Finanzas sostenibles para un planeta único

ENTRE MAGNITUDES

Finanzas sostenibles para un PLANETA ÚNICO

A estas alturas casi nadie duda de que no existe un planeta B al que huir en caso de implosión del nuestro. Este feliz aforismo acuñado por el ecologismo en referencia a la inexistencia de planes medioambientales creíbles y, por tanto, ante la acuciante necesidad de cuidar nuestro mundo, ha desbordado los límites del obvio respeto por la naturaleza para instalarse en todos los órdenes en los que interviene el ser humano. Su última conquista ha sido alcanzar el acotado olimpo inversor para empaparlo de esos valores. Como consecuencia de ello, la tendencia actual apunta a la preferencia por los productos financieros que invierten en empresas comprometidas con las denominadas cuestiones ASG (acrónimo de ambientales, sociales y de gobernanza).

FERNANDO GEIJO

@fergeijo

Fernando Geijo

La evidente degradación medioambiental está suponiendo un auténtico aldabonazo en la conciencia colectiva mundial que, sin duda, ha llegado para quedarse. Este cambio de paradigma está transformando la forma de consumir en todos los ámbitos de la vida. Impulsado por las nuevas generaciones, impregna su influencia como una mancha de aceite que ya se extiende transversalmente en la mentalidad de todos los grupos de edad a lo largo y ancho de todo el planeta.

No cabe duda de que el coronavirus ha acelerado algunos sesgos que ya se observaban entre los consumidores de todo el mundo, especialmente entre los más pudientes. El más significativo tiene que ver con el rechazo a la ostentación y, por ende, con la adopción de actitudes de consumo respetuosas con el entorno, como la elección de productos de proximidad, y con la calidad del trabajo de los demás.

Los conocidos como factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), o ESG por sus siglas en inglés, están viviendo, al calor de la regulación impulsada para fomentarlas, la aceleración de la rendición empresarial de cuentas bajo esos criterios.

Regular para cambiar. El Reglamento 2019/2088 del Parlamento Europeo sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector financiero entró en vigor el pasado mes de marzo. Pero, además, la batería de medidas que se está cocinando para apuntalar este cambio de mentalidad en la gestión empresarial se completará, a finales de año, con el desarrollo legislativo que impulsará políticas verdes y de mayor protección social. Asimismo, también está prevista la llegada de la conocida como Ecolabel, para distinguir con un marchamo los productos financieros sostenibles, o de la Directiva de gobierno corporativo, que ya está preparando la Comisión Europea.

En los últimos años también se han puesto en marcha otras iniciativas relevantes en la materia, como el Pacto Verde por el que la Unión Europea pretende ser neutra en carbono en 2050, el Pacto SDG Ambition y la iniciativa Business Ambition for 1,5ºC, ambas impulsadas por la ONU, o, por último y sin salir de España, la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que pretende acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar emisiones y alcanzar la neutralidad del país en 2050.

El activismo ecologista fue el germen de este cambio de percepción global. La chispa, si se prefiere, que puso en marcha un cambio de conciencia que se veía venir ante unos ecosistemas agotados por un enfoque capitalista basado en la constante depredación de los recursos.

La inversión socialmente responsable es la derivada natural para tratar de alcanzar las ambiciosas metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un mega plan director impulsado desde Naciones Unidas (ONU) para trazar una hoja de ruta que posibilite en 2030 un mundo mejor en el que se ponga fin a la pobreza, se fomente la igualdad y, en definitiva, se aborden de forma urgente las medidas necesarias para enfrentar las consecuencias del cambio climático.

A pesar de que los responsables de implementar estas transformaciones son los diferentes gobiernos nacionales de los países implicados, un total de 193 firmaron el acuerdo en 2015 con el objetivo explícito y solemne de “Transformar nuestro mundo”. En última instancia, sin una acción comprometida por parte de las empresas no se alcanzarían los objetivos previstos.

Círculo virtuoso. La integración de la inversión responsable en el proceso de toma de decisiones de las empresas genera también un aspecto que resulta clave para potenciar su desarrollo, en términos de rentabilidad social generada. Por tanto, nos encontraríamos ante las dos caras de una misma moneda que coexisten para conformar juntas una nueva realidad holística.

Los clientes demandan cada vez más que se mida el impacto de estas iniciativas y, por ello, las empresas ofrecen nuevos productos alineados con las políticas empresariales que tienen en cuenta el impacto social que generan en los mercados.

