Entrevista a Carmen Velasco, delegada autonómica de la Fundación en el País Vasco

ESPACIO ÆQUITAS

CARMEN VELASCO,

DELEGADA AUTONÓMICA DE LA FUNDACIÓN ÆQUITAS EN EL PAÍS VASCO

Recientemente reconocida con la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia por sus méritos como notaria, vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, y delegada autonómica de Aequitas, Carmen Velasco realiza un repaso por su trayectoria profesional en esta entrevista, aportando su opinión sobre el estado actual de la protección jurídica de la discapacidad.
JOSÉ M. CARRASCOSA

"Es necesario que no quede silenciada la reforma de la Ley 8/2021 de apoyo a las personas con discapacidad"

¿Por qué decidió sumarse a la Fundación Aequitas como delegada de su comunidad autónoma en 2022?

En el despacho conocí a familias de personas con discapacidad y me di cuenta de que necesitaba comprender mejor sus necesidades y el modo de responder adecuadamente a su realidad, ya que tenía muchas preguntas y dudas. Tuve la gran suerte de que Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación, es compañera de mi promoción. Y la veía apasionada con este colectivo, desenvolviéndose con una solvencia envidiable en el modo de dar soluciones y en las relaciones con las asociaciones y fundaciones especializadas, creando una red de trabajo y de relaciones muy eficiente y, al mismo tiempo, muy humana. Cuando Almudena me pidió que me incorporase al equipo fue cuando conocí a la “familia Aequitas” y, desde entonces, hago lo que sea para estar dentro de esta vida, porque el enriquecimiento humano y técnico que recibimos unos de otros es excepcional. No sólo me permite afrontar con seguridad las situaciones que encuentro cuando estas personas vienen a mi notaría; sino que la vida de entrega a los demás de la que participo con ellos, me renueva constantemente a nivel personal.

Desde su experiencia como notaria (desde su ingreso en 2002), ¿cuáles son las principales demandas y necesidades de las personas con discapacidad y sus familias?

Buscan a alguien que les ayude, que les permita sentirse con los mismos derechos y posibilidades de expresarse y participar de la sociedad que las demás personas. Creo que dar respuesta a las personas con discapacidad, a ese nivel, requerirá tiempo en nuestra sociedad pero ya se ha avanzado mucho. Descendiendo a las necesidades concretas, encuentro, sobre todo, el deseo de hacer testamento para que su voluntad quede clara y se respete. Por otro lado, las familias demandan la necesidad de protección y garantías económicas.

 


“LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD BUSCAN A ALGUIEN QUE LES AYUDE Y LES PERMITA SENTIRSE CON LOS MISMOS DERECHOS Y POSIBILIDADES DE PARTICIPAR DE LA SOCIEDAD”


 

En 2023 se constituye el Foro Aequitas de Euskadi, ¿cuál fue el origen de esta plataforma? ¿Cómo valora la respuesta de instituciones, operadores y asociaciones adheridas hasta el momento?

Al entrar en vigor la Ley 8/2021, con el cambio radical de paradigma que supuso respecto a las personas con discapacidad, se hizo muy evidente la necesidad de unificar a todas las instituciones relacionadas con la discapacidad para profundizar en la comprensión de la ley, su conocimiento y su alcance desde la práctica. Desde la Fundación Aequitas y el Colegio Notarial del País Vasco consideramos que era el momento de abrir a todas esas instituciones lo que veníamos haciendo. Por eso nació el foro. Era una invitación a sentarnos y trabajar juntos todos los colectivos que tuviéramos relevancia y experiencia en el mundo de la discapacidad. Y la respuesta ha sido magnifica. Todas las instituciones han querido formar parte del Foro: la fiscalía, la judicatura, las universidades, la abogacía, Gaikuntza, el Director de Justicia, etcétera. Y no es una asistencia formal, se hacen aportaciones muy valiosas que tienen que ver con los problemas y las lagunas que estamos detectando en la aplicación de la ley 8/2021.

Una de las principales actividades divulgativas organizadas por el Foro fue una jornada en la sede del Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz, ¿qué actividades tienen previsto realizar en el corto plazo?

Estamos trabajando en la celebración de unas II Jornadas en el Parlamento Vasco, que se celebrarán, si todo sale bien, el próximo enero. También llevamos tiempo trabajando para sacar adelante un turno de abogados para personas con discapacidad, en aras de no ignorar su dignidad y el derecho a una tutela judicial efectiva. También formulamos propuestas de reforma de la legislación fiscal y de la Seguridad Social para que se adecúen a la regulación vigente sobre la discapacidad. Es necesario un trabajo constante y eficiente para que no quede silenciada en la práctica la reforma introducida en materia de discapacidad por la Ley 8/2021.

 


“FORMAR PARTE DE LA FAMILIA ÆQUITAS Y DE LA VIDA DE ENTREGA A LOS DEMÁS, DE LA QUE PARTICIPO CON ELLOS, ME RENUEVA CONSTANTEMENTE A NIVEL PERSONAL”


 

Ha manifestado que el Derecho Civil y Foral Vasco cuenta con figuras propias que pueden ayudar a las personas con discapacidad. ¿Puede explicar las singularidades de la legislación de su comunidad en la materia?

En el Derecho Civil Vasco se regulan figuras como el testamento mancomunado, el pacto sucesorio y el poder testatorio. También es relevante, a estos efectos, el dato de que la legitima de los descendientes es colectiva. El manejo de esta regulación permite encontrar respuestas a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, en lo relativo a la sucesión. La legítima colectiva permite distribuir los bienes del testador con plena libertad siempre que esta se reciba por algún descendiente, de modo que las posibilidades son amplísimas. El testamento mancomunado permite, por ejemplo, que los padres de una persona con discapacidad puedan ordenar su sucesión de forma conjunta, siendo un testamento que no puede ser revocado sin el consentimiento de ambos testadores, de modo que aporta a la sucesión un carácter muy estable. En el pacto sucesorio se puede ordenar la sucesión del instituyente con vecindad civil vasca en vida de este, asegurando que su voluntad queda firme, y se hace transmitiendo bienes de presente o mortis causa o de ambos modos. El poder testatorio es aquel en virtud del cual el testador confiere a un tercero, que normalmente es su cónyuge o pareja, la facultad de ordenar su sucesión.

¿Qué consejo daría a las nuevas promociones de notarios a la hora de afrontar una consulta jurídica relacionada con la discapacidad?

Que cuenten con la Fundación Aequitas para lo que necesiten. Es de gran ayuda que otros notarios con experiencia pongan a disposición de todos su conocimiento y su práctica. Y también, por supuesto, ¡que se unan a nosotros!

Miguel Ángel Cabra de Luna, premio foro justicia y discapacidad

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Cabra de Luna, durante el acto de entrega de los premios.
Foto de familia de los galardonados.

MIGUEL ÁNGEL CABRA DE LUNA,

PREMIO FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD

El pasado 30 de mayo, la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid albergó la entrega de los XVII Premios Anuales del Foro Justicia y Discapacidad.

