En esta tercera edición, #NotariosRurales viaja hasta Castropol, un pueblo de 3.765 habitantes ubicado en Asturias en el que trabaja la notaria Mireya Cristina Martínez Badás: “Me encanta mi profesión y estoy muy feliz ejerciéndola aquí”. “La mayor satisfacción que tengo como notaria es ayudar a las personas. Por ejemplo, cuando llega alguien a la notaría con un problema que no le deja dormir es gratificante poder decirle: no se preocupe, lo vamos a hacer de esta manera y lo vamos a solucionar”, explica.

Este año, a través de entrevistas al alcalde, a la farmacéutica, a un ganadero de la zona, y a empresarios locales, se pone en valor el papel del Notariado como servicio público de proximidad. Así lo destaca también la decana del Colegio Notarial de Asturias, María Isabel Valdés-Solís: “Aunque las necesidades puedan ser distintas a las de las grandes ciudades, los notarios garantizamos el mismo servicio y tecnología también en pequeñas poblaciones”. “En Asturias somos 65 notarios repartidos por todo el territorio”, explica.

PARA MOSTRAR LA LABOR DE LOS NOTARIOS QUE EJERCEN EN PEQUEÑAS LOCALIDADES #NOTARIOSRURALES SE DESPLAZA ESTE AÑO A CASTROPOL (ASTURIAS)

Los protagonistas

Durante los videos, la notaria Mireya Cristina Martínez Badás, presenta a personas relevantes en la localidad, como al alcalde, Francisco Javier Vinjoy Valea, que asegura que para él “es muy importante tener una notaria en el pueblo para ayudar a la gente en todos los trámites administrativos en primera instancia y contar con una asesoría jurídica, imparcial, directa, accesible… Eso favorece mucho que la gente pueda realizar sus gestiones con facilidad sin necesidad de desplazarse a una gran ciudad”.

También participa Delfín Pérez García, ganadero en Castropol, que pone en valor la cercanía de los notarios en municipios pequeños, como es el caso de la localidad asturiana, y explica sus ventajas: “Le da prestigio a un pueblo que somos pequeños, que ya nos tienen un poco olvidados por todas partes, y tener a la notaria cerca es estupendo”.

Por su parte, la florista en Castropol, Pamela Pérez García, cuenta cómo la notaria le ayudó a poner en marcha su negocio. “Yo firmé con Mireya la póliza de la base de este proyecto. Fue ella la que la que me dio la oportunidad, entre comillas, de poder echar esto adelante”. En opinión de la farmacéutica, Toña Cotallo Cortina: “Tener la notaría cerca me parece que es un buen servicio a todos los niveles, para todas las personas del concejo y también de los concejos de alrededor”.

MIREYA MARTÍNEZ: “CUANDO LLEGA ALGUIEN A LA NOTARÍA CON UN PROBLEMA QUE NO LE DEJA DORMIR ES GRATIFICANTE PODER DECIRLE QUE LO VAMOS A SOLUCIONAR”

Finalmente, Álvaro Platero Díaz, presidente de Astilleros Gondán, señala que “en un pueblo pequeño haya un notario nos simplifica muchísimo las cosas. Primero porque tenemos mucha confianza y nos conocemos. Entonces, te ayuda, preguntas la legalidad de las cosas… Algunos lo utilizamos muchas veces. A veces incluso de consultor, para ver qué cosas podemos hacer y qué cosas no”.

Los actos más realizados

Según la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea “algunos de los actos más habituales en los pueblos son la adjudicación de herencias, las rectificaciones de superficie, los testamentos y las donaciones y, en menor medida, los expedientes de dominio o las actas de deslinde y subsanación de discrepancias”.

Barea explica que también se realizan “numerosas compraventas de fincas rústicas”. Durante el primer semestre de 2025 en España se compraron 64.022 fincas de este tipo. Los datos notariales siguen mostrando el interés de la sociedad por estas propiedades tras la crisis por el covid-19 ya que, desde 2020 todos los años se han superado las cifras de 2018 y 2019, previos a la pandemia.

Para conocer más sobre este precioso pueblo asturiano vaya a nuestra sección Al Encuentro.

Durante casi veinte años compartieron techo, gastos, proyectos y criaron dos hijos. A los ojos de cualquiera, eran una familia consolidada. Sin embargo, cuando la mujer falleció, el hombre se encontró ante una fría negativa administrativa: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la pensión de viudedad, alegando que no constaba escritura notarial que acreditara la unión ni inscripción en ningún registro de parejas de hecho.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN HA CONFIRMADO QUE SIN FORMALIZACIÓN NOTARIAL O INSCRIPCIÓN EN UN REGISTRO DE PAREJAS NO HAY DERECHO A PENSIÓN DE VIUDEDAD

El caso terminó ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (sentencia 375/2025, de 10 de junio) que ratificó la posición del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La Sala sostuvo que la ley no deja margen a la equidad ni a la interpretación flexible: sin un acto formal de constitución, la convivencia, por prolongada y pública que sea, no crea derecho alguno a la pensión.

