Las españolas retrasan cada vez más la maternidad (36,2 años en 2022) y cada vez hay más jóvenes que optan por no formar una familia. Sólo el 13,3% de los jóvenes de entre 18 y 44 años considera la maternidad en los próximos cinco años, mientras que el 82% la descarta, según una encuesta de Sigma Dos para El Mundo. Entre las causas para retrasar o rechazar la maternidad/paternidad destaca la crisis residencial: siete de cada 10 considera imprescindible tener una vivienda en propiedad.

Como todos los temas sociales, el de la natalidad es complejo ya que existen muchas variables, «pero una que es clarísima y los jóvenes nos lo dicen, tiene que ver con la estabilidad económica y laboral», explica Eulalia Alemany, directora de Innovación de FAD Juventud, entidad que lleva años trabajando para mejorar su bienestar, dándoles voz y recogiendo sus inquietudes y demandas. «Se han ido encadenando varias crisis que han impedido que haya esa estabilidad económica y laboral que tiene que ver con tener un trabajo estable, con un lugar para vivir y solvencia económica. Son tres condicionantes que ellas mismas nos cuentan que son importantes para tener el primer embarazo».

LAS ESPAÑOLAS RETRASAN CADA VEZ MÁS LA MATERNIDAD (36,2 AÑOS EN 2022) Y CADA VEZ HAY MÁS JÓVENES QUE OPTAN POR NO FORMAR UNA FAMILIA

Nuevos valores. Es importante también comprender que hay un tema cultural, de nuevos valores, añade Alemany en conversación telefónica con Escritura Pública. «Creo que ha habido un cambio en torno a lo que tiene que ver con el género y las desigualdades de género, y cómo las mujeres están siendo conscientes de que les corresponde otro lugar en la sociedad, y esto es algo que también tienen en cuenta» a la hora de formar o no una familia. FAD Juventud ha comprobado cómo «desde hace un tiempo, la juventud toma más conciencia de las desigualdades de género y hay un rechazo hacia los tópicos más grandes que significan idealizar la maternidad, y ellas mismas también nos explican que tienen posturas encaminadas hacia una mayor igualdad de género».

Este cambio tiene que ver con una transformación de la propia sociedad. «Antes, y estamos hablando de no hace tanto tiempo, 50 años, la única manera de salir de casa de tus padres era casándote, en el caso de las mujeres, y teniendo un hijo; era como tu provisión de futuro. Eso ha cambiado radicalmente; ahora tienen posibilidad de estudiar, se alargan los estudios y tienen opciones que antes no existían y eso, claramente, afecta a la natalidad».

Esos nuevos valores se reflejan en el Barómetro de The Family Watch: viajar es la prioridad en los próximos cinco años para el 63,5% de los jóvenes, seguido de prosperar en su vida profesional (59,3 %); sólo uno de cada tres encuestados piensa en formar una familia en los próximos cinco años.

Políticas públicas. El hecho de que España esté a la cola de la tasa de natalidad respecto a países de la UE como Francia, que tiene una de las tasas más altas de nacimientos, tiene también mucho que ver con las políticas públicas. «Si un país no hace políticas públicas para que sus jóvenes tengan hijos, también repercute. Hay países en Europa que ya están aplicando medidas para fomentar la natalidad, que tienen que ver con la conciliación, con las ayudas, con muchas cosas que hay que hacer desde las administraciones públicas. Esto, que es ya un tema más estructural, plantea como país qué es lo que queremos», subraya la directora de Innovación de FAD Juventud.

En el citado barómetro de The Family Watch, el 74,8% de los encuestados cree que las medidas principales para mejorar “el bienestar de las familias” son las que favorecen la conciliación, y el 66,5% apunta al acceso a la vivienda en los jóvenes. En la encuesta del CIS, el 47,6% cree que es necesario flexibilizar la jornada laboral de los trabajadores con responsabilidades familiares; el 31% afirma que hay que mejorar el tratamiento fiscal en el IRPF de familias con hijos, y el 27,5% asegura que hay que facilitar el acceso a mejores viviendas para familias con hijos. «Se ha avanzado en este país con los permisos maternales y paternales, pero queda camino por recorrer; es un cambio también de mentalidad para los que contratan; que no sea un estigma querer ser madre, y esto ha cambiado también, pero queda por hacer», puntualiza Alemany.

VIAJAR ES LA PRIORIDAD EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS PARA EL 63,5% DE LOS JÓVENES, SEGUIDO DE PROSPERAR EN SU VIDA PROFESIONAL

Para revertir la actual situación es clave que los jóvenes sean capaces de emanciparse. «Creemos que es fundamental que puedan hacer su trayectoria vital» y, en este sentido, tener acceso a una vivienda es una prioridad para la gran mayoría de los ellos. Está claro que el actual mercado residencial en España «está truncando muchas trayectorias vitales de jóvenes entre las que está formar una familia y tener hijos»; FAD Juventud es partidaria de «trabajar en esto intensamente» y que los que deseen formar una familia y tener hijos no tengan que renunciar a ello por falta de recursos.

La necesidad de que el Derecho responda a los pasos que va dando la sociedad en materia de relaciones asistenciales y el gran desconocimiento que existe sobre algunos instrumentos sí regulados, como el contrato de alimentos o los pactos de ayuda mutua, fueron dos de las conclusiones de una quincena de expertos reunidos recientemente en el Foro Temas que importan de Fundación Notariado para analizar los desafíos jurídicos que presentan estas situaciones de convivencia.

La inauguración del acto corrió a cargo del entonces presidente de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, que señaló que “las relaciones afectivas que se establecen entre las personas y la ayuda que se presta a quienes tenemos alrededor es lo que contribuye a crear una sociedad sana”. En su opinión, las llamadas nuevas formas de convivencia ya existen de facto y el Derecho va por detrás. Tras su intervención, se fueron sucediendo cuatro mesas redondas conformadas por notarios, expertos juristas, economistas, profesores universitarios y responsables de organizaciones de mayores, de juventud y de infancia.

CONCEPCIÓN PILAR BARRIO: “EL ACOGIMIENTO DE PERSONAS MAYORES ES UNA OPCIÓN PARA ATENDER SUS NECESIDADES EN UN AMBIENTE FAMILIAR”

Primer diálogo

La mesa Acogimiento familiar de las personas mayores, estuvo moderada por Concepción Pilar Barrio Del Olmo, entonces vicedecana del Colegio Notarial de Madrid y actualmente presidenta del CGN, y contó con la participación de Rosa María Moreno, catedrática Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid; la fiscal de la unidad coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, y Juan Ignacio Vela, coordinador del Ecosistema Senior de Fundación ONCE.

Concepción Pilar Barrio estableció el punto de partida aclarando que en una sociedad donde la esperanza de vida es cada vez mayor y existen más mayores solos “el acogimiento de estas personas en un entorno familiar y afectivo es una opción que parte de la autonomía privada y de la libertad de las personas, a diferencia de la asistencia social”. “A pesar de la falta de una regulación nacional, que podría ser conveniente -explicó- no existe impedimento alguno para que se pacten acogimientos en escrituras públicas en las que las partes cuenten con el adecuado asesoramiento notarial”.

Por su parte, María José Segarra consideró muy interesante estudiar la manera de organizar estas nuevas situaciones de convivencia y se mostró partidaria de potenciar esta figura dándole todas las garantías de seguridad para los más vulnerables. Rosa María Moreno expuso que la solución vendría dada por crear una ley específica para este tipo de pactos de carácter nacional. A la hora de definir qué tipo de contenido deberían recoger los acuerdos privados, los ponentes asumieron que debían realizarse contando con la asesoría imparcial de un notario y hacerlo en escritura pública.

Juan Ignacio Vela vio en estos acuerdos una alternativa a la institucionalización de los cuidados y subrayó que estos acuerdos “deben ser específicos, pero a la vez plurales. Una multiplicidad de modelos que permitan la suficiente flexibilidad para que se adapte a lo que ambas partes decidan”.

Contrato de alimentos

El segundo diálogo se tituló La autofinanciación de las necesidades asistenciales a través del contrato de alimentos vitalicio, y contó con la doctora en Derecho y notaria, Alicia Calaza, como moderadora. Los participantes fueron Lázaro González, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP); Inés de Araoz, coordinadora del departamento jurídico en Plena inclusión España; y Paloma Abad Tejerina, presidenta de la Asociación Madrileña de Abogacía de Familia e Infancia.