REDACCIÓN

El acto de entrega, presidido por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo; e Isabel Revuelta, presidenta del Foro Justicia y Discapacidad, contó con la asistencia de Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta de la Fundación Aequitas; Federico Cabello de Alba, director del Área Social y Económica de la misma; y Francisco Vañó, patrono de Aequitas, entre otras personalidades.

El jurista Miguel Ángel Cabra de Luna, patrono de la Fundación Aequitas desde su creación en 1999, resultó galardonado en la categoría A una trayectoria personal por la labor desarrollada a favor de las personas con algún tipo de discapacidad. El antiguo guardameta internacional y portavoz de CONELA, Juan Carlos Unzué, fue premiado en la categoría A un medio de comunicación social por el tratamiento dado a la información sobre el colectivo de personas con discapacidad. La Fundación PRODE recibió el galardón A una actuación empresarial por su contribución a la integración laboral. Por último, el Hogar Don Orio recibió el premio A una institución por la importante labor desarrollada.

 


CABRA DE LUNA DEDICÓ EL PREMIO A TODOS LOS OPERADORES JURÍDICOS QUE TRABAJAN CON LA DISCAPACIDAD


 

Miguel Ángel Cabra de Luna. Nacido en 1954 en Málaga, es doctor en Derecho y cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los más vulnerables desde diferentes instituciones, entre las que se encuentra la Fundación Aequitas, Cruz Roja Española, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Confederación Española de Fundaciones, ONCE, el Comité Económico y Social Europeo, la Fundación Derecho y Discapacidad, la Plataforma de Mayores y Pensionistas, o el Real Patronato sobre Discapacidad. Asimismo, ha recibido la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, la máxima condecoración de la Justicia en nuestro país.

Durante su intervención, Cabra de Luna dedicó el premio a todos los operadores jurídicos que trabajan con la discapacidad. «Tenemos que luchar porque las leyes se apliquen. Los jueces y magistrados están haciendo avances en su aplicación, pero la ley 8/21 desgraciadamente no se aplica por determinados estamentos administrativos, algo que va en contra del sentido de la norma», señaló. También explicó que «dos terceras partes de las personas con discapacidad son mayores, la convergencia entre estos colectivos es importante, ya que con la edad todos vamos adquiriendo alguna vulnerabilidad».

Entrevista a María del Carmen Gracia, delegada autonómica de la Fundación en Aragón

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Mª DEL CARMEN GRACIA,

DELEGADA AUTONÓMICA DE LA FUNDACIÓN ÆQUITAS EN EL COLEGIO NOTARIAL DE ARAGÓN

Ingresó en el Notariado en 1993. En 2016 se incorporó a Æquitas como delegada autonómica en Aragón. Uno de sus principales logros ha sido el impulso de la Comisión Técnica de Discapacidad en dicha comunidad. Esta plataforma pionera -que agrupa a operadores jurídicos, tercer sector, universidad…- fue el origen del posterior Foro Æquitas de Discapacidad autonómico (hoy en día existente en Andalucía, Asturias, Canarias, Galicia y País Vasco).

JOSÉ M. CARRASCOSA

"Con las recientes reformas del Derecho Foral, el legislador aragonés ha mostrado su confianza en la institución notarial"

Con la perspectiva de sus más de treinta años de experiencia, ¿cómo ha evolucionado la protección que se presta desde las notarías a las personas con discapacidad y sus familias?

Los notarios, en la prestación de su función pública, siempre han escuchado las preocupaciones de las familias con personas con discapacidad. Para darles respuesta a estas cuestiones hemos buscado las fórmulas e instrumentos jurídicos que mejor se adaptaran a sus necesidades dentro del marco legal, aportando a lo largo de los años soluciones que se han plasmado en las posteriores reformas legislativas.

Los cambios normativos han supuesto modificaciones concretas en el quehacer del notario, poniendo el acento en el trato, conocimiento y atención personal que debe prestar a las personas con discapacidad. El notario se ha convertido en un apoyo institucional de las personas con discapacidad, y en un puntal esencial para que puedan ejercer su capacidad jurídica y libertad como parte integrante de su dignidad.

En 2016 se incorpora a Æquitas como delegada autonómica. ¿Qué le impulsó a tomar esa decisión?

Fundamentalmente, el fin esencial de la fundación -y en armonía con él, los fines específicos- es mostrar su compromiso con los grupos sociales más vulnerables; en especial, con las personas con discapacidad y sus familias. Esa fue motivación suficiente para querer trabajar como delegada. Tanto en el ámbito profesional como en el personal, esta labor me ha permitido conocer el trabajo de profesionales de otros ámbitos –jueces, fiscales, facultativos o médicos, representantes del ámbito universitario, instituciones que integran el tercer sector- lo que ha contribuido para formarme y enriquecerme con sus conocimientos a la hora de prestar mi función en la protección de los derechos de las personas necesitadas de una especial protección.


EL NOTARIO SE HA CONVERTIDO EN UN APOYO INSTITUCIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN UN PUNTAL ESENCIAL PARA QUE PUEDAN EJERCER SU CAPACIDAD JURÍDICA


¿Puede explicarnos la génesis de la Comisión Técnica de Discapacidad en Aragón?

La Comisión se creó en 2019 con la intención de crear un espacio de encuentro dentro del Colegio Notarial de Aragón para trabajar en materia de discapacidad y poder analizar la situación de la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores vulnerables, estableciendo vías de colaboración entre los distintos profesionales que intervienen para lograr su protección (judicatura, fiscalía, administración pública, universidad y movimiento asociativo principalmente); participar en las reformas legislativas en esta materia, así como ofrecer colaboración para cualquier actividad que redunde en la protección de los colectivos más vulnerables.

Esta Comisión propició el pasado año la aprobación por unanimidad en las Cortes de Aragón de la Ley 3/2024 de reforma del Código del Derecho Foral en materia de capacidad jurídica de las personas. ¿Están satisfechos con esta reforma? ¿Qué papel jugarán los notarios y otros operadores jurídicos en su puesta en práctica?

Lo primero que hay que destacar es el gran trabajo realizado en la elaboración del anteproyecto. La reforma ha supuesto un alivio para las familias y los operadores jurídicos en cuanto que clarifica y aporta soluciones adaptando nuestro Derecho Foral a los principios de la Convención de Nueva York.


EL FIN ESENCIAL DE ÆQUITAS ES MOSTRAR SU COMPROMISO CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS. ESA FUE MOTIVACIÓN SUFICIENTE PARA QUERER TRABAJAR COMO DELEGADA


El trabajo del legislador terminó con la aprobación por unanimidad en las Cortes el 13 de junio de 2024 del Proyecto de Ley, lo que en sí mismo ya es un hito de la propia reforma, y ahora nos toca a los notarios y otros operadores jurídicos aplicarla. Esta reforma supone un impacto en la función notarial, pues el legislador aragonés muestra una confianza en la institución notarial que se manifiesta, en primer lugar, en el llamamiento expreso a los notarios -junto a otros operadores jurídicos- para que se tenga en cuenta a cada persona y su situación en la prestación de nuestra función, y, en segundo lugar, por la exigencia de escritura pública como requisito formal para el establecimiento de disposiciones voluntarias sobre la curatela y en el mandato de apoyo, que es la medida de apoyo voluntaria por excelencia.