La clave jurídica reside en el artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) que exige de manera expresa que para acceder a la pensión de viudedad la pareja de hecho o bien haya otorgado escritura pública con al menos dos años de antelación al fallecimiento o bien figure inscrita en un registro autonómico o municipal.

La documentación

El tribunal aragonés, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo (STS 480/2023, de 27 de junio; STS 161/2022, de 17 de febrero) basó su decisión en que ese requisito es de carácter constitutivo, no simplemente declarativo. Es decir, no basta con demostrar convivencia estable ni cargas familiares compartidas: el vínculo debe estar formalmente documentado. “El legislador ha optado por una prueba objetiva y verificable, evitando interpretaciones de hecho que podrían generar inseguridad o desigualdad de trato”, subraya la sentencia.

LAS PAREJAS DE HECHO QUE QUIERAN EQUIPARARSE A LAS CASADAS DEBEN DOCUMENTAR SU UNIÓN Y PLANIFICAR SUS EFECTOS SUCESORIOS Y PATRIMONIALES

Muchos ciudadanos creen que basta con convivir y figurar empadronados juntos para tener reconocidos los mismos derechos que un matrimonio. Sin embargo, el Derecho no se guía por la apariencia afectiva ni por la costumbre, sino por actos jurídicos válidos y probados.

La pareja de hecho es un modelo de convivencia asentado en la sociedad desde hace ya mucho tiempo, pero su aceptación social no se equipará a un reconocimiento jurídico de derechos que sí se otorgan a quienes han optado por la formalización de la relación afectiva. Así, el registro o la escritura pública no cambia el contenido de la relación, pero sí su reconocimiento ante terceros.

De todo ello se constata la conveniencia de formalizar la pareja de hecho ante notario mediante escritura pública, un procedimiento sencillo, económico y rápido, con efectos inmediatos ya que permite definir desde el inicio cuestiones esenciales de la relación como son la titularidad y uso de la vivienda; aportaciones comunes y patrimoniales; reglas para el sostenimiento de hijos; régimen económico de convivencia o provisiones sucesorias, incluidos legados o usufructos. Además, protege jurídicamente frente a terceros como bancos, seguros, Hacienda, hospitales o juzgados, equiparando su valor al de la inscripción administrativa a efectos legales.

Más allá de la pensión

La pensión de viudedad es solo uno de los ámbitos donde la falta de formalización puede tener consecuencias. En materia sucesoria, si la pareja no está inscrita ni ha hecho testamento, el conviviente sobreviviente no heredará nada por derecho propio, salvo que el fallecido lo hubiera dispuesto expresamente.

También hay consecuencias fiscales, ya que las ventajas en el IRPF o Impuesto de Sucesiones que disfrutan los cónyuges o parejas formalizadas no se aplican automáticamente a las parejas que no han formalizado su convivencia. Tampoco existen derechos de uso o protección de la vivienda común si pertenece solo a uno de los convivientes.

En el ámbito sanitario, los hospitales pueden negar el acceso a información clínica o consentimiento médico si no hay acreditación formal de la relación. Igualmente, en el ámbito laboral, los permisos por fallecimiento o enfermedad grave de la pareja solo se reconocen si consta en escritura pública o se ha registrado.

Regulaciones autonómicas

Las comunidades autónomas han regulado de forma dispar las uniones de hecho, bien en un pacto notarial que puede otorgarse mediante escritura pública de manera inmediata ante cualquier notario o bien mediante su registro. En ambos casos, el objetivo es dotar de certeza y efectos legales a la unión. La escritura notarial tiene la ventaja adicional de que permite, además de recibir el asesoramiento gratuito e imparcial del notario, pactar el régimen de separación, compensaciones económicas o previsiones en caso de ruptura, unas herramientas que los registros públicos no ofrecen.

MÁS ALLÁ DE LA PENSIÓN, LA FORMALIZACIÓN APORTA SEGURIDAD EN HERENCIAS, VIVIENDA, SEGUROS Y DECISIONES MÉDICAS O FISCALES

En cualquier caso, aunque en los últimos tiempos diferentes regulaciones han tendido a ir equiparando la pareja formalizada con el matrimonio, los efectos de ambas situaciones de convivencia no son idénticos. La diferencia esencial radica en que la libertad contractual en la pareja de hecho permite pactar todo, pero sólo lo que se pacta rige en la relación. No existen normas supletorias tan amplias como las que protegen a los cónyuges.

En cambio, en aspectos de Seguridad Social o prestaciones, la ley intenta establecer cierta equiparación, siempre condicionada a la formalización previa. Por eso, cuando esta falta, el vacío legal puede ser absoluto.

