Entrevista a Isabel Revuelta, presidenta del Foro Justicia y Discapacidad

ESPACIO ÆQUITAS

Los notarios contribuyen de manera decisiva a que la voluntad de las personas con discapacidad sea respetada”

ISABEL REVUELTA,

presidenta del Foro Justicia y Discapacidad

José M. Carrascosa

Desde noviembre de 2024 Isabel Revuelta de Rojas ocupa la presidencia del Foro Justicia y Discapacidad, cargo que compagina con su puesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial. En esta entrevista desgrana su dilatada trayectoria profesional y las principales líneas de actuación del citado foro, constituido en 2003 para coordinar a las instituciones jurídicas en su tarea de garantizar la tutela efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.

-¿Qué balance realiza de su labor al frente del Foro Justicia y Discapacidad desde su llegada a la presidencia hace poco más de un año?

– El balance que realizo es positivo. En primer lugar, ha sido un honor contar con la confianza de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, quien delegó en mí esta responsabilidad, que asumí con gran ilusión y un firme compromiso institucional, profesional y personal.

Durante este periodo se ha culminado la tramitación del nuevo convenio que ha de regir este foro, que fue formalmente suscrito el pasado 8 de enero. Este instrumento jurídico reviste una especial relevancia ya que refuerza el marco de cooperación institucional y consolida líneas de actuación orientadas a garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad, eje vertebrador del foro.

Con el esfuerzo compartido de miembros del foro y otros expertos se ha elaborado la Guía Práctica para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Proceso Penal que está llamada a ser un importante instrumento práctico para garantizar que el acceso al proceso judicial de las personas con discapacidad se verifique de forma real y efectiva en condiciones de igualdad.

El foro también ha reconocido y valorado públicamente la labor de instituciones y personas en pro de las personas con discapacidad, contribuyendo así a la creación de una cultura de respeto y conocimiento de la discapacidad, específicamente en el ámbito de la justicia.

 


“LA COOPERACIÓN DE NOTARIADO, FISCALÍA Y JUDICATURA CONSTITUYE UNA DE LAS PIEDRAS ANGULARES EN EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”


 

-¿Cuáles son los principales proyectos de este organismo multidisciplinar en un corto plazo?

– Los principales proyectos a corto plazo se orientan a seguir ahondando en la cooperación con todas las instituciones implicadas, así como con los delegados y delegadas de discapacidad, una figura clave para detectar y coordinar la respuesta a los problemas que puedan surgir en esta materia en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Colaboramos con los miembros del Foro que nos lo han solicitado, en la implementación de la regulación en materia de patrimonios protegidos y también de la persona experta facilitadora, cuya intervención en los procesos judiciales resulta esencial para asegurar que las personas con discapacidad puedan participar y ejercer efectivamente sus derechos. La consolidación de esta figura supone un paso decisivo hacia un modelo de justicia más respetuoso con la autonomía y la voluntad de las personas con discapacidad.

Estamos constituyendo nuevos grupos de trabajo con miembros del Foro y expertos que van a estudiar la posición de la persona con discapacidad cuando comparece como víctima en el proceso penal, así como, por otra parte, la proyección de la perspectiva de discapacidad no solo en el orden jurisdiccional penal sino también en el civil, en el contencioso-administrativo y en el social, puesto que cada uno de ellos tiene sus peculiaridades.

-Numerosas iniciativas…

– Sí, también de formación judicial en relación con los aspectos forenses de la discapacidad, internamientos involuntarios, la discapacidad en el marco del proceso penal o el valor prescriptor y orientador de las decisiones judiciales del Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Quiero destacar especialmente la celebración del Encuentro Judicatura- Notariado- Fiscalía que gracias al apoyo de Almudena Castro-Girona y Federico Cabello de Alba se celebró la anterior ocasión en el marco incomparable del Colegio Notarial de Madrid, y que constituye, desde la promulgación de la Ley 8/2021, un espacio de encuentro fundamental en nuestro ámbito, del que surgen innumerables buenas prácticas. La cooperación de Notariado, Fiscalía y Judicatura constituye una de las piedras angulares para la efectividad de la igualdad en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

 


“AUNQUE EL MARCO NORMATIVO ESPAÑOL ESTÁ ALINEADO CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES, EL AMPARO EFECTIVO DESDE EL DERECHO AÚN PRESENTA RETOS IMPORTANTES”


 

-Este año se celebran dos hitos legislativos importantes: el vigésimo aniversario de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y los cinco años desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021. ¿Cree que desde el Derecho se ampara suficientemente al colectivo y sus familias?

– Se han producido avances muy relevantes en la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, especialmente a partir de la entrada en vigor en España en 2008 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, en el ámbito interno, con la entrada en vigor de la Ley 8/2021. Ambas normas han supuesto, sin duda, un cambio de paradigma, pasando de un modelo asistencial y sustitutivo de la voluntad a otro centrado en la autonomía personal y el respeto a la voluntad y preferencias de la persona, proporcionándole los apoyos que precise para ello.

No obstante, aunque el marco normativo español está alineado con los estándares internacionales, el amparo efectivo desde el Derecho aún presenta retos importantes. La aplicación práctica de estas normas no siempre es homogénea, persisten dificultades de coordinación institucional, y es necesario seguir avanzando en la formación de los operadores jurídicos, así como en la dotación de recursos, de medios personales y materiales suficientes para que los derechos reconocidos sean reales y efectivos.

A mi juicio, el Derecho en España ofrece hoy una base sólida para la protección del colectivo y sus familias, pero es necesario continuar profundizando en su aplicación práctica para que la igualdad y la inclusión plena se materialicen de forma efectiva en todos los ámbitos.

-En ese acto tuvo lugar la presentación de la Guía Práctica para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Proceso Penal. ¿Cuál es el objetivo principal de esta publicación?

– Servir como herramienta de orientación para los actores jurídicos, facilitando la correcta aplicación de los derechos y garantías de las personas con discapacidad a lo largo del procedimiento penal. Aunque está centrada en el orden jurisdiccional penal por sus importantes especificidades, contiene criterios y recomendaciones de carácter transversal, aplicables al resto de órdenes jurisdiccionales, en la medida en que los derechos y garantías que aborda son comunes a todo el sistema de justicia.  La guía tiene como finalidad facilitar la detección de las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad en el procedimiento judicial, la comprensión del alcance de las indicadas necesidades y, la correcta adopción de las medidas y ajustes necesarios.

-Dicha guía contiene un apartado sobre accesibilidad donde se pone de manifiesto la necesidad de implantar textos en lectura fácil en determinados casos. ¿Cree que el lenguaje jurídico está lo suficientemente bien adaptado para su comprensión?

– El lenguaje jurídico sigue presentando importantes retos de comprensión para la ciudadanía, especialmente para las personas con discapacidad cognitiva o intelectual. Los textos legales buscan precisión y seguridad jurídica, pero esa rigurosidad técnica a menudo dificulta su comprensión.

La incorporación de textos en lectura fácil, resúmenes accesibles y formatos comprensibles constituye un avance significativo, aunque todavía queda camino por recorrer. Todos los actores del sistema, miembros de la carrera judicial, notarios, abogados, fiscales, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, graduados sociales… tienen que seguir colaborando para garantizar que la información y los procedimientos sean claros y accesibles, promoviendo así una justicia inclusiva, cercana y comprensible para todos.

-Participó el pasado diciembre en un encuentro entre notarios, jueces y fiscales donde los miembros de los tres cuerpos compartieron experiencias en el día a día con las personas con discapacidad y sus familias. ¿Cómo valora este tipo de intercambios multidisciplinares?

– Estos encuentros anuales son de un valor incalculable. Como he adelantado, la implicación conjunta de jueces, fiscales y notarios propicia un intercambio de experiencias muy enriquecedor, favoreciendo una comprensión integral de las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias en el ámbito de la justicia.

Cada edición es una oportunidad muy valiosa para mejorar la coordinación y garantizar que las decisiones se ajusten a los principios de igualdad, autonomía y respeto a la voluntad. En definitiva: fortalecen la capacidad del sistema de justicia para ofrecer a las personas con discapacidad y a sus familias un acceso efectivo al mismo.

La Fundación Aequitas, a través del papel esencial que desarrolla Almudena Castro-Girona, se sitúa en el centro de gravedad de estos encuentros, a los que impulsa, sostiene y llena de contenido año tras año.

 


“LA LEY 8/2021 INTRODUJO UN CAMBIO EN LA MANERA EN QUE EL DERECHO ABORDA LA DISCAPACIDAD Y ESO HIZO NECESARIA LA REVISIÓN DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD PREVIAS”


 

-El cambio de paradigma de la Ley 8/2021 obligaba a la revisión de las situaciones de incapacidad previas, que condenaban a las personas con discapacidad a una práctica ‘muerte civil’. Sin embargo, aún no se ha concluido este proceso. ¿En qué estado se encuentra?

– La Ley 8/2021 introdujo un cambio en la manera en que el Derecho aborda la discapacidad y eso hizo necesaria la revisión de las situaciones de incapacidad previas, con el objetivo de erradicar la ´muerte civil´ de las personas con discapacidad y abordar sus necesidades desde un prisma nuevo. Debido al elevado volumen de expedientes y a la disparidad de situaciones previas, este proceso aún no se ha completado.