Imagen de la sesión constituyente de la Comisión Técnica de Discapacidad de Aragón en la sede zaragozana del Colegio Notarial autonómico.

Una vez promulgada la ley, ¿cuáles son los objetivos a medio plazo de dicha Comisión?

Principalmente, realizar un seguimiento de la aplicación práctica de la ley aragonesa, en materias tan importantes como la guarda de hecho -que es medida de apoyo- como manifestación del valor de la familia y del cuidado de las personas. Por otro lado, participar y colaborar en conferencias, jornadas o seminarios que se organicen para la difusión de la ley. Y seguir proporcionando un espacio de reuniones, trabajo y formación entre los integrantes de la Comisión que permita colaborar con otras instituciones en materia de protección de personas con discapacidad.

Entrevista a Juan Carlos Unzué, portavoz de CONELA (Confederación Nacional de Entidades de Esclerosis Lateral Amiotrófica)

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Foto de familia del premiado con el equipo de Æquitas. En primer término y de izquierda a derecha: Juan Carlos Unzué; Francisco Vañó, patrono, y Almudena Castro-Girona, directora.

JUAN CARLOS UNZUÉ,

PORTAVOZ DE CONELA (CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA)

"Tenemos la sensación de estar fuera del sistema"

Con motivo del 25º Aniversario de la Fundación Aequitas, Unzué recibió en noviembre de 2024 el premio Altavoz. El jurado decidió conceder el galardón al ex futbolista por «su relevancia mediática y su ejemplo de superación».

JOSÉ M. CARRASCOSA

Su labor como portavoz de la ELA -reconocida con la concesión de numerosos galardones- se suma a otras iniciativas recientes de sensibilización sobre la enfermedad. ¿Está concienciada la sociedad del alcance de la patología?

Creo que a día de hoy hay mucha más gente que conoce la ELA y la cruda realidad de la mayoría de los afectados. Cuando la gente está informada se queda impactada por lo que escucha.

En 2019 le diagnosticaron ELA. A partir de ahí decidió visibilizar la enfermedad y dar un sentido diferente a su vida…

Ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Sentí que debía aprovechar la repercusión que yo podía tener por el tipo de persona pública que había sido. Estoy muy agradecido a los medios de comunicación porque nos han dado el tiempo y el espacio para poder contar de qué trata esta enfermedad y en qué situación están la mayoría de las personas afectadas.

 


“NO PODEMOS PERMITIR QUE UNA SOLA PERSONA MÁS, QUERIENDO VIVIR, SE SIENTA OBLIGADA A MORIR POR LA FALTA DE LAS AYUDAS QUE CONLLEVA LA LEY”


 

Como ‘uno más’ y ‘capitán’ de CONELA acudió a una comparecencia en el Congreso que culminó con la aprobación de una ley para mejorar la calidad de vida de enfermos irreversibles. ¿Se ha hecho realidad lo publicado en el BOE para afectados y familias?

La ley está aprobada y publicada en el BOE, pero desgraciadamente las ayudas aún no han llegado. Sabemos que los tiempos para que la ley sea efectiva serán lentos, por lo que estamos pidiendo que se adelante una parte del presupuesto para poder atender y cuidar a unas 400 personas afectadas que están en fase avanzada; varios de ellos con la traqueotomía hecha y otros decidiendo si se la hacen o no. No podemos permitir que una sola persona más, queriendo vivir, se sienta obligada a morir por la falta de las ayudas que conlleva la ley.

En alguna entrevista ha recomendado realizar un documento de últimas voluntades para configurar la etapa final de la enfermedad. ¿Cree que las ventajas de esta figura jurídica y otras similares son lo suficientemente conocidas?

Quizá no son muy conocidas, porque no nos gusta hablar de la muerte; y es curioso, porque es lo único que tenemos asegurado en esta vida. Creo que deberíamos hablar un poco más de ese momento, sobre todo, para que cuando llegue lo tengamos todo más o menos controlado.

Muchos de sus compañeros de batalla le llaman cariñosamente el míster. ¿En qué medida su experiencia como deportista le ha permitido encarar su enfermedad?

Estoy seguro de que mi experiencia como deportista me está ayudando a llevar la enfermedad de la mejor manera posible. Pero puedo decir con toda certeza que no hay que ser deportista profesional para tener una gran actitud ante una situación tan delicada como la mía. Me lo han mostrado personas afectadas de ELA, que no han sido deportistas profesionales. Los seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptación y de superación.

Juan Carlos Unzué, en el momento de recibir el premio; junto a S. M. la Reina; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente entonces de la Fundación Aequitas
y Ana Redondo, ministra de Igualdad.

Desgraciadamente, en la enfermedad también hay clases. Usted ha manifestado que existen personas con ELA con ganas de vivir que se ven obligadas a morir por falta de recursos económicos y ayuda de la Administración…

Lo que conlleva más gasto para el afectado y su familia es el tema de los cuidadores. Cuando nos tenemos que hacer la traqueotomía ya no podemos estar un minuto solos y por eso necesitamos cuatro personas como mínimo para que nos puedan cuidar. El sueldo de esos cuidadores a día de hoy corre aún a cargo del afectado y sus familias. Nosotros hemos cotizado como cualquier otra persona y lo que esperamos es que en un momento como el que estamos viviendo, nos ayuden a poder vivir con un poco de dignidad. La sensación que tenemos es que estamos fuera del sistema.

El gasto público en dependencia en España está por debajo de la media de la OCDE. ¿Cómo puede revertirse esta situación?

Creo que se puede revertir con voluntad y ganas de ayudar a la gente más necesitada.

Dedicó la recaudación de su libro Una Vida Plena a la investigación sobre la enfermedad. ¿Cree que estamos cerca de un remedio?

Sinceramente, mi opinión es que aún estamos lejos de encontrar ese tratamiento o la cura para la ELA, pero ojalá que esté equivocado.

¿Cómo le gustaría ser recordado? ¿Guardameta, entrenador, activista, …?

Me gustaría que me recuerden con una sonrisa. Esa sonrisa que me ha acompañado en muchísimos momentos de mi vida, y que trato de mantener hasta el último día.

Entrevista a Alicia Carmona, gerente de la ‘Asociación San José’

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Alicia Carmona,

gerente de la Asociación San José

JOSÉ M. CARRASCOSA

"Este premio reconoce el esfuerzo continuo de una madre por promover una sociedad más inclusiva"

Entre las más de cien candidaturas recibidas, el jurado del premio Héroes Anónimos decidió conceder el galardón a la Asociación San José, en favor de las personas con discapacidad intelectual, por su dedicación a la enseñanza y cuidado del colectivo en toda Andalucía.

Rosa Martínez Vera, en su vídeo de agradecimiento.

¿Qué supuso para su asociación recibir este premio?