Para Alicia Calaza “en un escenario socioeconómico con altas tasas de precariedad laboral y problemas de vivienda, el contrato de alimentos podría ser una solución razonable para todos los implicados”. Por su parte, Abad Tejerina explicó las bases jurídicas de este tipo de contratos, y aseguró que apenas se utiliza y que ni siquiera muchos juristas lo conocen.

JORGE PRADES: “LOS MENORES ACOGIDOS SIGUEN TENIENDO EL MISMO DERECHO A FORMAR PARTE DE UNA FAMILIA AL ALCANZAR LA MAYORÍA DE EDAD”

Lázaro González reconoció la gran labor de los servicios residenciales, pero manifestó que no son suficientes para los dos millones de personas acogidas al sistema de dependencia. De Araoz concluyó el diálogo poniendo el foco en la vulnerabilidad económica de las personas que requieren cuidados especiales de larga duración. “A esto se le podría dar solución con el contrato de alimentos, con un contenido claro, fundamentado, explicado y accesible, con búsqueda de apoyo de terceros”, señaló.

Ayuda mutua

El tercer coloquio, Pactos convivenciales. Una mirada a los ciudadanos que se ayudan mutuamente con vocación de permanencia, estuvo moderado por Albert Domingo, notario, y contó con la participación de Carmen Jover, vicepresidenta del Registro de Economistas y Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE), y Judith Solé, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Domingo explicó que la relación convivencial de ayuda mutua se refiere a aquellas personas que, unidas por vínculos de amistad o de parentesco, deciden voluntariamente convivir con un único objetivo solidario de colaborar, auxiliarse y apoyarse mutuamente, compartiendo gastos y trabajos domésticos como libremente pacten, para hacer más fácil, agradable y menos solitaria su vida. Estos pactos solo están regulados en Navarra y Cataluña.

Su escasa penetración en estas CC. AA. fue compartida por los tres participantes. Jover aseguró que estos acuerdos aportan en Cataluña beneficios fiscales en el impuesto de sucesiones, pero, para fomentarlos, haría falta difundir su utilidad e implementar una más incentivadora regulación fiscal que seguramente implicaría menos gasto público asistencial, al quedar cubiertas estas necesidades, mediante la iniciativa privada. La profesora Solé apuntó que estos contratos “que las personas podemos celebrar libremente de acuerdo con la autonomía de la voluntad, podrían tener un importante papel como medidas de apoyo al ejercicio de nuestra capacidad jurídica, sea cual sea nuestra edad o nuestra situación de discapacidad”.

IGNACIO GOMÁ: “CON ESTA JORNADA SOBRE LOS
PACTOS CONVIVENCIALES, NOSOTROS COMO
NOTARIOS Y COMO FUNDACIÓN TENEMOS EL DEBER DE REFLEXIONAR SOBRE ELLO”

Acogimiento familiar y emancipación

La última mesa de la jornada titulada El derecho de los menores a crecer en familia: acogimiento y tránsito a la emancipación, estuvo moderada por el notario y patrono de Fundación Notariado, Jorge Prades. Junto a él intervinieron la directora general de la Infancia, la Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, Silvia Valmaña; el presidente de Plataforma de Infancia, Carles López Picó; y Raúl Jiménez, director de Acción Social de la ONG CESAL.

Jorge Prades recordó que los pactos de convivencia son una herramienta que puede resultar muy útil en el momento de emancipación de los jóvenes que son acogidos en instituciones y que, a los 18 años, pierden el entramado de apoyo del que disfrutaban.

Por su parte, Carles López recordó que el propio Comité de Derechos del Niño recomendó a España aumentar los recursos destinados a la acogida y mayor celeridad en el proceso de desinstitucionalización. Raúl Jiménez describió la metodología formativa de CESAL con respecto a los jóvenes en tránsito a la emancipación, donde un tutor les enseña el oficio y se convierte en un referente. “Difícilmente se puede insertar un joven en la sociedad si no tiene trabajo”, afirmó.