Inicialmente, la disposición transitoria quinta del referido texto legal fijó un plazo de cinco años hasta septiembre de 2024, que resultó insuficiente. La Comisión Permanente del CGPJ instó al Gobierno a una primera prórroga, finalmente fijada hasta el 3 de septiembre de 2027. A finales de 2024 quedaban pendientes 76.822 expedientes, un 30 % menos que el año inmediatamente anterior. Hacemos un seguimiento de la evolución a través de los informes del Servicio de Inspección del CGPJ.

-Desde julio de 2024 forma parte del renovado Consejo General del Poder Judicial, una institución que está permanentemente en el punto de mira de los medios de comunicación. ¿Considera que la sociedad conoce suficientemente la labor que realizan desde el órgano de gobierno de los jueces?

– El Poder Judicial en España es a la vez único y complejo. El Consejo General del Poder Judicial lo gobierna por ser la opción del constituyente para asegurar su independencia de los otros Poderes del Estado, pero no forma parte del mismo, ya que nuestra Constitución establece que el Poder Judicial lo integran los jueces y magistrados.

Nuestra labor se vertebra en torno a los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de jueces y magistrados de carrera, que forman un cuerpo único, dotados del Estatuto Jurídico que determina la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el marco de la Constitución. Integramos el Consejo veinte vocales y la presidenta, que lo es también el Tribunal Supremo. Los vocales somos ocho abogados y juristas y doce jueces y magistrados. Actualmente los veinte somos elegidos por mayoría parlamentaria de 3/5, la mitad por el Congreso y la mitad por el Senado. Nuestra Constitución solo prevé la elección parlamentaria para los vocales juristas, y los estándares europeos establecen que en los Estados en los que el Poder Judicial sea gobernado por un Consejo como el nuestro, como es el caso de Francia o de Italia, sus vocales de origen judicial deberían ser elegidos por sus pares sin intervención alguna de las cámaras. Por ello es esperable que el legislador español se alinee con los estándares europeos también en esta materia y algún día los vocales jueces y magistrados sean elegidos por sus pares.

Notarios: garantía de un consentimiento libre

En la entrega de premios anuales del Foro Justicia y Discapacidad puso en valor la labor de la Fundación Aequitas, uno de los miembros de la plataforma desde su creación. ¿Qué papel aportan operadores jurídicos, como los notarios, en la protección jurídica de la discapacidad?

La protección jurídica de las personas con discapacidad es el resultado de un trabajo colectivo en el que todos los actores jurídicos aportan su contribución. Cada uno desde el ámbito de sus competencias.

Los notarios son actores especialmente relevantes en esta tarea. Como garantes de la fe pública, la legalidad y la seguridad jurídica, contribuyen de manera decisiva a que la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad sean respetados y debidamente formalizados, conforme al modelo instaurado por la Ley 8/2021. Su intervención preventiva permite evitar conflictos futuros y desarrollan una labor esencial de formalización de las medidas voluntarias de apoyo, así como de verificación, en su caso, de las facultades del curador y de las autorizaciones judiciales requeridas. Aportan su gran cualificación profesional a la labor de escucha y asesoramiento imparcial para garantizar que el consentimiento de la persona con discapacidad se preste de forma libre, informada y plenamente válida, pudiendo comunicar cualquier indicio de abuso o conflicto de intereses al Ministerio Fiscal.

La Fundación Aequitas es impulsora imprescindible de un sistema de justicia con perspectiva de discapacidad, impulsó activamente la creación del Foro Justicia y Discapacidad, y desarrolla actualmente un papel esencial en el mismo.

 

Por los derechos de las personas con discapacidad

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1. De izda. a dcha.: María del Carmen Adán; Iñaki Subijana; Bakartxo Tejeria; Concepción Pilar Barrio Del Olmo y Aitor Bedialauneta.

Por los derechos de las personas con discapacidad

Redacción

Los días 22 y 23 de enero tuvieron lugar las jornadas Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad: perspectivas personal y patrimonial, organizada por la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado y el Parlamento Vasco.

La inauguración de las jornadas contó con las intervenciones de Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco; Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado y de la Fundación Aequitas; Iñaki Subijana, presidente del Tribual Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV); María del Carmen Adán, fiscal superior; y Aitor Bedialauneta, presidente de EDEKA (Coordinadora vasca de representantes de personas con discapacidad). 

Tejería recordó que esta jornada es la segunda organizada por ambas instituciones tras las celebradas en 2024 bajo el título Dos años de vigencia de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal: contextualización jurídica y social, que definió como «muy enriquecedoras, por la intervención de todos los agentes que estamos concernidos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad cuando éstas ejercen su capacidad jurídica». «En ese momento -prosiguió la presidenta del Parlamento Vasco- se abordó la vigencia de una normativa que supuso un hito por el reforzamiento de figuras como las medidas voluntarias de apoyo o la guarda de hecho. Sin embargo, “casi cinco años después de su entrada en vigor existen disfunciones y trabas en su aplicación; siguen pendientes de revisión aspectos concretos como el internamiento voluntario o temas bancarios. También celebramos dos décadas de la creación de la Convención de Nueva York sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; los Estados parte han adoptado medidas que consiguen avances, pero queda camino por recorrer a la hora de alcanzar el goce pleno de los derechos y la promoción de la dignidad inherente del colectivo». 

La aplicación de la ley

Por su parte Barrio Del Olmo destacó que la citada normativa supuso para los notarios «una gran responsabilidad jurídica y moral a la hora de defender valores y derechos comprometidos con la igualdad de las personas». Para la presidenta de la Fundación Aequitas «la ley no es suficiente, son necesarios foros que aseguren su aplicación para que no quede sin efectos, como el Foro Aequitas del País Vasco que persigue coordinar y unificar a todas las instituciones relacionadas con la discapacidad para avanzar en la determinación de defectos en su aplicación». Sobre los retos pendientes, la notaria señaló cuestiones y reformas que deben desarrollarse, tales como: «Establecer un turno de abogados de personas con discapacidad para el acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva, eliminar posibilidades de expolio patrimonial, establecer bonificaciones fiscales y en materia de seguridad social, el internamiento voluntario… entre muchas otras». 

Subijana hizo hincapié en que «uno de los retos de la justicia es la accesibilidad, el derecho al acceso a la Justicia. Es un reto de actitudes, más que de inversión en políticas públicas se trata de la mirada o la forma con la que posibilitamos el ejercicio de un derecho nuclear como el de entender y ser entendido. Hay marcos jurídicos completos, hace falta un giro de perspectiva para alcanzar una mirada aplicativa y proactiva; que jueces y juezas tengan la visión de captar necesidades que precisan atenciones o acompañamientos específicos, que no pasen desapercibidas y generen contextos de indefensión». Asimismo, el presidente del TSJ vasco demandó que se pueda «entender el lenguaje oral y escrito, la forma y manera de comunicarnos, para permitir que las personas se sientan apoyadas. Las personas con discapacidad no tienen por qué transitar solas por el sistema de justicia, se precisa un derecho al acompañamiento con facilitadores, una interlocución ya prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Son múltiples retos pequeños que se suman al reto en mayúsculas: construir una justicia al servicio de las personas». 

Eliminar las barreras

Adán resaltó que «existen derechos fundamentales que creemos consolidados en materia de libertad e igualdad, pero no es así. Debemos seguir proyectándolos y facilitando su ejercicio. Hay agradecimiento al legislador por la Ley 8/21 pero queda mucho que hacer en su aplicación práctica; por ejemplo, en materia de internamientos voluntarios. Desde la fiscalía percibimos que aún existen barreras para que las personas con discapacidad disfruten de autonomía, igualdad efectiva y calidad de vida. Ciudadanía, instituciones y Administración de Justicia debemos reforzar nuestro compromiso para eliminarlas».

Por último, Bedialauneta, quien se dirigió al auditorio en lengua de signos, puso en valor la importante aportación del movimiento asociativo: «Tras muchos años de desarrollo jurídico, la discapacidad tiene ahora derechos completos, la sociedad nos tiene presentes y se nos reconoce como sujetos activos».

«Las personas con discapacidad deben tomar compromiso en la toma de decisiones, ofreciendo aportaciones para trabajar en red, creando un punto de encuentro de escucha activa que permita a autoridades, Administraciones Públicas y asociaciones intercambiar opiniones. Seguimos trabajando desde las asociaciones para que los planes de acceso a la justicia se respeten y se lleven a la práctica. Estamos orgullosos de que se nos escuche», concluyó.

Previamente a las intervenciones institucionales, bailarines del grupo Arai Danza representaron el espectáculo Miradas Cruzadas, donde se recogen escenas de su vida cotidiana.

 


BAKARTXO TEJERIA: “CELEBRAMOS DOS DÉCADAS DE LA CREACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”


 

Diálogos

Tras la ceremonia de apertura, Gonzalo A. López Ebri, ex teniente fiscal de la Comunidad Valenciana, pronunció la conferencia El ingreso voluntario: historia de una encrucijada.