Supuso un reconocimiento significativo al esfuerzo continuo de una madre por promover una sociedad más inclusiva. Pero, sobre todo, la oportunidad de dar voz a su causa, permitiendo ofrecer un recorrido histórico de la asociación que creó, reflejo de la evolución histórica de la discapacidad; incluso de su propio concepto, gracias, sobre todo, a la humanización del derecho respecto a las personas más vulnerables. Por otro lado, la asociación se encuentra en una zona rural, y, en ocasiones, esta circunstancia nos ha llevado a creer que nuestra labor silenciosa no gozaba del reconocimiento exterior; este premio nos muestra todo lo contrario.

Recogió el galardón en nombre de su madre, Rosa Martínez Vera, quien por motivos de salud no pudo asistir al acto, aunque remitió un emotivo vídeo de agradecimiento, donde relató la génesis de la asociación en 1973. ¿Podría usted recordar esos primeros momentos?

Fue justo tras mi nacimiento en 1972, cuando Rosa inició su andadura, consciente de que su hijo mayor, además de discapacidad intelectual, presentaba numerosos problemas de comportamiento que estaban afectando a toda la familia. Dispuesta a brindarle la felicidad que él necesitaba, encontró a un grupo de personas comprometidas que la acompañaron en todos los desafíos, especialmente el de la falta de recursos y la necesidad de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la inclusión y el apoyo al colectivo de personas con discapacidad intelectual. Así, construyó el primer centro, un colegio de “Educación Especial” llamado Nuestra Señora de la Esperanza, pilar de la asociación y punto de inicio de una educación especializada. Podría relatarles mil historias por cada uno de esos primeros alumnos y de sus familias, en muchos casos enfermas de desesperanza, en otros, dejadas a su suerte, que abandonaban a su vez a los “suyos”. Una doble exclusión que acercó a mi madre a una realidad de desigualdad y marginación en la que los afectados tuvieron que hacer un esfuerzo considerable por ser escuchados. Mirar hacia atrás es contemplar una historia de superación y transformación.

 


“LA LEY 8/2021 SUSTITUYÓ LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL POR UN SISTEMA DE APOYOS. EL NOTARIADO ES EL MEJOR GARANTE DE QUE ESTA PROVISIÓN DE APOYO LLEGUE A TODAS LAS PERSONAS”


 

¿Cómo fueron esos inicios?

Fueron muchas las limitaciones para trasgredir las barreras que les interpuso la vida. No olvidemos que las incursiones académicas y de investigación en el campo de la discapacidad intelectual eran puntuales; una cuestión inexplorada. No había leyes que protegieran los derechos de las personas con discapacidad y la sociedad solía verlos como una “carga”. Hasta convertirnos en sujetos jurídicos como lo somos actualmente, hemos tenido que aprender por el camino que la custodia, el encierro, el control, el asistencialismo o la concepción médico-rehabilitadora de la discapacidad, no hicieron sino acentuar su falta de autonomía. La asunción de personas espectadoras de un mundo del que había que protegerles y no como actores de su propia historia en un mundo al que pertenecen.

De izda. a dcha.: Ana Redondo, ministra de Igualdad; Alicia Carmona; S.M. la Reina; y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente entonces de Æquitas.

Usted ha tomado el relevo de Rosa al frente de San José preservando su filosofía original. ¿Qué objetivos le gustaría alcanzar junto a su equipo?

Hace aproximadamente 20 años que cogí el testigo de Rosa; el listón era muy alto y los retos a los que me enfrentaba, muy diferentes a los de su tiempo. Como psicóloga de profesión, en algunos aspectos vi necesario volver a concebir la visión de la entidad y revitalizar proyectos ya iniciados con el fin de conseguir mayor impacto social. Apostamos por la creación de servicios transversales, con centros de atención temprana, educación infantil, integración, estancia temporal y empleo, o viviendas tuteladas. También tenemos cafetería propia, lavandería industrial, catering, carpintería, cerámica, imprenta y taller de arte y decoración. Sabemos que aquello que comenzó hace medio siglo no terminará nunca, pero si estamos atentos mientras avanzamos, es posible que descubramos rutas aún más hermosas e incluso podríamos llegar a un destino totalmente nuevo que sirva mejor a nuestro propósito.

En el momento de realizar esta entrevista está en trámite parlamentario una proposición de ley que reformará la normativa sobre dependencia y discapacidad. ¿Considera que el sector conoce suficientemente las figuras existentes de protección jurídica y de apoyo?

El derecho tiene muchos desafíos y para poder ayudar a los demás no debe haber ninguna diferencia entre lo que se enseña y lo que se es. La Ley 8/2021 supuso la constatación de las personas con discapacidad a decidir por sí mismas. Se elimina así la incapacitación judicial, la tutela y la patria potestad prorrogada y se sustituye por un sistema de apoyos, siendo el Notariado el mejor garante de que esta provisión de medidas de apoyo llegue a todas las personas. Sin embargo, este avance histórico requiere para su consecución efectiva de la cooperación de todas las instituciones y de la explicación a las familias de la ruptura que esta ley supone con respecto al sistema de dependencia familiar o tutelar soportado durante décadas. Por eso, es imprescindible que confederaciones como Plena Inclusión se comprometan, como así está siendo, a solventar a las familias todas las dudas que en esta materia están surgiendo, no sólo conceptuales, sino, especialmente, en su efectividad real.

Retos de la Alianza

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Todos los ciudadanos iguales ante la ley

Tres años después de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica representantes de la Alianza Apoyo y Autonomía valoran cuáles son los principales retos.

JOSÉ M. CARRASCOSA
Reunión de trabajo de la Alianza Apoyo y Autonomía, celebrada en el Consejo General del Notariado.

«La Ley 8/2021 es un estandarte a nivel mundial de la aplicación del artículo 12 de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Su aplicación puede generar problemas evidentes, dadas las dificultades que implica un cambio de paradigma tan grande como el que ha producido; por ello, es fundamental que los operadores jurídicos nos formemos y nos dediquemos, no sólo a fomentar su aplicación, sino, en lo posible, a tratar de mejorarla en su implantación práctica», explica José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Æquitas del Consejo General del Notariado y autor del libro La autonomía de las personas con discapacidad. Reflexiones en torno a la Ley 8/2021.

«Esta norma -prosigue Martínez Sanchiz- atribuye a los notarios una responsabilidad como apoyo institucional de las personas con discapacidad; en este sentido, tenemos que buscar fórmulas que se adecúen en cada caso, haciendo ‘trajes a medida’ de cada necesidad. Las familias han quedado muy concernidas con la Ley y vienen a las notarías con preocupación; podemos ayudarles mostrando cómo hay soluciones que pueden perfectamente disipar sus dudas y ayudar a que resulten eficaces los propósitos familiares adecuándolos a las soluciones legales».

 


“LA NORMA ATRIBUYE A LOS NOTARIOS UNA RESPONSABILIDAD COMO APOYO INSTITUCIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, EXPLICA MARTÍNEZ SANCHIZ


 

El papel de la Alianza. Para Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU del CERMI Estatal, la norma ha supuesto «un cambio muy significativo y valioso en cuanto a la consideración de las personas con discapacidad como sujetos de derecho con reconocida capacidad jurídica para obrar de manera autónoma con los apoyos que precisen. La Alianza está llamada a jugar un papel de vigilancia y colaboración para que sea exigible la disposición de todos los medios técnicos y humanos que faciliten un correcto despliegue de la Ley 8/2021. En muchos más casos de los que nos gustaría, las propias personas con discapacidad, sus familias o, incluso, las entidades que las representan, no conocen aún con claridad los alcances de la ley y los efectos que la misma está llamada a producir».

