EN CURSO LEGAL

Beatriz Artolazabal,

consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco

«En los próximos meses presentaremos el Plan de Justicia Digital para Euskadi»

En 2020 Beatriz Artolazabal (Vitoria, 1970) se hizo cargo de la macroconsejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, tras cuatro años al frente de Empleo y Políticas Sociales. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV-EHU, especialidad en Economía Internacional y Desarrollo, trabajó durante años como administradora en varias empresas hasta que en 2000 llegó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la coalición PNV-EA. En 2008 fue nombrada Directora de Economía y Finanzas del Hospital de Santiago de Vitoria-Gasteiz. Cinco años después, se convirtió en Directora de Economía y Finanzas del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. En 2016, el lehendakari Iñigo Urkullu la llamó para formar parte del Gobierno Vasco.

ALEX OVIEDO

alexoviedo1968@gmail.com

@ajoviedo

–Tras casi un año al frente del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, ¿qué valoración hace de su labor y del trabajo que desarrolló en Empleo y Políticas Sociales?
–Nuestra labor sigue siendo la misma: atender a personas, familias y colectivos vulnerables. Desde 2016 nos volcamos en ese trabajo que resulta apasionante, y así seguimos. La valoración no la debo hacer yo.

–¿Cuál es el reto de cara a los próximos cuatro años en los tres frentes en los que se divide la consejería?
–Son varios retos, pero el principal es seguir apostando por políticas que no dejen a nadie atrás, que cohesionen mejor nuestro país, incidiendo en materia de igualdad y no discriminación.

–De los tres flancos en los que se divide su departamento, ¿considera que hay alguno en el que debe mostrar una especial atención?
–Aunque no están incluidos en el enunciado de “Igualdad, Justicia y Políticas Sociales” también nos incumbe todo lo relacionado con el impulso de los derechos humanos, la atención a víctimas del terrorismo, que es un eje central de nuestra política, la búsqueda de una memoria histórica inclusiva y el apoyo a la diversidad como elemento definitorio de nuestra sociedad vasca en este siglo XXI.

Todas y cada una de las áreas de nuestro departamento son importantísimas. En el fondo, el trabajo es transversal y complementario, siempre aplicando una perspectiva de género. Por ejemplo, la Administración de Justicia trabaja en la atención a las víctimas, especialmente a las de género; en la aplicación de la Justicia Restaurativa, o en la atención mediante el Plan de Justicia Juvenil a la infancia más vulnerable. Todas estas acciones son una forma más de desarrollar políticas sociales. Entendemos la Justicia como una parte indisoluble de las políticas sociales.

–Uno de los asuntos candentes de estos últimos meses es la transferencia de prisiones, para octubre de 2021, si no me equivoco. Dicha transferencia ha sido una reclamación constante por parte del Gobierno Vasco. ¿Qué supone que se gestione prisiones desde Euskadi?
–Supone, primero, cumplir la Ley, el Estatuto de Autonomía vasco. Nosotros aspiramos a desarrollar un modelo penitenciario propio para Euskadi en el que el fin último sea la resocialización de los presos y presas. En marzo hemos presentado el V Plan de Justicia Juvenil y los números nos avalan. La educación y la resocialización de los y las menores es la mejor herramienta para prevenir y evitar reincidencias. Esto se puede aplicar perfectamente a las personas adultas que delinquen, sin caer en buenismos.

–¿Cuál es la cuantificación económica de la misma? Prisiones supone un paso más en el cumplimiento del Estatuto de Gernika, pero tiene un componente político que no se le escapará como consejera. ¿Qué les diría a partidos como Bildu o PP, que miran con lupa este traspaso?
–Todas las personas que están en nuestras cárceles serán tratadas en las mismas condiciones, con los derechos y obligaciones estipulados en el modelo penitenciario para propiciar su resocialización desde una exigente justicia restaurativa. Si el terrorismo de ETA pudo ser la razón para políticas excepcionales, la desaparición de ETA debe traer la normalización de las políticas penitenciarias dirigidas hacia los presos de ETA. Como no podía ser de otra manera, vamos a cumplir la legislación vigente también en todo lo relacionado con la administración de las prisiones de Euskadi.