La directora general de la Infancia, la Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid coincidió en que todo el sistema de protección para los jóvenes que cumplen 18 años está focalizado en el centro y no en el acogimiento familiar, “como sería recomendable”.

Según los datos del INE, en España, a 1 de julio de 2024, había un total de 9.470.725 españoles con 65 años o mayores.

MARÍA TERESA BAREA: “EL NOTARIADO DESEMPEÑA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y DE LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS MAYORES”

Función notarial. “El Notariado desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos y de la seguridad jurídica de las personas mayores, poniendo a disposición de los ciudadanos actuaciones notariales que abordan cuestiones cruciales relacionadas con la planificación sucesoria, la toma de decisiones en muchos ámbitos incluido el médico, las operaciones financieras y otros asuntos, todo ello con el objetivo de garantizar su bienestar y dignidad”, explica María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado.

Los actos notariales que resultan más relevantes para los mayores, y por tanto los más habituales, son:

• Los documentos de voluntades anticipadas mediante los cuales, una persona, al amparo de la normativa autonómica en cada caso aplicable, expresa sus deseos con respecto a los tratamientos médicos que desearía o no recibir en situaciones en las que no pudiera expresar su voluntad. Esto incluye decisiones sobre el destino de sus órganos, la designación de personas para comunicarse con los equipos médicos, resoluciones sobre el manejo de su cuerpo después del fallecimiento y otras cuestiones reguladas por estas normativas.
• Los testamentos abiertos ante notario, por los que se dispone quiénes serán los herederos y en qué proporción, quiénes serán legatarios o perceptores de bienes concretos, el nombramiento de albacea y otras muchas previsiones sobre la sucesión mortis causa.
• La cesión de bienes a cambio de alimentos y/o renta, cuyo objetivo es transmitir a un tercero uno o más bienes a cambio de recibir una renta o pensión o de que el cesionario se haga cargo de la manutención del cedente.
• Las hipotecas inversas, en las que el propietario de una vivienda recibe una cantidad de dinero de una sola vez o en forma de renta periódica utilizando dicho inmueble como garantía real. El dueño puede cancelar la hipoteca cuando así lo desee y de igual forma disfruta de la vivienda hasta su fallecimiento, pues en ningún momento pierde su propiedad. Esta figura suele utilizarse para obtener liquidez con la que complementar la pensión de jubilación.
• Los poderes generales y los poderes generales preventivos. El poder general es un documento notarial por el que una persona confiere a otra u otras la facultad de realizar un amplio conjunto de actos y negocios jurídicos en su nombre, lo que incluye todo tipo de actos de administración y disposición patrimonial e incluso decisiones sobre la atención y cuidados que deben prestarse al poderdante en determinadas circunstancias. Cuando el poder general es preventivo incluye una cláusula por la que se mantiene la vigencia del poder incluso en caso de que el poderdante esté en situación de discapacidad o bien se dispone que solo empiece a surtir efectos cuando dicha situación de discapacidad llegue.

LA REALIZACIÓN DE ACTOS NOTARIALES PARA NUESTRA PROTECCIÓN PERSONAL Y PATRIMONIAL SE INTENSIFICA A PARTIR DE LOS 45 AÑOS

Perfil social. La realización de actos notariales de este tipo se intensifica a partir de los 45 años y, en general, las mujeres utilizan más los actos notariales para mayores.

En el caso de los documentos de voluntades anticipadas, las mujeres representan consistentemente una mayor proporción de los usuarios, con porcentajes que van desde el 58,1% en 2020 hasta el 58,6% en 2024, mientras que los hombres se mantienen por debajo del 42%.

Por otro lado, en lo que respecta a los testamentos, los porcentajes de otorgamiento por parte de hombres y mujeres se han mantenido bastante equilibrados durante todo el período analizado. Las mujeres han otorgado testamento en un 54,7% de los casos, mientras que los hombres lo hicieron en un 45,3% de las ocasiones.

En cuanto a la cesión de bienes a cambio de alimentos y/o renta, la realización de este acto por parte de las mujeres ha predominado a lo largo de los años, alcanzando el 59,5% en 2021 y situándose en un 52,4% en 2024, mientras los hombres la han realizado en un 40,5% en 2021 y en un 47,6% en 2024.