Por su parte, Agustín Matía, director general de Down España destaca que «el balance de la Ley 8/2021 es positivo: muchas sentencias y resoluciones de incapacitación se han revisado y se han puesto en marcha grupos de trabajo y propuestas de modificación de leyes y reglamentos afectados. Destacamos tres avances: la incorporación de la explicación, diálogo y papel directo de la persona con discapacidad en los procedimientos para evitar así los automatismos que impedían protagonismo a las personas con síndrome de Down; el papel central del colectivo del notariado -como consejero y orientador a la familia y a la participación de la persona con discapacidad-; y el hecho de limitar la supervisión y tutela judicial a las situaciones más límite o de mayor dependencia».

Por los mismos derechos. Paloma Rodrigo Gutiérrez de la Cámara, responsable de defensa de derechos de Autismo España, manifiesta que «con la entrada en vigor de la reforma se ha dado un paso más en el reconocimiento pleno de los derechos para las personas con discapacidad en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, su ejercicio se está viendo limitado por otras normas o interpretaciones de la misma, que hacen que este reconocimiento no sea plenamente real y efectivo. “Desde la Alianza Apoyo y Autonomía debemos impulsar una implantación real de esta reforma, asegurando los apoyos que sean necesarios y para quienes sean necesarios, y una interpretación correcta de las diferentes normas que hoy día están limitando o restringiendo los derechos de las personas con discapacidad, como pueden ser las normativas de ámbito tributario o de la seguridad social”, concluye.

Por último, Gema González, coordinadora jurídica de la Fundación para el apoyo de las personas con daño cerebral sobrevenido de Castilla-La Mancha (FUNDACE CLM) y representante de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), indica que la Alianza «puede ser fundamental en cuanto a la consolidación del cambio para las personas con discapacidad, que supone un gran reto a nivel jurídico y social. Hay que hacer un esfuerzo importante en el ajuste y adaptaciones de los procedimientos, puesto que la persona con discapacidad ha de comprender el alcance de lo que se le propone. Nos parece importante que la Alianza pueda promover actuaciones encaminadas a la formación sobre este cambio de paradigma, para que realmente la Ley se aplique en toda su extensión y no suponga un mero cambio de terminología en las resoluciones».

Logos de la Alianza.
Alianza Apoyo y Autonomía

El importante desarrollo normativo que supuso la Ley 8/2021 -que ha modificado diversos códigos y leyes- debía completarse con una correcta difusión de las nuevas medidas. Conscientes de esta necesidad, CERMI Estatal y las Fundaciones ONCE y Æquitas impulsaron la Alianza Apoyo y Autonomía para constituir un altavoz de este ordenamiento entre asociaciones, personas con discapacidad y sus familiares. A día de hoy, se han sumado a esta plataforma Plena Inclusión, Asociación LÍBER, Down España, Confederación Autismo España, Confederación Salud Mental España, Daño Cerebral (Federación Española de Daño Cerebral) y Confederación ASPACE (Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral).

Apoyos y cuidados de personas adultas y mayores

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APOYOS Y CUIDADOS DE PERSONAS ADULTAS Y MAYORES

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires albergó a finales de agosto el Congreso Mundial Apoyos y Cuidados de Personas Adultas y Mayores. Con cerca de doscientos ponentes de los cinco continentes que participaron en talleres prácticos, conferencias y sesiones plenarias monográficas.

JOSÉ M. CARRASCOSA
Cartel del Foro.

El foro -presidido por la jurista argentina Isolina Dabove- fue organizado por International Guardianship Network, una institución global nacida con el objetivo de difundir las convenciones de la ONU (de protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad) y de la Organización de Estados Americanos –OEA- (sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores). El acto de inauguración estuvo presidido por Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

Catedráticos y profesores universitarios, jueces, fiscales, notarios, médicos, psiquiatras, mediadores, representantes institucionales y del movimiento asociativo, psicólogos, abogados, terapeutas, gerontólogos, trabajadores sociales… -procedentes de Europa, Norteamérica, América Latina; Asia, África y Oceanía- analizaron en profundidad temas como: internamientos voluntarios; ética de los cuidados paliativos; apoyos y cuidados en situaciones de emergencias y catástrofes; salud mental, autonomía y dependencia; salud digital y robótica; apoyos y cuidados en cárceles; diversidad cultural, personas y comunidades indígenas; cultura, deporte y vida plena; etcétera.

 


CON MÁS DE 200 PONENTES DE LOS CINCO CONTINENTES, EL CONGRESO ABORDÓ DE MANERA GLOBAL Y MULTIDISCIPLINAR LA PROTECCIÓN DE LOS MAYORES


 

Representación de Æquitas

La Fundación Æquitas estuvo representada por su directora y su director adjunto -Almudena Castro-Girona (presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado. En la sesión plenaria Panorama mundial. Europa: De la curatela al sistema de apoyos para la toma de decisiones) y Francisco González (abogado especialista en discapacidad, en el panel de debate Actos de autoprotección y poderes preventivos)- respectivamente. También asistieron los patronos Inmaculada Vivas (catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla. Ejercicio de los apoyos en el consentimiento informado); José Luis Seoane (magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Determinación de la capacidad jurídica e interdisciplinar), y Gonzalo López Ebri (ex teniente fiscal de la Comunidad Valenciana. Autonomía, capacidad jurídica y vida independiente).

Para Inmaculada Vivas, “en España, el adulto mayor no cuenta con un marco normativo diferenciado por el mero hecho de tener arrugas. Sin embargo, sí debe prestársele atención y apoyo cuando, por su fragilidad, no puede tomar decisiones concernientes a su salud. El ordenamiento jurídico actual debe contemplar un sistema de apoyos e instrumentos eficaz y respetuoso con la libre autodeterminación de la persona mayor y resolver las situaciones en las que se prescinde de sus deseos y preferencias”.

Según Gonzalo López Ebri, “el derecho a la tutela judicial no puede comprenderse desconectado de la realidad en la que se desenvuelve. La ley nunca será igual para todos si todos no están en la misma situación, tanto en la relación jurídico material como procesal”.

José Luis Seoane puso de manifiesto la labor realizada por los notarios a la hora de reforzar la protección jurídica de los mayores: “La función notarial constata el consentimiento de estas personas mayores mediante la valoración de su capacidad como otorgantes, lo que supone una garantía preventiva esencial del sistema al denegar la aprobación de negocio jurídico si, a juicio del notario, no se cumplen las condiciones para celebrar y comprometerse contractualmente”.

Francisco González señaló que “los poderes preventivos y los acuerdos de apoyo son herramientas legales muy útiles que permiten a las personas planificar y delegar la toma de decisiones en caso de una futura falta de capacidad. Estos documentos ofrecen una forma de protección y control sobre los asuntos personales, financieros y legales en situaciones de vulnerabilidad. Hay que considerar la creación de estos poderes como parte de una planificación legal integral para garantizar que los deseos y necesidades de una persona sean atendidos de manera adecuada en el futuro”.

Por último, Almudena Castro-Girona hizo hincapié en la trascendencia de la Ley 8/2021 en nuestro país (que cumple este mes de septiembre el tercer aniversario de su entrada en vigor): “Ha sido la mayor reforma del ordenamiento jurídico español y de nuestra época democrática. Esta ley supone la eliminación de los sistemas de sustitución en la toma de decisiones y la adopción de los sistemas de apoyo consagrados por las normas internacionales”.

Inauguración: Isolina Dabove y Horacio Rosatti.
Soledad Cisternas, ex enviada especial del secretario general de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad y colaboradora de la Fundación Æquitas
Almudena Castro- Girona (a la derecha de la imagen) durante su intervención en el salón de actos de la la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
25 Aniversario

Este otoño se celebrará el 25º aniversario de la creación de la Fundación Aequitas. Durante el último trimestre del año tendrán lugar diversos actos relacionados con el programa de actividades puesto en marcha para conmemorar esta efeméride, entre los que cabe destacar la entrega de los premios Héroes Anónimos y Altavoz.

El galardón Héroes Anónimos nació con la finalidad de reconocer una actuación desconocida públicamente y desarrollada por una persona o entidad que pueda ser considerada un ejemplo en la inserción social de las personas con discapacidad, con el objetivo de dar visibilidad a su esfuerzo por conseguir el reconocimiento de los derechos de ese colectivo y contribuir a su inserción social. El 21 de febrero comenzó la difusión pública del premio; el 15 de junio -fecha de plazo del envío de candidaturas- se habían recibido más de cien por correo postal y electrónico. Una comisión de patronos de la Fundación seleccionará detenidamente el ganador, que será hecho público en noviembre y que recibirá una compensación de 12.000 euros.

Por su parte, el Premio Altavoz -dotado con 8.000 euros, que serán destinados a una acción social concreta elegida por el premiado cuyo objetivo sea la inclusión social de colectivos más vulnerables- se concederá a alguna persona con discapacidad de reconocida relevancia y cuya vida sea un ejemplo de superación e inclusión social. El Patronato de la Fundación elegirá entre una serie de candidatos, procedentes de distintos ámbitos en los que son referentes (política, cine, deportes, moda, redes sociales, escritores, cantantes, educadores, activistas, divulgadores, blogueros… con diferentes discapacidades funcionales y psíquicas).

Red iberoamericana de acceso a la justicia

ESPACIO AEQUITAS

Red iberoamericana de acceso a la justicia

La Fundación Æquitas, el Consejo General del Notariado (CGN) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) han puesto en marcha el itinerario formativo Acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, que se impartirá entre julio de 2024 y noviembre de 2025 a través del aula virtual del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

JOSÉ M. CARRASCOSA
Cartel del Congreso.
Cartel del Congreso.

El itinerario consta de seis cursos y talleres (de entre 30 y 120 horas lectivas) que se celebrarán aproximadamente cada tres meses en diferentes modalidades de asistencia (virtual, híbrida o presencial). Los temas del programa son: principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas en situación de vulnerabilidad; ajustes de procedimiento y extraprocesales para el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad; determinación de las necesidades de apoyo y las salvaguardas necesarias, buenas prácticas y reformas necesarias; ajustes de procedimiento y extraprocesales, tecnología y vulnerabilidad; acceso a la Justicia, especificidades (justicia civil, penal y extrajudicial); y retos de futuro.

Como presentación de esta actividad, tuvo lugar el pasado mayo el webinario Tecnología, discapacidad y acceso a la justicia, en el que tomaron parte Almudena Castro-Girona y Francisco González, directora y director adjunto de la Fundación Æquitas, respectivamente; Álvaro Martín-Moreno, director general de la Fundación Kyrios; Joaquín Delgado, magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional; y Óscar Herrera, coordinador del área de formación del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra.

 


EL ITINERARIO CONSTA DE SEIS CURSOS Y TALLERES (DE ENTRE 30 Y 120 HORAS LECTIVAS) QUE SE CELEBRARÁN APROXIMADAMENTE CADA TRES MESES


 

Veinte años de colaboración.

Castro-Girona recordó que la colaboración de Æquitas y del AECID data de antiguo: «En 2004 iniciamos los primeros talleres de formación, relativos al empleo o a la Convención de la ONU. Ya por aquel entonces veníamos detectando la necesidad de crear una red de expertos en derechos humanos, como la que se pretende tejer con este itinerario formativo, que tiene como principal objetivo generar puentes de capacitación y un lugar virtual donde compartir conocimientos, experiencias, sabiduría y práctica».

Para Herrera, el itinerario forma parte de la «decidida apuesta estratégica de AECID para llevar a cabo una cooperación intensiva y de fortalecimiento de capacidades institucionales mediante la transferencia e intercambio de conocimientos. El plan Interconecta, del que forma parte esta iniciativa, cuenta con instituciones y actores sociales involucrados desde hace años en el desarrollo humano de la región, como Æquitas».

Por su parte, González hizo hincapié en que «a lo largo de las sesiones vamos a reflexionar sobre la aplicación de la tecnología en el acceso a la justicia, desde las comunicaciones electrónicas a la inteligencia artificial, promoviendo soluciones que permitan la accesibilidad y eviten discriminaciones como la de la brecha digital».

Delgado abordó en su intervención un asunto de actualidad como el de la Inteligencia Artificial que «promete numerosos avances en la vida de las personas con discapacidad y de otras personas, pero puede conllevar muchos riesgos. Es necesario encontrar un equilibrio a fin de aprovechar las nuevas tecnologías para ponerlas al servicio de los objetivos subyacentes de la Convención de la ONU». El magistrado señaló que «todo lo que tiene que ver con la mejora en el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad afecta a las políticas públicas. Es importante que los que trabajamos en el sector seamos conscientes de las necesidades del colectivo y adoptemos las medidas necesarias que derriben las barreras existentes».

Por último, Martín-Moreno expuso otra de las líneas maestras de estos cursos: «Gracias a un elenco transversal de ponentes de todas las partes del mundo y de altísimo nivel, aportaremos herramientas para que los operadores jurídicos conozcan el punto de vista de las personas que están en situación de vulnerabilidad: la detección de necesidades, su relación con las familias, posibles situaciones de conflicto de intereses… Algo que puede ser muy enriquecedor».

De izda. a dcha.: Mª Teresa Barea, José Antonio Nieto, Lorenzo del Río, Ana Tárrago y Gonzalo López Ebri.
De izda. a dcha.: Almudena Castro-Girona, Rafael Leña, Tomás Giménez Villanueva (notario) y Federico Cabello de Alba (director de la Sección Económica y Social de Æquitas).
Nuevos Foros Æquitas

La sede de Sevilla del Colegio Notarial de Andalucía acogió en mayo la constitución del Foro Æquitas de Discapacidad en Andalucía Occidental, en la que participaron José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía; Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación; Fernando Santos Urbaneja, patrono y fiscal delegado de la Sección de Apoyo a las Personas con Discapacidad y Mayores en Andalucía; Ana Vanessa García, secretaria general de Inclusión Social de la Junta de Andalucía; Esteban Roncón, director general de Justicia Juvenil y Cooperación; Javier Millán, delegado territorial de la Consejería de Justicia; Gonzalo López Ebri, coordinador de los foros autonómicos de discapacidad de Æquitas y patrono de la Fundación Æquitas; y Manuel Seda, vicedecano del Colegio Notarial de Andalucía. Tras el acto tuvo lugar un homenaje al notario jubilado y patrono de la Fundación, Rafael Leña.

Previamente, representantes de diversas instituciones y operadores jurídicos estuvieron presentes en la constitución del foro homónimo de Andalucía Oriental en la sede del Colegio Notarial en Granada, como Mª Teresa Barea, decana del Colegio anfitrión; Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia autonómico; o Ana Tárrago, fiscal superior. Hasta el momento se han creado foros similares en las comunidades de Asturias, Aragón y País Vasco. Está prevista su implantación en todo el territorio nacional en un corto plazo.

Decidir con apoyos

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Decidir con apoyos

La facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza acogió el II Congreso sobre el derecho a decidir con apoyos. Este foro, organizado por LIBER (Asociación de entidades de apoyo a la toma de decisiones) contó con una estrecha colaboración de Aequitas.

Cartel del Congreso.
JOSÉ M. CARRASCOSA

Almudena Castro-Girona y Federico Cabello de Alba (directora de la fundación y director del área social y económica, respetivamente) formaron parte del comité científico de este foro, nacido «para saber más sobre el derecho a decidir y las nuevas medidas de apoyo».

Castro-Girona participó como ponente en la mesa redonda La interpretación y efectos de la reforma; junto a la delegada autonómica del Colegio Notarial de Aragón, María del Carmen Gracia del Val (quien intervino en el panel Hablando claro: La aplicación del nuevo modelo de apoyos desde distintos puntos de vista).

En el acto de inauguración tomaron parte -junto a representantes autonómicos municipales y universitarios- diversos miembros del movimiento asociativo como Luis Gonzaga, presidente de LIBER, quien señaló que “el derecho a decidir de las personas con discapacidad se erige como un faro de esperanza y progreso que permite construir sociedades más inclusivas”. También tomó parte Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión, entidad que recibió un homenaje por su sesenta aniversario, para quien «todas las parte implicadas en la discapacidad tenemos que coincidir y aunar criterios».

 


MÁS DE 250 PERSONAS ASISTIERON A ESTE FORO, QUE CONTÓ CON UN MASIVO SEGUIMIENTO EN REDES SOCIALES


 

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, destacó “la labor de la recientemente creada Alianza Apoyo y Autonomía -integrada por las Fundaciones ONCE y Aequitas; y el CERMI- para dar soluciones operativas a la nueva situación planteada tras la Ley 8/2021″. Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI aseguró que “la Alianza Apoyo y Autonomía estará vigilante en la aplicación de la Ley 8/2021, la gran reforma del Derecho Civil», mientras que Jesús Martín, director general de Derechos de Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, defendió que «no se podía mantener un estado civil restrictivo; cuando se negaba la participación de las personas con discapacidad en la Ley se negaba la participación humana».

Efectos de la reforma

«El Derecho sirve para solucionar nuestro día a día». De esta manera iniciaba Almudena Castro-Girona su intervención en el panel de debate La interpretación y efectos de la reforma, en la que profundizó en la renovación producida en la protección jurídica de la discapacidad, a tenor de la Ley 8/2021. «Antes se establecía un sistema garantista, que privaba de la posibilidad de ejercer derechos. Desde la Convención de la ONU se ha cambiado radicalmente y ya no se quita a nadie la posibilidad de actuar. La nueva regulación facilita los cauces necesarios para las personas que necesitan apoyos y salvaguardas en el ejercicio de sus derechos».

«Estos cauces -prosiguió la directora de Æquitas- son diversos y ya no se establecen únicamente en el ámbito judicial, también en el extrajudicial, ante notario. Estos sistemas de apoyo tienen trascendencia jurídica, económica y humana; no existían en el Derecho Civil anterior y requieren ser formalizados y regulados por la Ley, ya que configuran la dignidad de la que todos somos portadores». «La estrella de la Ley 8/2021 son los apoyos constituidos en escritura pública, que convierten a los notarios en ‘modistos’ de la autonomía de la voluntad”. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que «las personas con discapacidad configuren esos ´trajes a medida’ que les permitan recibir ayudas en distintos ámbitos (la administración, el sanitario…) y detectar las barreras».

Castro-Girona realizó un repaso exhaustivo de las diferentes figuras de apoyo: poderes y mandato preventivo de protección, guarda de hecho, curatela asistencial,.. y demandó al legislativo autonómico de Aragón «su inclusión en la futura normativa sobre discapacidad», actualmente en fase de desarrollo.

 


LA ALIANZA APOYO Y AUTONOMÍA –PUESTA EN MARCHA DESDE LAS FUNDACIONES ONCE Y AEQUITAS Y EL CERMI– FUE UNA DE LAS PROMOTORAS DEL ENCUENTRO


 

Para concluir, la ponente reclamó mayor implicación en algunas situaciones. «Una cosa es lo que dice el BOE y otra, muy distinta, es la problemática a la que se tienen que enfrentar las familias con la Administración y los distintos operadores, como las entidades bancarias. Hemos hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Este tipo de congresos permite reducir las barreras para que la dignidad de todo ser humano sea una realidad, no sólo una norma jurídica».

Hablando claro

Hablando claro: la aplicación del nuevo modelo de apoyos desde distintos puntos de vista fue el título de la mesa redonda en la que participó María del Carmen Gracia del Val. «La función notarial -apuntó la delegada autonómica de la Fundación Aequitas- es un cauce privilegiado para que las personas con discapacidad puedan ejercer la autonomía de la voluntad configurando sus relaciones jurídicas en un instrumento público. La Ley 8/2021 ha convertido al Notariado en un puntal para que los miembros de ese colectivo puedan expresar sus decisiones en libertad; siendo un apoyo activo para ejercitar en condiciones de igualdad su capacidad jurídica y sus derechos fundamentales vinculados a la dignidad de la persona».

«La autonomía de la voluntad es el eje de la reforma de la Ley 8/2021 -sostuvo la notaria de Alcañiz-. La ley no recoge qué son las medidas de apoyos. Me gusta definirlas como ‘personas apoyando a otras personas’, representándolas y contribuyendo a que sus deseos se cumplan».

Sobre estas medidas, Gracia del Val indicó algunas de sus disposiciones generales: «Respeto a la dignidad de la persona, proporcionalidad, estatuto de la persona de apoyo, establecimiento de salvaguardias y obligación de comunicar al Ministerio Fiscal cualquier situación de abuso». Por último, destacó la ‘junta de parientes’ como «una gran figura del Derecho aragonés, que debería aplicarse en el futuro proyecto de ley».

