilegal de inmuebles en España es muy preocupante. 15.000 denuncias al año de las que se tengan conocimiento se están presentando de ciudadanos que están viendo cómo sus viviendas están siendo ocupadas ilegalmente, sin que el sistema legal establecido haya arbitrado mecanismos ágiles y eficaces para devolver la posesión a sus propietarios, lo que no es admisible en un Estado de derecho.

En todos los países de la Unión Europea, sin excepciones, cuando una persona realiza una ocupación ilegal es expulsada de forma inmediata antes de que transcurra las 72 horas, lo que ha provocado que los casos de ocupación ilegal estén en cifras muy reducidas, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país.

La razón es bien clara, por cuanto si hubiera un sistema que propiciara legalmente que en el caso de que una persona acceda a una vivienda de forma ilegal fuera expulsada antes de que transcurra 72 horas no existiría la proliferación de hechos que se están produciendo ahora mismo, porque cuando existe un retraso del sistema en adoptar soluciones inmediatas a un acto ilícito los autores de estos se aprovechan para incrementar estas conductas, lo que conlleva una absoluta indefensión de los ciudadanos cuyas casas están siendo ocupadas, tal y como reflejan los medios de comunicación con sucesos concretos todos los días, y ante la incomprensión de los propietarios que se ven impotentes para encontrar una solución a este drama, porque pocas cosas pueden causar un daño tan terrible a un ciudadano como que se apoderen de la tu casa. A una persona le podrán arrebatar un bien mueble que puede ser “sustituible”, pero un bien inmueble del que te arrebatan tu posesión, y sin saber cuándo la podrás recuperar, provoca un daño psicológico como daño moral indemnizable que, además, no se podrá cobrar ante la segura insolvencia de los autores de este tipo de hechos.

Por ello, quienes están acometiendo estos actos lo hacen con claro conocimiento de los retrasos que están existiendo en la resolución de la expulsión inmediata. Además, ese conocimiento se lo hacen ver al propietario cuando éste les solicita que abandonen la vivienda, y le comunican que tienen derecho a estar allí hasta que un juez se lo ordene, incluso en muchos casos solicitando la entrega de indemnizaciones para pactar el abandono del inmueble, lo que constituye una absoluta desprotección de los propietarios, que en en muchas ocasiones se han visto obligados a indemnizar a los autores de la ocupación ilegal con cifras que llegan a los 5.000 euros para poder recuperar la posesión de su inmueble.

Muchas han sido las propuestas que se han realizado para resolver este problema, pero la más eficaz ahora mismo es aprobar una Ley integral ante el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles; una ley que determine la aprobación del artículo 544 sexies en la ley procesal penal para que, por el juez de instrucción, y en los casos de denuncia, querella o atestado policial por ocupación ilegal, se proceda a la inmediata expulsión del okupa.

Además, hay que incidir en que la situación de posible vulnerabilidad de los okupas no se puede tener en cuenta a la hora de tomar la decisión sobre la expulsión inmediata. Y ello, habida cuenta que, incluso, la propia Ley 12/2023, de 24 de mayo de vivienda remite a una introducción de una Disposición Final 5ª de reforma de la LEC, por la que en ninguna circunstancia se debe tener en cuenta esta posible vulnerabilidad. Lo que deberá hacer el juez de instrucción es trasladar a la Administración el señalamiento de la inmediata expulsión para que, en su caso, adopte las medidas oportunas. Pero lo que debe quedar claro es que la vulnerabilidad no supone una razón para prolongar la indebida ocupación de un inmueble.

El ejemplo que se puede poner es el de la sustracción de un vehículo de motor, ya que cuando los agentes policiales detienen a la persona que los ha sustraído inmediatamente practican la detención y proceden a la devolución del vehículo a su propietario legítimo. En ningún caso, la solución que se adopta es la de mantener la posesión del vehículo al autor de la sustracción y comunicarle al propietario que se espere a la celebración del juicio. Sin embargo, en una materia tan grave como es la entrada ilegal en un inmueble se está manteniendo en muchas ocasiones en la posesión ilegal a quien ha accedido a él y, además, con su expresa oposición, con la presentación de denuncia o querella.

También hay que recordar los casos de “inquiokupación” que se están dando, que son aquellos en los que una persona realiza un contrato de arrendamiento con el propietario de un inmueble con clara voluntad de no cumplir el pago de la renta y a los pocos meses dejar de pagar la misma, lo que también ocurre en casos de alquiler vacacional en los que al día señalado para el vencimiento no se van del inmueble. Estos sucesos constituyen un delito de estafa del art. 250.1.1º CP por afectar a vivienda y debe acordarse, también, la inmediata expulsión del inmueble, pidiendo esta medida cautelar por otrosí en la denuncia o querella.

Por ello, reseñar que este problema tiene soluciones. La cuestión solo es aprobar la Ley para poder resolver la ocupación ilegal de inmuebles en España.

Entrevista a Juan Ramón Flames Omarrementaría, ceo de Bolsas y Mercados Españoles

EN ESTE PAÍS

JUAN RAMÓN FLAMES OMARREMENTARÍA

CEO DE BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

“Es vital contribuir a reforzar los mercados de capitales como pieza clave para el crecimiento económico y el bienestar social”

FERNANDO GEIJO
Licenciado en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y con una vasta trayectoria en los mercados internacionales de capitales y una amplia experiencia en el campo de la banca de inversión, Juan Flames es desde mediados de noviembre de 2024 el nuevo consejero delegado y responsable de Mercados de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Una doble función que le afianza como una de las indiscutibles voces de referencia en nuestro país a la hora de analizar el presente y futuro de la Bolsa en España.

Desde su nombramiento como consejero delegado, ¿cuáles han sido las prioridades estratégicas para BME y qué avances destacaría?

Mi absoluta prioridad es hacer crecer el negocio, en el marco del plan Scale Up 2027 del Grupo SIX -empresa suiza de infraestructura de mercado financiero-, que busca reforzar el crecimiento de los ingresos y mejorar los márgenes en los tres próximos años. Queremos estar cerca de nuestros clientes y ofrecerles los mejores servicios y esa es nuestra guía diaria.

