«Ese claro objeto de deseo», por Juan José Morodo

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JUAN JOSÉ MORODO,

subdirector de Cinco Días

@JuanjoMorodo

Ese claro objeto de deseo

LA CUMBRE DE JEFES de Estado y de Gobierno de la UE dio vía libre el pasado 10 de diciembre al Marco Financiero Plurianual para 2021‐2027, dotado con 1,1 billones de euros. Lo hizo tras algunas concesiones no muy importantes a Polonia y Hungría, cuyos Gobiernos amenazaron con el veto, lo que rompería la necesaria unanimidad, muy conveniente también para el Plan de Recuperación Económica Next Generation EU, dotado con otros 750.000 millones, que también recibió luz verde ese día. En total, más de 1,8 billones de euros.

El Next Generation EU es el fondo que nutrirá económicamente al prolijo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno bajo el título de España Puede y que, según el Ejecutivo, “traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis del Covid, y para responder a los retos de la próxima década”. Son 58 páginas, incluidas fotografías, portadillas, tablas y adornos gráficos, que contienen un “proyecto de país” para evitar “una caída de la inversión privada que puede verse agravada si el margen fiscal más reducido en los próximos años conlleva menores niveles de inversión pública”. En menos palabras: para salir del pozo en el que la pandemia ha metido a la economía española.

La riada de fondos que llegará de Europa, condicionada al riguroso cumplimiento del Estado de derecho para evitar su empleo fraudulento, a pertinentes reformas estructurales y consolidación fiscal y a “recomendaciones específicas”, se ha convertido en el mayor objeto de deseo de la era moderna para multitud de sectores sociales, económicos y políticos. No es para menos. Del Next Generation está previsto que España (principal receptor junto a Italia) obtenga hasta 140.000 millones de euros (más de 23 billones de las antiguas pesetas), de los que 72.000 millones se desembolsarán como subvenciones y el resto, en préstamos a devolver.

Las discrepancias entre los socios del Gobierno de coalición para decidir cómo y, sobre todo, quiénes participarán en el reparto de esa ingente cantidad de dinero, incluso antes de su aprobación, son el reflejo de las desmedidas expectativas que levanta tal desembolso. Y ello, cuando lo deseable es que ese extraordinario paquete de ayudas se distribuya con criterios técnicos y nunca políticos, y se extienda con el objetivo de impulsar la economía productiva y el empleo, y no a la manera de aquel ineficaz Plan E, diseñado apresuradamente para afrontar la anterior crisis, derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera global a partir de 2008. Entonces fueron unos 50.000 millones de fondos públicos ineficazmente invertidos, más preocupados por la cartelería propagandística que por el impulso real de la economía.

Sirvan como aviso las duras advertencias del Tribunal de Cuentas sobre aquella lluvia de dinero, cuando concluyó que se adjudicaron contratos “genéricos e imprecisos” y de forma directa y que “en la mayoría de los casos no se abordaron nuevos proyectos ni se crearon empleos ni mejoraron los municipios”. La conclusión del FMI sobre el conocido como Plan Zapatero fue tajante: no aumentó el potencial de crecimiento de España. Es decir, acabó en el desagüe.

¿Cómo evitar otro fiasco así? Pues convirtiéndolo en una nevada que llene los acuíferos de la economía e incremente su potencial, e impidiendo con las más altas dosis de transparencia que derive en un torrente que pase sobre la tierra árida sin empaparla. Para ello, la Administración debe alejarse de trasnochados apriorismos ideológicos y estar muy atenta a las propuestas empresariales, analizarlas con seriedad técnica y contrastar su potencialidad para fortalecer la economía. Porque la colaboración entre el sector privado y el público va a ser esencial y las empresas serán las ejecutoras finales de gran parte del plan.

Por cada euro público que llegue para combatir las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus las empresas podrán generar otros cuatro euros en inversión privada, según la CEOE. Para ello ha presentado al Gobierno un documento con 21 iniciativas estratégicas desplegadas en 114 ámbitos de inversión y más de 400 proyectos específicos “para la recuperación y transformación de la economía”, agrupadas en los cuatro ejes del plan España Puede (transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial). Su objetivo es generar un alto impacto en el crecimiento y en el mantenimiento y creación de empleo de calidad, e incluye los destinos tractores a los que la patronal cree que deben dirigirse los fondos. A falta de saber las cantidades finales que recibirá el tejido productivo privado, la CEOE estima que rondará el 50% del total. En coherencia con su cometido, la patronal estima que su impacto en el sector privado “genera más crecimiento potencial que si se utiliza para fines públicos”. La estrategia sería que la puesta en marcha de reformas e inversiones aseguren el máximo éxito, basándose en dos fórmulas: agilizar la recuperación en las grandes empresas por su efecto tractor y dar permeabilidad a pymes y autónomos. Conviene recordar que España es el reino de las pymes: el 98% de las empresas tiene menos de 20 trabajadores.