Además, las cuestiones ASG también impactan de forma positiva en el atractivo de las empresas para los empleados, como quedó reflejado en un estudio realizado ya en 2016 al señalar entre sus conclusiones la preferencia de hasta un 93% de ellos en desempeñar su labor en una compañía que se preocupe por ellos a nivel individual.

Pero no se trata sólo de contribuir a lograr una sociedad más sostenible sino de que esto case con la legítima obtención de una mayor rentabilidad. De hecho, múltiples estudios han constatado durante la pandemia, que esa sostenibilidad es rentable, ya que las empresas con más criterios ASG han resistido mejor la crisis. Y para muestra un botón: durante el primer trimestre de 2020, los fondos de inversión más sostenibles batieron en rentabilidad al 70% de sus homólogos.

El progreso de los ASG ha sido meteórico y, en la actualidad, se antoja fundamental cumplir con los parámetros sostenibles a la hora de invertir. No en vano, está comprobado que ignorar esos factores impacta negativamente en el rendimiento de las empresas, así como en sus clientes e inversores.

En este contexto, el salto exponencial de las inversiones sostenibles ha sido evidente en los últimos años, demostrando su resistencia en esta pandemia sanitaria frente a las inversiones tradicionales.

España tampoco es ajena a este movimiento global. De hecho, la financiación sostenible aumentó en el país en un 45% en 2020 con respecto al año anterior, hasta sumar nada menos que 33.026 millones de euros, según el Informe anual sobre La Financiación Sostenible en España en 2020, elaborado por el Observatorio español de la Financiación Sostenible (OFISO).

Por su parte, la prestigiosa gestora de activos Schroders asegura que el porcentaje de inversores en productos sostenibles entre 2018 y 2020 alcanzó un 47% frente al 42% en ese lapso de tiempo, mientras que en EE.UU. el montante total en este tipo de activos se duplicó en los primeros meses del pasado ejercicio.

A estas alturas parece obvio que la empresa perfecta no existe. Sin embargo, la constatación fehaciente del mejor comportamiento, no sólo social y medioambiental sino también financiero, marca un evidente punto de inflexión que ilumina el camino hacia un tipo de compañía mejor gestionada, más equitativa con sus empleados, resiliente ante las crisis y, en definitiva, más concienciada y sensible con el impacto que provoca en su entorno.

Las metas claras

Hace unos años Naciones Unidas lanzó la mayor iniciativa planetaria en materia de sostenibilidad, progreso social y responsabilidad corporativa, el denominado Pacto Mundial. Un ambicioso proyecto que busca facilitar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la concienciación empresarial a fin de comprometerse con unos principios relacionados con el respeto a los derechos humanos, laborales y medioambientales.
Los diez principios que las empresas adheridas al mismo deben cumplir son:

  • Apoyo y respeto a la protección de derechos humanos.
  • Evitar ser partícipes de vulneraciones de derechos humanos.
  • Promover la libertad de asociación y del derecho de negociación colectiva.
  • Eliminar el trabajo forzado u obligatorio.
  • Abolir la mano de obra infantil.
  • Eliminar la discriminación en el acceso al empleo.
  • Apoyar la prevención en la defensa medioambiental.
  • Fomentar la responsabilidad ambiental.
  • Promover las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
  • Trabajar contra toda forma de corrupción.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Señalados por el índice

Los inversores están cada vez más interesados en apostar por empresas sostenibles presentes en índices de sostenibilidad tan reconocidos internacionalmente como el Carbon Disclosure Project, el FTSE4Good Global Index, el Dow Jones Sustainability Index, pionero en la materia, o incluso el Great Place to Work. Aunque existen otros índices sostenibles, como Vigeo, KLD u Oekom, además de especializados en materias medioambientales (FTSE Environmental Opportunities), éticas (Calvert Social Index) e incluso religiosas (Stoxx Euro Christian).

Ojo al dato

Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020. Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Principios para la Inversión Responsable. United Nations Global CompactFinance Initiative UNEP.

Informe anual del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO). La Financiación Sostenible en España en 2020.

Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética. Congreso de los Diputados. Boletín Oficial del Estado.

Global Wealth and Lyfestyle Report 2021. Julius Bär.

«Determinación frente a la incertidumbre», por José Luis Martínez Campuzano

ENTRE MAGNITUDES

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CAMPUZANO
portavoz de la Asociación Española de Banca

 

Determinación frente a la incertidumbre

@Aebanca

El primer paso para resolver un problema es hacer un buen diagnóstico y sobre esa base tomar las medidas necesarias para resolverlo. Pero es muy difícil hacer esta radiografía cuando la falta de información y la incertidumbre son muy elevadas, ya sea porque no hay precedente histórico o porque el aprendizaje se hace sobre la marcha, a costa de vidas humanas y una parálisis económica casi total.