También es vital contribuir a reforzar los mercados de capitales como pieza clave para el crecimiento económico y el bienestar social. Cuando lanzamos en enero del año pasado el libro blanco sobre el impulso de la competitividad de los mercados de capitales en España, que incluía 56 medidas concretas, dimos un paso adelante para impulsar este necesario debate junto al resto del sector. Tras ese informe llegaron otros, como los realizados por Draghi, Letta o el de la OCDE, y todos coinciden en lo esencial: el fortalecimiento de los mercados de capitales es imprescindible para reforzar la posición competitiva de Europa en el mundo y para financiar la transición hacia una economía sostenible.

Sin duda, otra de mis prioridades, en línea con lo anterior, es impulsar las salidas a Bolsa. La Bolsa es el mejor lugar para que las empresas accedan a financiación recurrente y obtengan visibilidad y reputación. Para ello hemos llevado a cabo distintas medidas como el refuerzo de nuestro Entorno Pre Mercado, que prepara a las compañías que quieren dar el salto a la Bolsa; la incesante llegada de nuevas empresas a los mercados de crecimiento de BME (BME Growth y BME Scaleup); nuestra reciente alianza con EsTech para atraer a los mercados de capitales a los unicornios del futuro y, la más reciente, el lanzamiento, fruto de un trabajo conjunto con la CNMV, de BME Easy Access, una nueva modalidad de salidas a Bolsa que aporta flexibilidad a las compañías y que ha sido muy bien recibida por el sector.

¿Cómo está afrontando BME los desafíos que plantea la creciente digitalización de los mercados financieros, especialmente frente al auge de plataformas alternativas y criptomonedas?

En primer lugar, creemos que la competencia es siempre positiva, porque nos hace mejores. Así que no es algo que nos preocupa, sino que nos ocupa.

Respecto a la digitalización, es uno de nuestros principios rectores. Nosotros pensamos que las infraestructuras de los mercados de capitales, y SIX es la tercera mayor de Europa, están en una posición excelente para liderar la transformación digital del sector. Si algo dejan claro empresas e inversores es que quieren que avancemos en materia de innovación y en la oferta de nuevos activos, pero siempre manteniendo la seguridad y confianza que ofrecemos los mercados. Y ese es nuestro objetivo, siempre atendiendo las necesidades de nuestros clientes.

Son numerosos los proyectos innovadores a través de los que canalizamos nuestro compromiso con la digitalización. Por poner sólo dos de los ejemplos más recientes, mencionaré nuestra inversión en OpenBrick, una plataforma digital pionera en España de valores inmobiliarios tokenizados, y nuestra participación en el programa de experimentación del Banco Central Europeo (BCE) para la liquidación de operaciones de pago utilizando tokens digitales, en la que reunimos a parte de la comunidad financiera española. Desde nuestra posición, nos gusta aglutinar los esfuerzos del sector y aunar fuerzas en el campo de la digitalización. Tenemos mucho que decir desde España.

 


“LA BOLSA ES EL MEJOR LUGAR PARA QUE LAS EMPRESAS ACCEDAN A FINANCIACIÓN RECURRENTE Y OBTENGAN VISIBILIDAD Y REPUTACIÓN”


 

En España está creciendo el interés por la inversión minorista. ¿Qué está haciendo BME para acercar el mercado de valores a los pequeños inversores?

Traer de vuelta a la Bolsa a los inversores minoristas es una de nuestras prioridades. Las familias llegaron a controlar a finales de 1998 el 35,1% de la Bolsa española, en pleno proceso de privatizaciones, y a cierre de 2023 ese porcentaje estaba en el 16,4%.

Evidentemente, debe existir una protección para los inversores minoristas, pero existe un consenso en el sector en relación con la existencia en los últimos años de una sobrerregulación que ha alejado a los minoristas de la Bolsa. En un momento, además, en el que se acerca a activos de mucho más riesgo y menos garantías.

En BME vemos con muy buenos ojos el proyecto de crear una cuenta de ahorro e inversión europea, al estilo de la cuenta sueca, que tiene una fiscalidad muy ventajosa. Es fundamental que los ahorradores pasen a ser inversores, y en ese objetivo la Bolsa debe situarse en el centro.

 


“EXISTE UN CONSENSO EN EL SECTOR EN RELACIÓN CON LA EXISTENCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE UNA SOBRERREGULACIÓN QUE HA ALEJADO A LOS MINORISTAS DE LA BOLSA”


 

En un contexto de incertidumbre económica global, ¿cuáles son los sectores en España que más potencial tienen desde la óptica del mercado de capitales?

No nos corresponde a nosotros como gestores de los mercados de capitales señalar a determinados sectores por encima de otros. Con carácter general, el tejido empresarial español es muy innovador. De hecho, contamos con compañías punteras y líderes mundiales en distintas áreas de actividad. Para nosotros es importante que la Bolsa sea el reflejo de la economía, en este caso, la española. Por eso es tan positiva, por ejemplo, la fuerte presencia de compañías con perfiles digitales e innovadores en los mercados de crecimiento de BME. Sin olvidar la llegada al mercado principal de empresas que abren nuevos sectores como es el caso de Puig, que debutó el año pasado, u otras de sectores bandera de la economía española como el turismo, representado por HBX, el gran estreno bursátil de lo que llevamos de año.

¿Qué papel juega BME en la promoción de la sostenibilidad y la inversión ESG (ambiental, social y de gobernanza)?

Es fundamental para nosotros y forma parte de nuestra estrategia. Tenemos un compromiso firme con la sostenibilidad desde nuestro doble rol, como gestores de los mercados de capitales y como compañía. Como empresa, trabajamos para reducir nuestro impacto en el medio ambiente, contribuir a la mejora de la sociedad y garantizar un entorno de trabajo igualitario. Estamos comprometidos con ello y entendemos que la sostenibilidad no es una moda, sino algo que forma parte de nuestra cultura corporativa.

Como gestores de los mercados de capitales, promovemos las finanzas sostenibles con medidas como la creación de índices de sostenibilidad como el IBEX ESG o el IBEX Gender Equality, además de acoger en nuestros mercados de renta fija emisiones sostenibles. Sólo el año pasado, en nuestros mercados y plataformas de renta fija se admitieron a negociación 65 emisiones de renta fija verdes, sociales y sostenibles por un importe total de 89.386 millones de euros, de los que casi 9.300 millones de euros correspondieron a emisores españoles. También aquí, los mercados de capitales están en una posición central.