En el actual escenario de preparación de la red para pescar las ayudas, y frente a los que las contemplan como un maná salvador, procede estimar la rebaja del Banco de España de su efecto sobre el PIB. El supervisor calcula además que el efecto multiplicador de la inversión y el consumo que alimenten será ligeramente inferior a la unidad en el trienio 2021‐2023.

Del diseño final del modelo dependerá el aprovechamiento de la lluvia de euros. Para que sea productiva habrá que estar también muy atentos a las goteras en las cañerías. Porque al calor de las inmoderadas expectativas de dinero público, la escasa información y la complejidad burocrática ya ha empezado a surgir como hongos una bandada de conseguidores, asesores, consultores y visitadores, más o menos próximos al poder y a los partidos que lo ostentan, entre los que hay decenas de exministros y ex altos cargos reconvertidos. Habrá que delimitar si todos son compañeros de viaje aconsejables en la mayor oportunidad de España para que el crecimiento posterior a la crisis transforme a mejor nuestra economía y haga más justa nuestra sociedad.

«Oxígeno para pymes y autónomos», por Juan José Morodo

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JUAN JOSÉ MORODO,

subdirector de Cinco Días

@JuanjoMorodo

Oxígeno para pymes y autónomos

Cuando Sequoia Capital, uno de los fondos más reconocidos de Silicon Valley, hizo sonar la alarma en marzo con un comunicado en el que advertía a los emprendedores que venía financiando sobre la necesidad de reconsiderar la situación, estaba describiendo el futuro inmediato. El impacto del Covid-19 sobre la demanda planteaba una seria amenaza para compañías poco capitalizadas, como las startups tecnológicas, que suelen vivir de sucesivas rondas de financiación. No eran una excepción.

Muchas empresas de todos los sectores, sobre todo pymes, ya no volverán a abrir sus puertas tras la pandemia. Y otras muchas tampoco lo harán si no cuentan con herramientas de apoyo claras, ágiles y eficaces que pongan remedio a las enormes dificultades derivadas del inédito frenazo en el negocio, en gran parte debido a confinamientos decretados por las autoridades. El tsunami del Covid ha arrasado con todo, y en el caso del tejido empresarial y del empleo se ha manifestado con extrema dureza también a la espera de una vacuna efectiva.

El Gobierno estableció desde marzo de 2020 medidas para salvar la dovela central que sostiene la economía del país: las pymes y los autónomos. Los créditos con aval del ICO han servido para proporcionar la imprescindible liquidez con el objetivo de evitar las temidas tensiones de tesorería, solventar los gastos fijos, la asfixia en las nóminas o el pago a los proveedores en los primeros meses de la crisis sanitaria. Y, pese a los galimatías denunciados por algunas empresas y desencuentros iniciales entre el sector financiero y el Ministerio de Asuntos Económicos, la recuperación de una relación más fluida los ha llevado a cumplir, con diversas ampliaciones, su función de manera útil y en unos momentos en que la liquidez urgía hasta el límite de la supervivencia. Sin embargo, pasados nueve meses de pandemia, el escenario sigue siendo tenebroso y todo indica la urgencia de medidas a más largo plazo.

Son estos, los plazos de carencia y amortización, el principal problema. Porque aquellas medidas se pensaron para una relativamente pronta recuperación con la que la segunda oleada y su virulencia han dado al traste. Pero la ampliación de estos periodos o la búsqueda de fórmulas para que el ICO pueda reestructurar la deuda de los avales que ha concedido a los bancos para que facilitaran liquidez, así como la línea destinada a la inversión (esta con escasa demanda), sirven, pero no bastan. Como no bastará, por sí sola, la aplicación de los fondos provenientes del Plan de Recuperación para Europa, por muy ingentes que parezcan. Si las dificultades de liquidez derivan en problemas de solvencia y no se acometen reformas estructurales con urgencia, el viaje habrá sido en vano. Y una morosidad ingobernable puede asomar en cualquier momento.

Las restricciones derivadas de la segunda oleada de contagios tras el verano intensificaron los riesgos para la estabilidad financiera y lastran con una pesada losa la recuperación de la actividad. En el escenario actual, parece una lectura optimista incluso la del Banco de España, cuando aplaza al menos hasta fin de 2022 la vuelta a los niveles preCovid.

