Presión fiscal sobre las ganancias de capital

EN ESTE PAÍS

PRESIÓN FISCAL SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL

Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo.

ELVIRA ARROYO

mail: [email protected]

España está entre los países europeos que más gravan las ganancias de capital en los tramos más altos. Frente a quienes defienden que esta presión fiscal debería reforzarse para las personas que ganan más, se abre el debate de si una tributación muy elevada puede desincentivar la venta de activos o la inversión en un momento en el que la Unión Europea apuesta por financiar proyectos estratégicos con el ahorro de sus habitantes.

El dinero ganado con la venta de acciones, un fondo de inversión o una vivienda; los dividendos que reparten las empresas a sus accionistas; o los intereses que el banco paga por un depósito o una cuenta de ahorro, son ejemplos de ganancias de capital que tributan en el IRPF.

DESDE 2019, EL IMPUESTO MÁXIMO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL EN ESPAÑA HA SUBIDO 7 PUNTOS

En España, se aplica por estos conceptos un tipo impositivo progresivo, con diferentes porcentajes según la cantidad de renta obtenida. En los últimos años, el incremento ha sido significativo, sobre todo en los tramos más altos, pasando de un tipo máximo del 23% en 2019 al 30% vigente en 2025 para las ganancias de capital superiores a 300.000 euros. Según Tax Foundation Europe, España es el séptimo país europeo con el tipo impositivo más alto para las rentas de capital.

Novedades. La Ley 7/2024, de 20 de diciembre, introdujo modificaciones que afectan a la escala del ahorro desde el 1 de enero de 2025. Concretamente, se eleva del 28% al 30% el tipo del último tramo de la escala del ahorro (ganancias que exceden los 300.000 euros) para los contribuyentes que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que estén acogidos al régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español.

También, desde el 1 de enero de 2025, se ha modificado la escala que se aplica a la parte de la base liquidable del ahorro para determinar la cuota íntegra estatal, elevándose el tipo del último tramo del 14% al 15%.

Este tipo de medidas aumentan los impuestos para quienes más ganancias obtienen de su capital, algo que han reivindicado formaciones políticas como Sumar, que defiende equiparar la tributación de las rentas del capital con las del trabajo subiendo los tipos impositivos en las franjas más altas del IRPF.

EUROPA PRESENTA UN SISTEMA IMPOSITIVO MUY DIVERSO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL QUE VIENE DETERMINADO POR LA CONCEPCIÓN FISCAL DE CADA PAÍS

Otros países. La mayoría de los países desarrollados gravan las ganancias de capital, pero el tipo impositivo y las reglas exactas (porcentajes progresivos, la posibilidad de desgravación por tenencia prolongada o exenciones) dependen de la legislación local.

España está en un nivel relativamente alto de tributación sobre los beneficios obtenidos por la venta de activos o por la inversión del dinero, aunque está muy por debajo de Dinamarca, que aplica un tipo máximo del 42% o Noruega, con un 37,8%. En el lado opuesto, Rumanía aplica el tipo más bajo, del 1%, seguida de Moldavia con el 6% y Bulgaria con el 10%.

Además, Tax Foundation Europe destaca que varios países europeos, entre los que se encuentran Bélgica, República Checa, Suiza, Eslovenia o Luxemburgo, no gravan las ganancias de capital por la venta de acciones mantenidas a largo plazo.

Se trata, por tanto, de un sistema impositivo muy diverso determinado por la concepción fiscal de cada país. Queda claro que los beneficios obtenidos por la venta de un activo a un precio mayor que el precio de compra o los réditos que aportan el dinero ahorrado o invertido deben tributar, aunque el criterio para definir la carga impositiva no es uniforme.

Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo en detrimento de la inversión. Del mismo modo, si la venta de activos conlleva pagar muchos impuestos, la opción más cómoda es no vender.

En España las rentas del capital mobiliario mantienen una tendencia creciente, a pesar de que en el primer trimestre de 2025 se ha frenado el ritmo, tras registrar una subida del 8,3%. Este dato dista bastante de los ascensos de dos dígitos observados los últimos tres años (26,5% en 2022, 15,9% en 2023 y 45,3% en 2024), según señala la Agencia Tributaria.

LA UNIÓN EUROPEA NECESITA PARA 2030 ENTRE 750.000 Y 800.000 MILLONES DE EUROS ADICIONALES PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Proyectos europeos. Sin embargo, las autoridades europeas consideran que el ahorro puede ser una importante fuente de financiación para determinados proyectos. De hecho, en marzo de 2025 la Comisión Europea presentó la Unión de Ahorros e Inversiones (SIU, por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca generar oportunidades financieras para los ciudadanos de la UE, mejorando la capacidad para conectar el ahorro con inversiones productivas.

El objetivo es crear un ecosistema de financiación que beneficie la inversión en objetivos estratégicos de la UE, como el cambio climático, los avances tecnológicos y las nuevas dinámicas geopolíticas. Se calcula que para sacar adelante estos retos se necesitarán entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales al año para 2030, cifra que se ve aún más afectada por la ampliación de las necesidades de defensa. Gran parte de estas están relacionadas con las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las empresas innovadoras, que no pueden depender únicamente de la financiación bancaria. Mediante el desarrollo de mercados de capital integrados, SIU puede conectar eficazmente ahorro e inversión.

De este modo, habrá nuevas alternativas para los ahorradores que deseen potenciar su patrimonio y se fomentará el crecimiento de las empresas europeas.

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta específica para recabar información sobre los obstáculos que puede haber para la integración de los mercados de capitales en la UE. Al mismo tiempo, se ha establecido un calendario de actuaciones para implantar la SIU. Como primer paso, en el tercer trimestre de 2025 se definirán las cuentas de ahorro e inversión de la UE y una estrategia de alfabetización financiera.

Más recaudación de IRPF por ganancias patrimoniales

Los ingresos totales por el IRPF en España alcanzaron los 129.408 millones en 2024, un 7,6% más que el año anterior. La mayor parte de este impuesto procede de los rendimientos del trabajo, pero en 2024 las ganancias patrimoniales registraron un avance superior al 22%, según la Agencia Tributaria. Este crecimiento se atribuye, por un lado, a las ganancias procedentes de los fondos de inversión, que, tras dos años de caídas, crecieron un 79,3% en 2024 hasta alcanzar los 3.550 millones.

Por otro lado, en las ganancias no sujetas a retención, ligadas fundamentalmente a las ventas de inmuebles y a la evolución de la cotización de las acciones, se prevé un incremento del 17% en 2024.

Tasas sobre las ganancias de capital en Europa

País	Tasa máxima de impuesto sobre las ganancias de capital para personas físicas
Austria	27,5%
Bulgaria	10%
Dinamarca	42%
Finlandia	34%
Francia	34%
Alemania	26,4%
Irlanda	33%
Italia	26%
Países Bajos	36%
Noruega	37,8%
Polonia	19%
España	30%
Suecia	30%
Reino Unido	24%

PARA SABER MÁS

Impuesto sobre las ganancias de capital en Europa. Incluye mapa interactivo con evolución 2019-2025. Tax Foundation Europe.

Informe mensual de recaudación tributaria. Abril de 2025. Agencia Tributaria.

Iniciativa europea Unión de Ahorros e Inversiones (Savings and Investments Union, SIU). Conectando ahorros e inversiones productivas. Comisión Europea.

“La fiscalidad de las rentas del capital”, porDavid Cano Martínez

EN ESTE PAÍS

DAVID CANO MARTÍNEZ,

socio de Analistas Financieros Internacionales

X: @david_cano_m

“Si queremos que una parte importante de la sociedad se convierta en inversor, como única vía para financiar de forma estable proyectos de riesgo, debemos incentivarlo fiscalmente”

La fiscalidad de las rentas del capital

De forma simplificada, podemos afirmar que hay dos grandes factores productivos: el trabajo (“L”) y el capital (“K”). El primero hace referencia a las horas dedicadas para desarrollar una determinada tarea, mientras que el segundo engloba el suministro de recursos para que se pueda materializar ese trabajo. Y un agente puede aportar capital tanto de forma directa (es decir, “poniendo” dinero) como de forma indirecta (“pone” una máquina o una nave industrial, por ejemplo).

Tanto L como K exigen una contraprestación económica (tienen un precio), que estará en función de muchas variables. Igual que es obvio (y justo) que no todos los trabajadores reciban la misma remuneración por hora, tampoco un mismo euro invertido debe obtener la misma rentabilidad. Cuanto más riesgo asuma un capital, más rendimiento debe recibir.

A partir de aquí, como sucede con los rendimientos del trabajo, entra en juego el sistema tributario. Este impone un pago vía impuestos justificado por el uso de la infraestructura, de funcionarios y, en general, de todos aquellos recursos por los que no se ha pagado de forma explícita para obtener el rendimiento. Este se somete a tributación por dos conceptos adicionales: financiar otros gastos del Estado y redistribución generalizada. Sí, todo rendimiento de cualquiera de los dos factores debe pagar impuestos.

Se inicia el debate, clave para determinar cuál debería ser la cuantía del tipo de gravamen de las rentas: ¿cómo se estiman los precios de esos recursos que se han utilizado?, ¿Qué parte del rendimiento se debe destinar a pagar otros conceptos que no son capaces de financiarse por sí solos dado que son deficitarios? y, ¿qué parte del rendimiento debe redistribuirse?