En el caso de las hipotecas inversas, también son mayoritariamente realizadas por las mujeres, especialmente en 2024, año en el que representaron el 63%.

Finalmente, los poderes generales y preventivos muestran una distribución bastante estable en términos de género, con una ligera preponderancia femenina. Las mujeres han representado entre el 54,8% y el 55,3% de los usuarios, mientras que los hombres se han mantenido cerca del 45%.

El número de personas que no acuden en España a su puesto de trabajo por enfermedad común o por otras razones aumenta de forma inquietante. El XIII Informe Adecco sobre Empresa Saludable y Gestión del Absentismo, publicado en junio de 2024 por The Adecco Group Institute, confirma que en 2023 la tasa media de absentismo fue del 6,8%, una cifra solo mayor en 2020 -año en que comenzó la pandemia del Covid-19-, cuando se alcanzó un 7,1%. Sin embargo, los datos trimestrales más recientes han superado este porcentaje, al registrarse en el último trimestre de 2023 una tasa de absentismo del 7,2%.

En el año 2000 España tenía un absentismo del 3,7% y hasta 2017 nunca se había superado el 5%. Con los datos actuales, Adecco destaca que en 2023 1.115.840 asalariados no trabajaron durante todo el año.

Asimismo, el último informe trimestral de absentismo laboral de Randstad Research recuerda que un día cualquiera del cuarto trimestre de 2023 no fueron a trabajar 1,4 millones de personas, un 10% más que en el trimestre anterior. De ese total 1.075.073 personas tenían una baja médica o incapacidad temporal (IT). Según estos datos, el absentismo provocó la pérdida de un 6,5% de las horas pactadas, mientras que el absentismo por IT supuso la pérdida de un 5% de las horas pactadas.

UN DÍA CUALQUIERA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023 NO FUERON A TRABAJAR 1,4 MILLONES DE PERSONAS, UN 10% MÁS QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR

Distribución geográfica

Por comunidades autónomas, el País Vasco es la comunidad autónoma con un nivel de absentismo más elevado (8.4%), seguida de Asturias y Canarias, ambas con un 8,2%. Las tasas más bajas corresponden a Cataluña, con un 6,7%, la Comunidad de Madrid (6,9%) y Baleares (6,9%).

Al analizar las bajas médicas por contingencias comunes, el Estudio sobre la Incapacidad Temporal y Siniestralidad, realizado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), señala que la mayor incidencia corresponde a Navarra y Cataluña, con 600 bajas por cada 1.000 trabajadores protegidos; y la menor a Extremadura, Asturias y Galicia, con menos de 300 bajas. Igualmente, la duración de los procesos tiene importantes variaciones entre comunidades autónomas: mientras en Extremadura y Galicia superan los 60 días de media, en Baleares, Madrid, Cataluña o Navarra la duración media de las bajas es de 25 días o menos.

Coste

Más de 8 millones de las ausencias laborales de 2023 se debieron a bajas médicas por enfermedades y accidentes no laborales que, según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), supusieron un gasto de más de 25.300 millones de euros para la Seguridad Social y las empresas, un 74% más que hace cinco años.

AMAT subraya que los trámites burocráticos y las largas listas de espera de la sanidad pública agravan aún más el impacto económico de esas incapacidades temporales. En 2023 las listas de espera de los sistemas públicos de salud alcanzaron los 101 días de media, siendo de 108 días en las patologías traumatológicas. Según AMAT, la agilización administrativa permitiría reducir a la mitad el tiempo de recuperación de los trabajadores diagnosticados con enfermedades traumatológicas, lo que evitaría un gasto innecesario de 2.630 millones de euros.

LAS MUTUAS REITERAN SU VOLUNTAD DE TENER MAYORES ATRIBUCIONES EN LA GESTIÓN SANITARIA PARA MITIGAR LA SATURACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA

Causas

El absentismo laboral no es solo un problema de España. Entre 2014 y 2022 aumentó una media del 0,6% en la Unión Europea, mostrando una tendencia creciente en todos los países, salvo en Bulgaria, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania.