El debate, moderado por la secretaria del Colegio Notarial del País Vasco, Igone Aretxaga, reunió a juristas, académicos y representantes del sector para analizar cómo reforzar la seguridad jurídica en el alquiler. Los participantes, Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; Natalia Palomar, directora Jurídica y de Derechos de Provivienda; Javier Valentín Peñate, vicepresidente de ASCAV (Asociación Canaria de Alquiler Vacacional); y Eduardo Vázquez de Castro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Cantabria, coincidieron en que recuperar la confianza de los propietarios es clave para reactivar un mercado esencial ante la actual crisis de acceso a la vivienda.

Contratos en escritura pública
“Es necesario elevar los contratos de arrendamiento a escritura pública para aportar mayor seguridad a los propietarios”, afirmó el magistrado Vicente Magro. Su intervención abrió este diálogo en la segunda jornada del Curso de Vivienda 2025. Magro defendió una batería de reformas urgentes para garantizar una respuesta eficaz: desalojo exprés en 24 horas; refuerzo del papel policial en casos de flagrancia, y registro obligatorio de los contratos para evitar fraudes documentales. También propuso cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley de Vivienda y en la legislación de propiedad horizontal “para permitir que comunidades de vecinos puedan actuar judicialmente ante situaciones de okupación”.

Además, Magro subrayó que los contratos formalizados en escritura pública ofrecen una mayor protección jurídica y probatoria frente a conflictos legales. “Es una garantía para todas las partes y un instrumento que fortalece la seguridad del sistema”, aseguró.

Por su parte, Eduardo Vázquez de Castro, incidió en la necesidad de “distinguir entre el arrendatario vulnerable y el incumplidor doloso”. En su opinión, una justicia ágil, con plazos claros y criterios homogéneos, genera previsibilidad y confianza: “Proteger al arrendatario vulnerable no debe significar blindar el abuso”. Subrayó además el papel que pueden jugar los seguros de impago y los programas de intermediación pública para incentivar la oferta.

El catedrático también apuntó a la importancia de establecer incentivos fiscales a largo plazo como medida eficaz para estimular la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler. Según explicó, “hay propietarios reticentes que podrían estar dispuestos a alquilar si se les ofrece estabilidad, rentabilidad y seguridad”.

Alquiler asequible
Javier Valentín Peñate, advirtió que “sin seguridad jurídica, la oferta seguirá estancada”. Reclamó también marcos normativos claros que permitan al propietario confiar en el cumplimiento del contrato. Además, durante su intervención defendió que la vivienda turística —que representa solo el 1,4% del parque residencial— “ha sido convertida en chivo expiatorio de una crisis estructural”, marcada por la escasez de suelo, la lentitud administrativa y la insuficiente promoción pública. “Tenemos un problema de base que no se soluciona culpando al alquiler vacacional”, indicó. “Es más fácil señalar que reformar el urbanismo o acelerar los trámites de obra nueva”. Valentín también defendió que se potencie la seguridad jurídica como vía para profesionalizar el mercado del alquiler.

Desde una perspectiva social, Natalia Palomar apostó por fórmulas complementarias a la construcción de vivienda protegida. Citó iniciativas que calificó de “innovadoras”, como las bolsas de alquiler asequible o las housing associations sin ánimo de lucro, capaces de movilizar vivienda vacía bajo esquemas seguros para propietarios e inquilinos vulnerables. También alertó de los límites de la legislación actual para proteger a las personas en riesgo de desahucio: “Sin una respuesta ágil de la Administración, la suspensión judicial no basta. La ley no obliga a realojar”.

Palomar subrayó que el alquiler debe abordarse como una política estructural, no solo como respuesta de emergencia. “Necesitamos una estrategia a largo plazo que combine seguridad jurídica, programas sociales y colaboración público-privada”, afirmó.

Por último, la directora jurídica de Provivienda también puso en valor el papel del Notariado en la formalización de contratos que contemplen cláusulas de equilibrio y resolución alternativa de conflictos, especialmente útiles cuando intervienen colectivos vulnerables. “Contar con asesoramiento imparcial y cualificado desde el inicio puede evitar muchos problemas posteriores”, señaló.
Recuadro: Arrendamientos con garantías
Durante el debate se destacaron iniciativas orientadas a garantizar el cobro de las rentas y facilitar el acceso a la vivienda sin poner en riesgo la posición del propietario. Entre ellas, los seguros de impago con cobertura pública, los sistemas de avales institucionales o los programas de intermediación gestionados por entidades del tercer sector. Estos mecanismos permiten combinar la protección del inquilino vulnerable con incentivos suficientes para que los pequeños propietarios —que poseen el 90% del parque de alquiler— saquen sus viviendas al mercado. También se abordó la necesidad de contar con una normativa homogénea en todo el territorio nacional. Actualmente, los baremos y ayudas difieren entre comunidades autónomas, lo que genera desigualdades y dificulta una respuesta eficaz. En este sentido, se propuso la creación de un protocolo estatal que fije criterios claros de actuación ante el impago o el desahucio. Los expertos coincidieron en que, más allá de las reformas legales, hace falta una estrategia integral que combine celeridad procesal, seguridad jurídica y medidas de incentivo a la oferta, tanto desde el ámbito público como privado. La intervención notarial, mediante contratos en escritura pública, puede jugar un papel decisivo en este proceso.