A continuación, tuvo lugar la primera mesa redonda Aspectos prácticos del ingreso involuntario psiquiátrico y residencial, con la participación de: Mª José Cano, vicepresidenta de EDEKA; Mikel Merino, agente de apoyo mutuo de Agifes; Jose Mª Bastos, director general de Justicia del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco; y Catalina Pedrero, fiscal delegada de la protección de personas con discapacidad y mayores del País Vasco.

La primera jornada se cerró con el panel de debate Efectos colaterales de la Ley 8/2021. Promoción de autonomía personal y protección patrimonial de las personas con discapacidad, en el que tomaron parte: Emilio Olabarría, exparlamentario del Parlamento Vasco, patrono de Aequitas; Rafael Armesto, abogado, red de Juristas de Plena Inclusión (FEVAS-País Vasco); Luis Gonzaga, presidente de la asociación Liber; e Íñigo Revilla, notario.

El segundo día de jornadas se inició con la mesa redonda Diseño de las medidas de apoyo judiciales y voluntarias: retos actuales, que contó con los siguientes ponentes: Almudena Castro-Girona Martínez, notaria y directora general de la Fundación Aequitas; María José Segarra, fiscal de Sala coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores y patrona; y Josep Tresserras, responsable de relaciones institucionales de la Fundació de Suport Som. 

 


BARRIO DEL OLMO: “LA LEY 8/2021 SUPUSO PARA LOS NOTARIOS UNA GRAN RESPONSABILIDAD A LA HORA DE DEFENDER DERECHOS COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS»


 

El último panel versó sobre los Aspectos bancarios, con la presencia de David Mayor, fiscal adscrito a la Fiscalía de Sala de Discapacidad y Mayores; José Naguel Gutiérrez, representante de la Fundación Ondoan; Francisco de Asís Paniagua, director de la Asesoría Jurídica de Kutxabank; y Carmen Velasco, delegada de la Fundación Aequitas en el País Vasco (y moderadora).

2. De izda. a dcha.: Rafael Armesto, Almudena Castro-Girona, Gonzalo López Ebri, Emilio Olabarría y Luis Gonzaga.

Videos de las jornadas

En el canal de YouTube del Colegio Notarial del País Vasco están disponibles todos los videos de los diálogos de las jornadas de los días 22 y 23 de enero en el Parlamento Vasco.

Retos o daños colaterales de la Ley 8/2021 , por Emilio Olabarría Muñoz

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

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EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ,

licenciado en Derecho, exdiputado y patrono de la Fundación Aequitas

Nos encontramos con una preocupante falta de coherencia entre los requerimientos de la Ley 8/2021 y numerosos sectores del derecho público"

Retos o daños colaterales de la Ley 8/2021

Como cuestión preliminar podemos comentar que la Ley 8/2021, de 2 de junio, tiene en relación al ordenamiento de la discapacidad una naturaleza semejante al Título Preliminar del Código Civil caracterizada por su aplicabilidad a la totalidad del ordenamiento jurídico.

La Ley 8/2021 no solo absorbe la ontología de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, sino también lo relativo a la discapacidad de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad de 1993; el Convenio 159 de la OIT; el artículo 15 de la Carta Social Europea; la Directiva 2000/78 CE para la Igualdad de Trato al Empleo de la Discapacidad, etc.

Disfunciones

Nos encontramos, sin embargo, con una preocupante falta de coherencia entre los requerimientos de la Ley 8/2021 y numerosos sectores del derecho público, particularmente del derecho tributario, del derecho laboral y de la Seguridad Social.

La primera disfunción hace referencia al incumplimiento de la Sentencia del Tribunal de la Unión Europea, sala primera, de 18 de enero de 2024, que prohíbe despedir a un trabajador con discapacidad sobrevenida sin intentar adaptar su puesto. El fallo se emite por entender el Tribunal de Justicia que se incumple el artículo 5 de la Directiva 2000/78 CE. La directiva y la sentencia obligarían, y no se ha hecho, a reformar el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social y otros.

La siguiente disfunción es la actual regulación de la Disposición adicional vigesimoquinta del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. De esta disposición adicional se deriva la ilegal obligación de vincular la acción protectora del sistema de pensiones a una curatela representativa para todos los actos de la vida del incapacitado. Es doble la disfunción derivada de este precepto: se obliga a optar por una figura, la curatela representativa, de carácter residual en la Ley 8/2021 que opta por la desjudicialización de las medidas de apoyo, y, además, exigiendo que dicha curatela sea para todos los actos de la vida (de facto se recupera la tutela) se está innovando peligrosamente, puesto que el auto que declare la curatela tiene que identificar qué actos concretos legitiman la actuación del curador.

Acceso al empleo público

En relación al acceso al empleo público de las personas con discapacidad y superado por la Convención de Nueva York el modelo histórico-médico del rehabilitador de las personas con discapacidad, se focaliza con particular atención al acceso al empleo público.

El acceso al empleo público de las personas con discapacidad está caracterizado por dificultades añadidas en cumplimientos legales. El Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece una reserva del 7% de las Ofertas Públicas de Empleo de grado igual o superior al 33% para su cobertura por personas con discapacidad. Se exige que estas personas superen las pruebas selectivas (se ofertan procedimientos de lectura fácil y adaptaciones de las pruebas selectivas que por estar mal confeccionadas resultan más gravosas que las pruebas ordinarias). El 2% de las plazas ofertadas se limita a personas con discapacidad intelectual, exigiéndose ajustes razonables tanto en las pruebas selectivas como en las plazas asignadas a las personas con discapacidad intelectual que superen dichas pruebas. Y no solo lo anteriormente indicado. Pese a que se configura un sistema de prioridad en la selección de la plaza para que las personas con discapacidad intelectual puedan tomar posesión de la misma, evitando que la falta de autonomía personal u otras características de su discapacidad (plazas geográficamente lejanas, plazas que obligan a vivir en solitario a personas sin autonomía personal) les impidan tomar posesión de la plaza, se hace lo contrario y este tipo de plazas habitualmente quedan vacantes por el desistimiento del incapacitado.

Plazas para personas con discapacidad

Las circunstancias anteriores empeoran porque las resoluciones que aprueban las bases de las Ofertas Públicas de Empleo establecen una perversión de tracto sucesivo consistente en lo siguiente: si las plazas de las personas con discapacidad intelectual no se cubren, estas acrecen el cupo de otras discapacidades; si tampoco así se cubren estos cupos, se acrece el cupo ordinario o general.

Se incumple sistemáticamente el artículo 2 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad cuya letra M establece la obligación de aplicar ajustes razonables a las personas con discapacidad, siendo estos: las modificaciones y adaptaciones necesarias adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal de las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en una caso particular de manera eficaz y práctica la accesibilidad y la participación (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre).

Observamos que en el ámbito del empleo se mantienen actividades discriminatorias contrarias a la vida independiente, la normalización, la accesibilidad universal, el diseño para todos, el diálogo civil y la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.

“La Ley 8/2021 y el ingreso involuntario psiquiátrico: una reforma aún pendiente”, por Mª José Cano y Mikel Merino

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

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MIKEL MERINO,

representante del Comité en Primera Persona de Salud Mental Euskadi y agente de Apoyo Mutuo en Agifes

Sin empresas familiares que se transmitan a través de las generaciones no es posible garantizar el El Tribunal Constitucional ha reiterado que el ingreso involuntario constituye una auténtica privación de libertad y que, como tal, exige garantías reforzadas"

La Ley 8/2021 y el ingreso involuntario psiquiátrico: una reforma aún pendiente

Los días 22 y 23 de enero tuvimos la oportunidad de participar en la jornada sobre Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, organizadas por el Foro Aequitas de la Discapacidad de Euskadi y por el Parlamento Vasco. En dicha jornada hemos reflexionado sobre el ingreso involuntario psiquiátrico.

Cinco años después

Tras la aprobación de la Ley 8/2021 uno de sus retos clave sigue sin resolverse: la regulación del ingreso involuntario psiquiátrico. Desde las entidades sociales que trabajamos en el ámbito de la salud mental y acompañamos a personas y familias en su vida cotidiana, esta reforma supuso un importante avance. La ley marcó el abandono definitivo del modelo de incapacitación y sustitución de la voluntad, reconociendo la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y alineando el ordenamiento jurídico español con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Este cambio de paradigma ha sido, sin duda, un paso decisivo hacia un enfoque más respetuoso con la autonomía y los derechos. Sin embargo, el ingreso involuntario psiquiátrico continúa regulándose y aplicándose desde lógicas previas a la reforma, lo que genera una importante incoherencia normativa y práctica.

El artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permanece igual tras la Ley 8/2021. Resulta significativo, además, que mantenga el término “internamiento”, un concepto históricamente vinculado a la reclusión y al control, más cercano a ámbitos custodiales o incluso penales que a una intervención sanitaria basada en cuidados y apoyos. El lenguaje no es neutro: influye en la mirada profesional, en la práctica asistencial y en las garantías. Nombrar “internamiento” en vez de “ingreso sanitario” contribuye a sostener modelos que la reforma precisamente pretendía superar.

Aunque jurídicamente se concibe como una medida excepcional y temporal, en la práctica el ingreso involuntario acaba funcionando con demasiada frecuencia como la respuesta principal ante situaciones de crisis. Y no siempre porque la situación clínica lo haga inevitable, sino porque el sistema carece de alternativas reales que permitan intervenir antes y de forma menos restrictiva.

