El Consejo General del Notariado (CGN), el Centro Tecnológico del Notariado y la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa han suscrito un convenio de colaboración que permitirá a este órgano del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el acceso telemático a la información anonimizada del Índice Único Informatizado Notarial, con el objetivo de realizar un seguimiento eficaz de la evolución económica que contribuya a la adopción de medidas para la mejora de la competitividad empresarial y el crecimiento económico.

La presidenta del Notariado español, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, rubricaron el convenio que facilitará al organismo público disponer de datos de gran valor y utilidad sobre operaciones inmobiliarias, hipotecarias, mercantiles y, en general, financieras, que reflejen la realidad de la actividad económica en nuestro país.

Esta información contribuirá a la elaboración de estudios, prospecciones y análisis orientados al diseño de políticas públicas de interés general en el ámbito económico. Asimismo, ambas instituciones realizarán un seguimiento conjunto de las metodologías de investigación y tratamiento de datos, con el fin de asegurar la eficiencia y calidad de los resultados obtenidos.

El Índice Único Informatizado Notarial es la segunda base de datos con mayor volumen de información de España, solo tras la Agencia Tributaria. En este sentido, Barrio Del Olmo señaló que “los notarios autorizamos ocho millones de documentos al año, cuyos datos se graban de manera parametrizada y estructurada en nuestro Índice Único, que contiene información de más de 175 millones de documentos notariales: es el mejor radar a disposición de las Administraciones y autoridades públicas”.

Por su parte, Israel Arroyo destacó que “este acuerdo con el Notariado es un claro reflejo de la apuesta del Ministerio por diseñar políticas económicas basadas en la evidencia: nos permitirá afinar nuestros diagnósticos y actuar con mayor eficacia en un ámbito tan crucial como el de la vivienda. Sin duda, contribuirá además a seguir marcando el camino y extender este enfoque a colaboraciones con otros organismos”.

Un canal de comunicación ágil y seguro

A efectos de acceso a los datos, el Centro Tecnológico del Notariado habilitará un canal de comunicación digital, ágil y eficiente, que permitirá a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa la solicitud y consulta de información y la interconexión con la Sede Electrónica Notarial, reconocida con el nivel alto en el Esquema Nacional de Seguridad, garantizando los máximos estándares de seguridad y la protección de los datos.

El convenio establece además la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de cada una de las partes, que definirá las condiciones técnicas de acceso a la información y prestación del servicio, y velará por el correcto cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Consejo General del Notariado (CGN) suscribieron un convenio marco de colaboración institucional el pasado 30 de abril con el objetivo de estrechar la cooperación entre ambas corporaciones de derecho público y promover iniciativas conjuntas en beneficio de los profesionales, de la seguridad jurídica y de la ciudadanía.

El acuerdo, firmado por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y la presidenta del CGN, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, contempla la organización conjunta de actividades formativas, divulgativas y de actualización profesional; la elaboración de estudios, informes, estadísticas y documentos de buenas prácticas; y la puesta en marcha de iniciativas destinadas a reforzar la confianza de la ciudadanía en los servicios notariales y de la Abogacía. También pretende fomentar el acceso a la justicia, la protección de colectivos vulnerables y las sinergias tecnológicas, 

en el uso de plataformas y aplicaciones informáticas orientadas a obtener información registral relevante para ciudadanos, empresas y justiciables.

Para Ribón, este convenio nace con el objetivo de “convertir la relación entre la Abogacía y el Notariado en una palanca de mejora real del servicio jurídico que reciben ciudadanos y empresas. Hablamos de reforzar la seguridad jurídica, de impulsar la formación y la modernización de nuestros profesionales, de facilitar una interlocución más fluida entre dos instituciones esenciales para el funcionamiento del Estado de Derecho”.

Por su parte, Barrio Del Olmo señaló que esta cooperación entre Notariado y Abogacía es “especialmente valiosa en un momento en el que el sistema jurídico necesita combinar garantías, cercanía y capacidad de adaptación tecnológica. Este convenio marco abre una vía útil para desarrollar proyectos comunes también en ámbitos como la atención a colectivos vulnerables o el intercambio de conocimiento técnico”.