El evento, celebrado el 19 de junio, reunió a expertos, notarios y representantes del movimiento asociativo de mayores, que coincidieron en la necesidad de dotar de seguridad jurídica a estas iniciativas de apoyo a los mayores que responden a nuevos cambios sociales y demográficos.

La presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, inauguró la jornada destacando que el envejecimiento, aunque es un logro social, plantea desafíos jurídicos que requieren respuestas urgentes: “Nuestra obligación es facilitar que las personas mayores disfruten de su autonomía con seguridad”. Destacó que los notarios, en su contacto diario con la ciudadanía, son testigos de nuevas formas de convivencia que surgen en respuesta a la soledad, el desamparo o la falta de recursos, y, a través de casos reales recogidos desde notarías rurales, reivindicó el papel del Notariado como agente cercano y garante de soluciones jurídicas innovadoras.

Barrio Del Olmo señaló que el envejecimiento de la población y la transformación de la estructura familiar han roto modelos tradicionales de cuidado, y destacó que “el envejecimiento plantea retos que el derecho no puede eludir: debe facilitar que las personas mayores disfruten de la mejora en las condiciones de vida sin renunciar a su autonomía”. En este sentido defendió que, aunque “estos pactos existen ya en la realidad y no necesitan una regulación expresa para ser válidos, es conveniente contar con un marco jurídico que los impulse y proteja”. La presidenta del CGN y Fundación Notariado manifestó que, “el Notariado busca documentar pactos como una vía para solucionar la soledad no deseada y los problemas de vivienda, facilitando el deseo mayoritario de envejecer en el domicilio”.

El diagnóstico.
A continuación, intervino el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, quien subrayó la necesidad de “dar respuestas diversas a realidades diversas” en el ámbito del envejecimiento. Advirtió del peligro de aplicar soluciones únicas a un colectivo tan heterogéneo como el de las personas mayores. Reclamó también combatir el edadismo, promover un envejecimiento digno y potenciar alternativas residenciales y asistenciales que permitan envejecer en el propio hogar: “No es bueno trasplantar al olmo viejo”, citó, para enfatizar la necesidad de mantener los vínculos vitales y el entorno personal.

En su discurso, el presidente de la PMP puso el énfasis en la gran diversidad y heterogeneidad del colectivo sénior, además de advertir contra la tentación de “buscar soluciones únicas para situaciones diversas”. Asimismo, abogó por reforzar los sistemas de apoyo domiciliario y la teleasistencia universal. Finalmente, propuso el avance en el desarrollo de pactos asistenciales como figuras complementarias a las prestaciones del Estado del Bienestar, haciendo un llamamiento a notarios, servicios sociales y organizaciones de mayores para colaborar en ofrecer un asesoramiento jurídico que garantice seguridad a las personas mayores.

Por su parte, Matilde Fernández Sanz, presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, planteó tener en cuenta estudios, programas piloto y antecedentes de décadas anteriores “que podrían inspirar respuestas actuales” y recordó que “no partimos de cero” y que muchas iniciativas valiosas nacidas en los años 90 podrían servir de base para nuevas soluciones adaptadas al presente. Al mismo tiempo Fernández insistió en que la soledad afecta también a los jóvenes y apeló a incorporar una perspectiva intergeneracional.

Las propuestas.
Tras las ponencias, se dio paso a una mesa de diálogo moderada por el notario de Vilassar de Mar (Barcelona) Albert Domingo Castellá, en la que se analizaron los distintos modelos convivenciales desde una perspectiva práctica, social y fiscal.

La presidenta de la Comisión de Personas Activas de la PMP, Cristina Rodríguez-Porrero, enumeró las ventajas de los pactos de ayuda mutua: “Responden a los cambios sociales, están centrados en la persona, son flexibles, sostenibles, promueven la autonomía y humanizan el cuidado”. También destacó su impacto positivo en el entorno y su capacidad para activar zonas rurales o revitalizar barrios urbanos: “Son soluciones que favorecen la permanencia en el hogar y se complementan con recursos existentes como la teleasistencia o los centros de día”.

Alicia Calaza, notaria de A Estrada (Pontevedra), aportó su experiencia profesional: “En mi notaría rural atendemos cada día a personas mayores que buscan calidad de vida, autonomía y dignidad en la última etapa vital”. Subrayó que “el déficit de recursos y el coste de las residencias merman mucho la calidad de vida de las personas mayores” y propuso la vivienda como eje central de nuevos modelos de cuidados: “El 89% de las personas mayores de 65 años tienen una vivienda en propiedad, por lo que podemos crear alrededor de esta un sistema de acuerdos de convivencia y cuidados basado en su rentabilización”.