Experiencias personales

Las consecuencias de esta situación son muy visibles en la vida de las personas. Quienes han vivido un ingreso involuntario nos trasladan de forma reiterada sentimientos de pérdida de control, miedo e indefensión. Una de las quejas más frecuentes es la falta de información clara y accesible: no saber cuánto va a durar el ingreso, qué tratamientos se van a aplicar, qué derechos les asisten. A ello se suma el temor a medidas coercitivas como contenciones físicas o farmacológicas o incrementos rápidos de medicación, que se viven como experiencias traumáticas y dejan una huella en la relación con el sistema de salud mental.

En estos procesos pueden verse comprometidos derechos fundamentales como la libertad personal, la integridad física, el consentimiento informado, la intimidad o el derecho a recibir información comprensible. Cuando una medida afecta de manera tan intensa a la autonomía, las garantías no pueden ser solo formales: deben ser reales, accesibles y efectivas.

Las familias

El ingreso involuntario suele llegar tras un largo proceso de desgaste. En muchos casos son los parientes quienes sostienen la situación, con apoyos insuficientes, hasta que la crisis se vuelve insostenible. Es entonces cuando las familias se ven obligadas a tomar decisiones en contextos de enorme tensión emocional, activando el circuito del ingreso a través de urgencias. Esta realidad pone de manifiesto una carencia estructural: la falta de dispositivos de atención domiciliaria, equipos de crisis comunitarios, casas de crisis o respiro, recursos residenciales flexibles y apoyos continuados que permitan intervenir antes y de otra manera. La crisis no aparece de repente: es el sistema el que llega tarde.

Y en este punto es esencial recordar que la atención a las personas en estos momentos es, ante todo, una medida sanitaria. Esto implica que debe orientarse al cuidado, la prevención y al acompañamiento clínico y psicosocial, siempre desde un enfoque de derechos. Una intervención sanitaria respetuosa con la autonomía exige actuar de manera proactiva y preventiva, ofreciendo apoyos reales en el ámbito sanitario y de la comunidad y evitando que la respuesta llegue únicamente cuando la situación ya está desbordada. Mientras la intervención siga siendo mayoritariamente reactiva, el ingreso involuntario continuará convirtiéndose en la única salida ante la falta de alternativas.

Punto de vista jurídico

El Tribunal Constitucional ha reiterado que el ingreso involuntario constituye una auténtica privación de libertad y que, como tal, exige garantías reforzadas. Más recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulneración del derecho a la libertad personal en un caso de internamiento involuntario, subrayando que la ausencia de una defensa jurídica efectiva vacía de contenido el control judicial. Desde la experiencia asociativa constatamos que estas garantías no siempre se materializan en la práctica cotidiana.

Todo ello pone de manifiesto la necesidad de abordar una reforma pendiente. Revisar el régimen del ingreso involuntario es imprescindible para hacerlo coherente con la Ley 8/2021 y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), pero esta reforma no puede ser solo normativa: debe ir acompañada de una apuesta decidida por los recursos sanitarios y comunitarios, la prevención, los apoyos al consentimiento, la planificación anticipada de decisiones en salud mental y los planes de prevención de recaídas. La introducción del artículo 13 bis en el proyecto de Leygeneral de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, así como la incorporación de una disposición adicional octava que establece un plazo de un año para modificar el 763 conforme a la CDPD puede suponer un avance relevante, pero insuficiente si no se traduce en cambios reales y dotación de recursos.

Entrevista a Josefa Romero, Premio Héroes Anónimos de la Fundación Æquitas

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Pepa Romero, durante su discurso de agradecimiento.

Cuando una persona entra en Paz y Bien la discapacidad se queda en la puerta”

JOSEFA ROMERO,

PREMIO HÉROES ANÓNIMOS DE LA FUNDACIÓN AEQUITAS

José M. Carrascosa

El pasado octubre, los miembros del jurado de la IIª Edición del Premio Héroes Anónimos de la Fundación Aequitas, tras examinar las diferentes candidaturas presentadas, acordaron conceder este galardón a Josefa Romero, vicepresidenta y cofundadora de la Asociación Paz y Bien de Sevilla. A finales de noviembre, en un emotivo acto, Pepa recibía su merecido reconocimiento de manos del Consejero de Justicia andaluz, José Antonio Nieto.

-¿Qué ha supuesto para usted recibir -tras cinco décadas de dedicación a la acción social- esta distinción?

– Ha sido una emoción profunda, difícil de expresar con palabras. No me considero una heroína: simplemente he hecho lo que me apasionaba, estar al lado de las personas, acompañarlas en sus procesos, aprender de ellas. Este galardón no es solo mío, sino de todas las personas que han caminado conmigo estos 46 años. Es un reconocimiento a una vida con sentido, vivida desde la entrega, el compromiso y la defensa de la dignidad de quienes más lo necesitan.

-En 1979 fue una de las fundadoras de Paz y Bien, junto a Fray Rafael Pozo. ¿Cómo se percibía en la España de la Transición la discapacidad intelectual? ¿Qué diferencias fundamentales existen entre la asociación de hoy y la de entonces?

– En aquella época, la discapacidad intelectual era invisible y marginada. Se usaban términos como ´deficiente mental´, y la visión general era asistencialista. Desde el inicio quisimos romper con ese paradigma. Recuerdo que colocamos en el monasterio un azulejo que decía: “El deficiente mental es persona, es capaz de ser y convivir, y puede realizar un trabajo productivo”. Hoy esa visión ha evolucionado hacia una defensa firme de la autodeterminación y los apoyos individualizados. Cuando una persona entra en Paz y Bien, la discapacidad se queda en la puerta.

 


“NO ME CONSIDERO UNA HEROÍNA: SIMPLEMENTE HE HECHO LO QUE ME APASIONABA, ESTAR AL LADO DE LAS PERSONAS, ACOMPAÑARLAS EN SUS PROCESOS, APRENDER DE ELLAS”


 

-Antes de formarse como trabajadora social, sus inicios profesionales se desarrollaron en el ámbito de la puericultura. ¿En qué medida esa formación influyó en su posterior vocación?

– Fue clave. La puericultura me enseñó a poner en el centro el cuidado desde lo humano, no desde la técnica. Aquella etapa me dotó de una sensibilidad que luego trasladé al trabajo social. Comprendí pronto que acompañar a alguien es una responsabilidad delicada y que cada historia necesita ser escuchada con atención.

-La ganadora de la primera edición de Héroes Anónimos fue Rosa Martínez, una personalidad con un perfil similar al suyo (fundó la Asociación San José de Guadix en 1973). ¿Qué papel han jugado las mujeres en la creación de organizaciones solidarias de apoyo? 

– Un papel esencial. Las mujeres hemos sido impulsoras silenciosas de muchísimas iniciativas comunitarias, muchas veces sin reconocimiento público. Hemos estado en la base, sosteniendo, acompañando, organizando. No por afán de protagonismo sino por vocación. Nuestra historia está llena de mujeres que han buscado soluciones a problemas sociales enraizados. De hecho, el origen de Paz y Bien se remonta a la preocupación de unas madres sobre el futuro de sus hijos e hijas con discapacidad, algo que, a día de hoy, se mantiene.

-El movimiento Jesús Abandonado y la actividad de misiones y parroquias en los lugares más necesitados desempeñaron un rol importante en el movimiento asociativo de la época. ¿Se sigue manteniendo ese vínculo en la actualidad con los Servicios Sociales institucionales?

– Sí, aunque con matices. En nuestros inicios, el impulso eclesial fue decisivo. Había una conexión profunda entre fe y compromiso. Hoy, aunque las instituciones están más profesionalizadas, sigue existiendo una colaboración importante entre entidades sociales y Administraciones. No hay que olvidar que muchas de las grandes transformaciones sociales nacieron de comunidades que creían que otro mundo era posible, siendo la Iglesia promotora de apoyos, de forma paralela y complementaria a las ONG´s.

 


“LAS MUJERES HEMOS SIDO IMPULSORAS SILENCIOSAS DE MUCHÍSIMAS INICIATIVAS COMUNITARIAS, MUCHAS VECES SIN RECONOCIMIENTO PÚBLICO”


 

-En 2007, Paz y Bien inicia sus actividades en Guatemala. ¿Cómo es la situación de la protección de la discapacidad en América?

– Guatemala nos mostró una realidad dura marcada por la desigualdad y la falta de recursos. Pero también encontramos una población luchadora, con ganas de avanzar. Allí aprendimos que no se trata de exportar modelos, sino de acompañar procesos locales con respeto, humildad y cooperación. La protección de las personas con discapacidad necesita aún un gran impulso en muchos países latinoamericanos.

Cuando Paz y Bien comenzó su labor en Guatemala en 2007, la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el país era aún muy limitada. Aunque existía desde 1997 la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, su impacto era escaso. El movimiento asociativo no estaba articulado y los recursos públicos destinados eran insuficientes.

Ante este contexto, Paz y Bien aplicó su experiencia en Andalucía y Europa para estudiar la realidad local, especialmente en el Corredor Seco guatemalteco. A partir de ese diagnóstico, diseñó una intervención centrada en la atención a las personas con discapacidad materializada en los proyectos y servicios de la Residencia Tuncushá, en Quezaltepeque. Este enfoque ha contribuido a construir un modelo de atención más humano y respetuoso con los derechos fundamentales.