Como economista gestor de carteras y fondos de inversión, rechazo la afirmación de que “las rentas del capital deben grabarse más que las rentas del trabajo dado que el inversor no ha hecho ningún esfuerzo por conseguirlo”. Discrepo porque el “esfuerzo” no debe medirse por la intensidad física o las horas dedicadas sino, en el caso del capital, por el riesgo asumido en la inversión. Estamos en una economía en la que cada vez se necesita más factor capital (dinero) que esté dispuesto a invertir a más largo plazo y asumiendo más riesgo. Es generalizada la reivindicación de la creación de más empresas, de más startups tecnológicas, de más industria… Y no puedo estar más de acuerdo. Pero ¿quién está dispuesto a asumir el riesgo que implica invertir en el capital de esas empresas y proyectos? Ahí es cuando las voces se callan o bajan su volumen. Adaptando lo que dijo Unamuno: ¡Que arriesguen ellos!

Es muy fácil exigir que sean los demás los que asuman el riesgo con su capital (y, además, que paguen muchos impuestos por las rentas que generan). Pero es mucho más difícil hacerlo. Por ello, el riesgo, igual que el esfuerzo, se debe remunerar de forma extra. Y es eso lo que suele suceder, según nos enseñan tanto la teoría financiera como la evidencia. A más riesgo, más rentabilidad. Creo que es muy importante dejar claro este principio que pretende defender que obtener rentas del capital no es tarea fácil ni de corto plazo y que, a la hora debatir su tributación, se debería distinguir entre quien asume riesgo y quien no, entre quien invierte a corto plazo y quien lo hace a largo plazo.

Porque igual que soy un claro defensor de que un capital que asume riesgo obtenga una elevada rentabilidad (y tenga un tratamiento fiscal ventajoso, sobre todo si está invertido a largo plazo) considero que el ahorro (es decir, aquel que no asume riesgo porque está materializado en un depósito bancario o en una Letra del Tesoro) debe tener un reducido rendimiento. A ello contribuye, por cierto, la política monetaria del BCE, imponiendo tipos de interés nominales por debajo de la inflación. Insisto mucho en esta frase: si el ahorrador quiere obtener una rentabilidad real positiva (es decir, una rentabilidad nominal por encima de la inflación), es imprescindible que asuma riesgo. Si no lo hace, el precio que tendrá que pagar por ello es perder poder adquisitivo.

Si queremos que una parte importante de la sociedad se convierta en inversor, como única vía para financiar de forma estable proyectos de riesgo, debemos incentivarlo fiscalmente. Podemos debatir sobre si existe falta de oferta disponible del factor trabajo para determinados puestos y momentos a un determinado salario. Pero es un hecho que hay déficit de oferta de capital dispuesto a asumir riesgo (más aún sometidos como están los bancos a una normativa de solvencia que les impiden asumir riesgos). Es una realidad que se está incrementando la demanda de capital para financiar proyectos con mayores incertidumbres sobre su rendimiento (inteligencia artificial, computación quántica, baterías, impresión 3D, biotecnología, etc.). Más demanda que no encuentra correspondencia en la oferta, al menos en Europa.

Por ello, resulta imprescindible mantener un debate sobre cuál debe ser la fiscalidad de las rentas de capital, basado en los elementos que he tratado de exponer. Defiendo, como ya he manifestado, una fiscalidad ventajosa para aquel capital que asume riesgo a largo plazo y que lo hace en proyectos que incrementen la productividad y el crecimiento de la economía. Además, defiendo la fiscalidad ventajosa de los vehículos de inversión porque de esa forma se incentivará otro de los principios en los que más creo: la diversificación. Si queremos conseguir una sociedad más inversora debemos incentivar el mejor tratamiento fiscal de las rentas del capital si se consiguen a través de vehículos de inversión diversificados y, más aún, si estas rentas se alcanzan en períodos prolongados del tiempo (por encima de los 5 y, especialmente, 10 años).

Justicia para la paz

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

JUSTICIA PARA LA PAZ

En la búsqueda de la paz no puede haber justicia sin verdad, ni garantía de no repetición sin una verdadera reparación a las víctimas, los cuatro pilares que definen la justicia transicional. Este fue el eje central del acto organizado por COMJIB y el Notariado español en las Naciones Unidas con motivo de la presentación del libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial.

JAIME PÉREZ DE MIGUEL

Mail: [email protected]

Ante miembros del cuerpo diplomático de cuatro continentes -África, Asia, América y Europa- en el acto se apostó por una justicia transicional imperfecta frente a una guerra perfecta; se reafirmó el papel de América Latina como inventora de las Comisiones de la Verdad, y se subrayó la necesidad de una auténtica justicia de reparación hacia las víctimas.

La sesión comenzó con el testimonio de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, quien afirmó que la transición de la justicia no es una fórmula matemática, sino un mecanismo valioso que ofrece herramientas fundamentales para abordar violaciones graves de los derechos humanos que resultan de los conflictos armados. “Los cuatro pilares que sostienen este enfoque -la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantía de No Repetición- constituyen el fundamento en torno al que hemos construido los procesos de paz sostenibles, como en el caso que vivimos en Colombia en 2016”, aseguró.

LA JUSTICIA TRANSICIONAL NO ES UNA FÓRMULA EXACTA, SINO UN MECANISMO VALIOSO

Forjar la paz
La ponencia principal corrió a cargo del profesor Joseph Weiler, catedrático de Derecho de la Universidad de Nueva York y Premio Ratzinger 2022, quien resaltó que en la resolución de los conflictos la clave es conocer cuáles son los procedimientos que hay que llevar a cabo para alcanzar una paz duradera, y los cuatro pilares en los que se basa la llamada Justicia Transicional lo son.

Weiler señaló que las peores guerras de la historia fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que acabaron con la vida de millones de personas. La primera finalizó con el acuerdo de Versalles que, según el profesor, “buscó someter al enemigo para que nunca más pudiera ser una amenaza. No se siguieron los principios que se han plasmado en esta obra, por lo que se convirtió en una garantía de que la guerra se repetiría”.

Sin embargo, para el profesor, Weiler, tras la Segunda Guerra Mundial sucedió lo contrario: “Con el Plan de Schuman y el Tratado de París, el objetivo fue dar al enemigo un ´gran abrazo´ para crear una estructura de convivencia. Estos acuerdos trajeron consigo el periodo de paz más largo en Europa occidental, desde 1952 a la actualidad”. “No es sorprendente que, después, la UE recibiera el Premio Nobel de la Paz. Es como si hubieran podido leer esta obra tan importante para alcanzar un periodo de paz tan prometedor”, añadió Weiler.

LA LABOR NOTARIAL TRATA DE CONSTRUIR LA PAZ EN EL DÍA A DÍA CREANDO RELACIONES JURÍDICAS DE LAS QUE SE DERIVE CONFIANZA

Espacio para la reflexión
A continuación, tuvo lugar una mesa redonda moderada por Jorge P. López, patrono de Fundación Notariado, y en la que participaron el exministro de Justicia y Asuntos Exteriores de Perú, Diego García-Sayán; Alfonso Cavallé, delegado para América del Consejo General del Notariado y decano del Colegio Notarial de Islas Canarias; el Padre Javier Prades, miembro de la Comisión Teológica Internacional (Santa Sede); y la fiscal ante el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz de la Unidad de Investigación y Acusación, Digna Isabel Durán.

Al acto asistieron también en representación del Notariado español, su vicepresidente, Manuel Seda (decano del Colegio Notarial de Andalucía), y los decanos de los colegios notariales José María Graíño (Galicia), Ignacio Ferrer (Extremadura), Carmen Rodríguez Pérez (Murcia), Marcos Prieto (La Rioja) y José Carmelo Llopis (Valencia).

Construir la paz

El coloquio abordó la justicia transicional como vía para la construcción de la paz en América Latina. Diego García-Sayán abrió destacando la creación de Comisiones de la Verdad en países como Argentina, Chile y Colombia como señales positivas, pese a las dificultades de la región. Por su parte, Alfonso Cavallé subrayó el papel del Notariado en la justicia preventiva, al fomentar relaciones jurídicas basadas en la confianza y el derecho a la verdad, elementos que previenen conflictos.

El Padre Javier Prades aportó la visión del Papa Francisco, centrada en la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos como base del desarrollo y la reconciliación.

Digna Isabel Durán destacó que la reparación a las víctimas debe partir de ellas mismas, desde su experiencia y voz, rechazando modelos protocolarios impuestos desde el Estado. Finalmente, Enrique Gil Botero, secretario general de COMJIB, cerró el acto reflexionando sobre el origen del libro que motivó el encuentro, nacido de la preocupación por un mundo marcado por conflictos y guerras. Señaló que la justicia transicional representa una esperanza frente al caos global y una vía ética para la paz y la convivencia. Reivindicó además que “es mejor una justicia imperfecta que una guerra perfecta”.

Pasado, presente y futuro
de la Justicia Transicional

El libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial ha sido promovida conjuntamente por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), el Consejo General del Notariado y Fundación Notariado. En él participan una veintena de ponentes, entre ellos filósofos, humanistas y profesores universitarios iberoamericanos, así como ministros, ex ministros y altos cargos de los gobiernos de diferentes países latinoamericanos y organismos internacionales.

Acciones colectivas: ¿más protección para los consumidores?