–El pasado año habló de la Igualdad como un “eje fundamental de acción” del Ejecutivo vasco y de un incremento del 30% en el presupuesto destinado a la violencia machista y atención a las víctimas. La pandemia ha agravado esta situación. ¿Cómo van a evitar que esta crisis frene el camino hacia la igualdad?
–El abordaje debe ser multidisciplinar y afecta a múltiples departamentos. Por eso nuestro trabajo es transversal. Por primera vez se coloca la igualdad en el centro de la acción de un departamento que integra equipos con competencias y trayectoria en derechos humanos, justicia, conciliación corresponsable, cuidados, diversidad, políticas sociales y lucha contra la violencia contra las mujeres.

–¿En qué situación se encuentra la aprobación de la ley de prevención y lucha contra la violencia machista?
–Está en el Parlamento Vasco, siguiendo su tramitación. Nuestra ley ha sido y es una ley pionera, referente, y que nos permite hablar de un antes y un después en nuestras políticas de igualdad. Ahora queremos renovar esta norma para que sea más innovadora y ambiciosa. Sobre la base de lo ya construido, esta propuesta es transformadora y sensible a las nuevas demandas, desafíos y necesidades.

–¿Son las ayudas de emergencia social suficientes para paliar las necesidades de los colectivos más vulnerables? ¿Han ampliado estas ayudas visto el panorama de una pandemia que va a mantenerse durante algunos meses más?
–Tenemos la convicción de que el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, reforzado con las medidas adoptadas contra la pandemia, ha sido un muro de contención contra la pobreza y el incremento de las desigualdades. En 2020, solo con las AES, llegamos a más de 63.000 hogares. Este año hay una ampliación de 15 millones para esta partida.

–En el Notariado cada vez es más habitual la presencia de mujeres notarios, que suponen en la actualidad un 35% del conjunto del Notariado español, un 35% en Euskadi. Como Consejera de Igualdad, ¿cuál es su posición a este respecto? ¿Es partidaria de las cuotas?
–Las cuotas son un instrumento para romper el techo de cristal que tanto limita en muchos casos las carreras profesionales de las mujeres. Precisamente, porque queremos que las personas sean valoradas exclusivamente por su capacitación, necesitamos en este momento de políticas que compensen prácticas y estructuras basadas en la idea de un reparto tradicional y discriminatorio de papeles en la sociedad entre mujeres y hombres. Los expedientes académicos avalan la tesis de que las mujeres tienen la capacidad necesaria para muchos puestos a los que, sin embargo, hoy en día todavía no acceden.

–Euskadi ha registrado la mayor caída de población en lo que va de siglo. ¿Qué reflexión le suponen estos datos? ¿Cómo van a afrontar el reto demográfico de contar, además, con una población cada vez más envejecida y unos jóvenes con dificultades para la emancipación?
–El problema no es que envejezcamos. Lo preocupante es la falta de oportunidades para que nuestra juventud desarrolle una vida plena, como desean ellos y ellas. Para este Gobierno, la juventud es su mejor capital social; por ello, nos hemos comprometido a impulsar una política común que facilite el desarrollo de su propio proyecto de vida y, si así lo desea, de familia. Estamos desarrollando una Estrategia vasca de Juventud, que contendrá medidas y objetivos concretos para facilitar la emancipación, que es una apuesta clave para este Gobierno.

–Hablemos de Justicia, en cuya cartera sustituye a la socialista María Jesús San José. Ya hemos hablado de la gestión de las instituciones penitenciarias, pero no de su apuesta por la modernización. ¿Cómo prevé modernizar y digitalizar una Justicia a la que se tacha de caduca y lenta? ¿Cuánto supondrá esta modernización y cómo quieren llevarla a cabo? ¿En qué plazos?
–Las administraciones estamos trabajando conjuntamente en un proceso reformador que va a contribuir a la eficiencia organizativa, procesal y digital del servicio público de la Justicia. La pandemia ha estimulado la premura de la transformación digital, pero esta no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento que facilite un acceso más universal a la tutela judicial efectiva. En los próximos meses presentaremos el Plan de Justicia Digital para Euskadi. Además, estamos trabajando en la implantación de un nuevo sistema de gestión procesal homologado para otros territorios, que permitirá la interconexión entre sistemas y la consolidación del expediente judicial electrónico, previsiblemente en unos 18 meses. Igualmente se está trabajando en la extensión de puestos de trabajo deslocalizados que permitan trabajar en remoto o proyectos de textualización de las vistas orales mediante inteligencia artificial.