A pesar de que al inicio de la pandemia el desconocimiento sobre el coronavirus no permitía hacer un diagnóstico concluyente, la gravedad de la situación llevó a las autoridades a tomar medidas inmediatas y extraordinarias, apoyadas en el consenso y la cooperación internacional. A escala global, el impulso fiscal implementado ha superado los 11 billones de dólares. También ha sido excepcional la expansión monetaria desarrollada para estabilizar los mercados financieros y llevar la liquidez que necesitan familias y empresas a través de los bancos. Estos se han implicado desde el inicio, con todos sus recursos humanos y financieros, mostrando que la colaboración público-privada es imprescindible para proteger el tejido productivo y aminorar el impacto de la crisis en los más vulnerables. Desde el primer momento, el objetivo de las medidas ha sido mantener la renta de las familias y ofrecer liquidez y financiación a las empresas, bajo reglas más flexibles como la relajación de los objetivos de déficit o de ayudas públicas a nivel europeo.

La determinación del sector bancario para paliar los efectos del coronavirus ha ido mucho más allá de su función básica de garantizar en todo momento los productos y servicios bancarios necesarios, algo que logró desde el inicio de la pandemia, sin ningún tipo de incidencia, gracias a la clara apuesta por la digitalización que emprendió hace ya más de una década. Los bancos también han facilitado el aplazamiento de los pagos de clientes en situaciones de estrés económico y han adelantado tanto el pago de las pensiones, para reforzar la protección de nuestros mayores, como de las prestaciones por desempleo, en estrecha colaboración con el SEPE.

La gravedad de la situación también ha llevado a los bancos a tomar medidas ajenas a la operativa habitual de una entidad de depósito. Han dotado fondos para ayudar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, para facilitar la llegada de material médico a los hospitales y para investigar una vacuna para la enfermedad. Sus empleados han desarrollado proyectos como voluntarios para recaudar fondos y aliviar las dificultades de niños y mayores, así como para mejorar la preparación de los jóvenes para que encuentren trabajo. Pero estos son solo algunos ejemplos de las medidas ‘no bancarias’ de los bancos, fruto de su compromiso con la sociedad en los momentos más difíciles.

Con estas y otras iniciativas, la banca ha confirmado que es un sector esencial para que la economía siguiera funcionando durante el confinamiento y las restricciones a la movilidad, y que la colaboración con el sector público redunda en beneficio del conjunto de la sociedad. La cooperación internacional también se ha reforzado en la lucha contra la pandemia, para obtener vacunas en tiempo récord, por ejemplo. Pero lo fundamental ha sido la responsabilidad personal asumida por cada uno de nosotros, en función de nuestras posibilidades, en aras de vencer al virus.

En el plano sanitario, estamos aprendiendo a vivir con la pandemia de forma responsable, con distanciamiento social y mascarillas en nuestro día a día, entre otras medidas. En el plano económico, también tendremos que mantener los principios que tan buenos resultados han dado hasta el momento: la inmediatez, la contundencia y la perseverancia en las medidas tomadas. Para que esta estrategia funcione requiere el consenso de todos los agentes a escala internacional. Como el que ha demostrado Europa con la creación de un fondo conjunto que refuerce las medidas tomadas en cada país para lograr un crecimiento sostenible y digital. Los fondos europeos son un paso significativo en la construcción europea y un mecanismo de estabilización y desarrollo económico que ofrecen margen de maniobra a España para responder a la crisis y modernizar su tejido productivo. En su habitual y estrecha colaboración con las autoridades, los bancos pueden contribuir a una eficaz distribución de estos fondos para impulsar la reconstrucción de la economía. Con su capilaridad y cercanía al cliente, no solo pueden identificar e impulsar los proyectos a financiar, sino que pueden anticipar fondos y cofinanciar iniciativas en ámbitos en los que tienen conocimiento y experiencia.

El esperado fin de la crisis sanitaria nos dejará una situación económica donde la prioridad será recuperar lo perdido, aunque no podamos volver atrás y nada volverá a ser igual. La información y experiencia de la que disponemos, sin embargo, nos permite plantear una estrategia a seguir ahora que ya disponemos de un diagnóstico concluyente de la situación y que sabemos lo que queremos. Aprovechemos el inmenso desafío de volver a la normalidad diseñando una mejor que la que disfrutábamos hasta que la Covid19 desbarató nuestra vida. 

