La autora, María Sebastiá, explica lo sucedido en dicha fecha: «Ese día era viernes y “cantaba” online con Gonzalo López Ebri. Recuerdo levantarme con muchos planes para hacer después. Esas navidades estaban siendo muy intensas en cuanto al estudio porque en febrero iba a ser el primer examen de la oposición”. Durante el encuentro en línea le tocó el tema 54 de Derecho Penal -acusación y denuncias falsas-. “Llevaba diez minutos y empecé a encontrarme mal. Le dije a mi preparador que me estaba mareando. Él, para evitar que me diese un golpe al caer de la silla, me dijo que me sentase en el suelo. Me desmayé, mis ojos se cerraron y ya no recuerdo nada, todo lo demás lo sé porque me lo han contado mis padres y mis hermanos, ya que entré en coma», explica María.

Para el ex teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono de la Fundación Aequitas, su alumna ese día «parecía tranquila, como siempre”. Según explica “dominaba el tema y lo exponía ordenadamente y ajustado al tiempo marcado, como un reloj. Sabía que le faltaban tan solo dos minutos para terminar. Del otro lado de la pantalla comencé a observar que algo no iba bien. María se ladeaba dejándose caer inconscientemente hacia un lado. Ya no reaccionó, cayó al suelo, desapareció del plano de visión y todo fue silencio. Decidí llamar a su madre, magistrada, que atendió el teléfono y avisó a sus hijos para que acudiesen en ayuda de su hermana. Hay historias que te cambian la vida y días que te cambian la historia. A mí me la ha cambiado. Antes era yo el preparador de María, ahora tras leer el libro y ver su trayectoria existencial, yo soy el opositor y ella mi preparadora de las oposiciones para aprender a vivir».

UN 30 DE DICIEMBRE LA VIDA DE MARÍA
DIO UN GIRO. SUFRIÓ UN DERRAME Y ESTUVO VEINTITRÉS DÍAS EN COMA

La recuperación. María describe cómo se enfrentó a su difícil proceso de recuperación: «En un primer momento, cuando mis padres llegaron a urgencias del Hospital Clínico de Valencia, los médicos les dijeron que no podían operarme, que el derrame cerebral era tan grande que no había posibilidad de intervenir y que avisasen a mis hermanos para que fuesen al hospital a despedirse de mí”. “Tras unos momentos de absoluta desesperanza, apareció un neurocirujano que dijo que no podía dejarme morir siendo tan joven, con sólo 26 años, por lo que decidió operarme. Tras ocho horas en el quirófano, estuve veintitrés días en coma, en estado de extrema gravedad”, indica. Se despertó el 22 de enero de 2023. En ese momento, no podía hablar ni andar. Tenía hemiparesia en la parte derecha. Comía por una sonda nasogástrica y le había practicado una traqueotomía. Los médicos informaron a su familia de la gravedad de su lesión cerebral, que comprometería poder hablar y andar. Según María: “Desde ahí empecé el camino de la recuperación. Una nueva etapa, en la que no debería preocuparme por sobrevivir, porque mi vida estaba estabilizada, sino por conseguir recuperarme lo mejor posible. Cuando me dieron el alta, el equipo del hospital me indicó que tenía que luchar y que no había límites. Esa frase me ha acompañado durante estos dos años de rehabilitación. Gracias a esa perseverancia he conseguido llegar a metas que nadie pensaba que fuese posible alcanzar».

La idea de escribir su vivencia surgió como sugerencia de su médico. Según explica: «Mis padres habían contactado con el doctor Álvaro Pascual-Leone, que es catedrático de neurología de la escuela de medicina de la Universidad de Harvard. Cuando nos recibió y empecé a contarle mi historia, me cortó y me dijo: “Tienes que hacer un libro y contar lo que te ha pasado. Podrías titularlo Las cosas que no quieres aprender como he tenido que aprenderlas yo, pero que tú debes saber”. “A partir de ahí, nos pusimos manos a la obra”, cuenta. “Quería transmitir lo que había vivido para poder ayudar a personas que viven situaciones de sufrimiento y, sobre todo, mostrar que se puede ser feliz a pesar del dolor que, a veces, aparece en nuestras vidas», finaliza la autora.