Otro pilar de nuestro compromiso con la sostenibilidad es nuestra promoción de la educación financiera, que canalizamos a través de Instituto BME y de Braindex. Estamos convencidos de que una sociedad con una buena cultura financiera es una sociedad mejor preparada y que toma mejores decisiones de ahorro e inversión.

¿Considera que el actual marco regulatorio en España es favorable para atraer a más empresas a Bolsa? ¿Qué reformas serían necesarias?

Como defendemos en nuestro libro blanco sobre el impulso de la competitividad de los mercados de capitales en España, es importante que todos los actores implicados tomemos conciencia de la importancia estratégica de la Bolsa como un asunto de Estado. En este sentido, todas las medidas regulatorias o fiscales que incentiven la llegada de nuevas empresas a la Bolsa serán siempre bienvenidas. Fortalecer los mercados de capitales es algo que pasa, en gran medida, por hacer crecer el número de cotizadas, y ese es un empeño colectivo por el bien de todos.

En este campo, me gustaría destacar BME Easy Access, la nueva modalidad de salida a Bolsa, que hemos desarrollado junto a la CNMV y tras escuchar al conjunto del sector. En esencia, la principal novedad que aporta este nuevo procedimiento es que permitirá la admisión directa de las acciones en los mercados regulados sin la exigencia de obtener una distribución mínima, o free float, con carácter previo a la admisión. De esta forma se favorece la planificación de las empresas y se evita el riesgo de que circunstancias ajenas a la compañía frustren la operación.

 


“VEMOS CON MUY BUENOS OJOS EL PROYECTO DE CREAR UNA CUENTA DE AHORRO E INVERSIÓN EUROPEA”


 

¿Cómo imagina el futuro de BME en los próximos cinco años y qué legado le gustaría dejar como consejero delegado?

Creo que es importante volver a poner a los mercados financieros en el centro de la economía del país; que la Bolsa vuelva a estar de moda. Estoy muy contento con el equipo profesional de BME y con nuestra posición. Pienso que podemos seguir contribuyendo de manera decidida a reforzar la financiación empresarial, ofrecer alternativas a los inversores y, en conjunto, impulsar la economía. A cinco años vista quiero una Bolsa con más empresas cotizadas de todos los tamaños y sectores, con más presencia de inversores minoristas y pionera en la digitalización del sector.

En su amplia trayectoria profesional ha estado fuertemente vinculado al sector financiero. ¿Qué lecciones ha aprendido de esa experiencia y cómo las aplica en su rol como consejero delegado?

Creo que es enriquecedor haber pasado por distintas posiciones y áreas dentro del sector financiero, porque contribuye a tener una visión global. La gran constante a lo largo de mi trayectoria, que sin duda aplico también a mi labor como consejero delegado de BME y como responsable de Mercados Primarios de SIX, es mantener siempre el foco puesto en los clientes. Debemos escuchar y atender sus necesidades, estar siempre muy cerca de ellos. Es uno de los pilares de la estrategia del grupo SIX Scale Up 2027, con el que buscamos impulsar nuestra ambición comercial, reforzar el crecimiento de los ingresos y mejorar los márgenes.

 


“LOS NOTARIOS JUEGAN TAMBIÉN UN PAPEL PROTAGONISTA EN EL SISTEMA FINANCIERO EN SU CONJUNTO”


 

La intervención del notario proporciona seguridad jurídica y mejora la confianza del sistema financiero. ¿Podrían de algún otro modo contribuir los notarios a la estabilidad de estos mercados?

 Por supuesto. Los mercados de capitales son como una orquesta; no es un solista. Es decir, necesitamos al conjunto de la comunidad: empresas, inversores, despachos de abogados, asesores, bancos, gestoras de activos… Para que el mercado funcione bien es clave contar con todo tipo de instrumentos convenientemente afinados y, por supuesto, los notarios juegan también un papel protagonista en el sistema financiero en su conjunto.

HUELLA DIGITAL

JUAN Flames es un directivo con un perfil muy activo en Linkedin, la red social profesional por excelencia.

El equipo de la Dirección de Comunicación de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ofrece, además, en el portal de la institución información relevante sobre la actividad del consejero delegado, así como de su perfil profesional.

Presión fiscal sobre las ganancias de capital

EN ESTE PAÍS

PRESIÓN FISCAL SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL

Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo.

ELVIRA ARROYO
España está entre los países europeos que más gravan las ganancias de capital en los tramos más altos. Frente a quienes defienden que esta presión fiscal debería reforzarse para las personas que ganan más, se abre el debate de si una tributación muy elevada puede desincentivar la venta de activos o la inversión en un momento en el que la Unión Europea apuesta por financiar proyectos estratégicos con el ahorro de sus habitantes.

El dinero ganado con la venta de acciones, un fondo de inversión o una vivienda; los dividendos que reparten las empresas a sus accionistas; o los intereses que el banco paga por un depósito o una cuenta de ahorro, son ejemplos de ganancias de capital que tributan en el IRPF.

 


DESDE 2019, EL IMPUESTO MÁXIMO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL EN ESPAÑA HA SUBIDO 7 PUNTOS


 

En España, se aplica por estos conceptos un tipo impositivo progresivo, con diferentes porcentajes según la cantidad de renta obtenida. En los últimos años, el incremento ha sido significativo, sobre todo en los tramos más altos, pasando de un tipo máximo del 23% en 2019 al 30% vigente en 2025 para las ganancias de capital superiores a 300.000 euros. Según Tax Foundation Europe, España es el séptimo país europeo con el tipo impositivo más alto para las rentas de capital.

Novedades. La Ley 7/2024, de 20 de diciembre, introdujo modificaciones que afectan a la escala del ahorro desde el 1 de enero de 2025. Concretamente, se eleva del 28% al 30% el tipo del último tramo de la escala del ahorro (ganancias que exceden los 300.000 euros) para los contribuyentes que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que estén acogidos al régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español.

También, desde el 1 de enero de 2025, se ha modificado la escala que se aplica a la parte de la base liquidable del ahorro para determinar la cuota íntegra estatal, elevándose el tipo del último tramo del 14% al 15%.