El compromiso de los accionistas

DEBATE PARLAMENTARIO

El compromiso de los accionistas

La nueva normativa para fomentar la implicación de los accionistas en las sociedades cotizadas favorecerá que estas empresas crezcan de forma más sostenible y que tengan más facilidades para acceder a la financiación de los mercados.

ELVIRA ARROYO
 

LA COMISIÓN DE Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados ha aprobado con competencia legislativa plena el Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras) en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo, de los accionistas en las sociedades cotizadas.

Uno de los objetivos de esta reforma es impedir las estrategias de inversión cortoplacistas, que afectan negativamente al desarrollo sostenible de las sociedades cotizadas. Al parecer, la presión por generar y distribuir beneficios en el corto plazo lleva a las empresas a centrarse en exceso en los resultados financieros trimestrales. Algunas actuaciones, como los programas de recompra de acciones o las reestructuraciones societarias, generan beneficios financie ros efímeros que, sin embargo, pueden hipotecar el futuro sostenible de la compañía y de sus accionistas, trabajadores, acreedores y clientes. Para evitar estos enfoques cortoplacistas, la nueva ley suprime la obligación de elaborar informes financieros trimestrales a las sociedades cotizadas, igual que han hecho otros países de la Unión Europea.

Por otro lado, la Comisión Europea sostiene que si la mayoría de los accionistas mantienen una actitud pasiva, no buscan la interacción con la empresa y no ejercen su derecho de voto, el funcionamiento del sistema de gobierno corporativo es menos eficaz. Por contra, las medidas que refuercen el compromiso en el tiempo de los accionistas ayudarían a mejorar el rendimiento financiero y no financiero de las sociedades cotizadas.

En esta línea, la ley reconoce el derecho de estas sociedades a obtener del depositario central de valores la identidad de sus accionistas, de manera que puedan comunicarse directamente con ellos para facilitarles el ejercicio de sus derechos. Además, cuando la entidad o persona legitimada como accionista en el libro de registro de las acciones sea un intermediario, la compañía tendrá derecho a conocer la identidad del beneficiario último.

Votaciones. Otra novedad es la introducción en nuestro Derecho societario de las denominadas “acciones de lealtad” con voto adicional, mediante las cuales las sociedades cotizadas podrán otorgar en sus estatutos derechos de voto añadidos a las acciones que su titular haya mantenido ininterrumpidamente durante un mínimo de dos años. De este modo se pretende motivar a los accionistas a sostener su inversión en el largo plazo y reducir las presiones cortoplacistas sobre la gestión de las empresas.

Al mismo tiempo, se regula por primera vez la figura de los asesores de voto o proxy advisors, que aconsejan a los inversores sobre el ejercicio del derecho de voto derivado de la titularidad de acciones. A partir de ahora, estas entidades estarán obligadas a comunicar el código de conducta al que estén adheridas y publicarán cada año un informe que explique a sus clientes la fiabilidad de sus actividades.

También se menciona expresamente el derecho de los accionistas a votar la política de remuneraciones de los consejeros, algo que en España se hace desde hace años. El principal cambio es que la directiva ha extendido este mecanismo a toda la Unión Europea, con la posibilidad de que las políticas de remuneración permanezcan vigentes hasta cuatro años y las votaciones tengan un carácter consultivo. En España, el plazo máximo es de tres años y el voto de la junta general de accionistas es vinculante. En concreto, el texto legal aprobado dispone que, si la política de remuneraciones es rechazada por la junta general, se seguirá aplicando la política en vigor y en la siguiente junta se someterá a aprobación una nueva política de remuneraciones.

Transparencia. También se han incorporado a la normativa española las disposiciones europeas relativas a la política de transparencia de los inversores institucionales. Las entidades de inversión colectiva estarán obligadas a publicar su implicación en las sociedades en las que invierten, explicando cómo realizan el seguimiento de estas compañías en lo que se refiere a la estrategia, el rendimiento financiero y no financiero, la estructura del capital, el impacto social y medioambiental y el gobierno corporativo.

A la vez, España ha adaptado a la normativa europea el umbral a partir del cual una emisión de valores requiere la elaboración y publicación de folleto informativo, elevándolo de cinco a ocho millones de euros. La única excepción son las entidades de crédito, para las que se mantiene la barrera de cinco millones. No obstante, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podrá exigir la publicación de un folleto cuando la emisión no supere los umbrales mencionados, pero la complejidad del emisor o del instrumento financiero lo aconsejen para proteger a los inversores.