López Ebri, autor del prólogo, adelanta lo que el lector encontrará en las páginas de Volver a Nacer: «Es una historia desoladora desde el derrame cerebral, pasando por la situación de coma durante casi un mes, el despertar en una situación de hemiplejia e impotencia para hablar, comer, andar… Hasta la situación actual de recuperación y rehabilitación; pero encontrará también un camino, el que cualquiera puede escribir sobre su propio destino desde la humildad y el reconocimiento del inmenso valor que tienen las pequeñas cosas. Asimismo, el lector encontrará el largo recorrido de lucha en compañía, empezando por su familia más próxima. Padres y hermanos forman un núcleo sólido y unido y la han acompañado en todo este proceso de cambio igual que han hecho a lo largo de toda su vida. A ellos se unen el amor de su novio, la amistad de todas sus amigas y amigos y de toda la comunidad de la que ella forma parte».

La nueva regulación reconoce y potencia la labor que realizan los notarios mediante los denominados medios adecuados de solución de controversias en el ámbito extrajudicial. Medios como la conciliación, labor que está en la propia naturaleza de su función (al prestar asesoramiento imparcial para evitar el conflicto y aportar seguridad jurídica preventiva), así como la mediación, la opinión del experto independiente, la oferta vinculante confidencial o cualquier otro procedimiento de negociación.

“Esta ley ha dado unidad y estructura al uso de estos mecanismos de resolución de conflictos” explica la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea. “Entre las numerosas controversias que podrían resolverse por esta vía cabe citar la liquidación de una sociedad de gananciales, la adjudicación hereditaria, un contrato de arras, la relación entre los socios de una empresa, o comunidades de propietarios y un largo etcétera”, señala.

LA NUEVA LEY POTENCIA LA LABOR NOTARIAL EN LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Solución extrajudicial. Según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en una nota de prensa enviada el día de la entrada en vigor de la ley, la regulación “establece que, salvo las excepciones previstas (tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otros) será obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda”. Además, indica, “la norma modifica el sistema de costas, ya que los tribunales entrarán a valorar si efectivamente alguna de las partes se ha negado a solucionar el conflicto de manera consensuada, lo cual tendrá un impacto en el criterio para su imposición”.

Un análisis sobre el proceso de implementación de la reforma de la Justicia, presentado por el Ministerio en la Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona, incidió en que la aplicación de la ley “supondrá un ahorro de cerca de 300 millones de euros en los próximos diez años, en las doce comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia”. “Su implantación, en cambio, solo requerirá en este momento una inversión de alrededor de quince millones entre todos los territorios, ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino solo adecuar las existentes a la nueva estructura prevista en la norma”, puntualizó.

La función notarial. La nueva ley unifica y estructura los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Medios mediante los cuales los notarios pueden desempeñar una función muy relevante, dado su doble carácter de funcionarios públicos y profesionales del Derecho.

La Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles reconoció el papel que pueden desempeñar los notarios en este ámbito, dada la naturaleza preventiva de su labor, el asesoramiento imparcial que prestan y su cercanía con las personas con las que tratan a diario.

Diversos colegios notariales cuentan con centros de mediación como la Fundación Notarial Signum (del Colegio Notarial de Madrid) que es además corte de arbitraje, con la que tienen acuerdos los colegios notariales de Murcia, Castilla y León y Galicia; la Fundación Solutio Litis (del Colegio Notarial de Valencia); la Fundació Mediació Notarial (del Colegio Notarial de Cataluña); y la Fundación Notarial Andaluza para la Mediación y Arbitraje (del Colegio Notarial de Andalucía).

Por su parte, la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, que reforzó el carácter de autoridad del notario, reguló la conciliación notarial recogiendo los acuerdos alcanzados en escritura pública con los efectos propios de tal documento público notarial (ejecutivo, probatorio y legitimador).

Y ahora, la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia incluye también otros dos mecanismos que pueden realizar los notarios. Por un lado, dar su opinión como experto independiente cuando las partes, para resolver una controversia, lo designen de mutuo acuerdo. Por otro lado, podrán intervenir como autoridad que notifica lo que la ley regula como oferta vinculante confidencial en el marco de la negociación.

ESTA REGULACIÓN TIENE ENTRE SUS PRINCIPALES OBJETIVOS PROPICIAR EL ACUERDO Y DAR SOLUCIÓN A LAS CONTROVERSIAS EN EL ÁMBITO EXTRAJUDICIAL

Cómo elegir. A la hora de optar por uno de los mecanismos de resolución de controversias pueden surgir dudas. La portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, explica que “recurriremos a uno u otro en función del caso concreto, de la materia y de las características del conflicto, así como del perfil que tengan las partes. De lo que se trata es de tener la habilidad de elegir para cada caso el medio más adecuado”.

