Entre los palmeros afectados, muchos no contaban con escrituras públicas que avalasen que lo perdido era suyo y para ayudarles a acreditar sus derechos y acceder a las ayudas, el Consejo General del Notariado, en colaboración con los colegios notariales de Canarias, Cataluña y Valencia, abrió tres notarías provisionales en los municipios afectados: Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

NIEVES LADY BARRETO: “GRACIAS A LA LABOR DE LOS NOTARIOS HOY PODEMOS ESTAR HABLANDO DE ABONAR A LAS PERSONAS AFECTADAS EL VALOR DE LAS PROPIEDADES QUE PERDIERON”

A estas notarías llegaron más de 50 notarios voluntarios de toda España que, tras un año de trabajo incesante, autorizaron más de mil actas de notoriedad que permitieron a los propietarios de inmuebles, fincas o negocios arrasados o sepultados por la lava demostrar que les pertenecían para el cobro de los seguros y ayudas correspondientes.

Además, según explica el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé: “Sobre muchas de estas propiedades existían construcciones sin declarar, cultivos, explotaciones ganaderas o contratos de arras, precontratos, hipotecas, y otros derechos por lo que les prestamos asesoramiento gratuito adaptado a cada caso”.

Finalizada esta labor, los más de mil documentos que los notarios autorizaron, sin coste alguno, se incorporaron en un protocolo especial que se encuentra depositado en el archivo general de protocolos del distrito de los Llanos de Aridane.

Reconocimientos. Con motivo del tercer aniversario de la erupción del volcán, el pasado mes de septiembre, en Tenerife, el Gobierno de Canarias entregó la Medalla al Mérito de la Justicia con distintivo de Oro al Consejo General del Notariado y a los colegios notariales de las Islas Canarias, Valencia y Cataluña, representados por su presidente, José Ángel Martínez Sanchiz, y sus decanos, Alfonso Cavallé, Francisco Cantos y José Alberto Marín, respectivamente. Estos tres decanos fueron los primeros notarios en acudir a la isla para instalar las notarías temporales que contaron con la tecnología y apoyo económico del Consejo General del Notariado.

Según la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que hizo entrega de las medallas: “Gracias a la labor que los notarios, de manera solidaria y desinteresada, desarrollaron en La Palma desde los primeros días de la erupción, abriendo camino en una situación tan extraordinaria como compleja, hoy podemos estar hablando de abonar a las personas afectadas el valor de las propiedades que perdieron. Así de importante y trascendente para el presente y futuro de esas personas y de toda La Palma ha sido la labor de los notarios”. Además, señaló que “toda esa experiencia acumulada en La Palma tiene el valor de ser un precedente muy valioso para futuras catástrofes”.

El Ministerio de Sanidad ha publicado su informe Actualización: Informe de necesidad de médicos especialistas en España 2023-2035, un estudio que tiene como base las proyecciones demográficas más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) para tomarle el pulso el Sistema Nacional de Salud (SNS). Una de las principales conclusiones que arrojan los datos es que nuestro país sufre un notable déficit de profesionales de la medicina. Actualmente se necesitan 4.502 especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC), una cifra que se incrementará un 22% en los próximos cinco años, hasta alcanzar un déficit de 5.496 médicos en 2029.

Los datos recogidos por Sanidad -correspondientes a 2023- contabilizan un total de 149.710 profesionales de la medicina trabajando en el SNS, que incluye los Servicios Regionales de Salud y el Ministerio de Defensa.

Ese ministerio, actualmente liderado por Mónica García, explica que la medicina familiar merece especial atención: «Por el lado de la demanda, según panel de expertos, es una especialidad que mantiene un perfil de alta necesidad tanto en el momento actual como a futuro. Por el lado de la oferta, hay fugas (quedan plazas sin cubrir y muchos médicos de familia buscan su futuro profesional en gestión, urgencias o en la red privada)», señala el informe.

LA OMC APUESTA POR PLANIFICAR LOS RECURSOS HUMANOS A LARGO PLAZO, INVERTIR EN FORMACIÓN Y CREAR INCENTIVOS POSITIVOS

Un modelo común. En cuanto a las mencionadas fugas, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) pide al Ministerio la homogeneización de ofertas de trabajo en todo el país, a fin de evitar posibles competiciones entre comunidades autónomas. En opinión de José Polo, presidente de esta entidad: “Todas las regiones deben tener los mismos planes y, a nuestro juicio, el ministerio debería coordinar los procesos para evitar posibles fugas por condiciones laborales y económicas». Semergen también denuncia problemas comunes a todas las comunidades, como la carga burocrática, que resta tiempo a los profesionales en la atención de sus pacientes.