The Adecco Group Institute recuerda que el absentismo es la consecuencia de diversos factores interrelacionados entre los que menciona:

• El envejecimiento de la población laboral.
• El aumento de las listas de espera de atención primaria, consultas externas y listas quirúrgicas.
• Las limitaciones en la colaboración público-privada.
• La dificultad para conciliar la vida familiar y laboral.
• Y algo que ha adquirido protagonismo en los últimos años: la mayor presencia de las enfermedades mentales.

Concretamente, las bajas motivadas por problemas de salud mental entre la población ocupada se han incrementado casi un 120% en los últimos siete años (2016-2023) y la duración media de estas bajas es de 108 días. El 32% de los trabajadores españoles afirman que su salud mental ha empeorado en el último año y el 25% de las empresas consideran que una cuarta parte de su plantilla se vio afectada en 2023 por trastornos psicológicos como ansiedad, depresión o estrés postraumático.

Por su parte, CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) añade que la evolución del absentismo viene determinada por el ciclo económico (el temor a perder el empleo está relacionado con la coyuntura económica, de manera que cuando el PIB cae también se reducen las horas no trabajadas por IT y viceversa). Asimismo, la ampliación de algunos permisos reconocidos legalmente ha incrementado las ausencias laborales no ligadas a las bajas médicas.

En todo caso, la solución no es fácil pero las cifras apremian. Es fundamental que las empresas activen planes internos de gestión del absentismo que permitan medir y corregir determinados indicadores y que fomenten los hábitos saludables y el bienestar de su personal. Desde AMAT y CEPYME reiteran la voluntad de las mutuas de tener mayores atribuciones en la gestión sanitaria para mitigar la saturación de la atención médica. Sin duda, un reto complejo para todos los agentes implicados.

La elección de carrera universitaria es quizás una de las primeras decisiones importantes a las que se enfrenta una persona y no suele ser fácil. Exige valorar las preferencias y habilidades individuales, las salidas profesionales o hasta dónde se puede llegar con la calificación obtenida. El camino se allana para quienes tienen clara su vocación y además la nota les permite seleccionar la titulación que quieren, pero esto no siempre sucede. Una gran parte de los estudiantes se quedan por debajo de la nota de corte que necesitan y, salvo que esperen un año más para volver a examinarse de las pruebas de acceso, tendrán que conformarse con uno de los grados a los que puedan optar.

Las notas de corte más altas normalmente se encuentran en universidades públicas para grados como Matemáticas y Física (13,5), Ingeniería Informática y Matemáticas (13,6), Estudios Internacionales y Derecho (13,4) Medicina (13,3), Biotecnología (13) y Odontología (13), entre otras. Aun así, para una misma titulación puede haber diferencias importantes en las notas de corte de cada universidad. Además, en algunos centros privados se pueden cursar determinadas titulaciones con la nota más baja (5).

LOS ESTUDIOS SUPERIORES SON LA OPCIÓN ESCOGIDA POR EL 41% DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA DE 20 A 24 AÑOS

Evolución.

Los estudios superiores son la opción escogida por el 41% de la población española de 20 a 24 años, frente al 36% de la Unión Europea. Actualmente, el Sistema Universitario Español cuenta con 1,7 millones de alumnos. Los estudiantes de grado representan el 78,6%, los de máster el 16% y los de doctorado el 5,4%.

En el curso 2022-2023 iniciaron un nuevo estudio de grado 360.000 estudiantes, de los que casi la mitad eligieron la rama de ciencias sociales y jurídicas. Aunque las universidades públicas siguen acogiendo a un mayor número de alumnos, en los últimos ocho años han perdido 68.000 matriculados en grado. Inversamente, las universidades privadas han ganado casi 100.000.

Las titulaciones de grado han aumentado un 18% desde 2015, superando en este momento las 3.200, y cada año se suman nuevas propuestas con el fin de adaptar la formación al mercado laboral. En el curso 2024/2025 destaca la incorporación de los grados de Neurociencia en la Universidad Carlos III; Audiología General en la Universidad de Salamanca; Logopedia en la Universidad del País Vasco; Ingeniería de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra; Ciencias Gastronómicas en la Universidad de Burgos; Valladolid y León; e Ingeniería de Satélites en la Universidad Politécnica de Cataluña.