En la mediación hay un tercero neutral que se sitúa entre las partes, no por encima de ellas o con un nivel superior, sino en medio. Su misión es intentar el acercamiento, pero no impone ninguna asociación y ni siquiera propone la solución. Lo que hace es aplicar técnicas para que las partes dialoguen, se acerquen y para que en ese diálogo lleguen a proponer soluciones y a ponerse de acuerdo sobre alguna de ellas.

En el caso de la conciliación, también se acude a un tercero neutral. Los notarios pueden desarrollar expedientes de conciliación y en ellos actúan como tales notarios, como funcionarios y como autoridad, porque los expedientes de conciliación están dentro del marco de la ley de Jurisdicción Voluntaria. La conciliación se parece a la mediación en que también se recurre a un tercero neutral. Se diferencia en que, en este caso, la propuesta de solución sale del conciliador. Después, las partes podrán aceptar o no y, si llegan a un acuerdo, también se puede elevar a escritura pública ante notario.

Otra posibilidad es la negociación. Un medio más informal que implica que las partes, bien por sí solas, o bien con algún tipo de asesor, puedan intercambiar posiciones e intentar llegar a un arreglo.

Las españolas retrasan cada vez más la maternidad (36,2 años en 2022) y cada vez hay más jóvenes que optan por no formar una familia. Sólo el 13,3% de los jóvenes de entre 18 y 44 años considera la maternidad en los próximos cinco años, mientras que el 82% la descarta, según una encuesta de Sigma Dos para El Mundo. Entre las causas para retrasar o rechazar la maternidad/paternidad destaca la crisis residencial: siete de cada 10 considera imprescindible tener una vivienda en propiedad.

Como todos los temas sociales, el de la natalidad es complejo ya que existen muchas variables, «pero una que es clarísima y los jóvenes nos lo dicen, tiene que ver con la estabilidad económica y laboral», explica Eulalia Alemany, directora de Innovación de FAD Juventud, entidad que lleva años trabajando para mejorar su bienestar, dándoles voz y recogiendo sus inquietudes y demandas. «Se han ido encadenando varias crisis que han impedido que haya esa estabilidad económica y laboral que tiene que ver con tener un trabajo estable, con un lugar para vivir y solvencia económica. Son tres condicionantes que ellas mismas nos cuentan que son importantes para tener el primer embarazo».

LAS ESPAÑOLAS RETRASAN CADA VEZ MÁS LA MATERNIDAD (36,2 AÑOS EN 2022) Y CADA VEZ HAY MÁS JÓVENES QUE OPTAN POR NO FORMAR UNA FAMILIA

Nuevos valores. Es importante también comprender que hay un tema cultural, de nuevos valores, añade Alemany en conversación telefónica con Escritura Pública. «Creo que ha habido un cambio en torno a lo que tiene que ver con el género y las desigualdades de género, y cómo las mujeres están siendo conscientes de que les corresponde otro lugar en la sociedad, y esto es algo que también tienen en cuenta» a la hora de formar o no una familia. FAD Juventud ha comprobado cómo «desde hace un tiempo, la juventud toma más conciencia de las desigualdades de género y hay un rechazo hacia los tópicos más grandes que significan idealizar la maternidad, y ellas mismas también nos explican que tienen posturas encaminadas hacia una mayor igualdad de género».

Este cambio tiene que ver con una transformación de la propia sociedad. «Antes, y estamos hablando de no hace tanto tiempo, 50 años, la única manera de salir de casa de tus padres era casándote, en el caso de las mujeres, y teniendo un hijo; era como tu provisión de futuro. Eso ha cambiado radicalmente; ahora tienen posibilidad de estudiar, se alargan los estudios y tienen opciones que antes no existían y eso, claramente, afecta a la natalidad».

Esos nuevos valores se reflejan en el Barómetro de The Family Watch: viajar es la prioridad en los próximos cinco años para el 63,5% de los jóvenes, seguido de prosperar en su vida profesional (59,3 %); sólo uno de cada tres encuestados piensa en formar una familia en los próximos cinco años.

Políticas públicas. El hecho de que España esté a la cola de la tasa de natalidad respecto a países de la UE como Francia, que tiene una de las tasas más altas de nacimientos, tiene también mucho que ver con las políticas públicas. «Si un país no hace políticas públicas para que sus jóvenes tengan hijos, también repercute. Hay países en Europa que ya están aplicando medidas para fomentar la natalidad, que tienen que ver con la conciliación, con las ayudas, con muchas cosas que hay que hacer desde las administraciones públicas. Esto, que es ya un tema más estructural, plantea como país qué es lo que queremos», subraya la directora de Innovación de FAD Juventud.