Este tipo de medidas aumentan los impuestos para quienes más ganancias obtienen de su capital, algo que han reivindicado formaciones políticas como Sumar, que defiende equiparar la tributación de las rentas del capital con las del trabajo subiendo los tipos impositivos en las franjas más altas del IRPF.

 


EUROPA PRESENTA UN SISTEMA IMPOSITIVO MUY DIVERSO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL QUE VIENE DETERMINADO POR LA CONCEPCIÓN FISCAL DE CADA PAÍS


 

Otros países. La mayoría de los países desarrollados gravan las ganancias de capital, pero el tipo impositivo y las reglas exactas (porcentajes progresivos, la posibilidad de desgravación por tenencia prolongada o exenciones) dependen de la legislación local.

España está en un nivel relativamente alto de tributación sobre los beneficios obtenidos por la venta de activos o por la inversión del dinero, aunque está muy por debajo de Dinamarca, que aplica un tipo máximo del 42% o Noruega, con un 37,8%. En el lado opuesto, Rumanía aplica el tipo más bajo, del 1%, seguida de Moldavia con el 6% y Bulgaria con el 10%.

Además, Tax Foundation Europe destaca que varios países europeos, entre los que se encuentran Bélgica, República Checa, Suiza, Eslovenia o Luxemburgo, no gravan las ganancias de capital por la venta de acciones mantenidas a largo plazo.

Se trata, por tanto, de un sistema impositivo muy diverso determinado por la concepción fiscal de cada país. Queda claro que los beneficios obtenidos por la venta de un activo a un precio mayor que el precio de compra o los réditos que aportan el dinero ahorrado o invertido deben tributar, aunque el criterio para definir la carga impositiva no es uniforme.

Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo en detrimento de la inversión. Del mismo modo, si la venta de activos conlleva pagar muchos impuestos, la opción más cómoda es no vender.

En España las rentas del capital mobiliario mantienen una tendencia creciente, a pesar de que en el primer trimestre de 2025 se ha frenado el ritmo, tras registrar una subida del 8,3%. Este dato dista bastante de los ascensos de dos dígitos observados los últimos tres años (26,5% en 2022, 15,9% en 2023 y 45,3% en 2024), según señala la Agencia Tributaria.

 


LA UNIÓN EUROPEA NECESITA PARA 2030 ENTRE 750.000 Y 800.000 MILLONES DE EUROS ADICIONALES PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS


 

Proyectos europeos. Sin embargo, las autoridades europeas consideran que el ahorro puede ser una importante fuente de financiación para determinados proyectos. De hecho, en marzo de 2025 la Comisión Europea presentó la Unión de Ahorros e Inversiones (SIU, por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca generar oportunidades financieras para los ciudadanos de la UE, mejorando la capacidad para conectar el ahorro con inversiones productivas.

El objetivo es crear un ecosistema de financiación que beneficie la inversión en objetivos estratégicos de la UE, como el cambio climático, los avances tecnológicos y las nuevas dinámicas geopolíticas. Se calcula que para sacar adelante estos retos se necesitarán entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales al año para 2030, cifra que se ve aún más afectada por la ampliación de las necesidades de defensa. Gran parte de estas están relacionadas con las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las empresas innovadoras, que no pueden depender únicamente de la financiación bancaria. Mediante el desarrollo de mercados de capital integrados, SIU puede conectar eficazmente ahorro e inversión.

De este modo, habrá nuevas alternativas para los ahorradores que deseen potenciar su patrimonio y se fomentará el crecimiento de las empresas europeas.

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta específica para recabar información sobre los obstáculos que puede haber para la integración de los mercados de capitales en la UE. Al mismo tiempo, se ha establecido un calendario de actuaciones para implantar la SIU. Como primer paso, en el tercer trimestre de 2025 se definirán las cuentas de ahorro e inversión de la UE y una estrategia de alfabetización financiera.

Más recaudación de IRPF por ganancias patrimoniales

Los ingresos totales por el IRPF en España alcanzaron los 129.408 millones en 2024, un 7,6% más que el año anterior. La mayor parte de este impuesto procede de los rendimientos del trabajo, pero en 2024 las ganancias patrimoniales registraron un avance superior al 22%, según la Agencia Tributaria. Este crecimiento se atribuye, por un lado, a las ganancias procedentes de los fondos de inversión, que, tras dos años de caídas, crecieron un 79,3% en 2024 hasta alcanzar los 3.550 millones.

Por otro lado, en las ganancias no sujetas a retención, ligadas fundamentalmente a las ventas de inmuebles y a la evolución de la cotización de las acciones, se prevé un incremento del 17% en 2024.

Tasas sobre las ganancias de capital en Europa
País

Tasa máxima de impuesto sobre las ganancias de capital para personas físicas

Austria 27,5%
Bulgaria 10%
Dinamarca 42%
Finlandia 34%
Francia 34%
Alemania 26,4%
Irlanda 33%
Italia 26%
Países Bajos 36%
Noruega 37,8%
Polonia 19%
España 30%
Suecia 30%
Reino Unido 24%
PARA SABER MÁS

Impuesto sobre las ganancias de capital en Europa. Incluye mapa interactivo con evolución 2019-2025. Tax Foundation Europe.

Informe mensual de recaudación tributaria. Abril de 2025. Agencia Tributaria.

Iniciativa europea Unión de Ahorros e Inversiones (Savings and Investments Union, SIU). Conectando ahorros e inversiones productivas. Comisión Europea.

“La fiscalidad de las rentas del capital”, porDavid Cano Martínez

EN ESTE PAÍS

DAVID CANO MARTÍNEZ,

socio de Analistas Financieros Internacionales

“Si queremos que una parte importante de la sociedad se convierta en inversor, como única vía para financiar de forma estable proyectos de riesgo, debemos incentivarlo fiscalmente”

La fiscalidad de las rentas del capital

De forma simplificada, podemos afirmar que hay dos grandes factores productivos: el trabajo (“L”) y el capital (“K”). El primero hace referencia a las horas dedicadas para desarrollar una determinada tarea, mientras que el segundo engloba el suministro de recursos para que se pueda materializar ese trabajo. Y un agente puede aportar capital tanto de forma directa (es decir, “poniendo” dinero) como de forma indirecta (“pone” una máquina o una nave industrial, por ejemplo).