-En su momento formó parte de la estructura organizativa de Feaps Andalucía (hoy, Plena Inclusión), actividad que le permitió conocer de primera mano la labor del movimiento asociativo en la Unión Europea. ¿Cuáles eran los métodos de trabajo seguidos fuera de nuestras fronteras? ¿Cuándo se profesionalizó la actividad de cuidar, que se inició como voluntariado?

– En Europa descubrimos formas de trabajo más estructuradas, orientadas a la personalización, a la calidad de vida y a los derechos. En esos viajes pudimos ver que todos los perfiles profesionales se involucraban directamente en trabajar de manera conjunta con la persona, escuchando y teniendo en cuenta sus deseos e inquietudes. Participamos incluso en proyectos con Dinamarca y Finlandia, elaborando materiales sobre cómo trabajar con personas con discapacidad en contextos penitenciarios. La profesionalización llegó cuando entendimos que cuidar no es solo querer, es también saber cómo hacerlo bien, con preparación y formación continuada.


“LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NECESITA AÚN UN GRAN IMPULSO EN MUCHOS PAÍSES LATINOAMERICANOS”


-Pronto ampliaron su ámbito de ayuda a otros colectivos, como menores tutelados, ¿podría resumirnos sus principales proyectos relativos a la infancia y juventud?

– En 1998, la Junta de Andalucía nos pidió ayuda para atender a menores tutelados. Aunque no teníamos experiencia en ese ámbito, aceptamos el reto y aplicamos la misma filosofía: poner a la persona en el centro. Desarrollamos hogares funcionales, programas educativos y de inserción, con equipos motivados y comprometidos. El éxito estuvo en creer en cada niño, en cada joven, como sujeto de derechos y posibilidades.

A día de hoy, Paz y Bien gestiona una red de servicios y recursos compuesto por nueve centros de distintas tipologías, como el centro especializado para menores con discapacidad intelectual y trastornos de conducta, un centro de acogida inmediata, o dos viviendas donde desarrollamos el programa de Mayoría de Edad, dirigido a jóvenes extutelados.

También trabajamos actualmente, de la mano de la Administración andaluza, en el programa de Familias Colaboradoras, por el que formamos y acompañamos a familias que puedan prestar apoyos puntuales a menores residentes en centros de protección.

-Otro campo en el que son un referente es el de la inserción laboral de las personas con discapacidad, con la puesta en marcha de centros especiales de empleo. ¿Cómo es la situación actual del mercado laboral para este tipo de colectivos?

– Ha habido avances, pero aún hay mucho camino por recorrer. En nuestro Centro Especial de Empleo apostamos por un modelo digno y funcional, donde se formaron muchísimas personas que luego pasaron a la empresa ordinaria.

Realizamos también un trabajo importante de formación en empresas a través de prácticas para personas con discapacidad y sin discapacidad, que se benefician de nuestros programas formativos, como los desarrollados de la mano de Fundación ONCE, y de mejora de la empleabilidad, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla.

Pero necesitamos más sensibilización empresarial, más incentivos públicos y, sobre todo, creer en las capacidades. Siempre hemos dicho a las familias: no me digas lo que no puede hacer tu hijo, dime lo que sí puede y potenciémoslo.

Pepa Romero recibe su premio de manos de José Antonio Nieto.
Imagen del trabajo diario de Pepa Romero.
De izda. a dcha.: Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Aequitas; Manuel Seda, decano del Colegio Notarial de Andalucía; José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía; Pepa Romero; Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado; Lorenzo del Río, presidente del TSJ de Andalucía y patrono de Aequitas, y Ana Tárrago, fiscal superior de Andalucía.

Entrevista a Fátima Vázquez y Lucía Cagigas, delegada y subdelegada de la Fundación Æquitas en Galicia

ESPACIO ÆQUITAS
De izquierda a derecha: Fátima Vázquez y Lucía Cagigas.

FÁTIMA VÁZQUEZ Y LUCÍA CAGIGAS,

DELEGADA Y SUBDELEGADA DE LA FUNDACIÓN ÆQUITAS EN GALICIA

En octubre de 2024, la sede coruñesa del Colegio Notarial de Galicia acogió la constitución del Foro Aequitas de Discapacidad de la comunidad autónoma. Doce meses después, las notarias Fátima Vázquez y Lucía Cagigas, delegada y subdelegada, respectivamente, de la fundación en la comunidad, valoran la puesta en marcha de dicha plataforma multidisciplinar en esta entrevista conjunta.

‘Trajes a medida’ que recogen los deseos y preferencias de las personas con discapacidad

JOSÉ M. CARRASCOSA
Fátima Vázquez.
Lucía Cagigas.

Normalmente se asocia el día a día de la función notarial con ámbitos como el sucesorio o el inmobiliario, sin embargo, el asesoramiento en materia de discapacidad cobra cada vez mayor importancia. ¿Creen que es suficientemente conocida esta labor?

Fátima Vázquez: Los notarios hemos sido siempre un colectivo que ha escuchado las preocupaciones de las familias y de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad y hemos buscado darles respuestas con instrumentos jurídicos que, dentro del marco legal, se adaptasen a las distintas situaciones. Con la Ley 8/2021, el notario se constituye como un operador esencial que -en el ámbito extrajudicial- da a los sistemas de apoyo una importancia relevante; no sólo porque se canaliza a través de la escritura pública la transcendencia jurídica, económica y humana que late con la reforma, sino porque el notario elabora, con tales instrumentos, ‘trajes a medida’ que recogen necesidades, deseos y preferencias de esas personas.

Según el INE, en Galicia el 27% de la población tiene más de 65 años, siendo la tercera comunidad española con más envejecimiento. ¿Cuáles son las principales demandas de estas personas a la hora de acudir a las notarías?

Lucía Cagigas: Principalmente les interesa hacer previsiones tendentes al debido cuidado en la etapa de su vejez, bien por parientes directos y colaterales o incluso con extraños, disponiendo de sus bienes a su favor normalmente por vía sucesoria y, con menor frecuencia, a través de un contrato vitalicio, por el cual se ceden bienes a una persona con la obligación de cuidarla y asistirla hasta su fallecimiento.

Otra de las demandas es que se están haciendo poderes preventivos o con cláusula de subsistencia especialmente con personas ya de edad bastante avanzada, que empiezan a tener síntomas de alguna enfermedad mental degenerativa, lo que demuestra la preocupación latente en este sentido.

 


FÁTIMA VÁZQUEZ: “LOS FAMILIARES SIEMPRE HAN TENIDO ESPECIAL PREOCUPACIÓN SOBRE CÓMO SERÁ EL FUTURO DE SUS PARIENTES CON DISCAPACIDAD CUANDO YA NO ESTÉN PARA AYUDARLES”


 

Otra de las características determinantes de Galicia es su elevado porcentaje de población rural. ¿Cómo es el trabajo de los notarios en los ayuntamientos donde no existen grandes núcleos urbanos?

F.V.: Es una labor con una interacción más directa con el ciudadano, dado que la mayoría de sus problemas vienen de la preocupación de trasladar el patrimonio familiar y la explotación agraria, así como su mantenimiento, a los hijos. Igualmente se hace mucha documentación relativa a la dinámica de las explotaciones agrarias o ganaderas y su configuración como sociedades (últimamente, como sociedad civil) o cooperativas, con la finalidad de mantener su continuidad y rentabilidad económica.

Otro de los documentos más demandado es el testamento, también los pactos sucesorios, apartaciones y pactos de mejora que facilitan la transición de los bienes hereditarios y tienen importantes beneficios fiscales.

 


LUCÍA CAGIGAS: “DETRÁS DE CADA ACTUACIÓN JURÍDICA HAY SIEMPRE UNA PERSONA Y UNA HISTORIA QUE MERECE SER ESCUCHADA Y PROTEGIDA”


 

¿Qué les movió a integrarse en Aequitas? ¿Animarían a los notarios de las últimas promociones a formar parte de la Fundación?

F.V.: Lo que me motivó a entrar en Aequitas fue su firme compromiso con las personas que necesitan más ayuda y atención para su integración en la sociedad y su desarrollo. Por otro lado, sus familias siempre han tenido una especial preocupación sobre el futuro de estas personas cuando ya no puedan estar ahí para ayudarlas. Por ello, poder asesorar debidamente y proponer adecuados instrumentos legales para este fin ha sido mi principal motivación.

También conocer el trabajo y la dedicación de otros profesionales (jueces, fiscales, abogados, médicos, representantes de asociaciones, etc.) que trabajan en favor del colectivo, lo que ha contribuido a enriquecer mi formación. Sin duda animaría, y mucho, a los nuevos notarios a trabajar con la fundación.

 L.C.: Conocí de manera fortuita la labor que realiza la Fundación Aequitas y, desde ese momento, decidí implicarme y colaborar con su trabajo. Descubrí una organización profundamente comprometida con la protección de las personas con discapacidad y de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y donde la función notarial tiene mucho que aportar.