El déficit de médicos es más notable en determinadas regiones que en otras. Según el Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) recogido por el ministerio en su informe, a escala estatal, la ratio se sitúa en 74 médicos de familia por cada 100.000 habitantes asignados. Castilla y León sobresale, con 97,6 facultativos (seguida por Extremadura y Aragón). En contraposición, Baleares es la peor parada, con casi 50 médicos por cada 100.000 habitantes: solo 49,7. Tras este archipiélago, tienen las menores ratios Madrid, Canarias y Asturias.

Con respecto a la pediatría, según el SIAP, España cuenta en atención primaria con 104,1 pediatras por cada 100.000 niños entre 0 y 14 años. Las mayores tasas relativas de pediatras se encuentran en Navarra, con 136; Comunidad Valenciana, 128,9; y Canarias, 125,2. En el otro extremo, La Rioja supone una excepción en este indicador, con un registro extremadamente bajo: 23,7 pediatras por 100.000 niños. Le siguen Baleares, con 85,4 por cada 100.000; Castilla León, con 87,1; y Castilla-La Mancha, 88,7. Es decir, también hay falta de pediatras a nivel nacional, algo especialmente acentuado en zonas rurales del país, aunque no solamente.

En la misma línea, en Madrid, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) ha denunciado lo que consideran una “grave situación“: se han quedado sin cubrir las 45 plazas ofertadas por la Comunidad de Madrid a los médicos MIR que acaban de terminar su especialidad. Dora Bejarano, delegada sindical de Amyts y pediatra en un centro de salud madrileño, detalla: «Son condiciones que incluyen una sobrecarga de trabajo enorme, porque en primaria hay muchas plazas descubiertas y las que no lo están, cuando hay ausencias, tampoco se cubren». La doctora indica que su agenda diaria debería tener un máximo de 20 pacientes y cuatro posibles urgencias, pero en los peores días pueden llegar a 40 “ya que no hay ningún límite a la demanda”, explica.

Desiertos médicos. La Organización Médica Colegial (OMC) habla de «desiertos médicos» en España y Europa. Argumenta que, para evitarlos, la estrategia pasa por priorizar la planificación de recursos humanos a largo plazo, invertir en programas de formación y crear incentivos positivos. Esta asociación y la entidad European Junior Doctors afirman que, pese a los esfuerzos que se están realizando por parte de la Unión Europea y los Estados miembros -para garantizar la cobertura sanitaria universal y afrontar estas carencias-, los problemas de retención de personal persisten. En este contexto, las políticas de fidelización y retención de los médicos jóvenes son una cuestión central en la política sanitaria actual y en la sostenibilidad del sistema.

SE HAN QUEDADO SIN CUBRIR LAS 45 PLAZAS OFERTADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID A LOS MÉDICOS MIR QUE ACABAN DE TERMINAR SU ESPECIALIDAD

Así, el representante nacional de médicos jóvenes de la OMC, Domingo Antonio Sánchez, considera fundamental “crear soluciones sostenibles que no sólo aborden la escasez inmediata de personal sanitario, sino que también contribuyan a la estabilidad y efectividad a largo plazo de los servicios de salud en España, que contribuirán a mitigar el problema de los ‘desiertos’ médicos y facilitarán a los ciudadanos un acceso equitativo a la atención sanitaria”. Y añade que “nos estamos jugando mantener los estándares de calidad y accesibilidad de nuestra joya de la corona: el sistema sanitario”.

ESPAÑA CUENTA EN ATENCIÓN PRIMARIA CON 104,1 PEDIATRAS POR CADA 100.000 NIÑOS

Como recoge en su informe el Ministerio de Sanidad, el objetivo es “conseguir el número adecuado de médicos especialistas para cada especialidad acorde a las necesidades del país”. El análisis concluye que la necesidad de médicos es muy heterogénea en función de las ramas de especialización, al igual que el atractivo de las plazas, y los autores solicitan diseñar incentivos para atraer y retener a profesionales en puestos poco demandados, de formación MIR o de ejercicio profesional. Parece necesario cambiar el marco regulatorio hacia una mayor flexibilidad y personalización de las condiciones laborales.

Según un estudio realizado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre Emigración y Capital Humano, en España el saldo migratorio ha sido positivo a lo largo de las últimas décadas, pero la intensidad, e incluso el signo de ese saldo se han visto influidos por el ciclo económico. A raíz de la recesión de 2008-2014, provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria muchas personas buscaron -no siempre con éxito- mejores oportunidades laborales fuera de España. Ese proceso ha vuelto a cobrar intensidad tras la pandemia de Covid que asoló el mundo en 2020 (más de 380.000 emigrantes en 2021 y 220.000 en el primer semestre de 2022), según los datos de la Estadística de Migraciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Saldo migratorio

Se muestra, por tanto, una pérdida de capital humano en tendencia creciente desde el fin de la pandemia, impulsada por la intensificación de la emigración al exterior de la población en edad de trabajar y su elevado nivel de formación. La dinámica observada resulta preocupante de cara a poder aumentar el bienestar social en un contexto de progresivo envejecimiento demográfico y con un escenario en el que se prevén descensos acumulados del valor del capital humano per cápita cercanos al 20% hasta 2050, según refleja el informe del BBVA y el IVIE.