DEBATE PARLAMENTARIO

ACCIONES COLECTIVAS: ¿MÁS PROTECCIÓN PARA LOS CONSUMIDORES?

Cuando la cantidad reclamada supere los 3.000 euros por beneficiario, el tribunal podrá establecer que el resultado del proceso judicial solo afecte a los consumidores que expresamente se hayan adherido a él.

El Proyecto de Ley de Acciones Colectivas, que actualmente se tramita en el Parlamento, busca fortalecer la posición de los consumidores frente a infracciones que perjudiquen sus derechos, permitiendo la interposición de acciones colectivas por parte de entidades legalmente habilitadas. Como novedad, cuando se reclame una reparación o compensación económica, el proceso vinculará a todas las personas afectadas, salvo desvinculación expresa.

ELVIRA ARROYO

Mail: [email protected]

La debilidad del consumidor se pone especialmente de manifiesto cuando, ante una práctica ilícita por parte de un empresario, quiere acudir a la vía judicial y comprueba que en la mayoría de los casos existirá una desproporción entre los gastos que el proceso conlleva y las cantidades que podría obtener.

Para evitar estas situaciones, la Unión Europea cree que los Estados miembros deben establecer mecanismos de defensa colectiva del consumidor, tal y como recoge la Directiva (UE) 2020/1828. En España existen regulaciones dispersas sobre la materia, pero es importante unificarlas e incorporar a nuestro ordenamiento jurídico los principios de la citada directiva.

Con este objetivo se ha llevado al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Acciones Colectivas para la Protección y Defensa de los Derechos e Intereses de los Consumidores y Usuarios, que pretende proporcionar al consumidor una herramienta eficaz para proteger sus derechos de manera colectiva, sobre todo cuando los daños individuales son pequeños pero afectan a un gran número de personas.

LA REFORMA EXCLUYE LA INTERVENCIÓN A TÍTULO INDIVIDUAL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN PROCESOS COLECTIVOS

Ámbito. Se considerarán acciones colectivas aquellas a través de las cuales una o varias de las entidades habilitadas pretendan obtener medidas de cesación o resarcitorias frente a las conductas de empresarios o profesionales que perjudiquen los intereses colectivos de los consumidores y usuarios.

La acción colectiva de cesación podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta, incluso cuando ésta haya finalizado antes de que concluya el procedimiento, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración.

La acción colectiva resarcitoria tratará de obtener una sentencia que condene al demandado a reparar los daños padecidos por los consumidores o usuarios perjudicados. Se podrá pretender la condena al pago de indemnizaciones, la reparación o sustitución de los bienes adquiridos o el reembolso del precio pagado por estos. Se podrá igualmente pedir la resolución de los contratos en que se haya materializado la conducta infractora.

Uno de los cambios más destacados es que cuando se solicite una reparación o compensación económica ante los tribunales, el proceso vinculará a todas las personas que sean titulares de los derechos o intereses lesionados, salvo que se solicite expresamente la desvinculación (mecanismo al que resulta habitual referirse como opt-out) por alguna de ellas. Excepcionalmente, en aquellos casos en los que la cantidad reclamada supere los 3.000 euros por beneficiario, el tribunal podrá establecer un sistema en el que el resultado del proceso judicial solo afecte a los consumidores que expresamente se hayan adherido a él.

Para asegurar la publicidad de este tipo de procedimientos cada uno contará con una plataforma electrónica, de modo que cada afectado tenga acceso a toda la información y pueda manifestar su voluntad de vincularse o desvincularse de la acción colectiva.

Además, a diferencia de lo que sucede ahora, la reforma excluye la intervención a título individual de consumidores y usuarios en procesos colectivos, para lograr una gestión más eficaz del proceso.

LA UNIÓN EUROPEA CREE QUE LOS ESTADOS MIEMBROS DEBEN ESTABLECER MECANISMOS DE DEFENSA COLECTIVA DEL CONSUMIDOR

Entidades. El proyecto de ley legitima tanto al Ministerio Fiscal como a las denominadas entidades habilitadas -asociaciones de consumidores, órganos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas o municipios competentes en materia de tutela de los consumidores-, para dirigir las acciones colectivas frente a cualquier tipo de infracción. También se incorporan los criterios que deben cumplir las estas entidades para ejercitar acciones colectivas transfronterizas.

El empresario o profesional demandado en una acción colectiva tendrá derecho a plantear que la entidad demandante no cumple con las exigencias establecidas para ser designada como entidad habilitada.

Para garantizar los requisitos exigibles a estas entidades, se designarán puntos de contacto nacionales donde podrán canalizar las reservas planteadas respecto del cumplimiento dichos criterios.

Las asociaciones de consumidores y usuarios que soliciten ser designadas entidades habilitadas para ejercitar acciones colectivas nacionales o transfronterizas deberán acreditar, entre otros requisitos, el desempeño de su actividad de manera pública durante un mínimo de doce meses antes. Además, tendrán que ser entidades sin ánimo de lucro, no estar dentro de un procedimiento de insolvencia ni haber sido declaradas insolventes, y ser independientes.

Procedimiento. Las acciones colectivas en defensa de consumidores y usuarios serán competencia de los Juzgados de Primera Instancia del lugar donde el demandado tenga su domicilio, con independencia de la materia sobre la que versen.

El proceso comenzará con una demanda, que deberá contener una serie de informaciones específicas sobre los sujetos y la conducta que motiva su interposición. Como novedad, para que resulte admisible la demanda cuando se pretenda la cesación de una conducta, será imprescindible la reclamación previa al empresario o profesional.

Una vez admitida la demanda, se convocará a las partes a la audiencia de certificación. En esta etapa se verificarán que se dan las condiciones para que resulte legítima la acción colectiva. Entre otras cuestiones, el tribunal comprobará la homogeneidad de las pretensiones y que la acción no es infundada. También será el momento adecuado para controlar que una eventual financiación del proceso por terceros no sea fuente de conflictos de intereses perjudiciales para los consumidores y usuarios.

Si se cumplen los requisitos, el tribunal dictará el auto de certificación, una pieza crucial del proceso, pues en él se determinarán los consumidores y usuarios afectados. Tras la certificación, el proceso quedará en suspenso durante el plazo marcado por el tribunal para que los sujetos afectados manifiesten su voluntad de desvinculación o, en su caso, de vinculación.

Cuando se reanuden las actuaciones, el demandado contestará a la demanda por escrito. Después se requerirá a las partes para que realicen su proposición probatoria también de manera escrita. En todo caso, se celebrará el acto del juicio conforme a las reglas del juicio ordinario.

CADA PROCEDIMIENTO CONTARÁ CON UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA, EN LA QUE CADA AFECTADO PODRÁ VINCULARSE O DESVINCULARSE DE LA ACCIÓN COLECTIVA

El tribunal deberá pronunciarse tratando de alcanzar el mayor grado de determinación en cuanto a los beneficiarios y la prestación que corresponderá a cada uno de ellos.

Los partidos opinan*

FRANCISCO ARANDA

Diputado y portavoz de Justicia del GPS en el Congreso

Grupo Parlamentario Socialista

X: @arandapaco

Mail: [email protected]

“Un paso necesario y urgente”

El proyecto de Ley de acciones colectivas, actualmente en tramitación en el Congreso, es un paso necesario y urgente en la regulación entre consumidores/usuarios y las empresas prestadoras de bienes y servicios, muchas veces en total desequilibrio y desigualdad.

Mecanismo de tutela (judicial), entidades legalmente habilitadas y salvaguarda de los intereses de consumidores son los elementos centrales de la voluntad del legislador. Además, contar con un procedimiento judicial que permita a los consumidores y usuarios víctimas de acciones abusivas de carácter colectivo poder operar jurídicamente en defensa de sus intereses. Reducir, así, la situación de debilidad (económica, por ejemplo) en la que se encuentran en estos procesos ante los que puedan haber sido dañados sus derechos. Todo ello, haciéndolo de la mano de entidades especializadas, legalmente habilitadas y con solvencia en la defensa de los intereses de los consumidores.

En este momento procesal de la ley, los partidos en el Congreso estamos en el momento de escuchar al sector y a los agentes implicados, así como en la búsqueda de las mayorías y consensos necesarios para poder llegar a un punto de acuerdo que nos permita transponer la Directiva y mejorar la protección colectiva y la defensa de los consumidores y usuarios.

MARÍA JESÚS MORO ALMARAZ

Diputada y portavoz de Justicia GPP en el Congreso

X: @MoroMjesus

Mail: [email protected]

“Arrastra graves consecuencias
que han de ser ponderadas con más rigor”

Segunda oportunidad para un proyecto que ya fue camuflado y rechazado en la reforma organizativa de la justicia. Nuevamente el Gobierno recurre al comodín de las obligaciones europeas. La Directiva 2020/1828 relativa a las acciones de representación, no conmina a asumir este procedimiento conocido como “opt-out” o de vinculación por defecto. Es una decisión en exclusiva del proponente que no ha rectificado a pesar de las numerosas observaciones técnicas formuladas por los letrados del Congreso (las del principal partido de la oposición no las escucha nunca).

Este discutido modelo mereció un durísimo informe del Ministerio de Economía y arrastra graves consecuencias que han de ser ponderadas con más rigor, sin cargas ideológicas contra la empresa y sin utilizar como excusa a los consumidores a los que no reportará beneficios, aunque si suculentas ganancias a ciertos fondos de inversión. Basta escuchar a OCU.

* Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.

Entrevista a Luis María Cazorla Prieto, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

EN CURSO LEGAL

Luis María Cazorla Prieto,

presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

“La labor del prestigioso notariado español es crucial para que prevalezca la seguridad jurídica”

CARLOS CAPA

Mail: [email protected]
X: @capa_carlos

Luis María Cazorla Prieto (Larache, Marruecos español, 1950) ha sido elegido nuevo presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y del Instituto de España, institución que reúne a las Reales Academias de ámbito nacional. Con un impresionante currículo -es doctor en Derecho, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos, abogado del Estado, letrado de las Cortes Generales e inspector de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda-, en su discurso de toma de posesión reafirmó su compromiso de fortalecer la voz autorizada e imparcial de la institución en los grandes debates jurídicos, tanto a nivel nacional como internacional e iberoamericano.

Acaba de ser elegido presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. ¿Qué supone para un jurista de tan nutrida trayectoria? ¿Cuáles son los objetivos que se fija para su mandato?

Haber sido elegido por unanimidad presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España representa para mí un gran honor y la culminación de una larga carrera profesional en la que la defensa del Derecho en general y las exigencias del Estado de Derecho más en particular han sido un eje fundamental en mi proceder intelectual y profesional.Con este motivo siento un enorme agradecimiento a todos los miembros de número de la Real Academia y mi compromiso personal e institucional con ellos es enorme.

En el contexto actual, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el derecho en España y cómo puede la Academia contribuir a gestionarlos?

Como afirmé en mi discurso de ingreso en el Consejo de Estado, creo que hoy asistimos a un «rampante desprecio» al Derecho en ciertos sectores de la sociedad y del Estado. La Real Academia debe contribuir con su autoridad a mejorar esta situación, algo clave para la salud de nuestro Estado de Derecho, que, a mi juicio, no vive sus mejores momentos.

“ESTAMOS SUFRIENDO DESDE HACE DÉCADAS UN DETERIORO GRAVE DE LA CALIDAD JURÍDICA DE LAS LEYES”

¿Cómo debe contribuir la Real Academia a lograr lo que acabo de apuntar? Puede hacerlo, primero, seleccionando los temas jurídicos claves de cada momento, y, después, abordándolos con seriedad, pluralidad y sentido institucional, consciente de que es un foro jurídico privilegiado e influyente y de que no es un foro político en sentido estricto.

Vivimos en una época de superproducción normativa. ¿Qué opina de la calidad jurídica de las leyes y reglamentos de los últimos años?

Mi opinión es firme: estamos sufriendo desde hace décadas algo que en estos días se acentúa; un deterioro grave de la calidad jurídica de las leyes, que a veces conculcan los más elementales requerimientos de la buena técnica legislativa y normativa en general. Como letrado de las Cortes Generales con más de cuarenta y cinco años ininterrumpidos de servicio al Congreso de los Diputados, alguno de ellos de Secretario General del Congreso de los Diputados y Letrado Mayor de las Cortes Generales, y estudioso de la materia, he sumado mi voz y mi pluma a muchísimas otras, aunque con poco éxito, como acredita que la ya de por sí mala producción normativa va a más, desgraciadamente.

Desde su perspectiva en la RAJYL, ¿cuál es la importancia de la historia y el legado jurídico, del que la Academia es depositaria, en la formación de las nuevas generaciones de juristas?

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España es depositaria, en efecto, de un legado jurídico-histórico que apabulla contemplando en el Salón de Plenos los apellidos grabados en mármol de sus presidentes a lo largo de su prolongadísima historia.

La Real Academia debe mantener vivo este legado y esforzarse en incrementarlo y, sobre todo, actualizarlo y acomodarlo a los tiempos que corren para así servir a la sociedad y al Estado a través del Derecho.

“HOY ASISTIMOS A UN «RAMPANTE DESPRECIO» AL DERECHO EN CIERTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO”

¿Qué aspectos del Derecho actual deben formar parte de los debates de la Academia?

En la Real Academia se deben abordar, además de los temas clásicos que forman el cimiento de nuestro ordenamiento jurídico, los aspectos más actuales de la realidad jurídica. Su estructura interna está adaptada para ello. Sus veintitrés secciones abarcan desde las materias más tradicionales hasta las más de vanguardia, canalizadas en este último supuesto y por ejemplo a través de la sección de Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Considerando el papel relevante del Derecho comunitario, ¿cómo ve al derecho español en un entorno globalizado?

En un hecho de gran fuerza que el ordenamiento jurídico español se zambulle cada vez más en el europeo y sufre su influencia tanto en la forma como en el fondo. El gran reto es adaptar la riqueza conceptual y categorial de nuestro Derecho a tan poderoso fenómeno sin perder sus esencias y sin desfigurar técnicas, conceptos y categorías destilados a lo largo de muchos años y que le dan unidad y sentido.

La función notarial ha sido siempre un baluarte para el derecho. ¿Cómo valora el papel del notariado para las relaciones sociales, jurídicas y económicas de ciudadanos y empresas?

La labor del prestigioso notariado español es crucial para que prevalezcan la seguridad jurídica, el respeto a la ley y la protección de los derechos de los ciudadanos en las relaciones jurídicas de todo tipo y, por tanto, en las relaciones entre ciudadanos y empresas entendidas en sentido amplio.

“A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO LES PEDIRÍA QUE NO CEJEN CADA UNO EN SU ESFERA EN LA INTERMINABLE LUCHA POR EL PREDOMINIO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA”

La seguridad jurídica es uno de los valores fundamentales de nuestro sistema. ¿Cree que goza de buena salud? ¿Cuál es el aporte del notariado a la misma?

Creo que la seguridad jurídica no vive en España sus mejores momentos. La pluralidad de los subordenamientos jurídicos que se dan cita en el ordenamiento jurídico español, los cambios legislativos y reglamentarios precipitados, la jurisprudencia a veces contradictoria, la técnica legislativa lamentable, las interpretaciones economicistas, son, entre otros, factores que contribuyen a debilitar un valor esencial en el Estado de Derecho como es la seguridad jurídica.

Aun navegando en aguas nada tranquilas por lo que acabo de decir, la aportación del notariado para que prevalezca lo más posible la seguridad jurídica es crucial.

¿Qué mensaje o recomendación le gustaría transmitir a los profesionales del Derecho y a los ciudadanos que buscan una mayor comprensión y seguridad en el ámbito jurídico?

A los profesionales del Derecho en todas sus variantes les pediría que no cejen cada uno en su esfera en la interminable lucha por el predominio de la seguridad jurídica.

A los ciudadanos les pediría, por una parte, paciencia y comprensión ante la enorme complejidad del ordenamiento jurídico actual, y, por otra, que lo piensen bien a la hora de votar…

HUELLA DIGITAL

Luis María Cazorla no tiene un perfil propio en redes sociales, pero si lo tienen en X el bufete que preside @CazorlaAbogados y la RAJYL @rajylecom

Wikipedia tiene un perfil biográfico accesible.

Un mercado digital europeo más justo y competitivo

ÁMBITO EUROPEO

UN MERCADO DIGITAL EUROPEO MÁS JUSTO Y COMPETITIVO

La Comisión Europea ha multado con 500 millones de euros a Apple y con 200 millones de euros a Meta por incumplir la Ley de Mercados Digitales. Esta norma, junto con la Ley de Servicios Digita-les, promueven un espacio digital más seguro y competitivo.

MARTA RUIZ-CASTILLO

X: @MartaRuizCas
Mail: [email protected]

Se trata de las primeras multas que aplica Bruselas desde la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), en 2024. A partir de ahora, los desarrolladores de las aplicaciones Apple deben informar a sus usuarios de opciones de compra más baratas fuera de su AppStore. En el caso de Meta, debe retirar la obligación que tienen los usuarios de elegir entre consentir el rastreo de datos o pagar por no tener publicidad en Facebook e Instagram. Meta y Apple son dos de los guardianes de acceso designados en su día por la Comisión Europea junto a Alphabet, Amazon, ByteDance y Microsoft.

LOS DESARROLLADORES DE LAS APLICACIONES APPLE DEBEN INFORMAR A SUS USUARIOS DE OPCIONES DE COMPRA MÁS BARATAS FUERA DE SU APPSTORE

Seguridad y competencia.

Para ser guardianes de acceso, las plataformas tecnológicas deben ofrecer servicios de intermediación online como tiendas de aplicaciones, motores de búsqueda, servicios de redes sociales, determinados servicios de mensajería, servicios de plataformas de intercambio de vídeos, asistentes virtuales, navegadores web, servicios informáticos en la nube, sistemas operativos, mercados online y servicios de publicidad.

Junto a la propuesta de la Ley de Servicios Digitales, la Comisión propuso la Ley de Mercados Digitales en diciembre de 2020 para hacer frente a las consecuencias negativas derivadas de determinados comportamientos de las grandes tecnológicas que actúan como guardianes digitales del mercado único de la UE. La normativa «constituye un conjunto único de normas que se aplican en toda la UE con la finalidad de crear un espacio digital más seguro en el que estén protegidos los derechos fundamentales de los usuarios y se establezcan unas condiciones de competencia equitativa entre las empresas», explica la Comisión Europea. Se busca, así, poner fin a las «prácticas desleales de las empresas que actúan como guardianes de acceso en la economía de las plataformas digitales». La DMA fue aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo en marzo de 2022.