En el citado barómetro de The Family Watch, el 74,8% de los encuestados cree que las medidas principales para mejorar “el bienestar de las familias” son las que favorecen la conciliación, y el 66,5% apunta al acceso a la vivienda en los jóvenes. En la encuesta del CIS, el 47,6% cree que es necesario flexibilizar la jornada laboral de los trabajadores con responsabilidades familiares; el 31% afirma que hay que mejorar el tratamiento fiscal en el IRPF de familias con hijos, y el 27,5% asegura que hay que facilitar el acceso a mejores viviendas para familias con hijos. «Se ha avanzado en este país con los permisos maternales y paternales, pero queda camino por recorrer; es un cambio también de mentalidad para los que contratan; que no sea un estigma querer ser madre, y esto ha cambiado también, pero queda por hacer», puntualiza Alemany.

VIAJAR ES LA PRIORIDAD EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS PARA EL 63,5% DE LOS JÓVENES, SEGUIDO DE PROSPERAR EN SU VIDA PROFESIONAL

Para revertir la actual situación es clave que los jóvenes sean capaces de emanciparse. «Creemos que es fundamental que puedan hacer su trayectoria vital» y, en este sentido, tener acceso a una vivienda es una prioridad para la gran mayoría de los ellos. Está claro que el actual mercado residencial en España «está truncando muchas trayectorias vitales de jóvenes entre las que está formar una familia y tener hijos»; FAD Juventud es partidaria de «trabajar en esto intensamente» y que los que deseen formar una familia y tener hijos no tengan que renunciar a ello por falta de recursos.

La necesidad de que el Derecho responda a los pasos que va dando la sociedad en materia de relaciones asistenciales y el gran desconocimiento que existe sobre algunos instrumentos sí regulados, como el contrato de alimentos o los pactos de ayuda mutua, fueron dos de las conclusiones de una quincena de expertos reunidos recientemente en el Foro Temas que importan de Fundación Notariado para analizar los desafíos jurídicos que presentan estas situaciones de convivencia.

La inauguración del acto corrió a cargo del entonces presidente de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, que señaló que “las relaciones afectivas que se establecen entre las personas y la ayuda que se presta a quienes tenemos alrededor es lo que contribuye a crear una sociedad sana”. En su opinión, las llamadas nuevas formas de convivencia ya existen de facto y el Derecho va por detrás. Tras su intervención, se fueron sucediendo cuatro mesas redondas conformadas por notarios, expertos juristas, economistas, profesores universitarios y responsables de organizaciones de mayores, de juventud y de infancia.

CONCEPCIÓN PILAR BARRIO: “EL ACOGIMIENTO DE PERSONAS MAYORES ES UNA OPCIÓN PARA ATENDER SUS NECESIDADES EN UN AMBIENTE FAMILIAR”

Primer diálogo

La mesa Acogimiento familiar de las personas mayores, estuvo moderada por Concepción Pilar Barrio Del Olmo, entonces vicedecana del Colegio Notarial de Madrid y actualmente presidenta del CGN, y contó con la participación de Rosa María Moreno, catedrática Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid; la fiscal de la unidad coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, y Juan Ignacio Vela, coordinador del Ecosistema Senior de Fundación ONCE.

Concepción Pilar Barrio estableció el punto de partida aclarando que en una sociedad donde la esperanza de vida es cada vez mayor y existen más mayores solos “el acogimiento de estas personas en un entorno familiar y afectivo es una opción que parte de la autonomía privada y de la libertad de las personas, a diferencia de la asistencia social”. “A pesar de la falta de una regulación nacional, que podría ser conveniente -explicó- no existe impedimento alguno para que se pacten acogimientos en escrituras públicas en las que las partes cuenten con el adecuado asesoramiento notarial”.

Por su parte, María José Segarra consideró muy interesante estudiar la manera de organizar estas nuevas situaciones de convivencia y se mostró partidaria de potenciar esta figura dándole todas las garantías de seguridad para los más vulnerables. Rosa María Moreno expuso que la solución vendría dada por crear una ley específica para este tipo de pactos de carácter nacional. A la hora de definir qué tipo de contenido deberían recoger los acuerdos privados, los ponentes asumieron que debían realizarse contando con la asesoría imparcial de un notario y hacerlo en escritura pública.

Juan Ignacio Vela vio en estos acuerdos una alternativa a la institucionalización de los cuidados y subrayó que estos acuerdos “deben ser específicos, pero a la vez plurales. Una multiplicidad de modelos que permitan la suficiente flexibilidad para que se adapte a lo que ambas partes decidan”.