Integrarme en la Fundación Aequitas responde a la convicción de que nuestra función no se limita a garantizar la seguridad jurídica, sino que también debe contribuir al respeto de la dignidad y los derechos de todas las personas, ofreciendo un espacio en el que la vocación profesional y la sensibilidad social se unen en beneficio de quienes más lo necesitan. Sin ninguna duda, animaría a los notarios de las últimas promociones a formar parte de Aequitas, pues les permitiría conocer y desarrollar la profesión desde su dimensión más humana, reforzando el papel social de nuestra institución y recordando que, detrás de cada actuación jurídica, hay siempre una persona y una historia que merece ser escuchada y protegida.

Desde su constitución, el Foro Aequitas de Galicia ha mantenido diversas reuniones con profesionales jurídicos, institucionales, académicos y asistenciales. ¿Cómo ha sido la acogida de esta plataforma?

L.C.: La acogida ha sido extraordinaria. En todo momento se ha tenido participación muy activa por parte de los distintos profesionales jurídicos, académicos, asistenciales y por el movimiento asociativo en pro de las personas con discapacidad. En las reuniones se han tocado muchos de los temas que afectan y preocupan a las personas con discapacidad. La implicación que se ha sentido en dichas reuniones nos ha motivado a seguir trabajando en este foro con mucha ilusión.

Precisamente, en una de sus sesiones se demandaron mayores medios para hacer frente a una correcta aplicación de la Ley 8/2021. ¿Cuáles son las principales necesidades detectadas a nivel económico y humano para la debida implementación de la nueva normativa?

F.V.: Sobre la mesa del foro se han puesto de manifiesto varios de los problemas que se están observando en la aplicación práctica de la normativa derivada de la citada Ley 8/2021. Cabe resaltar entre ellos las dificultades que inicialmente han tenido los guardadores de hecho, figura que se regula en esta ley, para ejercer debidamente sus funciones a la hora de acreditar tal condición o sus facultades frente a entidades bancarias y a la Administración en general.  Se ha puesto de manifiesto también el retraso en la revisión de sentencias para regular o actualizar las medidas de apoyo que correspondan según la situación de dichas personas con discapacidad. Por parte de representantes de servicios sociales municipales se ha comentado la falta de medios personales y económicos para poder cumplir debidamente con la demanda que se hace desde los juzgados de informes psicosociales. De esta falta de medios también se hicieron eco federaciones en favor de las personas con discapacidad, resaltándose además los daños colaterales que se han derivado de dicha Ley 8/2021 en ámbitos como la Seguridad Social y Hacienda. Igualmente se hizo constar la necesidad de una mayor información sobre medios o instrumentos que permitan encontrar soluciones que faciliten la integración de las personas con discapacidad atendiendo a sus particularidades, en distintos ámbitos profesionales como las administraciones públicas, las notarías, las compañías aseguradoras, en la práctica de las entidades bancarias, etcétera.

 


LUCÍA CAGIGAS: “LA FUNDACIÓN ÆQUITAS RESPONDE A LA CONVICCIÓN DE QUE NUESTRA FUNCIÓN CONTRIBUYE AL RESPETO DE LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE TODAS LAS PERSONAS”


 

Otro aspecto que se puso de manifiesto en el foro es la dificultad para acceder a la operatividad bancaria por parte de las personas con discapacidad. En este sentido, mantuvieron una reunión con los asesores jurídicos de las principales entidades financieras. ¿Cuáles son las principales necesidades detectadas en este sentido?

L.C.: Una de las preocupaciones que se han puesto de manifiesto en el foro es la problemática que se ha derivado en la práctica bancaria, en torno a temas como la necesidad de formación del personal de las entidades, en especial en áreas rurales, el mayor conocimiento de la figura del guardador de hecho y de sus funciones, la necesidad de adaptar la banca online, la accesibilidad a oficinas, el bloqueo de cuentas, etcétera.

Cuarto aniversario de la Ley 8/21: Retos pendientes

ESPACIO ÆQUITAS

Coincidiendo con la efeméride de su entrada en vigor, la agencia de noticias Servimedia celebró el diálogo 4ª Aniversario de la Ley 8/2021: Retos pendientes, con el apoyo de la Fundación Aequitas y la Alianza Apoyo y Autonomía.

De izquierda a derecha: Luis Gonzaga, Gregorio Saravia, María José Segarra, Ramón Corral y Maribel Cáceres.

CUARTO ANIVERSARIO DE LA LEY 8/21:

RETOS PENDIENTES

REDACCIÓN

El director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, moderó la conversación con varios expertos: Luis Gonzaga, presidente de Liber; Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi estatal; Mª José Segarra, fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado; Ramón Corral, colaborador de Aequitas, notario jubilado y premio Foro Justicia y Discapacidad; y Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena Inclusión, profesional de Liber y miembro del Comité Ejecutivo del Cermi.

 


RAMÓN CORRAL: “LA LEY HA SIGNIFICADO UN CAMBIO DE PARADIGMA PARA EL NOTARIADO: AHORA LOS APOYOS JUDICIALES ESTÁN SUBORDINADOS A LOS APOYOS DE CARÁCTER VOLUNTARIO”


 

Compromiso social
Para Ramón Corral, «la ley ha significado un cambio de paradigma para el Notariado: ahora los apoyos judiciales están subordinados a los apoyos de carácter voluntario. La nueva norma dota a las personas con discapacidad de mayor visibilidad». Asimismo, puso de manifiesto el compromiso del tercer sector con la puesta en marcha de iniciativas como la Alianza Apoyo y Autonomía -impulsada por Cermi y las fundaciones ONCE y Aequitas, que cuenta con la adhesión de todas las federaciones del sector-, lo que permite “proporcionar una unidad en los actos y decisiones del colectivo”.

 


MARÍA JOSÉ SEGARRA: “LA LEY NOS PUSO EN LA VÍA DE SALIDA PARA LOGRAR LA ACCESIBILIDAD EN LA JUSTICIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”


 

Por su parte, María José Segarra (patrona de la Fundación Aequitas) hizo hincapié en que “la ley nos puso en la vía de salida para lograr la accesibilidad en la justicia para las personas con discapacidad. Hemos dado un gran paso adelante en el proceso desjudicializador, aunque falta camino por recorrer. Aún hay que hacer un gran cambio, ya que hay 2,5 millones de personas con discapacidad que tienen necesidad de apoyo constante”.

 


LUIS GONZAGA: “LA MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD SUPONÍA LA MUERTE CIVIL DE LA PERSONA. DERECHO SIGNIFICA DIGNIDAD”


 

Luis Gonzaga destacó la importancia de su entrada en vigor, ya que antes “la modificación de la capacidad suponía la muerte civil de la persona. Derecho significa dignidad; si una persona tiene derecho a decidir, su dignidad se ve aumentada”. Sin embargo, demandó que la ley debe ir acompañada de “algo más, como un aporte económico. En cada comunidad autónoma hay una realidad distinta y la persona con discapacidad no recibe la misma calidad de apoyo».

 


GREGORIO SARAVIA: “HAY QUE CONMEMORAR ESTE CUARTO ANIVERSARIO CON SATISFACCIÓN, OTRAS CUESTIONES SE IRÁN AJUSTANDO CON EL CORRER DEL TIEMPO”


 

Según Gregorio Saravia «hay que conmemorar este cuarto aniversario con satisfacción, otras cuestiones se irán ajustando con el correr del tiempo». El representante del Cermi manifestó el paso importante dado por España con esta normativa: “Muchos países latinoamericanos miran con interés esta ley” y puso de manifiesto la puesta en marcha de iniciativas de difusión como la Alianza Apoyo y Autonomía: “Tenemos que seguir formándonos porque la unión nos da mayores oportunidades. Es clave trabajar en alianza porque vivimos momentos complicados».

 


MARIBEL CÁCERES: “SE DEBEN MODIFICAR LAS LEYES QUE HAGAN FALTA PARA QUE ESTA LEY SEA REAL PARA TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”


 

Por último, Maribel Cáceres apuntó que “antes de la Ley 8/2021 las personas con discapacidad no podíamos decidir si queríamos casarnos. Se deben modificar las leyes que hagan falta para que esta ley sea real para todas las personas con discapacidad. Si no se cambian no va a ser tan efectiva, debemos seguir avanzando”.

Debate en Servimedia

El acto tuvo lugar de manera presencial en el estudio de televisión de Servimedia y pude verse íntegro en Servimedia TV, el canal de YouTube de esta agencia de noticias.