Financiación. El Gobierno ha aprovechado esta ley para introducir otros cambios normativos al margen de la directiva europea, con el objetivo de mejorar el acceso a la financiación de las sociedades cotizadas. Para ello, se modifica la Ley de Sociedades de Capital haciendo más sencillos los procesos de captación de capital en el mercado, lo que se considera especialmente oportuno en el actual contexto, en el que muchas empresas necesitan reforzar su estructura de capital.

Entre otras medidas, se reduce de 15 a 10 días naturales el plazo mínimo para ejercer el derecho de suscripción preferente. De este modo, las compañías podrán acortar el periodo que transcurre entre el lanzamiento y el cierre de las operaciones y, por tanto, rebajar costes.

Más allá del beneficio económico

EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL de Davos aprobó en 2020 un manifiesto con los principios que deben guiar a las empresas en la cuarta revolución industrial. Entre otros aspectos, señalan que una empresa es algo más que una unidad económica generadora de riqueza. El rendimiento no debe medirse solo como los beneficios de los accionistas, sino también en relación con el cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales.

Además, los firmantes de Davos recuerdan que las empresas no deben cumplir únicamente con sus accionistas, sino con todos sus stakeholders: empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y la sociedad en general.

Operaciones vinculadas

LA NUEVA NORMATIVA adapta la definición de “operaciones vinculadas” a las normas internacionales de información financiera. Tendrán esta consideración las operaciones realizadas por la sociedad o sus sociedades dependientes con consejeros, accionistas titulares de un 10% o más de los derechos de voto, o representados en el consejo de administración de la sociedad.

No serán operaciones vinculadas:

  • Las operaciones realizadas entre la sociedad y sus sociedades dependientes íntegramente participadas.
  • La aprobación por el consejo del contrato a suscribir entre la sociedad y cualquier consejero que vaya a desempeñar funciones ejecutivas.
  • Las operaciones celebradas por entidades de crédito basándose en medidas destinadas a la salvaguardia de su estabilidad.
El notario en las juntas generales telemáticas

LA FUNCIÓN NOTARIAL es muy diversa y, entre las actividades que desarrolla el notario está la de acudir a las juntas generales de las sociedades, cuando así se lo requieren, para levantar acta de éstas. El acta notarial de junta general se encuentra regulada en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento del Registro Mercantil.

Uno de los cambios impuestos por la pandemia ha sido la sustitución de las reuniones físicas por telemáticas (bien sean totalmente telemáticas o bien con previsión de asistencia y voto por medios telemáticos) lo que ha llevado a celebrar de forma no presencial la mayor parte de las juntas generales. El Real Decreto-ley 34/2020 extiende a todo el año 2021 la posibilidad de celebración de juntas totalmente telemáticas de sociedades limitadas y comanditarias por acciones y de juntas con asistencia por medios telemáticos y voto a distancia en las sociedades anónimas cotizadas o no.

PEDRO CASARES

Diputado y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso

@pedro_casares

“Pretende evitar posiciones cortoplacistas y efectos perjudiciales sobre la economía y la sociedad”

TRAS años de intensas negociaciones en el seno de la Unión Europea, se traspone al ordenamiento jurídico español la directiva que fomentará que los accionistas participen a más largo plazo en las sociedades en las que invierten. Se trata de una ley aprobada por unanimidad en el Congreso, que pretende evitar posiciones cortoplacistas y, por ende, impedir efectos perjudiciales sobre el conjunto de la economía y la sociedad.

Evitar este “capitalismo trimestral” es imprescindible para generar modelos más estables, con menor apalancamiento y que permitirán mejorar el rendimiento financiero y no financiero de las sociedades. No olvidemos que esta posición supone una implicación de las instituciones europeas y el Gobierno de España con los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas y que son compartidos por la OCDE y el G20.

CUCA GAMARRA

Diputada del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

@cucagamarra
[email protected]

“En el contexto actual es aún más necesaria la implicación a largo plazo de los accionistas”

El doble shock económico sufrido a raíz de la pandemia ha puesto a prueba la supervivencia en el corto plazo de miles de empresas en todo el mundo, la mayoría de las cuales se han mantenido gracias a una base de accionistas conocedora de los sólidos fundamentos de sus empresas en el largo plazo.

Si en condiciones normales ya era importante avanzar en esa dirección, en el contexto actual se hace aún más necesario fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas, tal y como busca la ley.

Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado 24 enmiendas que ponen en valor el papel de economistas, auditores, contables y otros profesionales que, como expertos independientes, garantizan la transparencia y veracidad de la información que se hace pública en las distintas operaciones que afectan a los accionistas.

* Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.