Dentro del amplio abanico de titulaciones disponible, los ámbitos con mayor volumen de matrículas, según el informe Datos y cifras del Sistema Universitario Español. Publicación 2023-2024 (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), son: Administración y Gestión de Empresas (133.670 estudiantes en el curso 2022-2023), Ingenierías (132.807) y Derecho (106.807). Les siguen a una razonable distancia Formación de docentes de enseñanza primaria (81.889), Psicología (81.036); otras Ciencias de la Salud (78.187) e Informática (61.987).

Sin embargo, cuando se selecciona una carrera, no siempre se acierta a la primera. Un 11,7% de los alumnos de nuevo ingreso cambian a otros estudios; otros, el 20%, directamente abandonan.

Qué pide el mercado.

Uno de los factores que más se tienen en cuenta a la hora de elegir carrera es saber las posibilidades de empezar a trabajar una vez obtenido el título. Para dar respuestas a esta cuestión, el portal de trabajo Infoempleo y la consultora LHH Recruitment Solutions han realizado un análisis de las titulaciones con mayores salidas profesionales, que se engloba dentro del Informe Infoempleo Adecco 2023: Oferta y demanda de empleo en España.

LOS ÁMBITOS CON MAYOR MATRICULACIÓN SON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, LAS INGENIERÍAS Y DERECHO

Los resultados muestran que los grados de educación y pedagogía encabezan la lista de titulaciones más demandadas en España durante 2023, al concentrar el 11% de las ofertas para universitarios. El grado de enfermería, que en 2022 lideraba la demanda en España, ahora está en segundo lugar, seguido de Administración y Dirección de Empresas (ADE). En la cuarta posición están medicina y biomedicina, que un año atrás ocupaban el segundo puesto del ranking. Este retroceso, al igual que el de otras carreras de ciencias de la salud, se debe a que, después de la pandemia, hay menos vacantes que cubrir.

La quinta titulación con más salidas laborales es Ingeniería Informática. Por detrás están Ingeniería Industrial; Psicología y Psicopedagogía; Comercio y Marketing; el doble grado de Administración de Empresas y Derecho; y Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Hay futuro.

Otra duda que a veces surge al decantarse por cursar estudios superiores es si realmente hacer un grado, un máster, e incluso un doctorado, abrirá mejores perspectivas laborales. La respuesta es claramente afirmativa según el informe La inserción laboral de los universitarios: 2013-2023: evolución, diferencias por estudios y brechas de género, publicado por la Fundación BBVA y el IVIE.

Su conclusión es que la colocación profesional de los jóvenes universitarios ha sido tradicionalmente mejor que la del conjunto de los jóvenes, pero las ventajas se han incrementado notablemente en el último decenio. Entre 2013 y 2023 se han creado 437.000 empleos netos nuevos para el colectivo de entre 22 y 29 años, de los cuales el 79% han sido ocupados por universitarios. Estas cifras reflejan un crecimiento del empleo de universitarios del 58% en los últimos diez años. Además, el incremento ha sido aún mayor en el caso de los puestos altamente cualificados.

En definitiva, hacer una carrera universitaria tiene futuro y parece que la población española lo tiene claro porque cada vez está mejor formada. En 2022 un 41% de la población tenía estudios superiores, frente al 23% que los tenían en el año 2000.

La proposición ha sido remitida a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados, que tendrá competencia legislativa plena sobre ella. Concluidos sus trabajos la norma será enviada al Senado que, si como se prevé no la modifica, la remitirá directamente al Gobierno para su publicación en el BOE. No hay que olvidar que, una vez aprobada, la Ley debe implementarse por las comunidades autónomas, ya que son estas las que tienen competencias en Sanidad y Dependencia.

LA INICIATIVA LEGISLATIVA BUSCA MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Sin color político

“Lo primero que quiero saber es cuántos diputados y diputadas hay en la sala. Creo que he contado cinco. El resto tendrá algo importante que hacer. Parece que no les importamos demasiado”. Estas contundentes palabras pronunciadas por el exfutbolista y enfermo de ELA, Juan Carlos Unzué, el pasado 20 de febrero durante una jornada sobre la enfermedad celebrada en la Cámara Baja, obtuvieron respuesta y el Congreso respaldó a las tres semanas tramitar una Proposición de Ley de ELA del PP, a la que siguió otra del PSOE y Sumar, extendiéndose esta además a otras patologías progresivas y degenerativas, como las distrofias musculares.

Pilar Fernández Aponte, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA), recuerda que “la ELA no tiene color político” y que “los enfermos sufren una terrible enfermedad y no tienen tiempo para esperar a trámites y burocracia”.

Entre las reformas que persigue la iniciativa legislativa se incluyen reducir los trámites y acortar los tiempos para el reconocimiento de la situación de discapacidad y las revisiones del grado de dependencia. Según recoge el texto de proposición de Ley aprobada por el Congreso “uno de los principales objetivos es garantizar que no se produzcan desfases significativos entre el proceso de una enfermedad y la respuesta que se ofrece a las personas que la padecen por parte de las Administraciones públicas, desde todos los ámbitos”.

Peticiones concedidas

Asimismo, se recoge una de las reivindicaciones recurrentes de los afectados: la ayuda a la electrodependencia. Es decir, a aquellas personas que dependen de una máquina conectada a la red eléctrica para preservar su salud e incluso la vida. Además, se busca mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, con la participación de las comunidades autónomas.

EL COSTE DE LA LEY ELA SERÍA DE UNOS 200 MILLONES DE EUROS, EL 0,045% DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

La iniciativa legislativa prevé actualizar la cartera de servicios y prestaciones del Sistema Nacional de Salud para el tratamiento de la ELA, creando un registro estatal de pacientes afectados para «proporcionar información epidemiológica sobre la incidencia, la prevalencia y los factores determinantes asociados a la enfermedad, así como para facilitar información con la que orientar la planificación, la gestión sanitaria y la evaluación de las actividades asistenciales».

Tramitación urgente

Para los enfermos de ELA cada minuto cuenta. Por ello, el proyecto legislativo establece una tramitación urgente de las medidas de un máximo de tres meses y cubre los gastos de desplazamiento del paciente a centros, servicios y unidades de referencia a otra comunidad autónoma distinta a su lugar de residencia. También prevé poner en marcha residencias especializadas concebidas como unidades de convivencia, para personas enfermas de esclerosis lateral amiotrófica, específicamente adaptadas a sus requerimientos y necesidades.

La celeridad con la que se tramite la ley depende ahora del Congreso. Los afectados han recordado que hasta en 49 ocasiones se prorrogó el plazo de presentación de enmiendas a la proposición de Ciudadanos en la pasada legislatura, antes de que terminara decayendo con la convocatoria de elecciones para el 23 de julio del pasado año. También han señalado que los españoles no entenderían que no haya una tramitación urgente de una ley que supondría un coste para el Estado de unos 200 millones de euros al año en un presupuesto consolidado para el 2023 de 436.370 millones, es decir, el 0,045%.

Cómo reconocerla

La ELA es, según la Sociedad Española de Neurología (SEN), la tercera enfermedad neurodegenerativa más común tras el alzhéimer y el párkinson.

La esclerosis lateral amiotrófica se manifiesta de forma diversa. Con frecuencia se inicia en los músculos que controlan el habla, la deglución, la respiración o en los músculos de las extremidades, por lo que su diagnóstico suele comenzar ante manifestaciones de debilidad muscular o disminución anormal de la masa muscular en las extremidades. Según la SEN, un tercio de los pacientes acude por primera vez a la consulta por tener dificultades para hablar o para tragar.

EN MÁS DEL 50 % DE LOS CASOS LA ENFERMEDAD AFECTA A PERSONAS AÚN ACTIVAS O INCLUSO EN LA INFANCIA O ADOLESCENCIA

A diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas, señala la SEN, en más del 50 % de los casos, la enfermedad afecta a personas aún activas o incluso- aunque es poco frecuente- en la infancia o adolescencia, lo que provoca un mayor impacto sociosanitario. Así, la SEN estima en más de 50.000 euros anuales el coste sociosanitario por paciente, muy superior al de otras enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer o el párkinson.