José Manuel González Huesa, moderador del debate.
Cómo aclarar las dudas sobre la Ley 8/2021

En la página web de la Fundación Aequitas el usuario puede encontrar una guía, realizada en colaboración con la Fundación La Caixa, con información sobre esta ley, titulada Más de 100 preguntas sobre la discapacidad. Este documento pretende resolver las dudas más frecuentes que atañen a las personas con discapacidad, así como a sus familias y a los profesionales del sector. Por ejemplo: qué ayudas pueden tener las personas con discapacidad; cómo ejercitar sus derechos con apoyos, o cómo establecer salvaguardias. Este proyecto fue elaborado por un grupo de trabajo transversal, del cual forman parte profesionales de distintos ámbitos (notarios, jueces, fiscales, abogados y trabajadores sociales) que cuentan con una amplia experiencia y son referentes en el ámbito de la discapacidad. Además, cuenta con la colaboración de la Fundación Once y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

Entrevista a José Luis Fernández Lozano, delegado autonómico de Æquitas en Asturias

ESPACIO ÆQUITAS

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ LOZANO,

DELEGADO AUTONÓMICO DE LA FUNDACIÓN ÆQUITAS EN EL COLEGIO NOTARIAL DE ASTURIAS

Además de ejercer como notario de Ribadesella, José Luis Fernández Lozano es académico de número de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. A ello hay que sumar su labor corporativa, cuatro años como decano del colegio notarial asturiano y después como delegado autonómico de Æquitas, así como su trabajo doctrinal como miembro de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Oviedo, codirector del Curso Práctico de Derecho Notarial y profesor de la Escuela de práctica jurídica del Principado y del Curso de Experto en Derecho de Sucesiones. En esta entrevista nos acerca la labor que realizan los notarios y su Fundación Æquitas en apoyo de las personas con discapacidad.
JOSÉ M. CARRASCOSA

"Acudir al asesoramiento del notario es la medida más recomendable que se puede dar a una persona con discapacidad y a su familia"

Notario desde 1991. ¿Cómo ha evolucionado la función notarial en este período?

Los cambios experimentados en la función notarial, en todos estos años, como no podía ser de otra forma, han sido sustanciales, pero sin que por ello se haya perdido la esencia de nuestra labor, siempre al servicio de la sociedad. Se han ampliado las competencias, atribuyéndonos nuevas e importantísimas actuaciones, aliviando a los tribunales de buena parte de su carga de trabajo (Ley 15/2015), y convirtiéndonos en factor fundamental para la transparencia material en los préstamos hipotecarios (Ley 5/2019), pero, sobre todo, haciéndonos responsables de ser el apoyo institucional de las personas con discapacidad (Ley 8/2021). Por otra parte, la digitalización, desde la implantación de la firma electrónica notarial, el índice único informatizado y la conexión telemática con registros, Catastro y otros organismos públicos, ha culminado en la Ley 11/2023, con el protocolo electrónico notarial y la autorización de determinados actos por videoconferencia.

¿Cómo cree que perciben la sociedad y las instituciones el papel del notario?

Siempre ha existido un gran desconocimiento de la labor del notario, que, en una visión simplista, se ha venido reduciendo, a la firma, al considerarse que el notario se limita a dar fe de un documento, por exigencias meramente formales de la normativa vigente, sin aportar ningún otro valor.

No obstante, en los últimos años, creo que se ha mejorado la imagen que la sociedad tiene de nosotros, al considerarnos una parte fundamental del sistema de seguridad jurídica preventiva, caracterizados por la imparcialidad e independencia, totalmente adaptados a los retos tecnológicos.

A esta mejora en la percepción de la función notarial, en la que todavía queda mucho recorrido por hacer, ha contribuido, sin duda alguna, por una parte, nuestro papel como protectores de los consumidores y como apoyo de las personas con discapacidad, bastante visibilizado tras las últimas reformas legales, pero también, por otra parte, la difusión de la labor notarial a través de las secciones de Imagen y Comunicación del Consejo General del Notariado y de algunos Colegios Notariales, utilizando todos los recursos disponibles, incluyendo los tecnológicos, entre los que se incluye el uso de las redes sociales.

 


“UNA DE LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES DEL NOTARIADO ES LA SOCIAL. SIEMPRE HEMOS ATENDIDO A LAS PERSONAS QUE RECLAMAN NUESTRO MINISTERIO”


 

En 2017 se incorporó a la Fundación Aequitas, como delegado. ¿Cuál es su valoración de esta etapa?

Anteriormente, del año 2006 al 2009, ya tuve el honor de ser el delegado de la Fundación Aequitas en Asturias. Tras el paréntesis habido al asumir el cargo de decano del colegio notarial asturiano, al quedar vacante la delegación, volví a serlo en el año 2017.

Una de las funciones más importantes del Notariado, a mi juicio, es la función social. Los notarios siempre hemos atendido y escuchado a las personas que reclaman nuestro ministerio; siempre hemos promovido el respeto de la dignidad de la persona.

La creación en 1999 de la Fundación Aequitas, impulsando reformas legislativas que mejoran el marco legal de las personas vulnerables, y organizando actividades de formación y campañas de concienciación, ha sido una de las mejores iniciativas (por no decir la mejor y más acertada) del colectivo notarial. Como persona y como notario, me siento muy satisfecho de participar en sus actividades junto con los demás delegados territoriales, dirección y equipo de comunicación de la fundación.

En 2023 se constituyó Foraequidas. ¿Cuáles serán las principales líneas a seguir en el corto plazo?

El Foro Aequitas de discapacidad de Asturias (Foraequidas) tiene como fines estudiar y analizar la situación actual de la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores vulnerables; establecer vías de colaboración para lograr la efectividad de tal protección; examinar la aplicación de las normas que afectan a las personas con discapacidad; proponer reformas legislativas; detectar posibles necesidades de formación de los profesionales y, caso de considerarlas necesarias, organizar esa formación. Todo ello con la finalidad de mejorar la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores vulnerables.

La reunión de los diversos operadores jurídicos y sociales en un foro de ámbito autonómico está permitiendo descubrir los problemas que las personas con discapacidad tienen en la práctica concreta y cercana en el ejercicio de sus derechos, valorar las posibles soluciones, entre todos los participantes, y, en último término, mejorar la aplicación de la normativa legal.

La implicación vocacional de todas las personas que lo integran es extraordinaria, y por ello quiero expresarles mi máximo agradecimiento.

 


“DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 8/2021 EL NOTARIO SE CONVIERTE EN EL PRINCIPAL APOYO INSTITUCIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD”


 

Suele impartir charlas informativas en asociaciones de mayores. ¿En su opinión, qué es lo que más preocupa a estas personas?

Entre las principales preocupaciones de las personas mayores de 65 años se encuentran la soledad, y el temor a la pérdida de su autonomía por un posible deterioro cognitivo sobrevenido. Quieren dejar “las cosas organizadas antes de perder la cabeza”.

Las preguntas más frecuentes son: ¿Cómo puedo designar a una persona, familiar o de mi entorno de confianza, que me apoye y cuide si no puedo hacerlo por mí misma?; ¿Cómo puedo dejar mi patrimonio, tras mi fallecimiento, de la mejor forma para que mis herederos no se peleen y paguen menos impuestos?; ¿Cómo puedo garantizar mi subsistencia económica si necesito ingresar en una residencia y no tengo patrimonio suficiente?; ¿Cómo puedo disponer que, en caso de enfermedad incurable y terminal, no se mantenga médicamente mi vida con tratamientos inútiles que no deseo que se me apliquen?

En las charlas divulgativas que impartimos en las asociaciones de jubilados y otros centros sociales les damos a conocer las figuras jurídicas del poder preventivo, la autocuratela, el testamento, las instrucciones previas o testamento vital, así como los instrumentos jurídicos que pueden contribuir a su estabilidad económica (como las hipotecas inversas).

¿Qué consejo daría a una familia que quiere garantizar la autonomía de la voluntad de una persona vulnerable?

Acudir al asesoramiento y apoyo del notario es la medida más recomendable que se puede dar a una persona con discapacidad y a sus familias.

Puesto que las discapacidades son muy variadas y de una intensidad muy diversa, es conveniente solicitar cita en la notaría, para que el notario pueda atender y escuchar a la familia y, especialmente, a la persona vulnerable, con el fin de hacer “el traje a medida” que permita garantizar su autonomía de voluntad.

A tal fin, con los apoyos adecuados a cada caso, el notario autorizará una medida voluntaria de apoyo, un poder preventivo, una autocuratela, o una combinación de estas medidas, adaptando éstos al caso concreto, en función de la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, con el fin de que pueda ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas, de la forma más eficaz y segura.

Este septiembre se cumplen cuatro años de la entrada en vigor de la Ley 8/21 de apoyo a las personas con discapacidad. ¿Cómo ha modificado su trabajo diario esta nueva normativa?

La Ley 8/2021 persigue un “cambio de paradigma” en la consideración jurídica de las personas con discapacidad. Ya no cabe la “incapacitación” ni la “modificación judicial de la capacidad”. Toda persona tiene capacidad jurídica, pudiendo ejercitar ésta por sí misma o con los apoyos necesarios.

Antes de la reforma, lo primero que comprobábamos en la notaría era si la persona estaba o no “incapacitada”, sometida a tutela o curatela. Si estaba sujeta a tutela, prescindiendo de la voluntad de la persona, era el tutor el que actuaba, con o sin autorización judicial, según los casos.

Desde la entrada en vigor de esta ley, el 3 de septiembre de 2021, toda persona con discapacidad ha de ser escuchada por el notario, que se convierte en el apoyo institucional principal de ésta.

Entre los puntos del orden del día de la última reunión del foro llaman la atención aspectos procesales como la reforma del internamiento no voluntario…

Es necesaria una reforma urgente del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, e incluso su derogación, a fin de adaptar el internamiento no voluntario de las personas con discapacidad a la nueva regulación.

La transformación de los juzgados en tribunales de instancia, con una mayor especialización y concentración de procedimientos, puede favorecer la adecuada aplicación de la normativa vigente en materia de discapacidad.