Por último, el inspector de Hacienda Domingo Carbajo Vasco abogó por una regulación clara que dé seguridad jurídica a estas nuevas unidades convivenciales: “El sistema tributario necesita certeza, prueba y registros. Para dar beneficios fiscales a estos pactos debe haber regulación, escritura pública y control”. Carbajo defendió que los pactos de ayuda mutua deben adaptarse a una realidad plural y cambiante, y reclamó una estrategia transversal que articule el marco jurídico, el registro administrativo y, si se aprueban, los beneficios fiscales correspondientes

La jornada Seguridad jurídica de los sénior, organizada por Fundación Notariado y 65YMÁS, en colaboración con el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Madrid, contó con la presencia de la presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo; del Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; del presidente de 65YMÁS, Fernando Ónega; y del director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy. En la mesa de debate, moderada por Javier García Pérez, experto en longevidad, intervinieron Ester Pérez Jerez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública; Gonzalo Berzosa, del comité asesor de 65YMÄS y presidente de CEATE y María Isabel Louro García, notaria de Orense y patrona de la Fundación Notariado.

La presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, en la inauguración, destacó que “los notarios podemos desempeñar un papel clave para la seguridad jurídica de los mayores. Nuestro contacto diario con las personas nos permite conocer sus problemas: escuchamos, asesoramos y proponemos soluciones. Por ejemplo, los pactos asistenciales, que afectan a la convivencia de las personas y en muchos casos responden a una situación de necesidad de una de las partes. Esto puede generar situaciones de vulnerabilidad, de ahí que debamos darles seguridad jurídica y que instemos al legislador a regular esta materia, y, en todo caso, hasta que estén regulados en Derecho Civil común, consideramos que pueden pactarse en escritura pública en garantía de la seguridad jurídica e información de nuestros mayores”. 

En conversación con el presidente de 65YMÁS, Fernando Ónega, el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, reconoció que “nuestro ordenamiento jurídico tiene que cambiar” para adaptarse al cambio demográfico. En ese sentido, afirmó que estas reformas tienen que pasar por ampliar derechos y garantizar la seguridad jurídica, así como la accesibilidad a la Justicia, y destacó la importancia de la Ley orgánica 1/2025.

Fernando Ónega, por su parte, afirmó que «en un contexto de profundo cambio demográfico, la seguridad jurídica de los sénior adquiere un papel esencial» y, en este contexto, «el colectivo notarial» desempeña una función clave, además de las propias instituciones.

Finalmente, el director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy, incidió en que la vejez no debe ser considerada como una etapa de vulnerabilidad y destacó el papel que tienen los notarios en la prevención de abusos, reivindicando “el no documento”, cuando estos se detectan.

Seguridad jurídica de los sénior.

Durante la mesa redonda, moderada por el experto en longevidad, Javier García Pérez, la notaria de Orense y Patrona de Fundación Notariado, Mª Isabel Louro García, centró su intervención en los principales desafíos que enfrenta el colectivo en materia de seguridad jurídica. Destacó la importancia del respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas y puso en valor la proximidad y accesibilidad del Notariado para hacer valer estos derechos. “Cualquier persona que se acerque a una notaría tiene que contar con la certeza de que vamos a realizar un asesoramiento individualizado”, comentó.

Por su parte, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Ester Pérez Jerez, explicó que por tener más de 65 años no se pierden derechos y que “la seguridad jurídica de los mayores está garantizada”. La Directora General instó a hacer uso del decálogo de instrumentos jurídicos que tienen los mayores a su disposición para planificar su futuro con seguridad y abordó el papel que puede jugar la coordinación entre notarios y Justicia en la prevención de abusos al colectivo sénior. “La justicia se está centrando en la persona, con sus circunstancias, y va a ser plenamente accesible”, señaló.

Por último, Gonzalo Berzosa, miembro del Comité Asesor 65YMÁS, y presidente de la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE), pidió a las instituciones cambiar la mirada sobre la vejez como una “pérdida” o desde el punto de vista de las “carencias” o “dificultades” y reclamó prestar una “especial atención jurídica a la vida cotidiana” de los mayores.

La autora, María Sebastiá, explica lo sucedido en dicha fecha: «Ese día era viernes y “cantaba” online con Gonzalo López Ebri. Recuerdo levantarme con muchos planes para hacer después. Esas navidades estaban siendo muy intensas en cuanto al estudio porque en febrero iba a ser el primer examen de la oposición”. Durante el encuentro en línea le tocó el tema 54 de Derecho Penal -acusación y denuncias falsas-. “Llevaba diez minutos y empecé a encontrarme mal. Le dije a mi preparador que me estaba mareando. Él, para evitar que me diese un golpe al caer de la silla, me dijo que me sentase en el suelo. Me desmayé, mis ojos se cerraron y ya no recuerdo nada, todo lo demás lo sé porque me lo han contado mis padres y mis hermanos, ya que entré en coma», explica María.