Contrato de alimentos

El segundo diálogo se tituló La autofinanciación de las necesidades asistenciales a través del contrato de alimentos vitalicio, y contó con la doctora en Derecho y notaria, Alicia Calaza, como moderadora. Los participantes fueron Lázaro González, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP); Inés de Araoz, coordinadora del departamento jurídico en Plena inclusión España; y Paloma Abad Tejerina, presidenta de la Asociación Madrileña de Abogacía de Familia e Infancia.

Para Alicia Calaza “en un escenario socioeconómico con altas tasas de precariedad laboral y problemas de vivienda, el contrato de alimentos podría ser una solución razonable para todos los implicados”. Por su parte, Abad Tejerina explicó las bases jurídicas de este tipo de contratos, y aseguró que apenas se utiliza y que ni siquiera muchos juristas lo conocen.

JORGE PRADES: “LOS MENORES ACOGIDOS SIGUEN TENIENDO EL MISMO DERECHO A FORMAR PARTE DE UNA FAMILIA AL ALCANZAR LA MAYORÍA DE EDAD”

Lázaro González reconoció la gran labor de los servicios residenciales, pero manifestó que no son suficientes para los dos millones de personas acogidas al sistema de dependencia. De Araoz concluyó el diálogo poniendo el foco en la vulnerabilidad económica de las personas que requieren cuidados especiales de larga duración. “A esto se le podría dar solución con el contrato de alimentos, con un contenido claro, fundamentado, explicado y accesible, con búsqueda de apoyo de terceros”, señaló.

Ayuda mutua

El tercer coloquio, Pactos convivenciales. Una mirada a los ciudadanos que se ayudan mutuamente con vocación de permanencia, estuvo moderado por Albert Domingo, notario, y contó con la participación de Carmen Jover, vicepresidenta del Registro de Economistas y Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE), y Judith Solé, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Domingo explicó que la relación convivencial de ayuda mutua se refiere a aquellas personas que, unidas por vínculos de amistad o de parentesco, deciden voluntariamente convivir con un único objetivo solidario de colaborar, auxiliarse y apoyarse mutuamente, compartiendo gastos y trabajos domésticos como libremente pacten, para hacer más fácil, agradable y menos solitaria su vida. Estos pactos solo están regulados en Navarra y Cataluña.

Su escasa penetración en estas CC. AA. fue compartida por los tres participantes. Jover aseguró que estos acuerdos aportan en Cataluña beneficios fiscales en el impuesto de sucesiones, pero, para fomentarlos, haría falta difundir su utilidad e implementar una más incentivadora regulación fiscal que seguramente implicaría menos gasto público asistencial, al quedar cubiertas estas necesidades, mediante la iniciativa privada. La profesora Solé apuntó que estos contratos “que las personas podemos celebrar libremente de acuerdo con la autonomía de la voluntad, podrían tener un importante papel como medidas de apoyo al ejercicio de nuestra capacidad jurídica, sea cual sea nuestra edad o nuestra situación de discapacidad”.

IGNACIO GOMÁ: “CON ESTA JORNADA SOBRE LOS
PACTOS CONVIVENCIALES, NOSOTROS COMO
NOTARIOS Y COMO FUNDACIÓN TENEMOS EL DEBER DE REFLEXIONAR SOBRE ELLO”

Acogimiento familiar y emancipación

La última mesa de la jornada titulada El derecho de los menores a crecer en familia: acogimiento y tránsito a la emancipación, estuvo moderada por el notario y patrono de Fundación Notariado, Jorge Prades. Junto a él intervinieron la directora general de la Infancia, la Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, Silvia Valmaña; el presidente de Plataforma de Infancia, Carles López Picó; y Raúl Jiménez, director de Acción Social de la ONG CESAL.

Jorge Prades recordó que los pactos de convivencia son una herramienta que puede resultar muy útil en el momento de emancipación de los jóvenes que son acogidos en instituciones y que, a los 18 años, pierden el entramado de apoyo del que disfrutaban.

Por su parte, Carles López recordó que el propio Comité de Derechos del Niño recomendó a España aumentar los recursos destinados a la acogida y mayor celeridad en el proceso de desinstitucionalización. Raúl Jiménez describió la metodología formativa de CESAL con respecto a los jóvenes en tránsito a la emancipación, donde un tutor les enseña el oficio y se convierte en un referente. “Difícilmente se puede insertar un joven en la sociedad si no tiene trabajo”, afirmó.

La directora general de la Infancia, la Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid coincidió en que todo el sistema de protección para los jóvenes que cumplen 18 años está focalizado en el centro y no en el acogimiento familiar, “como sería recomendable”.