Ante situaciones excepcionales, urgen medidas excepcionales. Las reestructuraciones de financiación, las ayudas directas o incluso las quitas, significativamente en los sectores más perjudicados por el parón, serán fórmulas que bien diseñadas y aplicadas con eficacia y bajo los principios de viabilidad y buenas prácticas pueden resolver parte del problema. Pero urge también toda una batería de medidas dirigidas a facilitar la oferta y reactivar la demanda, como moratorias fiscales y de alquileres (incluidas rentas variables), bajadas de IVA y planes sectoriales pormenorizados.

El Gobierno ha reconocido que medidas que fueron efectivas, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o los créditos con aval del ICO, “son insuficientes” hoy, ante una falta de demanda que a octubre había hundido los ingresos del 74% de las pymes y con la mitad viendo en riesgo su supervivencia, según el Barómetro de Cepyme. El 64% de los empresarios consultados creen que las medidas del Gobierno han sido “malas o muy malas”. En este sentido, la prolongación de los ERTE debe ser más que una decisión coyuntural e intermitente, y estos requieren igualmente un rediseño que permita a pymes y autónomos planear a largo plazo.

Las empresas con la persiana bajada son un grave coste para toda la economía en términos de riqueza y de empleo. Es una negra espiral que se retroalimenta, como han expresado con preocupación los primeros espadas de los grandes. Un diagnóstico que empeora al comprobarse la incertidumbre de una recuperación incierta.

Frente a inútiles disputas sobre cuánto caerá el PIB este año o el próximo, lo relevante es conocer cuándo se va a recuperar el crecimiento. Porque el aumento de las restricciones por toda Europa, donde están los principales clientes de nuestras empresas y los primeros emisores de turistas hacia España, extiende más incógnitas en el horizonte.

Quienes abren la persiana cada mañana tienen que saber a tiempo con qué cuentan para sacar adelante su negocio, además de solidaridad. El escudo social más valioso para los ciudadanos es la defensa de las pymes y los autónomos, incardinados con la gran empresa como claves de la riqueza, la recaudación tributaria y el empleo, sin los cuales la economía se deshilacha y este último desaparece.

Fomentar capital oxígeno, respaldar a las startups, diseñar programas de venture capital, mimar a los business angels, incentivos extra para quienes tengan el coraje de invertir en producción… Es larga la lista de acciones para impulsar el tejido empresarial. De ellas dependerá el futuro del empleo y, a la larga, del país. 

La ocasión es crítica y ha propiciado que pequeños emprendedores y grandes corporaciones hayan aprendido en tiempo récord a colaborar frente a la crisis. Es también una ocasión histórica para que las pymes den el salto al siglo XXI. Las que adopten soluciones ágiles y creativas podrán sobrevivir. Las que no, pagarán una cara factura.

El ingreso mínimo vital

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El ingreso mínimo vital

Lo que hasta hace poco tiempo no era más que una utopía más propia de las prósperas sociedades escandinavas, se está poniendo en marcha en España, no sin ciertos retrasos y dificultades. Más allá del baile de cifras que existe en torno a su percepción por parte de los beneficiarios, lo cierto es que el denominado Ingreso Mínimo Vital ha llegado a nuestro país para quedarse. Una medida que pretende paliar la desigualdad social existente, exacerbada por la crisis sanitaria desatada por la actual pandemia, para dotar a los sectores más desfavorecidos de un colchón de protección que cubra sus necesidades básicas.

FERNANDO GEIJO

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Elogiada por unos y denostada por otros. Sin duda, la renta básica universal genera alabanzas y críticas en los diferentes países en los que se ha debatido su puesta en marcha. Y España no podía ser una excepción. Esta iniciativa redistributiva de la renta disponible es apoyada con fervor por organizaciones progresistas, que la ven como un paso natural en la consolidación del Estado del bienestar, y vilipendiada por los grupos más conservadores, que observan en ella los peligros propios de la consolidación de una mentalidad basada en el abandono del esfuerzo personal de superación cuando su asignación es generalizada.

En lo que no hay duda es en considerar que su implantación selectiva supone caminar hacia una evidente solidaridad económica mediante la instauración de un vasto modelo de protección social que, a la postre, ofrece a los individuos más desfavorecidos un salario ajustado para cubrir sus necesidades vitales esenciales.
El establecimiento en España de una renta básica mínima no es un concepto novedoso. De hecho, diferentes partidos políticos del arco parlamentario han sopesado esta posibilidad en los últimos tiempos. No en vano, varios países, como Países Bajos, Canadá, Finlandia y Francia, han coqueteado con este concepto de redistribución financiera entre los más desfavorecidos al poner en marcha proyectos piloto desde hace años.