Tanto L como K exigen una contraprestación económica (tienen un precio), que estará en función de muchas variables. Igual que es obvio (y justo) que no todos los trabajadores reciban la misma remuneración por hora, tampoco un mismo euro invertido debe obtener la misma rentabilidad. Cuanto más riesgo asuma un capital, más rendimiento debe recibir.

A partir de aquí, como sucede con los rendimientos del trabajo, entra en juego el sistema tributario. Este impone un pago vía impuestos justificado por el uso de la infraestructura, de funcionarios y, en general, de todos aquellos recursos por los que no se ha pagado de forma explícita para obtener el rendimiento. Este se somete a tributación por dos conceptos adicionales: financiar otros gastos del Estado y redistribución generalizada. Sí, todo rendimiento de cualquiera de los dos factores debe pagar impuestos.

Se inicia el debate, clave para determinar cuál debería ser la cuantía del tipo de gravamen de las rentas: ¿cómo se estiman los precios de esos recursos que se han utilizado?, ¿Qué parte del rendimiento se debe destinar a pagar otros conceptos que no son capaces de financiarse por sí solos dado que son deficitarios? y, ¿qué parte del rendimiento debe redistribuirse?

Como economista gestor de carteras y fondos de inversión, rechazo la afirmación de que “las rentas del capital deben grabarse más que las rentas del trabajo dado que el inversor no ha hecho ningún esfuerzo por conseguirlo”. Discrepo porque el “esfuerzo” no debe medirse por la intensidad física o las horas dedicadas sino, en el caso del capital, por el riesgo asumido en la inversión. Estamos en una economía en la que cada vez se necesita más factor capital (dinero) que esté dispuesto a invertir a más largo plazo y asumiendo más riesgo. Es generalizada la reivindicación de la creación de más empresas, de más startups tecnológicas, de más industria… Y no puedo estar más de acuerdo. Pero ¿quién está dispuesto a asumir el riesgo que implica invertir en el capital de esas empresas y proyectos? Ahí es cuando las voces se callan o bajan su volumen. Adaptando lo que dijo Unamuno: ¡Que arriesguen ellos!

Es muy fácil exigir que sean los demás los que asuman el riesgo con su capital (y, además, que paguen muchos impuestos por las rentas que generan). Pero es mucho más difícil hacerlo. Por ello, el riesgo, igual que el esfuerzo, se debe remunerar de forma extra. Y es eso lo que suele suceder, según nos enseñan tanto la teoría financiera como la evidencia. A más riesgo, más rentabilidad. Creo que es muy importante dejar claro este principio que pretende defender que obtener rentas del capital no es tarea fácil ni de corto plazo y que, a la hora debatir su tributación, se debería distinguir entre quien asume riesgo y quien no, entre quien invierte a corto plazo y quien lo hace a largo plazo.

Porque igual que soy un claro defensor de que un capital que asume riesgo obtenga una elevada rentabilidad (y tenga un tratamiento fiscal ventajoso, sobre todo si está invertido a largo plazo) considero que el ahorro (es decir, aquel que no asume riesgo porque está materializado en un depósito bancario o en una Letra del Tesoro) debe tener un reducido rendimiento. A ello contribuye, por cierto, la política monetaria del BCE, imponiendo tipos de interés nominales por debajo de la inflación. Insisto mucho en esta frase: si el ahorrador quiere obtener una rentabilidad real positiva (es decir, una rentabilidad nominal por encima de la inflación), es imprescindible que asuma riesgo. Si no lo hace, el precio que tendrá que pagar por ello es perder poder adquisitivo.

Si queremos que una parte importante de la sociedad se convierta en inversor, como única vía para financiar de forma estable proyectos de riesgo, debemos incentivarlo fiscalmente. Podemos debatir sobre si existe falta de oferta disponible del factor trabajo para determinados puestos y momentos a un determinado salario. Pero es un hecho que hay déficit de oferta de capital dispuesto a asumir riesgo (más aún sometidos como están los bancos a una normativa de solvencia que les impiden asumir riesgos). Es una realidad que se está incrementando la demanda de capital para financiar proyectos con mayores incertidumbres sobre su rendimiento (inteligencia artificial, computación quántica, baterías, impresión 3D, biotecnología, etc.). Más demanda que no encuentra correspondencia en la oferta, al menos en Europa.

Por ello, resulta imprescindible mantener un debate sobre cuál debe ser la fiscalidad de las rentas de capital, basado en los elementos que he tratado de exponer. Defiendo, como ya he manifestado, una fiscalidad ventajosa para aquel capital que asume riesgo a largo plazo y que lo hace en proyectos que incrementen la productividad y el crecimiento de la economía. Además, defiendo la fiscalidad ventajosa de los vehículos de inversión porque de esa forma se incentivará otro de los principios en los que más creo: la diversificación. Si queremos conseguir una sociedad más inversora debemos incentivar el mejor tratamiento fiscal de las rentas del capital si se consiguen a través de vehículos de inversión diversificados y, más aún, si estas rentas se alcanzan en períodos prolongados del tiempo (por encima de los 5 y, especialmente, 10 años).

Un marco jurídico para los pactos asistenciales

EN SOCIEDAD

Un marco jurídico para los pactos asistenciales

REDACCIÓN
De izda. a dcha.: Jesús Norberto Fernández, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, Matilde Fernández. Abajo: Domingo Carbajo, Alicia Calaza, Cristina Rodríguez-Porrero, y Albert Domingo.

Los pactos asistenciales son una realidad cada vez más presente en la sociedad, pero necesitan un marco jurídico que permita la aplicación y el fomento de estas soluciones en la propia vivienda de las personas mayores para combatir su soledad. Esta fue una de las principales conclusiones extraídas en la jornada Soluciones asistenciales de convivencia ante una situación de soledad no deseada, celebrada y organizada por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y por la Fundación Notariado.

El evento, celebrado el 19 de junio, reunió a expertos, notarios y representantes del movimiento asociativo de mayores, que coincidieron en la necesidad de dotar de seguridad jurídica a estas iniciativas de apoyo a los mayores que responden a nuevos cambios sociales y demográficos.

La presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, inauguró la jornada destacando que el envejecimiento, aunque es un logro social, plantea desafíos jurídicos que requieren respuestas urgentes: “Nuestra obligación es facilitar que las personas mayores disfruten de su autonomía con seguridad”. Destacó que los notarios, en su contacto diario con la ciudadanía, son testigos de nuevas formas de convivencia que surgen en respuesta a la soledad, el desamparo o la falta de recursos, y, a través de casos reales recogidos desde notarías rurales, reivindicó el papel del Notariado como agente cercano y garante de soluciones jurídicas innovadoras.

Barrio Del Olmo señaló que el envejecimiento de la población y la transformación de la estructura familiar han roto modelos tradicionales de cuidado, y destacó que “el envejecimiento plantea retos que el derecho no puede eludir: debe facilitar que las personas mayores disfruten de la mejora en las condiciones de vida sin renunciar a su autonomía”. En este sentido defendió que, aunque “estos pactos existen ya en la realidad y no necesitan una regulación expresa para ser válidos, es conveniente contar con un marco jurídico que los impulse y proteja”. La presidenta del CGN y Fundación Notariado manifestó que, “el Notariado busca documentar pactos como una vía para solucionar la soledad no deseada y los problemas de vivienda, facilitando el deseo mayoritario de envejecer en el domicilio”.

El diagnóstico.
A continuación, intervino el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, quien subrayó la necesidad de “dar respuestas diversas a realidades diversas” en el ámbito del envejecimiento. Advirtió del peligro de aplicar soluciones únicas a un colectivo tan heterogéneo como el de las personas mayores. Reclamó también combatir el edadismo, promover un envejecimiento digno y potenciar alternativas residenciales y asistenciales que permitan envejecer en el propio hogar: “No es bueno trasplantar al olmo viejo”, citó, para enfatizar la necesidad de mantener los vínculos vitales y el entorno personal.

En su discurso, el presidente de la PMP puso el énfasis en la gran diversidad y heterogeneidad del colectivo sénior, además de advertir contra la tentación de “buscar soluciones únicas para situaciones diversas”. Asimismo, abogó por reforzar los sistemas de apoyo domiciliario y la teleasistencia universal. Finalmente, propuso el avance en el desarrollo de pactos asistenciales como figuras complementarias a las prestaciones del Estado del Bienestar, haciendo un llamamiento a notarios, servicios sociales y organizaciones de mayores para colaborar en ofrecer un asesoramiento jurídico que garantice seguridad a las personas mayores.

Por su parte, Matilde Fernández Sanz, presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, planteó tener en cuenta estudios, programas piloto y antecedentes de décadas anteriores “que podrían inspirar respuestas actuales” y recordó que “no partimos de cero” y que muchas iniciativas valiosas nacidas en los años 90 podrían servir de base para nuevas soluciones adaptadas al presente. Al mismo tiempo Fernández insistió en que la soledad afecta también a los jóvenes y apeló a incorporar una perspectiva intergeneracional.

Las propuestas.
Tras las ponencias, se dio paso a una mesa de diálogo moderada por el notario de Vilassar de Mar (Barcelona) Albert Domingo Castellá, en la que se analizaron los distintos modelos convivenciales desde una perspectiva práctica, social y fiscal.

La presidenta de la Comisión de Personas Activas de la PMP, Cristina Rodríguez-Porrero, enumeró las ventajas de los pactos de ayuda mutua: “Responden a los cambios sociales, están centrados en la persona, son flexibles, sostenibles, promueven la autonomía y humanizan el cuidado”. También destacó su impacto positivo en el entorno y su capacidad para activar zonas rurales o revitalizar barrios urbanos: “Son soluciones que favorecen la permanencia en el hogar y se complementan con recursos existentes como la teleasistencia o los centros de día”.

Alicia Calaza, notaria de A Estrada (Pontevedra), aportó su experiencia profesional: “En mi notaría rural atendemos cada día a personas mayores que buscan calidad de vida, autonomía y dignidad en la última etapa vital”. Subrayó que “el déficit de recursos y el coste de las residencias merman mucho la calidad de vida de las personas mayores” y propuso la vivienda como eje central de nuevos modelos de cuidados: “El 89% de las personas mayores de 65 años tienen una vivienda en propiedad, por lo que podemos crear alrededor de esta un sistema de acuerdos de convivencia y cuidados basado en su rentabilización”.

Por último, el inspector de Hacienda Domingo Carbajo Vasco abogó por una regulación clara que dé seguridad jurídica a estas nuevas unidades convivenciales: “El sistema tributario necesita certeza, prueba y registros. Para dar beneficios fiscales a estos pactos debe haber regulación, escritura pública y control”. Carbajo defendió que los pactos de ayuda mutua deben adaptarse a una realidad plural y cambiante, y reclamó una estrategia transversal que articule el marco jurídico, el registro administrativo y, si se aprueban, los beneficios fiscales correspondientes

Domingo Carbajo:

“Para dar beneficios fiscales a estos pactos debe haber regulación, escritura pública y control”

Concepción Pilar Barrio:

“Nuestra obligación es facilitar que los mayores disfruten de su autonomía con seguridad”

Por los derechos de los mayores

La misión de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) persigue el reconocimiento de la dignidad de la persona mayor y el pleno ejercicio de sus derechos. Quiere ser la voz de las personas mayores y de los mayores con discapacidad trasladando a los agentes públicos y privados, y al conjunto de la ciudadanía, sus preocupaciones, necesidades e inquietudes.

Matilde Fernández:

“busquemos soluciones transversales, que conecten lo jurídico con los social y recojan experiencias ya existentes”

Jesús Norberto Fernández

subrayó la necesidad de “dar respuestas diversas a realidades diversas”

La seguridad jurídica de los sénior, un tema prioritario

EN SOCIEDAD

La seguridad jurídica de los sénior, un tema prioritario

REDACCIÓN
De izda. a dcha.: Javier García Pérez, Ester Pérez, Gonzalo Berzosa e Isabel Louro.