Según el INE el saldo migratorio de España con el exterior (la diferencia entre inmigraciones y emigraciones exteriores) fue positivo en 727.005 personas en 2022. Es el mayor saldo en los 10 últimos años.

CON LA RECESIÓN DE 2008-2014 MUCHAS PERSONAS BUSCARON TRABAJO FUERA DE ESPAÑA. ESE PROCESO HA VUELTO A COBRAR INTENSIDAD TRAS LA PANDEMIA DE COVID

Pero a la hora de calcular el impacto para la economía de este fenómeno hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Se estima el valor del capital humano midiendo su contribución a la producción presente y futura, esto es, el valor presente de las rentas brutas laborales totales esperadas de la población en edad de trabajar a lo largo del resto de su vida. El valor del capital humano depende, por tanto, de las tasas de actividad, las tasas de paro y la productividad del trabajo a lo largo de la vida, de la esperanza de vida de los individuos y de todos los factores que influyen en esos ámbitos, como los niveles de formación o la experiencia laboral. Este tipo de enfoque permite obtener una valoración monetaria del capital humano, como ya se viene haciendo desde hace tiempo con otros tipos de capital. La edad y el nivel de formación son, por tanto, dos de los factores fundamentales del valor del capital humano de las personas.

EL RITMO ACTUAL DE EMIGRACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y CON FORMACIÓN SUPONE UN LASTRE PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Españoles emigrantes

¿Qué características tiene el capital humano de los españoles que han emigrado? Pues casi la mitad de los emigrantes de 25 o más años de 2022 posee estudios superiores (30,1%) o estudios secundarios postobligatorios (18,8%), con el consiguiente impacto positivo en sus dotaciones de capital humano, asociado a la mayor participación laboral, empleabilidad y productividad de las personas con ese nivel de formación. Sin tener en cuenta la inversión social y familiar realizada para que estas personas alcanzaran en el sistema educativo español esa formación de excelencia. Por su parte, según el Informe Anual del Banco de España, en 2023 de los inmigrantes que llevan menos de 1 año en España, alrededor del 80%, no tiene título universitario y el 70% trabaja en puestos sin cualificación.

Por otra parte, muchos de los emigrantes son jóvenes y, por tanto, tienen por delante un amplio periodo de vida laboral durante la cual seguirán contribuyendo a la producción. Entre los emigrantes de 25 y más años, los menores de 35 años suponen en 2022 un tercio del total, un porcentaje similar al existente antes de la pandemia, mientras que los mayores de 55 años representan solo el 23,6%.

Ambos factores, formación y juventud, contribuyen a incrementar el valor presente de las rentas laborales brutas a generar en adelante y, por tanto, el valor del capital humano de los emigrantes.

El ritmo actual de emigración supone un lastre para la capacidad de producción futura de la economía española. Para la Fundación Hay Derecho “en el momento presente, casi todos los equilibrios sobre los que descansa nuestro sistema de protección se encuentran descompensados. La sostenibilidad futura de nuestro sistema de seguridad social se está convirtiendo en todo un reto realmente complejo de superar”.

En definitiva, la emigración al exterior y su intensificación reciente contribuyen a reducir el capital humano de la economía española, limitando su capacidad presente, y sobre todo futura, de generar riqueza, lo que a su vez condiciona la sostenibilidad de las finanzas públicas por la merma de los ingresos públicos.

Se trata de un fenómeno que previsiblemente incrementará la dificultad para mantener y continuar desarrollando el estado del bienestar, especialmente en un contexto de progresivo envejecimiento de la población que va a someter a fuertes tensiones la sostenibilidad del sistema de pensiones y que implicará la necesidad de dedicar cada vez más recursos al sistema sanitario y a la atención a la dependencia. Además, puede contribuir a agravar los serios problemas de relevo generacional y para cubrir vacantes que actualmente se ponen de manifiesto en cada vez más sectores y profesiones, tal como refleja el informe sobre Capital Humano y Emigración del BBVA y el IVIE.