Entrevista a Carmen Velasco, delegada autonómica de la Fundación en el País Vasco

ESPACIO ÆQUITAS

CARMEN VELASCO,

DELEGADA AUTONÓMICA DE LA FUNDACIÓN ÆQUITAS EN EL PAÍS VASCO

Recientemente reconocida con la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia por sus méritos como notaria, vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, y delegada autonómica de Aequitas, Carmen Velasco realiza un repaso por su trayectoria profesional en esta entrevista, aportando su opinión sobre el estado actual de la protección jurídica de la discapacidad.
JOSÉ M. CARRASCOSA

"Es necesario que no quede silenciada la reforma de la Ley 8/2021 de apoyo a las personas con discapacidad"

¿Por qué decidió sumarse a la Fundación Aequitas como delegada de su comunidad autónoma en 2022?

En el despacho conocí a familias de personas con discapacidad y me di cuenta de que necesitaba comprender mejor sus necesidades y el modo de responder adecuadamente a su realidad, ya que tenía muchas preguntas y dudas. Tuve la gran suerte de que Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación, es compañera de mi promoción. Y la veía apasionada con este colectivo, desenvolviéndose con una solvencia envidiable en el modo de dar soluciones y en las relaciones con las asociaciones y fundaciones especializadas, creando una red de trabajo y de relaciones muy eficiente y, al mismo tiempo, muy humana. Cuando Almudena me pidió que me incorporase al equipo fue cuando conocí a la “familia Aequitas” y, desde entonces, hago lo que sea para estar dentro de esta vida, porque el enriquecimiento humano y técnico que recibimos unos de otros es excepcional. No sólo me permite afrontar con seguridad las situaciones que encuentro cuando estas personas vienen a mi notaría; sino que la vida de entrega a los demás de la que participo con ellos, me renueva constantemente a nivel personal.

Desde su experiencia como notaria (desde su ingreso en 2002), ¿cuáles son las principales demandas y necesidades de las personas con discapacidad y sus familias?

Buscan a alguien que les ayude, que les permita sentirse con los mismos derechos y posibilidades de expresarse y participar de la sociedad que las demás personas. Creo que dar respuesta a las personas con discapacidad, a ese nivel, requerirá tiempo en nuestra sociedad pero ya se ha avanzado mucho. Descendiendo a las necesidades concretas, encuentro, sobre todo, el deseo de hacer testamento para que su voluntad quede clara y se respete. Por otro lado, las familias demandan la necesidad de protección y garantías económicas.

 


“LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD BUSCAN A ALGUIEN QUE LES AYUDE Y LES PERMITA SENTIRSE CON LOS MISMOS DERECHOS Y POSIBILIDADES DE PARTICIPAR DE LA SOCIEDAD”


 

En 2023 se constituye el Foro Aequitas de Euskadi, ¿cuál fue el origen de esta plataforma? ¿Cómo valora la respuesta de instituciones, operadores y asociaciones adheridas hasta el momento?

Al entrar en vigor la Ley 8/2021, con el cambio radical de paradigma que supuso respecto a las personas con discapacidad, se hizo muy evidente la necesidad de unificar a todas las instituciones relacionadas con la discapacidad para profundizar en la comprensión de la ley, su conocimiento y su alcance desde la práctica. Desde la Fundación Aequitas y el Colegio Notarial del País Vasco consideramos que era el momento de abrir a todas esas instituciones lo que veníamos haciendo. Por eso nació el foro. Era una invitación a sentarnos y trabajar juntos todos los colectivos que tuviéramos relevancia y experiencia en el mundo de la discapacidad. Y la respuesta ha sido magnifica. Todas las instituciones han querido formar parte del Foro: la fiscalía, la judicatura, las universidades, la abogacía, Gaikuntza, el Director de Justicia, etcétera. Y no es una asistencia formal, se hacen aportaciones muy valiosas que tienen que ver con los problemas y las lagunas que estamos detectando en la aplicación de la ley 8/2021.

Una de las principales actividades divulgativas organizadas por el Foro fue una jornada en la sede del Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz, ¿qué actividades tienen previsto realizar en el corto plazo?

Estamos trabajando en la celebración de unas II Jornadas en el Parlamento Vasco, que se celebrarán, si todo sale bien, el próximo enero. También llevamos tiempo trabajando para sacar adelante un turno de abogados para personas con discapacidad, en aras de no ignorar su dignidad y el derecho a una tutela judicial efectiva. También formulamos propuestas de reforma de la legislación fiscal y de la Seguridad Social para que se adecúen a la regulación vigente sobre la discapacidad. Es necesario un trabajo constante y eficiente para que no quede silenciada en la práctica la reforma introducida en materia de discapacidad por la Ley 8/2021.

 


“FORMAR PARTE DE LA FAMILIA ÆQUITAS Y DE LA VIDA DE ENTREGA A LOS DEMÁS, DE LA QUE PARTICIPO CON ELLOS, ME RENUEVA CONSTANTEMENTE A NIVEL PERSONAL”


 

Ha manifestado que el Derecho Civil y Foral Vasco cuenta con figuras propias que pueden ayudar a las personas con discapacidad. ¿Puede explicar las singularidades de la legislación de su comunidad en la materia?

En el Derecho Civil Vasco se regulan figuras como el testamento mancomunado, el pacto sucesorio y el poder testatorio. También es relevante, a estos efectos, el dato de que la legitima de los descendientes es colectiva. El manejo de esta regulación permite encontrar respuestas a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, en lo relativo a la sucesión. La legítima colectiva permite distribuir los bienes del testador con plena libertad siempre que esta se reciba por algún descendiente, de modo que las posibilidades son amplísimas. El testamento mancomunado permite, por ejemplo, que los padres de una persona con discapacidad puedan ordenar su sucesión de forma conjunta, siendo un testamento que no puede ser revocado sin el consentimiento de ambos testadores, de modo que aporta a la sucesión un carácter muy estable. En el pacto sucesorio se puede ordenar la sucesión del instituyente con vecindad civil vasca en vida de este, asegurando que su voluntad queda firme, y se hace transmitiendo bienes de presente o mortis causa o de ambos modos. El poder testatorio es aquel en virtud del cual el testador confiere a un tercero, que normalmente es su cónyuge o pareja, la facultad de ordenar su sucesión.

¿Qué consejo daría a las nuevas promociones de notarios a la hora de afrontar una consulta jurídica relacionada con la discapacidad?

Que cuenten con la Fundación Aequitas para lo que necesiten. Es de gran ayuda que otros notarios con experiencia pongan a disposición de todos su conocimiento y su práctica. Y también, por supuesto, ¡que se unan a nosotros!

Miguel Ángel Cabra de Luna, premio foro justicia y discapacidad

ESPACIO ÆQUITAS
Cabra de Luna, durante el acto de entrega de los premios.
Foto de familia de los galardonados.

MIGUEL ÁNGEL CABRA DE LUNA,

PREMIO FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD

El pasado 30 de mayo, la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid albergó la entrega de los XVII Premios Anuales del Foro Justicia y Discapacidad.

REDACCIÓN

El acto de entrega, presidido por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo; e Isabel Revuelta, presidenta del Foro Justicia y Discapacidad, contó con la asistencia de Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta de la Fundación Aequitas; Federico Cabello de Alba, director del Área Social y Económica de la misma; y Francisco Vañó, patrono de Aequitas, entre otras personalidades.

El jurista Miguel Ángel Cabra de Luna, patrono de la Fundación Aequitas desde su creación en 1999, resultó galardonado en la categoría A una trayectoria personal por la labor desarrollada a favor de las personas con algún tipo de discapacidad. El antiguo guardameta internacional y portavoz de CONELA, Juan Carlos Unzué, fue premiado en la categoría A un medio de comunicación social por el tratamiento dado a la información sobre el colectivo de personas con discapacidad. La Fundación PRODE recibió el galardón A una actuación empresarial por su contribución a la integración laboral. Por último, el Hogar Don Orio recibió el premio A una institución por la importante labor desarrollada.

 


CABRA DE LUNA DEDICÓ EL PREMIO A TODOS LOS OPERADORES JURÍDICOS QUE TRABAJAN CON LA DISCAPACIDAD


 

Miguel Ángel Cabra de Luna. Nacido en 1954 en Málaga, es doctor en Derecho y cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los más vulnerables desde diferentes instituciones, entre las que se encuentra la Fundación Aequitas, Cruz Roja Española, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Confederación Española de Fundaciones, ONCE, el Comité Económico y Social Europeo, la Fundación Derecho y Discapacidad, la Plataforma de Mayores y Pensionistas, o el Real Patronato sobre Discapacidad. Asimismo, ha recibido la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, la máxima condecoración de la Justicia en nuestro país.

Durante su intervención, Cabra de Luna dedicó el premio a todos los operadores jurídicos que trabajan con la discapacidad. «Tenemos que luchar porque las leyes se apliquen. Los jueces y magistrados están haciendo avances en su aplicación, pero la ley 8/21 desgraciadamente no se aplica por determinados estamentos administrativos, algo que va en contra del sentido de la norma», señaló. También explicó que «dos terceras partes de las personas con discapacidad son mayores, la convergencia entre estos colectivos es importante, ya que con la edad todos vamos adquiriendo alguna vulnerabilidad».