Para el ex teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono de la Fundación Aequitas, su alumna ese día «parecía tranquila, como siempre”. Según explica “dominaba el tema y lo exponía ordenadamente y ajustado al tiempo marcado, como un reloj. Sabía que le faltaban tan solo dos minutos para terminar. Del otro lado de la pantalla comencé a observar que algo no iba bien. María se ladeaba dejándose caer inconscientemente hacia un lado. Ya no reaccionó, cayó al suelo, desapareció del plano de visión y todo fue silencio. Decidí llamar a su madre, magistrada, que atendió el teléfono y avisó a sus hijos para que acudiesen en ayuda de su hermana. Hay historias que te cambian la vida y días que te cambian la historia. A mí me la ha cambiado. Antes era yo el preparador de María, ahora tras leer el libro y ver su trayectoria existencial, yo soy el opositor y ella mi preparadora de las oposiciones para aprender a vivir».

UN 30 DE DICIEMBRE LA VIDA DE MARÍA
DIO UN GIRO. SUFRIÓ UN DERRAME Y ESTUVO VEINTITRÉS DÍAS EN COMA

La recuperación. María describe cómo se enfrentó a su difícil proceso de recuperación: «En un primer momento, cuando mis padres llegaron a urgencias del Hospital Clínico de Valencia, los médicos les dijeron que no podían operarme, que el derrame cerebral era tan grande que no había posibilidad de intervenir y que avisasen a mis hermanos para que fuesen al hospital a despedirse de mí”. “Tras unos momentos de absoluta desesperanza, apareció un neurocirujano que dijo que no podía dejarme morir siendo tan joven, con sólo 26 años, por lo que decidió operarme. Tras ocho horas en el quirófano, estuve veintitrés días en coma, en estado de extrema gravedad”, indica. Se despertó el 22 de enero de 2023. En ese momento, no podía hablar ni andar. Tenía hemiparesia en la parte derecha. Comía por una sonda nasogástrica y le había practicado una traqueotomía. Los médicos informaron a su familia de la gravedad de su lesión cerebral, que comprometería poder hablar y andar. Según María: “Desde ahí empecé el camino de la recuperación. Una nueva etapa, en la que no debería preocuparme por sobrevivir, porque mi vida estaba estabilizada, sino por conseguir recuperarme lo mejor posible. Cuando me dieron el alta, el equipo del hospital me indicó que tenía que luchar y que no había límites. Esa frase me ha acompañado durante estos dos años de rehabilitación. Gracias a esa perseverancia he conseguido llegar a metas que nadie pensaba que fuese posible alcanzar».

La idea de escribir su vivencia surgió como sugerencia de su médico. Según explica: «Mis padres habían contactado con el doctor Álvaro Pascual-Leone, que es catedrático de neurología de la escuela de medicina de la Universidad de Harvard. Cuando nos recibió y empecé a contarle mi historia, me cortó y me dijo: “Tienes que hacer un libro y contar lo que te ha pasado. Podrías titularlo Las cosas que no quieres aprender como he tenido que aprenderlas yo, pero que tú debes saber”. “A partir de ahí, nos pusimos manos a la obra”, cuenta. “Quería transmitir lo que había vivido para poder ayudar a personas que viven situaciones de sufrimiento y, sobre todo, mostrar que se puede ser feliz a pesar del dolor que, a veces, aparece en nuestras vidas», finaliza la autora.

López Ebri, autor del prólogo, adelanta lo que el lector encontrará en las páginas de Volver a Nacer: «Es una historia desoladora desde el derrame cerebral, pasando por la situación de coma durante casi un mes, el despertar en una situación de hemiplejia e impotencia para hablar, comer, andar… Hasta la situación actual de recuperación y rehabilitación; pero encontrará también un camino, el que cualquiera puede escribir sobre su propio destino desde la humildad y el reconocimiento del inmenso valor que tienen las pequeñas cosas. Asimismo, el lector encontrará el largo recorrido de lucha en compañía, empezando por su familia más próxima. Padres y hermanos forman un núcleo sólido y unido y la han acompañado en todo este proceso de cambio igual que han hecho a lo largo de toda su vida. A ellos se unen el amor de su novio, la amistad de todas sus amigas y amigos y de toda la comunidad de la que ella forma parte».

La nueva regulación reconoce y potencia la labor que realizan los notarios mediante los denominados medios adecuados de solución de controversias en el ámbito extrajudicial. Medios como la conciliación, labor que está en la propia naturaleza de su función (al prestar asesoramiento imparcial para evitar el conflicto y aportar seguridad jurídica preventiva), así como la mediación, la opinión del experto independiente, la oferta vinculante confidencial o cualquier otro procedimiento de negociación.