CASI LA MITAD DE LOS EMIGRANTES DE 25 O MÁS AÑOS POSEE ESTUDIOS SUPERIORES (30,1%) O ESTUDIOS SECUNDARIOS POSTOBLIGATORIOS (18,8%)

No hay soluciones mágicas, pero promover una mayor implicación entre empresa y trabajadores, incentivar el crecimiento profesional, retribuciones adecuadas, medidas de conciliación o salario emocional de los empleados son algunas de las posibilidades. Otras medidas son de mayor compromiso del conjunto de la sociedad cual es conseguir un fácil acceso a una vivienda digna, que será un elemento indispensable según todos los expertos para fijar el capital humano.

El foro reunió a numerosos operadores jurídicos y profesionales del sector financiero, y contó con la participación de expertos en la materia y representantes de los organismos de control, que abordaron, desde la perspectiva del Derecho, la contabilidad forense y el análisis financiero, los considerables desafíos que plantea la actividad fraudulenta para las autoridades encargadas del cumplimiento de la Ley.

Manuel Tarrío, secretario del Consejo General del Notariado (CGN), dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a la Universidad Complutense la invitación a participar en su ciclo de cursos de verano. En su intervención inaugural, Tarrío puso en valor el papel y la labor de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su colaboración, desde hace más de 25 años, con las autoridades y administraciones públicas: “El Notariado español y su Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo están reconocidos como fuente de referencia a escala internacional, como consecuencia de la acreditada efectividad de sus métodos. Actualmente avanzamos en la exploración y el uso de técnicas de inteligencia artificial aplicadas a las acciones preventivas en esta materia”.

También, el secretario del CGN defendió la importancia de articular esta jornada en torno a la identificación del titular real, “el verdadero problema, tanto para los organismos competentes, como para los sujetos obligados, a cuya solución contribuimos desde el Notariado con la creación -en 2014- de la Base de Datos de Titularidad Real, sin duda una de las más importantes, si no la más importante, de las existentes en España”.

Herramientas legislativas.

En la primera ponencia de la sesión, Lourdes Jiménez Ramos, subdirectora general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Tesoro Público, detalló las herramientas legislativas existentes para la investigación de las estructuras jurídicas complejas e hizo un análisis de los riesgos que plantean, particularmente en el caso de los “trust” o fideicomiso anglosajón, figuras jurídicas que no pueden crearse, pero sí operar en nuestro país, y que permiten conferir el control y la administración de activos a una tercera persona sin ceder su titularidad.

“Los sujetos obligados deben tener una serie de cautelas cuando operen con los trust. Hay países muy laxos en lo relativo a las estructuras jurídicas y eso puede tener un impacto en su operación en España. En la UE la normativa preventiva se basa en la identificación del titular real, la persona física que se encuentra al final de toda la cadena, de quien debemos tener una información adecuada, precisa y actualizada”, subrayó.

Por su parte, María Belén Suárez Pantín, fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, habló sobre la labor que realizan los fiscales para perseguir estos delitos de defraudación tributaria: “Complementamos el trabajo que realiza el Notariado, los Registros, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Agencia Tributaria con los instrumentos que podemos aportar a través de un procedimiento judicial”.

Cooperación internacional

La fiscal denunció la falta de cooperación entre autoridades de distintas jurisdicciones, aquellos países reconocidos como paraísos fiscales, y puso el foco sobre las estructuras societarias utilizadas en estos entramados delictivos para ocultar bienes y activos, como las sociedades de responsabilidad limitada holandesa o ‘BV’. “Tenemos que pretender que los sistemas de intercambio de información entre países sean cada vez más agiles, que se restrinjan más las jurisdicciones opacas, y podamos ir cerrando el círculo a las conductas delictivas”, aseveró Suárez Pantín.

Francisco Martín Casares, responsable de PBC-FT de Anticipa Real Estate (Blackstone Group), mostró varios casos prácticos de operaciones con activos inmobiliarios y puso de manifiesto las dificultades que surgen a la hora de identificar a los titulares reales en el proceso de diligencia debida -investigación previa a la firma de contratos-.

El representante del grupo inmobiliario avaló el trabajo de los analistas de los sujetos obligados, especialmente en un sector como el suyo, “de pretendida incursión de financiación ilícita, tanto en la compraventa de activos, como en cancelaciones hipotecarias”. Sobre las operaciones con criptoactivos, Martín Casares abogó por requerir toda la documentación de las transacciones a los intervinientes.

Finalmente, el representante del SEPBLAC llamó a seguir reforzando los mecanismos de control y las exigencias normativas, al hilo de la nueva legislación europea contra el blanqueo, que armoniza las normas en toda la UE y pretende acabar con las deficiencias que aprovechan los defraudadores. “Es complicado cumplir los estándares mínimos exigibles en materia de prevención del riesgo. Tenemos por delante dos retos de difícil consecución: por una parte, la identificación del titular real y, en última instancia, la recuperación de activos ilícitos: hoy solo se puede recuperar un 0,3%”, concluyó.