Para lograr un correcto cumplimiento de la legislación, la UE cuenta «con una sólida estructura de supervisión, en la que la Comisión Europea es la única instancia responsable del cumplimiento de las normas, en estrecha cooperación con las autoridades de los Estados miembros de la UE».

La Comisión puede también imponer sanciones y multas de hasta el 10% del volumen de negocios mundial de una empresa y hasta del 20% en caso de reincidencia. «En caso de infracciones sistemáticas, podrá imponer las medidas correctoras estructurales o de comportamiento necesarias para garantizar la eficacia de las obligaciones, incluida la prohibición de nuevas adquisiciones».

La DMA también otorga a la Comisión la facultad de llevar a cabo «investigaciones de mercado que garanticen que las obligaciones establecidas en el reglamento se mantengan realmente actualizadas».

META DEBE RETIRAR LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN LOS USUARIOS DE ELEGIR ENTRE CONSENTIR EL RASTREO DE DATOS O PAGAR POR NO TENER PUBLICIDAD EN FACEBOOK E INSTAGRAM

Transparencia

La DMA supone un paso importante para mejorar el mercado digital en constante evolución, asegura la CE. Entre los beneficios de la norma, destaca que «las empresas usuarias que dependen de los guardianes de acceso para ofrecer sus servicios en el mercado único tengan un entorno empresarial más justo». Además, «los innovadores y las empresas tecnológicas emergentes disponen de nuevas oportunidades de competir e innovar en el entorno de las plataformas online sin condiciones abusivas que limiten su desarrollo».

Para apoyar la aplicación de las normas con conocimientos técnicos y científicos de alto nivel, el Centro Común de Investigación (CCI) creó en 2023 el Centro Europeo de Transparencia Algorítmica (CETA), una herramienta clave para la regulación digital de la Comisión. El CETA ayuda a la Comisión a evaluar si el funcionamiento de los sistemas algorítmicos que sirven de base a los servicios digitales se ajusta a las obligaciones de gestión de riesgos que establece la Ley de Servicios Digitales para las plataformas en línea. «Lo que pretendemos es comprender mejor cómo funcionan los sistemas algorítmicos. Estos sistemas pueden tomar decisiones autónomas sobre los contenidos y los resultados de búsqueda que han de visualizarse. Queremos asegurarnos de que este proceso de toma de decisiones sea transparente, de modo que los ciudadanos puedan comprender porque se les ofrecen determinados contenidos o productos», explicó Carlos Torrecilla Salinas, jefe de la Unidad de Economía Digital del CCI durante la presentación del centro.

Defensa de los usuarios.

Los usuarios profesionales establecidos en la UE que dependen de los servicios ofrecidos por los seis guardianes de acceso para llegar a sus clientes disfrutan, gracias a la legislación, de nuevas oportunidades. Podrán «beneficiarse de un trato justo y de unas condicio-nes de competencia equitativas cuando compitan con los servicios de los guardianes de acceso en sus plataformas», explica la Comisión Europea. También podrán «solicitar la interoperabilidad con los servicios de los guardianes de acceso para ofrecer nuevos servicios innovadores», y «vender sus aplicaciones a través de canales alternativos distintos de las tiendas de aplicaciones de éstos». Estas empresas tienen acceso, con la entrada en vigor de la norma, «a los datos generados por sus actividades en las plataformas de los guardianes de acceso, promover ofertas y realizar con-tratos con clientes fuera de las plataformas» de las seis grandes.
Los usuarios directos, por su parte, «podrán elegir entre más y mejores servicios, tendrán más oportunidades de cambiar de proveedor si lo desean y disfrutarán de un acceso directo a los ser-vicios, por los que pagarán precios más justos».
Los guardianes de acceso, añade la Comisión Europea, «conservarán todas sus oportunidades de innovar y ofrecer nuevos servicios. La única diferencia es que no se les permitirá someter a prácti-cas desleales, para obtener ventajas indebidas, a las empresas y clientes usuarios que dependen de ellos».

Mercado único digital.

«Se ha concebido para eliminar las barreras comerciales entre los Estados miembros que ha dado lugar al mercado interior, que promueve la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales», informa la CE. Para impulsar el mercado único digital, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la Ley de Servicios Digitales el 20 de octubre de 2020 y, posteriormente, la Ley de Mercados Digitales para «reforzar el mercado interior, garantizar la igualdad de trato de las actividades dentro y fuera de internet, mantener la transparencia, respetar los derechos e incluir a las entidades de terceros países que afecten a los consumidores de la Unión».

Europa opina.

«El nuevo conjunto de normas hará que los mercados digitales sean más abiertos para que las pequeñas empresas innovadoras tengan también una oportunidad equitativa de ha-cerlo. Como consumidores, tendremos opciones más asequibles. Esto cambiará profundamente la forma en que funcionan los mercados digitales y abrirá este mercado en beneficio de todos los agentes económicos y usuarios europeos», afirma Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva responsable de la política de competencia. Para Thierry Breton, comisario responsable de Mercado Interior, la norma «cambiará profundamen-te el panorama digital. La Unión Europea adopta con ella un planteamiento proactivo para garantizar unos mercados digitales equitativos, transparentes y competitivos. Un pequeño número de gran-des empresas tiene en sus manos un poder de mercado considerable. Los guardianes de acceso que disfruten de una posición afianzada en los mercados digitales tendrán que demostrar que compiten de forma equitativa». «El objetivo del mercado único digital es que Europa reciba a las mejores empresas y no sólo a las más grandes. Por eso tenemos que centrarnos en la aplicación de la legislación. Necesitamos una supervisión adecuada para asegurarnos que el diálogo regulador funciona», opina Andreas Schwab, eurodiputado alemán del PPE encargado de la Ley de Mercados Digitales en el Parlamen-to Europeo. Por su parte, Christel Schaldemose, eurodiputado danés del grupo S&D, encargado de la Ley de Servicios Digitales en el Parlamento, considera que «durante demasiado tiempo los gigan-tes tecnológicos se han beneficiado de la ausencia de reglas. Ahora se reforzarán las normas y los derechos».

“De la regulación a la resignación: ¿una Europa sin rumbo?», por Esther Paniagua

ÁMBITO EUROPEO

ESTHER PANIAGUA,

periodista y autora especializada en tecnología

“La UE ha hecho algo más que legislar: ha cuestionado la lógica que ha gobernado internet durante dos décadas de salvaje oeste"

De la regulación a la resignación: ¿una Europa sin rumbo?

La Unión Europea ha lanzado su órdago contra las grandes tecnológicas. Durante años, el dominio de las ‘big tech’ se ha sostenido sobre la premisa de la innovación, la eficiencia y el progreso, y sobre la idea de que su tamaño y poder eran inevitables. Europa, sin embargo, ha decidido poner en duda ese relato.

Con la Ley de Servicios Digitales y de la Ley de Mercados Digitales (DSA y DMA, por sus siglas en inglés), y también con otras como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y con la Ley de IA, la UE ha hecho algo más que legislar: ha cuestionado la lógica que ha gobernado internet durante dos décadas de salvaje oeste. No es que el Viejo Continente esté hiperregulando: es que se está poniendo al día con todo lo que tenía que haber hecho estos últimos 20 años.

El objeto de estas leyes, y en particular de la DMA, tiene nombre y apellidos: Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft y ByteDance. Los designados como “guardianes digitales” ya no gozan de la impunidad de solían. Ahora se les exige lo que durante años parecía imposible: abrir sus jardines amurallados, renunciar a las autopreferencias (que favorecen a sus propios productos) y devolver al usuario un mínimo de poder de decisión.

La victoria no es teórica. Es tangible. Los consumidores europeos ahora pueden instalar aplicaciones fuera de la App Store y pagar con métodos distintos a Apple Pay. Estas medidas no han estado exentas de críticas. Una de las principales tiene que ver con la ciberseguridad. Forzar a Apple a permitir tiendas de aplicaciones externas abre la puerta a apps maliciosas, suplantaciones de identidad y fallos de verificación, entre otros problemas. Existen mecanismos para minimizar estos riesgos, pero a partir de ahora habrá que tener más precaución.

En cuanto Microsoft, debe permitir desinstalar su navegador Edge. Google debe ofrecer pantallas de elección de buscadores y navegadores, e implementar algunas medidas de reducción del rastreo publicitario, y además se enfrenta a investigaciones por abusar de su posición en las búsquedas y en su tienda de apps. A Meta se le exige que WhatsApp sea interoperable con otros servicios de mensajería instantánea, y que los usuarios puedan usar sus plataformas sin tener que aceptar anuncios personalizados (o pagar por una suscripción de 12 euros al mes) para ello.

Las sanciones también han llegado. 500 millones de euros para Apple, 200 para Meta… Algunas organizaciones critican que deberían haber sido mayores, pero esto es solo el principio: las cifras podrían llegar al 10% de sus ingresos globales, o al 20% si reinciden.

Las ‘big tech’ no están contentas -y han anunciado apelaciones- pero la organizaciones de consumidores tampoco lo están. La DMA , la DSA, el RGPD y la ley de IA son sectoriales, por lo que falta una visión de conjunto: una arquitectura coherente que proteja a los consumidores más allá del tamaño de las plataformas.