La idea que subyace en la asignación de este ingreso económico vital es garantizar un ingreso mínimo de subsistencia a las personas que se encuentran en una situación de evidente vulnerabilidad financiera. Una especie de red social para garantizar la subsistencia de aquellos que están en riesgo severo de exclusión social.

Contra la pobreza. El denominado Ingreso Mínimo Vital (IMV) era una de las medidas estrella del pacto suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos que dio lugar al actual Gobierno de coalición. La aprobación de esta iniciativa sufrió varios retrasos debido a la crisis sanitaria del Covid-19 hasta que, finalmente, vio la luz en el último Consejo de Ministros del pasado mes de mayo.

El arranque de esta iniciativa está siendo más complicado de lo esperado. No en vano, las dificultades en su implantación se derivan de la actual situación económico-social, lo que ha desbordado las expectativas más optimistas de solicitudes debido a la grave crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
De hecho, y después de meses de implantación y con un notable retraso en la gestión de las solicitudes, el Gobierno no ha tenido más remedio que aprobar un Decreto-Ley para alargar plazos y eliminar requisitos para tratar de aligerar el proceso.

Las más de 900.000 solicitudes presentadas hasta finales de septiembre desde que el pasado 15 de junio se abriese el plazo para solicitar el IMV están poniendo a prueba la capacidad de la Seguridad Social. Así, al menos, lo aseguran los sindicatos al denunciar falta de personal para atender la avalancha de peticiones recibidas. Una carencia que se uniría a los problemas informáticos, originados al principio de este proceso, y al exceso de trabajo que entraña la gestión de un ingente número de expedientes acumulados. No hay que olvidar que los funcionarios del ente público deben también tramitar otros asuntos como por ejemplo pensiones, jubilaciones, así como otro tipo de ayudas económicas.

A las complicaciones antes descritas habría que añadir la incertidumbre en el cumplimiento de los plazos administrativos para los solicitantes del IMV. Es decir, una vez superado el lapso de tres meses sin obtener respuesta por parte de las autoridades competentes cuando se realiza una solicitud, se considera desestimada. Es lo que la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común describe como silencio administrativo.

Se calcula que beneficiará a un total de 1,1 millones de hogares, la mitad de ellos con niños.

Es por ello por lo que, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que es titular José Luis Escrivá, se han puesto manos a la obra para tratar de agilizar los trámites en un intento por simplificar las solicitudes y desatascar la situación mediante la ampliación del plazo de respuesta administrativa de tres a seis meses, hasta final de año, con lo que se sortea el peligro de prescripción legal antes descrito.

Mejoras necesarias. La idea es desatascar el cuello de botella creado entre el aluvión de demandas y la multiplicación de asuntos a atender por parte de la plantilla de funcionarios de la Seguridad Social, especialmente en un escenario de crisis sanitaria generalizada.

Con todo, se pretende que unos 150.000 hogares, que albergan a alrededor de 450.000 personas, puedan cobrar la prestación a partir de la segunda mitad del mes de septiembre. Las cifras muestran que hasta ese momento apenas se había concedido el 10 por ciento de los 900.000 expedientes presentados. Este porcentaje supone que algo más de 85.000 familias en España ya estarían recibiendo la prestación. Sin embargo, la gran mayoría, unas 75.000, fueron concedidas de oficio, lo que supone que sólo han sido analizadas las restantes 10.000 peticiones, un uno por ciento de las entregadas hasta esas fechas.

La cuantía fijada para el Ingreso Mínimo Vital para un beneficiario individual, sin hijos a su cargo que vive solo, asciende a 461,53 euros mensuales, cantidad que coincide con el importe anual de una pensión no contributiva dividida entre doce. En el caso de una unidad de convivencia, el importe va desde los 599,99 euros, para aquella formada por dos adultos, hasta un máximo de 1.015,37 euros si se trata de hogares integrados por dos, tres o cuatro adultos con tres o más, dos o más o un menor a su cargo, respectivamente. Los expertos estiman que estos importes supondrán un gasto al Estado de unos 3.000 millones de euros al año, alrededor de un tercio de lo que abona cada mes en pensiones. Además, se calcula que beneficiará a un total de 1,1 millones de hogares, la mitad de ellos con niños.