“Esta ley ha dado unidad y estructura al uso de estos mecanismos de resolución de conflictos” explica la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea. “Entre las numerosas controversias que podrían resolverse por esta vía cabe citar la liquidación de una sociedad de gananciales, la adjudicación hereditaria, un contrato de arras, la relación entre los socios de una empresa, o comunidades de propietarios y un largo etcétera”, señala.

LA NUEVA LEY POTENCIA LA LABOR NOTARIAL EN LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Solución extrajudicial. Según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en una nota de prensa enviada el día de la entrada en vigor de la ley, la regulación “establece que, salvo las excepciones previstas (tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otros) será obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda”. Además, indica, “la norma modifica el sistema de costas, ya que los tribunales entrarán a valorar si efectivamente alguna de las partes se ha negado a solucionar el conflicto de manera consensuada, lo cual tendrá un impacto en el criterio para su imposición”.

Un análisis sobre el proceso de implementación de la reforma de la Justicia, presentado por el Ministerio en la Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona, incidió en que la aplicación de la ley “supondrá un ahorro de cerca de 300 millones de euros en los próximos diez años, en las doce comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia”. “Su implantación, en cambio, solo requerirá en este momento una inversión de alrededor de quince millones entre todos los territorios, ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino solo adecuar las existentes a la nueva estructura prevista en la norma”, puntualizó.

La función notarial. La nueva ley unifica y estructura los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Medios mediante los cuales los notarios pueden desempeñar una función muy relevante, dado su doble carácter de funcionarios públicos y profesionales del Derecho.

La Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles reconoció el papel que pueden desempeñar los notarios en este ámbito, dada la naturaleza preventiva de su labor, el asesoramiento imparcial que prestan y su cercanía con las personas con las que tratan a diario.

Diversos colegios notariales cuentan con centros de mediación como la Fundación Notarial Signum (del Colegio Notarial de Madrid) que es además corte de arbitraje, con la que tienen acuerdos los colegios notariales de Murcia, Castilla y León y Galicia; la Fundación Solutio Litis (del Colegio Notarial de Valencia); la Fundació Mediació Notarial (del Colegio Notarial de Cataluña); y la Fundación Notarial Andaluza para la Mediación y Arbitraje (del Colegio Notarial de Andalucía).

Por su parte, la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, que reforzó el carácter de autoridad del notario, reguló la conciliación notarial recogiendo los acuerdos alcanzados en escritura pública con los efectos propios de tal documento público notarial (ejecutivo, probatorio y legitimador).

Y ahora, la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia incluye también otros dos mecanismos que pueden realizar los notarios. Por un lado, dar su opinión como experto independiente cuando las partes, para resolver una controversia, lo designen de mutuo acuerdo. Por otro lado, podrán intervenir como autoridad que notifica lo que la ley regula como oferta vinculante confidencial en el marco de la negociación.

ESTA REGULACIÓN TIENE ENTRE SUS PRINCIPALES OBJETIVOS PROPICIAR EL ACUERDO Y DAR SOLUCIÓN A LAS CONTROVERSIAS EN EL ÁMBITO EXTRAJUDICIAL

Cómo elegir. A la hora de optar por uno de los mecanismos de resolución de controversias pueden surgir dudas. La portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, explica que “recurriremos a uno u otro en función del caso concreto, de la materia y de las características del conflicto, así como del perfil que tengan las partes. De lo que se trata es de tener la habilidad de elegir para cada caso el medio más adecuado”.

En la mediación hay un tercero neutral que se sitúa entre las partes, no por encima de ellas o con un nivel superior, sino en medio. Su misión es intentar el acercamiento, pero no impone ninguna asociación y ni siquiera propone la solución. Lo que hace es aplicar técnicas para que las partes dialoguen, se acerquen y para que en ese diálogo lleguen a proponer soluciones y a ponerse de acuerdo sobre alguna de ellas.

En el caso de la conciliación, también se acude a un tercero neutral. Los notarios pueden desarrollar expedientes de conciliación y en ellos actúan como tales notarios, como funcionarios y como autoridad, porque los expedientes de conciliación están dentro del marco de la ley de Jurisdicción Voluntaria. La conciliación se parece a la mediación en que también se recurre a un tercero neutral. Se diferencia en que, en este caso, la propuesta de solución sale del conciliador. Después, las partes podrán aceptar o no y, si llegan a un acuerdo, también se puede elevar a escritura pública ante notario.

Otra posibilidad es la negociación. Un medio más informal que implica que las partes, bien por sí solas, o bien con algún tipo de asesor, puedan intercambiar posiciones e intentar llegar a un arreglo.

Las españolas retrasan cada vez más la maternidad (36,2 años en 2022) y cada vez hay más jóvenes que optan por no formar una familia. Sólo el 13,3% de los jóvenes de entre 18 y 44 años considera la maternidad en los próximos cinco años, mientras que el 82% la descarta, según una encuesta de Sigma Dos para El Mundo. Entre las causas para retrasar o rechazar la maternidad/paternidad destaca la crisis residencial: siete de cada 10 considera imprescindible tener una vivienda en propiedad.

Como todos los temas sociales, el de la natalidad es complejo ya que existen muchas variables, «pero una que es clarísima y los jóvenes nos lo dicen, tiene que ver con la estabilidad económica y laboral», explica Eulalia Alemany, directora de Innovación de FAD Juventud, entidad que lleva años trabajando para mejorar su bienestar, dándoles voz y recogiendo sus inquietudes y demandas. «Se han ido encadenando varias crisis que han impedido que haya esa estabilidad económica y laboral que tiene que ver con tener un trabajo estable, con un lugar para vivir y solvencia económica. Son tres condicionantes que ellas mismas nos cuentan que son importantes para tener el primer embarazo».

LAS ESPAÑOLAS RETRASAN CADA VEZ MÁS LA MATERNIDAD (36,2 AÑOS EN 2022) Y CADA VEZ HAY MÁS JÓVENES QUE OPTAN POR NO FORMAR UNA FAMILIA

Nuevos valores. Es importante también comprender que hay un tema cultural, de nuevos valores, añade Alemany en conversación telefónica con Escritura Pública. «Creo que ha habido un cambio en torno a lo que tiene que ver con el género y las desigualdades de género, y cómo las mujeres están siendo conscientes de que les corresponde otro lugar en la sociedad, y esto es algo que también tienen en cuenta» a la hora de formar o no una familia. FAD Juventud ha comprobado cómo «desde hace un tiempo, la juventud toma más conciencia de las desigualdades de género y hay un rechazo hacia los tópicos más grandes que significan idealizar la maternidad, y ellas mismas también nos explican que tienen posturas encaminadas hacia una mayor igualdad de género».

Este cambio tiene que ver con una transformación de la propia sociedad. «Antes, y estamos hablando de no hace tanto tiempo, 50 años, la única manera de salir de casa de tus padres era casándote, en el caso de las mujeres, y teniendo un hijo; era como tu provisión de futuro. Eso ha cambiado radicalmente; ahora tienen posibilidad de estudiar, se alargan los estudios y tienen opciones que antes no existían y eso, claramente, afecta a la natalidad».

Esos nuevos valores se reflejan en el Barómetro de The Family Watch: viajar es la prioridad en los próximos cinco años para el 63,5% de los jóvenes, seguido de prosperar en su vida profesional (59,3 %); sólo uno de cada tres encuestados piensa en formar una familia en los próximos cinco años.

Políticas públicas. El hecho de que España esté a la cola de la tasa de natalidad respecto a países de la UE como Francia, que tiene una de las tasas más altas de nacimientos, tiene también mucho que ver con las políticas públicas. «Si un país no hace políticas públicas para que sus jóvenes tengan hijos, también repercute. Hay países en Europa que ya están aplicando medidas para fomentar la natalidad, que tienen que ver con la conciliación, con las ayudas, con muchas cosas que hay que hacer desde las administraciones públicas. Esto, que es ya un tema más estructural, plantea como país qué es lo que queremos», subraya la directora de Innovación de FAD Juventud.

En el citado barómetro de The Family Watch, el 74,8% de los encuestados cree que las medidas principales para mejorar “el bienestar de las familias” son las que favorecen la conciliación, y el 66,5% apunta al acceso a la vivienda en los jóvenes. En la encuesta del CIS, el 47,6% cree que es necesario flexibilizar la jornada laboral de los trabajadores con responsabilidades familiares; el 31% afirma que hay que mejorar el tratamiento fiscal en el IRPF de familias con hijos, y el 27,5% asegura que hay que facilitar el acceso a mejores viviendas para familias con hijos. «Se ha avanzado en este país con los permisos maternales y paternales, pero queda camino por recorrer; es un cambio también de mentalidad para los que contratan; que no sea un estigma querer ser madre, y esto ha cambiado también, pero queda por hacer», puntualiza Alemany.

VIAJAR ES LA PRIORIDAD EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS PARA EL 63,5% DE LOS JÓVENES, SEGUIDO DE PROSPERAR EN SU VIDA PROFESIONAL

Para revertir la actual situación es clave que los jóvenes sean capaces de emanciparse. «Creemos que es fundamental que puedan hacer su trayectoria vital» y, en este sentido, tener acceso a una vivienda es una prioridad para la gran mayoría de los ellos. Está claro que el actual mercado residencial en España «está truncando muchas trayectorias vitales de jóvenes entre las que está formar una familia y tener hijos»; FAD Juventud es partidaria de «trabajar en esto intensamente» y que los que deseen formar una familia y tener hijos no tengan que renunciar a ello por falta de recursos.