La DMA apunta a los gigantes, muchos actores apenas por debajo del umbral siguen funcionando sin restricciones. Frente a esto, son necesarias obligaciones proporcionales para plataformas intermedias, y también una implementación accesible, para que la interoperabilidad no se traduzca en dificultades técnicas para el consumidor que quiera cambiar de navegador o tienda de apps.

Pero no solo se trata de eso. La catedrática de derecho europeo Magdalena Namysłowska apunta a una “muerte silenciosa de la ley del consumidor de la UE” en un artículo publicado en la revista científica Journal of Consumer Policy. En él, argumenta que el derecho de consumo tradicional de la UE, históricamente basado en la equidad, la diligencia profesional y un «consumidor» claramente definido, se está volviendo obsoleto en el entorno digital.

En primer lugar, por la fragmentación de las leyes sectoriales que redefinen a las personas como «usuarios» o «personas físicas», términos más genéricos que “consumidores”, que diluyen su significado e ignoran sus vulnerabilidades específicas. Y en segundo lugar por la opacidad legal e inadecuación de herramientas existentes para abordar la manipulación algorítmica, el abuso del diseño de interfaces (por ejemplo, los llamados ‘patrones oscuros’ que llevan al consumidor a realizar acciones contrarias a su voluntad) y las asimetrías digitales.

Como consecuencia, se debilita la protección del consumidor, y eso genera daños tanto económicos como sociales: menos confianza en los mercados digitales, desventajas competitivas para las empresas éticas, explotación de vulnerabilidades psicológicas, elaboración de perfiles, manipulación y aumento de la desigualdad, especialmente entre los grupos con menor alfabetización digital.

Para subsanar esto, Namysłowska propone una ‘Ley de Equidad Digital’: un reglamento horizontal que se aplique de forma uniforme en todos los Estados miembros; que incluya una cláusula general, basada en la “diligencia profesional digital”, que obligue a los comerciantes online a evitar explotar las asimetrías y vulnerabilidades digitales; la creación de una lista negra de prácticas comerciales digitales desleales, y el reconocimiento de los perjuicios no económicos (como la manipulación emocional y cognitiva).

“La pregunta ya no es si el marco jurídico debe evolucionar. La única pregunta que queda es si la Unión Europea está dispuesta a liderar esa evolución”, concluye la catedrática. Y lo cierto es que no está claro. Lejos de introducir estos cambios, el momento geopolítico actual hace pensar que pueden darse pasos hacia atrás.

Las grandes tecnológicas, aliadas con Trump, presionan para desregular y aligerar las normativas digitales, y para frustrar su correcta aplicación. Lo reflejan los tira y afloja para tratar de diluir el texto final del Código buenas prácticas de IA de propósito general. Además, han obtenido ya algunas victorias, como la reapertura del RGPD para introducir modificaciones a su favor o la propuesta de la CE de derogar la Directiva de Responsabilidad civil en materia de IA y la de Privacidad Electrónica. También se está considerando pausar la aplicación de la Ley de IA, junto con enmiendas de simplificación.

Europa parece perdida en un momento que exige, más que nunca, liderazgo. Un liderazgo fiel a su modelo, que conjuga innovación con responsabilidad, desarrollo con derechos, y progreso con principios, en línea con los valores europeos. La UE ha demostrado que es posible -y necesario- poner límites al poder desmedido de las grandes tecnológicas. Frente a la hegemonía tecnológica de los gigantes de Silicon Valley, ha exhibido su músculo como superpotencia regulatoria. Ahora no puede tirarlo todo por la borda.

El poder de las ‘tierras raras’

ALDEA GLOBAL

El poder de las ‘tierras raras’

Los expertos en química sonríen condescendientemente cuando los que no lo somos hablamos de ‘tierras raras’. “Bueno -dicen-, no son tierras, tal y como ahora las entendemos, y tampoco son tan raras”. La explicación corta es que son óxidos de distintos minerales y que, antiguamente, a estos compuestos se les llamaba tierras. Y tampoco es que todos sean tan ‘raros’, en el sentido de escasos. Pero las dificultades para su extracción y procesado y su altísimo interés económico y estratégico explican algunos movimientos de alta política.

MELCHOR DEL VALLE

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Cuando decimos que los minerales presentes en las ‘tierras raras’ no son escasos, queremos indicar que algunos son tan abundantes como el mismísimo cobre y bastante más que el oro o la plata. La rareza, por llamarlo así, es que no están presentes por sí mismos en la naturaleza, porque se encuentran unidos a otros minerales. Lo que no es raro, por añadir algo más de contexto, es que estemos ante una discutible traducción de un término inglés: rare earths.

LA DEMANDA DE LOS MINERALES ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LAS TIERRAS RARAS SE DUPLICARÁ CON CRECES PARA 2030 Y SE TRIPLICARÁ PARA 2040, SEGÚN LA AIE

Recién llegados

La humanidad no tuvo conocimiento de esos minerales hasta finales del siglo XVIII. En los años siguientes fuimos aprendiendo a extraer cada uno de los elementos que componen el conjunto que hemos acabado denominando ‘tierras raras’ y tuvo que terminar la II Guerra Mundial para que empezásemos a encontrar aplicaciones. Ahora los usamos en cosas tan cotidianas como los billetes de euro, para que no sea fácil falsificarlos; tan imprescindibles como los equipos de resonancia magnética; o tan temibles como el guiado de los misiles de crucero. Nuestros móviles, ordenadores, vehículos híbridos y eléctricos, muchos electrodomésticos… En efecto: todo lo que lleve el apellido ‘tecnología’ depende de alguno de esos diecisiete elementos.

Puede decirse que su existencia nos ayuda en nuestro día a día, pero no todo son virtudes. Su obtención es costosa y contaminante. Por un lado, los depósitos no son muy grandes y suelen estar dispersos, lo que encarece su extracción; por otro, para separar los elementos se usan ácidos y otros productos químicos que sueltan sustancias tóxicas con gran capacidad de contaminar los suelos y, por ende, las aguas subterráneas. Evitarlo con un correcto tratamiento supone un plus de encarecimiento. Y esto, sin tener en cuenta que algunos de estos minerales, tras el proceso de obtención, dejan en el medio ambiente residuos radiactivos.

Impacto económico

Según la plataforma Data Bridge Market Research (DBMR), que utiliza una red neuronal para analizar e integrar datos macro y micro, el tamaño del mercado de tierras raras en 2024 fue de 7.325 millones de euros, aunque hay algunas otras fuentes que lo sitúan hasta cerca de los 10.800 millones de euros. Por comparar, la cifra inferior supone 4,6 veces el PIB español del mismo año. En la proyección de DBMR a 2032, se calcula que la tasa de crecimiento anual compuesta, CAGR, será del 11,15% y que el tamaño del mercado superará los 17.000 millones de euros. El volumen de producción mundial de tierras raras en 2024 fue algo superior a las 390 kilotoneladas, de las que el 69,2% se obtuvieron en China.

El país asiático tiene casi el monopolio de producción minera, pero va más allá, porque procesa cerca del 90% de esos minerales críticos y dispone, además, de las mayores reservas, estimadas en 44 millones de toneladas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Vietnam, Brasil, Rusia e India, con 22, 21, 10 y 9,6 con millones de toneladas, respectivamente, lideran con China la relación de países con mayor volumen de reservas económicas probadas, que así se denominan. Ya sabemos ahora por qué Deng Xiaoping, en 1992, y en plena competencia mundial por el ‘oro negro’, ya lo tenía claro: “Los países de Oriente Medio tienen el petróleo; nosotros tenemos las tierras raras”.

Las tierras raras se incluyen en el grupo de los llamados ‘minerales críticos’, que son imprescindibles para casi todo lo que nos rodea en este primer cuarto del siglo XXI y cuya hegemonía no ha hecho más que empezar. Suele suceder, para desesperación de quienes desean analizar datos individuales, que están muy mezclados los aspectos económicos y diferenciar entre los críticos que no son tierras raras y estas suele ser complicado. Por centrar el comentario, recordemos que los minerales críticos, también llamados ‘estratégicos’, se definen en cada área geográfica según sus intereses. Por ejemplo, la lista de ellos en Estados Unidos es de 50 elementos mientras que en la Unión Europea es de 32. Lo coincidente es que en todas esas relaciones siempre figuran las tierras raras.

Pero es verdad que, de momento, hay minerales de este grupo que tienen una demanda tan alta, que eclipsan casi todo lo demás. Es el caso del cobre, sin el cual no podríamos transportar la energía eléctrica, cuya demanda en 2024 fue de 26.174 kilotoneladas (Kt), o del litio, imprescindible para las baterías, cuya demanda en 2024 fue de 205 Kt, frente a las 91 Kt de las tierras raras, según datos de la Agencia Internacional de la Energía en su informe Global Critical Minerals Outlook 2025. Hablamos, en todo caso, de minerales esenciales para las que entendemos como ‘energías limpias’, cuya demanda “se duplicaría con creces para 2030 y se triplicaría para 2040, alcanzando casi 35 millones de toneladas (Mt) anuales”, como explica el citado informe.