–¿Son suficientes en Euskadi los recursos destinados a la Administración de Justicia? Se prevé que en los próximos meses la Administración de Justicia se vea saturada por una avalancha de procedimientos concursales, administrativos y civiles provocados por la pandemia. ¿Van a promover o extender los mecanismos de jurisdicción voluntaria? ¿Han previsto de alguna manera este previsible incremento del trabajo de la Justicia?
La pandemia supuso en un primer momento la paralización y el retraso de actuaciones, pero no nos encontramos a falta de recursos, como tampoco los datos sobre volumen de causas es superior a los del entorno. Para asegurar la eficiencia procesal, además de agilizar los procedimientos, las reformas en curso proporcionan instrumentos de resolución de diferencias, mediante la mediación y otros medios de resolución de conflictos, cuyo empleo podrá ser un requisito de procedibilidad previo a la demanda. Lo cual entronca con el papel de las conciliaciones notariales. En este sentido se está trabajando en Euskadi en un plan para el impulso de estos medios adecuados de resolución de conflictos, que pueden además contribuir a aligerar la alta litigiosidad. Los mecanismos de jurisdicción voluntaria, que se encomiendan entre otros funcionarios públicos a los notarios y notarias, cumplen un papel relevante a la hora de plantear diferentes entradas al sistema de Justicia que pueden contribuir a descongestionar la propia jurisdicción contenciosa.

–Finalmente se nombró a Iñaki Subijana Zunzunegui, presidente del TSJPV, en sustitución del jubilado Juan Luis Ibarra. El puesto estuvo en interinidad durante muchos meses, debido a la falta de acuerdo de la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Un acuerdo que, por otra parte, sigue sin llegar. ¿Qué opinión le merece esta sensación de que la política repercute en la Justicia?
–En primer lugar, quiero hacer pública mi felicitación al nuevo presidente y desearle la mejor suerte en su cometido. Ha sido ciertamente anómalo el retraso y la interinidad. El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, además de limitar la capacidad del consejo saliente, disminuye la credibilidad social en las instituciones, lo que es siempre malo. Aunque, sinceramente, no creo que la independencia de los jueces y magistrados vascos en el ejercicio de su actividad jurisdiccional se vea perturbada por estas cuestiones.

–Hay casi 3.000 notarios repartidos por las ciudades y pueblos del Estado español. En Euskadi, 130 notarios conforman el Colegio Notarial. ¿Qué impresión tiene del trabajo notarial? ¿Es el notario un colaborador eficiente de la Justicia?
–Por supuesto que lo es. Los notarios tienen una función social esencial a la hora de proporcionar fe pública a los negocios y situaciones jurídicas. Y en tal sentido facilitan elementos de juicio o probatorios que pueden ser decisivos para la resolución del pleito. Conexa a la función legitimadora del documento intervenido notarialmente está el control de legalidad que efectúan, que actúa como un elemento de seguridad jurídica preventiva y, en tal modo, ya en la ley de jurisdicción voluntaria se les confiere el conocimiento, junto con otros operadores jurídicos, de algunos actos de jurisdicción voluntaria sin contenido jurisdiccional que antes se encomendaban a los jueces. Además, en el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal se contempla la conciliación notarial como uno de los medios alternativos de resolución de conflictos que puede limitar la gran litigiosidad actual.

“Trabajamos para mejorar la eficiencia organizativa, procesal y digital del servicio público de la justicia”

Huella digital:

EL actual cargo de Beatriz Artolazabal ha hecho crecer su huella digital, con entrevistas y declaraciones en numerosos medios de comunicación, que pueden leerse en intenet. Si les interesa un perfil más institucional, dispone de uno en el Portal de Transparencia del Gobierno, así como en la página web del Gobierno vasco.

“Estamos desarrollando una estrategia vasca de juventud, que contendrá medidas y objetivos concretos para facilitar la emancipación”