El Notariado italiano estudia adoptar un modelo idéntico al español y recuperar íntegramente la transmisión en escritura pública de las participaciones societarias, tras haber sido advertidos al respecto por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su informe de 2026 relativo a Italia.

Una delegación del Consejo Nacional del Notariado italiano, encabezada por su presidente Vito Pace, se reunió a principios de mayo con la presidenta, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y con otros miembros del Consejo General del Notariado, con el fin de conocer la fortaleza, eficacia y fiabilidad del sistema español de prevención del blanqueo de capitales.

El sistema español notarial de lucha contra la delincuencia financiera se sirve del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo (OCP), creado en 2005 por el Ministerio de Economía español, para facilitar información a las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes en la materia. Desde su constitución, OCP ha contestado más de 415.000 requerimientos de información y casi 200.000 solicitudes de documentación, erigiéndose como uno de los principales pilares de España en la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. De hecho, el 80% de las comunicaciones de operaciones sospechosas que realiza al SEPBLAC acaban destapando graves delitos.

Los técnicos del OCP son los responsables de analizar (en el marco de la normativa de protección de datos) la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, con información parametrizada de más de 45 millones de personas físicas y jurídicas. A partir de este índice se creó en 2012 la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR), que permite saber quiénes son las personas físicas titulares reales de una sociedad u otras estructuras jurídicas. En esta base están identificados de manera acreditada los titulares reales de más de 3,3 millones de entidades jurídicas, nacionales y extranjeras.

La ministra Isabel Rodríguez presidió la primera reunión de este órgano consultivo, integrado por el Notariado junto a otras 36 entidades, entre las que se encuentran organismos de promoción de vivienda social, gestión del suelo, constructores, promotores y entidades bancarias; los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores, agentes de la propiedad y registradores; así como representantes de consumidores y usuarios, sindicatos, el tercer sector, asociaciones vecinales y de propietarios.

En su intervención, Barrio Del Olmo aportó las soluciones que puede ofrecer el Notariado al problema de la vivienda, dando seguridad y transparencia al mercado inmobiliario. Por su parte, la ministra señaló la importancia de este Consejo para la participación de la sociedad civil en el “mejor diseño de las políticas públicas y para la consolidación de los acuerdos y los consensos”.

En la sesión se acordó la celebración de dos reuniones anuales y la creación de cinco grupos de trabajo para abordar los objetivos planteados: analizar el Plan Europeo de Vivienda, la construcción de un parque de vivienda público y su blindaje con carácter permanente, atender el desafío de la vivienda en la España rural, el análisis de la ejecución del Plan Estatal de Vivienda a través de su modelo de cogobernanza, y la transparencia y los datos públicos en materia de vivienda.

En el acto intervinieron los directores de la obra; el director de la Representación de la Comisión Europea (CE) en España, Daniel Calleja; la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo; y el vicedecano del Colegio de Registradores de España, Alfredo Delgado, en un encuentro que estuvo moderado por Segismundo Álvarez, presidente del patronato de la Fundación Hay Derecho.

Durante su intervención, Daniel Calleja destacó el papel que ha asumido la Unión Europea en materia de vivienda y subrayó la dimensión social del problema, recordando que “el 16 de diciembre la Comisión presentó el primer plan europeo de vivienda asequible en la historia de Europa”. En este sentido, remarcó que “el mensaje de la CE es muy claro: sin vivienda asequible no hay cohesión social ni hay igualdad real”.

CONCEPCIÓN BARRIO: “ESTA OBRA NO SOLO ANALIZA LAS CAUSAS, SINO QUE PLANTEA SOLUCIONES DESDE EL DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO”

Por su parte, Barrio Del Olmo subrayó que este Tratado “no solo analiza las causas, sino que plantea soluciones desde el Derecho público y privado, lo cual es fundamental” y puso en valor la contribución que puede realizar el Notariado en esta materia gracias a su contacto directo con la realidad del mercado inmobiliario, señalando que “a las notarías acuden a diario en torno a 60.000 personas”. Asimismo, se refirió al mercado del alquiler y a la necesidad de reforzar su transparencia y seguridad jurídica, “algo que podría lograrse si los contratos de alquiler se recogieran en escritura pública”.

Datos notariales al servicio de la sociedad. La presidenta del Notariado explicó que “hemos puesto a disposición de la Administración y de la ciudadanía el Portal Estadístico con datos de vivienda, con información basada en datos auténticos procedentes de las escrituras públicas, desagregados y actualizados. Esta información será muy útil no solo para llevar a cabo una buena política pública de vivienda, sino también para ver el impacto real de las medidas que se puedan articular”.

El notario Segismundo Álvarez señaló que “para la Fundación Hay Derecho el tema de la vivienda ha sido siempre fundamental desde sus principios en 2010”. Y recordó que “tras la crisis de 2008, el foco estuvo en las ejecuciones hipotecarias, mientras que en la actualidad el objetivo es otro: la vivienda asequible, abordar los problemas de oferta y de accesibilidad, en los que se centra esta obra”.

El vicedecano de los Registradores destacó el valor del Tratado como obra de referencia para comprender la dimensión jurídica y social de la situación del mercado de la vivienda, afirmando que “va a resultar una pieza imprescindible para todo aquel que quiera comprender jurídicamente un problema, que no es solo sectorial o coyuntural, sino que afecta a la cohesión social y a la efectividad de derechos constitucionales”.

DANIEL CALLEJA: “LA COMISIÓN EUROPEA ACABA DE PRESENTAR EL PRIMER PLAN EUROPEO DE VIVIENDA ASEQUIBLE EN LA HISTORIA DE EUROPA”

Perspectiva internacional y multidisciplinar. Como directora de la obra, Matilde Cuena explicó que el Tratado responde a un esfuerzo colectivo por aportar claridad a un problema complejo, señalando la importancia de que “los poderes públicos sepan que cada vez que tocan algo en la vivienda hay otras piezas del sistema que se mueven”. Cuena subrayó también el carácter internacional y multidisciplinar del proyecto: “Se trata de un esfuerzo conjunto de profesores de distintas universidades españolas y extranjeras”.

Finalmente, Julio Tejedor aclaró que la obra aborda la vivienda desde múltiples perspectivas, “desde la gestión, la vivienda asequible y la regulación del mercado”. El catedrático destacó especialmente un capítulo dedicado a la calidad de la vivienda, en el que se analizan, entre otras cuestiones, “cómo tiene que ser una vivienda para que sea digna y adecuada y satisfaga la necesidad de alojamiento de una familia”.

La reunión, encabezada por la presidenta del CGN, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el presidente del Consejo General API, Ángel Martínez León, sirvió para destacar la importancia de la profesionalización en la intermediación inmobiliaria. Ambas corporaciones de derecho público coinciden en que una preparación rigurosa de las operaciones es el paso previo indispensable para que la fe pública notarial culmine con éxito el proceso de compraventa.

Durante el encuentro se subrayó que la adquisición de una vivienda supone el mayor desembolso económico que realiza una familia media. En este sentido, la colaboración entre los colegiados API y los notarios resulta vital para dotar de transparencia a todo el proceso, desde la intermediación inicial hasta el otorgamiento de la escritura pública.

El presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España valoró el encuentro como «muy grato y enriquecedor», agradeciendo la voluntad de entendimiento del Notariado. Martínez León insistió en que la profesionalización del sector es la mejor herramienta para salvaguardar los derechos de los consumidores.

Por su parte, la presidenta del CGN presentó el Portal Estadístico del Notariado, una herramienta clave que ofrece datos fundamentales a la ciudadanía sobre la situación del mercado inmobiliario. La institución notarial tiene plena disposición para hacer extensibles estas herramientas a los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria colegiados, fomentando así una cooperación técnica que revierta en un mercado más seguro.

Una hoja de ruta común

La reunión, en la que también participaron M.ª Dolores de Alcover-Aguilar, secretaria del Consejo API; Manuel Gerardo Tarrío, secretario del CGN; y Pedro Galindo, director del Gabinete de Presidencia del Notariado, finalizó con el firme propósito de ambos organismos de seguir trabajando de forma conjunta. El objetivo final es consolidar una estructura de mercado basada en la seguridad jurídica, la prevención del fraude y la transparencia, garantizando que el acceso a la vivienda cuente con el respaldo de profesionales altamente cualificados y coordinados.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria entró en vigor en julio de 2015 y otorgó nuevas competencias a los notarios para intervenir en actos que -hasta entonces- estaban reservados a los jueces. “Ha sido muy positiva para los ciudadanos porque permite resolver conflictos por vías extrajudiciales. Aunque en algunos expedientes sería necesaria una reforma legislativa, consideramos que ha sido muy útil para la sociedad”, señaló la presidenta del CGN y decana del Colegio Notarial de Madrid, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, durante la inauguración del encuentro.

Notarios expertos en la materia pusieron el foco sobre la conciliación notarial; la posibilidad de casarse, separarse y divorciarse ante notario; los expedientes de relativos al Derecho de sucesiones -como la aceptación de herencia a beneficio de inventario-; la reclamación de deudas no contradichas o las actas de subasta; entre otros.

Más de 130.000 actos. Fernando J. Rivero explicó que una de las grandes ventajas de atender estos actos por la vía notarial es “la agilidad y el asesoramiento imparcial, no solo en lo relativo al matrimonio y a sus efectos, sino también sobre otros negocios jurídicos vinculados al mismo”. Estos actos, apuntó Rivero, “muestran una clara tendencia creciente, con más de 130.000 actos en los últimos diez años; 23.180 en 2024”. También recordó que, desde abril de 2021, los notarios pueden encargarse de la realización del expediente previo a la celebración del matrimonio.

Asimismo, Barrio Del Olmo intervino en la sesión para referirse particularmente al expediente notarial de reclamación de deudas no contradichas: “La ventaja y finalidad de este procedimiento es que se trata de una vía rápida para obtener un título ejecutivo, sin necesidad de acudir a juicio”, declaró.

Agilidad en la vía extrajudicial. El notario Juan Pérez Hereza centró su ponencia en los expedientes de separación y divorcio, que se pueden realizar por vía notarial siempre que sean de mutuo acuerdo y sin hijos menores no emancipados o hijos que tengan establecidas medidas de apoyo atribuidas a los progenitores. Pérez Hereza explicó que se trata de un proceso muy ágil, en el cual el notario presta asesoramiento: “En una semana puede estar lista la escritura de divorcio”.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria también atribuyó a los notarios competencias para autorizar las actas de declaración de herederos abintestato de colaterales, la escritura de aceptación de la herencia a beneficio de inventario o las actas de requerimiento para aceptación de la herencia al llamado, entre otros actos jurídicos. “Con la aceptación a beneficio de inventario el heredero solo responde de las deudas hasta donde alcance el valor de los bienes heredados y nunca con su patrimonio”, explicó el notario Ignacio Solís.

El notario Diego Rosales centró su charla en el expediente notarial de ofrecimiento de pago y consignación: “El Código Civil establece que el deudor, que haga a su acreedor ofrecimiento de pago, si este se negase a admitirlo, quedará liberado de su obligación si consigna notarialmente lo debido”, afirmó.

Impulso con la Ley 1/2025. Seguidamente intervino el notario Salvador Torres para abordar el expediente notarial de conciliación: “En 2015, la Ley de Jurisdicción Voluntaria introdujo este expediente como un medio para que los ciudadanos resolvieran extrajudicialmente sus controversias, con el propósito de descargar de asuntos a los tribunales”, apuntó. Hoy, con la entrada en vigor de la Ley 1/2025, que impone intentar la negociación a través de un medio alternativo de solución de controversias, “podría hacer que este expediente se consolide y pase a ser realmente útil”, añadió.

Al cierre de la sesión, el notario Carlos Marín habló sobre las garantías del procedimiento notarial de subasta. “Frente a otras alternativas, se aprecian no sólo en el control que ejerce el notario respecto del objeto de la subasta, sino también en la transparencia del proceso”, expresó. Marín manifestó algunas “dificultades derivadas de la compleja regulación e interacción entre la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley del Notariado”, proponiendo que en la Ley del Notariado se contenga una regulación detallada de las subastas notariales.