DENG XIAOPING EN 1992: “LOS PAÍSES DE ORIENTE MEDIO TIENEN EL PETRÓLEO, NOSOTROS TENEMOS LAS TIERRAS RARAS”

Geopolítica

Vueltos a las tierras raras, cuyo consumo actual es el doble que hace veinte años, y su previsible creciente importancia, nos quedamos antes en ese absoluto dominio del mercado por parte de China. EE. UU. no ve con buenos ojos la situación, faltaría más, y trata de encontrar recursos y soluciones para no ser tan dependiente del país asiático. Se puede entender así su interés por negociar con Ucrania la concesión de derechos mineros de ‘tierras raras’ a cambio de paz, en una complicada ‘partida de ajedrez’ con Rusia, dado que muchos de los terrenos explotables están en los territorios ucranianos ocupados tras la invasión. O el interés por Groenlandia, que ya intentó comprar en 2019, y sus enormes reservas.

Pero China va ganando la partida y no solo por los descubrimientos en el país de nuevos yacimientos. Entre sus inversiones mineras fuera de su territorio está el proyecto Kvanefjeld, precisamente en Groenlandia, en asociación con una empresa de Australia, país este último que también puede presumir de abundantes reservas. Es más: la única mina de tierras raras en activo de EE. UU., Mountain Pass, en California, que hoy es una sombra de lo que fueron sus expectativas hasta los años ochenta del pasado siglo, exporta la mayoría de su producción a China para su refinado con el fin de abaratar costes. Y es verdad que los americanos han hecho algún movimiento en el último lustro, como el acuerdo de instalar en tierras australianas una planta de procesamiento, poca cosa en el contexto internacional.

LA UNIÓN EUROPEA QUIERE SER AUTOSUFICIENTE CON EL PLAN PRESENTADO EN 2020, LA EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO DE SUECIA Y LAS NEGOCIACIONES CON KAZAJISTÁN

Los BRICS+ y la UE

Países como Rusia, Brasil o India, asociados con China en el grupo de carácter político y económico internacional de países emergentes, y alternativa al G7 occidental, cuentan con enormes reservas de tierras raras y, al menos por el momento, no parecen muy preocupados por seguir dependiendo de las pautas marcadas por lo chinos. La situación, para la Unión Europea, es diametralmente opuesta porque quiere ser autosuficiente o eso pretende con el plan presentado en 2020. No parece misión fácil si se tiene en cuenta que los europeos importamos el 98% de las tierras raras que utilizamos.

Una línea de trabajo para recudir esa dependencia es el reciclado, que de momento no es solución viable por los altos costes para recuperar los metales. Quizás tengamos un respiro con el descubrimiento en 2023 de un gran yacimiento de tierras raras en Suecia, de momento el mayor de Europa. Y veremos qué pasa con Kazajistán, que, en abril de 2025, justo después de la Primera Cumbre UE-Asia Central, anunció el descubrimiento de su mayor depósito de tierras raras, estimado en unos 20 millones de toneladas. La república ex soviética es proclive a Europa y ha implementado un Plan de Acción Individual de Asociación con la OTAN, pero es fronteriza con Rusia y China, también con Turquía. Entre estos tres países y EE.UU., seguro que les están saliendo muchos ‘novios’ a los kazajos.

Los diecisiete magníficos

El grupo de ‘tierras raras’ está compuesto por catorce lantánidos, y tres metales de transición, aunque uno de ellos, el lutecio, se incluye en ocasiones entre los lantánidos por tener un número atómico similar a estos. Estos son sus símbolos, números atómicos y nombres:

PARA SABER MÁS

Rare Earths. Seeking West‘s Strategic Responses to China‘s Dominance.
Raigirdas Boruta. Geopolitics and Security Studes Center, Lituania (2025).

Mapa de los impactos y los conflictos de las tierras raras.
Retos para una transición verde y digital.
Mariana Walter, Clàudia Custodio, John Feffer y Volahery Andriamanantenasoa.
ODG, Atlas de Justicia Ambiental, Institute for Policy Studies y CRAAD-O (2023).

Minerales críticos: datos básicos.
Murtiani Hendriwardani e Isabelle Ramdoo.
The International Institute for Sustainable Development, Canadá (2022).

«El potencial de las tierras raras en España», por José Luis Leandro Rodríguez

ALDEA GLOBAL

JOSÉ LUIS LEANDRO RODRÍGUEZ,

presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía

X: @ConsejoMinas

“El modelo energético descarbonizado y digitalizado hacia el que nos dirigimos ha disparado la demanda de las denominadas tierras raras”

El potencial de las tierras raras en España

Vivimos un momento de inflexión global en el que el acceso seguro, sostenible y autónomo a materias primas críticas se ha convertido en un asunto prioritario para la Unión Europea. Entre estos recursos, las tierras raras destacan por su valor tecnológico, estratégico y económico. España, como país con tradición minera, conocimiento técnico consolidado y potencial geológico por explorar, debe asumir el reto de posicionarse como proveedor europeo de estos recursos, bajo un modelo responsable y tecnológicamente avanzado. Desde el Consejo General de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía, consideramos que esta oportunidad debe abordarse con seriedad, visión de futuro y consenso social.

Las tierras raras son elementos fundamentales en el desarrollo de tecnologías limpias y digitales. Pese a su abundancia relativa en la corteza terrestre, su aprovechamiento económico presenta retos geológicos, tecnológicos, ambientales y sociales. El término tierras raras alude a un grupo de diecisiete elementos químicos, incluidos los quince denominados lantánidos, que incluyen entre otros, neodimio, terbio, praseodimio, además del escandio e itrio. Aunque su denominación pueda inducir a error, no son particularmente escasos, lo que resulta infrecuente es encontrarlos en concentraciones suficientemente elevadas como para permitir una explotación económicamente viable.

Es esencial distinguir entre tierras raras y minerales críticos o estratégicos. Este último concepto abarca todos aquellos minerales indispensables para sectores clave (energía, defensa, electrónica) cuyo abastecimiento presenta un riesgo significativo. En este grupo se incluyen elementos como el litio, el cobalto, el níquel o el cobre. Por tanto, todas las tierras raras pueden considerarse minerales críticos o estratégicos, pero no todos los minerales críticos son tierras raras.

El modelo energético descarbonizado y digitalizado hacia el que nos dirigimos ha disparado la demanda de las denominadas tierras raras. Se estima que su consumo se incrementará de manera exponencial en las próximas décadas, impulsado por la expansión de los vehículos eléctricos, turbinas eólicas, redes eléctricas inteligentes y dispositivos electrónicos avanzados.

En la actualidad Asia y particularmente China concentran la mayor parte de la producción mundial, lo que ha generado una dependencia que preocupa a la Unión Europea y a otras economías avanzadas. Esta situación ha motivado la búsqueda de alternativas que garanticen el suministro a largo plazo, incluyendo la reactivación de minas, la exploración e investigación de nuevos yacimientos y el desarrollo de tecnologías de reciclaje.

España cuenta con un potencial geológico relevante en cuanto a tierras raras, especialmente asociado a depósitos de monacita, bastnasita y otros minerales portadores. Entre los proyectos más significativos destacan: Matamulas en Castilla-La Mancha, yacimiento con una acumulación relevante de monacita, que el gobierno autonómico rechazó en su día la tramitación del proyecto por el elevado consumo de agua y el supuesto impacto sobre algunas especies protegidas. Monte Galiñeiro en Galicia, donde la iniciativa fue también desestimada en principio por la oposición social y el posible riesgo ambiental. Por otro lado, en Extremadura, Andalucía y Canarias, diversas investigaciones, apuntan a la existencia de yacimientos importantes. Sin embargo, se localizan en zonas de cierto valor ambiental o turístico, lo que complicará su aprovechamiento.

El aprovechamiento de yacimientos de tierras raras en España debe afrontar diversos desafíos interrelacionados. Por una parte, ambientales ya que esta minería genera residuos y una gestión deficiente puede comprometer ecosistemas frágiles. Es indispensable por ello, la aplicación de tecnologías limpias, sistemas de tratamiento adecuados y estrictos controles. El segundo desafío es el social, en muchos casos, las comunidades locales muestran reticencias ante la apertura de explotaciones mineras debido al temor por los impactos sobre el modelo económico local, basado en la agricultura, el turismo o la conservación. Este fenómeno, refleja una contradicción estructural, ya que la sociedad demanda más tecnología, pero rechaza su explotación. El tercer desafío es el económico; la extracción y el procesamiento de tierras raras requieren inversiones intensivas y tecnologías específicas. Además, los costes laborales y ambientales más estrictos en Europa reducen la competitividad frente a países con regulaciones menos exigentes.

Como Estado miembro de la UE, España está en disposición de convertirse en un actor clave dentro de la estrategia europea para materias primas críticas. Pero para ello es necesario, en primer lugar, establecer marcos regulatorios estables y exigentes, que proporcionen seguridad jurídica y garanticen la sostenibilidad ambiental. En segundo lugar, impulsar la investigación geológica y metalúrgica, incluyendo tecnologías de extracción con bajo impacto y sistemas de economía circular, como el reciclaje de dispositivos electrónicos. Por otra parte, desarrollar mecanismos de participación social que integren a las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones, fomentando modelos de gobernanza compartida y, por último, promover la formación de profesionales especializados en geología, minería responsable, gestión ambiental y economía de recursos estratégicos. Aprovechar este potencial requiere una visión a largo plazo, basada en el equilibrio entre desarrollo económico y cohesión social. Solo así será posible construir un modelo minero moderno, transparente y alineado con los valores de sostenibilidad que exige el siglo XXI.

Desde el Consejo de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía hacemos una llamada a las Administraciones, al tejido empresarial y a la sociedad en general, para construir juntos un futuro donde los recursos minerales no sean una amenaza, sino una herramienta al servicio del desarrollo de nuestro país.

La incertidumbre de las Pymes españolas

ENTRE MAGNITUDES

LA INCERTIDUMBRE DE LAS PYMES ESPAÑOLAS

El retorno de Trump en 2025 ha desatado una renovada disputa comercial internacional. Un conflicto multilateral, más virulento aún que el iniciado en su primer mandato, tras la imposición indiscriminada de aranceles a casi todos los países del mundo. Los vaivenes judiciales y constantes volantazos de opinión del inquilino de la Casa Blanca están generando una alta volatilidad en los mercados financieros y, en definitiva, remodelando las reglas de juego del tablero geopolítico mundial. Ante este panorama las empresas españolas, especialmente las pymes, deben afrontar un escenario de creciente incertidumbre ante un incierto futuro.

FERNANDO GEIJO

E-mail: [email protected]
X: @fergeijo

El caos generado por el autodenominado ‘día de la liberación’ parece haber llegado para quedarse. Al menos en términos de intercambios económicos y mientras dure el mandato del 47º presidente de los Estados Unidos. De hecho, las promesas que lanzó en ese sentido durante su campaña electoral se están cumpliendo al pie de la letra. Con ello, el mandatario republicano ha desatado un auténtico tsunami de inseguridad entre gobiernos y gestores empresariales de medio mundo. El resultado está siendo nada menos que la reconfiguración de las normas comerciales, aún por reescribirse, con tres grandes protagonistas: unos Estados Unidos que tratan de salir de su aparente ocaso, una China en ascenso imparable y una Unión Europea inmersa en su dinámica interna.

Un entorno con inciertas consecuencias que está impactando entre todas las compañías, pero, especialmente, entre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Un colectivo que es el auténtico motor económico de España, dado que supone nada menos que el 99,8% del total de nuestro tejido productivo, con alrededor de tres millones de empresas, de las que 1,1 millones serían micropymes (con menos de 10 empleados y una facturación por debajo de los dos millones de euros anuales).

EL GOBIERNO HA PUESTO EN MARCHA UN PAQUETE DE AYUDAS A LAS EMPRESAS POR IMPORTE DE 14.100 MILLONES DE EUROS

Línea proteccionista. El retorno de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. ha reactivado su agenda proteccionista con un anuncio que inquietó a empresas exportadoras de todo el mundo: imponer aranceles generales de entre el 10% y el 20% a los productos importados.

Aunque estas medidas no están plenamente en vigor, por las idas y venidas de la Casa Blanca y las restricciones impuestas por sus propios tribunales de justicia, la posibilidad de su aplicación efectiva como arma negociadora para obtener ventajas competitivas en posteriores acuerdos comerciales ha encendido las alarmas entre las compañías españolas, sobre todo aquellas con fuerte presencia en el mercado estadounidense. La memoria reciente de la guerra comercial durante su anterior mandato, entre 2017 y 2021, no deja lugar a dudas sobre ese posible impacto.

Tenemos un plan. Frente a la amenaza comercial procedente de Washington, el Gobierno español ha puesto en marcha una batería de medidas destinadas a proteger al tejido empresarial nacional. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presentó recientemente el nuevo Plan ICEX de Alto Impacto en Competitividad, una iniciativa incluida en el paquete económico de 14.100 millones de euros aprobado por el Ejecutivo.

El documento se dirige especialmente a las pequeñas y medianas empresas, las más vulnerables ante escenarios de tensión comercial internacional. Entre sus acciones más destacadas figuran programas como el ICEX 500, centrado en las 500 compañías responsables del 77% de las exportaciones a EE.UU., y el ICEX-Invest in Spain, orientado a facilitar la conexión entre pymes y un destacado número de inversores internacionales, 100 en concreto, con el objetivo de reforzar sus cadenas de valor.

En paralelo, se implementarán tres líneas de apoyo sectorial: un programa de innovación abierta para 200 empresas medianas; asesoramiento en intangibles y estrategia para 700 pymes, y una plataforma de mentorías y financiación para apoyar el crecimiento de 200 startups. Para agilizar la atención empresarial, el ICEX ofrecerá también respuestas a consultas en menos de 24 horas e impartirá jornadas informativas semanales.

Una de las novedades clave de esta ofensiva al apoyo empresarial es la creación de un portal digital basado en la inteligencia artificial, destinado a reducir la burocracia, una de las principales demandas empresariales, y a facilitar el acceso a las ayudas. Asimismo, se establecerá un observatorio conjunto con las comunidades autónomas de cara a realizar un seguimiento mensual del impacto arancelario y a ajustar las medidas conforme evolucione la situación internacional.

Asimismo, el Ejecutivo activará una nueva línea de avales a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un valor inicial de 1.000 millones de euros, ampliables hasta 5.000 millones de euros, para proporcionar liquidez a las empresas afectadas por los aranceles. Aunque no se contemplan, por ahora, la concesión de ayudas directas, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de reforzar su apoyo si se intensifica la escalada comercial. Máxime a tenor de las renovadas amenazas expresadas por Trump a resultas de la negativa del Gobierno español para, en el marco de la OTAN, dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa para 2035.

EL ICO ABRIRÁ A LAS EMPRESAS UNA LÍNEA DE AVALES POR 1.000 MILLONES, AMPLIABLES HASTA 5.000 MILLONES DE EUROS

La tormenta arancelaria. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha sido una de las primeras voces en pronunciarse sobre la situación generada por los anuncios de Trump. En un comunicado emitido tras la reunión de su Comité Ejecutivo, la patronal calificó de devastador el posible impacto de los nuevos aranceles para las pymes españolas, puesto que ya habían sufrido las consecuencias de la guerra comercial anterior y la crisis inflacionaria posterior.

Según CEPYME, muchas pequeñas empresas lograron diversificar sus actividades hacia el exterior tras la última crisis financiera, pero carecen ahora de la capacidad financiera y operativa para absorber un nuevo golpe de este calibre. La patronal considera que las medidas anunciadas por el Gobierno, aunque bien orientadas, resultan insuficientes y estarían demasiado condicionadas, especialmente en lo referente a los avales o programas como los ERTE, cuya tramitación burocrática podría desincentivar su uso en un entorno tan incierto.

Desde la organización empresarial se pide una reorientación de las ayudas hacia instrumentos ágiles y adaptativos, que permitan redirigir ventas y adaptar producciones. Entre sus propuestas figura el refuerzo de la cobertura crediticia pública, gestionada a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), y una revisión de la presión fiscal y regulatoria que, según la patronal, ha seguido en aumento y limita la maniobrabilidad de muchas pymes. Y todo ello sin olvidar las consecuencias del efecto dominó que se puede producir en una economía global hiperconectada, vía reexportación de piezas de un país a otro.

Por la seguridad jurídica. Los delicados engranajes que mueven las entrelazadas ruedas de las cadenas internacionales de suministro conforman un tablero comercial donde el objetivo de las empresas ya no es la búsqueda de la eficiencia, produciendo donde sea más barato, sino la obtención de seguridad jurídica.

El nuevo mandato de Donald Trump representa una amenaza real para la internacionalización de las empresas españolas, pero también una oportunidad para consolidar estrategias de resiliencia. La respuesta del Gobierno muestra voluntad de actuar con rapidez y coordinación. Las patronales, por su parte, solicitan ambición y ajustes realistas.

Independientemente de los acuerdos comerciales que se puedan alcanzar, lo cierto es que el daño ya parece estar hecho y la disposición de un nuevo orden mundial parece estar en marcha de forma inexorable. La sensación de certidumbre en que estaba instalada la economía mundial en las últimas décadas ha saltado por los aires y ha hecho abrir los ojos a muchos gestores empresariales.

El comercio internacional se mueve hoy en un terreno incierto y volátil. Las compañías que mejor se adapten, diversifiquen y apuesten por la innovación podrán no solo sobrevivir sino salir fortalecidas. Mientras tanto, el tejido empresarial español espera con cautela la concreción de las medidas desde Washington. El tiempo apremia y las decisiones que se tomen en los próximos meses marcarán el rumbo de la economía exterior española en los años venideros.

Nuevas fórmulas

Las medidas desplegadas por las empresas españolas durante el anterior mandato de Trump consistieron en diversificar hacia otros mercados, como Asia, América Latina u Oriente Medio; en renegociar condiciones para distribuir el sobrecoste con los importadores; en reubicar parte de la producción en terceros países; utilizar herramientas para digitalizar procesos, y en explorar el comercio electrónico como impulso comercial.

¿Qué exporta España a EE.UU.?

En 2024 se exportaron bienes por valor de unos 18.000 millones de euros, más del 1% del PIB, lo que convierte a EE.UU. en el principal mercado extracomunitario de España.

Las principales exportaciones españolas fueron bienes de equipo, como motores de propulsión, hidráulicos, mecánicos y eléctricos; semimanufacturas como químicos, plásticos y materiales de construcción; combustibles y aceites minerales; productos agroalimentarios; medicamentos y perfumería.

El porcentaje de exportaciones a EE.UU. de las principales economías de la eurozona ronda, en el caso de Alemania e Italia, el 10% de su PIB, y en el de Francia el 7%.

Ojo al dato

´Plan Alto Impacto en Competitividad, 2025´. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

´Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, 2025´. Gobierno de España.

´Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial´. Boletín Oficial del Estado (BOE).

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