De izda. a dcha.: Antonio Legerén profesor titular de Derecho Civil, Universidade da Coruña; Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Æquitas; Irene Yepes, directora de la Asociación Liber e Inés de Araoz, asesora jurídica de Plena Inclusión España.
María del Carmen Gracia durante su intervención.
De izda. a dcha.: Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE; Ángeles Alcalá, vicerrectora de la Universidad de Zaragoza; Jesús Martín, director general de Derechos de Personas con Discapacidad; Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón; Luis Gonzaga, presidente de LIBER; Marian Oros, consejera de políticas sociales del Ayuntamiento de Zaragoza; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI; y Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión.

Dos años de la ley que reconoce el derecho a decidir de las personas con discapacidad

ESPACIO AEQUITAS

Dos años de la ley que reconoce el derecho a decidir de las personas con discapacidad

A finales de enero tuvo lugar en la sede del Parlamento Vasco la jornada Dos años de vigencia de la Ley 8/2021: contextualización jurídica y social. El Foro Aequitas de Discapacidad de Euskadi y Eusko Legebiltzarra organizaron este encuentro, donde se analizó la aplicación práctica de la nueva normativa sobre discapacidad.

JOSÉ M. CARRASCOSA

El acto inaugural contó con las intervenciones de Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco; Diego Granados, decano del Colegio Notarial del País Vasco; Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV); María del Carmen Adán, fiscal superior del País Vasco, y Aitor Bedialauneta, presidente de la Coordinadora vasca de representantes de personas con discapacidad, (EDEKA).

Granados agradeció, en nombre del Notariado, la participación en estas jornadas de la profesión a la que representa y aseguró que «el notario es receptor de la voluntad de los ciudadanos; recibe en primera persona sus angustias y anhelos. Está abierto e inmerso en la sociedad y en contacto directo con las personas con discapacidad y sus familias. Este principio de reconocimiento de la voluntad de una persona para autodeterminarse, que realiza el notario, es lo que busca la ley: la plena igualdad del colectivo». Para el decano vasco, «la Ley 8/2021 no se trata sólo de un texto legal; debe ser la voz de todos».

Guarda de hecho y medidas de apoyo

La primera mesa redonda titulada Experiencias personales: ¿qué supone la reforma para nosotras y nosotros, estuvo moderada por María José Cano, vicepresidenta de EDEKA. Y en ella contaron su experiencia Ernesto Rivera, Lorena García de Vicuña y Jesús Isaac Ruiz.


DIEGO GRANADOS: «LA LEY 8/2021 BUSCA LA PLENA IGUALDAD DEL COLECTIVO»


El ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad: medidas de apoyo voluntarias y judiciales fue el segundo panel de debate, moderado por Diego Granados y que contó con la participación de Iñaki Subijana, presidente del TSJPV; Rafael Armesto, abogado, red de juristas de Plena Inclusión; y Aida Lozano, fiscal delegada de protección de personas con discapacidad y mayores de Álava.

La última mesa de la primera jornada –La guarda de hecho: compatibilidad con las medidas voluntarias o judiciales– fue moderada por el patrono de Aequitas y exteniente fiscal de la Comunidad Valenciana Gonzalo A. López Ebri y la directora de la Fundación Aequitas Almudena Castro-Girona; Belén González, magistrada de la Sección Civil de la Audiencia Provincial de Álava y Torcuato Recover, abogado y coordinador de la Red de Juristas de Plena Inclusión, participaron como ponentes.

Para Ebri, la idea esencial de la nueva normativa sobre discapacidad es «el cuidado y las medidas de apoyo. En una sociedad como la actual deben darse todas las medidas para que no se excluya a nadie».

«La piedra angular de esta gran reforma consiste en que las personas con discapacidad puedan ejercer los derechos en condiciones de igualdad. Antes sólo existía el procedimiento de incapacitación, que atentaba a la dignidad del ser humano; hoy los mecanismos del ordenamiento jurídico son muy diferentes. Ahora existe una pluralidad de herramientas para afrontar la diversidad de la discapacidad; tenemos que trabajar mucho más para construir soluciones que no son iguales para todos y superar todas las barreras», manifestó Castro-Girona.

La ley en la práctica

La primera mesa redonda del segundo día tuvo como epígrafe Aspectos prácticos de la Ley 8/2021 desde la perspectiva de las entidades de apoyo. Este panel contó con José Ángel Gutiérrez, director de Fundación Ondoan; Izaskun Astegieta, directora de Usoa Fundazioa; Mikel Barrón, director de Fundación Futubide; Óscar Carcedo, director de Gertuan Fundazioa; Susana Montesino, directora de medidas de apoyo de Fundación Hurkoa; Elena Vélez de Mendizábal, responsable del Área Jurídica de la Fundación Beroa. Moderaron: Oier Zuberogoitia, director del Instituto Tutelar de Bizkaia y Álvaro Martín-Moreno, director de la Fundación Kyrios de Apoyo Personal.

El Derecho Civil Vasco: su implicación y respuesta a las situaciones de vulnerabilidad. El Plan de Acceso a la Justicia del Gobierno Vasco, fue el tema elegido para la última mesa. En ella participaron Andrés Urrutia, notario y presidente de la Academia Vasca de Derecho (AVD-ZEA); Eugenio Artetxe, director de Justicia del Gobierno Vasco; María Aragón, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa; y Manuel Rueda, director del Área Jurídica de la Fundación Aequitas, que fue el moderador.

Urrutia realizó un repaso histórico por la legislación vasca sobre la materia «inspirada por el respeto y la consideración de la persona», resaltando que «los notarios en nuestros despachos nos encontramos con el desconocimiento de la Ley 8/2021 por parte de la sociedad; a muchas familias aún no les ha llegado su mensaje».

Clausura

En la clausura tomaron parte Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco, Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco; y Emilio Olabarría, patrono de la Fundación Aequitas.

Como colofón, Olabarría señaló que la aplicación de «una ley revolucionaria como la Ley 8/2021 no iba a ser un camino fácil. En esta jornada hemos comprobado que son muchos los problemas que se plantean -como los retrasos producidos por las sentencias de incapacitación-, no en vano se trata de una renovación profunda».

Foro Aequitas de Discapacidad de Euskadi

El pasado año tuvo lugar la constitución de esta plataforma; una iniciativa nacida como un lugar de encuentro donde tengan cabida diferentes profesionales y entidades -Notariado, Judicatura, Fiscalía, Abogacía, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno vasco y otras Administraciones, universidades o el propio movimiento asociativo- para estudiar y analizar la situación actual de la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores vulnerables, así como para avanzar en su protección mediante la colaboración de todas las partes.

Inauguración. De izda. a dcha.: Diego Granados, Iñaki Subijana, Bakartxo Tejeria, María del Carmen Adán y Aitor Bedialauneta.
De izda. a dcha.: Almudena Castro-Girona, Gonzalo López Ebri, Belén González y Torcuato Recover.
De izda. a dcha.: Andrés Urrutia, María Aragón, Manuel Rueda y Eugenio Artetxe.