El aumento de la longevidad es uno de los mayores triunfos de la humanidad, pero también uno de los mayores desafíos al que nos enfrentamos. España es uno de los países más afectados por esta tendencia demográfica, y se prevé que, para el año 2050, uno de cada tres españoles tendrá 65 años o más. Ante este escenario, la Justicia y el Derecho juegan un papel fundamental. Este fue el punto de partida de la jornada ‘Seguridad jurídica de los sénior’, organizada por Fundación Notariado y 65YMÁS, en colaboración con el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Madrid.

La jornada Seguridad jurídica de los sénior, organizada por Fundación Notariado y 65YMÁS, en colaboración con el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Madrid, contó con la presencia de la presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo; del Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; del presidente de 65YMÁS, Fernando Ónega; y del director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy. En la mesa de debate, moderada por Javier García Pérez, experto en longevidad, intervinieron Ester Pérez Jerez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública; Gonzalo Berzosa, del comité asesor de 65YMÄS y presidente de CEATE y María Isabel Louro García, notaria de Orense y patrona de la Fundación Notariado.

La presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, en la inauguración, destacó que “los notarios podemos desempeñar un papel clave para la seguridad jurídica de los mayores. Nuestro contacto diario con las personas nos permite conocer sus problemas: escuchamos, asesoramos y proponemos soluciones. Por ejemplo, los pactos asistenciales, que afectan a la convivencia de las personas y en muchos casos responden a una situación de necesidad de una de las partes. Esto puede generar situaciones de vulnerabilidad, de ahí que debamos darles seguridad jurídica y que instemos al legislador a regular esta materia, y, en todo caso, hasta que estén regulados en Derecho Civil común, consideramos que pueden pactarse en escritura pública en garantía de la seguridad jurídica e información de nuestros mayores”. 

En conversación con el presidente de 65YMÁS, Fernando Ónega, el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, reconoció que “nuestro ordenamiento jurídico tiene que cambiar” para adaptarse al cambio demográfico. En ese sentido, afirmó que estas reformas tienen que pasar por ampliar derechos y garantizar la seguridad jurídica, así como la accesibilidad a la Justicia, y destacó la importancia de la Ley orgánica 1/2025.

Fernando Ónega, por su parte, afirmó que «en un contexto de profundo cambio demográfico, la seguridad jurídica de los sénior adquiere un papel esencial» y, en este contexto, «el colectivo notarial» desempeña una función clave, además de las propias instituciones.

Finalmente, el director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy, incidió en que la vejez no debe ser considerada como una etapa de vulnerabilidad y destacó el papel que tienen los notarios en la prevención de abusos, reivindicando “el no documento”, cuando estos se detectan.

Seguridad jurídica de los sénior.

Durante la mesa redonda, moderada por el experto en longevidad, Javier García Pérez, la notaria de Orense y Patrona de Fundación Notariado, Mª Isabel Louro García, centró su intervención en los principales desafíos que enfrenta el colectivo en materia de seguridad jurídica. Destacó la importancia del respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas y puso en valor la proximidad y accesibilidad del Notariado para hacer valer estos derechos. “Cualquier persona que se acerque a una notaría tiene que contar con la certeza de que vamos a realizar un asesoramiento individualizado”, comentó.

Por su parte, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Ester Pérez Jerez, explicó que por tener más de 65 años no se pierden derechos y que “la seguridad jurídica de los mayores está garantizada”. La Directora General instó a hacer uso del decálogo de instrumentos jurídicos que tienen los mayores a su disposición para planificar su futuro con seguridad y abordó el papel que puede jugar la coordinación entre notarios y Justicia en la prevención de abusos al colectivo sénior. “La justicia se está centrando en la persona, con sus circunstancias, y va a ser plenamente accesible”, señaló.

Por último, Gonzalo Berzosa, miembro del Comité Asesor 65YMÁS, y presidente de la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE), pidió a las instituciones cambiar la mirada sobre la vejez como una “pérdida” o desde el punto de vista de las “carencias” o “dificultades” y reclamó prestar una “especial atención jurídica a la vida cotidiana” de los mayores.

Manuel Olmedo:

“Nuestro ordenamiento jurídico tiene que cambiar para adaptarse al cambio demográfico”

De izda. a dcha.: Javier García Pérez, Raimundo Fortuñy, Manuel Olmedo, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, Fernando Ónega, Ester Pérez Jerez, María Isabel Louro y Gonzalo Berzosa.

Ester Pérez:

“La seguridad jurídica de los mayores está garantizada”

Fernando Ónega:

“En un contexto de cambio, la seguridad jurídica de los sénior adquiere un papel esencial”

Atención en las notarías

El director general de la Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy, durante el coloquio, puso en valor que “los sénior tienen un trato preferente en las notarías” y enumeró todos los instrumentos que tienen a su disposición –y sobre los cuales pueden asesorarles gracias a su expertise– como son los testamentos, las garantías de cesiones de bienes a cambio de cuidados, las hipotecas inversas, los poderes preventivos o las voluntades anticipadas.

Raimundo Fortuñy.

El Notariado: un servicio esencial en momentos de crisis

EN ESTE PAÍS

EL NOTARIADO: UN SERVICIO ESENCIAL EN MOMENTOS DE CRISIS

Los notarios prestan un servicio esencial, como ya se puso de manifiesto durante la pandemia por el coronavirus, cuando permanecieron abiertas todas las notarías. Por las oficinas notariales pasan a diario miles de personas para la elevación a público de acuerdos, contratos o actos de gran importancia para sus vidas. Esta realidad volvió a ser evidente durante y tras el reciente apagón eléctrico. Los notarios y los profesionales de sus despachos y de su Centro Tecnológico continuaron trabajando el 28 y el 29 de abril gracias a que fue posible mantener activos los servicios centrales de la corporación y retomar la normalidad en la mayoría de las notarías nada más recuperarse el suministro. Como ejemplo de lo ocurrido esos días hemos entrevistado a una notaria y a un profesional del Centro Tecnológico del Notariado.
REDACCIÓN
Carmen Boulet, notaria de Madrid

“Incluso pudimos enviar copias electrónicas autorizadas de las escrituras públicas a otros compañeros a través de nuestro Centro Tecnológico”

Carmen Boulet.

El pasado 28 de abril, ¿estaba en la notaría cuando se produjo el apagón?

Si estaba en la notaría, y precisamente estaba terminando de redactar una escritura, con lo cual lo percibí al instante.

¿Pudo seguir atendiendo a los clientes? ¿Cómo se organizaron?

Sí, pude seguir atendiendo a la mayoría de los clientes, ya que procuro tener impresas las escrituras antes de que estos lleguen. Autoricé varias declaraciones de herederos, poderes, compraventas sin financiación bancaria, permisos de viaje, etc.

 


“SOLO EN ALGUNOS CASOS, LOS BANCOS, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A LOS REGISTROS, NO QUISIERON FIRMAR”


 

Solo en algunos casos, los bancos, ante la imposibilidad de acceder a los registros, no quisieron firmar y lo tuvimos que posponer, dado que no recibíamos las notas registrales actualizadas. Los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles estuvieron cerrados tanto el 28 como el 29 de abril, incluso a pesar de que la ley dice que en caso de problemas tecnológicos se puede enviar la información por fax; todo lo relacionado con los registros fue bastante caótico.

Tengo entendido que nada más volver la luz les fue posible trabajar con normalidad dado que los sistemas centrales del Notariado estuvieron prestando servicio en todo momento. ¿Es así?

Sí, así fue. Los servicios funcionaron incluso antes de abrir la notaría. Yo llego muy temprano. A las 8.15 horas ya estaba en el despacho y solo quedaban pendientes algunos detalles de ámbito local que quedaron resueltos rápidamente tras una llamada.

Incluso pudimos enviar copias electrónicas autorizadas de las escrituras públicas a otros compañeros a través de nuestro Centro Tecnológico.

Ustedes custodian actualmente los protocolos notariales tanto en versión papel como digital. ¿Fue útil seguir disponiendo de los protocolos en papel?

Claro que fue útil tener el protocolo en papel, pues es el soporte que nunca falla. Cualquier consulta que hubiera que hacer de protocolos anteriores se pudo seguir haciendo, lo que facilitó nuestro trabajo en esos momentos. Creo que es fundamental e imprescindible tenerlo, no solo por los posibles apagones, sino porque es el soporte más seguro e inalterable que hay con el paso del tiempo.

¿Cree que el Centro Tecnológico estuvo a la altura de las circunstancias?

Sí. Creo que el Centro Tecnológico estuvo funcionando a la altura de las circunstancias, incluso más que a la altura de las circunstancias. Y desde luego, si comparamos con otros organismos similares, la respuesta ha sido más que buena. Aunque también tengo que resaltar la labor de la presidenta del Consejo General del Notariado, que nos ha tenido bien informados en todo momento.

Me han comentado que el 28 incluso se desplazó fuera de la notaría para prestar un servicio. ¿En qué consistió?

Sí. Tenía que ir a un hospital a atender a una persona que estaba grave, para firmar unos documentos; fui al hospital y pudimos fírmarlos.

David Sánchez, director de Explotación y Sistemas del CTNotariado

“En los dos Centros de Proceso de Datos del Consejo General del Notariado se garantizó la continuidad de suministro eléctrico”

David Sánchez

¿Cuáles fueron las prioridades de actuación del Centro Tecnológico del Notariado ante el apagón?

Hubo dos líneas de trabajo que se activaron en cuanto se tuvo conocimiento de que el apagón tenía alcance en toda la península. Por un lado, garantizar la puesta en marcha de los sistemas de continuidad en el Centro de Proceso de Datos (CPD), y por otro, el soporte a las notarías que sufrieron problemas derivados del apagón.

¿Cómo aseguraron que los servicios centrales de la corporación notarial siguieran funcionando durante el apagón?

En los dos Centros de Proceso de Datos del Consejo General del Notariado se garantizó la continuidad de suministro eléctrico mediante dos mecanismos. En primer lugar, gracias a los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida, que, apoyados en baterías, regularon y mantuvieron los niveles de tensión eléctrica para los servidores que ejecutan los servicios utilizados por la corporación notarial. En segundo lugar, activamos los generadores eléctricos que, alimentados por motores diesel, suministraron la energía que las compañías eléctricas no pudieron proporcionar debido al apagón.

 


“LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS DESDE LOS CENTROS DE PROCESO DE DATOS DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO FUE DEL 100%”


 

¿Qué papel desempeñó el equipo de Sistemas durante esa jornada crítica?

El equipo de sistemas desempeñó un papel clave gracias a su labor de prevención, basada en revisiones y pruebas periódicas, que garantizó la efectividad de los planes de contingencia. Durante el apagón, se ajustó la configuración de los CPD para reducir el consumo eléctrico sin interrumpir el servicio, y se gestionó con varios proveedores la obtención de suministros adicionales ante la posibilidad de que la situación se prolongara.

El trabajo se organizó en dos grupos: uno de cinco personas, encargado de verificar el estado de los equipos técnicos instalados en las casi 3.000 notarías conforme se restablecía el suministro, y de prestar soporte ante posibles incidencias; y otro de cuatro personas, centrado en asegurar el funcionamiento continuo de los CPD. La jornada del día 28 concluyó pasada la una de la madrugada, y el día 29 se reanudó a las 5:30 de la mañana para revisar el estado de las notarías y facilitar su operatividad desde primera hora.

Gracias a estas medidas, ¿qué grado de operatividad tuvieron las notarías al día siguiente del apagón?

La disponibilidad de los servicios proporcionados desde los Centros de Proceso de Datos del Consejo General del Notariado fue del 100%. Las incidencias detectadas se debieron a problemas en sistemas de terceros organismos con los que mantenemos integraciones.

El día 29 se registró un volumen inicial de unas 230 notarías con incidencias relacionadas con problemas en la red de comunicaciones y con el apagado abrupto de sistemas informáticos. A mediodía, el número había descendido hasta aproximadamente 110, finalizando la jornada con tan sólo 35 notarías pendientes de resolución.

En contraste con otras organizaciones a las cuales el apagón afectó de forma importante, el trabajo preventivo y constante que realiza el Centro Tecnológico del Notariado permitió asegurar las prestaciones tecnológicas para que las notarías pudieran tener la tranquilidad de dedicarse a prestar su servicio a los ciudadanos con garantías.