Los beneficiarios de esta prestación deben tener un patrimonio neto total inferior a los 100.000 euros, y una edad comprendida entre los 23 años, exceptuando quienes tengan un hijo menor de edad, y los 65 años. Además, una vez presentada la solicitud, si no lo habían hecho antes, deben encontrarse en situación de búsqueda activa de empleo.

Asimismo, su residencia legal y efectiva debe estar en España, de forma ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de la presentación de la solicitud. Otro aspecto a destacar a la hora de acceder al IMV es que se ha puesto especial cuidado en la protección de las víctimas de violencia de género que hayan tenido que abandonar su hogar, así como en el reconocimiento de las parejas de hecho que residan en el mismo núcleo familiar.

Los ciudadanos que estén recibiendo otro tipo de ayudas, como el subsidio o la prestación por desempleo, no podrán acceder al IMV dado que supondría percibir cuantías superiores a esta renta básica y, en palabras del propio Escrivá, se podría desincentivar la búsqueda de empleo al existir la posibilidad de sumar varias ayudas.

En cualquier caso, la medida no deja de estar en línea con lo acordado por los países más avanzados de nuestro entorno y supone un plausible avance hacia la constitución de una sociedad indudablemente más justa e igualitaria.

Ojo al dato

Sede electrónica de la Seguridad Social con información de referencia sobre el Ingreso Mínimo Vital. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Guía de facilitación de acceso a las medidas. Ingreso Mínimo Vital. Vicepresidencia Segunda del Gobierno. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Tramitación de la solicitud a través del formulario del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Simulador del Ingreso Mínimo Vital. Página web de la Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Información para solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Cruz Roja Española.

La cuantía del IMV va desde los 461,5 euros mensuales hasta un máximo de 1.015 euros

Condiciones generales de aceptación

Entre los requisitos para ser beneficiario, que deben cumplirse al solicitar la prestación y mantenerse mientras se perciba la misma, se encuentran:
• Residir en España desde hace al menos un año, salvo para las víctimas de explotación sexual o violencia de género (sin plazo).
• Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, para lo que se valora la capacidad económica del individuo y/o de todos los miembros de la unidad de convivencia, tanto en términos de ingresos como de patrimonio.
• Haber solicitado las pensiones y prestaciones a que se tenga derecho, salvo rentas mínimas y salarios sociales o similares, concedidos por las comunidades autónomas.
• Los mayores de 28 años deben iniciar, si no lo han hecho ya, los trámites para figurar como demandantes de empleo y el resto de los adultos acreditar que cursan estudios reglados, quedando excluidas las personas dependientes y sus cuidadores, discapacitadas en grado de 65% o superior y los beneficiarios de pensión de incapacidad, invalidez, jubilación o aquellos mayores de 65 años.

Fuente: Seguridad Social.

Ajustes normativos

Entre los cambios recogidos en el Decreto-Ley de actualización de las condiciones de acceso al IMV cabe subrayar:
• El plazo de la Administración para resolver las solicitudes de los demandantes se alarga de tres a seis meses, para evitar que caduquen por silencio administrativo.
• Las solicitudes positivas presentadas en 2020 tendrán carácter retroactivo y, por tanto, derecho a cobro desde el 1 de junio.
• Se deja de exigir, salvo posterior discrepancia, la presentación del padrón en la solicitud, al ser comprobado por la propia Seguridad Social con los datos del INE.
• La exigencia de inscripción como demandantes de empleo de todos los adultos solicitantes no tendrá que cumplirse antes de presentar la solicitud, sino que se podrá completar, una vez aprobado el IMV, en los seis meses siguientes.
• Únicamente los solicitantes menores de 30 años que vivan solos deberán acreditar su independencia, no así el resto, como ocurría antes.
• La acumulación de los, al menos, 12 meses de cotización, seguidos o alternos, ahora debe haber tenido lugar en los últimos tres años a la presentación de la solicitud.
• Se endurecen las condiciones de acceso para las parejas de hecho en situación de unidad de convivencia, que ahora deben contar con una antigüedad de inscripción en el correspondiente registro de, al menos, dos años desde la presentación de la solicitud del IMV.
• La nueva norma permite excluir del cálculo económico a los adultos que no sean los progenitores, sin perjuicio de superar los umbrales totales establecidos, y que, en caso de no haber recibido respuesta a su solicitud, puedan solicitar el IMV transitorio por su cuenta.
• Para agilizar el proceso, ahora se aceptarán los informes de las comunidades autónomas en relación con los beneficiarios de otras rentas mínimas.
Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE).